Ecuador

Ecuador: comunidades denuncian malas prácticas ambientales del proyecto minero Mirador

Una mezcla de tierra y rocas arrasó con lo que encontró a su paso. El 10 de febrero pasado, parte del campamento principal de la empresa de capital chino Ecuacorriente S. A. (ECSA), situado a pocos minutos del poblado de la parroquia Tundayme, del cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe, fue afectado por un deslizamiento que alcanzó maquinarias, construcciones, como si se tratase de una respuesta de la naturaleza frente a la tala de árboles, la apertura de trochas en la montaña y los sedimentos que han revuelto las aguas de varios ríos cercanos, por los trabajos previos al desarrollo de la actividad minera en este sitio. Miembros de comunidades cercanas a la concesión y trabajadores de esta firma denuncian estos problemas ambientales generados por el emprendimiento extractivo.

La compañía asiática, vinculada con la empresa inmersa en el conflicto reciente con el pueblo Shuar, trabaja a diario para abrirse paso en la Cordillera del Cóndor, en Tundayme, en la provincia selvática de Zamora Chinchipe, que limita con Perú. Estos trabajos son parte del megaproyecto minero a cielo abierto, Mirador. Uno de los emprendimientos a gran escala que se impulsan en el país para extraer cobre y otros metales. Bajo este punto de la cordillera, estima el Ministerio de Minería, hay 4700 millones de libras de cobre, 26 millones de onzas de plata y 3,2 millones de onzas de oro. En el 2012, el Gobierno estimó que este proyecto generaría ganancias al Estado por la suma de 5417 millones de dólares en beneficio al Estado (por un periodo de 25 años).

Unos 900 millones de dólares de regalías se quedarán en la provincia para la ejecución de obras, aseguró en su momento el presidente de la República, Rafael Correa, quien defendió a la minería industrial, en el enlace ciudadano 262 (un informe a la nación que realiza Correa todos los sábados y que es transmitido por radio y televisión) del 10 de marzo de 2012, a pesar de que reconoció que esta actividad a cielo abierto “tiene mayor impacto ambiental”.

Pobladores de algunas de las comunidades que viven en la Cordillera del Cóndor y fuentes que trabajan en la misma compañía le contaron a Mongabay Latam algunos de los problemas ambientales que se registran en torno a las labores previas a la extracción de los minerales, que se estima comenzará el próximo año. ECSA trabaja en la apertura de un hueco de 1,2 kilómetros de diámetro y de unos 250 metros de profundidad, además de levantar las instalaciones de aprovechamiento de los metales.

El percance del 10 de febrero sucedió casi al finalizar el día, pasadas las 10 de la noche. Los daños por el deslizamiento sin embargo se evidenciaron al amanecer. La masa de lodo, tierra, piedras y ramas también alcanzaron fincas y predios de comunidades, así como caminos usados para llegar al poblado más cercano, Tundayme, en el cantón El Pangui. Una localidad que forma parte de una extensa área rica en fauna y flora.

En las provincias del Oriente llueve todos los días y esto puede generar derrumbes. No obstante, la tala de árboles aumenta la ocurrencia de deslizamientos, sobre todo en las quebradas y taludes más empinados de los cerros y montañas, accidentes geográficos que forman parte de las 810 hectáreas de Mirador (cifra ofrecida por la Agencia de Regulación y Control Minero). El contrato de explotación minera a gran escala entre el Estado y ECSA se firmó el 5 de marzo de 2012.

Al excavarse las minas, canteras, caminos y otras obras, en ocasiones se cortan paredes rocosas casi verticales, que pueden volverse inestables. También la deforestación facilita el desarrollo de los procesos mencionados (deslizamiento, derrumbe, desplome, flujo de suelo, entre otros eventos)”, se explica en una publicación auspiciada por Unicef, la Sociedad Cubana de Geología, y otras instituciones internacionales. En el documento usado en campañas educativas se indica además que “en las regiones montañosas los peligros son más diversos”.

El presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cóndor Mirador (Cascomi), Luis Sánchez, contó a Mongabay Latam que el 10 de febrero hubo festejos en la cabecera parroquial, en Tundayme, y que los asistentes a estas actividades quedaron atrapados, sin poder retornar a sus comunidades, porque las rocas y el barro obstaculizaron la vía que conduce al poblado Valle del Quimi.

Hay un sector en la parte alta del mismo campamento, en la microcuenca del río Wawayme, allí es donde es que están ellos (empresa china) luego de haber talado en el 2014 alrededor de 400 hectáreas de bosque originario. Ahora están levantando toda la capa vegetal, dejando desnudo el suelo. Eso es lo que permite que ahora aumente considerablemente, por ejemplo, el caudal de escurrimiento de las lluvias y se den los deslaves que hemos estado viendo, en este último año hemos visto cinco, seis (derrumbes), unos más grandes que otros”, indicó Sánchez.

El problema de los deslizamientos se multiplica en otros puntos de la zona minera una vez que la maquinaria abre trochas en la montaña, entonces ese material es apilado en grandes montículos, en las denominadas escombreras. Ese material es propenso a deslizarse por las quebradas hacia los ríos cercanos de esta mina que tendrá una vida útil de 30 años. También hay preocupación de que se contaminen los 227 nacimientos y fuentes de agua que hay en la zona de influencia minera, según señaló la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), organismo que refirió la cifra de un informe del año 2012 de la Contraloría General del Estado (DIAPA-0027-2012) sobre una auditoría practicada a la concesión y  administración de la etapa de exploración de Mirador.

Sánchez explicó que los derrumbes los pueden ver desde sitios elevados, en cerros cercanos al proyecto, además de la información que recaban a través de empleados de la minera, trabajadores que habitan en las comunidades de la zona, ya que el acceso al área concesionada es restringido.

“La selva viva ha reaccionado (…). La semana anterior estaban destapando maquinarias que fueron enterradas por completo por los derrumbes. Esto ocurre por mal manejo técnico, nosotros podemos ver lugares donde ellos hacen colocar las tierras movidas de manera imprevista, sin ninguna planificación, y cuando cae una lluvia se satura esa tierra movida y provoca los deslaves. Lo que pasó justamente el jueves 10 de febrero, tenemos videos que podemos publicar, estamos haciendo un informe técnico para poder difundir masivamente”, adelantó el habitante de la Cordillera del Cóndor.

Mongabay Latam conversó con trabajadores de ECSA, quienes pidieron la reserva de sus identidades para evitar posibles represalias de la empresa en la que laboran. Pedro, uno de los entrevistados, quien ha preferido utilizar por seguridad otro nombre, es operador de maquinarias y lleva varios años en el proyecto Mirador. El trabajador dijo que son constantes los deslizamientos en quebradas donde están asentadas las escombreras.

En redes sociales circulan videos y fotos de derrumbes que han ocurrido en varios puntos de la concesión minera, según confirmó el obrero de la compañía de capital chino.

