Chile

Agencia ambiental chilena formula dos cargos graves contra división de Codelco

Eva Cruz 22/08/2024
Obras en la División Ministro Hales de la gigante estatal del cobre Codelco.

La denuncia se refiere a filtraciones del tranque desde el 2019, lo que llevaría a la contaminación del acuífero del Río Loa.
Reuters.- El regulador del medio ambiente chileno dijo el jueves que formuló dos cargos graves contra la División Ministro Hales de la gigante estatal del cobre Codelco, que podría enfrentar una multa mayor a los 8 millones de dólares, tras constatar que la firma no ejecutó medidas ambientales vinculadas un tranque de relaves en el norte del país.

El caso, relacionado con una denuncia ciudadana realizada en 2023 se refiere al tranque denominado Taladre, un depósito que recibe relaves generados también por la División Chuquicamata y la División Radomiro Tomic de Codelco.

La denuncia se refiere a filtraciones del tranque desde el 2019, lo que llevaría a la contaminación del acuífero del Río Loa. También plantea que la pluma de contaminación llevaría dirección hacia la ciudad de Calama, como aguas abajo, afectando el acuífero protegido de Yalquincha.

La SMA realizó diligencias de fiscalización en mayo de 2017, además de actividades de requerimiento y examen de información en junio de 2023.

“EN BASE A ESTOS ANTECEDENTES, LA SUPERINTENDENCIA FORMULÓ DOS CARGOS GRAVES CONTRA LA MINERA. LA PRIMERA INFRACCIÓN SE SUSTENTA PORQUE LA EMPRESA NO VALIDÓ NI EJECUTÓ UN PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL CONTROL DE LA ALTERACIÓN PROGRESIVA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS”, DIJO LA SMA EN UNA NOTA.

“Y la segunda infracción imputadas se sustenta porque la compañía realizó una depositación de relaves sin alcanzar el límite inferior fijado para el porcentaje de sólidos en estos, desde el año 2017 hasta el año 2024”, agregó.

Según la SMA, Codelco en su División Ministro Hales, arriesga una multa de hasta 10.000 UTA (Unidad Tributaria Anual), lo que equivale a más de 7.908 millones de pesos (unos 8,6 millones de dólares).

“Analizaremos en detalle los antecedentes para responder completa y oportunamente (…) seremos exhaustivos en detallar los planes que hemos desarrollado y que desplegaremos para dar cumplimiento a nuestras obligaciones”, dijo Codelco a Reuters.

“QUEREMOS REAFIRMAR NUESTRO GENUINO COMPROMISO DE DESARROLLAR UNA MINERÍA CON CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE”, AGREGÓ LA COMPAÑÍA. “ESPERAMOS SUPERAR ESTA SITUACIÓN A LA BREVEDAD Y, EN CASO DE IDENTIFICAR BRECHAS, CORREGIRLAS EN EL MÁS BREVE PLAZO”.

La compañía tiene 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y 15 para formular descargos, ambos desde la notificación de los cargos.
https://www.rumbominero.com/chile/agencia-ambiental-chilena-division-de-codelco/

Argentina, Internacional, Litio

Argentina firma acuerdo con Estados Unido para inversiones en minerales críticos

26/08/2024
La canciller de Argentina, Diana Mondino, firmó un acuerdo clave con Estados Unidos para inversiones en minerales críticos, como litio y cobre. Lo hizo junto a José Fernández, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medioambiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Técnicamente, la firma fue sobre lo que se conoce como Memorando de Entendimiento para fortalecer la cooperación en minerales críticos. Durante el acto, junto a Mondino, el funcionario de Joe Biden afirmó: «Esta relación bilateral refleja el deseo de fortalecer los lazos, trabajando para incrementar más el comercio».

Desde el Departamento de Estado de EE.UU. difundieron en un comunicado que el Memorando busca «fortalecer la cooperación en las cadenas de suministro de minerales críticos, y promover el comercio y la inversión en la exploración, extracción, procesamiento, refinación, reciclaje y recuperación de recursos minerales críticos».

Sobre la importancia de este convenio, Fernández mencionó: «Argentina puede desempeñar un papel clave en los minerales críticos que impulsarán la economía del siglo XXI, para metas de energía limpia. Tenemos que diversificar nuestras fuentes de suministro». La información que tienen en Estados Unidos es que la demanda de litio se va a multiplicar por 42 de cara al 2050 si se busca cumplir con las metas de descarbonización. Y lo que observan es que hoy China controla dos terceras partes de los minerales críticos que hay en el mundo.

Tras la firma del acuerdo, el Departamento de Estado organizó un encuentro sobre el litio y el cobre, cerrado para la prensa, donde participaron funcionarios del gobierno nacional y de cinco provincias. Además, convocaron a empresas, y se inscribieron para participar 240, reveló Fernández. «Desde este mismo viernes vamos a expandir al sector de la minería en Argentina», concluyó. Son compañías de 14 países y también de la UE, tanto grandes como pequeñas, y desde las vinculadas a la producción como al sector financiero.
Fuente: El Cronista
https://www.mineria-pa.com/es/noticias/argentina-firma-acuerdo-con-estados-unido-para-inversiones-en-minerales-criticos

Latinoamerica, Litio

Ocultación de información, miedo y usurpación del agua: la extracción de litio en América Latina.

