Día clave. Apurimeños hoy definirán si aceptan invitación al diálogo de la PCM para este 20 de julio. Acusan a la minera Las Bambas de incumplir compromisos con las comunidades. [email protected]
12/07/2022
Ayer se cumplió el plazo que dieron los pobladores del distrito de Challhuahuacho, ubicado en la región Apurímac, al Ejecutivo Nacional y la empresa minera Las Bambas para el restablecimiento de la mesa de diálogo. Son 38 comunidades que reclaman el supuesto olvido de sus demandas y advierten el reinicio de medidas de protesta.
El presidente del Frente de Defensa de Challhuahuacho, Lucio Huamán, indicó que hoy se reunirán para definir sus siguientes pasos. “Nosotros hemos dado un ultimátum hasta el 11 de julio. Mañana (hoy) veremos que decide el pueblo”, dijo a La República. Aseguró que la productora de cobre incumplió con una serie de compromisos como la contratación de mano de obra local de manera prioritaria, la implementación de pararrayos y la ejecución de proyectos como fitotoldos (área para cultivar).
El dirigente agregó que son más de 71 anexos los que se unirán a la lucha. En su pronunciamiento, criticaron los acuerdos con las comunidades de Fuerabamba, Choaquere, Chila, Pumamarca, Chuicuni y Huancuire, de hace unas semanas. “Lejos de dar una solución global a los problemas de pobreza (…) fue inaceptable el comportamiento tanto del gobierno como la empresa minera de atender solo a seis comunidades, discriminando a las demás. Eso a avivado la furia de nuestros pueblos”, indican en el documento.
Desde Lima, el alcalde de Challhuahuacho, Porfirio Gutiérrez, comunicó que la Presidencia del Consejo de Ministros invitó a los comuneros a reunirse el 20 de julio. “Ya las comunidades decidirán. Se gestionó la respuesta de la PCM”.
Días antes, Gutiérrez cuestionó la ausencia del gobierno para retomar el diálogo. Acusó a la vicepresidenta de la República de incumplir sus promesas. Estuvo acá (en Challahuahuacho) y, lamentablemente, no ha cumplido con las comunidades”, apuntó.
De reiniciarse las protestas, el corredor minero quedaría nuevamente interrumpido y las operaciones de Las Bambas otra vez en peligro. Apenas ha pasado un mes desde que la minera retomó sus operaciones tras dos meses de suspensión debido a los conflictos sociales.
https://larepublica.pe/sociedad/2022/07/12/las-bambas-apurimac-comunidades-de-challhuahuacho-amenazan-con-reiniciar-protestas-lrsd/
11/07/2022
Es por 403 operaciones ocurridas entre 2018 y 2019. La minera declaraba el valor de su mercadería para la salida del país en un tercio de lo que tributaban sus competidores y la enviaba a una firma vinculada, radicada en Estados Unidos. Le imponen sanción de $6.700 millones más u$s8 millones por diferencia de tributos. Caso testigo que provocó un cimbronazo en el sector, ante mayores controles. Conclusión de áreas técnicas es que fijó precio en u$s5.100 la tonelada cuando valía u$s16.000.
Gabriel Morini
Ante la escasez de dólares genuinos, la minería se transformó en una oportunidad para el ingreso de divisas, con especial foco en la exportación de litio donde la Argentina es cuarto productor a nivel mundial. Pero en las últimas horas una noticia sacudió al sector por una denuncia de la Dirección General de Aduanas (DGA) respecto de una gigantesca subfacturación realizada a través de 403 operaciones de exportación de ese mineral, cuyos valores declarados para salir del país fueron hasta un tercio de lo que –comparativamente en ese mercado- declararon otras firmas por productos similares.
Por esta situación el fisco notificó el viernes último a una empresa multinacional con base en Catamarca la existencia de un reclamo por 8 millones de dólares por diferencias de impuestos aduaneros y una multa de $6.700 millones tras el análisis de exportaciones entre 2018 y 2019 de carbonato de litio. En total, un reclamo del fisco por $7.700 millones que deberán ingresar a las arcas públicas. Esto podría trabar, incluso, una parte de los beneficios de devolución de impuestos del régimen especial con el que el país compensa a las empresas que hacen inversiones en el sector.
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El hallazgo respecto a la millonaria maniobra de subfacturación cobró impulso la última semana sobre un análisis que comenzó a ser realizado desde 2021, respecto a una de las firmas que había perfeccionado operaciones de exportación a otra empresa “vinculada” en el exterior pero a valores sustancialmente inferiores a los de mercado y al de sus competidores, incluido un análisis de los valores FOB declarados en la Aduana de Chile. Las conclusiones de una maniobra de subfacturación (pagar menos derechos de exportación a partir de valuar la mercancía por mucho menos de su valor real) fueron determinadas por el Departamento de Valoración y Comprobación Documental de la DGA tras lo que se denomina un Estudio de Valor que cruzó la documentación e información recibidas de la División Minería y Combustible, datos de sistemas informáticos y publicaciones especializadas con precios de referencia para el Carbonato de Litio, que es un comodity pero cuyos precios y valores no resultan tan transparentes ni claros como en el caso de los cereales u oleaginosas.
403 operaciones
El Carbonato de Litio y el cloruro de litio salieron del país entre 2018 y 2019 a través de 403 operaciones con distintas destinaciones pero siempre facturadas a una empresa del mismo grupo económico con sede en los Estados Unidos. Una triangulación que no siempre es ilegal a excepción de que se declare por un valor inferior al real. La mercancía salía mayormente por Salta (236 operaciones), por el puerto de Buenos Aires (28) y también a través del aeropuerto de Ezeiza (139), por vía aérea. La mayor utilización del litio argentino es para la producción de baterías y tiene como destino final, además de Estados Unidos, países como China, Japón y Corea del Sur.
Ante la Aduana, se declaró que la mercancía tenía un valor de u$s 5,10 el kilogramo, es decir unos u$s 5.100 por tonelada. Sin embargo, los valores reales oscilaban en el rango de los u$s 15.000 a u$s 16.000 dólares por tonelada. Eso, incluso, fue declarado por la propia compañía en el exterior al afirmar, en 2018, que con esos valores últimos para sus transacciones, la firma había sido rentable para sus accionistas. Entonces, los precios declarados por la empresa exportadora con sede en la provincia de Catamarca resultaron en un promedio entre el 102% y 121% más bajos que los otra firma de similares características con asiento en la provincia de Jujuy. Para esto, también se lo comparó con mercancía similar puesta en la Aduana de Chile y con datos provistos por la Secretaría de Minería de la Nación, que coincidían con los de la firma competidora.
Triangulación
La minera presentó su justificación basada en dos ejes: que “no realiza exportaciones de carbonato de litio de manera directa a usuarios finales”; y que “como consecuencia de ello resulta totalmente lógico que con su cliente del exterior pacten un precio que tenga correlación con la intervención, riesgos y tareas de cada una de las partes”. No resultó convincente. Ahora deberá discutir su posición ante el Tribunal Fiscal de la Nación y eventualmente ante la propia AFIP que deberá realizar una determinación de oficio por impuestos impagos.