En un video quedó registrado un deslizamiento de grandes proporciones. En el audiovisual se ve cómo tierra, rocas, barro y árboles se desprenden de la montaña y arrastran maquinarias. Este derrumbe se registró el 15 de octubre pasado en el sector de la vía Los Canales, a unos 20 minutos del campamento principal. El operador de maquinaria aseguró que el temor de ser despedidos por divulgar este tipo de hechos es latente, pues sostuvo que ese fue el fin de quienes grabaron el video y lo compartieron, este contenido aparece en Facebook identificado con la etiqueta #Tundayme.

Pedro señaló, además, que los trabajos de apertura de trochas en las montañas carecen de procedimientos técnicos.

“No hay una persona experimentada que esté al frente y que sepa cómo es el terreno, para saber por dónde tiene que irse. Lo que sucedió ahí es que querían destapar ese canal, lo que se ve en el video (…). Que llevan ellos  (los jefes chinos) un plan de trabajo, no lo tienen. (…) yo quiero que mi identidad no vaya ahí (en el reportaje) porque los que pasaron (grabaron y difundieron) ese video los despidieron”, dijo.

En el 2015, el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) observó incumplimientos a la licencia ambiental de la empresa china luego de seis inspecciones en este proyecto minero realizadas por técnicos de la Dirección Nacional de Control Ambiental del MAE. Entre los incumplimientos se enlistó: “Mal manejo de combustibles, falta de actividades de rehabilitación de las laderas y quebradas afectadas, (falta de) plantación de especies herbáceas como gramalote para estabilizar el suelo (con el fin de evitar derrumbes), inadecuado tratamiento para la disposición final de los lodos de perforación en algunas plataformas, entre otras observaciones”, según consta en la página web del MAE.

Por ello, esta secretaría ordenó la suspensión inmediata de todo tipo de actividad que no se encuentre contemplada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), aprobado para la fase de explotación de 30 000 toneladas por día, hasta que se tomen las medidas correctivas necesarias.

Mongabay Latam solicitó información a esta institución estatal para preguntar si se resolvieron estos problemas, para conocer qué tipo de controles ambientales se ejecutan y qué procedimientos se han implementado para proteger a los animales que continúan merodeando el área concesionada, que hasta hace unos años formaba parte de su hábitat. No obstante, hasta el cierre de este artículo el Ministerio del Ambiente del Ecuador no respondió el cuestionario enviado.

El 19 de enero pasado, el ministro de Minería, Javier Córdova, aseguró —en una entrevista para el canal Teleamazonas— que el retiro del material (tierra y rocas) se hace de forma técnica, y que lo mismo se hará cuando se empiece a extraer agua para la obtención de los minerales.

“Esas 90 000 toneladas día, que parte se procesa y parte va como material estéril, va a las escombreras, que tienen que seguir un proceso y tienen que ser rehabilitadas (escombreras). Después de hacer el proceso para extraer el cobre van a las relaveras (…) Hay una capa impermeabilizante, primero viene el relave (del agua), después pasa a una segunda planta de sedimentación, luego pasa a una planta de clarificación de agua, termina en una planta de purificación del agua y después termina de vuelta en la naturaleza”, detalló Córdova.

Comunidades, activistas y organizaciones no gubernamentales se han opuesto a este proyecto minero a cielo abierto y lo han expresado en las calles del país y en las redes sociales. Justo en este tipo de plataformas digitales se difundieron, el 12 de marzo último, fotografías de tres osos de anteojos (Tremarctos ornatus), también conocidos como osos andinos, desplazándose por el medio de las trochas abiertas en una de las zonas de influencia del proyecto Cóndor Mirador.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) tiene categorizada a esta especie en peligro de extinción y el MAE considera que este mamífero está en riesgo por la pérdida de su hábitat y la caza.

Mongabay Latam buscó la versión de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) —organismo estatal encargado de vigilar las actividades mineras bajo las normas técnicas y ambientales— sin embargo señaló que es el Ministerio del Ambiente de Ecuador la entidad encargada de ejecutar los controles para evitar afectaciones ambientales.

La Arcom destacó que realiza controles semanales en los aspectos técnico, económico y de seguridad de control minero para verificar el avance de las obras que se encuentran implementando en el Proyecto Mirador.

“Las personas encargadas de las inspecciones son: 2 especialistas técnicos con título en carreras a fin a ciencias de las tierras (geólogos – mineros) y 1 especialista económico (economista)”, se detalló en las respuesta al cuestionario enviado a esta institución.

Sobre los derrumbes o deslizamientos en la zona concesionada, la Arcom aseguró que solo ha ocurrido un evento de esta naturaleza  desde inicios del 2016 a la fecha.

“Producto de las fuertes lluvias y saturación de agua en superficie, lo que produjo flujo de lodo y caída de material en la zona donde se ubicarán los trabajos de explotación (open pit), el material que se observó es suelo arcilloso, el área afectada fue aproximadamente 0.58 has, con un volumen de desplazamiento de 8700 m3 “, se especificó.

Mongabay Latam también envió una solicitud de entrevista a los correos de dos funcionarios de la empresa de capital chino que figuran en la página web de la Superintendencia de Compañías. Tampoco hubo respuesta. De igual forma no se pudo establecer contacto con los números telefónicos de la firma minera que constan en el mismo portal de internet.

Los claros que se forman en la Cordillera del Cóndor son las huellas de la deforestación que ECSA deja y que genera presión en los cientos de especies animales que se quedan sin su hábitat, lamentaron habitantes shuar. Según el Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador, “la cordillera podría tener una flora más rica que cualquier otra área de similar tamaño, con 2030 especies registradas hasta el momento de un total estimado de 4000”. En el portal web de este sistema, se detalla que el número de “aves iguala al inmenso Yasuní, con 613 especies”. Y que “en los últimos cinco años se han descubierto varias especies nuevas para la ciencia, entre ellas 65 tipos de orquídeas, una musaraña marsupial y una de las pocas plantas carnívoras del Ecuador”.
Cortesía Cascomi

Los habitantes de las comunidades, que suelen recorrer a diario la zona, le contaron a Mongabay Latam que la tala de árboles, la extracción de la capa vegetal, el sonido de las maquinarias y el paso de los obreros han ahuyentado a los animales. Las aves, mamíferos, reptiles han migrado a otras partes de la cordillera. Muy cerca de allí está la selva peruana.

“Como ahí está cerca la frontera están yéndose al vecino país, todos los animales que vivían aquí. Están migrando. Por eso es que a veces se ven en el camino osos”, indicó un habitante de El Pangui, que pidió no dar su identidad porque labora en Mirador.

Santiago (nombre protegido) contó que cuando trabajó en el equipo de desbroce de la mina se veía gran cantidad de monos, sajinos, serpientes, puercoespines, entre otras especies. Pero que este panorama ha cambiado, ya no ven más a estos animales.

“Se dijo que iba a ser una minería bien tecnificada, pero hasta aquí no se ha visto que hay una tecnología de punta. La minería no trae buenas cosas, la minería trae destrucción a la flora y fauna”, deploró el trabajador de ECSA.