Comunidades afectadas por la minería de litio reunidas en intercambio, presentan preocupaciones sobre iniciativas de transición minero-energética

Comunidades afectadas por el extractivismo minero de Argentina, Brasil y Perú se encontraron del 8 al 10 de junio 2024, en Oruro, Bolivia, uno de los territorios estratégicos de interés por la extracción de litio, que en diferentes esferas mundiales, como el Foro Económico Mundial, la Unión Europea y otras instancias, ha sido catalogado dentro de los “minerales críticos”, por ser de especial relevancia, en lo que el modelo económico capitalista está llamando la “transición energética”.

“Desde que entramos al país, se observan gigantes pancartas que promocionan la extracción del litio, como una alternativa de seguridad económica para el país. Nacionalización e industrialización del litio, extracción para cambiar la matriz energética, el mineral del futuro.” comenta Bladimir Martinez, joven aymara, integrante de la Red MUQUI, de Perú.

El intercambio fue organizado por un conjunto de 12 organizaciones de América Latina, entre ellas la Red Iglesias y Minería, en el marco de la Campaña de Desinversión en Minería, en colaboración con Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA, Bolívia), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA, Argentina), Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração (Brasil), con el apoyo de Misereor, Caritas Francia y CCFD Terre Solidaire.

Alrededor de 30 líderes indígenas, afros y campesinos, además de investigadores y organizaciones denuncian la situación de la extracción de los minerales críticos, en el intercambio de comunidades afectadas que se desarrolló también en el marco del XI Foro Social Pan Amazónico, donde las voces de la resistencia fueron escuchadas y donde se ha acogido y también la propuesta de “territorios libres de minería”

La narrativa que se teje en torno a la extracción de los minerales críticos: litio, níquel, cobalto, grafito, manganeso y tierras raras, es muy confusa. En diálogo con las comunidades se percibe una inconformidad de la información, generando dudas y preguntas en los dirigentes comunitarios. Durante el seminario público realizado para concluir del intercambio las voces que resonaron de los territorios indicaron la ausencia de un verdadero proceso de información sobre lo que significa la extracción de litio, qué implica, cómo se lo hará y a quienes afectará.

 

La incertidumbre sobre los proyectos, que las comunidades tradicionales han denunciado unánimemente por violar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se extiende también al desconocimiento de lo que supondrá para los territorios la extracción del litio. Según los dirigentes que participaron en el intercambio comunitario, no existen estudios que presenten las consecuencias territoriales de la extracción del litio.

“El litio tiene impactos que no conocemos, que no se han visto antes. Ya tenemos experiencia con otras empresas, pero nunca de litio, no sabemos qué pasará con el agua, qué pasará con la gente y los animales” comenta el Tata Diómedes Apu Mallku del Suyu Jacha Karangas, pueblo indígena establecido al oeste del lago Poopó, entre Bolívia y Perú.

 

EL intercambio de comunidades ha servido para que puedan poner en común sus miedos, su angustia, las amenazas que perciben y también las esperanzas y las respuestas que se van encontrando en el camino, frente a un gigante que intenta avasallar territorios, tomarse las fuentes de agua, ocupar sitios ramsar, glaciares, salares, cuencas de ríos enteras.

Visitar a territorios amenazados: incertidumbres y la vieja narrativa del desarrollo

Parte del intercambio entre las comunidades tuvo lugar en el Salar de Coipasa, uno de los sitios amenazados en Bolivia, ubicado en las zonas del altiplano, donde precisamente nacen las fuentes hídricas.

El Salar de Coipasa está ubicado a 2 horas de Oruro, donde habita el pueblo karangas y otros más, es uno de los lugares donde el gobierno ha anunciado el inicio de la exploración. “Nos dan informaciones diferentes, algunas nos dicen que van a cuidar el medio ambiente, que no nos van a afectar. Yo hablando con los abuelos, ellos están preocupados por la ganadería y los sembrados, aquí nos dedicamos a la cosecha de la quinoa, al cuidado de las llamitas. Con eso se sobrevive en este territorio y con la explotación de la sal” menciona Adela Ancco, autoridad originaria de este territorio.

Desde hace un par de años, la población escucha que está asentada en una gran reserva litio. Ha participado en decenas de talleres con funcionarios gubernamentales y con representantes de empresas chinas sobre todo, pero no existe información oficial, no existe un verdadero proceso de socialización. La consulta previa, libre e informada – conforme orienta el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el gobierno boliviano en 1991, por el cual los pueblos y comunidades tradicionales pueden garantizar el acceso a la información, y comprender plenamente de qué se trata el proyecto y cómo los afectará y decidir sobre su presente y futuro y como impactará en sus valores, su cultura, su espiritualidad y su territorio.

Para Cleonice Pankararu, líder indígena del pueblo Pankararu en el Vale do Jequitinhonha, el intercambio ha enseñado la incoherencia del discurso del desarrollo propuesto por las economías extractivistas, que al final «deja destrucción y pobreza». La lideresa de la región históricamente habitado por indígenas en Mina Gerais, Brasil, denuncia la actuación de las empresas Sigma Lithium (Canadá), Atlas Lithium (EUA), Lithium Ionic (Canadá) e Latin Resources (Australia) que incluso buscan cambiar el imaginario y el nombre del «Vale del Jequitinhonha» para «Vale del Litio». “Estamos aquí en este intercambio como presencia de lucha en defensa de la Madre Tierra. Ya hemos sufrido mucho con la minería, destruye la esperanza, el amor de las personas, la identidad. No hay tal riqueza, como ellos dicen, no dejan nada, solo dejan la miseria” concluye. El estado de Minas Gerais es conocido internacionalmente por las recientes catástrofes de Bento Rodrigues (2015) y Brumadinho (2019), en las que murieron 291 personas como consecuencia del derrumbe de una presa de residuos mineros.

