14/05/2022
El discurso de la megaminería tiene raíces en la última dictadura cívico-militar y en el neoliberalismo de la década del 90. Un análisis del accionar de los organismos financieros internacionales, los gobiernos progresistas, el consenso extractivo, la complicidad mediática y, en los territorios, las comunidades que defienden el agua, los cerros y la vida.
Fuente: TIERRAVIVA AGENCIA DE NOTICIAS
Por Horacio Machado Aráoz*
Desde Catamarca
A solo 24 horas de la rimbombante inauguración de la así llamada “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad” (Memac), fuerzas policiales dispararon contra los cuerpos de los pobladores de Andalgalá (Catamarca). El objetivo de los disparos fue abrir paso a vehículos al servicio del mega-proyecto MARA, una explotación minera de polimetálicos diseminados, controlada por la trasnacional canadiense Yamana Gold y proyectada sobre la cuenca hidrográfica del río Andalgalá, a 17 kilómetros en línea recta de la localidad homónima y cabecera departamental.

A 1600 kilómetro de aquel pulcro escenario donde encumbrados funcionarios de gobierno articulaban una guionada apologética de una actividad que presentaban como tan “beneficiosa como incomprendida”, el peso de los hechos marcaba un abismo. El adalid de la embestida, el ministro de la Producción, Matías Kulfas, señalaba que la minería se hallaba obstruida por una “desconfianza de la sociedad civil” y que “la manera de resolverlo es la construcción de confianza, que implica explicar, comunicar y deconstruir algunos mitos en torno a la actividad”. Vaya manera de construir confianza.

A decir verdad, los planteos de Kulfas y compañía no tienen un ápice de originalidad. Son los últimos actores de una larga lista de funcionarios que, desde el riojano Ángel Masa (secretario de Minería del gobierno de Carlos Menem) hasta la actualidad, vienen ejerciendo el mismo libreto que décadas atrás diseñó el Banco Mundial para “legislar” e impulsar la actividad en los países del Sur Globali.

Son aquellas mismas leyes —sancionadas en 1993 en la Argentina, a imagen y semejanza del Decreto Legislativo 600 con el que el dictador Augusto Pinochet cortó de cuajo la “afrenta” nacionalizadora de Salvador Allende en el “país del cobre”— las que hoy siguen vigentes. Igual que en Chile, esa legislación (la Ley 24.196 y correlativas) expresa el mismo espíritu que sus antecesoras de la última dictadura, la Ley 22.095, del 26 de octubre de 1979. No sé si lo sabrá el ministro Kulfas, pero las asambleas nacidas al calor de la defensa de las aguas cordilleranas lo saben y tienen bien clara la genealogía de estas leyes y de este modelo de minería.

Un discurso con antecedentes en la Dictadura Cívico-Militar

El guion del ministro Kulfas fue escrito décadas atrás. Antes que él, José Alfredo Martínez de Hoz, emblemático ministro de Hacienda de la dictadura, señalaba: “La minería ha sido una actividad permanentemente incomprendida y generalmente no alentada en el país. Durante el período 1976-80 la política minera tuvo el objetivo fundamental de cambiar tal mentalidad, procurando la eliminación de las restricciones para explorar, explotar y comercializar la producción de minerales”ii. Y justificaba los extraordinarios privilegios fiscales y comerciales que concedía a “los inversionistas”, con los mismos “argumentos” y disposiciones que hoy se hallan vigentes, bajo el resguardo de los actuales funcionariosiii.

Como tantas otras, la revisión de las leyes mineras de los ’90 (émulas de las de la Dictadura) sigue siendo una deuda pendiente de la democracia. Como en aquella época, el poder de turno se propone “cambiar la mentalidad” de la población; catequizar sobre los beneficios de una “actividad incomprendida”.

Tachar a la población como “ignorante”, estigmatizarla y descalificar las resistencias como “irracionales” e “injustificadas” tampoco es una novedad. Por el contrario, es un antiquísimo reflejo que se remonta a los orígenes mismos del discurso colonial, formalizado por Ginés de Sepúlveda —en la conocida como “Disputa de Valladolid”— cuando procuraba justificar ante las denuncias de Bartolomé de las Casas, la masacre de indígenas operada por la conquista. En perfecta lógica aristotélica, el argumento de Sepúlveda pasaba por afirmar que, si los indígenas fueran razonables, no habría necesidad de recurrir a la fuerza, pues ellos mismos “se darían cuenta” que la dominación española se ejercía para “su propio beneficio”iv. Dando continuidad a esa misma cadena “argumental”, hoy se nos dice que, si las poblaciones del interior fueran “sensatas”, aceptarían que las explotaciones mineras traen “grandísimas utilidades… para el bien universal de todos”.