¿Qué está pasando con los peces?

La pesca en los ríos Quimi, Tundayme y Wawayme ha disminuido, aseguraron habitantes de las cercanías de estos afluentes. Ellos indican que las especies que solían pescar hasta hace algunos años han desaparecido. Si bien lo ideal sería utilizar dispositivos tecnológicos para medir la acidez, contaminación o algún tipo de impureza en específico que esté afectando a estos cuerpos de agua, su relación cercana con el río los hace notar los cambios en la naturaleza.

Entre las especies que habitan los ríos de la provincia de Zamora Chinchipe están el corroncho, el bocachico, la vieja, entre otras. Hay peces que aún no cuentan con su taxonomía completa, es decir, que hay peces que aún no han sido clasificados por expertos.

Pero los habitantes de las cercanías de las riberas del Quimi, Tundayme, Wawayme y Zamora no solo han notado cambios en los ríos, también han observado que “las gallinas se enferman, antes no. El ganado se enferma. El agua ahorita baja (por el río Tundayme) solo barro. Los chanchos también se enfermaron (…) se enfermaron con esa agua que bajaba de allí (río Tundayme). Pero antes era peor, salía un agua con una pestilencia horrible pero ahorita ya no tanto porque han puesto una máquina. A veces sí apesta. Esa agua baja por aquí por la puerta. Ellos nunca limpian nada, limpian sí, lo que es de ellos, pero aquí nada”, contó una pobladora que vive cerca del río Tundayme, quien conoce del desarrollo del proyecto Mirador, y quien conversó con un grupo de especialistas que recolectó información para elaborar el informe Entretelones de la mega minería en el Ecuador, que fue presentado a inicios del 2016 por la ong Acción Ecológica.

Tres páginas de este documento están destinadas a evaluar la contaminación de los ríos Quimi, Tundayme, Wawayme y Zamora.

En la página 28 del informe se detalla que el desbroce de los cerros de la zona del proyecto minero Mirador, según indicaron pobladores, más el agua de las lluvias que arrastra lodo, tierra y rocas “ha dado lugar a la contaminación, por partículas en suspensión, de los ríos Wawayme y Tundayme, provocando severas variaciones en la turbidez del agua”. Se detalla también que estos ríos y la parte baja de la cuenca del río Quimi, “han sufrido varias modificaciones tanto a nivel físico, como biológico y químico”, además que “el lecho de los ríos se está llenando de lodo y las partículas en suspensión impiden el paso de luz, lo que probablemente ha provocado una sensible disminución de la biodiversidad”.

Mongabay Latam logró ubicar a Julio, biólogo que pidió no ser identificado en el reportaje para evitar represalias por su relación con una institución pública. Él ha estudiado las especies acuáticas de varias zonas del país y también conoce la situación de los ríos cercanos a Mirador.

El técnico comentó que antes de hablar de contaminación en estos cuerpos de agua, se deben realizar estudios rigurosos del líquido, a partir de muestreos, para identificar qué elementos estarían contaminando los afluentes. El experto agregó que sería muy costoso realizar una investigación de este tipo, por los equipos que se requieren para levantar la información científica.

“Entre ellos tenemos atarrayas, redes de arrastre, electrofishing, necesitamos botes a motor, anzuelos, linternas, equipos de buceo, para determinar lo que está pasando. Decir así que se están perdiendo o están extinguiendo las especies a simple vista es muy complejo”, explicó el especialista.

No obstante, el científico que tiene experiencia en el estudio de ictiofauna, advirtió que de haber intervención minera, pérdida de cobertura vegetal, uso del suelo y contaminación a futuro, “va a existir una extinción local. Extinción local quiere decir, que las especies se extinguen en ese río, en ese cuerpo de agua y en ese sitio”.

El biólogo lamentó que el Ministerio del Ambiente del Ecuador “no tome atención a la parte acuática” al otorgar los permisos ambientales, además de que que no existan supuestamente especialistas en esta cartera de Estado para atender este tema. Dijo que hay “muy pocos” técnicos de este tipo en el medio nacional, salvo biólogos extranjeros.

“Se debe prestar atención similar como a otros grupos, como la flora (…) no solamente para las mineras, para los demás, para el Estado, en general, este grupo (peces) ha estado olvidado en general”, apuntó.

Mongabay Latam pidió también información sobre la calidad del agua de los ríos mencionados en este reportaje a la Secretaría Nacional del Agua (Senagua). Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se respondió el cuestionario enviado.

La Comunidad Amazónica de Acción Social Cóndor Mirador busca la manera de recabar pruebas para evidenciar de forma técnica los problemas ambientales en los cuerpos de agua antes citados, sobre todo, del río Zamora, por ser el que recibe las aguas del resto de afluentes.

El abogado Tarquino Cajamarca, quien asesora legalmente a Cascomi, indicó a Mongabay Latam  que han iniciado conversaciones con un grupo ambientalistas para que sean el nexo con expertos que ayuden a realizar un muestreo del agua del Zamora, para así demostrar que no es apta para el consumo humano a causa de la “contaminación” de los trabajos mineros.

“Es una gestión que estamos haciendo con varias organizaciones. Esperemos que en el próximo mes (abril) podamos iniciar algún recorrido y toma de muestras para poder avanzar con algún resultado de interés de la comunidad”, detalló Cajamarca.

Mirador, un proyecto que se abrió paso en medio de irregularidades

El 5 de marzo de 2012, se firmó el contrato de explotación minera a gran escala proyecto Mirador. Un año después, trascendió un informe de la Contraloría General del Estado (informe DIAPA-0027-2012) en el que se enumeraban irregularidades en torno a la concesión minera para desarrollar Mirador, irregularidades que violaron varias normas del país.

La Contraloría señaló en el documento que funcionarios de los Ministerios de Minas y Petróleos y de Recursos Naturales No Renovables, entre otras instituciones, pasaron por alto el mandato Constituyente 6, norma que ordenaba la extinción de las concesiones mineras que fueron otorgadas para desarrollarse al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento.

Contraloría también detalló en su informe que se incumplió con lo que estipula el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador: “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño”. En el caso de Mirador, una parte del proyecto está dentro del Bosque Protector Cordillera del Cóndor, según especificó la Contraloría en el mismo documento.

Este organismo de control concluyó, además, que Ecuacorriente tenía más concesiones que las permitidas por la Ley.

“El total de las concesiones otorgadas a nombre de Cía. Min. Ecuacorriente S.A. fueron cuatro, cantidad que supera a la permitida por dicho instrumento jurídico, sin que debido a esta circunstancia se haya declarado la extinción de alguna de las áreas concesionadas sin compensación económica”, se detalló en el documento.

Otra de las anomalías detectadas era que parte de la concesión estaba situada fuera del territorio nacional.