“Se desprende que los precios de transacción declarados se encuentran influenciados por la vinculación entre las partes ya que no cumplen la condición de ser valores corrientes”, sostuvieron las áreas técnicas de la Aduana que conduce Guillermo Michel. Y es que ese tipo de operatorias permiten lo que se denomina planificación fiscal negativa: la condición de empresas vinculadas les permite alterar una Declaración Comprometida y colocar un monto FOB inferior al valor de mercado, con lo que una serie de facturaciones que repitan el mismo esquema permite trasladar a otra jurisdicción (Estados Unidos, en este caso) parte de las ganancias que generan en el país, y a la vez, achican la base imponible para tributar otros impuestos como Ganancias. Por eso también la lupa de Michel se encuentra sobre la Subdirección de Legales de la Aduana que es la repartición que debe tramitar el manejo de los expedientes infraccionarios y elevarlos por la sobrefacturación y la subfacturación de importaciones y exportaciones, un fenómeno que funciona en espejo y que ha suscitado múltiples denuncias en las últimas tres semanas sobre casos que habían quedado empantanados.
Multa millonaria
En este caso que sacudió al mundo empresarial el último fin de semana, se le imputa a la minera la infracción por declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas contenido en el Artículo 954 del Código Aduanero. En él se prescribe sanción “para quien efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida produjere un perjuicio fiscal o el ingreso o egreso de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere”. Para ambos casos, la multa es de 1 a 5 veces el importe del perjuicio y para el segundo caso, el mismo rango pero para el importe de la diferencia.
Así, la Aduana notificó u$s8.091.905 dólares por la diferencia de los derechos de exportación no pagados y le aplicó una multa consistente en $6.675.714.407, una cifra récord. Las diferencias de valor FOB para el total de las 403 operaciones entre 2018 y 2019 superaron los u$s168 millones. Sobre ese monto se eludió declarar el valor para tributar (unos u$s 8 millones) y allí radica la multimillonaria multa de $356 millones y más de $6300 millones por haber engañado al fisco.
https://www.ambito.com/politica/litio/millonaria-denuncia-subfacturacion-la-exportacion-n5483196
Se trata de una causa ingresada por la comunidad indígena Wara, una comunidad del pueblo Colla que se caracteriza, según ella misma indica, por la transhumancia minera.
10/07/2022
Una reclamación, interpuesta en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por la calificación ambiental favorable de la modificación del proyecto minero Delirio, fue admitida a trámite, por el Primer Tribunal Ambiental.
Se trata de una causa ingresada por la comunidad indígena Wara, una comunidad del pueblo Colla que se caracteriza, según ella misma indica, por la transhumancia minera.
Esta reclamación se fundamenta en que la modificación que se pretende efectuar al proyecto minero ya referido, fue evaluada por el SEA a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que el organismo evaluador no constató la existencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, tal como lo establece el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Para la comunidad indígena no haber constatado su presencia en el territorio, impidió materializar el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas conforme a los estándares del Convenio 169 de la OIT.
También, aseguran que el SEA no ha considerado una serie de antecedentes entregados por la comunidad durante el proceso de evaluación del proyecto, y aseguran que hay diversos impactos ambientales que no fueron evaluados ni reconocidos por la empresa.
Collas
Los reclamantes indican que son una comunidad indígena que practica la trashumancia minera a diferencia de otras comunidades Collas que están relacionadas con la ganadería, por lo que entre sus características está el recorrido que realizan por los cerros en busca de minerales, hierbas medicinales y actualmente en la búsqueda de cuarzo que se encuentra diseminado en el desierto.
https://www.mch.cl/2022/07/10/comunidad-indigena-reclama-por-calificacion-ambiental-favorable-de-modificacion-de-proyecto-minero-delirio/
Eva Cruz 11/07/2022
Un empleado trabaja en una fábrica de cables eléctricos en Baoying, provincia de Jiangsu. REUTERS/Aly Song
Los precios del metal utilizado ampliamente en las industrias de la energía y la construcción han caído más de un 40% desde que tocaron un récord de 10.845 dólares la tonelada en marzo.
Agencia Reuters.- Los precios del cobre bajaban el lunes debido a que las preocupaciones sobre la demanda en el principal consumidor de metales, China, y en otros países ocasionados por alzas de tasas de interés y la fortaleza de dólar desencadenaron una grave liquidación en el mercado.
El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 2,09%, a 7.641 dólares la tonelada, a las 1140 GMT.
Los precios del metal utilizado ampliamente en las industrias de la energía y la construcción han caído más de un 40% desde que tocaron un récord de 10.845 dólares la tonelada en marzo.
“Hubo un pequeño repunte la semana pasada, pero el mercado está en dificultades otra vez”, dijo Tom Price, analista de Liberum.
“China está tratando de entregar estímulos, pero al mismo tiempo tiene una política de cero COVID. La perspectiva de crecimiento no es muy buena”.
Múltiples ciudades chinas están adoptando restricciones de COVID-19 desde frenos comerciales hasta confinamientos para controlar nuevas infecciones: En tanto, el centro financiero de Shanghái se prepara para otra campaña de pruebas masivas.
Los sólidos datos mensuales de empleo de Estados Unidos han reforzado las expectativas de otra subida de tasas de interés de 75 puntos básicos cuando la Reserva Federal se reúna a finales de este mes.
Esto ha impulsado a la moneda estadounidense a cerca de máximos de 20 años frente a una canasta de otras monedas, lo que hace que los metales industriales valorados en dólares sean más caros para los consumidores y pesa sobre la demanda.
En otra parte del complejo de metales básicos, el aluminio bajaba un 0,3% a 2.428 dólares, zinc cedía 0,9% a $3,072, el plomo ganaba 0,8% a 1.932 dólares, el estaño subía un 0,5% a 25.500 dólares y el níquel caía un 1,1% a 21.350 dólares la tonelada.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/temor-por-demanda-mundial-golpea-de-nuevo-al-cobre/
Takeshi Chacon
Chile apoya a República Dominicana en identificar yacimientos de litio
El consumo de litio casi se ha cuadruplicado desde 2010, impulsado principalmente por un aumento en la demanda de vehículos eléctricos.
Expertos chilenos del Ministerio de Minería y del servicio de geología Sernageomin se reunieron esta semana con miembros del Senado de República Dominicana para delinear los términos de un acuerdo de cooperación destinado a ayudar a la nación caribeña a identificar posibles depósitos de litio.
“Ya hemos hecho campañas sobre litio en provincias como Barahona y Bahoruco, en zonas donde hay salares”, comentó el director de minería de República Dominicana, Rolando Muñoz.
“Esperamos seguir diseñando un programa de investigación efectivo”, añadió.
También se indicó que se planea una segunda reunión para discutir el proceso de muestreo, dijo el presidente de la comisión especial del Senado, Iván Silva.
Litio en América Latina
La mayoría de los depósitos conocidos de litio en América Latina se encuentran en el “triángulo de litio”, una región compartida con los vecinos Chile y Bolivia.
