Mexico

Denuncian intención de militarizar pueblos indígenas en Oaxaca para imponer megaproyectos

OAXACA, Oax. (apro).- La asamblea comunitaria en San Mateo Macuilxóchitl acordó de manera unánime impedir que se instale una base militar en ese territorio zapoteco, pues asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende militarizar el estado de Oaxaca ante la resistencia de pueblos indígenas a la imposición de megaproyectos.

La Red de Esfuerzos Defensa del Territorio (R.E.D.T.) señaló que, pese a las presiones de Sedena para que la comunidad zapoteca “donara” 34 hectáreas de tierras comunales para instalar una base militar y un hospital de especialidades castrense a cambio de otorgarles concesiones de taxis, la población rechazó la oferta.

La “donación” que pedía la Sedena era a cambio de una concesión de taxis para los dueños de los terrenos que ocuparía, pero la asamblea comunitaria de Macuilxochitl lo analizó y decidió rechazar la propuesta, pues sólo se beneficiaría a unos cuantos y no a toda la comunidad.

De igual forma, rechazaron la instalación del hospital de especialidades para elementos castrenses porque los pobladores de Macuilxochitl no tendrían acceso, por tal razón, la respuesta comunitaria fue negativa.

El asunto se analizó en la asamblea de la comunidad del pasado domingo 5 de marzo de 2017 y los pobladores concluyeron que “si permitimos la instalación de esta base militar, perderíamos poder de decisión sobre lo nuestro”.

Consideran que la petición de la Sedena es instalar una base militar en esta comunidad del valle de Tlacolula, la cual albergaría a cerca de 5 mil soldados del Ejército Mexicano, además de que se construiría un hospital de especialidades para militares al cual no tendría acceso la población civil de San Mateo Macuilxóchitl.

El Colectivo Quiyehuixitao de San Mateo Macuilxochitl sostuvo que “comprendemos así la urgencia del Estado para tener el control de un territorio sumamente concesionado para megaproyectos, que junto con empresas extranjeras y nacionales, tienen planeados para las regiones de Oaxaca”.

Mencionó que “por control entendemos la militarización completa de la región para así allanar el camino a los grandes intereses de la industria extractivista y energética, desembocando esto en más violencia y represión para las comunidades que se resuelvan a defender su territorio ante el despojo inminente”.

Y es que tan solo en el distrito de Tlacolula se tienen contabilizadas hasta ahora 39 concesiones mineras distribuidas a lo largo y ancho de este territorio, así como otras siete en su colindancia.

Aunado a esto, se encuentra la instalación de torres eléctricas de alta tensión para el proyecto energético “Ixtepec – Yautepec Morelos”.

Pero Macuilxóchitl no fue la única comunidad que rechazó el proyecto de la Sedena, porque la comunidad de Teotitlán del Valle también acordó dar un rotundo “no a la donación de 300 hectáreas y/o venta de la propiedad comunal para instalaciones de las fuerzas castrenses.

Ahora, las autoridades estatales y federales pretenden convencer a los habitantes de la cabecera municipal de Tlacolula de Matamoros, ofreciendo una cuantiosa suma de dinero a cada propietario para la compra de sus terrenos.

Recordaron que desde que comenzó el gobierno de Gabino Cué Monteagudo se aprobaron una serie de megaproyectos para Oaxaca, ya que la Secretaría de Economía entregó 344 títulos de concesión minera en el estado para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre.

Lo grave es que “todo esto se realizó sin consultar a las respectivas asambleas de los pueblos donde se pretenden explotar dichos minerales y de paso contaminar y dejar inservible el agua que abastece a todo el Estado de Oaxaca”.

Fuente:http://www.grieta.org.mx/index.php/2017/03/27/denuncian-intencion-de-militarizar-pueblos-indigenas-en-oaxaca-para-imponer-megaproyectos/

Bolivia

COMUNARIOS PIDEN REVERTIR LAS CONCESIONES MINERAS DEL ILLIMANI

Al menos 90 comunidades que viven en las faldas del nevado marcharon ayer por las principales vías de La Paz y realizaron un cabildo en la plaza Mayor.

Al menos 90 comunidades ocuparon ayer  las principales vías del centro de La Paz para exigir la reversión de tres concesiones mineras del Illimani porque temen que los desechos contaminen el agua  que emplean en sus cultivos.

«Sí, se pidió la reversión de las empresas mineras  Las Nieves, 14 de Septiembre y Comabol. Sólo eso, por el momento, porque se necesita un análisis profundo”, declaró el portavoz de cuatro comunidades, Nicolás Cruz Poma, luego de la movilización y el cabildo que se realizó ayer en la plaza Mayor de San Francisco.

La movilización comenzó ayer en la calle 60 de Chasquipampa, al sur de La Paz, y participaron al menos 90 comunidades agrupadas en las centrales agrarias Kaphi, Pinaya, Cayimbaya y Palca, reportó el dirigente.

  Según el pronunciamiento de los comunarios, una empresa china también opera en el sector.

«Las autoridades del Ministerio de Minería, en sospechosa actitud de algunos de sus funcionarios, permiten que la compañía Minera Amazona Bolivia (Comabol S. A.), de propiedad del inversionista Chaolín Xiong, es acreedora de cinco concesiones en el nevado Illimani y cuenta con 92 cuadrículas (cada cuadrícula equivale a 25 hectáreas)”.

Según la nota de los comunarios, el Ministerio de Minería les informó que Comabol no tiene ninguna actividad minera productiva. «Sin embargo, no se pronuncia sobre el número de identificación minera NIM 02-0234-04 que expidió el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) en favor de Comabol en diciembre de 2009”.

Según la nota, esta empresa logró obtener los permisos de comercialización interna, prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y exportación.

«No vamos a permitir, los vamos a sacar a chicotes y eso fue lo que decidieron las bases. (Esta actividad) provocaría daños a las aguas del río y eso va a contaminar los cultivos y la producción
agrícola con que se abastece La Paz, todo sería contaminado”, advirtió Nicolás Cruz.