“Observándose que en ciertas zonas sobrepasan la línea de frontera. Este hecho es evidente en la hoja topográfica Cóndor Mirador con código IGM-ÑVI-D3, de la Provincia de Zamora del Instituto Geográfico Militar”, se detectó.

Los habitantes que se oponen a este proyecto minero han asegurado que el Gobierno incumplió con el literal 7 del art. 56 de la Constitución del Ecuador que indica que las comunidades tienen el derecho a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.

El presidente Correa, en cambio, sostuvo, en marzo del 2012, que sí hubo consulta previa, aunque añadió que “ellos confunden consulta previa con consentimiento previo”.

“La minería trae destrucción al medioambiente, destrucción con el ser humano. Uno no puede estar tranquilo. En el río mismo, antes teníamos un río hermoso (Quimi, Tundayme y Wawayme), un río limpio, donde todo mundo iba a bañarse en carnaval. Ahora ya no se puede. Usted se mete y sale enfermo de ese río con alergias, con hongos en el cuerpo de ese río. No sé qué pasará en los próximos años”, dijo con impotencia, Santiago, el habitante de El Pangui que labora por necesidad para el proyecto Mirador.
Fuente:https://es.mongabay.com/2017/04/ecuador-comunidades-denuncian-malas-practicas-ambientales-del-proyecto-minero-mirador/

Chile

Campamentos y miseria, el “relave” de la minería chilena

Los campamentos situados en los desérticos alrededores de la ciudad chilena de Antofagasta, epicentro minero del país austral, son una amalgama de miseria y esperanza en la que se agolpan más de 6.000 familias llegadas de todos los rincones de Latinoamérica.

«Huí de Perú hace cinco años porque quería ofrecerles un mejor futuro a mis hijos», dijo a Efe Hilda Jaramillo, vecina de uno de los sectores que conforman el llamado macrocampamento Balmaceda, situado en el norte de la ciudad de Antofagasta.

En 2013, cuando estaba embarazada de su primer hijo, ella misma aplanó la ladera en lo alto de un cerro yermo, arenoso y lleno de basura para edificar su casa con materiales ligeros.

Cuatro años después, la zona está plagada de barracas en las que hoy viven casi un millar de familias venidas de Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Paraguay y República Dominicana.

Conforman el segundo campamento más grande del país, integrado por autoconstrucciones que se alzan como cajitas de zapatos apiladas en las empinadas y peligrosas laderas de los cerros.

Adentrarse al campamento es como penetrar en un laberinto repleto de calles estrechas sin asfaltar.

Todas las familias llegaron atraídas por la creciente demanda laboral que experimentó la ciudad norteña a raíz del llamado ‘súperciclo’ del cobre, que elevó el precio del metal rojo hasta los 4 dólares la libra en 2008.

En ese momento, en Chile la presidenta Michelle Bachelet cumplía su primer mandato, el país había crecido un 4,6 % el año anterior y la economía China se expandía a tasas de dos dígitos.

A partir de entonces, el número de familias que vivían en asentamientos irregulares que carecían de acceso a servicios básicos creció de forma exponencial.

Un informe de la organización no gubernamental Techo Chile reveló que las cifras se multiplicaron por diez en la última década. Si en 2007 se registraron 632 grupos familiares, en 2016 el número de familias que habitaban los campamentos antofagastinos ascendió hasta 6.229.

Asimismo, según datos proporcionados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), en la región viven 30.528 inmigrantes, una cifra que ha crecido un 327 % desde 2005, el aumento más alto de todo el país.

La llegada de inmigrantes hizo incrementar de forma desmesurada los precios de los alquileres, motivo por el cual los recién llegados se vieron obligados a trasladarse hacia la parte alta de la ciudad para emplazar sus hogares en las peligrosas laderas de los cerros.

«Decidimos subir a los cerros porque los arriendos eran demasiado caros. Por un departamento muy pequeño en una zona alejada de todo pagábamos 400.000 pesos (unos 609 dólares) al mes. Aquí con 2 millones de pesos (3.049 dólares) puedes construirte tu casita», explicó a Efe Jacqueline Fey, presidenta de la agrupación de campamentos «Américas Unidas», la más grande de Antofagasta.

Fey, casada y madre de tres hijos, llegó a Chile hace nueve años desde Ecuador. Hoy pasea por las polvorientas calles sin asfaltar del campamento con autoridad y, de forma afable pero también con firmeza, saluda y regaña a los vecinos que no «han hecho los deberes».

«Aquí tenemos un reglamento de convivencia y de respeto que cualquier vecino debe cumplir», dijo Fey, quien aseguró que es gracias a eso y a la gran coordinación existente entre las distintas familias lo que ha hecho alejar la delincuencia y mejorar las condiciones del campamento.

Lo más importante, señaló Fey, son las actividades comunitarias como las «polladas o los bingos bailables» que hacen que la gente se «conozca, se apoye y se cuide».

«No por vivir en un campamento tenemos que hacerlo de cualquier manera. Invitamos a los vecinos a pintar sus fachadas, a limpiar sus casas y arreglarlas. La dignidad empieza por uno mismo y sólo así se consiguen los cambios», agregó.

Por su parte, el secretario regional ministerial del Gobierno para la región de Antofagasta, Víctor Flores, explicó a Efe que la solución a largo plazo pasa por la construcción de vivienda social.

«En algún momento vamos a terminar con los campamentos (…) Ya llevamos más de 200 viviendas sociales en construcción y tenemos proyectos listos esperando la aprobación de la municipalidad», indicó el representante del Gobierno.

Mientras no llegan las viviendas, el Gobierno ha impulsado diversos gabinetes de trabajo con los dirigentes de los campamentos para evitar que estos asentamientos irregulares se conviertan en guetos aislados de la sociedad.

«No podemos permitir que existan ciudades extramuros en las que no entra la policía ni el gobierno. Eso sería un error tremendo», advirtió Flores.

Entretanto, Hilda, Jacqueline y los miles de habitantes de estas amenazantes laderas miran con esperanza el futuro y esperan que «con trabajo y esfuerzo» mejore su situación.

«Quizá no tengamos dinero pero nosotros somos ricos porque tenemos dos manos y dos pies para poder trabajar y construir nuestras casas. Vendrán tiempos mejores y los esperaremos con alegría e ilusión», concluyó Fey.

Fuente:http://m.elmostrador.cl/vida-en-linea/2017/04/09/campamentos-y-miseria-el-relave-de-la-mineria-chilena/

Mexico

Núcleos agrarios se oponen a las minas en Costa Chica-Montaña

Para garantizar el respeto a los pueblos, resuelven “la destitución, el procesamiento penal y la reeducación, de todos aquellos políticos, empresarios y caciques” que saquean los recursos naturales. Informan que existe la intención de otorgar 60 títulos de concesión minera más en esta región. Exigen la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación. Informan que se han cancelado 22 concesiones, mediante amparos o por falta de condiciones para que entren las empresas.

Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias (CRAA) de la Montaña y la Costa Chica Por la Defensa del Territorio acordaron ayer impedir el despojo de recursos naturales. En el foro informativo en Suljaa (Xochistlahuaca) llamaron a la unidad para proteger la tierra ante la eventual devastación en caso de permitir la instalación de explotaciones mineras.
Representantes de los pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, tu’un savi, nahuas y afromexicanos presentaron un acta de asamblea ante la devastación de los bosques; despojo del agua en ríos, arroyos y manantiales. Además del saqueo de material pétreo por parte de los gobiernos municipales de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán, Marquelia y el estado de Guerrero en el río  Jndaancue Ñomndaa (San Pedro) y el río Santa Catarina.

En el oficio firmado ayer, autoridades comunales que conforman el Consejo señalaron también que el saqueo está ligado a dependencas federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las que calificaron como omisas ante el daño a la fauna y vegetación. En el acta se recordó que menores de edad han muerto  en pozas por la extracción desmedida de material pétreo en los ríos.
Ante la intención de entrega de 60 títulos de concesión minera, expusieron que se mantiene el rechazo a lo que llamaron “proyectos de muerte” porque contaminan el ambiente.
En el auditorio  Epifanio de la Cruz, con cerca de 400 asistentes de las diversas regiones, se informó que desde 2012 los núcleos agrarios levantaron actas de rechazo a los proyectos de minería y a los proyectos de reserva de la biosfera en la Montaña alta de Guerrero.
Se recordó que la mitad de la superficie terrestre del  país, es propiedad social, pertenece a ejidos y bienes comunales.
Entre las acciones para impedir el uso y abuso del suelo se han levantado actas de asamblea en las que se rechaza la minería.
También se han modificado estatutos y reglamentos de bienes comunales y ejidos respectivamente para prohibir desde esos instrumentos legales la minería o cualquier otro proyecto que afecte el ambiente.Se recordó que Malinaltepec e Iliatenco son los municipios de La Montaña que han celebrado las asambleas de Cabildo abierto y que se comprometieron a no dar un permiso de uso de suelo.
Entre La Montaña y Costa Chica se han cancelado 22 concesiones, la mayoría de ellas por amparos y por falta de condiciones para entrar.
El sacerdote Melitón de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, expuso que hay una falsa creencia que localidad donde se instale una minera detonará la economía. Informó que lo que una familia de la región gasta en agua en 20 años, una minera lo gasta en una hora.
Llamó también a la siembra de árboles y a la prohibición de venta de madera, como ocurre en Malinaltepec donde no se permite la comercialización de la madera desde el 2012.
El integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), Miguel Mijangos Leal, expuso que fue a una visita a la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde la minera Goldcorp se instaló y recientemente vendió a otra empresa. Allí los daños fueron inminentes y sirvió para reiterar la negativa a que se repita una destrucción en La Montaña y Costa Chica.
Expuso que una comunidad donde se instale una minera de extracción a cielo abierto conlleva daños a la salud. En esos lugares el 70 por ciento de la población padece enfermedades en el sistema respiratorio, y el 20 por ciento tiene daños en el oído.
En el tema de biodiversidad, dijo que entre las reformas estructurales, hace tres semanas se presentó la Ley de Biodiversidad, y la modificación de la Ley Forestal. Aseguró que esta última, está enfocada en la comercialización de la madera para desplazar los derechos de las comunidades y dar fuerza a las empresas para deforestar.

Una de las acciones es el censo “es decir, cuánto bosque tiene cada comunidad qué tipo de especie, lo que servirá para tener un control de cuánto se puede sacar”.
Recomendó que no se permita contar los árboles.
Afirmó que la Ley de Bioseguridad considera el uso de semillas modificadas genéticamente que ya no se reproducen, lo que hace dependientes a los campesinos del gobierno o las empresas que las producen.
Llamó a no “caer en la trampa” de recibir semillas que regale el gobierno para preservar especies endémicas y el patrimonio de la región.
Consideró que sucede una situación similar a la minería, “una vez que entra, a ese pueblo lo único que le queda es irse a vivir otro lado”.
Una integrante del Centro de Estudios Ecuménicos agregó que la Comisión Nacional Forestal elaboró un manual de plantas medicinales explicando las propiedades de éstas, además de entregar también semillas  genéticamente modificadas. El plan, supuestamente es recabar la experiencia de las curanderas, incluyendo los ritos, y que a partir de ese conocimiento se comercialicen las plantas medicinales.
Expuso que países como Alemania, Canadá, España, Japón se presentan ofreciendo beneficios como becas a estudiantes, carreteras y proyectos para ganarse la aprobación de la población.
El integrante de los Pueblos Originarios en Defensa del Ecosistema y sus Reservas (PODER), David Valtierra, hablço de la defensa del río San Pedro, cuerpo de agua que se entubó para abastecer a Ometepec, y que por la falta de cuidado podría secarse como ocurrió en ese municipio

“ya lo secaron y ahora están viendo de dónde agarrar el agua donde se han cuidado y nos vienen a despojar en vez de establecer un acuerdo”. Expuso que otro factor es la contaminación por el nulo tratamiento de aguas negras que son vertidas directamente a los ríos.
El Consejo de autoridades está integrado por núcleos agrarios de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Copala, Cochoapa el Grande, Iliatenco, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia,  Xochistlahuaca y Metlatónoc. Se constituyó en octubre de 2012.
En Cochoapa no se han podido instalar asambleas por la fuerte división política, indicó el comisariado de los Bienes Comunales de Malinaltepec, Taurino Carrasco Castro.
En el acta de asamblea firmada por 16 autoridades ejidales y comunales, se acordaron ocho puntos, entre los cuales están hacer efectivas la declaraciones de territorio libre de minería en la Montaña y Costa Chica, exigiendo la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación.
Otro punto es la organización de las comunidades para alcanzar una procuración de justicia que garantice  “el respeto a nuestros pueblos a partir de la destitución, el procesamiento penal y/o la reeducación,  de todos aquellos políticos, empresarios y caciques”.
También, “ejercer nuestro derecho a la jurisdicción territorial como pueblos originarios para garantizar el cuidado y la defensa de nuestro territorio  frente a la devastación, despojo, saqueo, contaminación y violencia”.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2017/04/nucleos-agrarios-se-oponen-a-las-minas-en-costa-chica-montana/

 

Bolivia

26 empresas quieren construir planta de carbonato de litio

El director de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, Juan Carlos Montenegro, informó el miércoles que 26 empresas nacionales e internacionales están interesadas en construir la Planta Industrial de Carbonato de Litio en Uyuni, Potosí.

«Son 26 empresas, tenemos cuatro empresas de China, dos de Alemania, una de Finlandia, una empresa rusa, una empresa coreana, dos empresas vinculadas a consorcios españoles y otras dos vinculadas a un consorcio con sede en México; el resto son empresas nacionales», dijo a la radio estatal Patria Nueva.

Montenegro explicó que se inició el proceso de evaluación de las expresiones de interés para preseleccionar en dos semanas a las empresas proponentes entre las que obtengan mejor puntaje.