Esta área que contiene casi el 56% de los recursos mundiales del metal, según las cifras más recientes del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).
En tanto, Australia es el mayor productor mundial de litio.
Antofagasta Minerals pagó US$10,9 millones por conceptos de patentes mineras, patentes municipales e impuestos territoriales.
Lee también: Antofagasta Minerals generó impuestos récord de US$ 1.333 millones en 2021
Mercado de litio
El consumo de litio casi se ha cuadruplicado desde 2010, impulsado principalmente por un aumento en la demanda de vehículos eléctricos.
Asimismo, se espera que la industria domine la demanda de metales para baterías, representando casi las tres cuartas partes del consumo de litio para 2030, frente al 41% en 2020.
La demanda asociada a teléfonos celulares, computadoras y tabletas y otros bienes de consumo alcanzará las 411.000 toneladas en 2030.
Esto en comparación con las 79.000 toneladas esperadas para este año, de acuerdo con la agencia chilena del cobre Cochilco.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/internacionales/chile-republica-dominicana-yacimientos-litio/
08/07/2022
Este martes el Gobierno encabezado por Gabriel Boric Font dio inicio formal a la política dirigida a impulsar el Hidrógeno Verde en Chile, realizándose la primera sesión del Consejo Interministerial del Comité para el Desarrollo de la Industria del H2V, siendo presidido por el ministro de Energía, Claudio Huepe, y que contó con un despliegue de otros diez ministros y ministras junto a la participación de representantes de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).
Este hecho marca un nuevo precedente de cómo el Gobierno chileno pretende abordar la transición energética, utilizada por empresas privadas y estatales para aparentar descarbonizar el planeta y reacomodar las formas y alcances de la explotación de los ecosistemas ante la crisis climática que enfrentamos, pero que busca sostener las ganancias y las devastaciones que el modelo extractivista ha reproducido por décadas en el país sin trastocar sus bases.
En este contexto, por los usos que ha tenido desde hace tiempo el hidrógeno y por ser un gas incoloro no disponible fácilmente en estado puro en la naturaleza, ha sido necesario producirlo con distintos métodos y colores para identificarlo. Así, a partir de combustibles fósiles tales como carbón, gas natural y petróleo, dependiendo del proceso utilizado, se obtienen hidrógenos negro, marrón, gris o azul. Con electrolisis del agua y energía nuclear se consigue hidrógeno rosa. Con la misma técnica de electrolisis y empleando distintas fuentes de energía -conectadas habitualmente a redes de sistemas nacionales- se genera el denominado hidrógeno amarillo, el cual se publicita como «Hidrógeno Verde» (H2V).
En Chile las alarmas en esta materia se encendieron hace un tiempo, ante una política que pretende sustentar la transición energética de los países del Norte Global a costas de la explotación de los bienes comunes naturales del Sur. Ya en agosto de 2021 desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA planteamos que la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde liderada por el Gobierno de Sebastián Piñera contaba con profundas insuficiencias e irregularidades en términos de su construcción, realizándose en pandemia y sin existir consulta ciudadana, concentrando la participación en sectores interesados en el negocio energético y extractivo, sin conocerse alguna convocatoria pública ni participación de la sociedad civil en el proceso.
En la misma línea, a inicios de este año se cuestionó el asesoramiento recibido por la empresa McKinsey & Company, la misma que cuenta con antecedentes vinculados al negocio de las emisiones de carbono, causas de corrupción y respaldo a gobiernos autoritarios, propulsando un negocio a gran escala destinado básicamente a exportar energía generada a partir de las llamadas “fuentes renovables”, maquillando con el Hidrógeno Verde los proyectos de electricidad, petróleo, gas, mineras y forestales que, paralelamente, continuarán utilizando combustibles fósiles provocando las consecuencias ya conocidas que arrastra el extractivismo.
En este sentido, se emplazó anteriormente al Gobierno entrante a que realizara una auditoría o al menos revisara los distintos aspectos que conllevaba la Estrategia Nacional de H2V impulsada por Piñera. Sin embargo, por el contrario, ha optado por avanzar en su agenda política-económica. En esta línea, se ha dado rienda a una lavandería de imagen, activos y especulación financiera tanto para proyectos como para empresas; más aún considerando los impactos territoriales acumulativos que esta conlleva.
El Hidrógeno Verde se ha intentado instalar como una fuente de energía sin emisiones, nutrida a partir de la continuidad de vientos y radiación solar que, mediante un proceso de electrólisis, genera hidrógeno permitiendo a grandes corporaciones ampliar, reanudar o iniciar operaciones con una fachada “verde”. Esta misma promoción vendida como panacea energética es la que evita referirse a sus indispensables requerimientos que implican la utilización de grandes cantidades de agua y energía eléctrica, extensos terrenos para plantas energéticas y sus respectivas líneas de transmisión, como también la intervención de energía no necesariamente renovable que emite gases de efecto invernadero. Asimismo, no son consideradas las consecuencias que estos procesos de generación de hidrógeno tienen en la Naturaleza y las poblaciones vecinas a los proyectos. De hecho, las grandes empresas eléctricas que negocian con el Hidrógeno Verde en Chile utilizan energía proveniente principalmente de combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo) o de fuentes también contaminantes y dañinas para la naturaleza, denominadas «renovables» (como biomasa e hidroeléctricas), creando territorios de sacrificio en distintos lugares del país.
Por su parte, la concentración en los aspectos lucrativos de la explotación energética ha conllevado una omisión de los impactos ambientales y sociales que arrastra la producción de Hidrógeno Verde, donde diversas compañías que pretenden hacerse con esta iniciativa en Chile son responsables de provocar severos daños ambientales, continúan desarrollando negocios profundamente contaminantes.
Aún antes de iniciar sus proyectos, grandes transnacionales de la energía se han beneficiado con esta política energética nacional, principalmente mediante concesiones de enormes terrenos fiscales y millonarios subsidios otorgados por el Estado chileno. Al mismo tiempo, las principales empresas de medios de comunicación del país que promueven esta estrategia del negocio energético son co-financiadas con publicidad estatal.
Ante este cúmulo de irregularidades, a las cuales el Gobierno les ha dado respaldo comprometiendo cuantiosos recursos con miras a la exportación de energía, vuelve a ser recomendable, al menos, que éste deje de seguir la inercia que encabezó la administración de Piñera y realice una auditoría al proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. De igual forma, considerando la envergadura territorial que pretende abordar esta política, se debe realizar una amplia participación comunitaria y de la Sociedad Civil, como también la consulta indígena correspondiente, y una Evaluación Ambiental Estratégica que corresponde a aquellas políticas y planes de carácter normativo general, como lo estipula la institucionalidad ambiental; un proceso que no sea cooptado por los argumentos que buscan la implementación de esta estrategia a ciegas, sino que se discuta políticamente la orientación de una verdadera transición energética con justicia.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
https://olca.cl/articulo/nota.php?id=109546
Se espera que Quantum Batteries exporte baterías a otros países de la región como México, Perú, Paraguay y El Salvador. | Foto: PL
09/07/2022
por Itzamná Ollantay
Bolivia inauguró el viernes su primera fábrica productora de baterías de litio en la ciudad de Cochabamba, ubicada en la zona central del país, principalmente destinadas a los vehículos eléctricos de Quantum Motors.
