Honduras

Honduras: A dos años del crimen, detienen al autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres

Autor: El Ciudadano.

Las autoridades de Honduras informaron que detuvieron este viernes al presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo, acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres.

A dos años del crimen, distintos medios locales señalaron que la captura se realizó cuando Castillo intentaba abandonar el país por el aeropuerto Ramón Villeda Morales de la ciudad San Pedro Sula, en el departamento de Cortés (noroeste).

Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá (oeste), cuando un grupo de desconocidos forzaron la entrada de su vivienda para ejecutarla. Según la investigación que dirige el Departamento de Delitos Contra la Vida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el empresario Castillo proporcionó la logística y los recursos necesarios a uno de los autores materiales del hecho.

Recordemos que el investigador Juan Carlos Cruz y el ex policía Miguel Arcándel Rosales Izcano, ya fueron procesados por presentar pruebas falsas para desviar la investigación por el asesinato de la ambientalista hondureña.

Asimismo, en enero de este año, el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa ordenó abrir un juicio oral contra el ex viceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Darío Cardon, luego de que el Ministerio Público cuestionara “los múltiples retrasos improcedentes” en el proceso judicial por parte de la defensa de Cardon, la cual ha dejado de “hacer uso del derecho que le asiste a su representado de contestar cargos, tratando con ello de dilatar injustificadamente el proceso, lo que constituye un acto de deslealtad con la Justicia”. Desde agosto de 2017 la audiencia preliminar se reprogramó cinco veces.

Cardon es acusado de abuso de autoridad asociada a la ampliación de una licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, iniciado hace cuatro años por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), con financiación de bancos extranjeros, autorizando la ampliación de la licencia ambiental sin consultar a las comunidades de la etnia lenca.

Hasta el momento, al menos ocho personas están detenidas en el marco de este caso, entre ellos el gerente de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana; el ex militar Douglas Geovanny Bustillo; y los civiles Edilson Atilio Emerson, Eusebio Duarte Meza y Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez.

 

Fuente:https://www.elciudadano.cl/latino-america/honduras-dos-anos-del-crimen-detienen-al-autor-intelectual-del-asesinato-berta-caceres/03/02/

 

Chile

Comunicado: Asamblea del Huasco Alto denuncia estrategia comunicacional para tranquilizar a los inversionistas de Barrick

Autor: Asamblea por el Agua del Guascoalto, El Ciudadano.
Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Con respecto a las dos últimas noticias que han salido respecto de Pascua Lama– la entrevista al Superintendente de Medio Ambiente y la que destaca una inversión de 180 millones de dólares del proyecto Pascua Lama en mantención y en estudios para el deseado emprendimiento subterráneo, a la opinión pública decimos:

1-Entendemos que ambas noticias son parte de una estrategia comunicacional que busca dar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas así como a los sectores privados y políticos pro-extractivistas del país. Sabemos que la empresa está desesperada por dar vuelta el fallo de la Superintendencia de Medio Ambiente y tratar de limpiar su imagen que ha sido devastada tras los daños irreparables confirmados por la misma así como por su accionar irrespetuoso y conscientemente destructivo (doloso) el cual también ha quedado confirmado.

2- En ese sentido, no nos parece que el Superintendente de Medio Ambiente a un mes de impartir una de las sanciones más gravosas a una de las empresas más infractoras e irresponsables en el país, este dando declaraciones que la favorecen en términos comunicacionales y que no se concentre mejor en lo que su cargo lo obliga – que es resguardar el medio ambiente y las personas- dando a conocer mejor entonces en todos los espacios posibles, lo grave de los daños provocados por esta empresa, en su mayoría irreparables y que tienen en riesgo inminente al valle del Huasco tal como el mismo lo confirma en su sanción: “es necesario resguardar al medio ambiente, porque tal como se ha venido gestionando hasta el momento, sobre la base de pronunciamientos judiciales, y las propias conclusiones arribadas por este servicio, existe una hipótesis de daño grave e inminente a causa de incumplimientos graves a las normas, medidas y condiciones previstas en la autorización Ambiental del proyecto Pascua Lama, por lo que, en caso que este último volviera a funcionar sobre la base del escenario que actualmente existe, dicho riesgo se podría materializar en una situación de afectación, como incluso ya ha sucedido a la fecha”.

3- No obstante lo anterior, lamentablemente lo que afirma el Superintendente respecto de que el territorio donde estuvo emplazado el proyecto no está cerrado para la presentación de una nueva iniciativa económica, es cierto, y esto lo permite nuestra débil institucionalidad ambiental la cual ha sido moldeada en función del modelo económico extractivista que se defiende a sangre en nuestro país. Es contra esta institucionalidad ambiental que nos violenta, esta vez con la posibilidad de que una de las empresas más irresponsables del mundo que ya cometió daños irreparables a todos los chilenos pueda presentar nuevamente el proyecto por medio el cual las cometió en el mismo territorio ya dañado, contra el que también debemos luchar.

4- Y si bien el sistema lo permite, sepan todos que el Valle del Huasco no permitirá que el proyecto Pascua Lama subterráneo se efectué y nunca daremos licencia social a este proyecto y a cualquier otro en la naciente de las aguas y sobre ecosistema glaciar.

