Colombia

Consejo comunitario de Yurumanguí le gana pulso a minera Pacific Mines S.A.S.

09-02-2018.     La decisión judicial favorece a los pobladores de la cuenca del río Yurumanguí y se convierte en la segunda sentencia de restitución étnica que repara a comunidades afrodescendientes del país. El Tribunal de Cali dictó medidas que blindan su territorio de la exploración y explotación minera.  Para el consejo comunitario del río Yurumanguí es urgente que la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras y el Departamento para la Prosperidad Social implementen pronto los proyectos productivos que requiere la comunidad. Foto suministrada Unidad de Restitución del Valle del Cauca.Hace apenas unos días el consejo comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí recibió la noticia que esperaba hace tres años: el Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Cali dictó una sentencia que les restituye los derechos territoriales sobre 54.776 hectáreas y, de paso, rechaza las pretensiones de la empresa Pacific Mines S.A.S., que alegaba títulos de propiedad sobre el territorio ancestral.

La decisión de los magistrados es la segunda que favorece a una comunidad negra y la octava étnica del país. Además de dictar medidas de reparación para una población de 2.918 personas en el azotado municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, el fallo también resuelve un pleito sobre decisiones tomadas por el antiguo Incora y que llevaron a Pacific Mines S.A.S. y a la familia Dussan a oponerse durante el juicio de restitución. Aunque ambos expusieron sus argumentos, los magistrados concluyeron que todas las pruebas favorecen al consejo comunitario.

La sentencia se convierte en un espaldarazado a una comunidad que, en solitario, ha luchado porque su territorio esté libre de cultivo de hoja de coca para uso ilícito y prácticas de minería ilegal. Cansados de tocar a las puertas de diversas entidades estatales para buscar ayuda y de recibir el recurrente “no”, el año pasado sus líderes experimentaron con el crowdfunding, un sistema de recolección de dinero través de Internet. A principios de abril de 2017 lograron donaciones por 3 millones de pesos, de los 20 que se pusieron de meta, para desarrollar un proyecto productivo de arroz. Con la decisión de los magistrados, diversas agencias del Estado deben actuar con la debida diligencia.

De entrada, el fallo ordena anular las escrituras que la familia Dussan y la compañía minera hicieron sobre el territorio étnico. El Ministerio del Interior deberá aplicar la consulta previa para que la Unidad Nacional de Víctimas concerte con la comunidad un Plan Integral de Reparación Colectiva. El Ministerio de Vivienda deberá darles prioridad en el acceso a sus programas de subsidio, y la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca tendrán que implementar un plan de retorno para los yurumangueños que continúan en condiciones de desplazamiento.

Entre las 23 órdenes, el Tribunal compulsa copias a la Fiscalía para que investigue los hechos y responsables de la violencia perpetrada contra el consejo comunitario, y pide a la Unidad Nacional de Protección [UNP] estudiar el riesgo y brindar las medidas de seguridad que requieran los miembros de la Junta del consejo comunitario y de la Asociación de la Asociación Pueblos Unidos por el Río Yurumanguí (Aponury).

yurumangui 3La comunidad de Yurumanguí logró con la sentencia blindar su territorio de posibles concesiones mineras. Los magistrados ordenaron anular las escrituras realizadas por la familia Dussan y la minera Pacific Mines S.A.S., que reclamaban propiedad sobre el título colectivo. Foto suministrada Unidad de Restitución del Valle del Cauca.Por su parte, la Unidad de Restitución, la Agencia Nacional de Tierras y el Departamento para la Prosperidad Social tienen tres meses para implementar los proyectos productivos; y el Servicio Nacional de Aprendizaje deberá ofrecerles capacitación en producción agropecuaria.

Sobre la actividad minera, los magistrados solicitaron formalizar sólo la tradicional ancestral, reiterando que cualquier solicitud de concesión minera deberá surtir el trámite de consulta previa. Por su parte, las autoridades deberán impedir el ingreso de cualquier tipo de maquinaria o dragas que afecte el territorio.

“Esta es una satisfacción muy grande después de tantos años de afectaciones. La sentencia es un ‘muro de contención’ a la minería mecanizada; nosotros hemos decidido que nuestro territorio es para la producción de alimentos y el progreso del yurumangueño. Por eso esperamos que el gobierno nacional cumpla con las órdenes de la sentencia, porque hemos resistido muchos años al conflicto y porque el desplazamiento no sólo lo producen los actores armados sino la falta de oportunidades”, afirma Dalia Mina, líder del consejo comunitario.

La sentencia de Yurumanguí es relevante porque es el resultado de un proceso complejo de documentar este tipo de reclamaciones étnicas, dada la extensión de los territorios, la presencia de actores armados ilegales en varias regiones y los intereses económicos que se superponen en ellos. La tarea está bajo la responsabilidad de la Unidad de Restitución de Tierras [URT]. Paradójicamente, el anuncio del fallo hecho ayer por esta entidad no detalló el fondo de la decisión de los magistrados frente a las concesiones mineras.
A enero de 2018, la URT registra el logro de 3.664 sentencias de restitución con 234.206 hectáreas protegidas (ver datos); de ellas, la restitución étnica a través de siete sentencias ha protegido el 53 por ciento de todas las tierras restituidas en el país. Con Yurumanguí, esta última cifra asciende a por lo menos el 77 por ciento.
Tres décadas de resistencia

Los yurumangueños han sobrevivido a un conflicto armado de treinta años. El río Yurumanguí, en Buenaventura, atrajo desde finales de los años ochenta a la guerrilla de las Farc y luego a paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). El interés de unos y otros era controlar las rutas del narcotráfico que conducen al océano Pacífico para su posterior comercialización en el centro y norte del continente.

Como quedó documentado en la sentencia, el primer desplazamiento masivo tuvo origen tras la masacre del Naya, perpetrada por paramilitares del Bloque Calima en la Semana Santa de 2001. Varios desmovilizados confesaron ante jueces y fiscales de los tribunales de Justicia y Paz que para para salir del boscoso territorio cometieron una segunda masacre, haciéndose pasar por guerrilleros de las Farc. La idea, según contaron los procesados, fue de un coronel de la Armada Nacional.
En menos de tres años, veredas como El Firme quedaron vacías. Su líder, Jorge Isaac Aramburo, conocido como Naka Mandinga, intentó dialogar entonces con los actores armados para que respetaran el territorio, pero tal defensa se tradujo en más amenazas y en el asesinato de seis de sus sobrinos y de un amigo. La comunidad, devastada, se resistió a abandonar el río y tras la desmovilización de las Auc, pensaron que los problemas habían terminado.

yurumangui 2Desde 2004, la comunidad del Río Yurumanguí firmó un mandato sobre al defensa de tu territorio, señalando que estará libre de la minería ilegal, de cultivos ilícitos, así como de proyectos agroindustriales o minero-energéticos. Foto suministrada María José La Rota.Pero no fue así. Cuando solicitaron la restitución de su territorio en aplicación del Decreto Ley 4635 de 2001, que permite la restitución para comunidades negras, supieron que Yurumanguí estaba “empapelado”: sobre el territorio que cubre su título colectivo se habían celebrado escrituras a favor de la empresa Pacific Mines S.AS. y que esta a su vez, había solicitado desde el año 2013 dos permisos de concesión minera ante la Agencia Nacional de Minería.