El director ejecutivo de Quantum Motors, José Carlos Márquez, señaló a la prensa que su producto Quantum Batteries también se exporta a otros países de la región como México, Perú, Paraguay y El Salvador, en volúmenes suficientes para producir dos mil motocicletas al mes.
En la fábrica de 5 mil metros cuadrados ensamblan dos modelos de vehículos eléctricos, E2 y E3, equipados con baterías de ácido de plomo que ahora sustituirán totalmente con baterías de ión-litio.
Con Quantum Batteries marcamos un hito muy importante en esta historia, enfatizó Márquez, porque las baterías son el verdadero corazón de los vehículos eléctricos y la electromovilidad urbana es el futuro en Latinoamérica.
Quantum Motors comenzó a operar en 2019 con sólo 300 equipos al año.
Esta industria proveedora de packs de baterías con iniciativa privada es la primera de su tipo en el estado andino y beneficiaria de los grandes yacimientos de litio existentes en la región de Potosí.
Se estima que los salares bolivianos acumulan unos 21 millones de toneladas del preciado mineral, especialmente en el de Uyuni.
https://www.telesurtv.net/news/inauguran-bolivia-fabrica-baterias-litio-20220709-0006.html
El organismo fiscalizador realizó 33 supervisiones ambientales a la empresa minera Las Bambas, ubicada en Apurímac.
09/07/2022
Estudio de Impacto Ambiental de proyecto minero Las Bambas contiene obligaciones ambientales fiscalizables, afirma Minam.
El director de la Oficina General de Asuntos Socioambientales del Minam, Carlos Eyzaguirre, informó que el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas contiene obligaciones que son fiscalizadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
En ese marco, el organismo especializado del Ministerio del Ambiente (Minam) ha efectuado hasta la fecha 33 supervisiones ambientales a esa unidad minera. Además, señala que existen otros compromisos como parte del relacionamiento social entre la empresa y las comunidades del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, región Apurímac.
En ese sentido, Eyzaguirre dijo que el Minam participa como coordinador del subgrupo de trabajo entre la comunidad campesina de Huancuire y la empresa minera Las Bambas, espacio que fue instalado la semana pasada con el acompañamiento del Ministerio de Energía y Minas y la Presidencia de Consejo de Ministros.
Estas acciones fueron abordadas durante la sétima sesión y audiencia pública descentralizada en Apurímac, desarrollada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, en la localidad de Huancuire.
Durante la cita se abordaron asuntos de problemática social, económica y ambiental en las comunidades del ámbito de influencia de explotación minera Las Bambas.
Asimismo, mediante la Resolución Ministerial Nº 182-2022 se creó el Comité para el acompañamiento y evaluación de los compromisos arribados entre el Poder Ejecutivo, representantes de la citada compañía minera y las comunidades campesinas de Fuerabamba, Chila, Choaquere, Chuicuni, Pumamarca y Huancuire del departamento de Apurímac, el cual es integrante el Ministerio del Ambiente.
PRODUCCIÓN DE MINA DE COBRE LAS BAMBAS SE RECUPERA
La producción en la mina de cobre Las Bambas de Perú se ha recuperado a niveles normales después de un cierre de casi dos meses debido a protestas, según datos sobre el uso de energía, pero las conversaciones para solucionar el conflicto con comunidades se han entrampado y vuelve la sombra de nuevas tensiones.
Según Reuters, el proyecto minero Las Bambas, de propiedad de la china MMG Ltd, su producción que representa el 2% del suministro mundial, se vio afectada por la peor crisis de su historia desde finales de abril hasta mediados de junio cuando dos comunidades campesinas acamparon dentro de una parte de la mina, parando la producción.
El cierre hizo que la producción total del país cayera un 11,2% en mayo con respecto al año anterior, junto a las menores leyes del metal extraído en otros depósitos. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre después de Chile.
Las comunidades en conflicto, que habían estado exigiendo la devolución de las tierras utilizadas por la mina, acordaron suspender la protesta en una tregua temporal para dar inicio a una ronda de conversaciones con la empresa.
Durante las protestas, comunidades acamparon dentro de la propiedad de la mina de cobre Las Bambas.
Un análisis de Reuters de datos de demanda de electricidad en la mina, que no se había informado antes y que gráfica su actividad y producción, muestra que los niveles han vuelto a la normalidad después de una gran caída en mayo.
La demanda de energía en la mina cayó casi a cero a fines de abril, según datos del COES, organismo que representa a las empresas del sector energético de Perú. Pero después de la tregua acordada con las comunidades el 9 de junio se recuperó más de diez veces a niveles normales históricos.
Una fuente de Las Bambas que pidió no ser identificada dijo que la recuperación fue progresiva y que actualmente la producción en la mina y el transporte de concentrados hasta un puerto para su exportación “están al 100 por ciento”. Las Bambas es clave para la economía local porque su actividad representa el 1% del Producto Interno Bruto de Perú.
MMG Ltd había dicho antes que la proyección para producir 300.000-320.000 toneladas de concentrados de cobre este año en Las Bambas estaba en peligro si no se resolvía el conflicto.
CONVERSACIONES SE ESTANCAN
En la tregua de hasta el 15 de julio la empresa minera y las seis comunidades en conflicto, con la mediación del Gobierno, acordaron revisarían el cumplimiento de compromisos previos.
“Estamos conversando, pero no hay avance, la agenda se ha entrampado”, dijo a Reuters Romualdo Ochoa, líder de la comunidad de Huancuire. “Esta complicado, podría cumplirse (el plazo) sin llegar a ningún acuerdo”, agregó.
A la pregunta de que si retornarían protestas en caso de que no se llegue a acuerdos durante el periodo de tregua el dirigente respondió: “vamos a evaluarlo primero”. “Las próximas reuniones entre lunes y miércoles, serán claves”.
Por su parte, representantes de Las Bambas en Lima se excusaron de hacer comentarios sobre el estado del diálogo con las comunidades.
https://www.infobae.com/america/peru/2022/07/09/oefa-fiscaliza-estudio-de-impacto-ambiental-de-las-bambas/
Imagen: Red Muqui 07/07/2022
El miércoles 06 de julio, se desarrolló el Foro público “Miradas y perspectivas de cabeceras de cuenca, donde nace la vida” con la participación de especialistas y dirigentes de Apurímac, Puno y Cusco.
El evento, que se desarrolló en la Casa campesina del Centro Bartolomé de las Casas en la ciudad del Cusco, buscó articular saberes de especialistas y de dirigentes campesinos de las regiones del sur andino, que busquen alternativas para la preservación del agua frente a retos como el cambio climático.
El evento fue organizado por la Red Muqui, CooperAcción, Cedep Ayllu, Centro Bartolomé de Las Casas, APRODEH, Derechos humanos sin fronteras, Arariwa, IDECA, Isaías, Cadep.
