First Majestic, la minera canadiense acusada de operar bajo irregularidades en sus seis minas que tiene en México, anunció su nuevo y más importante proyecto: San Dimas, en el estado de Durango.

Keith Neumeyer, presidente ejecutivo de First Majestic Silver, dijo que planea trabajar en la mina mexicana de plata y oro San Dimas para devolverle su antiguo esplendor luego de adquirir Primero Mining.

La noticia fue confirmada por Ramón Dávila Flores titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, quien a principios de febrero declaró que a finales del mes de marzo habrá una reunión en Toronto, Canadá, para pactar una nueva inversión en el sector minero por parte de First Majestic en el municipio de Tayoltita.

First Majestic, con sede en Vancouver, cuenta con 18 concesiones en todo el país, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.

Las minas que operan en México deben pagar el 7.5 por ciento de sus utilidades, de acuerdo con lo convenido en la Reforma Fiscal, en vigor desde 2013. Sin embargo, los reportes de sus ganancias son poco fidedignos, lo que hace de este esquema poco fiable.

La Alianza Mexicana contra el Fracking estima que el país recibe alrededor de 2 mil millones de pesos al año por el concepto de estas utilidades, cantidad que no alcanza para cubrir los daños ambientales y de salud que dejan las mineras, han señalado activistas en diversas ocasiones.

De acuerdo con una investigación del periodista J. Jesús Lemus consignada en su libro “México a Cielo Abierto”, entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia.

La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano.

Del total de los proyectos mineros en el país, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

En 37 de los casos en que 17 mineras han dañado comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en territorio mexicano, incluyendo tres asesinatos y amenazas a ejidatarios, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. En Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense.

Entre las compañías que violan el derecho al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica destacan Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Alamos Gold en Sonora; Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Excellon en Durango; y First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas.

LOS ABUSOS DE FIRST MAJESTIC

Apenas en octubre pasado cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono, de acuerdo con la información que la minera proporcionó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Heriberto Fuentes Canales, delegado de la dependencia en Coahuila, señaló que la versión de la empresa indicó que se originó un incendio, del cual se desconocen las causas, mismo que provocó que los trabajadores inhalaran dióxido de carbono.

El delegado dijo que la última inspección que se hizo a First Majestic fue en mayo de 2017 y se encontraron irregularidades, para las cuales se hicieron observaciones que la compañía tenía que subsanar a más tardar el 20 de octubre de ese año.

En el año 2016, pobladores de la tercera edad en el ejido Tenochtitlán, situado en Ocampo, Coahuila, exigieron ante un tribunal agrario la indemnización por el uso de sus tierras explotadas por First Majestic.

La sentencia del Sexto Tribunal Unitario Agrario de Torreón había resuelto a favor de la mina canadiense “La Encantada” de First Majestic, en un litigio que suma más de 13 años.

Sin embargo, el año pasado el Tribunal Superior Agrario revocó la sentencia y el caso regresó al Tribunal Unitario Agrario para revalorar pruebas de los campesinos.

Los ejidatarios demandan que se haga cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la minera canadiense.

First Majestic utiliza una planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente.

Resulta pertinente compartir con los lectores algunas precisiones en torno a ciertas afirmaciones vertidas recientemente sobre la minería a tajo abierto por metales. Es en esta tónica que queremos responder a la confusión creada al mezclar al movimiento social contra la minería a tajo abierto con el tema del crecimiento económico del estado. En efecto, se necesitan alternativas ante el estancamiento económico que atraviesa Morelos. Sin embargo, esa necesidad no anula en absoluto las implicaciones nocivas, previsibles, múltiples e irreversibles de iniciativas que hablan de una minería “sustentable” a todas luces inviable, como la de la minería a tajo abierto por metales .

Resulta ingenuo suponer que el estancamiento económico del estado de Morelos lo va a resolver la minería a tajo abierto por metales. Esa actividad, en curso en diversas regiones del país, ciertamente promueve el bienestar económico… pero solamente el de sus dueños e inversionistas. Las concesiones del subsuelo que obtienen esas empresas son otorgadas sin consulta alguna a las poblaciones afectables. A pesar de su gravedad y de encontrarse ampliamente documentados, los efectos nocivos sanitarios, ambientales, económicos, sociales y culturales se ocultan. El volumen y valor económico de los metales extraídos no tiene nada que ver con lo que esas empresas, nacionales y extranjeras, dejan en las comunidades y al país, no sólo en términos económicos, sino de afectaciones a los territorios donde operan.

A quienes denunciamos los peligros de la minería a tajo abierto por metales ahora se nos exige en la prensa, de paso, nada menos que plantear alternativas económicas para sacar al estado de Morelos de su estancamiento económico. Es claro que se han de buscar esas iniciativas y esa tarea compete no sólo a quienes denunciamos a la megaminería tóxica; no sólo eso: su búsqueda debe hacerse con el concurso de la población y no a sus espaldas, y menos a costa de ella, de su salud y de su territorio.