Los yurumangueños no entendían nada. Desde 1992, en medio del conflicto, se habían organizado como comunidad étnico-territorial en la Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí (Aponury) y en 1998 lograron que la Alcaldía de Buenaventura reconociera las 13 veredas que componen su territorio. Dos años después, el 23 de mayo de 2000, el antiguo Incora les entregó un título colectivo por 54.776 hectáreas.

Pero la propiedad sobre ese título colectivo fue el punto de discusión en el juicio de restitución. En 1969 el antiguo Incora realizó un proceso de extinción de dominio, por inexplotación económica sobre los predios Yurumanguí, Naja y Calambre, y San Juan de Micay, que suman más de 120 mil hectáreas. De esas tierras, es que salieron las 54 mil hectáreas que integran el título del consejo comunitario.

Durante el juicio, la familia Dussan presentó su oposición, señalando ser “víctima del Estado”: primero porque no fueron notificados del proceso de extinción sobre tierras que heredaron desde el año 1745; y segundo, porque la violencia impidió que Agrominas de Yurumanguí, Naya y Cajamabre S.AS., la empresa familiar, realizara actividades de minería en la zona. A la oposición se sumó Pacific Mines S.A.S. que alegó ante los magistrados haber comprado a los Dussan en 2011 porque estos acreditaron títulos de propiedad.

“Para nosotros fue una sorpresa saber que había solicitudes de concesiones mineras sobre nuestro territorio. Estamos contentos de que la sentencia nos haya respaldado en la defensa del Yurumanguí, sobre todo después de resistir a tantos años de conflicto. Lo mínimo era que el Estado nos apoyara”, reitera la líder Dalia Mina.

A su voz se suma la de otra líder, María Elena Arroyo Caicedo, quien explica que ahora tienen expectativa en el cumplimiento de cada una de las órdenes de los magistrados: “Estas medidas son una forma de reparar los atropellos que sufrimos durante tantos años. Es importante que el Estado cumpla con los derechos de vivienda digna y empleo. Porque el yurumangueño quiere cultivar alimentos, tener garantías para progresar en su territorio”.

Consejo comunitario de Yurumanguí le gana pulso a minera Pacific Mines S.A.S.

Internacional

El Parlamento Europeo pide vetar la minería submarina ante sus efectos en los caladeros

Los legisladores reclaman frenar su expansión internacional, presente en bastiones para la flota gallega como Namibia -La Universidad de Exeter alerta de la destrucción de los ecosistemas
adrián amoedo vigo 11-02-2018
Una de las potentes «herramientas» que usan las mineras sobre los fondos marinos. // Nautilus Marine
Fotos de la noticia

Expansión
Licencias desde Jamaica: La International Seabed Authority (ISA) ha emitido ya licencias para trabajar en 1,3 millones de kilómetros cuadrados desde su sede en Jamacia a 28 contratistas en todo el mundo.
Diamantes y fosfato, en Namibia y Sudáfrica: En Namibia, una joint venture entre el estado y la firma De Beers explora el fondo marino en busca de diamantes. Allí se paralizó un proyecto de la polémica minería submarina de arena fosfática, que sí está prosperando en Sudáfrica. Se trata de dos caladeros clave para la flota gallega.

La minería submarina está al alza. Los proyectos comienzan a agolparse, las empresas que se dedican a ello se frotan las manos y hasta existe una organización que regula la actividad y que hasta la fecha ha emitido licencias que cubren ya 1,3 millones de kilómetros cuadrados. Algunos de ellos afectan a caladeros tan importantes para la flota gallega como son los de Namibia o, más recientemente, Sudáfrica. La exploración de materia prima en el fondo marino ha puesto en alerta a los legisladores de la UE, que el pasado mes aprobaron en el Parlamento Europeo un texto en el que exigen el veto de la actividad hasta demostrar sus efectos medioambientales. Según acaba de publicar la Universidad de Exeter, la minería submarina «podría causar daños irreversibles a los ecosistemas marinos».

La opinión de los legisladores europeos se ha convertido en la primera voz política «fuerte» que se enfrente a la minería submarina. Lo hizo, además, con un gran apoyo, ya que la resolución recibió 558 de los 666 votos en el Parlamento Europeo. Con ello se busca que esta industria no se desarrolle principalmente en los fondos marinos europeos, pero también busca frenar su expansión en otros lugares del mundo, ya que además de la moratoria se instó a la Comisión Europea a convencer a los Estados miembro para que dejen de respaldar y de subvencionar licencias en aguas internacionales.

La medida, que pasó desapercibida como una disposición en el marco del plan sobre gobernanza de los océanos de la UE, sirve también como contrapunto a las actividades de la International Seabed Authority (ISA), la organización que decide desde su sede en Jamaica y a puerta cerrada cómo expandir las operaciones mineras en el Atlántico, Índico o Pacífico. Según los medios especializados, actualmente está desarrollado regulaciones para la industria, pero ya ha emitido licencias de exploración para, al menos, 28 contratistas.

La noticia se une a la intención de Irlanda conocida esta semana de avanzar en la prohibición de la exploración petrolera en sus aguas, lo que beneficiará a la actividad de la flota pesquera gallega que faena en Gran Sol. Más difícil lo tendrán los barcos de las empresas gallegas que faenan en caladeros como los de Namibia o Sudáfrica. Ambos países están iniciando la minería submarina para extraer fosfato y, en el primer caso, la empresa De Beers lleva tiempo taladrando el lecho marino para extraer diamantes.

Ahora la Universidad de Exeter ha publicado un estudio en Frontiers in Marine Science en el que indica que los efectos de esta industria «podría causar un daño irreversible a los ecosistemas de aguas profundas», que tardarían «décadas, siglos o incluso milenios» en recuperarse. Uno de los responsables de la investigación, David Santillo, reconoció que le conocimiento sobre los fondos «es aún limitado», sí señala que «son muy sensibles». «Parece prudente tomar precauciones para evitar daños que podrían tener consecuencias imprevistas y duraderas», comentó Santillo al medio especializado Science Daily.
http://www.farodevigo.es/mar/2018/02/11/parlamento-europeo-pide-vetar-mineria/1835919.html

Colombia

Procuraduría pide a Agencia Nacional de Minería que excluya las áreas protegidas de la explotación minera

La solicitud se refiere especialmente al trabajo de las compañías en los páramos.
Heidy Monterrosa – hmonterrosa@larepublica.com.co 12-02-2018
Por medio de una carta, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales le pidió a la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib, que se excluyan las áreas protegidas, y especialmente de los páramos, de la explotación minera.