Si despejamos la colonialidad de quienes se creen “superiores” (acaso por vivir en grandes urbes, alejadas de zonas rurales y paisajes que describen como “inhóspitos”; acaso por representar los intereses de grandes inversiones), el único argumento “atendible” de la actual escalada extractivista es la desesperada “necesidad de dólares” de la economía “nacional”. Como en la época de Martínez de Hoz —en la que se consumó el desmantelamiento del aparato industrial-dependiente y la imposición del doble grillete de la reprimarización y el endeudamiento externo—, hoy no hay otro argumento para “justificar” la embestida extractivista que la “necesidad y urgencia” de contar con dólares para pagar la deuda (y “hacer funcionar” un aparato productivo fallido, estructuralmente dependiente, que tiende sistemáticamente al estrangulamiento del sector externo).

Territorios para la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional

De la firma del “acuerdo” con el Fondo a la inauguración de la “Memac” y a los gatillos detonados en Andalgalá, pasando por el frustrado intento de derribar la Ley 7722 ganada en la calle por el pueblo mendocino en diciembre de 2019 a la balacera en Chubut con el mismo propósito, y la cruzada por la exploración petrolera en el litoral marítimo (y cuanto descabellado proyecto de mercantilizar y exportar bienes naturales se les ocurra). Son todos eslabones de una misma cadena, la cadena del extractivismo que nos mantiene atados a un régimen de dominación global y sus ramificaciones cómplices internas, nacionales y locales, políticas y empresariales, pero también sindicales, periodísticas y hasta dichas “científicas”. Esa cadena es la que dictamina la sacrificialidad de los territorios y la superfluidad de poblaciones desplazables; de cuerpos sobrantes.

Como advirtiéramos casi al inicio de este Gobierno, el problema de la deuda no es apenas financiero, sino principalmente ecológico-político. El conocimiento científico muestra que el endeudamiento de países formalmente independientes cumple la misma función que las guerras de conquistav; es decir, opera decisivamente como dispositivo de ampliación de las fronteras de mercantilización, creando nuevas zonas de apropiación y aprovisionamiento desigual de materias primas, habilitando el saqueo y la sobreexplotación de territorios “marginales” y poblaciones subalternizadas.

Tanto más importante que el drenaje del excedente financiero que ocurre vía pagos de la deuda, es el drenaje de materia (suelo, agua, nutrientes, biodiversidad) y energía que fluye desde las economías deudoras hacia los centros de industrialización y consumo.

Consenso miope para el extractivo

Mientras los sectores presuntamente progresistas al interior del actual Gobierno se pelean por las condicionalidades que el FMI pudiera poner en materia de variables macroenómicas y “reformas estructurales” (régimen previsional, legislación laboral), pasó por alto la aceptación (absolutamente unánime e indiscutida) de la intensificación del extractivismo como patrón estructural de la economía “nacional” y medio único de pago al que “echar mano”.

Más allá de cuánto y cuándo pagar, la cuestión decisiva del «cómo» quedó completamente al margen de toda discusión. Intensificar y “diversificar” las exportaciones primarias refleja el consenso miope de prácticamente todo el arco ideológico y partidario de la clase política. La convalidación de un nuevo ciclo de despojo estructural de los territorios suprime todas las polarizaciones; no hay grieta para el extractivismo. Se da por hecho que “hay que pagar” y que el superávit exportador “es la única forma de pagar”; las “grandes peleas” son por nimiedades de montos y plazos.