La primera exposición estuvo a cargo del biólogo Wilfredo Chávez, responsable de la unidad de estudio del Instituto de manejo de agua y medio ambiente- IMA, quien señaló la importancia de la Ley de recursos hídricos y la Ley 30640 que destaca importancia de cabeceras de cuenca. En ese sentido dijo que es un concepto difícil de definir, y sobre todo de establecer hasta dónde son las cabeceras de cuenca en los territorios. Asimismo, que no hay una metodología clara para establecerlo.
“La norma no es clara sobre los instrumentos para garantizar la conservación de las cabeceras de cuenca. Los límites de las cabeceras de cuenca son difusos, el agua no entiende de límites. El agua puede discurrir en una cuenca de manera subterránea. No todas las cuencas tienen las mismas características, tienen diferentes rocas”, puntualizó Chávez.
Por su parte Ana Leyva, de CooperAcción, recordó que la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua del Perú.
“¿Quiénes van a hacer la zonificación de las cabeceras? Las empresas en sus Estudios de Impacto Ambiental. Esto es grave. Tenemos que actuar ante el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú que lo aprobó», señaló Leyva.
Asimismo, Henry Córdova del MOCICC recordó que los gremios empresariales como la SNMPE y la SNI reaccionaron en contra de las cabeceras de cuenca, pues señalaron que esa concepción atentaría contra la inversión privada. En esa línea recordó que cuando uno va a Cusco, Cajamarca, Piura, ve que hay un permanente conflicto con las poblaciones por la protección de las cabeceras de cuenca, por lo que las poblaciones son perseguidas. Por eso hay que exigir al Estado que se defina técnicamente las cabeceras.
Imagen: Red Muqui
Por su lado el Ingeniero Edwin Mancilla, del Concejo regional del cambio climático, dijo que es muy importante contar con las áreas de conservación, que van a significar que se podrá cuidar esas zonas. El agua necesita un cuidado especial, sobre todo frente al cambio climático como gran amenaza.
«Recién en adelante se va a tomar en cuenta la zonificación de las cabeceras de cuenca de acuerdo a los criterios que está señalando la Autoridad Nacional del Agua del Perú, pero las concesiones mineras que se dieron y están en cabeceras, ¿no se va a hacer nada?», señaló Mancilla.
Por otro lado, también intervinieron diversos líderes campesinos del sur andino, haciendo comentarios y contando sus experiencias de luchas por la preservación de las cabeceras de cuenca.
«Hemos visto quemas en los cerros de Cusco y el gobierno regional no tiene capacidad para apagar incendios. Cuando hemos sido dirigentes hemos apagado incendios con el pueblo. Como Federación Departamental Campesina del Cusco hacemos la siembra y cosecha del agua para su uso racional, pero ¿el Estado?», sostuvo un dirigente de la Federación Departamental Campesina del Cusco.
Un dirigente campesino de Chamaca, Chumbivilcas, señaló que «nosotros en las comunidades donde vivimos cerca a las cabeceras de cuenca, no sabemos lo que hace el Estado con nuestros territorios. ¿Cómo quieren codifican las cabeceras de cuenca? Defendemos el territorio y el agua para nuestro presente y futuro».
En un segundo momento de las exposiciones, intervinieron especialistas como Wallter Choquevilca, docente de la Universidad Tecnológica de los andes, quien destacó que la importancia de entender las cuencas como ecosistemas, un sistema integral y delicada convivencia donde todos los seres vivos estamos en interrelación. Puso de ejemplo que no puede haber actividades intensivas de ganadería o agricultura en la parte alta de la cuenca, pues afectarán a la parte baja de la misma.
Por su parte Marcela Machaca, de la asociación Bartolomé Ariypalla de Ayacucho, señaló que la cuenca no puede ser vista desde una concepción solo utilitaria. También señaló que el cambio climático está impactando con la reducción de glaciares y a las cabeceras de cuenca. Por eso es clave rescatar los conceptos quechuas del buen vivir y la convivencia con la tierra, para no sobre explotar los bienes de la naturaleza.
Imagen: Red Muqui
Posteriormente el foro tuvo un momento participativo. Las y los participantes realizaron grupos de trabajo, donde intercambiaron experiencias y saberes. Finalmente, el foro concluyó con exposiciones y reflexiones de los asistentes sobre el rol que cumplen las cabeceras de cuenca en las regiones y qué se debe de hacer para la protección y preservación de las mismas, con un enfoque del buen vivir y con demandas dirigidas al gobierno de Pedro Castillo para que se norme y asuma políticas públicas concretas para la preservación de las cuencas, como el tema de una ley de ordenamiento territorial. Se formó, asimismo, una comisión especial entre los asistentes, para redactar un memorial que será dirigido al gobierno central y autoridades regionales.
Puede ver la transmisión del evento en este enlace: https://bit.ly/3aigSQG
www.cooperaccion.org.pe
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En 2022 se cumplen 10 años desde que Ecuador firmó el primer contrato de minería a gran escala y a cielo abierto: Cóndor Mirador, un mega proyecto de explotación de oro y cobre, liderado por la empresa China Ecuacorriente S.A.
En marzo de 2012, Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables durante el gobierno de Rafael Correa, firmó el primer contrato de explotación minera a gran escala, que permitió la explotación a cielo abierto de cobre y otros minerales, por un tiempo de 25 años renovables. Pero, ¿qué ha pasado en estos diez años?
En marzo de 2012, Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables durante el gobierno de Rafael Correa, firmó el primer contrato de explotación minera a gran escala, que permitió la explotación a cielo abierto de cobre y otros minerales, por un tiempo de 25 años renovables. Pero, ¿qué ha pasado en estos diez años?
Mishell Mantuano y Viviana Erazo visitaron la parroquia de Tundayme, en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonía Sur de Ecuador, donde está situado el proyecto, para ver de cerca las consecuencias de la explotación minera, la afectación al medio ambiente, la migración forzada y el despojo de identidad que vivieron y continúan viviendo los y las comuneras y las comunidades indígenas shuar, quienes han sido desalojados de manera violenta y forzosa más de una vez de su territorio y quienes fueron engañados cuando, hace diez años, se les prometió escuelas y hospitales que jamás llegaron.
En un recorrido de dos días por la parroquia, las periodistas observaron la afectación a los ríos y el medio ambiente, además de hablar con hombres y mujeres que aún resisten a la minería.
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Desde la Casa Comunal de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, se observa un gran asentamiento, que de lejos parecen casas donde habita otra comunidad. Pero no, cuando te acercas hasta el asentamiento estas son campamentos y letreros que indican que estás en “Propiedad Privada” de Ecuacorriente S.A, empresa China.
Por este proyecto minero, más de 32 familias indígenas fueron desalojadas de manera violenta entre los años 2014 al 2022, además de vivir graves consecuencias de contaminación a sus territorios.