La denuncia de la megaminería tóxica es una responsabilidad ineludible y colocar como alternativa económica valedera a ese tipo de explotación minera no sólo forma parte central de las campañas de desinformación sistemática de las empresas dedicadas a esa actividad, sino que elude la realidad de esas afectaciones, y pasa por alto para quién es ese desarrollo económico y cuál puede ser su costo. Basta, por ejemplo, darse una vuelta al municipio de Eduardo Neri y visitar la comunidad de Carrizalillo, en el vecino estado de Guerrero, para constatar lo que implica este tipo de minería para los territorios y poblaciones afectados por dichas explotaciones, incluyendo la violencia hacia la población, su desplazamiento, el daño a la salud, la seguridad de las empresas encargada al narcotrtáfico y a bandas criminales. Quienes han vivido sus efectos no tienen acceso a los medios de comunicación ni pueden pagar campañas publicitarias.

Hay inocentadas que pueden resultar muy caras. Es decir, no resolvamos la apetencia económica de las empresas a costa de nuestra integridad territorial, económica, cultural, ambiental y sanitaria, y tampoco a costa de nuestra dignidad. Por si todavía no se ha entendido, nuestra lucha no es por perpetuar la miseria, ni la dependencia, ni la falta de alternativas económicas, al contrario: es para responder a una situación inmediata de peligro que pone en riesgo nuestros territorios mismos, que son la fuente de toda actividad económica valedera. No hay “crecimiento económico” alguno cuando se pierde el territorio y se pierde la dignidad.

Hay que enfatizar que incluso si se generan riquezas, eso de ninguna manera significa que se vayan a repartir, es decir, “generación” no es “distribución”. ¿Qué tipo de contrataciones va a generar la empresa canadiense? ¿A qué se le llama “sustentabilidad” y cómo se usa esa palabra para imponer proyectos inconsultos? ¿Cómo se hacen cargo las empresas de las externalidades negativas ambientales y del daño a la salud de sus trabajadores y de las poblaciones? Esas y otras muchas preguntas de corte ético no son planteadas, ni resueltas, y ello no es casual, porque las respuestas contravienen a los intereses empresariales.

Los daños a la salud no son inmediatos, y el sueldo de un trabajador minero no le alcanza para el tratamiento contra el cáncer ni la insuficiencia renal, ni siquiera de él, y menos de su familia. Si nos preocupa el crecimiento económico, para no ser ingenuos, hay que ver más allá del inmediatismo y de la desinformación deliberada.

Y si de alternativas económicas se trata, la alternativa es simple: empecemos por reactivar el campo mexicano en toda su dimensión, con apoyos y reestructuración basados en una visión de soberanía, y que los bienes naturales sigan siendo bienes naturales y no elementos de negocios, de despojo y de daños al ambiente y a la salud…

Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales
Red Mexicana de Afectados por la Minería

Fuente:http://www.remamx.org/2018/02/los-problemas-economicos-no-se-resuelven-vulnerando-a-la-poblacion-y-a-su-territorio/

Para el biólogo e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Óscar Dorado Ramírez, la explotación de la minería en la zona Sur del estado podría traer graves consecuencias para el medio ambiente, sobre todo si se hace a cielo abierto, por lo que se sumó al reclamo de los pobladores para que antes de reactivar los trabajos se efectúe un estudio de impacto ambiental en el lugar.

Si bien dijo no ser especialista en minería ni en geología, consideró que lo primero que se tiene que hacer es una serie de estudios para conocer el proyecto y determinar la factibilidad de lo que se pretende hacer.

“Se nos está haciendo una costumbre en el país estar en contra de casi todo y sin estar a favor de este proyecto, debemos esperar a conocer el dictamen para que gente verdaderamente especialista en casos de esta naturaleza pueda opinar a favor o en contra, sin sesgos”, opinó el biólogo.

Sin embargo, dejó en claro que si la mina es a cielo abierto por supuesto que afectará el entorno ecológico, aunque se establezcan medidas de mitigación; “no es lo mismo una minería a cielo abierto que a profundidad”, refirió.

En términos generales, expuso que afectaría el entorno y los alrededores, toda vez que el cianuro que se utiliza para el procesamiento de los materiales es un químico nocivo para la diversidad ambiental y los seres humanos, además de que el daño llegaría hasta la Sierra de Huautla y a otros espacios verdes.

Asimismo, fue claro al mencionar que en todo proyecto se deben establecer medidas de mitigación para aminorar sustancialmente las posibilidades de una contaminación mayor.

Calificó como una labor adecuada que los ciudadanos empiecen con la defensa de la tierra y de los recursos ecológicos.

Fuente:https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/necesario-estudio-de-impacto-ambiental-en-proyectos-mineros