 

Experiencias colectivas y caminos a seguir

Como aprendizaje del intercambio quedan algunos puntos en común a profundizar de manera colectiva y en red. Entre las posibilidades más presentes se destacan procesos de formación con comunidades para comprender que significa para América Latina la ola extractiva de minerales críticos. Los discursos sobre transición energética confunden a las poblaciones, en todas las partes del mundo. Por un lado, en el Norte Global, como Europa e Estados Unidos, la distinción del discurso sobre transición energética en el norte global – – busca reubicar la economía extractivista para nuevos formatos de almacenamiento y producción de energía, como impulsores de los carros eléctricos dejarán de contaminar y contribuir a mermar el cambio climático, aunque siga creciendo la explotación de los combustibles fósiles. de que con estos nuevos formatos de energías.

Por otro lado, en el Sur Global, el despojo no se detiene, de estos territorios se piensa seguir extrayendo la materia prima, para una “transición energética” que no está transitando a un cambio de modelo, sino que simplemente está cambiando el producto mineral, pero no una matriz energética, ni económica distinta. Los parámetros de derechos humanos y ambientales, que cruzan íntimamente aspecto culturales, no contemplan ninguna transición para los territorios víctimas.

«Esta lógica de nuevos extractivismos ya están en curso en nuestros territorios para sostener la demanda energética del norte global. En Latino America son muchos los gobiernos que están poniendo la excusa de la transición energética para impulsar una nueva fase de intensificación de la minería», comenta el investigador Luiz Jardim, miembro del Comité Nacional para la Defensa de los Territorios frente a la Minería en Brasil. El profesor de la Universidad Federal Fluminense (UFF), en Río de Janeiro, sostiene que la transición energética se identifica como una nueva ubicación del capitalismo que propone una falsa «minería limpia». «Existe un capitalismo verde que se transforma ahora como solución de las crisis climáticas. El tema es que las extracciones de minerales críticos para la transición energética ya están siendo extraídos en lo que se mira es más violencia y violaciones de derechos de las comunidades. En Brasil tenemos anualmente un total de 80 conflictos en 76 localidades que ya están extrayendo metales para la llamada transición energética», sostiene el investigador.

“Una certeza en los territorios donde ya ha ingresado la minería es que cuando llega, cambian las condiciones de vida para las personas que han estado antes en el territorio, cambian para mal. Los pueblos son ignorados, el ideal del empleo no es cierto”, advierte Luiz Jardim.

El intercambio de comunidades afectadas por minería de litio destaca, como camino futuro, la urgencia de nuevos espacios de compartir y visitas a locales ya martirizados por este modelo de explotación. La unión comunitaria entre territorios fue un elemento destacado frente los avances de la lógica extractivista sobre los territorios.

Para Kety Perea, de la Asamblea Fiambalá Despierta, en el norte de Argentina, se puede hablar de lo que hace realmente la extracción de litio que ya está presente en sus comunidades, hace más de 30 años: “es una mentira para los pueblos, el litio se va afuera, son muy pocas personas del lugar a las que emplean de mano de obra, con bajos salarios, traen gente de fuera, con todo lo que eso implica. En mi pueblo hay empresa canadiense y empresa china. En sus publicidades anuncian proyectos grandes con cifras millonarias. No es para el pueblo, al pueblo le dan ayudas básicas, que en realidad con migajas.” Kety ha sido testigo desde hace varios años, como la extracción de litio ha dañado la vida de su lugar y por ello recomienda a sus compañeros de otros lugares: “Esto es muy hermoso. Tomen la mejor decisión para proteger a nuestra Pacha”.

 

Vito Calderón, es parte del colectivo Derechos Humanos y Medio Ambiente que reúne a comunidades del sur del Perú afectadas por diferentes impactos ambientales. En el intercambio de comunidades, su planteamiento ayudó a reflexionar sobre los impactos que genera la extracción minera en la salud, en los derechos humanos, y la desinformación que pone en riesgo la vida de poblaciones enteras. “Se dice que en Puno está el mejor litio del mundo. En Puno no se respeta los derechos humanos, el derecho a la vida, nos han asesinado 22 hermanos, de la zona del litio 2 hermanos. En ese contexto está el proyecto de litio. Ríos contaminados, nuestros hijos con anemia, metales pesados, esa contaminación no solo está en el agua y las tierras, está en el cuerpo de las personas. De 1 millón de pobladores, el 58% está expuesto a metales pesados”.

El litio en la zona de Perú se extraerá de roca volcánica, a diferencia de Bolivia, que es en salar. Este proyecto está cerquísima de uno de los glaciares más grandes del mundo y el agua, será profundamente afectada. Además de esto, Vito señala un tema muy delicado, explica que para extraer el litio en estas condiciones, primero deben extraer uranio, que está ubicado en una capa superior al litio. El uranio es un mineral radioactivo, y en el Perú, como casi en ningún país de Sur América, existe un protocolo adecuado de extracción de minerales radioactivos, por el cuidado que ameritan.