5- Por último, respecto de los dineros a invertirse en dicho proyecto anunciadas recientemente por la trasnacional, no hacen más que seguir el camino de esta cruzada comunicacional de la empresa. Sin embargo cabe aclarar que gran parte de esta supuesta inversión es mentira, ya que la trasnacional desde que fue paralizada en el año 2013 ha tenido que seguir cumpliendo con todos los seguimientos ambientales (que son muchos y muy caros), los cuales tras la nueva resolución de la SMA también debe seguir cumpliendo.

6- Seguimos atento a todo lo que esté pasando en el Tribunal Ambiental luego de la Resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente. Barrick ya reclamo y como comunidad no dejaremos que deje la resolución que los castiga con clausura definitiva se modifique. Por su parte, en paralelo a esto, el Tribunal Ambiental ha declarado visita inspectiva para este lunes 26, 27 y 28 de febrero al proyecto Pascua Lama, insumo con el cual decidirá si confirmará la sanción de clausura definitiva al proyecto impuesta por la SMA o no. Esperamos que este Tribunal sea lo suficientemente responsable para poder comprender que la Resolución de la SMA está fundada en una investigación de 5 años que no se deben tirada por la borda; y que sea capaz de comprender que efectivamente el proyecto es inviable y nos tiene en peligro inminente y en afectación constante.

Asamblea por el Agua del Guascoalto

Fuente:https://www.elciudadano.cl/chile/comunicado-asamblea-del-huasco-alto-denuncia-estrategia-comunicacional-tranquilizar-los-inversionistas-barrick/02/23/

 

Mexico

Extractivismo minero: saqueo y resistencia /

Autor: Daniel Flores Meza , La Jornada de Oriente:

El artículo 6 de la Ley Minera, impone que la minería está por encima de los derechos de la naturaleza, el patrimonio cultural o los derechos comunitarios; al declarar que “la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias del subsuelo son de utilidad pública, y serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”. En este marco “legal”, seis grupos mineros del país concentran una superficie de 8.4 millones de hectáreas, superficie similar a la de Sonora y Jalisco juntos.

Las concesiones mineras de los últimos 15 años, se asemejan a las otorgadas durante la dictadura de Porfirio Díaz, solo que, ahora, al despojo se suma la devastación de territorios con el uso de explosivos, lixiviados de cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, plomo y otros metales pesados contaminantes del agua, el aire, los bosques y toda forma de vida por siempre.

Los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, otorgaron 17 mil 785 concesiones mineras, por más de 51 millones de hectáreas que han pasado a manos de empresarios, prestanombres y especuladores, quienes revenden las licencias a empresas extranjeras y nacionales. La concesión, la resguardan en espera de tiempos más propicios a fin de acumular mayores dividendos especulando con un bien de la nación, lo que ha permitido a las grandes empresas disponer de más de 30 por ciento del territorio nacional.

El costo del trámite por concesión minera va de los 443 pesos (entre una y 30 hectáreas), hasta 137 mil 790 pesos (más de 50 mil hectáreas), con vigencia de 50 años y prorroga a otros 50, más un pago por hectárea de 7 a 15 pesos por año, sin aplicar una contribución adicional al volumen o peso extraído de oro, plata, cobre u otros minerales. La amañada Ley y sus lagunas, es un traje a la medida para los dueños del poder económico en tanto propicia un modus operandi en el terreno de las concesiones mineras.

El artículo 19 de la mencionada ley, establece que las concesiones mineras confieren derecho a transmitir su titularidad a personas legalmente capacitadas para obtenerlas, es decir, traspasar, ceder o vender lo permite la ley, aunque no lo señale explícitamente; sin embargo, el artículo 27 Constitucional, prohíbe “lucrar con los bienes de la nación” y un título de concesión minera es justamente eso.

La voracidad del capital ubicado en el extractivismo y el saqueo minero, ha propiciado la continua violación a los derechos humanos y comunitarios, la destrucción de grandes extensiones de tierra agrícola y de la biodiversidad, bellos paisajes productores de oxígeno y agua. Esas violaciones se han traducido en despojo, asesinatos y desapariciones de ambientalistas, activistas sociales, campesinos, indígenas y líderes comunitarios.

La Cámara de Diputados debe revisar urgentemente la normatividad y los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras, a fin de que éstas se autoricen a partir de premisas y beneficios a la nación; mientras tanto, sólo la resistencia social y el derecho a la vida puede detener semejante barbarie.

Fuente:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2018/03/01/extractivismo-minero-saqueo-resistencia-i/

Argentina

Una disputa entre piratas: El Proyecto minero “Navidad”

Autor: Humberto Kadomoto. No a la Mina.
Conflicto Relacionado: Navidad

El 17 de julio de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Columbia Británica ADJUDICÓ LA PROPIEDAD EN ARGENTINA DEL PROYECTO NAVIDAD a la empresa Aquiline, sentando un grave precedente donde tribunales extranjeros decidieron sobre tierras y recursos de la Nación Argentina. El saqueo llegó hacer rato.

Millones de dólares… que nadie vió en la meseta

Millones de dólares pasaron por la meseta central del Chubut. Millones de toneladas de plata y plomo fueron subastadas en tribunales canadienses. Sin embargo los habitantes de Gastre o Gan-Gan no vieron un centavo. Nuestro país no recibió ni un peso a pesar de las millonarias sumas que se disputaron las mineras en CANADÁ, su lugar de origen y lugar donde sin dudas transferirán el 100% de sus ganancias, dejando solo contaminación para los chubutenses.