Afirmó, además, que hay otras empresas pequeñas y medianas que operan en las faldas del nevado. «Los comunarios dijeron que si no son de la región, van a tener que abandonar (sus áreas de trabajo). Si son (de la zona) se les hará un control estricto en términos medioambientales”, declaró.

Pese a ello, no cuenta  con una cuantificación exacta de estas empresas mineras pero supone que son al menos 10. «Estas se hallarían en el lado del municipio de Palca”, aseveró.

El dirigente Cipriano Quispe  dijo a ANF que presentaran  documentación «de lo que quieren perforar nuestro Illimani. Tenemos documentos de algunas empresas extranjeras”.

Fuente:http://oiedc.blogspot.cl/2017/04/comunarios-piden-revertir-las.html

Argentina

Marcha indígena en Jujuy: “Basta de saqueo a la Pachamama”

Siete días de caminata, 300 kilómetros y decenas de comunidades originarias que reclamaron al gobierno de Jujuy que respete los derechos indígenas y rechazaron la megaminería en sus territorios. Organizada por comunidades nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, cuestionaron la avanzada de actividades extractivas y denunciaron la represión sobre quienes defienden las tierras indígenas. La extensa marcha finalizó el jueves en la capital provincial. En el marco de la jornada del 24 de marzo, unieron la bandera de “memoria, verdad y justicia” con la consigna indígena de hace décadas: “Basta de saqueo a nuestra Pachamama”.

Las banderas al frente de la marcha resumieron los motivos: “Por el agua y el territorio”, “no a la minería”, “por la vida en nuestros territorios”, “no a la ley 5915”. Partieron el 16 de marzo de la localidad de Casira, pasaron por La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca y Tilcara. El 21 fue el turno de una ceremonia del agua en Purmamarca y el encuentro con comunidades kollas y atacama de Susques y la Cuenca de Guayatayoc (que resisten a la minería de litio).

El miércoles 22 fue el turno de las localidades de Volcán y Bárcena. Y el 23 finalizó en San Salvador de Jujuy.

“Repudiamos la continuidad y profundización de políticas netamente mercantilistas, neoliberales, de saqueo, represión y exterminio de nuestros pueblos indígenas”, afirma el comunicado  de la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, espacio de articulación nacido en 2016 y que, ya desde el nombre, marca distancia de comunidades y ONG que participan del gobierno de Gerardo Morales.

Los referentes indígenas caminaron largas horas por la ruta. Eran niños, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos. Al llegar a otras comunidades se realizaron asambleas para informar los alcances de la ley cuestionada, la avanzada de empresas mineras y también se analizaron situaciones puntuales de cada comunidad.

Se descansaba por las noches y a primera hora se volvía a marchar, con nuevos delegados (de las comunidades visitadas) que se sumaban  a la marcha. Estuvieron presentes el Pueblo Kolla, Atacama, Omaguaca y Ocloya, entre otros.

El gobierno de Gerardo Morales aprobó en mayo de 2016 la Ley 5915, conocido como “de servidumbre” para el paso de electroductos y proyectos de generación de energía. Autoriza a empresas a ingresar y hacer uso del territorio indígena, sin respetar las leyes (tanto nacionales como internacionales) que establecen la consulta y el consentimiento de los pueblos originarios.

Las comunidades indígenas no tienen dudas de que se trata de una avanzada sobre los derechos y territorios indígenas. Lo entienden como un paso más para facilitar el avance minero y, precisan, es violatorio de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.

Al asumir la gobernación, Morales nombró al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas a Natalia Sarapura, conocida activista kolla, del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), que recibió apoyos de algunas comunidades pero también críticas por formar parte de un gobierno que impulsa el extractivismo en territorios indígenas.

Ante las denuncias por la Ley 5915, Sarapura reconoció que fue sancionada sin respetar la participación indígena y convocó a una audiencia en diciembre pasado. “Ha sido una normativa que trajo controversia y preocupación. Por esa razón se decidió convocar a una asamblea de presidentes de comunidades y autoridades legislativas. Estamos dispuestos a escuchar las preocupaciones de las comunidades”, explicó la funcionaria en diciembre.

En la audiencia fue mayoritario el repudio a la ley, pero el Gobierno igual la sostuvo. La Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres remarcó que exige la derogación de la norma y no una “supuesta participación” sobre lo ya sancionado. “Es una norma que atenta contra los derechos de pueblos originarios por inconsulta, inconstitucional y de despojo. Es un vía libre encubierto para el avance de empresas extractivas”, resumió Enrique González, uno de los voceros de la marcha indígena.

Una estrategia de los gobiernos provinciales y nacional es modificar las leyes indígenas y ambientales que puedan ser frenos al avance del modelo extractivo. La Secretaría de Minería de Nación ya reconoció los intentos de modificación de la ley de glaciares, en Córdoba se pretende una nueva norma que permita más desmontes y en Río Negro se intenta avanzar en un nuevo “código de tierras fiscales” (que avanza sobre territorios mapuches).

Las comunidades indígenas de Jujuy resaltaron su preocupación por la gran sequía que afecta a la zona de la Puna y la Quebrada, y denunciaron el intento de la explotación minera “Chinchillas” (de explotación de plata y plomo, de la empresa Golden Arrow) y la minería de litio (con enormes uso de agua y contaminación). También precisaron desalojos y criminalización de la comunidades Cueva del Inca y Pucará en Tilcara (en beneficio de empresarios turísticos), exigieron la entrega de títulos comunitarios  y reiteraron, una vez más, la contaminación y violación de derechos de la empresa Minera Aguilar (de la multinacional Glencore-Xstrata).