“Los recursos de todos los peruanos se otorgan a empresas, que extraen y se llevan. Hay una buena relación entre empresa y gobierno y siempre se deja a un lado la participación de comunidades indígenas y campesinos” concluye.

Para el tata Eloy Flores de Uyuni en Bolivia, la historia es dolorosa. Comparte en el intercambio que a su avanzada edad, ya ha visto lo que hacen las empresas mineras. Su comunidad a orillas del salar de Uyuni, es dique de cola de explotación minera de Huainuni. “En la CORIDUC nos hemos organizado a la fuerza por la contaminación de las empresa mineras. Seguimos peleando para que nos respeten, haciendo la resistencia. Las empresas mineras nos avasallan completamente, nos desalojan porque quieren nuestras tierras, las empresas son aliadas del gobierno, de cada uno de los gobiernos. Aún cuando mi padre me dejó terrenos para criar vacunos y oveja, por esto, yo no tengo tierra, estoy caminando pidiendo limosna.

Escuchen, si nos contaminan el agua con qué vamos a vivir nosotros?.”

Las comunidades hacen sus planteamientos de presentes y futuros posibles. Las que ya sufren la explotación minera, son enfáticos en decir a sus hermanas y hermanos que se fortalezca el tejido comunitario, que se refuerce la identidad cultural, que no se dejen llevar con promesas engañosas, con discursos desde el poder estatal y empresarial, que pretenden convencer y confundir.

La mama Adela Ancco, en relación a las comunidades donde se pretende ingresar con proyectos de litio, afirma que “necesitamos canales de distribución y transformación de la sal, sii avanzamos al acopio y el procesamiento, el mercado puede cambiar y aumentar fuentes de trabajo. Tenemos lugares turísticos hermosos, tenemos pensado expandirnos con el turismo, cultivar y criar nuestros animales, esa es nuestra vocación, eso nos advierten los abuelos “. Caminos futuros sobre cómo promover un desarrollo integral sostenible, en sintonía con derechos de las comunidades, sus cosmovisiones, espiritualidades, fue tema presente en los conversatorios.

 

Acompañamiento de las Iglesias a comunidades martirizadas por la minería

Desde las iglesias que acompañan a las comunidades y enfrentan el modelo extractivo de despojo, en la línea de los postulados del Papa Francisco en la Laudato Si y Laudate Deum, en América Latina y Europa, se está haciendo un trabajo consistente por investigar, informar, recoger evidencia, de lo que viene sucediendo con los discursos y acciones de cara a la transición energética, focalizando los esfuerzos en generar información para las comunidades, proponiendo reflexiones y debates críticos a una narrativa que parece estar nuevamente de la mano del capitalismo extractivista que encuentra maneras de nombrar el mismo sistema colonialista.

El Intercambio de Comunidades Afectadas por la Minería de Litio busco generar procesos de diálogo y formación para líderes y lideresas de comunidades en movilización de una postura crítica a las propuestas planteadas desde el norte global sobre la transición energética en línea de nuevas inversiones para extractivismos en América Latina. La iniciativa fue fomentada por la la Red Iglesias y Minería, junto a congregaciones religiosas, como los Oblatos, en colaboración con Misereor, Secours Catholique – Caritas France y CCFD – Terre Solidaire de Francia que han colaborado para la organización de este espacio.

 

Guilherme Cavalli, asesor para diálogos Sul-Norte de Horizont3000 y coordinador de la Campaña de Desinversión en Minería, destaca la autonomía y autodeterminación de las comunidades delante proyectos que llegan de manera impuestas. «Hace 500 años escuchamos que Potosí, aquí en Bolivia, iría desarrollar toda la región por la minería. Este discurso se repite ahora con Litio desde una ecología imperialista que se pinta de necesaria y verde por la transición energética. ¿Cuál es la vocación territorial de la región de los salares? ¿De qué viven las comunidades de esta región? Sin duda no es de minería. El tema es que las comunidades tienen el derecho de elegir sobre sus territorios, sin engaños o discursos mentirosos», sostuvo el miembro de la red Iglesias y Minería (RIM).

El Padre Roberto Carrasco Rojas, O.M.I., Superior de la Delegación General de Bolivia y Perú (BOLPER) enfatizó, en el cierre del intercambio, que las comunidades deben exigir los derechos sobre sus territorios ancestrales en base a las opciones más profundas de los pueblos. «El Papa Francisco en su magisterio resalta la importancia de estar juntos, acompañando los pueblos desde sus urgencias. La minería se presenta como una amenaza a las comunidades hoy. Estar junto con los pueblos que sufren por este modelo también es nuestra misión».

La era del litio recién empieza, la historia de latinoamérica ha visto sangrar la tierra, el agua y extinguirse a pueblos enteros por la extracción de diferentes bienes de la creación. Por ello es urgente las respuestas comunitarias.

 

“Solamente la unidad de los países latinoamericanos, puede ayudarnos, sabemos que no va a acabar la amenaza de la explotación minera, porque los intereses de las empresas y

 

las ganancias son muchas, pero con esa unidad vamos a exigir juntos que respeten las leyes, que respeten a las comunidades”, anima el Apu Eloy Flores.