En el año 2003 la minera Aquiline Resources Inc. presentó una demanda contra IMA Exploration, acusándola de utilizar ilegalmente información confidencial que era de su propiedad.  Con esa información IMA descubrió uno de los yacimientos de PLOMO y PLATA mas grandes del mundo: Navidad, en la meseta del Chubut.

En el mes de octubre de ese mismo año, los dueños de IMA también demandaron a la minera Aquiline por los daños que le ocasionaron las supuestas mentiras injuriosas, interferencias con las relaciones contractuales, difamación y negligencia, ya que Aquiline mediante una serie de publicaciones hizo caer un acuerdo de venta que IMA tenía ya cerrado con otra minera.

Las demandas fueron tramitadas en la Corte Suprema de la Columbia Británica, en Canadá, SIN QUE EL ESTADO CHUBUTENSE tuviese injerencia alguna durante los mas de 3 años que duró el pleito.  Durante todo ese tiempo, las mineras prosiguieron sus trabajos en la zona del proyecto, sin saber certeramente quien era la propietaria de los derechos de explotación. O sea que cualquier violación a las leyes ambientales, fiscales, etc. corrían el riesgo de NO TENER RESPONSABLES ante la nación Argentina.

Jamás, durante todo el proceso judicial nadie interpretó que debería aplicarse la LEGISLACIÓN ARGENTINA, ya que los recursos que estaban en juego eran propiedad de la provincia del Chubut, a pesar que personalmente entregué a los legisladores chubutense de ese momento, una nota donde explicaba estas consideraciones, alentándolos a tomar oficialmente cartas en el asunto.

“Lo encontramos sin querer”

En su defensa judicial el gerente de exploración de IMA, Keith Patterson testificó que en setiembre de 2002 enviaron al geólogo Paul Lhotka  a visitar la zona y que los geólogos de Aquiline Carlos Cuburu y Esteban Crespo gerente de minas, le proporcionaron información que no era confidencial. Todos estos personajes trabajaron durante años en la meseta del Chubut y declaraban en los estrados judiciales de Canadá, sin injerencia alguna de la justicia Argentina.

Como dato risueño, Patterson de IMA declaró en el juicio que en una segunda visita a las oficinas de Aquiline en octubre de 2002 vio un mapa satelital colgado en la pared de la oficina de Carlos Cuburu, un geólogo de Aquiline, y esa fue su “inspiración” para luego encontrar el yacimiento “Navidad”.

El gobierno de Chubut y un socio fantasma

Mientras todo este litigio se llevaba adelante, muy graves fueron las maniobras realizadas por el gobierno del Chubut para beneficiar a la empresa IMA, logrando el traslado de un cementerio mapuche que se ubicaba en el centro del yacimiento Navidad, en complicidad con la empresa minera que se encontraba en litigio judicial en Canadá y que a posteriori perdería el yacimiento a manos de Aquiline. Pero eso será parte de otra historia.

Todos ganan… menos Chubut

Regresando al proceso judicial, recién luego de tres años  IMA fue condenada por el tribunal de primera instancia por haber utilizado información confidencial propiedad de Aquiline, y de esa forma descubrir el yacimiento Navidad.

El 19 de Octubre de 2006, y a fin de no crear temor entre sus accionistas, ambas empresas mineras  acordaron los términos para la transferencia de Navidad mientras se encontrara pendiente el proceso de apelación judicial llevada adelante por IMA, la minera condenada.

El presidente de IMA  Joseph Grosso,  atendiendo que en el fallo de primera instancia el juez apoyó su dictamen con una opinión razonada de 119 páginas, transfirió el control del proyecto Navidad a Aquiline y Aquiline le pagó varios millones de dólares a IMA, quien se comprometió a continuar los estudios del yacimiento, a mantener excelentes relaciones con los accionistas y a cooperar con Aquiline para garantizar que el Proyecto Navidad avance hacia el desarrollo.

El 17 de julio de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Columbia Británica ADJUDICÓ LA PROPIEDAD EN ARGENTINA DEL PROYECTO NAVIDAD a la empresa Aquiline, sentando un grave precedente de tribunales extranjeros decidiendo sobre tierras y recursos de la Nación Argentina.

Finalmente, en setiembre del año 2009 la actual propietaria Pan American Silver,  compró a  Aquiline Resources el proyecto de plomo y plata Navidad por 626 millones de dólares.

Y tal como nos imaginamos, de esa millonaria operación NADA absolutamente NADA quedó en la meseta central del Chubut.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/39304-una-disputa-entre-piratas-el-proyecto-minero-navidad

Perú

Denuncian contaminación de minera Miski Mayo en Sechura

Autor: La República. No a la Mina.
Conflicto Relacionado: Cajamarca-La Morada

Los integrantes de la comunidad de San Martín de Sechura denunciaron una presunta contaminación por parte de la empresa Miski Mayo, quien viene explotando los fosfatos de Bayóvar en la caleta de Puerto Rico, de dicha provincia.  Asesor legal de la comunidad campesina San Martín, Calixto Sandoval, dijo que debido a este problema la fauna silvestre y marina se ve afectada.

Según el asesor legal de la comunidad campesina, Calixto Sandoval Chunga, la empresa minera vendría violando el estudio de impacto ambiental, ya que en dicho documento se comprometió a embarcar los fosfatos en un estado húmedo, de tal manera que con los vientos la polución no caiga al mar y tampoco a las viviendas cercanas. No obstante, el dirigente aseguró que los fosfatos son embarcados en horas de la tarde, ocasionando un daño a la fauna silvestre y marina.