Por ello, la presencia estelar del presidente del Banco Central en la “Memac”. Tenía el único objeto de destacar la presunta magnitud y relevancia del sector como “aportante de divisas”. En perfecta sincronización “público-privada”, semanas antes del lanzamiento de esa Mesa (y de las balas de goma), la gerencia de Yamana Gold organizó un generoso “tour informativo” por el Proyecto MARA, que se reflejó luego en profusas “notas periodísticas” que, a coro, ensalzaban los “beneficios económicos” de la explotación. Igual que para los funcionarios, para las empresas periodísticas la única variable relevante es la de los dólares: las notas destacan casi exclusivamente que el proyecto MARA representa inversiones por más de 4000 millones de dólares y exportaciones por 1200 millones de dólares a lo largo de toda su explotación. Nada se dice de otras variables también mil millonarias: las toneladas de escombreras y desechos tóxicos que quedarán a perpetuidad; las de gases efecto invernadero que emitirá la explotación; los millones de metros cúbicos de agua y combustibles y los gigavatios de energía que consumirá. Nada de eso les parece relevante.

Igualmente, si fuera todavía aceptable la anacronía de hacer caso omiso de los “costos ambientales” del proyecto, ni siquiera la sola “razón” de “la necesidad de dólares” es mínimamente verosímil ni realista.

La confesión del despojo

La legislación minera de los ’90, aún vigente en Argentina, está hecha a la medida de los capitales mineros, no del país. Como admitiera Fernando Sánchez Alvabera, conspicuo conocedor del negocio (Ministro de Energía y Minas del Perú durante el gobierno de Fujimori, impulsor de las reformas del Banco Mundial en ese país, luego director de la división de Infraestructura y Recursos Naturales de la Cepal y CEO de la Barrick Gold).

Según sus palabras, la nueva legislación “fue consolidando un paradigma que asume que el patrimonio natural mundial debe estar a disposición de los inversionistas y que son éstos quienes deben definir la oportunidad y racionalidad de las explotaciones. Desde esta óptica, el valor del patrimonio natural está determinado solamente por la demanda y por la escasez relativa de recursos, lo que implica una valorización básicamente de corto plazo y frecuentemente cíclica, sin considerar su valor intrínseco y permanente. (…) Los países deben competir por atraer capitales, lo que implica —en términos muy claros y simples— que, en recursos naturales, la competitividad se define por la proporción de las rentas de explotación que están dispuestos a ceder en beneficio de los inversionistas. Es más competitivo el país que otorga los mayores incentivos y que hace menos uso de su soberanía nacional”vi.

En materia de divisas, la Ley 24.196 (y correlativas) es un colador gigantesco. Bajo ese régimen, las empresas mineras (todas trasnacionales) no operan como “fuentes de divisas”, sino como fugadoras seriales. Son ellas las que, por ley, disponen de los dólares, así como del subsuelo, de los cerros y los cursos de agua.

Las pruebas están a la vista y se cargan (muy asimétricamente) sobre las espaldas la sociedad toda: tras el extraordinario ciclo de las commodities del 2003-2013 (la era de los superávits gemelos, el “crecimiento con inclusión” y las ganancias levantadas “en pala”), hoy una vez más nos hallamos con la soga al cuello, las reservas vacías y la deuda asfixiante.
No es apenas “la corrupción” ni los desmanejos de las últimas décadas. Es la historia económica de la minería colonial en América Latina. Como lo sintetiza un reconocido historiador y geógrafo inglés: “Tanto el Siglo XIX como el XX han estado plagados de boom mineros cuyos efectos finales no significaron sino el surgimiento de una clase política rentista, la generación de economías de enclave y el irremediable deterioro del medio natural del cual depende la sobrevivencia de una población rural, mayoritariamente campesina y crecientemente empobrecida”vii.

Si nada estructuralmente ha cambiado sino en todo caso para peor, ¿por qué ahora cabría esperar resultados diferentes?

*Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur (IRES, Conicet-UNCA).

NOTAS

i Banco Mundial (1996) “A Mining Strategy for Latin America and the Caribean”. Technical Paper N° 345.

ii José A. Martínez de Hoz, (1981) “Bases para una Argentina Moderna 1976-80”. Buenos Aires, pp. 175.

