Xochitlán, Pue. La energía que la empresa GESA pretende generar con la construcción de una hidroeléctrica en los ríos Zempoala y Ateno, en territorio de cinco municipios de la Sierra Nororiental poblana, será destinada al sector ferrominero y no a los habitantes de los pueblos como habían dado a conocer representantes del corporativo.

Lo anterior se desprende de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada de manera condicionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en días pasados, y que permitiría a Generadora de Energía San Antonio (GESA) instalar una planta en la que se producirán más de 37 Mega Watts de electricidad en Xochitlán, Zapotitlán de Méndez, Nauzontla, Zoquiapan y Atlequizayan.

En la página 138 del documento presentado por GESA a la dependencia federal -que está disponible al público en la página de la Semarnat-, “bajo protesta de decir verdad” la empresa confiesa que “el propósito detonante del proyecto (San Antonio) es mantener un nivel de competitividad en el mercado mundial de ferroaleaciones, por lo que el abatimiento en el costo de los insumos más importantes incrementará el margen de operación y utilidad del proceso”.

El apartado de la MIA en el que GESA informa a las autoridades de sus intenciones, se refiere a los “Aspectos técnicos de la producción y distribución de energía” e indica que se establecerán dos casas de máquina (o sala de turbinas), a las que se conducirá un promedio de 18.86 metros cúbicos de agua por segundo de los ríos Zempoala y Ateno.

“Tal objetivo se deriva de las necesidades por satisfacer el consumo energético de GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN ANTONIO S.A DE C.V.”, dice el documento y agrega que “la inclusión de 37 Mw a la red de la zona de la región Terrestre Prioritaria de Cuetzalan incrementará la oferta de energía eléctrica para el sector público. Esto sucederá de manera indirecta, pues no es intención de GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN ANTONIO S.A DE C.V realizar la venta de energía eléctrica a terceros industriales o poblaciones, como sucede con otros proyectos en desarrollo en el país”, se señala de manera textual.

Es decir, según apunta la empresa, la energía que se producirá con el agua de los caudales serranos será usada para abastecer y aumentar las ganancias de la industria minera que en la región de influencia de la hidroeléctrica tiene a la “Planta Teziutlán” de ferroaleaciones de manganeso, como uno de sus eventuales clientes. 

Esta planta pertenece al Grupo Ferrominero del empresario José Antonio Rivero Larrea, propietario de Minera Autlán que en la zona posee también diversas concesiones para la exploración y explotación de oro y plata como las del proyecto “El Aretón” que desarrolla la misma empresa especializada en la producción de derivados de manganeso, y cuenta con otras dos concesiones en Tlatlauquitepec, denominadas Atextcaco I y Atexcaco II, vigentes hasta el año 2054.

No obstante lo anterior, pobladores del municipio de Xochitlán entrevistados por este medio de comunicación, indicaron que desde que GESA llegó a la región en el año 2011 con el nombre de IngDeshidro, lo hizo con el discurso de que “el proyecto no afectaría en lo absoluto al ambiente y que la energía eléctrica que se generaría, aparte de ser energía limpia, se vendería a la CFE y que no estaba destinada para la industria minera”.

Añadieron que en el empeño de que los pobladores aceptaran la instalación de la hidroeléctrica, los empresarios no “se han tentado el corazón y han recurrido siempre al engaño, cooptando y mintiendo, sosteniendo que nada tienen que ver con los denominados proyectos de muerte pero lo que buscan es dividir a los pueblos que se resisten a este proyecto”.

Por otra parte la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió a la Semarnat que el proyecto Hidroeléctrico San Antonio es técnicamente inviable pues podría secar a los ríos Zempoala y Ateno, pues el volumen de su escurrimiento anual es de apenas 350 millones 837 mil metros cúbicos de agua, mientras la generadora de energía de GESA requiere para su operación de 614 millones 952 mil metros cúbicos en un periodo similar.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/02/hidroelectrica-oculto-a-pobladores-que-sera-destinada-a-la-industria-minera/

Justino García es un joven originario de Magdalena Teitipac. Cuando la “Minera Plata Real” (subsidiaria de la empresa Sunshine Silver Mining con sede en los Estados Unidos) llegó a su comunidad, el tenía tan solo 5 años de edad, ahora ha cumplido 12 años y ha hecho suya la responsabilidad de defender su territorio contra la minería, él forma parte de la radio comunitaria Teitiradio “Lobadani” que significa en zapoteco “Raíz del Cerro”. Esta radio fue construida como una necesidad de defensa contra la minería. Hoy, la resistencia es cotidiana.

El joven cuenta que desde los cinco años ha guardado los recuerdos de cuando la empresa quizo incursionar en su comunidad. “Mis hermanos, mis amigos y yo teníamos miedo porque llegaron en helicópteros a los cerros, ahora, después de siete años ya no les tenemos miedo, porque no queremos que los extranjeros vengan a explotar nuestras tierras”, cuenta para Avispa Midia el joven radialista, mejor conocido como el tigrillo.