“Los animales tienen que migrar a otras zonas y otros simplemente mueren. Además, la flora como los arbustos que servían de refugio de los animales del desierto ya no existen y pronto todo ello quedará sumergida en una gran laguna de relaves mineros”, advirtió el abogado.

Por otro lado, dijo que Miski Mayo se comprometió a construir unas pozas para arrojar sus relaves, de esa manera no lanzarlos a tajo abierto; sin embargo, a la fecha esto no se cumple.

REVISIÓN DE CONTRATO

Ante esta situación, el representante de la comunidad campesina exigió al Ministerio de Energía y Minas la revisión y renegociación del contrato firmado por la compañía minera, ya que –según él– habrían indicios de favoritismo.

Sandoval Chunga explicó que actualmente Miski Mayo viene cancelando la suma 0.30 céntimos por tonelada de fosfato; sin embargo, la empresa Fosfatos de Pacífico, quien también explota recursos minerales, compra a 1.50 dólares la tonelada.

“Con esto nos queda totalmente claro que el Gobierno central está favoreciendo a esta empresa porque prácticamente nos está robando nuestros recursos naturales”, subrayó el representante.

SUPERVISIÓN

Asimismo, Sandoval Chunga exigió a los representantes del Ministerio del Ambiente y de Energía y Minas hacer una supervisión, porque la empresa estaría realizando una sobreexplotación de los recursos minerales.

Según explicó, en el contrato la compañía se comprometió a trabajar 12 horas; no obstante, a la fecha labora las 24 horas del día. “A dónde va el dinero de los recursos que se están sobreexplotando”, puntualizó Sandoval.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/39257-denuncian-contaminacion-de-minera-miski-mayo-en-sechura

Internacional

«Lo peor de la sopa verde del Mar Menor es lo que no se ve»

Autor: David Gómez. La opinión de Murcia.

El investigador José Matías Peñas advierte de que los minerales pesados de la Sierra Minera, como el zinc o el plomo, también están produciendo un importante daño en la laguna salada.

Los vertidos de nitratos procedentes de la producción agraria son una de las causas por las que se ha producido la degradación de la laguna salada del Mar Menor. Pero no son ni mucho menos el único motivo del deterioro. Así lo asegura el investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) José Matías Peñas, quien en la tarde de ayer ofreció una charla en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, dentro de un acto organizado por la plataforma Pacto por el Mar Menor y en el que también intervino Gonzalo González Barberá, del CSIC-Cebas.

 

José Matías Peñas ofreció la conferencia ´Las arterias pesadas del Mar Menor´, en la que recordó que a la laguna salada no solo entran los nitratos procedentes de la agricultura, sino también toneladas de metales pesados procedentes de la Sierra Minera. «Hemos sido conscientes del problema del Mar Menor porque se ha producido la sopa verde, porque lo hemos visto con nuestros ojos. Pero lo más grave es lo que no vemos, como los metales contaminantes (plomo, zinc, arsénico, manganeso) que le llegan a través de las ramblas, como la de Llano del Beal, y por la propia erosión eólica. Es decir, que cada vez que llueve o sopla el viento, el Mar Menor está recibiendo metales contaminantes», asegura el científico, quien fue el autor de varios informes que han detectado la presencia de altos niveles de plomo y arsénico en centros educativos como el colegio de Llano del Beal y el instituto Sierra Minera de La Unión, con el consiguiente riesgo para la salud de los alumnos.

El investigador llama la atención asimismo, en lo que se refiere a la producción agraria, de que no solo hay que centrarse en la nitrificación, sino también en otros productos como herbicidas y pesticidas, que si bien no influyen tanto en la sopa verde, sí tienen componentes químicos que son muy peligrosos para la calidad de las aguas y la vida marina del Mar Menor.

 

«Le veo un futuro muy negro», señala José Matías Peñas sobre el Mar Menor, resaltando que en los últimos trabajos que ha realizado ha encontrado una bacteria que altera los residuos de la minería y que produce nitratos. «Tenemos, por tanto, un segundo foco de producción de nitratos, que es la propia minería».

 

Y es que, pese a lo que se pueda pensar, la minería no ha desaparecido de la Sierra Minera. «Solo ha habido una suspensión de las actividades. Pero los propietarios de los terrenos deben seguir actuando contra la contaminación, y la Administración pública debe obligarles. No tiene sentido que nos gastemos dinero público en acondicionar la rambla del Beal si en la cabecera de la misma sigue habiendo residuos. Podemos gastarnos lo que queramos, pero si no se soluciona el problema de la minería, va a a haber una contaminación permanente», denuncia este investigador, para quien la última esperanza está en la investigación judicial que se ha llevando a cabo en los juzgados de la Región, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por la situación del Mar Menor.

 

Fuente:http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/03/02/peor-sopa-verde-mar-menor/902308.html.

 

Internacional

Touro y O Pino marchan rechazando una mina contraria a sus “medios de vida” y su salud

Autor: La Voz de Galicia, No a la Mina.

Varios millares de personas han clamado hoy contra el proyecto minero de los municipios de Touro y O Pino (A Coruña), que consideran que atenta contra sus “medios de vida” y su “salud”, tanto en estos dos ayuntamientos como en toda la cuenca del río Ulla y de su desembocadura, en la ría de Arousa.

 

La Plataforma “Mina Touro-O Pino Non” ha celebrado esta mañana una manifestación en la localidad coruñesa de Touro donde han participado millares de vecinos para protestar por la reapertura de una mina de cobre en la zona y dicen que pone en peligro a la comarca.