El procurador delegado Gilberto Blanco Zúñiga solicitó que todas las obras que se estuvieran realizando por concesionario fueran inmediatamente suspendidas y los títulos retirados sin compensación alguna, tal como lo ordena el artículo 36 de la Ley 685 de 2001.

En el caso del páramo de Santurbán, la Procuraduría está en el seguimiento de las mesas con el Ministerio de Ambiente, y están trabajando para lograr la delimitación de la zona antes de que termine el Gobierno actual.

Por otro lado, el procurador Blanco dio a conocer en el programa radial Somos Procuradores, que la entidad le pidió en noviembre a la Unesco que declare los páramos como patrimonio de la humanidad, para que puedan ser protegidos.
https://www.larepublica.co/economia/procuraduria-pide-a-agencia-nacional-de-mineria-que-excluya-las-areas-protegidas-de-la-explotacion-minera-2598888

Mexico

Acaba Goldcorp con Mazapil

SAÚL ORTEGA Y MIRIAM SERRANO/NTRZACATECAS.COM 12-02-2018
Desde la entrada norte hasta la cabecera municipal, por la vieja carretera que conduce de Concepción a Oro a Mazapil, es posible ver un pueblo devorado por el tajo de la mina de oro más grande de Latinoamérica.
Los cerros de los desechos mineros llegan hasta donde la vista alcanza: enfrente sólo hay un paisaje devastado por las máquinas dedicadas a la extracción de oro, que acabaron con 6 mil hectáreas del semidesierto zacatecano.
A poco más de una década de la llegada de la minera Peñasquito, propiedad de la empresa canadiense Goldcorp, las calles de la cabecera de Mazapil lucen vacías y con casas derrumbadas.
Al menos una docena de restaurantes se encuentran abandonados. En el centro de la plaza se yergue la iglesia y, al costado, un par de columpios se mecen con el viento, junto a otros pocos juegos infantiles que poco uso reciben.
Unos metros después está la presidencia municipal y el único cajero automático de Mazapil, donde una fila de hombres y mujeres esperan su turno para retirar dinero.
Dentro del ayuntamiento, la mayoría de las oficinas se encuentran cerradas. Unas cuantas personas esperan en la recepción al alcalde Gregorio Macías Zuñiga, quien, de acuerdo con quienes lo aguardan, es raro que asista a sus oficinas.

En el olvido
El camino de terracería sigue hasta convertirse en una carretera de dos carriles que conduce a la comunidad de Nuevo Peñasquito, otro pueblo fantasma, al igual que la cabecera municipal.
El centro comunitario de salud que presuntamente operará el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está abandonado. En su interior hay varias sillas y un escritorio cubiertos de polvo.
También está una tienda de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) recién remodelada, con una placa que indica que fue inaugurada en diciembre de 2017; sin embargo, los comuneros afirman que no han ido las autoridades a ponerla en servicio.
María Guadalupe, quien vivió en la desaparecida comunidad Peñasquito, asegura que ésa no es la única promesa incumplida por la minera.
Con tristeza pasea la vista por la calle y recuerda que los directivos de la compañía prometieron que las calles de la nueva comunidad serían pavimentadas. “Ahora mire: ni eso, todo está sin pavimento y lleno de polvo”.
La mujer clava la vista en un solitario árbol de durazno y lamenta: “no nos dejaron traer nada. Allá tenía una nopalera muy bonita, pero ni un nopalito nos dejaron traer, nomás vimos cómo los arrancaron las máquinas”.
La tristeza es común en Nuevo Peñasco. Sólo quienes llegaron años después cuentan con el beneficio de tener alumbrado en sus calles y una vivienda digna, bien construida.
“Cuando nos trajeron a ver las casas pues se veían muy bonitas, bien pintadas, pero ahora tienen goteras y cuando llueve se mete por todos lados el agua”, agrega María mientras señala las grietas de su hogar.
A una cuadra habita otra familia que perdió la casa de adobe que tenía en Peñasquito. Ahí María Juana, recargada sobre los barrotes de su portón, recuerda que su anterior hogar era fresco y no tenía problema alguno.
“En esta casa tenemos que lidiar con la falta de agua y que está toda agrietada, con muchas goteras”, lamentó María Juana.
Supuestamente, la minera les entrega 200 mil pesos anuales para compensar la pérdida de sus tierras, pero los habitantes de la nueva comunidad desmintieron a la empresa.
“Dizque nos dan 20 mil pesos mensuales. ¡Bueno fuera! Así ni siquiera tendríamos de que quejarnos. No nos dan ni un peso”, sentenció María Guadalupe.
Ambas mujeres dicen que la única promesa que tienen es que Goldcorp arreglaría las casas que se les entregaron para evitar las goteras, pero eso se les prometió desde hace más de seis meses. Ahora la compañía presume que las reparaciones comenzarán en marzo.
“Dicen que de una en una, porque no pueden hacer todo al mismo tiempo”, reprocha María Juana.
Las dos Marías evitan ver hacia donde está el tajo de la mina: “si miro para allá, me desmayo, porque no queda nada”, explica con melancolía Guadalupe.

Sin respuestas
Aun cuando el presidente municipal de Mazapil conoce las necesidades de la comunidad Nuevo Peñasquito, no tiene respuestas para sus habitantes y reconoció, en entrevista con NTR Medios de Comunicación, que no existe un proyecto para mejorar sus condiciones de vida.
Gregorio Macías señaló que la minera sólo realizó algunos proyectos para mejorar las condiciones de tramos carreteros, pero hasta la fecha no se han formalizado.
Aceptó, además, que se carece de estudios sobre los efectos que tienen las presas de jales en la población de las comunidades aledañas.
Macías Zúñiga aseguró que, en coordinación con Goldcorp, se realizan instalaciones de agua potable, drenaje, pavimentación de calles en al menos 20 comunidades cercanas a la mina.
Sin embargo, aceptó que la compañía canadiense ha quedado mal a los ejidos. “Hemos intervenido para que se cumplan estos compromisos, tuvimos una reunión para que la minera llegue a acuerdos para cumplir con todo lo prometido”, excusó.
Un ejemplo de las fallas es la construcción de un nuevo centro de salud, pues a pesar de que el ayuntamiento donó el terreno donde se edificaría, la empresa no concretó su compromiso y, varias administraciones después, el tema de diluyó.