El gobierno de Morales suele utilizar dos slogans: “Pachamama yo te cuido” y “Jujuy es Pachamama”. El kolla Enrique González, desde la marcha indígena, lo cuestionó: “Las palabras del gobierno suenan a hipocresía y a folklorismo superficial y vacío, ya que las políticas aplicadas promueven la desaparición de nuestras formas de vida tradicionales”.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/28941-basta-de-saqueo-a-la-pachamama

Mexico

Minería compite por tierra y agua con poblaciones de Puebla

Las 753 concesiones mineras que operan en territorio poblano compiten con la población por la tierra y el agua, en un estado en el que el 73.5 por ciento del territorio se destina para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, indica el estudio del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), en el que se revela que 39 empresas matrices tienen títulos mineros en las que la canadiense Almaden Minerals ostenta concesiones por 234 mil 991.8 hectáreas.

En el resumen del documento de ese estudio titulado: “Industria extractiva en Puebla, panorama del sector minero a diciembre de 2016”, Poder revela que, tan sólo en el sector agrícola se desarrolla en una extensión proporcionada de 45.7 por ciento del territorio poblano, donde el agua disponible es principalmente destinada a esta actividad.

Destaca que Puebla se ha convertido en un territorio estratégico que forma parte del corredor industrial Ciudad de México-Puebla-Veracruz, por lo que se despertó el interés para que la industria extractiva, hasta el año 2016, tenga registrada 753 concesiones mineras que compiten con la población por el agua y la tierra, lo que significa que la industria minera posee, a través de sus concesiones, el 28.5 por ciento del territorio poblano, a través de 39 empresas.

El segundo lugar en extensión concedida para exploración/explotación minera la tiene Industria Peñoles con 152 mil 253.1 hectáreas. Con más del 700 por ciento de distancia del segundo lugar, la tercera posición la ocupa Autlán Holding con 19 mil 13.9 hectáreas. Las otras 38 mil hectáreas se dividen entre Sunshine Silver & Refinig Corporation, Minera Frisco, Goldcorp, SCR-Sibelco NV, Corporativa la Cruz Azul e Ingersoll-Rand Plc.

Según Poder, Almaden Minerals cotiza en la Bolsa Canadiense de Valores, donde –en 2015– reportó ingresos por 303 mil 403 millones de dólares. Esa firma es la dueña de las subsidiarias Minera Gavilán y Minera Gorrión que operan en Ixtacamaxtitlán.

El documento destaca que hay nueve países con injerencia en el subsuelo poblano, donde la compañía canadiense tiene el 7.7 por ciento de las concesiones en nuestro país, lo que significa 263 mil 957 hectáreas, contrastado con el 5.7 por ciento de empresas mexicanas que tienen concesiones mineras, es decir, 194 mil 568 hectáreas y, Estados Unidos, apenas logró el 1.5 por ciento, lo que significa 51 mil 550 hectáreas.

En el estado de Puebla hay 189 títulos mineros, principalmente en la tierra, que tienen dominio sobre 372 mil 408.5 hectáreas. En la Sierra norte de Puebla se concentran el 38.13 por ciento de las hectáreas concesionadas en todo del Estado, donde Almaden Minerals ostenta el 53 por ciento, con 19 títulos. Seguido por empresas particulares que ostentan el 24 por ciento y la estadounidense Freeport-McMoran INC ostenta el 11 por ciento. Autlan Holding el 5 por ciento Industria Peñoles solamente el tres.

Estos proyectos operan en Tetela de Ocampo, Zapotitlán, Zautla, Xochiapulco, Ixtacamaxtitlán, Aquixtla, Libres, Chignahuapan, Tlaola, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Zacatlán, Cuyoaco, Ahuatlán, Huehuetlán el Grande, Tepeyahualco, Hueyapan, Tlacuilotepec, Chiconcuautla, Huauchinango, Huitzilan, Zongozotla, Cuautempan, Hahuazotepec, Tepango de Rodríguez, Zaragoza, Naupan, Chila, Honey y Pahuatlán.

Los 19 títulos de la canadiense Almaden Minerals se distribuyen así: 5 en Zautla, 4 en Ixtacamaxtitlán, 3 en Xicotepec, 5 en Libres, 2 en Ahuazotepec. Concesiones compartidas con Tepeyahualco, Chignaupan, Tetela, Aquixtlay Xochiapulco. Los cuatro títulos de Freeport-McMoran INC: 2 en Ixtacamaxtitlán, 1 en Chignauapan, 1 en Cuyoaco. Los cinco títulos de Industria Peñoles: 2 en Zautla, 3 en Tlatlauquitepec. La también minera mexicana Autlan ostenta 22 títulos, distribuidos así: Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Hueyapan, Zaragoza.

Fuente:https://www.elsoldepuebla.com.mx/estado/mineria-compite-por-tierra-y-agua-con-poblaciones-de-puebla

Internacional

La Junta paraliza la mina de uranio

( ESPAÑA).-La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo dio este martes un nuevo varapalo al proyecto promovido por la empresa Berkeley para abrir una mina de uranio en Retortillo. Ha paralizado el proyecto durante dos meses, a la espera de que se cumplan algunos trámites.

Este organismo, dependiente de la Junta de Castilla y León, analizó el expediente de la solicitud de autorización de uso excepcional en suelo rústico para la mina de uranio en Retortillo, y ha advertido que faltan el informe del Ayuntamiento de Retortillo sobre la consideración de interés público del proyecto y sobre las alegaciones presentadas al proyecto.

Por eso acuerda suspender el procedimiento de autorización durante dos meses, así como solicitar al Ayuntamiento de Retortillo que, en un plazo de dos meses, se pronuncie sobre la declaración de interés público del proyecto y sobre las alegaciones presentadas (unas 1.500).

Además, la comisión solicita a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo un informe sobre cómo debe actuar la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en caso de que el Ayuntamiento de Retortillo no se pronuncie sobre el interés público del proyecto.

Este contratiempo, sumado a las investigaciones de la fiscalía sobre la balsa construida para la mina y la tala de encinas, ponen en el alero el proyecto, que ya empieza a ser discutido por las instituciones que gobierna el PP.

Este mismo martes hubo una concentración de activistas de Stop Uranio y Salamanca Antinuclear ante la sede de la delegación territorial de la Junta en Salamanca, donde se iba a reunir la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.