Perú

ÁNCASH: AGUA DE LOS RÍOS SANTA Y TABLACHACA NO APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO POR CONTAMINACIÓN MINERA

www.conflictosmineros.org.pe 26/08/2024
El gobierno regional de Áncash, declaró el domingo 25 de agosto al agua de los ríos Santa y Tablachaca “no apta para el consumo humano”, tras haber realizado una investigación que reveló que contiene elevados niveles de hierro, arsénico y manganeso, derivados de la actividad minera.

Esto ocurre dos semanas luego de que se produjera el incidente que ocasionó la contaminación del río La Plata -uno de los afluentes del río Santa en la región Áncash- con desechos provenientes de una antigua concesión minera, finalmente se conocen los resultados de las muestras de agua que se tomaron para determinar el impacto de este desastre.

A principios de agosto, estos ríos presentaban agua anaranjada que alertó a la población, por lo que tanto el gobierno regional como organismos ambientales tomaron muestras para evaluar el estado de fisicoquímicos y metales pesados.

Los resultados de la primera muestra, tomada en el río Santa, mostraron que hay niveles elevados de hierro y arsénico, que superan los Límites Máximos Permisibles (LMP). La segunda fue tomada en el río Tablachaca, en la provincia de Pallasca, y mostró niveles elevados de hierro, arsénico y manganeso, además de la turbiedad del agua, que sobrepasa los Estándares de Calidad Ambiental (ECA).

El río Tablachaca se encuentra en la provincia de Pallasca (Áncash) y forma parte de la cuenca hidrográfica del río Santa, que provee de agua al Proyecto Especial Chavimochic (PECh) para el consumo del 55% de la población de Trujillo.

También se revela que la comunidad más afectada es la de Chuquicara, pues su fuente de agua -el río Tablachaca- tiene alta concentración de arsénico, hierro y manganeso. En este caso no solo se hizo la recomendación de que se encuentre un tratamiento adecuado para el agua, sino que también se añade “en caso contrario, una nueva fuente para el abastecimiento de agua de consumo humano”.

Cuando se difundieron las imágenes del agua anaranjada, el ministro de Ambiente de Perú, Juan Carlos Castro, señaló a la “minería ilegal” como fuente de la contaminación. El funcionario aseguró a RPP que ya se controló el flujo de aguas contaminadas, que provenían de la Bocamina 1464, ubicada en el distrito de Pampas, en Áncash.

El funcionario precisó que, según informes de la empresa pública Activos Mineros SAC (AMSAC), estas bocaminas están inactivas desde el 2015, por lo que piensan que han sido tomadas por mineros informales que operan en la zona.

De hecho, la AMSAC ha recordado que ya había denunciado con anterioridad un incremento de la minería informal en esta área y que esta actividad ilícita manipula los materiales mineros “sin el cuidado debido”.

Este río, que desemboca en el río Santa, abastece el consumo humano y agrícola de áreas de Áncash y La Libertad, y como medida preventiva, grandes proyectos agrícolas dispusieron el cierre de compuertas de tomas de agua.

Este hecho debe poner alertas en todo el país de la necesidad de abordar la gestión de los pasivos mineros, sobre todo de los reservorios de relaves mineros que son una amenaza permanente a las fuentes de abastecimiento de agua potable de las comunidades y ciudades, así como los proyectos de irrigación.

Internacional

Tribus y conservacionistas se unen en protesta contra mina de Uranio en Gran Cañón

Tribus indígenas y grupos ambientalistas se unen para protestar contra una mina de uranio cerca del Gran Cañón, preocupados por el impacto en el agua y la tierra sagrada
Nicol Matuz Scott 25/08/2024
¡Aguas con el uranio! Un grupo de activistas y líderes tribales se plantaron el sábado pasado frente a una mina de uranio cerca del Gran Cañón, Arizona, gritando: ¡basta ya!

La protesta organizada por el Center for Biological Diversity reunió a unas 250 personas, incluidas miembros de las tribus Havasupai y Lakota, en oposición al proyecto de la mina Pinyon Plain de Energy Fuels. Sandy Bahr, directora del capítulo del Gran Cañón del Sierra Club, pidió el cierre de la mina y solicitó el apoyo del gobernador y del gobierno de Biden para lograrlo.

La tribu Havasupai ha expresado su preocupación por años sobre el impacto potencial de la minería de uranio en el agua subterránea y la tierra sagrada. Los líderes Navajo también se han pronunciado recientemente en contra de la empresa, exigiendo que no transporte el uranio por las carreteras tribales que rodean el sitio.

Actualmente, Energy Fuels no está transportando uranio a través de tierras navajas mientras continúan las negociaciones. El fiscal general de Arizona también ha pedido un nuevo estudio ambiental para evaluar el impacto de la extracción de uranio en la zona: «El estudio anterior es viejo y no tomó en cuenta la nueva ciencia que claramente demuestra que existe una amenaza real para el agua subterránea del Gran Cañón, sus manantiales y arroyos», dijo Taylor McKinnon, director del suroeste para el Center for Biological Diversity.

Energy Fuels asegura que la mina tiene un bajo impacto en el área y que no hay riesgo para el agua subterránea. Curtis Moore, vocero de la empresa, emitió un comunicado el viernes sobre las negociaciones en curso: «Hemos tenido discusiones productivas con la Nación Navajo y creemos que las partes podrán llegar a un acuerdo razonable que garantice la gestión coordinada de emergencias y la protección de la salud pública y la seguridad en todo momento, asuntos que son de suma importancia tanto para la Nación Navajo como para Energy Fuels».