Afectados
Los problemas de salud, principalmente afectaciones en la piel e infecciones de ojos, han aumentado desde la llegada de la minera, pero la situación de las poblaciones aledañas puede ser más grave.
Personal médico del lugar expuso que las enfermedades se intensifican durante la temporada de estiaje, “porque es cuando los jales están secos y se levantan fuertes polvaredas”.
Los trabajadores del antiguo Centro de Salud lamentaron que a la fecha no exista un estudio sobre el impacto que tienen los desechos mineros en la población de Mazapil.
Por otro lado, Eduardo Manzanares Acuña, doctor en Ciencias e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), alertó de que los riegos son mayores, “porque los residuos de las presas siempre contienen metales pesados que afectan a nivel del ADN”.
Una de las consecuencias del daño es que los niños del lugar nazcan con retraso mental y no puedan desarrollarse de manera adecuada.
Los más vulnerables son los menores de cinco años, porque “su principal contacto de juego es con el suelo, con la tierra y no existe la cultura de lavarles las manos constantemente”.
“Esta situación lleva a que los niños ingieran los metales pesados que contiene la tierra que llevan en sus manos”, advirtió el especialista en temas ambientales relacionados con la minería.
A estos problemas de salud se suma un incremento en la incidencia de enfermedades de la garganta y, en general, de las vías respiratorias.
Manzanares Acuña recalcó que es necesario realizar un estudio de los desechos para determinar el grado de riesgo que corre la población que vive a 200 kilómetros a la redonda de la mina, según los metales pesados que se encuentren. “Lo malo es que no dejan tomar muestras de los jales”, lamentó.
Reprochó que a nadie le importe esta situación, porque no se considera que, al estar los desechos de la mina a cielo abierto, toda la gente de la región del semidesierto sufrirá los efectos en su salud.

Pocas ventas
La señora Nelly es comerciante, dueña de una tienda que está a un costado de la parroquia. El negocio se lo heredó su abuelo, y, aunque casi no hay gente en el pueblo, vende “de a poquito”.
Ésta es de las pocas tiendas que están abiertas en Mazapil ante la falta de clientela. En un esfuerzo de mantener el sustento para su familia, Nelly remodeló su establecimiento y trata de abastecerlo lo mejor posible.
Atrás del mostrador, con una sonrisa forzada reconoce que los beneficios traídos por la minera son pocos y el empleo no es uno de ellos.
Refiere que lo que hace la compañía es proponer a las personas que se capaciten para montar un taller u otro tipo de empresa familiar, en la que los interesados deben invertir 50 por ciento de lo requerido.
Al preguntarle por qué su esposo no trabaja en la minera, la señora Nelly dijo que es muy difícil entrar; “el sindicato es el que decide ese tipo de cosas y sólo que haya algún hermano o pariente adentro es más fácil, de lo contrario no se puede”, explica.

Apoyo insuficiente
“La gente no se deja ayudar. Piden ayuda y se les da, pero no es la que esperan”, asegura Rafael Tiscareño Rivera, párroco de la iglesia de San Gregorio Magno, ubicada en la cabecera municipal.
Con voz muy baja, como si tuviera temor de ser escuchado, el religioso sostiene que la instalación de la minera Peñasquito trae beneficios a la población, “aunque no los esperados”.
Añade que Goldcorp otorgó fuentes de empleo; sin embargo, “desafortunadamente, la mayoría de las personas que trabajan ahí son de fuera y sólo muy pocos lugareños prestan sus servicios a esta trasnacional”.
De pie en el recibidor de su casa, como si tuviera prisa por terminar la entrevista, insiste en que los pobladores reciben algunos apoyos, “pero no los que ellos esperan, pues no se esfuerzan por mejorar y, aunque la empresa minera ha impulsado algunos proyectos, la gente no muestra interés en ellos”.
Otro aspecto que destaca el párroco es la inequidad con la que la empresa apoya a las localidades, pues reprochó que mientras en algunas construyeron carreteras o instalaron servicios básicos, “son las menos, pues el resto se encuentra en total abandono”.

Lucha apagada
Lauro Herrera Hernández, representante de los ejidatarios de Mazapil y presidente de la comisión reguladora, critica que, a pesar de que el gobierno estatal y la minera conocen los problemas ecológicos, “nadie hace nada para repararlos”.
Bajo la sombra de uno de los pocos árboles que hay al pie de la carretera que conduce la comunidad Cedros, Herrera Hernández se dice cansado de ver cómo se destruye el entorno y de denunciarlo.
El hombre tiene más de una década en la defensa del medio ambiente. Es consciente de que, durante la temporada de estiaje, el polvo que levanta el viento desde los jales afecta al menos a unas 450 familias de los ejidos de Mazapil, Cedros, Nuevo Peñasquito, Palmas y Mesas.
“Se hacen grandes nubes de polvo que tapan el cielo. Suponemos que le hace daño a la gente, pero nadie nos dice nada”, advirtió Herrera Hernández.
Coincide con médicos e investigadores en que urge realizar un estudio entre la gente de estas localidades para determinar si su salud está afectada; “los de la mina dicen que ya lo hicieron, pero nunca dan a conocer los resultados”, mencionó.
Este problema se agravó cuando la mina comenzó a expandirse para tirar los jales, pues “el acuerdo era por la explotación de 5 mil 200 hectáreas, pero invadieron más de mil 200”.
La expansión trae consigo otro consigo otro conflicto que es el del acaparamiento de la superficie, que reclaman los ejidatarios. “Todo eso que se extendieron no está en los convenios que firmamos originalmente y ahora no quieren responder por toda esa tierra”, recriminó el representante de los comuneros.

A medias
El albergue estudiantil del plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) está en pésimas condiciones. Mejorar este espacio fue otro de los compromisos que Goldcorp incumplió.
Los jóvenes que acuden a esta institución duermen hacinados y entre mal olor de los baños que carecen de puertas. También hay un área de regaderas, donde sólo se ven los tubos que sobresalen de la pared, pues carece de divisiones para dar privacidad a los muchachos mientras se bañan.
La directora del plantel, Yurilia Juárez Juárez, informó que el compromiso de la minera era concluir la construcción del albergue, que quedó en sólo una nave de dormitorios y una bodega donde pernoctan 90 jóvenes, hombres y mujeres.
En ambos dormitorios las literas están convertidas en un laberinto que, en caso de una emergencia, muy probablemente se convertiría en una trampa imposible de sortear.
En el área de mujeres, la señora Rosita cuida que las estudiantes mantengan limpio el espacio, aunque la única diferencia con el dormitorio varonil es que las camas están tendidas. El hacinamiento vuelve claustrofóbico el lugar.
La directora del plantel explicó que minera Peñasquito aportó 8 millones de pesos para la obra del albergue y la adquisición de equipo para los talleres. A pesar de que se tiene el terreno para continuar la construcción, la escuela se quedó sólo con la promesa de que se les daría lo necesario para terminar.
Respecto al mantenimiento del lugar, Juárez Juárez dijo que los alumnos pagan 50 pesos por semana, lo que les permite pernoctar ahí y acceder a tres comidas al día.
“El recurso es insuficiente, la presidencia apoya con las tortillas diariamente y el resto lo asume la institución”.