Asimismo, la agrupación agraria Alianza UPA-COAG exige a la Administración que pare “de forma inmediata” el arranque de encinas que se está llevando a cabo en estos momentos, “puesto que sería un daño irreparable si al final no se produce la explotación minera”.

Fuente:http://www.lacronicadesalamanca.com/162196-la-junta-paraliza-la-mina-de-uranio/

Argentina

Denuncian extracción de Litio en la zona de Laguna Brava

Marisa Romero es militante de la asamblea antiminera de Capital. Fue consultada por Radio VIVA por una denuncia de la asamblea ciudadana que indica que hay dos empresas trabajando en zonas aledañas de la Laguna Brava para la extracción de Litio.

En ese aspecto dijo que «hay un cuadro publicado de empresas instaladas en 2016 y la fuente es la Secretaría de Minería de Nación donde dicen que hay dos empresas en La Rioja».

«Fuimos a las páginas web de las empresas y vemos cómo están anunciados los proyectos con fotografías y mapas de extracción de litio en distintas lagunas», afirmó.

EL litio dijo se extrae mediante agua salada que se trabaja con químicos para lograr la separación del mineral.

La información de la asamblea
Tras la Resolución 286 del 19 de diciembre de 2016 de la Secretaría de Ambiente de La Rioja, nueva información conocida en los últimos dias da cuenta del avance en los planes explotar megamineria en la Reserva Laguna Brava.

La Secretaria de Mineria de la Nación viajó junto a los gobernadores de Catamarca y de San Juan y el Vicegobernador Bosetti de La Rioja va a la convención PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada) donde presentó un folleto elaborado por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). http://www.miningpress.com/documento/2255

En dicho folleto se publica un mapa con distintos yacimientos susceptibles de explotación megaminera, incliyendo el cerro Famatina y tambien se presenta un cuadro con las “Empresas instaladas en 2016”, donde figuran dos instaladas en nuestra provincia para la extracción de Litio.

Fuente:http://www.viva961.com.ar/107213-denuncian-extraccion-de-litio-en-laguna-brava

Brasil

Una empresa canadiense a punto de construir la mina de oro más grande de Brasil, en el corazón del Amazonas

Una compañía canadiense planea construir la que será la mayor mina de oro a cielo abierto en Brasil, justo en el corazón de la selva tropical del Amazonas en las orillas del río Xingu. Sin embargo, activistas, varias ONG y grupos de defensa están librando una batalla por la tierra.

Belo Sun Mining Corp., con sede en Toronto, Canadá, está detrás del proyecto Volta Grande Gold, que planea extraer 600 toneladas de oro a lo largo de 12 años. La mina generará una cantidad de desechos tóxicos que aproximadamente duplica del volumen del Pan de Azúcar de Río de Janeiro. Una comunidad de 300 familias que viven de la tierra en las localidades de Vila Surf, Gallo y Ouro Verde tendrán que ser reubicadas si este proyecto avanza.

A principios de febrero, el Secretario del Estado de Pará otorgó una licencia de construcción a la empresa, que inició investigaciones en el territorio en 2008, pero dos semanas después la licencia fue anulada por 180 días por una demanda que presentó el defensor público del estado de Pará.

En el fallo, el juez Álvaro José da Silva Souza afirma que enviará el caso al Ministerio Público Federal (MPF) para investigar si hubo ocupación ilegal por parte de la empresa durante la compra de tierras públicas federales.

Las tierras en cuestión, Vila da Ressaca, Galo y Ouro Verde, constituyen el área llamada Ituna, que el gobierno federal otorgó en la década de 1980 a los campesinos durante de la reforma agraria.

El fallo también afirma que en los tres años siguientes a la emisión de la licencia preliminar del año 2014 y hasta la reciente licencia de construcción, la compañía no ha hecho nada para reubicar a los afectados de una forma digna. “Hallo completamente irracional e injustificable que hasta ahora las familias sigan dejadas a su suerte”, expresó. El juez ha dado un plazo de 180 días a la empresa para presentar un plan de reubicación de las familias afectadas y garantizar el libre acceso de las familias a la tierra durante este período.

La zona prevista para la mina ha sido severamente afectada por otro proyecto de desarrollo, la central hidroeléctrica de Belo Monte, que está en fase de prueba desde finales de 2015. La presa ha reducido en un 80% el flujo de agua en unos 100 kilometros de tramo del Río Xingu y ha causado la muerte de peces, deterioro de la calidad del agua y cambios drásticos en la forma de vida de las poblaciones indígenas y ribereñas desde el inicio de su construcción en 2011.

El proyecto minero de Belo Sun es visto como una bomba de tiempo ambiental, debido a la tragedia ocurrida cerca de Mariana en el estado de Minas Gerais. En noviembre de 2015, una presa explotó en una mina que pertenece a Samarco, empresa minera conjunta de las compañías BHP y Vale, que derramó miles de millones de litros de residuos en el río Doce, y mató a 19 personas y dejó a 700 sin hogar.

Una nota técnica emitida por Belo Sun en 2012, que abordaba las preocupaciones planteadas en una audiencia pública sobre el proyecto, fue firmada por el mismo ingeniero que había certificado la seguridad de la central hidroeléctrica Mariana cuatro meses antes de la explosión. En noviembre de 2016, él y otros 20 ejecutivos fueron acusados de homicidio por parte de los fiscales generales.

Consulta a las comunidades indígenas 

Las comunidades indígenas directamente afectadas no fueron consultadas sobre el proyecto, como lo dispone la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Brasil es refrendario.

Solo seis días después de la emisión de la licencia de construcción, a principios de febrero, la compañía minera publicó en su página web, en inglés solamente, un plan detallado de exploraciones que se extienden por 120 kilómetros a lo largo del río Xingu. Si este se efectúa, el proyecto tendrá un impacto directo en al menos cuatro tierras indígenas: Paquiçamba, de la comunidad Juruna, Ituna/Itata, donde viven indígenas aislados, Arara da Volta Grande, de la comunidad Arara y Trincheira Bacajá, de la comunidad Xicrin. La legislación brasileña manifiesta que la concesión de licencias en esta zona debería realizarse a nivel federal (y no solo el estado de Pará), puesto que afecta directamente a las tierras indígenas.