iii “El negocio minero requiere un muy largo período de retorno del capital invertido, así como de espera de la rentabilidad, para lo cual es necesario correr un alto nivel de riesgo (…) La estructura de la minería moderna sólo es factible mediante la participación de grandes empresas con organización, capital y tecnología adecuados a la magnitud del esfuerzo que se requiere. (…) Para que ello pudiera suceder en la Argentina era necesario modificar la legislación básica vigente en la materia, modernizándola y adecuando su orientación de acuerdo a los conceptos expresados. (…) La Ley 22.095 [26 de octubre de 1979] estableció el nuevo régimen de promoción para el desarrollo de la minería en el país, otorgando beneficios impositivos a los capitales que se vuelquen hacia esta actividad, propugnando el retorno de la libre iniciativa privada y alentando la inversión de capitales extranjeros en el campo de la minería”. José A. Martínez de Hoz, (1981) “Bases para una Argentina Moderna 1976-80”. Buenos Aires, pp. 176.

iv «La primera [razón de la justicia de esta guerra y conquista] es que siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros [indios], incultos e inhumanos, se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos; imperio que les traería grandísimas utilidades magnas commoditates, siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para el bien universal de todas las cosas.» (Ginés de Sepúlveda, [1550] (1979) “De la justa causa de la guerra contra los indios”. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 153).

v Rosa Luxemburgo (1912) “La acumulación de capital”. Edicionl Internacionals Sedov.

David Harvey (2004) “El ‘nuevo’ Imperialismo: acumulación por desposesión”. En Socialist Register N° 40, “El Nuevo Desafío Imperial”. Buenos Aires: Clacso.

Jason Moore (2013) “El auge de la ecología-mundo capitalista”. Laberinto N° 38.

vi Fernando Sánchez Alvabera (2005) “Bases conceptuales para la elaboración de una nueva agenda sobre los recursos naturales”. Santiago de Chile: CEPAL, pp. 11.

vii Anthony Bebbington, (2007) “Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas”. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, pp. 284.

Del “acuerdo” con el Fondo Monetario a la represión en Andalgalá, eslabones de la misma cadena

16/05/2022
Algunos medios comienzan a visibilizar la conflictividad que genera la megaminería, a dar entidad a las voces y el conocimiento de las asambleas y comunidades y a reconocer la necesidad de aplicar el recientemente aprobado Acuerdo Escazú.

Dos episodios de la semana pasada muestran la necesidad de avanzar en un mecanismo que garantice la consulta a las comunidades en cuestiones ambientales, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú.

Américo Schvartzman*

El lunes 2 de mayo se realizó en la ciudad de Buenos Aires la primera Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac), promocionada por el Gobierno como “un espacio para el diálogo público, constructivo y federal sobre minería”.

Al otro día, el martes 3 de mayo, la Policía de Catamarca reprimió a asambleístas reunidos en Choya, en la localidad de Andalgalá. Hubo varias personas heridas trasladadas al hospital zonal y una vecina manifestante fue detenida (Karina Orquera) y liberada al día siguiente.

La minería es una de las actividades que mayor controversia genera en todo el continente. Tanto que encabeza el ranking continental de conflictividad socioambiental en América Latina y el Caribe, con 324 conflictos, casi el 35 por ciento de un total de 937 relevados (datos de diciembre de 2020). Los riesgos ambientales y la distribución de beneficios y perjuicios son parte de las denuncias de organizaciones especializadas y movilizan a las comunidades afectadas.

En muchas ocasiones los conflictos se producen tras la instalación del emprendimiento, ante hechos consumados, que quienes impulsaban la empresa, o sus expertos consultores, negaban enfáticamente que pudieran ocurrir. Es el caso del derrame de cianuro en Veladero, en la provincia de San Juan, que sacudió a la Argentina en 2015 y se ha convertido en emblemático.

La experiencia de la consulta. En la Argentina son numerosas las situaciones de conflicto socioambiental producidas por la megaminería, y las comunidades de distintos puntos del país -así como las organizaciones ambientales- acreditan una larga experiencia que se enriquece con cada nuevo conflicto. No obstante, desde los referendos de Esquel (hace casi veinte años) y de Loncopué (del que se cumplirán diez años el próximo 3 de junio), el poder político y los sectores empresariales no parecen haber aprendido demasiado.