El conflicto entre el desarrollo económico y la protección ambiental es un tema candente en Arizona. Mientras tanto, la batalla por el uranio continúa, dejando en el aire la pregunta: ¿quién ganará la partida?
https://eldiariodesonora.com.mx/arizona/2024/08/25/tribus-conservacionistas-unen-protesta-mina-uranio-gran-canon.html

Perú

NUEVAMENTE SE PRORROGA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL CORREDOR VIAL SUR ANDINO

OCM en el Perú 22/08/2024
El pasado 3 de agosto ha sido prorrogado, una vez más, el Estado de Emergencia en el denominado Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa, el Decreto Supremo Nº 078-2024-PCM, por 30 días calendario. Cabe resaltar que ésta no es la primera prórroga ya que ha sido ampliada hasta en cinco ocasiones, una situación que se ha vuelto casi crónica en la región. En la práctica, las comunidades aledañas al corredor viven en un estado de emergencia constante, marcado por conflictos sociales y tensiones que afectan su vida diaria

Al respecto, Elsa Merma, representante de la organización Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana de Espinar, declaró para este Observatorio que esto demuestra “que el gobierno de Dina Boluarte solo prioriza los proyectos mineros, como Tía María en Arequipa y otros proyectos mineros en Cusco y Apurímac, ignorando las necesidades y demandas de la población que estamos afectados, no hay capacidad para solucionar por ello amplía el Estado de Emergencia”.

Como se sabe, en este Corredor Vial Sur se ubican proyectos mineros como Las Bambas (Apurímac), Constancia y Antapaccay (Cusco), entre otros. Según el enunciado del decreto supremo, esta medida tiene la finalidad de “preservar y/o restablecer el orden interno, así como garantizar los derechos constitucionales de la población, frente a la proyección de escalamiento de las acciones de fuerza y actos violentos en el territorio por donde atraviesa el referido corredor vial”. Las instituciones encargadas de intervenir son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Parecería que estamos secuestrados y bajo constante vigilancia del Estado y la minería. Las zonas aledañas a la extracción, donde la pobreza y la contaminación por metales pesados son más graves, siguen desatendidas” comenta Elsa Merma, Ex Presidenta de la Plataforma de Afectados por Metales Pesados Espinar y actualmente asociada.

El Decreto Supremo justifica la extensión del Estado de Emergencia bajo el pretexto y recomendación de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú que indica: “Con el objetivo de continuar ejecutando las acciones necesarias para el mantenimiento del control del orden interno, así como garantizar los derechos constitucionales de la población frente a la proyección de actos violentos y acciones de fuerza a lo largo del Corredor Vial Sur”. Al mantener este régimen de excepción, el Estado no solo limita algunos derechos fundamentales, sino que también crea un marco legal que atemoriza a la población, restringiendo su derecho a libertad de tránsito y la libertad de reunión.

Frente a ello, la lideresa Elsa Merma hace un llamado a la organización de los pueblos que conforman el Corredor Vial Sur: “Es urgente reorganizarnos para responder a estas medidas que amenazan nuestros derechos de las comunidades originarias y revisar el impacto del corredor minero y la presencia policial y militar, que solo ha incrementado la inseguridad y el temor”.

El Estado de Emergencia es un régimen de excepción reconocido en el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que se implementa: “en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”[1] .

Esta medida implica consecuencias directas en los derechos de las personas que se ubican en la zona delimitada. Lejos de abordar las causas de los supuestos actos violentos, esta medida parece estar más enfocada en controlar y reprimir a la población. Las comunidades aledañas al corredor, que conviven con la presencia de proyectos mineros como Las Bambas, Constancia y Antapaccay, han visto cómo sus derechos fundamentales han sido vulnerados, por la falta de respuesta del Estado en atender sus necesidades y demandas básicas.

Al respecto, Yovana Mamani, coordinadora del programa Sur Andino de CooperAcción, señaló que “cuestionamos esta decisión por parte del Estado, pues ha dejado de ser excepcional y se ha convertido en una medida permanente que, además, ha resultado ser ineficaz para mediar los conflictos de la zona, los cuales se mantienen como una medida para viabilizar el funcionamiento de la empresa minera, sin dar respuesta al malestar de la población, su disconformidad por el limitado acceso y transparencia de información y el incumplimiento de los compromisos por parte de las empresas mineras”.
www.conflictosmineros.org.pe

Ecuador

Conflictos por la minería

DZM -22/08/2024
Las protestas continúan por la pretendida explotación minera en el proyecto Loma Larga, por ahora suspendido.

Un Estado dispuesto a obtener recursos a través de la explotación minera se enfrenta con la decisión popular de impedirla, por cuanto se afectarán las fuentes hídricas, fundamentales para la conservación del ecosistema.

Sobre aquel proyecto, una consulta popular efectuada en el cantón Girón en 2019, territorio donde se localiza, le dijo no a la explotación.

En 2021 se pronunció en otra consulta el cantón Cuenca: el 80% votó en contra de la explotación minera en todo su territorio.

Loma Larga está suspendido por resolución judicial mientras no se cumpla con todos los procesos normativos, como informes y la realización de una consulta previa, libre e informada; y también de carácter ambiental. Esto, pese al pronunciamiento popular.