Hasta ahora no ha habido ninguna consulta con las personas que se verán afectadas si el proyecto sigue adelante. “Tal y como está allí en el mapa, parece que no hay indígenas en el lugar, para Belo Sun nadie vive allí”, denuncia Mukuka Xicrin, líder de la comunidad Xicrin.

La concesión de la licencia de construcción también pasó por encima de la moción que realizó la autoridad brasileña sobre asuntos indígenas (Fundación Nacional del Indio, FUNAI), que reclama una nueva revisión del impacto a la comunidad indígena, ya que considera que la presentada por Belo Sun es insuficiente.

El Defensoría Pública de União (DPU) y la Defensoría Pública también se unieron con una petición para detener la licencia, con una segunda demanda que ratificó la corte estatal. El Ministerio Público Federal (MPF), que ya había hecho otras dos demandas anteriores en contra del proyecto, presentó una moción a la Secretaría de Medio Ambiente de Pará con sugerencias contra la licencia.

Fuente:http://www.salyroca.es/articulo/lyfestyle/empresa-canadiense-punto-construir-mina-oro-mas-grande-brasil-corazon-amazonas/20170407161107003155.html

Perú

Viceministro envuelto en sus propios conflictos

El flamante viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández Concha, acaba de romper fuegos con una entrevista de antología en el diario El Comercio (7/04/2017). Lo cierto es que en la entrevista presenta componentes claves de su plan de trabajo y del “nuevo” enfoque que pretende desarrollar, sobre todo en materia de conflictividad social.

Si bien el viceministerio tiene tres instancias o secretarías -Descentralización; Demarcación Territorial y Gestión Social y Diálogo-, queda claro que es esta última la que tendrá un mayor peso. Aparte de los temas de estructura y organización del viceministerio y sus secretarías, las declaraciones del viceministro permiten tener una idea del enfoque que le dará al abordaje de los conflictos y en este punto hay varios temas que generan preocupación.

¿Zanjando con el sistema anterior?

Fernández Concha ha buscado marcar diferencias con la etapa previa. Ha señalado que “los sistemas creados por cada ministerio para afrontar la conflictividad no coordinaban entre sí. Cada uno establecía su propia estrategia en función a los intereses de su propio sector; además, se crearon mecanismos alternos”.

Por supuesto que en este punto tiene razón, y se podría agregar que la Oficina de Diálogo de Sostenibilidad no tenía la capacidad ni el peso suficiente para alinear a todos los ministerios detrás de una sola estrategia. Habrá que ver si el flamante viceministerio logrará el ansiado alineamiento.

Pero el viceministro también pretende deslindar con el enfoque de la Defensoría del Pueblo y los informes sobre conflictos sociales que al parecer siguen incomodando a más de uno. En un acto casi de magia ha señalado -sin explicar cómo- que en el país hay sólo 5 conflictos sociales, “y no los 217 conflictos que señala la Defensoría del Pueblo”. Para él, el conflicto sólo se da “cuando hay una crisis, una toma de carretera, un secuestro y se rompe el orden jurídico”. Agrega que “manejar diálogo y conflictividad al mismo tiempo es muy difícil en una negociación y que hacerlo “es simplemente capitular”.

Este enfoque es un serio retroceso, y lo real es que se confunden categorías como crisis o estallidos sociales con las de conflicto. Además no toma en cuenta los avances en la reflexión y las propuestas de políticas públicas que se vienen desarrollando a nivel global para precisamente buscar transformar los conflictos y salir de situaciones de entrampamiento. No se puede perder de vista que más allá de la existencia de eventos de protesta, existe una conflictividad de fondo, que es la que se debe entender y por supuesto atender, y así encarar la raíz de los problemas que se manifiestan antes, durante y después de las protestas. Por lo tanto, de lo que se trata es de promover acciones que permitan superar esa conflictividad de fondo, o en todo caso procesarla a través de mecanismos más institucionalizados y democráticos.

Los peligros que acechan

Errar en el enfoque conlleva el peligro de priorizar salidas verticales y autoritarias, que es lo que en la práctica anuncia Fernández Concha cuando propone retomar el principio de autoridad y anuncia los estados de emergencia como uno de los mecanismos privilegiados por la nueva estrategia -que de hecho ya se viene aplicando en varias regiones del país-. No está de más recordar que autoridad sin legitimidad no funciona.

De lo que se trata es precisamente de construir legitimidad, transformando las relaciones existentes y las reglas de juego profundamente asimétricas que las sostienen y que están a la base de los conflictos. Se deben identificar los eventos y factores detonantes de los estallidos y protestas para diseñar las propuestas para cambiar las reglas de juego y construir los equilibrios que vienen haciendo falta desde hace tiempo.

Sobre este tema, Anthony Bebbington plantea una interrogante que es totalmente pertinente: “¿Entrarán estos conflictos en una espiral viciosa o, por el contrario, será posible que ellos puedan forzar cambios institucionales y políticos que incrementen la posibilidad de que las actividades extractivas puedan contribuir a formas más efectivas y equitativas de desarrollo?”.

De lo que se trata precisamente es de impulsar esos cambios institucionales y las políticas que están haciendo falta y no retroceder. El señor Fernández Concha debería darse cuenta que ya no está trabajando para una empresa minera y que no puede pretender encarar los conflictos sociales como precisamente siempre ha querido la Sociedad Nacional de Minería.

La opción que ha tomado el gobierno es preocupante. Nada más ilustrativo del camino que se pretende seguir que entregar un viceministerio de estas características a un empresario minero.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/708-viceministro-envuelto-en-sus-propios-conflictos

Bolivia

Experto advierte que Bolivia no entrará en nueva matriz energética con litio

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia tiene reservas de nueve millones de toneladas métricas de litio de contenido metálico en el Salar de Uyuni, pero el Gobierno habla de 100 millones, algo que Zuleta calificó de «datos sensacionalistas».