Ocultos
En reiteradas ocasiones, NTR intentó establecer contacto con representantes de Goldcorp. Se buscó a Nelson Núñez, gerente de Sustentabilidad, y a Carlos Acevedo, coordinador de Relaciones Públicas, para conocer su postura sobre los problemas en las comunidades.
La respuesta de los directivos fue contundente: “todo tema a tratar será a través de Relaciones Interinstitucionales, con Doris Liliana Vega Pérez”.
Sin embargo, este medio también la buscó ella y no se obtuvo respuesta. NTR visitó las instalaciones de la minera y, pese a que se comprometieron a que se concedería una cita, la responsable de Relaciones Institucionales no atendió al medio.
En contraste, Vega Pérez ha otorgado entrevistas a revistas de sociales, en las que se presenta como una mujer exitosa en el mundo de la minera, con una tendencia al culto a su persona. Presuntamente, estas publicaciones fueron pagadas por ella misma o por la empresa.
Este tipo de entrevistas fueron reproducidas en un sinnúmero de artículos a nivel local, en los que se contrata un gran espacio para informar los logros de la representante de Goldcorp, en la esfera en la que se desenvuelve, con autopromoción de su imagen.
En estas publicaciones muy poco o nada se informa sobre los avances, beneficios y/o afectaciones que ha obtenido la comunidad desde la instalación de minera Peñasquito en Mazapil.
Sólo de vez en cuando se envían algunos boletines de prensa con supuestos beneficios que otorga la empresa a la población, sobre todo cuando se registran manifestaciones de los ejidatarios, transportistas y hasta proveedores.
Además, el silencio, la cerrazón y el hermetismo forma parte de la política de la empresa hacia los medios de comunicación, el área dirigida por Doris Liliana Vega.

Se acaba el agua
Los problemas para Mazapil van en aumento. De acuerdo con el académico Federico Guzmán López, la minera Goldcorp es la que mayor volumen de agua concesionada tiene en la entidad.
El experto en el tema mencionó que la minera canadiense extrae en promedio cerca de 43 millones de metros cúbicos de agua anualmente.
En total, todas las industrias mineras establecidas en la entidad explotan al año, para sus procesos de beneficio, el agua suficiente como para abastecer a casi toda la población de Zacatecas, pero del total, tres cuartas partes son utilizadas por Goldcorp.
Guzmán López agregó que el mayor volumen de extracción por parte de la empresa es en Mazapil.
“Se documentó que de los 43.9 millones de metros cúbicos que extraen por año, sería posible dotar de agua a un millón 202 mil 773 personas, lo que equivale a 80.68 por ciento de la población del estado”, mencionó el universitario.
Ante tal situación, el especialista advierte que esto llevará a Zacatecas a tener un desabasto de agua en esta región en un promedio de 25 años, de acuerdo con análisis del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Esto se debe a que la sobreexplotación de los mantos acuíferos genera un déficit hídrico de hasta 299 metros cúbicos de agua.

Sólo foráneos
El mayor reclamo de la población de Mazapil es la falta de empleos, pues una de las principales promesas de Goldcorp fue que dotaría de empleos a los habitantes del municipio. Nada más lejos de la realidad.
La directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) revela que los egresados, aunque adquieren el conocimiento necesario para realizar distintos trabajos en la mina, “no son contratados, entonces los jóvenes buscan en otras empresas, donde el salario no es tan bueno”.
Estas compañías son las que subcontrata la minera para realizar trabajos fuera del tajo y los empleos que otorgan “principalmente son para la reparación de motores a diésel”.
Los habitantes de Mazapil explicaron que la empresa “trae gente de Coahuila, Chihuahua, Monterrey, Durango y de la capital del estado… pero a la gente de aquí no nos contratan”.
De acuerdo con especialistas en el tema, la planta laboral de la mina Peñasquito se compone en su mayoría por personal que la compañía contrata en otros estados y deja sin oportunidades laborales a los habitantes de Mazapil.
La realidad aplasta cualquier discurso, aunque la empresa presume en su página web que 80 por ciento de los empleados y proveedores se contratan de manera local y regional.
Una prueba más de la falta de oportunidades son los fraccionamientos que se encuentran en las entradas al pueblo. Las casas nuevas quedaron en total abandono, fracasó el proyecto que hace más de cuatro años impulsó una constructora de Monclova, Coahuila, que estimaba que los trabajadores de la minera contrataran las viviendas créditos Infonavit.
Ahora en el lugar se encuentra un velador, quien “cuida” que las pocas casas no sufran destrozos, pero ello no ha impedido que el paso del tiempo y las inclemencias climáticas hagan lo suyo. Hoy los inmuebles lucen desgastados.
Existen por lo menos 20 viviendas edificadas en el lugar y, aunque el terreno se encuentra totalmente fraccionado y listo para las conexiones de los servicios básicos, la empresa decidió no continuar la construcción.
En cambio, la mayoría de los trabajadores viven en el centro habitacional que les proporciona la minera. Laboran 15 días ininterrumpidos por una semana de descanso, tiempo que utilizan para regresar a sus hogares, que no están en Mazapil, sino en otros lugares, por lo tanto, no hay consumo en las comunidades y la economía se encuentra estancada.

Más conflictos
La minera no trajo ni prosperidad ni desarrollo al municipio, por lo que los habitantes del lugar reprochan que la falta de fuentes de trabajo es muy alta, al igual que la contaminación, la devastación de la tierra y las enfermedades.
Desde la cabecera municipal hasta la mina es necesario recorrer un trecho de 10 minutos, la mitad del camino está pavimentado y en las cercanías de la entrada a la excavación es necesario transitar sobre terracería.
Durante el trayecto el paisaje cambia dramáticamente: los cerros de desperdicio de la mina adquieren tonos que van del gris al negro, en otros puntos son color marrón claro.
Por las laderas de estas montañas se ven camiones enormes, con capacidad de 30 toneladas, que suben y bajan para dejar en la cima sus cargamentos de jales.
A lo largo de la carretera existe un constante ir y venir de vehículos procedentes del tajo, pero ninguno para Mazapil: la mayoría van a casas de la comunidad Nuevo Salaverna o bajan directo a Concepción del Oro para realizar compras.
Frente a la entrada principal de la mina, se encuentra un grupo de transportistas zacatecanos, los conductores dicen que es “para presionar a la minera (para que les dé cargas)”, pero desconocen cuánto tiempo deberán permanecer en el lugar para lograr su objetivo.
Los líderes sindicales buscan establecer diálogo con la minera que, en diciembre, se comprometió a no realizar más viajes de material hasta llegar a un acuerdo con los transportistas zacatecanos. Otro compromiso que la canadiense no cumplió.

http://ntrzacatecas.com/2018/02/12/acaba-goldcorp-con-mazapil/

Colombia

Ataque explosivo paraliza línea férrea de minera Cerrejón en Colombia

La línea férrea de la mayor mina de carbón de Colombia, Cerrejón, sufrió un ataque con explosivos que provocó la suspensión de la circulación de los trenes, sin afectar la producción ni las exportaciones, informó el martes compañía.
Colombia, 13-02-2018
(Reuters LTA) El ataque ocurrió el lunes en la noche en el departamento de la Guajira, en el extremo norte de Colombia, donde está ubicada la mina a cielo abierto de producción de carbón término.