«Lo que estamos buscando es la mejor empresa, que tenga la mejor experiencia y las mejores condiciones para construir y montar nuestra planta de carbonato de litio», remarcó.

Actualmente, la empresa alemana K-Utec Technology realiza el estudio a diseño final de la Planta Industrial de Carbonato de Litio de Uyuni, el mismo será presentado este mes.

 

Fuente:http://www.eldeber.com.bo/economia/26-empresas-quieren-construir-planta-de-carbonato-de-litio–20170405-0078.html

Internacional

Así es la mina de uranio que la australiana Berkeley quiere abrir en Salamanca

(España).- El director gerente de Berkeley Energía, Paul Atherley, aseguró este martes a elEconomista que la mina de uranio que su compañía está construyendo en Retortillo (Salamanca) ha logrado hasta el momento un total de 90 permisos y seguirá adelante para generar empleos en una zona afectada cada vez más por la despoblación. Por ese motivo, la compañía australiana considera que la inversión de 250 millones de euros que quiere realizar en la zona no está en riesgo y seguirá tramitando los permisos necesarios ante el Consejo de Seguridad Nuclear y ante el Ministerio de Energía para poder comenzar a funcionar en 2019.

Atherley explica además que la mina será muy rentable puesto que ya tiene contratos firmados a 40 dólares (37,53 euros) frente a un precio actual que ronda los 25 dólares (23,45 euros) más el efecto del cambio de venta del uranio.

Berkeley Energía cuenta con la asesoría legal del bufete Herbert Smith, para hacer frente dentro de los plazos previstos a los requerimientos regulatorios. En estos momentos, no existe en España experiencia para la construcción de una infraestructura similar de tratamiento de uranio y eso, evidentemente, requiere de un análisis detallado.

La compañía, en la que participan algunos de los mayores fondos del mundo como Fidelity o Blackrock, cuenta para la construcción y desarrollo de este proyecto con la colaboración de Iberdrola Ingeniería, OHL y Foster Wheeler.

Atherley explicó que espera que a mitad de este año alrededor de 150 personas puedan estar trabajando ya en el proyecto de la mina. Según indicó cerca del 25% de la población de los dos municipios cercanos han presentado solicitudes de empleo a la compañía y destaca que incluso de modo intergeneracional, es decir, que padres e hijos aplican para un mismo empleo. Por ese motivo, el director gerente de la compañía asegura que tiene el «máximo apoyo local».

Atherley añadió además que la mina de Salamanca resulta además de gran interés para Europa ya que permitirá mantener la independencia energética. El pasado 31 de marzo, Diamo decidió el cierre de la mina de Rozma -la mina de uranio de la República Checa- lo que prácticamente deja a Europa sin minas de uranio. La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca ha suspendido la apertura de la mina y devuelto el expediente al Ayuntamiento de Retortillo.

Fuente:http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8272914/04/17/Berkeley-sigue-y-quiere-abrir-la-mina-de-uranio-en-2019.htmlaña

El director gerente de Berkeley Energía, Paul Atherley, aseguró este martes a el Economista que la mina de uranio que su compañía está construyendo en Retortillo (Salamanca) ha logrado hasta el momento un total de 90 permisos y seguirá adelante para generar empleos en una zona afectada cada vez más por la despoblación. Por ese motivo, la compañía australiana considera que la inversión de 250 millones de euros que quiere realizar en la zona no está en riesgo y seguirá tramitando los permisos necesarios ante el Consejo de Seguridad Nuclear y ante el Ministerio de Energía para poder comenzar a funcionar en 2019.

Atherley explica además que la mina será muy rentable puesto que ya tiene contratos firmados a 40 dólares (37,53 euros) frente a un precio actual que ronda los 25 dólares (23,45 euros) más el efecto del cambio de venta del uranio.

Berkeley Energía cuenta con la asesoría legal del bufete Herbert Smith, para hacer frente dentro de los plazos previstos a los requerimientos regulatorios. En estos momentos, no existe en España experiencia para la construcción de una infraestructura similar de tratamiento de uranio y eso, evidentemente, requiere de un análisis detallado.

La compañía, en la que participan algunos de los mayores fondos del mundo como Fidelity o Blackrock, cuenta para la construcción y desarrollo de este proyecto con la colaboración de Iberdrola Ingeniería, OHL y Foster Wheeler.

Atherley explicó que espera que a mitad de este año alrededor de 150 personas puedan estar trabajando ya en el proyecto de la mina. Según indicó cerca del 25% de la población de los dos municipios cercanos han presentado solicitudes de empleo a la compañía y destaca que incluso de modo intergeneracional, es decir, que padres e hijos aplican para un mismo empleo. Por ese motivo, el director gerente de la compañía asegura que tiene el «máximo apoyo local».

Atherley añadió además que la mina de Salamanca resulta además de gran interés para Europa ya que permitirá mantener la independencia energética. El pasado 31 de marzo, Diamo decidió el cierre de la mina de Rozma -la mina de uranio de la República Checa- lo que prácticamente deja a Europa sin minas de uranio. La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca ha suspendido la apertura de la mina y devuelto el expediente al Ayuntamiento de Retortillo.

Fuente:http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8272914/04/17/Berkeley-sigue-y-quiere-abrir-la-mina-de-uranio-en-2019.html

Colombia

Los fallos que frenaron proyectos en Marmato y Cerrejón

Decisiones de la Corte Constitucional y consultas previas se acaban de frenar proyectos en Marmato y Cerrejón. Estos se suman a recientes decisiones de pueblos que han impedido explotar minas y construir hidroeléctricas. ¿Son justificables?

Hace una semana, el municipio de Cabrera (Cundinamarca) realizó una consulta popular para decidir sobre la construcción de proyectos mineros o hidroeléctricos en una zona de reserva campesina. Del total, 1.465 personas votaron en contra y 23 a favor, con lo cual quedó bloqueado un proyecto de Engesa para ejecutar ocho minicentrales sobre el río Sumapaz. Algo similar había sucedido el año pasado en Pijao, un municipio de Quindío que votó contra la explotación de oro en su territorio y sentó un precedente porque un fallo de la Corte Constitucional determinó que los entes territoriales sí pueden prohibir la minería.

Pero estos no son casos aislados. También hace una semana mineros artesanales ganaron un pulso contra la multinacional canadiense Gran Colombia Gold por la explotación de oro en los socavones del cerro El Burro, en Marmato (Caldas). La Corte

Constitucional les dio la razón y ordenó suspender el trabajo de la compañía mientras realiza una consulta previa. En medio de esta disputa se conoció una demanda de la multinacional contra la Nación por 700 millones de dólares, por cambios en las reglas de juego en el tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Canadá.

El alto tribunal también se pronunció sobre una acción de tutela de la Comunidad Indígena Media Luna Dos, en Uribia (La Guajira), contra la Nación y Cerrejón por considerar que extraer carbón a cielo abierto afecta la salud de los pobladores de los municipios cercanos. Según los magistrados hay pruebas de afectaciones visibles e identificables que el polvillo de este mineral produce en los habitantes de la región.