El litio es «un factor clave» en la nueva matriz energética global pero «Bolivia no formará parte» de la misma a pesar de tener, junto a Argentina, las mayores reservas mundiales del mineral, advirtió el consultor internacional en este sector Juan Carlos Zuleta.

«En este momento estamos viendo el anticipo del acomodo de las diferentes fuerzas del mercado en la nueva matriz energética global, donde el litio es obviamente un factor clave», dijo Zuleta en una entrevista con Efe, pero «Bolivia no formará parte de esta nueva matriz porque no ha podido hacer las cosas a su tiempo».

El Gobierno de Evo Morales señaló la industrialización del litio como un objetivo económico prioritario en 2008, pero hasta el momento ha exportado muy pocas toneladas de carbonato de litio a China, mientras que Argentina produjo alrededor de 29.000 toneladas el año pasado, explicó Zuleta, de nacionalidad boliviana.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia tiene reservas de nueve millones de toneladas métricas de litio de contenido metálico en el Salar de Uyuni, pero el Gobierno habla de 100 millones, algo que Zuleta calificó de «datos sensacionalistas».

El parlamento boliviano aprobó el 31 de marzo la creación de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), una nueva empresa estatal para impulsar la explotación del mineral, que sirve entre otras cosas para fabricar baterías eléctricas, incluidas las de los automóviles.

Según el experto, se trata de «una medida distractiva más para seguir desatendiendo los problemas de fondo», relacionados con supuesta «incapacidad» de las autoridades responsables para avanzar hacia la etapa industrial de la producción de carbonato de litio.

En agosto de 2015 Bolivia contrató a la empresa alemana K-UTEC AG Salt Technologies para elaborar el diseño de una planta industrial para producir ese producto, pero tras meses de retraso, según Zuleta, no hay «ninguna referencia clara y consistente del estado de la situación en cuanto a la elaboración de ese diseño».

El Gobierno ha anunciado esta semana que hay 26 empresas internacionales, sobre todo de Asia y Europa, interesadas en construir la planta de desarrollo industrial del producto.

No obstante, el consultor sostiene que Bolivia llega tarde al mercado y, en el caso de que se cumplan las previsiones gubernamentales más optimistas de avanzar hacia una producción anual de 30.000 toneladas métricas de carbonato de litio, la cuota de Bolivia en ese escenario solo alcanzaría a un 10 %.

«Queda muy atrás la idea distorsionada del vicepresidente que habla de que Bolivia va a dominar el mercado y va a fijar los precios del litio», comentó en referencia a la proyección que ha expresado la segunda autoridad del Estado, Álvaro García Linera.

De acuerdo con Zuleta, Bolivia tampoco ha avanzado en la certificación de la totalidad de las reservas del Salar de Uyuni y «ha dejado de ser el único líder en cuanto se refiere a recursos identificados del mundo».

«A partir de febrero de este año ese liderazgo ha empezado a compartirlo con Argentina» que, explicó Zuleta, ha realizado mayores esfuerzos en prospección y certificación.

Las previsiones del Gobierno anunciadas en 2015 consistían en sumar inversiones que en 2018 lleguen a 617 millones de dólares para desarrollar el sector.

Al respecto, Zuleta prefiere hablar de «gasto», porque considera que las decisiones estratégicas de inversión han sido erróneas.

Bolivia ha centrado sus esfuerzos en construir piscinas de evaporación solar, que ocupan hectáreas de extensión y requieren «mucho movimiento de tierras» y «mucho combustible».

Además, este método de evaporación es el recomendado para lugares donde prácticamente no llueve, como el salar de Atacama (Chile), donde la tasa de evaporación es más del doble que en Uyuni, explicó.

En el caso boliviano, se podrían haber aplicado métodos de separación química o de evaporación térmica aprovechando las reservas de gas natural del país, argumentó.

Uno de los problemas del litio boliviano es su baja concentración en salmuera si se compara con lo que sucede en Chile y Argentina.

Sin embargo, esa concentración relativamente baja lleva aparejada, en contraste, una presencia alta de magnesio.

«Se conoce que el magnesio hoy en día tiene propiedades industriales que no se han podido aprovechar por falta de conocimiento e investigación», dijo, y sostuvo que empresas chinas y coreanas están interesadas en los salares bolivianos por esa razón.

«El valor del magnesio en el salar de Uyuni podría ser incluso superior al del litio», sostuvo el experto y aseguró que «las aleaciones de magnesio podrían hacer una verdadera revolución, sobre todo en el campo automotriz».

Por ello, recomendó «cambiar el chip», algo que «consistiría en que Bolivia se ocupe de entrada en el desarrollo del magnesio como recurso principal y del litio, como secundario», algo que implicará un trabajo adicional porque se requeriría de mucha energía. (07/04/2017)

Fuente:http://www.la-razon.com/economia/Experto-advierte-Bolivia-entrara-energetica_0_2687131349.html

Honduras

Luchando contra muñecas de tusa y la minería

En Copan Ruinas todos vienen a visitar el sitio arqueológico Maya. Pero los mayas en esta área, ¿son realmente algo del pasado? Ser Maya-Chortí parece ser un asunto ciertamente complicado en esta zona. Mientras muchos Chortí son marginados y sienten vergüenza por su descendencia, su nombre y identidad fueron cooptados y su cultura llegó a ser una exhibición. Pero otros Chortí tomaron acción. Su lucha es para recuperar su cultura y su tierra. En una batalla contra un proyecto minero, la reivindicación de su identidad Chortí de pronto se volvió un arma. Quizás este nuevo orgullo en la identidad Chortí fortalezca su lucha por la tierra.

¿Una Civilización Maya muerta y extinta?