Acompañados por la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín; el diputado del BNG en el Parlamento, Xosé Luís Rivas “Mini”; y los portavoces de En Marea, Luís Villares y Antón Sánchez; en torno a 2.500 personas, según la organización, y unos 100 de tractores se han manifestado entre Angumil y la casa consistorial de Touro.

Convocados por la Plataforma Mina Touro-O Pino Non, los manifestantes han mostrado su rechazo al proyecto de reapertura de la explotación minera vinculada al cobre.

Al final de la marcha han leído un comunicado con el que reclaman a las administraciones la “emisión de informes negativos del proyecto en base a todas las afectaciones que implica”.

“Acaban con nuestros medios de vida, nuestra salud y son un atentado al medio ambiente y a la biodiversidad de la zona”, han manifestado.

Han exigido a la Xunta “que se promueva una completa restauración de los terrenos de la antigua explotación minera de Touro, eliminando los focos de contaminación de metales pesados y drenaje ácido”.

Los motivos por los que “Touro y O Pino no quieren la megaminería contaminante” están vinculados al hecho de que acumulan “más de treinta años de convivencia con la contaminación heredada de la anterior explotación minera”.

Calculan que el nuevo proyecto afectará a quinientas hectáreas de terrenos agrícolas y forestales, eliminará 341 hectáreas de masa forestal y 150 de cultivos y vegetación natural y tendrá dos depósitos de residuos estériles y cuatro vertederos que ocuparán en total casi trescientas hectáreas.

Estos acumularán cincuenta millones de metros cúblicos de residuos estériles, con “una probabilidad de fallo muy alta”, lo que ven arriesgado.

El nuevo proyecto, que plantea quince años de actividad, está asociado, según el manifiesto, a la contaminación atmosférica y a la posibilidad de que los residentes en la zona enfermen de cáncer.

Supone, agregan, una afectación directa del Camino de Santiago, un riesgo para la actividad de 30.000 familias que dependen de la ría de Arousa, donde desemboca el río Ulla que pasa junto a la mina, y la llegada de aguas contaminadas a trece municipios con más de 150.000 habitantes.

 

Ligan la posible reapertura de la mina con “la destrucción de puestros de trabajo”, en los sectores agrícola y ganadero, la explotación forestal y los negocios hosteleros y de servicio.

La Plataforma Mina Touro-O Pino Non incide en “un impacto sobre la salud preocupante, un impacto económico negativo y un impacto social y cultural que genera una fuerte alarma y rechazo”.

La Asociación Aldea Viva ha mostrado, a través de una nota de prensa, su rechazo al proyecto minero, al considerar que la legislación ampara las reclamaciones de los residentes en la zona.

En la tractorada han participado la secretaria general del Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalba, y la cordinadora de la lucha contra la minería salvaje de la entidad, Margarida Prieto; informa la organización a través de un comunicado.

Posición oficial

A esto se refirió hace unos días el propio presidente de la Xunta, quien pidió confianza en la Administración autonómica porque hará cumplir la ley que aprobó ya el bipartito en el 2008. El propio presidente gallego recordó que para sacar adelante la licencia son necesarios 15 informes sectoriales y una declaración de impacto ambiental. La Xunta ha pedido a todos colectivos y plataformas vecinales que «estén tranquilos» porque no saldrá adelante ningún proyecto que contravenga la normativa, tal y como ya sucedió con la iniciativa de Corcoesto.

Los colectivos vecinales alertaron este domingo de graves consecuencias medioambientales y socioeconómicas, y denunciaron «a inacción» de los gobiernos locales y de la Xunta. Desde la plataforma se apunta además a un «armazón empresarial de dubidoso prestixio», detrás de la iniciativa de reactivación de la mina de cobre que ya existió hasta hace 30 años en la zona, y con «un proxecto cheo de carencias e deficiencias inasumibles». Una iniciativa, denuncian, que pone en riesgo los tejidos económicos de Touro y O Pino, e incluso los bancos marisqueros de la ría de Arousa, en la que desemboca el río Ulla, que atraviesa la zona.

La empresa habla de diálogo

La empresa que aspira a explotar la mina reaccionó este domingo a la protesta con un comunicado con el que quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a los gallegos y, especialmente, a los vecinos tanto de este concello como de O Pino. «El escenario dibujado por determinados colectivos está siendo muy lejano a la realidad de un proyecto minero del siglo XXI, como es el de Touro», inciden desde la compañía, que anunció este domingo la apertura de dos puntos de información permanentes en ambos concellos. «El objetivo de estas dos oficinas es explicar de manera transparente cualquier aspecto del proyecto que pueda ser de interés para la ciudadanía, resolviendo todas sus dudas e inquietudes. Asimismo, servirá como punto de encuentro donde facilitar el diálogo activo con ambos municipios», explicaron este domingo desde la empresa, donde lamentan que determinadas opiniones hayan servido para generar confusión y alarma entre los ciudadanos.