Con este fallo entra en revisión la licencia para el plan de Puerto Bolívar de la compañía para facilitar el transporte y exportación del mineral. La multinacional sostiene que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la población ya que en la zona donde

se va a desarrollar la ampliación no existe presencia de comunidades étnicas, como lo certificó el Ministerio del Interior.

Pues bien, los casos anteriores muestran la compleja situación que vive el sector minero-energético en Colombia, en el que el rechazo de las comunidades frenó grandes proyectos que podrían llevar desarrollo al país y a las regiones.

Los inversionistas creen que la situación está pasando de castaño oscuro y sostienen que las industrias extractivas están quedando en jaque. Ante la gravedad de los hechos, la Andi y siete gremios del sector, entre ellos la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Naturgas, Acolgén, Andesco, Andeg y Asocodis, le pidieron al gobierno, al Congreso, a las cortes, a los jueces, a los alcaldes y a los gobernadores trabajar

de manera más coordinada para garantizar reglas de juego claras.

Para los empresarios uno de los grandes problemas es la desarticulación entre las competencias del Estado y las entidades territoriales. Marmato es un ejemplo. En este municipio alrededor de 5.000 familias viven de explotar el oro, un oficio que han practicado durante décadas en socavones en el cerro El Burro.

 

Pero en 2007, tras la llegada de Gran Colombia Gold, que adquirió en este sitio un título para explotación, comenzó un largo camino para desalojar a los mineros que estaban invadiendo dicho

terreno. Distintas entidades como Ingeominas, la Agencia Nacional de Minería y hasta el Tribunal Superior de Manizales respaldaron a Gran Colombia Gold, pero los fallos y las resoluciones nunca se cumplieron y los mineros siguieron en la zona. Aunque como se dijo atrás, para sorpresa de la compañía la semana pasada un fallo de la Corte Constitucional amparó los derechos de los mineros, pidió realizar una consulta con las comunidades indígenas y afrodescendientes, suspendió la orden de desalojo y ordenó a Gran Colombia Gold detener la explotación.

El alcalde de Marmato, Julio Vargas, ha señalado que la consulta fue lo primero que debió hacer el gobierno antes de otorgar el título, pero las autoridades sostienen que han cumplido todos los pasos y que en este caso se están protegiendo actividades de invasores de títulos mineros. Si bien los fallos judiciales buscan proteger a las poblaciones vulnerables al medioambiente, lo cierto es que se han vuelto un gran dolor de cabeza para las compañías que no saben a qué atenerse. Por eso los gremios del sector señalan que “si Colombia quiere pasar de ser un país de ingreso medio a uno de ingreso alto, debe tomar la decisión clara de crear condiciones justas y previsibles para la actividad empresarial, dentro de las cuales la certidumbre jurídica juega un papel fundamental”.

En este sentido el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, considera que con los fallos de las cortes el país puede matar la gallina de los huevos de oro porque este sector es uno de los que más aporta con impuestos y regalías. Mac Master dice que las empresas que hacen las cosas legalmente están sujetas a toda clase de normas mientras la minería ilegal sigue adelante. “Ser formal en Colombia se volvió una desventaja competitiva”, anota.

Cabe señalar que el sector minero-energético tiene un alto impacto económico, a tal punto que responde por cerca del 70 por ciento del total de las exportaciones de Colombia y genera millonarios ingresos. La incertidumbre jurídica se presenta en momentos en que se recuperan los precios de las principales materias primas -petróleo, carbón, oro-  y cuando está en picada la inversión extranjera en el sector, que pasó de 8.000 millones de dólares a menos de 3.000 millones el año pasado.

Para Santiago Ángel Urdinola, presidente de la ACM, la situación está llegando a un nivel crítico por la esquizofrenia en las consultas, que se está saliendo de cauce porque siempre aparecen nuevas comunidades que frenan los proyectos por medio de tutelas. “Estamos tocando fondo y se está llegando a un caos y anarquía por tanta ‘consultitis’”, dice.

Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, afirma, por su parte, que es necesario promover un diálogo al más alto nivel sobre cuál es el desarrollo que quiere Colombia y para aclarar de una vez por todas los alcances y límites de las consultas, que se están convirtiendo en un poder de veto.

Para ello es necesario que el gobierno tramite una ley estatutaria que incluya un censo de las comunidades que hay en el país que se podrían ver afectadas con diversos proyectos. Pero inexplicablemente este tema, que debe tramitar el Ministerio del Interior, lleva engavetado varios años.

Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), también ha expresado su preocupación y sostiene que sin seguridad jurídica es muy difícil que el sector sea competitivo. Pero las comunidades opinan lo contrario y aseguran que por primera vez en muchos años se les reconocen sus derechos y se les está protegiendo de los abusos de algunas compañías que han contaminado sus territorios y afectado su salud, sin ninguna clase de retribución económica.

El país tiene un inmenso reto al que le ha venido haciendo el quite en los últimos años. Debe tratar de conciliar los intereses del sector privado con el respeto a las comunidades y los ecosistemas de las zonas aledañas a los proyectos minero-energéticos. Lo peor sería cruzarse de brazos mirando cómo la minería ilegal, que no respeta nada a su paso, gana terreno y se pasa por la faja a las cortes y a las autoridades ambientales y territoriales.

Fuente:http://www.semana.com/economia/articulo/los-fallos-que-frenaron-proyectos-en-marmato-y-cerrejon/517345

Colombia

¿Puede la locomotora minera desconocer los resultados de las consultas populares como las de Cajamarca?

Este martes María Jimena Duzán debatió sobre si se respetarán los resultados de la consulta minera en Cajamarca, estuvo acompañada por Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente, EvaMaría Uribe,ex viceministra de Minas y energía, Silverio Gómez, periodista y economista, Robinson  Mejía, vocero del ‘No’ en la consulta popular minera en Cajamarca y Antonio Navarro, senador por la Alianza Verde.

El exministro Manuel Rodríguez afirmó que desconocer la consulta popular es la forma más ácida de decir que no se quiere construir paz, además consideró que el problema de la minería en Colombia es que hay recursos mineros en las montañas pero estas son las fuentes de agua del país.

Por otro lado, la exviceministra de minas EvaMaría expuso que hay que buscar un balance positivo para los tres actores: la comunidad local, el departamento y la nación. Agrego que la minería es importante para el país, le aporta beneficios enormes.

Por su parte, Robinson Mejía sostuvo que no hay un proyecto minero que pueda demostrar que porque tiene licencia ambiental se están haciendo las cosas bien. Para el vocero del ‘No’ en la consulta popular minera lo más lógico es que acepten la participación democrática que hubo en Cajamarca, porque esto no es una dictadura minera.

Silverio Gómez expuso que el proyecto La Colosa tiene unas implicaciones nacionales y es el futuro de la minería de Colombia, dijo que hay que hacerlo pero hay que hacerlo bien.