En una ranchera, la tarde del 08 y 09 de abril de 2022, salimos de la Casa Comunal, Cascomi, para ver de cerca los campamentos y el proyecto minero por el cual la comunidad fue desalojada. En compañía de los y las comuneras de Tundayme; líderes y lideresas de otras zonas del país, que también resisten a la minera y el extractivismo; y parte del Colectivo Geografía Crítica, quienes acompañan procesos en defensa del territorio, los derechos colectivos y de la naturaleza, realizamos un recorrido de dos horas por la zona para observar las afectaciones al medio ambiente.
–Miren, observen, registren, vayan a la ciudad y cuenten lo que pasa, cuenten nuestra realidad y todo el daño que nos ha causado la minera Ecuacorriente S.A y el Estado. Pero, sobre todo, digan que necesitamos su ayuda, que necesitamos de la gente de la ciudad para continuar esta lucha, porque lo que hacemos no es solo por nosotros, es por ustedes, por todas y todos; es por defender los territorios y nuestros ríos, el agua. Nos prometieron escuelas, hospitales, mejor calidad de vida. No tenemos nada. Además, nosotros no queremos dinero ni oro, solo queremos nuestras tierras, agua limpia, recuperar nuestra vida.
Esas son las palabras de Luis Sánchez, líder indígena, defensor de los derechos de la naturaleza y parte de La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, una organización comunitaria que lleva años resistiendo las consecuencias del despojo cometido por la Fuerza Pública y la empresa minera china en Tundayme. Luis, junto a varias familias de la comunidad, han sufrido desalojos desde el 2014 por parte de la empresa minera china ECSA y ahora resisten desde su Casa Comunal, de la cual también hoy los quieren desalojar.
Luis cuenta que la empresa minera destruyó el tejido social comunitario “con toda la venganza y con las formas más perversas llevaron a cabo los despojos para intimidar a la gente”.
Luis habla mientras caminamos sobre el puente por donde pasa el rio Wawayme, uno de los principales de la parroquia y que ahora se ve espumoso y con su caudal reducido producto de la contaminación.
–Ya no podemos consumir agua de este río, nos hace daño – dice Luis.
Mientras continuamos el recorrido, converso con varias personas que viven las consecuencias de la explotación minera. Una de ellas es Carmen.
–Yo nací y crecí en esas tierras –dice Carmen, mujer indígena amazónica, mientras mira con desconsuelo el campamento de la empresa, cruza sus brazos, suspira, pasa las manos por su cabellera larga y mira a su esposo que está a pocos metros de ella, le sonríe y permanece en silencio por unos minutos.
–Estamos cansados de luchar, han sido muchos años, hemos caminado de un lugar a otro, dejando a nuestros hijos e hijas muchas veces solos –dice Carmen, mientras agacha su cabeza, sus ojos se llenan de lágrimas y continúa –¿De qué ha servido?, solo nos ha dejado cansancio y dolor. Hemos querido actuar como personas civilizadas, actuar con base en las leyes, pero para ellos no hay ley que valga.
Continuando el recorrido por Tundayme y el proyecto minero, hicimos una parada en la zona donde antes estaba la casa y la comunidad a la que pertenecía Luis y otros de sus compañeros y compañeras; ahora ese terreno está lleno de monte y maleza, producto de la tala de árboles, desde ahí se logra ver grandes bosques y una roca que de lejos parece ser el rostro de una persona.
–Detrás de esos grandes bosques hay arroyos o mini ríos como nosotros les llamamos –dice Luis. Al pasar por la vía se puede ver un canal que, según Luis, es para llevar el agua hasta un asentamiento militar, negándoles a las comunidades de la zona su derecho al agua, establecido en el artículo 318 de la Constitución, que dice, que “el agua es un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización”.
Los desalojos: una forma de debilitar la comunidad
–Los policías ingresaron y nos desalojaron en el año 2014, a pesar que habíamos interpuesto una acción de protección para evitar que sucediera– recuerda Luis Sánchez, líder de la comunidad Cascomi. En el desalojo la Policía destruyó el Centro Comunitario de San Marcos, la escuela y la iglesia
–Todo lo rompieron las maquinarias, con ayuda de los Policías.
Pero la acción que marcó el punto de quiebre fue en agosto de 2015 cuando arrancó la gran marcha del pueblo desde la parroquia Tundayme, liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Para la marcha “se dieron cita delegaciones de todo el país para sumarse a las personas que se dirigieron hacia Quito para reivindicar sus demandas en torno a la protección de la Cordillera del Cóndor ante la mega minería”. Asimismo, la marcha fue en rechazo a la minería a gran escala y especialmente a la empresa ECSA, según un boletín de prensa publicado por la COANIE.
“En ese tiempo ya nos encontrábamos en la resistencia”, dice Luis. Y recuerda que ese año el presidente Rafael Correa Delgado “se molestó tanto que, en septiembre del mismo año, mandó a desalojarnos. De ahí en adelante los despojos han continuado”.
135 efectivos de la Policía Nacional y guardias de la empresa minera Ecuacorriente, según datos del Ministerio del Interior y recogidos en un comunicado de INREDH, ingresaron a la parroquia de Tundayme para desalojar a varias familias de la zona que habitaban el lugar.
En total, 32 familias, formadas por 116 personas, fueron desalojadas entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 por policías, militares, guardias y trabajadores contratados por la empresa minera, Ecuacorriente S.A., por el notario del cantón Pangui, funcionarios de Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, y la Intendencia de Policía de Zamora Chinchipe.
María de los Ángeles García y su familia fueron parte de las personas desalojadas.
– Con las máquinas tumbaron todo, las casas, entre esas la mía. Yo tenía gallinas, pollos, cuyes, cerdos, todo eso se perdió. Lo destruyeron. Con lo poco o nada que me quedó tuve que ir a la casa de mis suegros en Gualaquiza– dice María con gran nostalgia, mientras respira por unos segundos para continuar con el relato.
– ¿Pero sabes qué fue lo peor de todo eso? –me pregunta y, enseguida, sin darme tiempo a responderle, dice:
–Todo eso lo vimos desde afuera, porque ya no pudimos ingresar a nuestra casa, los policías y los trabajadores de la minera nos entregaron un par de cosas y todo lo demás se perdió.
Después de eso, María y las familias desalojadas recibieron ayuda de personas externas quienes les brindaron ropa y alimentos. Ahora, María trabaja cuidando niños y niñas, con eso, dice, pudo lograr que sus hijos terminen el colegio, pero la Universidad no.
– Porque no tengo dinero para eso, en la ciudad no hay comida, no hay nada. Al menos con la finca que teníamos podíamos sostenernos con la siembra y la cosecha de naranjilla y yuca, además de la leche que sacábamos de las vacas.
Pero los desalojos no han parado. Rosa y Aurelio es una pareja de la tercera edad, ella tiene 65 años y él tiene 73, vivían de la siembra y la cosecha que realizaban en su tierra, en sus chacras; además, criaban animales como cuyes, gallinas y tenían algunas vacas para ordeñar y vender la leche para su propio sustento. Ellos vivían cerca del río Wawayme Alto hasta que el 10 de abril de 2022, comuneros de la parroquia de Tundayme les alertaron que la empresa minera China Ecuacorriente S.A los iba a desalojar, esa alerta preocupó y asustó mucho a su hija Jenny Morocho.