La empresa asegura que el cobre es un metal presente en todos los hogares, pero también en muchos de los avances tecnológicos que han revolucionado la sociedad. Un proyecto así, aseguran, plantea una minería moderna, sometida a la estricta normativa medioambiental de la UE y sobre la que pivotan explotaciones en países de gran conciencia ecológica como Suecia, Finlandia o Alemania.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/europa/item/39279-touro-y-o-pino-marchan-rechazando-una-mina-contraria-a-sus-medios-de-vida-y-su-salud

Chile

Corfo y SQM: Adiós a la posibilidad de un Silicon Valley del litio en Chile

Autor: Gonzalo Gutiérrez, El Desconcierto.
Conflicto Relacionado: Litio Salar Atacama

¿Por qué se debiera celebrar un acuerdo entre un Estado soberano y una empresa que ha corrompido las bases mismas del sistema político de ese Estado? Es que trae beneficios económicos al Estado, se responde. En vez de castigar ejemplarmente a un agente que ha corrompido -como nunca nadie antes- a la política chilena, se la premia con un aumento de la cuota de extracción de litio por sobre el doble de la actual y por varios años más.

La reciente conciliación alcanzada entre Corfo y SQM respecto a la explotación de litio en el Salar de Atacama es un asunto profundo y complejo que invita a reflexionar en temas tales como corrupción, participación y desarrollo industrial en Chile. El vicepresidente de Corfo Eduardo Bitrán ha hecho grandes despliegues para convencer al país que el acuerdo no solo sería bueno, sino que se trataría del “mejor contrato del mundo”. También algunos funcionarios de gobierno y columnistas –aún sin conocer los términos precisos del acuerdo (recordemos que es confidencial)- se han sumado a esta celebración. Asombran las argumentaciones expuestas. En general alaban el acuerdo por los beneficios económicos que se obtendrían, pero hacen caso omiso a que fue alcanzado con una empresa corrupta, sin participación de los pueblos atacameños involucrados ni discutido con otros órganos del estado, y que, finalmente, no contribuye a un desarrollo industrial soberano. En tal sentido, hay al menos tres asuntos que son que son cruciales a la hora de evaluar tal acuerdo.

1. Ética y corrupción versus beneficios económicos

¿Por qué se debiera celebrar un acuerdo entre un Estado soberano y una empresa que ha corrompido las bases mismas del sistema político de ese Estado? Es que trae beneficios económicos al Estado, se responde. En vez de castigar ejemplarmente a un agente que ha corrompido -como nunca nadie antes- a la política chilena, se la premia con un aumento de la cuota de extracción de litio por sobre el doble de la actual y por varios años más.

No será fácil explicar a las futuras generaciones el por qué un gobierno hace caso omiso a las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial Contra la Corrupción y prefiere supuestos beneficios económicos de corto plazo por sobre el combate ejemplarizador contra la corrupción. De hecho, el acuerdo se cierra con una empresa que incumple resoluciones ambientales, que mantiene rentas impagas y lo más grave, que corrompe poderes del Estado, poniendo en serio riesgo el ordenamiento institucional y la propia democracia de nuestro país. Ciertamente, dentro de nuestro estado de derecho existían alternativas diferentes a la transacción recién realizada y el ejecutivo cuenta con herramientas eficaces para enfrentar estas situaciones.

2. Participación y políticas públicas

El acuerdo suscrito está muy lejos de constituir un modelo sobre cómo abordar la toma de decisiones en una sociedad diversa y compleja, que avanza hacia un desarrollo sustentable. Nunca se consultó a los principales incumbentes, las comunidades de Atacama La Grande representadas por el Consejo de Pueblos Atacameños, ni al organismo técnico que el Estado se ha dado para ello, el Consejo de Minería No Metálica de Corfo.

En efecto, el Consejo de Pueblos Atacameños manifestó un “total rechazo” al acuerdo. Señalan que se deja “una vez más en la impunidad a esta empresa que ha explotado en forma desmedida los recursos hídricos del Salar de Atacama”. Y agregan que, con este acuerdo, Corfo “es irresponsable con el patrimonio territorial y en especial el ambiental de nuestras comunidades y también de todos los chilenos.” Denuncian asimismo que el “Vicepresidente de Corfo Sr. Eduardo Bitrán ha socializado este acuerdo CORFO-SQM con algunas de nuestras comunidades, ya que a pesar de que él fue informado que el Consejo de Pueblos Atacameños es la única institución representativa del territorio, se sostuvieron reuniones individuales con algunas de las comunidades más cercanas a las faenas SQM generando una afectación a nuestro tejido social”. O sea, un alto funcionario del Estado usando la premisa “dividir para reinar”. En tal sentido, no es sorprendente conocer la notica de que pocos días atrás la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de las comunidades de Atacama contra el acuerdo entre Corfo y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama.

Tampoco este acuerdo fue siquiera informado al Consejo de Minería No Metálica, el organismo creado por Corfo a instancias de la Presidenta Bachelet para precisamente aconsejar sobre estas materias.[1] El Senado y la Cámara de Diputados también desconocían que se estaba alcanzando este acuerdo. Menos se habló con la comunidad que desarrolla ciencia y tecnología: ni las sociedades científicas, ni los colegios profesionales, ni las universidades e institutos de investigación, ni las organizaciones de científicos jóvenes, es decir ningún organismo técnico colegiado fue considerado. Tal vez la razón sea que el acuerdo se consumó, como lo ha declarado el propio E. Bitrán, en sólo un mes (a pesar que desde hace muchos años se sabía de la importancia del litio y se podía prever el boom de la electro-movilidad). Con mayor razón entonces surge la pregunta: ¿es esa la forma cómo se construye una política pública seria y responsable, con mirada de futuro?