En esos dos casos, la movilización social logró arrancar a los poderes públicos un proceso virtuoso de “licencia social”. ¿Por qué digo “virtuoso”? Porque el reclamo vecinal logró que se llevara adelante un mecanismo secuencial que proporciona los rasgos fundamentales de un proceso de licencia social:

◆ primero, la disposición de toda la información al alcance de la ciudadanía posiblemente afectada;

◆ segundo, la deliberación de la ciudadanía con participación de técnicos, científicos, juristas y demás personas expertas para esclarecer las diferentes posiciones confrontadas;

◆ tercero, tras un plazo razonable, una consulta popular o referéndum, para que la ciudadanía se exprese por “sí” o por “no” respecto del emprendimiento;

◆ cuarto, el poder político debe convalidar la decisión ciudadana y actuar en consecuencia.

En ambos casos la población rechazó los proyectos mineros por mayorías abrumadoras. En Esquel, con el 81 por ciento y en Loncopué, con el 82 por ciento de los votos. Algo parecido ha ocurrido con procesos similares en todo el continente: en los últimos veinte años se realizaron cerca de cien consultas populares sobre minería metálica en diferentes países de América Latina. Todas dijeron “no”. Todas. Los emprendimientos mineros no han ganado una sola. Esa es la razón por la que los poderes reales no quieren “licencia social”: cuando deben explicar a las comunidades con sencillez lo que quieren hacer, parece que no hay modo de convencerlas. Aun en condiciones socioeconómicas complicadas (como Esquel por aquellos años) las poblaciones no se muestran proclives a permitir el avance de proyectos que amenazan con la destrucción del ambiente.

Hechos consumados. Sin embargo, pese a los tratados internacionales que el país ha firmado en el medio, los poderes políticos de la Argentina no han hecho nada por convertir esos compromisos en normas jurídicas. Al contrario: la política sigue siendo la de hechos consumados. Por eso los conflictos continúan, y lo seguirán haciendo.

El más reciente tuvo como epicentro (todavía irresuelto) la provincia de Chubut, que se vio sacudida por el cambio de rumbo de un gobernador que en campaña se oponía a la “minería contaminante” y ya en funciones cambió brutalmente su posición para impulsar un proyecto que generó rechazo en sectores sociales, ambientales y académicos.

Pero lo que ocurrió la semana pasada fue de alto simbolismo: apenas un día después de lanzar las “Memac” en la ciudad de Buenos Aires, presentadas como “encuentros federales en donde todos los actores involucrados en la minería pueden debatir en base a información fidedigna” (y cuyo objetivo declamado es “potenciar una minería que cuida el ambiente, genera puestos de trabajo, mejora las comunidades donde se inserta y es clave para el desarrollo productivo nacional”), en Catamarca fueron reprimidas y encarceladas por unas horas personas que se oponen a la minería y cuyas voces no son incluidas en ninguna de esas mesas.

Fue en Andalgalá, donde asambleístas de la comuna de Choya -que tiene menos de 500 habitantes- denunciaron que fueron víctimas de una represión policial destinada a desalojarlos cuando protestaban e impedían el paso de camiones con maquinaria y combustible para el proyecto minero de exploración de la empresa Agua-Rica.

Preguntas y respuestas. ¿Esas mesas –las Memac– pueden ser el mecanismo que explore un diálogo social que apunte a una minería sustentable? La respuesta es negativa. Las mesas impulsadas por el gobierno (al menos la del lanzamiento, lo cual es ilustrativo del espíritu que las anima) no prevén la presencia de personas expertas del lado “crítico” de la experticia, es decir aquellas que fundamentan por qué la minería no puede ser sustentable. Tampoco incluyen a las comunidades que se verían afectadas al ser en sus territorios donde se llevarán a cabo los proyectos anunciados.

Tal es el llamativo diálogo que proponen, al que (más llamativamente) califican como “federal”, término remarcado en dos ocasiones. Pero ¿cómo se puede hablar de “diálogo federal” y no incluir a las comunidades que recibirán el impacto de los emprendimientos que se impulsan? ¿En qué pensarán las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo cuando usan la palabra “federal” en este contexto, cuando ni siquiera se les ocurre que las comunidades deberían formar parte de ese diálogo?

En cambio, sí invitaron a participar a un par de organizaciones ambientales. Para muchos sectores del movimiento ambiental fue una sorpresa desagradable encontrar sentadas allí a dos organizaciones como Eco House y Jóvenes por el Clima, agrupaciones juveniles con una trayectoria de lucha destacada y valiosa, y con posiciones definidas en contra de la megaminería.