Doña Rosa, como la conocen en la parroquia, desde que era una niña ha vivido en estas tierras, y aquí se casó y formó una familia. Ella, al igual que su esposo Aurelio, no querían dejar sus tierras ni la vida que había construido durante muchos años. Por eso, su hija Jenny Morocho y Luis Sánchez, como líder de la comunidad, alertaron a organizaciones de derechos humanos y el colectivo Comunálisis para que intervengan y logren detener el desalojo a Rosa y Aurelio.
Sin embargo, las acciones de organizaciones de derechos humanos fueron en vano y el 26 de abril de 2022 la empresa minera ECSA desalojó a Rosa y Aurelio con alrededor de 25 efectivos de la Policía Nacional y maquinaria, sin contar con una orden oficial para efectuar la acción, según Luis Sánchez líder de la comunidad.
Michelle Báez, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha trabajado algunos años con la comunidad y el colectivo Geografía Crítica, para ella “el Estado está apoyando un proyecto mega minero que significa un muy buen negocio para las pocas personas que se benefician de él, donde se ve claramente un vínculo de complicidad entre el capital y el Estado”.
Este proyecto, el más grande en Ecuador, inició su exploración inicial en 1994. “Ahora, en 2019, es una realidad luego de cumplir con todas las fases mineras de exploración inicial, avanzada, evaluación económica, construcción de infraestructura y finalmente explotación y beneficio”, así lo anunció, Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, durante el gobierno de Lenin Moreno.
Pero nada de esto favorece a Tundayme. El Colectivo Geografía Crítica en 2019, publicó el Informe sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto minero Mirador, motivado por la preocupación sobre estos impactos y la posibile vulneación de los derechos humanos y de la naturaleza.
Karolien van Teijlingen, en 2019, realizó el estudio: Un análisis de los proyectos de minería a gran escala Mirador y Llurimagua, donde revela que la minería metálica a gran escala es una actividad que está en auge en el Ecuador. También el estudio denuncia que el 15% del territorio continental está concesionado por empresas mineras y que es muy probable que este porcentaje siga en aumento. Además, la investigadora ya advertía que la actividad minera en “ecosistemas sensibles como la Cordillera del Cóndor puede generar graves impactos al ambiente y a las comunidades indígenas y campesinas que habitan en estos lugares”.
Hoy, esos impactos son una realidad, donde antes había árboles, vegetación y ríos limpios, ahora solo queda el recuerdo. De lejos se observa una rivera donde la empresa desecha los lodos tóxicos de la extracción de los minerales, hay un dique que retiene el cauce del río Tundayme, el principal de la parroquia. Maquinarias que se mueven de manera ordenada, casi mecánica. Desde donde estoy no logro ver qué es lo que transportan. Hay hombres construyendo altas plataformas con varillas y cemento. A mi lado, está una lideresa a quien escucho decir:
–Solo te queda llorar.
A simple vista es muy difícil entender lo que está pasando, por eso los aportes del Colectivo Geografía Critica y los estudios que han realizado alrededor de este proyecto son necesarios para lograr comprender todo el panorama y las graves afectaciones al medio ambiente.
Según las valoraciones del Colectivo Geografía Crítica, la mina utilizará 166 540m3 de agua diariamente para procesar las 60.000 toneladas de material crudo y obtener un concentrado de minerales de valor. Pero ¿cómo extraen los minerales y dónde irán los desechos? La extracción de minerales como el cobre consiste en la remoción de la roca usando perforadoras y explosivos para después excavarla y separar los metales de las rocas, para ello se trituran las rocas hasta obtenerse una arena fina, la cual es mezclada con agua y químicos que ayudan a los metales a separarse de la arena y flotar en burbujas hacia la superficie. Todo el material restante, que además es tóxico, va a parar a los relaves, los cuales contienen roca molida y agua, pero también contienen los químicos aplicados en el proceso de separación de los metales como cianuro, arsénico, plomo, cadmio, zinc y mercurio.
De igual forma, Karolien van Teijlingen en su estudio señala que además de los contaminantes utilizados “existe la posibilidad de que ciertos elementos de los relaves reaccionen cuando entran en contacto con agua y oxígeno, generando ácido. Por estas características potencialmente tóxicas, los relaves tienen que permanecer resguardados en infraestructuras herméticamente cerradas”. Estos relaves están separados por diques, que son estructuras de tierra, hormigón, piedra u otro material. En el proyecto minero Mirador que se desarrolla en Tundayme se prevé construir otra relavera de 270 metros, según mencionó Luis Sánchez
José Cueva, parte del Observatorio Ambiental Social y Minero del Norte del Ecuador de la provincia de Imbabura, está de pie desde donde se puede observar una relavera donde la empresa desecha los lodos tóxicos. El proyecto Mirador, dice José, “fue el experimento social para el desalojo de comunidades y la violación múltiple de derechos ambientales como de las personas”.
Cueva, además, explica las consecuencias de la minería a los ríos “este proyecto de gran escala traerá consecuencias gigantes a nivel ambiental y social, empezando por la contaminación de los ríos cuando la empresa lleva operando poco tiempo. Y sin construirse la relavera de 270 metros que es el principal peligro de este problema”.
Cueva explica las consecuencias de la construcción de un depósito tan grande y una relavera de tantos metros como la que la empresa pretende construir en una zona amazónica como la de Tudayme y, además, hay que considerar el nivel de sismicidad que tiene Ecuador, agregó Cueva “están prohibidas, porque no se han visto ni en América, menos en China, causaría una bomba de tiempo, porque aquí no hay experiencia minera, no hay control”. Para él las relaveras son el principal peligro de la minería a gran escala porque al acumularse millones de toneladas de desechos tóxicos se genera un drenaje ácido de minas, es decir, los ácidos concentrados en la relavera empiezan a drenarse por las paredes y contamina agua superficial y subterránea y puede viajar cientos de kilómetros y “una vez que eso sucede no hay como pararlo, no tiene solución”, indicó Cueva.
Esto sería aún más grave para la parroquia de Tundayme, que está atravesada por 3 ríos: Tundayme, Wawayme y Quimi de los cuales, los dos primeros están contaminados, ya no conservan su color natural el agua es espumosa, además, varios ríos están canalizados. El rio Wawayme ya perdió su color natural, ya perdió su caudal y se ve una espuma blanca, causada por los químicos. De la misma forma, el río Tundayme ya perdió fuerza y pasa por un canal de cemento hasta llegar a un estanque, construido por trabajadores de la minera.
El temor de la comunidad y los ambientalistas es que al construirse una relavera tan alta se puede generar un desastre como lo ocurrido en Brasil, donde el 25 de febrero de 2019, colapsó una relavera minera de la compañía Vale en el municipio de Brumadinho, al sudeste de Brasil, y provocó 179 muertos, 131 desaparecidos e incalculables pérdidas ambientales y económicas, según el informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Mónica Brito, parte del Colectivo Geografía Critica, también estuvo presente en el recorrido por Tundayme. Para ella otra de las consecuencias del proyecto minero, es la migración forzada a causa de los desalojos y la violencia de género generada por la creciente masculinización en la zona debido a la presencia de las fuerzas armadas, trabajadores del Estado y de la empresa minera.