Finalmente, el Senador Navarro sostuvo que en Colombia la minería la quieren hacer en páramos, zonas pobladas o agrícolas.Agrego quecon la minería, ríos de montaña disminuyen su caudal.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/multimedia/semana-en-vivo-proyectos-mineros-en-cajamarca/519988

Argentina

Aranguren y Uñac exigieron a Barrick «reingeniería total» de la mina Veladero

El ministro de Energía, Juan José Aranguren y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac exigieron a la minera Barrick Gold una «reingeniería total» de la mina de Veladero, lante la sucesión de incidentes operacionales que representan un peligro para medioambiente.

Los funcionarios mantuvieron un encuentro con el presidente de Barrick, Kelvin Dushnisky, quien estuvo acompañado por miembros del directorio global y ejecutivos locales de la compañía.

La reunión, que se realizó ayer pero se dio a conocer hoy, se realizó el mismo día del anuncio de una asociación estratégica entre la empresa y la compañía Shandong Gold por la que le participa a esta última del 50% de sus activos en el país.

«El ministro y el gobernador expresaron en forma unánime su posición respecto de que la continuidad de las actividades de Barrick Gold en el país se encuentra sujeta a la presentación y aprobación de un nuevo plan integral de trabajo, con estricta sujeción a la normativa minera y

ambiental vigente y a los más altos estándares internaciones aplicables», señaló la cartera de energía.

Detalló que dicho plan «deberá contemplar, entre otros aspectos, la completa reingeniería de los procesos y estándares operativos y ambientales del emprendimiento Veladero, un programa de desarrollo social y comunitario, el rediseño de un proceso de diálogo permanente, transparente y abierto con las autoridades y comunidades locales».

A ello se suma, «un plan de inversiones y desarrollo de los restantes activos existentes en la provincia, y la sujeción de todo ello a un mecanismo de auditoría integral en manos de reconocidos organismos y expertos nacionales e internacionales».

Mientras el plan no sea debidamente validado, las actividades de lixiviación en la mina Veladero se encontrarán suspendidas, sin que ello implique afectar en ninguna forma al personal que trabaja en ella, ni la percepción de sus correspondientes salarios.

La empresa, más allá de señalar que los incidentes no revisten, a su entender, entidad ni gravedad ambiental, aceptó las condiciones impuestas por las autoridades nacionales y provinciales, y comprometió sus máximos esfuerzos a la elaboración del plan integral referido.

También participaron de la reunión el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán y el Ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel,

Fuente:http://www.cronista.com/economiapolitica/Aranguren-y-Unac-exigieron-a-Barrick-reingenieria-total-de-la-mina-Veladero-20170407-0062.html

Perú

Reservistas awajún destruyen campamento minero de empresa Afrodita

Desde hace un buen tiempo, la violencia empezó a incubarse en la provincia del Condorcanqui, región Amazonas. Y explotó al amanecer del 16 de marzo, cuando un grupo de ex combatientes del Cenepa irrumpió en el campamento de la Compañía Minera Afrodita S.A. y procedió a destruir sus instalaciones.

Los ex soldados señalaron que habían decidido desalojar a la empresa, que permanece en la zona desde hace diez años, porque carece de permiso para operar y porque las autoridades regionales no hacen nada para sacarla a pesar de los insistentes reclamos que les han presentado.

Dijeron que también comunicaron y alertaron a Defensoría del Pueblo y a la Presidencia del Consejo de Ministros de lo que podría ocurrir.

Cuando llegaron al campamento minero, los indígenas awajún encontraron a una sola persona que estaba a cargo del cuidado de la sede, hecho que les facilitó la destrucción de la maquinaria y otros implementos que encontraron.

En declaraciones a un medio local, los atacantes manifestaron que “hemos sido bien claros desde hace mucho tiempo, que desalojaríamos a la empresa minera Afrodita ante su insistencia de permanecer en la Cordillera del Cóndor a pesar de no contar con ningún permiso”.

Tras alegar que solo quieren defender su territorio, los reservistas lamentaron que ahora los llamen delincuentes cuando antes eran considerados patriotas por defender la frontera del país.

Afrodita insistirá

El gerente general de Afrodita, Jorge Bedoya Torrico, señaló que el gobierno regional de Amazonas ha cometido una serie de infracciones y arbitrariedades en contra de su empresa, pero que, al margen de ello, Afrodita cuenta con todos los permisos legales.

Explicó que el proyecto tiene aspectos sociales y económicos positivos. Detalló que el lado social se sustenta con el programa de desarrollo de las comunidades nativas adyacentes, el mismo que fue felicitado en su momento por el gobierno regional y

por las organizaciones indígenas Orpian y Aidesep.

Sostuvo que en lo económico generará recursos para la ocupación sostenible de la frontera.

“La Compañía Minera Afrodita S.A.C. continuará haciendo sus mayores esfuerzos en la ejecución de este proyecto. Es en virtud a esto que exhortamos a las autoridades competentes a actuar de forma oportuna, en función a sus alcances y competencias”, indicó el ejecutivo minero.

El dato

La presencia de Afrodita ha dividido a los comuneros. Mientras la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) rechaza la minería, la Organización de Desarrollo de Comunidades del Alto Comainas (Odecoac) considera que puede ayudarles en su desarrollo.

Fuente:http://larepublica.pe/impresa/politica/861680-reservistas-awajun-destruyen-campamento-minero-de-empresa-afrodita

Argentina

Una empresa china comprará el 50% de la mina Veladero en San Juan

Barrick Gold Corporation anunció hoy que alcanzó un acuerdo de cooperación estratégica con Shandong Gold Group Co., Ltd., y como primer paso de esta nueva sociedad, la firma china adquirirá el 50% de la mina Veladero en la provincia de San Juan, por un monto de $ 960 millones.

Como segundo paso, Barrick y Shandong formarán un grupo de trabajo para explorar el desarrollo conjunto del depósito Pascua-Lama, informó Barrick en un comunicado.

Además, como tercer paso, ambas compañías evaluarán las oportunidades adicionales de inversión en el Cinturón de Oro El Indio, en el límite entre la Argentina y Chile, el mismo que alberga un conglomerado de minas y proyectos de clase mundial entre los que se incluyen Veladero, Pascua-Lama y Alturas.

Se espera que la operación se cierre al final del segundo trimestre de 2017, y está sujeta a aprobaciones reguladoras y demás, incluyendo la aprobación de los accionistas de Shandong Gold Mining Co., Ltd, y otras condiciones de cierre habituales, según se informó.

La mina Veladero está ubicada en la provincia de San Juan, en el prometedor Cinturón El Indio, aproximadamente a 10 kilómetros del proyecto Pascua-Lama, de Barrick.

Fuente:http://www.cronista.com/negocios/Una-empresa-china-comprara-el-50-de-la-mina-Veladero-en-San-Juan-20170406-0063.html