¿Alguna vez escuchaste de la ciudad de Copán Ruinas? Si viajaste a Honduras probablemente sí. Incluso quizá viniste sólo para ver las famosas ruinas mayas que se encuentran cerca de la ciudad. Las estadísticas la señalan como la atracción turística más visitada del país. Las ruinas son, en efecto, impresionantes. Famosas por sus esculturas y jeroglíficos, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lonely Planet la describe como “una de las más importantes de todas las civilizaciones mayas vivió, prosperó y luego misteriosamente sucumbió alrededor del sitio arqueológico de Copán.” Cuando uno deambula por el pueblo y los museos locales, cuando se busca un hotel o restaurante, en efecto uno agarra la sensación de que todos celebran esta gran civilización maya como algo del pasado, algo muerto y extinto.

 

Una comunidad Maya Chorti en Guatemala

¿Alguna vez escuchaste de los Chortí? Si no eres de Centroamérica resulta probable que no. Los Chortí son mayas, uno de los siete pueblos indígenas en Honduras. En el país se cuentan alrededor de 38,000 Chortí viviendo en los departamentos noroccidentales de Copán y Ocotepeque. La mayoría de los Chortí residen en el sudeste de Guatemala, pero también se pueden encontrar algunos al norte de El Salvador. Hace siglos, sus ancestros reinaban estas tierras cerca del pueblo de Copán y construyeron magníficas civilizaciones que los turistas vienen a admirar. Ahora se encuentran entre los habitantes más marginados de la región. Muchos turistas, como un mochilero en mi hotel, responden con sorpresa al escuchar que una población indígena aún habita en el área. El amable anfitrión del hotel, de manera similar a muchos locales que viven en el pueblo, minimiza su existencia, sus números y su “indigenidad”.

Los invasores españoles realizaron por sí solos un gran esfuerzo para borrar a los mayas y su rica cultura. Los Chortí sufrieron una persecución particularmente cruel y brutal: fueron expropiados de sus tierras, esclavizados y obligados a aceptar un nuevo lenguaje, religión, vestimenta y distribución de las viviendas. La política de asimilación y marginalización continuó con la formación del Estado de Honduras. Consecuentemente, los Chortí perdieron mucho de su conocimiento, tradiciones y espiritualidad ancestral. En Honduras solamente unos cuantos todavía hablan su lengua nativa. La mayoría vive en aldeas mezcladas con población altamente mestiza. A excepción de unas pocas mujeres, uno no podría diferenciar a los Chortí por su vestimenta en comparación con otros hondureños locales.

 

Ser Maya bajo la Sombra de una Atracción Turística Maya

¿Son por lo tanto menos indígenas? Los mayas en esta área, ¿son realmente algo del pasado? Ser Maya-Chortí ciertamente parece ser un asunto complicado en esta zona. Mucha gente local minimiza la existencia de estos mayas, al mismo tiempo que se apropian de su nombre. Mientras tanto, algunas aldeas Chortí exhiben su cultura para los turistas y otros se rehúsan a identificarse con su ascendencia.

 

Mujeres en las calles de Copán Ruinas

“En el pueblo, algunos dicen que los mayas aquí ya no existen. Pero si se visitan las aldeas alrededor, uno ve una realidad diferente. Muchos Chortí aún viven allí. Ser Chortí no depende del color de tu piel o de la manera en que te vistes. Es algo que se siente adentro, en tu corazón. Es sobre compartir nuestra cosmovisión, nuestras prácticas y nuestras creencias.” Juan Manuel Peres es un líder comunitario Chortí de hace mucho tiempo. Visité al Sr. Peres en su hogar sin previo aviso pero luego de cambiarse a una camisa limpia me hace tiempo con alegría. Su esposa se mantiene ocupada realizando las tareas del hogar y sus hijos alternan entre jugar y escuchar con curiosidad lo que su padre tiene que decir.

Juan Peres denuncia la marginalización de los Chortís, al mismo tiempo que muchos se apropian de su nombre para fines comerciales. “Otros se llenan los bolsillos con nuestro pueblo y cultura. No vemos un centavo de las ganancias de nuestro centro ceremonial, las famosas ruinas de Copán. Los hoteles, los restaurantes, y la municipalidad llaman ‘Maya’ a esto y ‘Chortí’ a aquello. Incluso la Policía Militar y las compañías mineras se apropian de nuestro nombre. Mientras tanto, mucha de nuestra gente no tiene nada. Nada que comer, ningún lugar donde hacer su casa, nada de tierra para sembrar maíz. Nuestra gente está sufriendo de hambre.”

Antonio Arias no podría estar más de acuerdo. Antonio es el coordinador de una de las dos organizaciones políticas Chortí, CONADIMCHH. Él apartó tiempo para mí en su domingo libre, así que corrí directamente del bus a la oficina de la organización, un cuarto sencillo con dos computadoras viejas y un ventilador. “Nuestra cultura se volvió un negocio, nos convertimos en una exhibición. Una de las atracciones turísticas, por ejemplo, es una visita a la comunidad Chortí de La Pintada, donde niños descalzos con sus muñecas de tusa de maíz cantan el himno nacional en nuestro idioma nativo. Al mismo tiempo no hay un reconocimiento real de nuestra cultura, no hay representación indígena en el consejo local o en los programas de apoyo del gobierno. Casi ningún maya trabaja en el negocio local que lleva nuestro nombre.” La falta de reconocimiento a veces llega al extremo. “De vez en cuando escuchamos sobre estudios, incluso de instituciones gubernamentales, que buscan determinar si en realidad somos indígenas.”

 

Antonio, el coordinador de CONADIMCHH

La negación de la realidad específica Chortí irónicamente también se refleja en las curiosas observaciones de las personas con las que conversé, como un funcionario de la Alcaldía, que se considera “descendiente de maya” y por lo tanto puede reclamar una identidad indígena. Muchos Chortís, por otro lado, parecen estar avergonzados de su identidad indígena y se consideran mestizos. “No quieren aceptar que son indígenas”, me dice Antonio. “Comemos lo mismo, compartimos la misma cosmovisión, uno puede ver su cultura dentro de ellos. Pero ellos se identifican como mestizos, como el resto de la sociedad. A nosotros nos insultan.”