Miradas contrapuestas. Ambas organizaciones comenzaron a recibir durísimas críticas (algunas de ellas muy injustas) por haber sido parte del lanzamiento de las Memac. Y cuando un día después llegó la noticia de la represión en Catamarca (primero por Whatsapp y redes sociales, y luego con algún módico impacto nacional) las dos entidades juveniles salieron públicamente a difundir su postura en una suerte de doloroso descargo.

Es que el movimiento ambiental, como cualquier otro campo de actividad humana, no es homogéneo: conviven en él matices y posiciones contrapuestas, y a veces las discusiones son duras y afiladas. También en el ambientalismo se observa con frecuencia la conducta que caracteriza a sectarismos de otros ámbitos: a la primera divergencia se cancela, o se condena “ad hominem”. Desde “traidores”, “alcahuetes” y “colaboracionistas” hasta “ingenuos”, les dijeron de todo.

Jóvenes por el Clima emitió un comunicado titulado “Dijeron diálogo, eligieron represión”. Allí explicaron que asistieron a la Mesa porque “creemos fundamental avanzar en la construcción de políticas activas que integren los reclamos de la sociedad civil, la juventud y las comunidades afectadas por la actividad minera”. Pero aclararon que esa tarea “está muy lejos de ser una realidad”. Algo similar dijo Eco House en sus redes.

También se quejaron de que las coberturas de los medios no reflejaron sus exposiciones, en las que marcaron “la inconsistencia en la constitución de la mesa, que jamás será posible sin esas voces” (las de las comunidades afectadas). Tienen razón: la difusión del encuentro reveló la intención de utilizarlos como una presencia legitimadora, al no hacer referencia a las exposiciones de las dos organizaciones juveniles, lo que significó nafta al fuego de las diferencias internas en el campo ambiental.

Para despejar dudas, Jóvenes por el Clima remarcó que “un día después del evento, el pueblo de Andalgalá recibe garrotes policiales y violencia institucional como respuesta a sus reclamos”. Y apuntaron hacia el ministro: “Matías Kulfas publicó una foto reivindicando al responsable de la represión en Catamarca burlándose de las comunidades abiertamente”.

Quizás hubo ingenuidad en las organizaciones juveniles al asistir o en su demora en difundir el discurso con el que participaron del diálogo: ambas dejaron claro allí mismo que no estaban en representación de las comunidades, que estas debían ser incluidas en las mesas de diálogo, y expresaron su rechazo a la megaminería.

¿Qué dice el Acuerdo de Escazú? Un detalle que es preciso enfatizar: iniciativas como la Mesa impulsada por el ministro Kulfas -y avalada por el Ministerio de Ambiente- desoyen el Acuerdo de Escazú, que fue ratificado por el Congreso de la Argentina a fines de 2020.

Ese Acuerdo (cuyo nombre formal es “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”) establece en su artículo 7° “el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales cuando existan acciones que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente o la salud de la población”. Ese artículo consta de 17 incisos con un nivel de detalle inédito acerca de las formas en que se debe garantizar esa participación, ya sea a través de “consulta o audiencia pública”.

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y fue firmado por 24 de los 33 países de la región. Y como desde la reforma constitucional de 1994 los acuerdos en materia de derechos humanos que la Argentina firma tienen jerarquía constitucional, el de Escazú tiene la misma validez que cualquier otra disposición de la Constitución Nacional.

En otras palabras, cada proyecto minero (o de cualquier otro tipo que pueda tener “impacto en el ambiente o la salud de la población”) que no consulte a la comunidad potencialmente afectada, es inconstitucional. Y no hay mesa de diálogo (amplia o no, sincera o no) que pueda reemplazar ese derecho ni disimular esa violación a la máxima ley argentina. Va siendo hora de entenderlo, de enterarse, de empezar a exigirlo.

Ese principio (la obligación de consultar a las comunidades que se puedan ver afectadas) se llama “licencia social”. Y mientras no haya licencia social, como dicen las banderas ambientales desde hace años, no habrá paz social. En minería, o en cualquier otro asunto que involucre el ambiente o la salud de las comunidades.

*Licenciado en Filosofía y periodista. Integra la cooperativa periodística y cultural El Miércoles, de Entre Ríos.
Fuente: Perfil

Minería: sin licencia social no habrá paz social