En este punto radica parte del meollo del problema: para la empresa concesionaria debe ser consultada únicamente la población en cuyo territorio está el área a ser explotada. Los defensores del agua dicen lo contrario: debe pronunciarse todo el cantón Cuenca.

La elaboración de un informe sobre la sustentabilidad hídrica de Quimsacocha exigió, tiempo atrás, la Corte de Justicia del Azuay.

Empero, ahora el Ministerio del Ambiente pide a ETAPA EP delegar a técnicos para integrar un equipo encargado de tomar las muestras de calidad del agua e informar a la Corte sobre el Área de Recreación Quimsacocha y la Afección e Impacto del proyecto Loma Larga sobre las fuentes de agua.

No es igual dicen los defensores: no se compara un simple análisis de la calidad del agua con elaborar informes sobre la sustentabilidad hídrica, un concepto técnico mucho más amplio.

Al cierre de este editorial, se esperaba la respuesta del alcalde de Cuenca y de la gerencia de ETAPA sobre la pretensión del citado Ministerio; pero han sido advertidos: no deben aceptarla, pues sería desacatar la sentencia de la Corte.

Conflictos por la minería

Panamá

Por qué la enorme mina de cobre de Panamá clausurada tras masivas protestas sigue siendo un ‘asunto urgente’ por resolver

Por qué la enorme mina de cobre de Panamá clausurada tras masivas protestas sigue siendo un ‘asunto urgente’ por resolver
20/08/2024
A Zorel Morales le inquieta la presencia de 130.000 toneladas de material tóxico en Panamá.

Este material, conocido como concentrado de cobre, consiste en mineral de cobre parcialmente procesado y se encuentra en una mina que ha estado cerrada desde finales de 2023. Morales, presidente de la Cámara Minera de Panamá, señala que las reacciones químicas que ocurren en el concentrado pueden liberar gases peligrosos y provocar un aumento en la temperatura del material, lo que plantea riesgos ambientales.

Morales advierte que estos tóxicos representan una amenaza para la salud y seguridad del personal que aún trabaja en el sitio. El concentrado de cobre, que es mineral finamente molido y tratado para aumentar su contenido de cobre antes de ser exportado, puede liberar gas tóxico como el dióxido de azufre. Además, la exposición a sus partículas en polvo puede dañar el sistema respiratorio y también es perjudicial para la vida acuática.

El material está almacenado en Cobre Panamá, una gran mina de cobre a cielo abierto que se cerró en diciembre pasado tras una decisión de la Corte Suprema del país que consideró inconstitucional una nueva concesión de 20 años para su operación. Después del fallo, el gobierno ordenó el cierre inmediato de la mina, manteniendo solo al personal de mantenimiento.

La decisión se tomó después de que en octubre y noviembre de 2023, miles de personas protestaran contra la mina, alegando que estaba causando daños ambientales. La mina, una de las más grandes del mundo, empleaba a unas 7.000 personas y representaba el 1% de la producción global de cobre. Inaugurada en 2019, es propiedad de la empresa canadiense First Quantum Minerals, que invirtió 10.000 millones de dólares en la mina, incluyendo infraestructura como carreteras y maquinaria.

First Quantum ha reclamado su derecho a exportar el concentrado de cobre y ha presentado dos demandas de arbitraje internacional contra Panamá, aunque también ha expresado su deseo de dialogar con el nuevo gobierno que asumió el poder en julio.

https://eltiempomx.com/noticia/2024/por-que-la-enorme-mina-de-cobre-de-panama-clausurada-tras-masivas-protestas-sigue-siendo-un-asunto-urgente-por-resolver.html

Ecuador

Plantón para exigir fin a las concesiones mineras en el Chocó Andino

21/06/2024
Protesta. El colectivo Quito sin minería, entrega documento en la Corte Constitucional y luego hacen una marcha hasta el parque La Carolina. Foto :API
Grupos ecologistas protagonizaron una manifestación en Quito para exigir que se ponga fin a las concesiones mineras en la zona del Chocó Andino.

Representantes de grupos ecologistas participaron este 20 de agosto de 2024 en un plantón ante la Corte Constitucional, en la capital de Ecuador, para pedir a esa institución que vigile el cumplimiento de la voluntad popular expresada en las urnas el año pasado, para evitar la explotación minera en el Chocó Andino, una zona de alta biodiversidad de Quito.

La cita se convocó para presentar una carta y documentos con respaldos a la Corte Constitucional a fin de pedirle que cumpla con su misión de vigilar y exigir a las autoridades competentes que se aplique la disposición ciudadana de agosto pasado.

El lunes, organizaciones ecologistas ofrecieron una rueda de prensa para exigir a las autoridades de Ecuador la eliminación de las concesiones mineras de los mapas del Chocó Andino, donde una consulta popular en 2023 prohibió nuevas concesiones mineras en el sector.

La decisión contra la minería en el Chocó Andino
El 20 de agosto de 2023, la población de Quito, con un 68% de apoyo en una consulta popular, decidió prohibir la explotación de minería metálica en las 124.000 hectáreas que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino, compuesta por las parroquias rurales de Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto.

Según la organización Acción Ecológica este mandato se ha cumplido sólo de manera parcial, y que sigue siendo necesario que el Ministerio de Energía y Minas actualice y publique la información sobre el estado de las concesiones mineras en la zona.