 

“Un indio sin tierra es un indio muerto”

Aunque la cultura es un elemento cambiante y algo de su cultura ancestral permanece, la marginalización y la asimilación que sufrieron durante siglos dejaron cicatrices evidentes en la identidad Chortí. Los Chortís con quienes hablé, lamentan haber perdido mucho de su cultura. Otro aspecto que han perdido los Chortí es la tenencia de su tierra ancestral… tierra y cultura… recuperar éstas es el corazón de la lucha de los Chortí, como la de muchos otros pueblos indígenas. Una lucha no puede existir sin la otra. “Un indio sin tierra es un indio muerto”, me dijeron tanto Juan Peres como Antonio Arias. Antonio agrega, “La tierra es lo que garantiza nuestra identidad, nuestra supervivencia”.

Desde que los colonizadores españoles invadieron sus tierras, los Chortí han llevado a cabo actos esporádicos de resistencia. En 1995 esa resistencia revivió. Tanto Pedro como Antonio han dedicado la mayoría de su vida adulta a ello y me cuentan sobre la lucha Chortí para recuperar su tierra, su cultura y su identidad. En esa lucha sus oponentes han criminalizado, encarcelado y asesinado a sus compañeros que se atrevieron a organizarse. Eventualmente el estado de Honduras le prometió 14.700 hectáreas a los Chortí en 1997. Hasta hoy han recibido 4500 hectáreas de tierra poco fértil donde es muy difícil cultivar.

 

Pedro, con una larga experiencia de lucha para la comunidad Ch’ort’i

La mayoría de los habitantes de Copan Ruinas, urbanos y rurales, ricos y pobres, niegan categóricamente el reclamo maya a sus territorios ancestrales a pesar de que son poderosos terratenientes que poseen muchas de estas tierras. Sin embargo, el respeto local para los Chortí y su lucha por recuperar la tierra y la cultura pueden dar un giro radical. Irónicamente, esta apreciación viene debido a la llegada de lo que Antonio declara como otro proyecto colonial, una compañía minera llamada Minerales Chortí, S.A. En septiembre 2015, a esta compañía minera le fue otorgada la licencia para explorar 2,819 hectáreas de la región en búsqueda de minerales, oro se rumora. Específicamente, en esta parte del mundo las actividades mineras resultaron menos que beneficiosas para la población y su ambiente. CONADIMCHH, la organización de Antonio, está en primera linea de la resistencia en contra de la presencia de una compañía minera en su territorio. CONADIMCHH ha unido fuerzas con la “Coalición Ambientalista de Copán Ruinas”, una organización establecida por ciudadanos preocupados y las Juntas Locales de Agua. El reconocimiento de la identidad Chortí se volvió una herramienta crucial en esta resistencia, el resurgimiento y el orgullo de esta identidad Chortí llegaron ser un resultado de la lucha.

 

Escavando oro, escavando identidad

Rode Murcia es coordinadora de la Coalición Ambientalista. Ella me recibe en su oficina, un cuarto pequeño detrás de la energética sala de la familia. “Antes, muchas comunidades no sentían la necesidad de organizarse. Muchas personas aquí perdieron sus tradiciones. El prospecto de una mina en nuestro territorio llevó a muchos a cuestionar su realidad, las relaciones de poder que les rodean y nuestra historia, e hizo que muchos valoraran sus raíces. Una de las metas de nuestra lucha es reconocer su identidad cultural, percibir la importancia y el valor de decir “Soy maya, son indígena.”

El esfuerzo de alzar la consciencia obviamente ha dado algunos resultados. Visité la comunidad mestiza de El Quebracho, una de las aldeas organizadas en las juntas de agua que serían afectadas por el proyecto minero. A medida que cae la tarde, comparto sentada con seis hombres en el patio comunal, uno de ellos siendo el que lleva la conversación. “No nos consideramos una comunidad Chortí pero ahora que estamos comenzando a organizarnos en contra de este proyecto minero nos vemos como descendientes de los mayas. Nos damos cuenta que somos todos uno y que nos tenemos que unir. Antes repudiábamos a lo maya, ahora estamos orgullosos de nuestros orígenes.”

Hablando con los hombres en El Quebracho

Reconocer la identidad indígena es también una elección estratégica de resistencia. Los activistas de Derechos Humanos y ambientalistas argumentan que la ley de minera nacional de Honduras sirve principalmente a las compañías mineras. Sin embargo, un Tratado de la Organización Internacional del Trabajo, número 169 para ser exactos, está al servicio de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Incluye una declaración estableciendo la consulta abierta, previa e informada como requisito sobre proyectos de desarrollo en sus territorios, “con el objetivo de llegar a un acuerdo o consentir las medidas propuestas.” Honduras ratificó este tratado en 1995.

“Como pueblos indígenas, como Maya-Chortí, hacemos un llamado a nuestro derecho de ser consultados”, afirma Antonio. Es Rode quien me brinda un vistazo a la relevancia de la identidad como herramienta de esta lucha. “No le conviene al gobierno reconocernos como pueblos indígenas porque saben que de acuerdo al Tratado 169, esto nos concede derechos.” Los nativos que se identifican como indígenas, algo por lo que varios Chortí han luchado por mucho tiempo, se ha convertido en un arma de resistencia.

Las concesiones para la exploración están ahí. En el futuro, el gobierno de Honduras podría otorgarle a la minera las concesiones para la explotación. De manera alternativa, los locales y su resistencia podrían lograr que la totalidad del proyecto minero resulte en nada más que en una falsa alarma. Lo que ya no puede retroceder es el aumento de la consciencia cultural, el orgullo en la ascendencia maya y su identidad. Es el primer paso en el resurgimiento de las tradiciones, la reapropiación de la cultura y cosmovisión ancestral, el revivir de la identidad propia. Quién sabe, ahora los lugareños están unidos contra el proyecto minero, tal vez en el futuro estarán unidos en la lucha por la tierra y cultura Chortí.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/04/luchando-contra-munecas-de-tusa-y-la-mineria/