3. Recursos naturales y desarrollo científico-tecnológico

Vamos ahora al fondo de la conciliación. Sin duda lo más cuestionable del contrato para el Estado de Chile es haber aumentado la cuota de litio para SQM, hasta el año 2030, sin exigir un grado sustantivo de agregación de valor. Es increíble que una Corporación de Fomento permita que una empresa, SQM, pueda vender entre el 85% (al comienzo) y 75% (al final, el 2030) de la mayor producción mundial de litio, simplemente como carbonato de litio, que es el material básico, sin elaboración, obtenido del salar. Sólo un 15%-25% se deja para atraer industrias, nacionales o extranjeras, que agreguen valor en el país. Pero se trata, por desgracia, de una agregación de valor donde nuestros institutos de investigación y universidades no son protagonistas, sino ayudantes o espectadores. Corfo, en vez de aprovechar la oportunidad de usar el litio para entrar en la grandes ligas de la tecnología –y la ciencia- mundial y conversar como Estado de igual a igual con empresas y países líderes en electromovilidad y baterías, energías renovables no-convencionales, aleaciones livianas, fusión nuclear, se conformó con recibir las rentas del litio, como quien recibe dinero de arriendos detrás de un mostrador.

La línea de razonamiento principal para justificar el acuerdo se basa en que es muy superior al contrato anterior de los años 1993-1995. Se presenta como una astucia el haber logrado que ahora se tengan más regulaciones de tipo administrativo y ambientales, así como una modificación en el gobierno corporativo. Pero es evidente que un contrato de esta naturaleza, casi 25 años después, recogerá de modo natural las preocupaciones principales del siglo XXI: regulaciones ambientales, transparencia y medidas anticorrupción. Más si se negocia con SQM. Recíprocamente, al contrato de 1995, y coincidiendo en que era un pésimo acuerdo para el Estado, no se le podía exigir por ejemplo “monitoreo en línea” pues técnicamente en esos años aquello no existía todavía.

El punto principal que se omite es el siguiente: El litio -y las salmueras de los salares- no lo aprovechamos cuando dejamos que lo vendan como materia prima, por muy alta que sea la cantidad de dinero que recibamos a cambio. El litio es hoy día un material clave en la energía, y como tal cobra importancia en la medida que nosotros mismos hacemos los productos tecnológicos que multiplican su valor: pastas, cátodos, celdas, baterías… y por qué no, autos eléctricos. Teníamos ahora la oportunidad de crear un Silicon Valley del litio en Chile, con encadenamientos productivos que involucraran a científicos e ingenieros jóvenes, técnicos, emprendedores,  chilenos talentosos y audaces, deseosos de empujar a nuestro país hacia el desarrollo, y que los beneficios de nuestras riquezas sean para toda la gente. La aprobación de este acuerdo posterga –sino sepulta- este programa de trabajo por años. Ojalá que la oportunidad no sea frustrada. Es de esperar que nuestras máximas autoridades confíen en las capacidades de sus ciudadanos, y podamos al fin superar  la tragedia del salitre, esta vez usando nuestros recursos naturales como palancas para desarrollos productivos que tengan incorporada la inteligencia de los chilenos.

[1] Como miembro del Directorio de este Comité, al enterarme del acuerdo por la prensa, tuve que exigir por escrito a la ministra de Minería que E. Bitrán se dignara a informar al respecto, lo cual hizo solo parcialmente invocando “confidencialidad”.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2018/02/28/corfo-y-sqm-adios-a-la-posibilidad-de-un-silicon-valley-del-litio-en-chile/

 

Bolivia

Amnistía Internacional destaca en su informe anual caso Cedib y toma de la APDHB

Autor: ANF.Noticias

En su capítulo referido a la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos se refiere a la toma por algunas horas de las instalaciones de la APDHB por parte de un grupo de mineros y el acoso en contra del Cedib.

Amnistía Internacional en su informe anual 2017-2018 referido al capítulo sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos destaca como casos emblemáticos de vulneración de derechos en Bolivia, la toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y el acoso en contra del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) que derivó en el congelamiento de sus cuentas bancarias.