“A la altura del kilómetro 27, un artefacto explosivo detonó en la línea férrea causando daños en los rieles y polines. Afortunadamente, el incidente no ocasionó afectación de personas o equipos”, dijo Cerrejón en un comunicado.

Las autoridades militares y la empresa se abstuvieron de responsabilizar a alguna organización armada por el ataque que se produjo en medio de una ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la mayor guerrilla activa en Colombia, en diferentes regiones del país.

La empresa inició de inmediato la reparación de la línea férrea de 150 kilómetros por la que circulan los trenes que transportan el carbón que se extrae de la mina hasta Puerto Bolívar, en el Mar Caribe, desde donde se exporta el mineral.

Cerrejón, que pertenece en partes iguales a BHP Billiton, Anglo American y Glencore, tiene más de 5.000 empleados y extrae anualmente más de 30 millones de toneladas de carbón térmico de la mina, alrededor de una tercera parte de la producción total de Colombia, el quinto exportador mundial del mineral.
http://www.latinomineria.com/2018/02/13/ataque-explosivo-paraliza-linea-ferrea-minera-cerrejon-colombia/

Bolivia

TED: consulta promovida por AJAM para explotar oro en Inquisivi no fue previa

La AJAM ejecutó junto al SIFDE la consulta para la explotación del oro en el municipio de Inquisivi, pero el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz observó que no fue previa, informada, ni concertada.
Jimena Mercado C.
La Paz, 9 febrero (ANF).- La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ejecutó con el acompañamiento del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático de La Paz, la consulta para la explotación del oro en el municipio de Inquisivi, pero el Tribunal Electoral Departamental (TED) observó que no fue previa, informada, ni concertada.

El proceso de consulta se realizó para formalizar la actividad minera en el cantón Arcopongo, donde se realiza explotación ilegal de oro a gran escala desde el 2014 a cargo de cinco cooperativas afiliadas a la Fedecomin, las que no cuentan con autorización para la explotación minera, tampoco licencia para comercializar oro, y menos, licencias ambientales.

Francisco Eugenio de la Cooperativa Ullakaya Condoriri exigió su derecho preferente sobre 50 cuadrículas, tal como lo certifica la Gaceta Oficial Minera 181 de 2013, y lamentó que la consulta se haya consumado a pesar del proceso contencioso administrativo admitido en el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la AJAM.

El vocal electoral, Freddy Cayo en entrevista con ANF informó que a requerimiento de la AJAM nacional ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el TED se hizo cargo del acompañamiento y supervisión del proceso de consulta para la actividad minera. Negó sin embargo que eso signifique “avalar” la consulta.

“De acuerdo a la normativa vemos que la consulta debe ser de buena fe, previa, libre, concertada, informada, esa es la característica que tiene la consulta, y en base a esos elementos encontramos un acuerdo. Pero en el marco de nuestra competencia, cuando estamos evacuando nuestro informe decimos cuál de estas características se cumplió y cuál no se cumplió”, explicó.

¿Qué aspectos de la consulta no se cumplieron? se consultó al Vocal, quien respondió: “Sin decir cuál de las cooperativas ni de qué comunidades son, se ha verificado que no se han cumplido con los criterios de observancia de consulta previa, informada y de concertación, pero si se cumplieron los criterios de buena fe, libre y de acuerdo a sus usos y procedimientos propios”.

Consultado sobre las razones por las que el SIFDE La Paz aceptó acompañar un proceso de consulta cuando la Cooperativa Ullakaya Condoriri II alertó el 7 de septiembre de 2017 y ratificó el 5 de enero de este año las denuncias ante el TSE y el TED sobre el avasallamiento de 50 cuadrículas inmovilizadas tras la aprobación de la Ley de Minería y Metalurgia 535 del 28 de mayo de 2014, Cayo aseguró que se cumplió la ley.

Eugenio Aduviri no sólo alertó de los extremos a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, sino también al presidente del TED La Paz, Antonio Condori mediante cartas, y tras consumada la consulta «invocando el principio de transparencia» solicitó el acta de consulta al SIFDE, así como a la AJAM, pero ambas instituciones le negaron la información.

“Según la normativa nos dice que con 30 días de anticipación nos deben hacer la solicitud para entrar y en ese marco acordamos el ingreso con todos los antecedentes, se hizo un trabajo de gabinete, pero no puedo expresar qué tipo de trabajo”, señaló el Vocal.

Sin embargo no pudo desvirtuar por qué se aplicó un mecanismo constitucional de la democracia comunitaria, directa y participativa para hacer una consulta cuando ésta debe ser convocada por el Estado “de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones”, y no después.

ANF solicitó una entrevista al director nacional de la AJAM, Erik Ariñez quien se limitó a responder por escrito que el caso se encuentra en investigación en el Ministerio Público. Tampoco proporcionó a este medio la solicitud de la consulta que hizo al TSE.

Procedimiento de la consulta

La consulta previa, según explica la página web del OEP es “un mecanismo constitucional de la democracia comunitaria, directa y participativa, convocada por el Estado Plurinacional de Bolivia de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales”.

Los pueblos indígenas tienen derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

En este marco, el Estado, según el artículo 15 de la Constitución Política del Estado “garantiza el derecho a la consulta previa obligatoria, de buena fe y de manera concertada, respecto a la explotación de recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) a través del SIFDE deberá hacer la observación y acompañamiento de los procesos de consulta previa, de forma coordinada con las organizaciones e instituciones involucradas.

Antecedentes del caso

Durante la gestión 2012 la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri hizo una solicitud al Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) para la explotación minera autorizada en una superficie de 50 cuadrículas que se extiende a lo largo del río Chaquety en el municipio de Inquisivi de La Paz.

El representante de la Ullakaya Condoriri, Francisco Eugenio mostró que la Gaceta Oficial Minera 181 de Sergeotecmin del 15 de enero de 2013 publicó que dicha cooperativa cumplió con todos los requisitos que exigía la normativa para tramitar su autorización la explotación minera en 50 cuadrículas solicitadas porque no presentaban ninguna sobreposición.

Sin embargo los comunarios del lugar anoticiados del potencial de la veta minera generaron conflictos y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) determinó inmovilizar el área.

El informe técnico circunstancial de la intervención señala que el suboficial Telésforo Chura secuestró un arma de fuego en la localidad de Quime de la provincia Inquisivi a las 15.20 horas del 4 de diciembre de 2014, sin embargo las cooperativas terminaron avasallando las 50 cuadrículas con maquinaria pesada que extrae un promedio día según informes preliminares entre 28 y 40 kilos de oro al día.