La resistencia tiene rostros de mujeres
Llegamos a la Casa Comunal, Cascomi para realizar la socialización del proyecto y sus consecuencias. A mi lado está Mercedes Taish, parte del pueblo Shuar Arutam.
Ella recuerda que durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa los mandaron a desalojar, los maltrataron, los llamaron terroristas, delincuentes, subversivos. Su testimonio no difiere de lo que cada persona de la comunidad mantiene en la memoria.
– Es lamentable lo que hace el Estado ecuatoriano. Nosotros somos originarios del pueblo amazónico y seguiremos resistiendo hasta las últimas consecuencias. Aquí está nuestra vida, no hemos venido de otro lugar para tener que dejar nuestros territorios. No aceptaremos migajas.
Mientras su esposo habla en la Asamblea a la que asistimos en la Casa Comunal, Mercedes me dice:
–Él es mi esposo –y recuerda que, durante los desalojos, su esposo, al igual que los esposos de las demás mujeres y sus hijos hombres tuvieron que huir.
–Nos quedamos en el territorio resistiendo las mujeres, los niños y niñas. No podíamos dejar que los militares capturen a nuestros esposos, porque se los llevarían presos, actuarían con violencia –cuenta.
De las mujeres que quedaron, Mercedes es una de las pocas que permanece en el territorio.
– Hoy, esas mujeres ya no están, unas migraron, de las otras no supe nada más, perdí su rastro – dice y mueve su cabeza de arriba hacia abajo.
Desde otros territorios del Ecuador, hay más mujeres resistiendo en sus territorios, de la misma forma en como lo hace Mercedes. Tal es el caso de Elizabeth Durazno, dirigenta de la Organización de Mujeres Sinchi Warmi, de la comunidad de Río Blanco, parroquia Molleturo, Cuenca, que, desde hace más de 20 años, resiste a la minería. Ella visitó la parroquia de Tundayme y fue parte del recorrido realizado, para conocer los efectos, porque es algo que no quiere que pase en su territorio.
Al terminar el recorrido en la ranchera y llegar a la Casa Comunal, Cascomi, pasamos a tomar un refrigerio y mientras tanto, todo se organiza para generar un debate de lo visto. Para Elizabeth lo más importantes fue la participación de las mujeres en defensa de los territorios.
– Estamos nosotras poniendo el cuerpo en los territorios, en nuestros hogares, los hombres salen a trabajar y nosotras nos quedamos produciendo, sembrando en los huertos y cosechando nuestros alimentos y cuidando de los animales.
A pesar de esto, para Elizabeth, la participación de las mujeres es más difícil.
– Porque los hombres piensan que les estamos quitando su derecho y eso no es así. Más trabajamos las mujeres que los hombres y se trata de involucrarnos todos en la lucha por intereses en común. Es importante involucrarnos para defender nuestros hogares e incluso a nuestros esposos, para que no sean criminalizados o perseguidos, porque a ellos se los llevan presos y cuando eso sucede nos quedamos sin el sustento de nuestros esposos que es un complemento, porque nosotras también sustentamos los hogares –lo dice mientras se sienta y se acomoda en una de las sillas desocupadas. Mira en dirección a los campamentos de la empresa minera y me dice:
–Tengo una reflexión de lo visto en el Proyecto Minero Mirador –lo dice con sus ojos que no logran contener las ganas de llorar. Así entre pausas y suspiros, evitando desmoronarse por la impresión que la causó ver lo avanzado del proyecto minero, además de la contaminación, dice:
–En 2017 vine a visitar Tundayme, hice el recorrido para ver lo que la empresa minera Ecuacorriente S.A estaba realizando. Pero no estaba tan avanzado, hoy, cinco años después regresé y me dan ganas de llorar.
Respira por unos segundos, como intentando tomar valor para terminar su idea y continúa
–Me da decepción ver cómo el gobierno o las mineras que hablan de minería tecnificada, tecnología de punta, solo destruyen. ¿Dónde está la tecnología de punta si vemos cómo terminaron totalmente con los bosques, con las montañas, con el agua? –Lo dice mientras abre sus manos y levanta sus brazos, mostrando el asentamiento de la minera que puede verse desde la Casa Comunal.
–Este proyecto demuestra la violencia al derecho del agua. El agua debe ser libre, tener su propio caudal y no estar desviado por un túnel de cemento que genera daños al medio ambiente y a los seres humanos cuando se nos quita nuestros territorios solo para beneficio del Estado y de las transnacionales que sacan el dinero del país.
Refiriéndose a la manera en que el rio Tundayme está canalizado por túneles de cemento y la pérdida de su fuerza y color natural.
Elizabeth debía estar presente en la mesa de debate que realizó Geografía Crítica junto a los y las comuneras de Tundayme y otros líderes y lideresas. Ella está ahí para aprender de los efectos y compartir la información en su comunidad en Azuay:
–Las mineras chinas no solo están en Tundayme. Están en Río Blanco y otros territorios. Por eso la lucha es necesaria.
Elizabeth participó en el debate para reflexionar sobre el recorrido realizado. Entre las participantes estaba Aracely Nugra vocal de la comuna de indígenas San Sebastián de Sígsig en la provincia de Azuay, quien recordó que desde el 2008 la naturaleza tiene derechos, reconocidos en la Constitución en el artículo 71 de la Constitución , pero para ella “esto es solo papel muerto, no se cumple. Por eso es importante nuestra lucha, levantar nuestras voces como mujeres que buscamos visibilizar lo que sucede en nuestros territorios y la contaminación que se genera a raíz de las actividades destructivas”.
Con el debate, las reflexiones de líderes y lideresas además de las aportaciones del Colectivo Geografía Crítica, finalizó el Encuentro para la Articulación en Defensa de los Territorios y el Rechazo a la Minería y el Extractivismo. Al final, con dinámicas, cantos, refranes e improvisaciones comuneros, comuneras, líderes y lideresas asumieron su compromiso y solidaridad con el territorio de Tundayme.
Abrazos, apretones de manos y mensajes de fortaleza no faltaron para Luis Sánchez, líder de Cascomi, para las mujeres y hombres de la comunidad que cada día tratan de recuperar, no solo sus territorios, sino la identidad de la cual fueron despojados al momento de los desalojos, y quienes siguen resistiendo desde su Casa Comunal.
De igual forma Luis hace un llamado a las personas de las ciudades a luchar por la conservación de los bosques y del agua, porque “del campo ellos viven, toman el agua que viene de las Cordilleras”. Para él el proyecto de minería representa “una violación de derechos sistemática. Porque al violarse un derecho, se violan todos. La justicia no funciona y nunca va a funcionar con esa estructura organizativa del Estado que es caduca, corrupta y todo lo demás, la cual hay que cambiar; pero hasta que eso pase, todos a las calles a resistir, pero no cada quien, por su lado, sino articulados”.
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