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional integrado por más de 150 países y territorios, señala que a vísperas del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, queda sobradamente claro “que nadie puede dar por sentados sus derechos humanos”.
Amnistía registra que el 6 de febrero los líderes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) tomaron durante varias horas las instalaciones de la APDHB en La Paz y exigieron la destitución de su presidenta, Amparo Carvajal. El hecho involucró al ejecutivo de los mineros asalariados, Orlando Gutiérrez, afín al Gobierno del presidente Evo Morales.
“La toma ocurrió mientras organizaciones de defensa de los derechos humanos y líderes indígenas celebraban una conferencia de prensa en instalaciones de la Asamblea, para anunciar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al Gobierno información sobre la solicitud de medidas cautelares presentada por estas organizaciones”, señala el informe.
La organización mundial acota que la solicitud de la CIDH se hizo en nombre de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, probablemente Toromonas, alegando que su supervivencia estaría en peligro si se concretaba la propuesta de extracción petrolera en sus territorios situados en el norte de La Paz en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacanas II.
Amnistía también dedica parte del capítulo al caso del Cedib, organización no gubernamental con sede en oficinas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) -universidad pública de Cochabamba- el mismo que se vio obligado a desalojar las instalaciones que ocupó por más de 20 años a raíz de presiones del rector Juan Ríos y las amenazas de desalojo.
“El director del Cedib, Marco Antonio Gandarillas solicitó garantías de seguridad para su personal y sus archivos, pero no recibió respuesta de las autoridades”, cita la organización de defensa de derechos.
En noviembre el Cedib denunció que se habían congelado sus cuentas bancarias como consecuencia de un procedimiento administrativo judicial iniciado por el rector de la UMSS. La determinación fue ejecutada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por órdenes judiciales.
Acción urgente 
Amnistía Internacional lanzó en diciembre del año pasado, la acción urgente en favor del Cedib, a fin de garantizar su labor de investigación y defensa de los derechos humanos y recursos naturales.
La organización alertó que las nuevas amenazas al trabajo del Cedib, generaban inseguridad financiera del personal de la institución a causa de la congelación de sus cuentas bancarias. “Esta es la última de una serie de intentos para obstruir el trabajo legítimo del Cedib y una señal preocupante de la reducción del espacio cívico en el país”, afirmó en la acción urgente.
En esa ocasión Amnistía instó a la sociedad civil escribir al defensor del Pueblo, David Tezanos para que proteja la integridad del personal y los activos financieros de Cedib y se asegure de que las organizaciones de la sociedad civil disfruten de un entorno “seguro y propicio para desarrollar sus actividades”.
También Amnistía Internacional convocó escribirle al viceministro de Autonomías, Hugo Siles para que reconozca públicamente el trabajo legítimo en derechos humanos del Cedib y asegure que el Rector de la UMSS “se abstenga de cualquier acción que ponga en riesgo al personal y al trabajo del Cedib”.
Mediante la acción urgente también se recomendó dirigirse al Presidente del Consejo de la Magistratura para que investigue de manera inmediata y exhaustiva los reclamos de irregularidades y violaciones del derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo judicial en contra del Cedib.
Fuente:https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/amnistia-internacional-destaca-en-su-informe-anual-caso-cedib-y-toma-de-la-apdbh–386049
Internacional

Activista boliviana denuncia «invasión» de empresas mineras en Latinoamérica

Autor: Correo del Sur.

La coordinadora de la Red Latinoamericana de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, la boliviana Margarita Aquino, denunció este miércoles que las empresas mineras en América Latina «están literalmente invadiendo los territorios», que son el sustento de muchas comunidades indígenas.

Aquino realizó esta denuncia en el Congreso Social de Móviles (MSC), que desde hace tres años se celebra en Barcelona coincidiendo con el Mobile World Congress (MWC) con el objetivo de poner de manifiesto las caras controvertidas de la industria móvil y tecnológica.

«Las empresas contaminan la tierra y el agua con la que las indígenas trabajamos y sacamos el sustento para mantener a nuestras familias», reiteró Aquino en el Congreso Social que este año da la voz a las mujeres que trabajan para defender sus derechos y los derechos ambientales en la cadena de suministro de la electrónica.

En ese sentido, la activista explicó que la industria de la minería, no sólo es perjudicial para el medio ambiente, sino también para la salud de las comunidades indígenas, sobre todo para las mujeres.

«La minería contamina el agua y los ríos que las comunidades agrícolas y ganaderas utilizan para la pesca y para beber, provocando enfermedades que afectan, sobre todo, al estómago y la piel, además de abortos espontáneos en mujeres embarazadas», denunció.

Aquino insistió en que, como la actividad minera es sobre todo masculina y las mujeres son las que trabajan la tierra, «son ellas las que se quedan sin trabajo», y eso implica una «desvalorización social de la mujer, que sufre recriminaciones porque no contribuye al sustento de la comunidad».

También explicó que «alrededor de las minas se genera la prostitución», y que el trabajo en las mismas conlleva, por sus condiciones laborales, «el aumento del alcoholismo en los mineros, que desemboca en el aumento del machismo y la violencia de género».

En esa línea, la coordinadora de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, la ecuatoriana Gloria Chicaiza, indicó que «las mujeres de las comunidades indígenas sufren criminalización por parte de las empresas y entidades gubernamentales por llevar a cabo su lucha».

Igualmente denunció «la persecución que las mujeres sufren en su lucha a manos de las empresas y el gobierno», que según Chicaiza, «son amenazadas, estigmatizadas, perseguidas, agredidas e incluso asesinadas».

No obstante, valoró positivamente el levantamiento y la lucha pacífica de las mujeres: «Que las mujeres hagan de voceras en estos conflictos sigue abriendo caminos», dijo.

Chicaiza insistió: «A nuestros gobiernos les importa demasiado la opinión internacional. Por ello, tenemos que elevar nuestra lucha a ese ámbito».

En relación a la continuación de la lucha ecofeminista en los países de América Latina, recordó que tuvieron «experiencias positivas» y que deben «mantener la esperanza en alto y seguir luchando y creando una red de solidaridad entre los pueblos».

Según la coordinadora del proyecto Make ICT Fair de derechos humanos en la industria tecnológica, Karolien Burvenich, el 40% de los bosques de América Latina están amenazados por la industria de la minería, y para extraer 22,5 toneladas de oro, se utilizan y contaminan 225.000 millones de litros de agua potable ya que «se mezclan con sustancias químicas como el cianuro».

Como solución, Burvenich recordó la importancia de elaborar una legislación europea, como la Ley de Minerales de Conflicto de la UE y «asegurar el respeto de los derechos humanos y de los trabajadores recogidos en artículos como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)».

Fuente:http://correodelsur.com/sociedad/20180228_activista-boliviana-denuncia-invasion-de-empresas-mineras-en-latinoamerica.html