Denuncias a autoridades La denuncia fue formalizada por Eugenio Ayuviri a varias autoridades gubernamentales; el 2016, envió nota a la ex Ministra de Transparencia, Lenny Valdivia; al ex procurador Héctor Arce; a la ex ministra de Justicia, Virginia Velasco; al presidente de la Asamblea Legislativa y Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera e incluso al presidente Evo Morales. Sin embargo lamentó no haber obtenido ninguna respuesta.

La denuncia que también llegó a manos del defensor del Pueblo, David Tezanos con el rótulo: “graves hechos de corrupción e injusticias en instituciones públicas del área minera” se apunta al propio Ministerio de Minería y Metalurgia, al viceministro de Cooperativas, José Luis Chorolque y otras autoridades de presuntos delitos de penales y ambientales.

El denunciante señaló que es evidente que existe complicidad entre autoridades del Estado y las cooperativistas que explotan oro y comercializan de manera ilegal.

Según Eugenio Ayuviri, las autoridades mineras a cargos del control de la explotación y comercialización de minerales presuntamente “cometieron actos de corrupción como el uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, asociación delictuosa, delitos ambientales, contribuciones y ventajas ilegítimas, agravantes para el tráfico de tierras y avasallamiento”.
/JMC/ https://www.noticiasfides.com/economia/ted-observa-que-consulta-promovida-por-ajam-para-explotar-oro-en-inquisivi-no-fue-previa-385622

Argentina

Bicicleteada en defensa de la Ley de Glaciares

07/03/2018 Universidad
Así lo decidieron los integrantes de la Asamblea Jáchal no se Toca, que recorrerán 1.400 km desde Jáchal a Buenos Aires. Partirán desde la plaza comunal el 19 de febrero.

Un grupo de integrantes de la Asamblea Jáchal no se toca recorrerá 1.400 kilómetros en bicicleta, para reclamar a los legisladores nacionales que no modifiquen la Ley de Glaciares.

La decisión, que votaron en el seno de la Asamblea, fue anunciara por una de sus integrantes, Marcela Alonso, al portal de noticias El dedo en la llaga.

Alonso explicó que votaron a favor de esta bicicleteada, porque es la única forma de luchar que tienen contra el proyecto de reforma a Ley de Glaciares. Recalcó que ni los legisladores ni los funcionarios de su provincia los apoya, sino que “son parte de la multinacional” Barrick Gold, responsable del emprendimiento Veladero, desde donde se produjeron derrames de solución cianurada.

La asambleísta explicó que realizarán postas de 200 kilómetros por día desde Jáchal, hasta llegar a la plaza de los dos Congresos, donde tienen previsto arribar el 27 de febrero.

Alonso explicó al mismo portal de noticias, que la bicicleteada es la única forma que encontraron de protestar y de peticionar ante los legisladores nacionales para que no modifiquen la ley de Glaciares, que entre otros aspectos prohíbe diversas actividades como la minería, donde están asentados esos cuerpos de hielo.

Distintos funcionarios del Ejecutivo nacional, explicaron en reiteradas oportunidades que existe un proyecto de ley que busca modificar la ley que protege esos reservorios de agua.

Las causas judiciales

Luego de los derrames en la mina Veladero, que opera canadiense Barrick Gold, se abrieron dos causas judiciales. La primera en la provincia de San Juan, que no tuvo avances y donde fueron sobreseídos los empresarios de la firma y ni siquiera se llamó a declarar a los funcionarios sanjuaninos, siendo los únicos imputados por la contaminación del agua siete obreros del más bajo rango de la compañía. La segunda causa se inició en la Justicia federal, donde el juez Sebastián Casanello procesó a siete personas, entre ellos funcionarios de Medio Ambiente y al investigador principal del Conicet, Ricardo Villalba.

Argentina

Extractivismo al desnudo: “La minería no mueve los números de Santa Cruz”

08/02/2018 Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) estimó que Santa Cruz ocupa entre el 15 y 20 % del total de las compras de productos y servicios de las compañías mineras asentadas en nuestro suelo.

En diálogo con noticiasmineras.com advirtió la necesidad que el “compre local” se convierta en política de estado y opinó que ése flujo de dinero contribuiría a revitalizar el circuito comercial y mejoraría la recaudación del estado provincial ante el pago de los tributos por parte de las pymes.

Así mismo, el empresario no dejó de lado que la economía de Santa Cruz se encuentra afectada por las dificultades del pago de sueldos y el nulo incremento de haberes en el sector público, la caída de la obra pública y despidos en sectores industriales primarios. Todo ello bajo la vigencia de la primera emergencia económica que se ha implementado en la historia de la provincia.

Minería

“La minería es un tema difícil porque deja poca regalía y de la recaudación impositiva el gobierno nacional se lleva el 80 % promedio”, lanzó el referente de la Federación Económica ante noticiasmineras.com

Según Polke el empresariado local continúa “esperando por el ansiado compre local, aún no se ha convertido en política de estado”, dijo.

Luego opinó que la actividad fiscal que generarían las pymes locales (en caso de ser las mayores proveedoras de las mineras) sería un complemento de la recaudación provincial. “Es una de las pocas formas que el dinero que entra por regalías aumente”, ahondó.

En otro orden, recordó que hay diferentes sectores que se dedican a que las firmas locales logren mayor participación en las actividades mineras para que las inversiones que demandan los proyectos queden en Santa Cruz.

“Caso contrario, se establece un proyecto que extrae recursos no renovables, paga poca regalía. Después las empresas se van y dejan un pasivo ambiental muy grande”, recalcó.

Baja participación

Más adelante, desde la FESC apuntaron que en Santa Cruz la minería se ha vuelto una actividad pujante pero advirtieron que “todavía no mueve los números de la provincia”.

“Hay mineras con mayor predisposición a trabajar para el desarrollo de Santa Cruz. Asimismo, en estos años hubo un fuerte acompañamiento del Estado provincial mediante el Ministerio de la Producción. Se ha generado espacios de diálogo con el sector empresarial pero se avanza poco”, recalcó Polke a noticiasmineras.com

“No podemos decir que el 60 u 80 % de las demandas que tienen las mineras sean canalizadas atreves de empresas locales. En el mejor escenario rondaremos entre el 15 y 20 % en la participación de las compras de las empresas mineras, dependiendo de la zona y la compañía”, concluyó.
http://noticiasmineras.com/la-mineria-no-mueve-los-numeros-de-santa-cruz-dijo-la-federacion-economica/

Chile

Marcelo Mena, Aunque Dominga puede ser “interesante”, debe “seguir rechazado”

Si bien el titular de Medio Ambiente no quiso polemizar con José Ramón Valente, insistió en la decisión del Comité de Ministros.
Miércoles 14 de Febrero de 2018.- Luego de que el próximo ministro de Economía, José Ramón Valente, no descartó que el proyecto minero y portuario Dominga pudiera ser “rescatado” durante el próximo gobierno, la actual autoridad ambiental se mantuvo firme en la posición de rechazo de la iniciativa.