Además ven necesario proceder con la revisión de todas las concesiones mineras y la confirmación de que no se renovarán aquellas que ya caducaron o que no cuentan con la pertinente licencia ambiental.

Acción Ecológica exige a la Corte Constitucional que garantice el cierre de estos proyectos mineros y la reparación ambiental integral de los territorios donde actuaron.

Cuando se ganó la consulta, el Ministerio ya tuvo que eliminar las concesiones que se encontraban en trámite, pero aún restan otras 10.000 hectáreas, de las cuales la mitad estuvieron siendo operadas por las empresas de Melina Chango, Enami y Ecuamin, según representantes de Acción Ecológica, de «manera ilegal». EFE

Plantón para exigir fin a las concesiones mineras en el Chocó Andino

Perú

APURÍMAC: DEFENSORES DE DDHH CUESTIONAN “SENTENCIA IRREGULAR SILENCIADORA»

Cooperaccion 09/08/2024
En una conferencia de prensa realizada el 7 de agosto de 2024, 11 defensores y defensoras de derechos humanos y protectores del territorio de las provincias de Cotabambas y Grau se pronunciaron sobre la reciente sentencia emitida por el juez Andrés Abelino Flores Aguilar, del Juzgado Unipersonal de Cotabambas, que los condenó a penas de entre 8 y 9 años de prisión efectiva. Además, se les impuso el pago de reparaciones civiles de manera «solidaria» por un total de 50 mil soles a favor del Estado y 88,600 soles a favor de la empresa minera MMG Las Bambas.

Los defensores sentenciados, quienes enfrentan cargos relacionados con las protestas de 2015 contra la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas, expresaron su total rechazo a la decisión judicial injusta que busca silenciarlos. Durante la conferencia, calificaron la sentencia de «irregular» y manifestaron su intención de apelar el fallo, argumentando que, durante el proceso, que se ha extendido por casi 9 años, no se han podido probar los hechos que se les imputan.

Entre los sentenciados se encuentra Jacinto Limaluca, ex dirigente del Frente de Defensa del Distrito de Challhuahuacho, quien en la conferencia manifestó “Este proceso ha sido discriminatorio y selectivo, a los que provenimos del campo. La justicia no hace nada por nosotros, en el año 2015 hubieron 3 compañeros fallecidos y no hay justicia para ellos, en cambio para nosotros que hemos defendido nuestro ambiente, la vida y los derechos humanos nos han sentenciado”.

Del mismo modo, Maximiliano Huachaca, integrante de la Federación Interprovincial de Defensa del Territorio y del Ambiente de las provincias de Espinar Chumbivilcas, Cotabambas y Grau aseveró: “Nosotros no somos criminales, no somos antimineros, no somos terroristas, así nos han tildado, nosotros somos defensores del medio ambiente, de la naturaleza, de la tierra, la queremos sin contaminación”, refiriéndose así a su sentencia.

Así mismo, los defensores sentenciados hicieron un llamado público a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para que investigue el actuar del juez Flores Aguilar. Sostienen que la sentencia es desproporcionada y que podría tener como objetivo disuadir futuras protestas sociales en defensa del territorio, medio ambiente y los derechos humanos en la región.

A lo largo de la conferencia, los defensores compartieron cómo este prolongado proceso judicial ha impactado sus vidas personales y profesionales, denunciando haber sido objeto de estigmatización y acoso a través de medios de comunicación digitales, lo cual ha afectado no solo a ellos sino también a sus familias.

Lisbeth Abarca del distrito de Tambobamba, condenada a 9 años de prisión, declaró: “Mi delito fue ser representante de mi barrio Huancalle y defender mi pueblo. Han sido 9 años de tortura, maltrato psicológico y emocional, nos ha afectado en nuestro planes de vida, por defender al pueblo”. De la misma manera, Juan Pablo Conishlla, también sentenciado a 8 años con 8 meses, dirigiéndose a la prensa mencionó que: “a nosotros nos miran como asesinos, como ladrones, nosotros somos de las comunidades campesinas, somos defensores de nuestro territorio”, refiriéndose así a lo vertido a los diferentes medios de comunicación locales.

Tras la conferencia, se realizó un plantón frente al Poder Judicial de Abancay, en el que participaron defensores y defensoras ambientales, así como organizaciones de la sociedad civil que expresaron su solidaridad con los defensores. Durante el plantón, se corearon consignas en defensa de los derechos humanos y del territorio, denunciando lo que consideran una criminalización de la protesta social y una injusticia hacia aquellos que defienden el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.

Virginia Pinares Ochoa, conocida defensora ambiental y Premio Nacional de Derechos Humanos (2022), manifestó ante medios de comunicación “Me han sentenciado a 8 años con 10 meses por expresar mi preocupación por el tema ambiental, la mayoría de los que vivimos ahí, vivimos de la agricultura y la ganadería con eso comemos, nos vestimos y educamos a nuestros hijos” Además, afirmó: “en el pueblo hay esa preocupación pero nadie dice nada por miedo”

A pesar de la adversidad, los defensores y defensoras de derechos humanos condenados reafirmaron su compromiso con la causa. Declararon que continuarán la protección de sus territorios y con la lucha que intenta silenciarlos, enfatizando que el caso ha trascendido el ámbito meramente jurídico para convertirse en una batalla por la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la defensa de los derechos humanos en el Perú.