Magdalena Teitipac es pueblo Zapoteco que está ubicado en la región de los valles centrales, en el Estado de Oaxaca. Dicha comunidad se organiza bajo su propio sistema normativo, siendo la asamblea general la máxima autoridad de la comunidad. La propiedad de la tierra en Teitipac es de tipo comunal; en el año de 1975 por resolución presidencial se reconoce como los Bienes Comunales de Magdalena Teitipac. Gran parte de la población se dedica a la agricultura, “somos campesinos, dependemos de la tierra” comparte para Avispa Midia el señor Fernando Martínez, oriundo del pueblo Zapoteca.

La expulsión de la empresa

El 6 de septiembre del año 2007 la Dirección General de Regulación Minera otorgó para su explotación, a la empresa Plata Real, la concesión registrada con el numero 230489 y titulada “el doctor”. Los minerales que pretendían extraer son oro y plata en una superficie de 9 mil 653 hectáreas de tierras comunales de Magdalena Teitipac, “no fuimos informados sobre esta decisión, no sabíamos que estaban entregando nuestras tierras” denuncia Martínez.

A inicios del mes de abril del año 2009, el Comisariado de los Bienes Comunales de Magdalena Teitipac, suscribió un convenio dando permiso a la empresa minera “Plata Real” para que pudiera realizar los trabajos de exploración, esto sin el consentimiento de la asamblea de comuneros.

Las acciones del comisariado fueron generando descontento en la población, “en el año 2009, el comisariado terminó su gestión, pero no quería irse. La gente ya estaba molesta por todo lo que había hecho con la minera sin consultar a la asamblea, por lo que decidieron quitarlo de su cargo en octubre de 2010. Esta situación afecto mucho a nuestra organización comunitaria” comparte Don Fernando.

Fuente: https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/39216-indigenas-que-expulsaron-a-tiempo-la-mineria-festejan-cinco-anos-de-lucha-cotidiana

Ixtacamaxtitlán, Pue.- La justicia federal dio un revés a la empresa canadiense Almaden Minerals que, a través de la división de sus concesiones, pretendía dejar sin efecto el amparo promovido por indígenas de la comunidad de Tecoltemi en Ixtacamaxtitlán, para evitar dos de sus proyectos extractivos.

Con la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con sede en Puebla, dentro del Recurso de Queja 184/2017, queda firme la orden de suspensión de las actividades de la minera en sus concesiones Cerrón Grande y Cerrón Grande II, además de que el juez Cuarto de Distrito tendrá que pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera, hecha valer por los pobladores.

Luego de que el juez ordenó en 2015 que Almaden Minerals frenara sus trabajos en Ixtacamaxtitlán, la firma, con el apoyo de la Secretaría de Economía, manipuló las concesiones con la finalidad de quitarles el derecho a los pueblos para impugnarlas y además seguir sus trabajos en esta región.

Entre los argumentos que los ixtacamatlecos expresaron contra la minera está el de que las concesiones de Almaden Minerals fueron otorgadas aplicando la “anticonstitucional” Ley Minera  expedida en 1992, violando sus derechos al territorio y la consulta.

Por ello, la empresa trató de evitar que se discutieran esas normas y renunció a las licencias de explotación al dividirlas o recortarlas, todo para dejar fuera al territorio de los pueblos que recurrieron al amparo.

Los pobladores se inconformaron e interpusieron el recurso de queja, cuya resolución representa un revés para la canadiense pues debe acatar la orden de suspender cualquier actividad que tenga que ver con las concesiones. También obliga a la Secretaría de Economía a anular los cambios que hizo para favorecer a los inversionistas.

El juez Cuarto de Distrito en el estado deberá pronunciarse acerca de las violaciones a los derechos de los nahuas de Tecoltemi, cometidas al conceder las licencias de exploración y explotación de su territorio en contra de lo establecido por la Constitución y el artículo 169 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo que garantiza la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios.

Sin embargo en el juicio de amparo interpuesto por los nahuas, el Estado mexicano consideró a la minería como de “utilidad pública” y alegó violaciones a su derecho de explotar “bienes públicos”. Cuestionó la identidad indígena de las comunidades y aseguró que las afectaciones por las actividades extractivas no impactarían en el “suelo, porque las concesiones fueron otorgadas sobre lo que hay en el subsuelo y lo que se va a afectar es propiedad de la nación”.

GJ

Fuente:http://municipiospuebla.mx/nota/2018-02-26/interiores/reitera-juez-suspensi%C3%B3n-proyectos-mineros-en-ixtacamaxtitl%C3%A1n

Empresas de la industria energética y mineras mantienen con comunidades y pueblos indígenas casi mil disputas por el derecho al agua a lo largo del territorio nacional.