El proyecto de US$ 2.500 millones fue objetado por el Comité de Ministros en agosto del año pasado. Dominga pasará a un proceso de conciliación entre Andes Iron, propietaria de la iniciativa, y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que representa al Consejo de Ministros, ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Tras reunirse con el presidente electo Sebastián Piñera en Lago Ranco, Valente dijo que consideraba que el proyecto Dominga “es interesante” y que “lo que tiene que ocurrir ahora es que siga los cauces institucionales que le quedan, que está en el Tribunal Ambiental, y ver si es que pudiese ser rescatado”.

El ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien encabezó el Comité de Ministros que en votación dividida le bajó el dedo a Dominga, declinó entrar en polémica con Valente. Y más allá de que el futuro ministro encontrara que el proyecto “es interesante”, envió un claro mensaje al futuro gobierno: mantenga el rechazo. “Nosotros tenemos nuestra posición clara con respecto al proyecto y por tanto vamos a mantenernos con esa posición hasta el final y eso no cambia el hecho que hoy día el proyecto tenga falencias en su evaluación ambiental.

Así que hay que continuar la evaluación tal cual lo ha dicho el ministro de Economía futuro, de que hay que continuar los cauces institucionales”, explicó Mena.

“Para nosotros el acuerdo que es aceptable es que se mantenga su rechazo, porque el hecho esencial no se corrige. El proyecto tiene una línea de base deficiente y por tanto esto no se parcela ni se negocia, sino que más bien se resuelve en la evaluación ambiental cualquier problema de línea de base y por tanto el proyecto no podría ser aprobado”, agregó.

Según Mena, si pudiera prosperar la conciliación a favor de Dominga aún la autoridad ambiental podría recurrir a instancias judiciales posteriores.

La ministra de Minería, Aurora Williams, coincidió en que lo dicho por Valente “es la opinión del futuro ministro, pero nosotros no vamos a opinar sobre ese tema (…) el proyecto en nuestra gestión fue evaluado y ahora continuará el proceso que corresponda dentro de la institucionalidad”.

Los caminos legales

En el Tribunal Ambiental, el gobierno es el reclamado, porque la autoridad fue la que rechazó el proyecto y lo que está apelando la empresa en esa instancia es que ese rechazo es injustificado e ilegal, explicó Eduardo Correa, del estudio Vergara Galindo Correa, que no participa del proceso.

Los abogados internos del Servicio de Evaluación Ambiental son los que defienden a la autoridad en este tipo de juicios y los que participan directamente. Por su parte, la empresa Andes Iron, dueña del proyecto, tiene sus propios abogados y el principal es Patricio Leyton, del estudio Ferrada Nehme.

“El tribunal puede llamar a la conciliación y ver si existe o no acuerdo. Si no existe, el proceso sigue y el tribunal debe decidir si darle la razón a la empresa o a las autoridades. Ante eso, se puede realizar un recurso de casación ante la Corte Suprema y, si bien no es común, eventualmente la Corte Suprema podría abrir un proceso similar de acuerdo”, dijo Correa.

Los parlamentarios de la IV Región, donde está proyectado Dominga, no participan en la conciliación. “Todos han opinado que es un proyecto importante, interesante para la zona y que tiene que cumplir con las exigencias medio ambientales. Si logran eso sería muy positivo”, dijo el senador DC Jorge Pizarro.

La Segunda

Ecuador

La minería preocupa a los moradores de Nulti

Una vez finalizada la fase de recepción de observaciones dentro del proceso de obtención de licencia ambiental por parte de los concesionarios mineros, moradores de la parroquia Nulti, en los sectores Challuabamba y Guangarcucho, esperan que las autoridades locales tomen en cuenta sus reparos a la minería en la zona.

Las concesiones mineras que buscan su regularización son La Playa 1, de cuatro hectáreas de expansión, y Challiyacu de 10 hectáreas, ambas ubicadas en la zona baja de la parroquia rural.
El dirigente de Guangarcucho, Fabián Carpio, asegura que la contaminación ocasionada por el polvo y el ruido, así como la posible afectación a fuentes de agua, el deterioro de los caminos y la proximidad de las áreas mineras a sitios patrimoniales como El Plateado, mantienen en vilo a la población del sector.

El biólogo Gustavo Chacón, también morador de la parroquia, asegura que en el sector existe riqueza paleontológica, así como de fuentes de agua, flora y fauna, “que se están perdiendo” y, asegura, “deben ser protegidas de la actividad minera”.
De acuerdo con los estudios de impacto ambiental presentados por las concesionarias, en la zona las actividades están bajo los límites permisibles de afectación.

Respuesta

En ambos casos, los estudios señalan que para la calidad ambiental se realizaron muestreos de agua, gases, material particulado y ruido, que “resultaron que están bajo los límites permisibles”.
Los informes detallan que “los impactos ambientales directos generados por las actividades de arranque, transporte y trituración (…) se han definido en base a los factores de influencia física, biótica y socioeconómica”.

Desde la Municipalidad, entidad a cargo de los procesos de regularización, se sostiene que, a través de los estudios se busca regularizar concesiones que han venido trabajando desde hace varios años y cuyos concesionarios tienen derechos adquiridos sobre la explotación. Así lo explicó Pablo Crespo, director del departamento de Minas del gobierno local.

Otras concesiones

La definición de áreas mineras no se centra unicamente en Nulti. El Municipio mantiene en ejecución un contrato para la señalización de las áreas de libre aprovechamiento Cochapamba, Victoria y Challayacu, ubicadas en las parroquias Quingeo, Victoria del Portete y Tarqui, respectivamente.

El director de Minas de la Municipalidad de Cuenca, Pablo Crespo, indicó que el aprovechamiento de materiales pétreos en el cantón es necesario para cubrir la demanda de la planta de asfalto y ampliar la cobertura de pavimentación de las calles de la ciudad. (JPM) (I)

Estudios

Los estudios presentados por los concesionarios ante la Comisión de Gestión Ambiental, CGA, detallan que el proyecto minero Challayacu se encuentra localizado en un área aluvial y que está moldeado por colinas y perfiles de mayor inclinación.

Sostienen que el paisaje de la zona minera y su alrededor se encuentra ya alterado por actividades como la propia actividad minera y la producción agropecuaria.

“Se hace evidente que el área minera, con la infraestructura ya establecida y su funcionamiento, altera el paisaje del sector; sin embargo, en el Plan de Manejo Ambiental se pueden incluir acciones para la mitigación”, se asegura en el informe.

“El área se encuentra en el sector de El Plateado, que pertenece a la jurisdicción política administrativa de la parroquia Nulti”, reconoce el estudio.

En cuanto a La Playa 1, el estudio contempla que el riesgo de derrumbes en la zona es moderado, mientras que el de inundación bajo, a pesar de estar a la orilla de un río.

Sobre las flora y fauna en estos dos lugares, se refiere que no se encontró a individuos de especies en riesgo.

Fuente; http://noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/38786-la-mineria-preocupa-a-los-moradores-de-nulti