El proyecto minero que se pretende construir en la región de Tehuacán causará un impacto y repercusión grave en la salud de los habitantes, sobre todo de los municipios de Chapulco, Santiago Miahuatlán, Tehuacán y Nicolás Bravo, por el uso de cianuro para extraer minerales como oro y plata, señaló el dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Omar Esparza.

El Primer Foro Contra los Megaproyectos y la Minería que se realizó ayer sábado en el Complejo Cultural El Carmen participaron varias organizaciones de Puebla, Morelos, Veracruz, así como de la Ciudad de México, con la finalidad de crear conciencia de los efectos que tienen los trabajos que realiza una minera a cielo abierto.

Omar Esparza indicó que se deben detener los megaproyectos que se pretenden ejecutar en esta zona o los efectos serán un ecocidio y daños al ser humano, porque esos han sido los resultados de llevar a cabo la actividad minera en otros lugares.

Detalló que al dinamitar la tierra para extraer los minerales pesados se registran daños al medioambiente, pues al rociar cianuro en la zona y al estar ubicados en un valle, a toda esta región llegan las particulares contaminantes.

Refirió que en muchas ocasiones la ciudadanía se caya ante este tipo de peligros, porque existe corrupción, compra de permisos, incluso se desconocen quiénes fueron los que dieron los permisos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Martín Barrios Hernández, puntualizó que de acuerdo al documento del Panorama Minero de Puebla, realizado por el Servicio Geológico Nacional, señala que se han otorgado cinco concesiones a mineras para la explotación de aluminio, plata y oro en la región de Tehuacán.

Refirió que se tiene conocimiento que la empresa canadiense Linear Gold Corp, por medio de su filial Minera Plata Real, es la que ya inicio trabajos de explotación en los Cerros del Borrego, El Conejo, Barranca de la Cruz del Quiote, Yerbabuena, Tlamaya, entre otros y se puede ver en las afectaciones que ya está causando.

Ambos activistas mencionaron que posterior a este foro se buscará la conformación de un grupo de personas para evitar y frenar que se realicen actividades mineras en la zona, así como lograr ubicar a las autoridades responsables de otorgaron permisos para la extracción de minerales.

El defensor de Derechos y representante del Proyecto Integral Morelos, Juan Carlos Flores Solís, les manifestó a los asistentes que la ciudadanía se debe cuidar de los impactos que traen este tipo de proyectos, en donde divide no sólo a los pobladores, sino a las familias por la falsa información que se maneja.

Mencionó que también se tiene que tener cuidado con los grupos de choque que se conforman, con personas ambiciosas de la población y que actuaran una vez que inicie la resistencia para frenar los proyectos que van en contra del medioambiente.

Fuente:http://www.elpopular.mx/2018/03/11/municipios/alertan-danos-a-la-salud-por-proyecto-minero-177552

El gobierno de Durango apoya la instalación de una fábrica de cianuro que fue dos veces expulsada de Guanajuato por ser altamente tóxica y contaminante.

El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa del Territorio pidió detener la represión en contra de quienes se oponen a la instalación de una planta de cianuro de sodio en los ejidos Pueblo Nuevo El Siete, La Aurora y Las Américas, luego de que el viernes 9, la policía reprimió una protesta, y el enfrentamiento dejó medio centenar de heridos y más de 40 ciudadanos detenidos.

Desde junio de 2017, las autoridades locales aceptaron la construcción de esta planta de la empresa estadounidense Chemours Company, luego de que habitantes de dos municipios de Guanajuato rechazaron su instalación en ese estado por las implicaciones a la salud y al medioambiente que implica la producción de cianuro, un químico tóxico necesario para la separación de metales en la megaminería.

La planta está proyectada en un terreno de 11.7 hectáreas, dentro de la comunidad Dinamita, ubicada a un kilómetro del ejido Pueblo Nuevo El Siete, que tiene una población de 443 habitantes y 142 viviendas, y a 30 kilómetros de la cabecera municipal de Gómez Palacio, al noreste del estado.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, y la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, presentaron personalmente el proyecto, cuyas obras, dijo entonces el mandatario, concluirán a finales de 2019.

En octubre, pobladores de los ejidos cercanos realizaron un Encuentro por la Vida y el Territorio, con la presencia del obispo de Saltillo, Raúl Vera, y determinaron rechazar la planta química que busca producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año y crearon el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa del Territorio.

El conflicto fue escalando y el pasado viernes 9, alrededor de las 7 de la mañana, unos 500 miembros del Frente bloquearon los accesos carreteros al ejido La Aurora donde se encuentran los complejos industriales de cinco empresas dedicadas a la producción de insumos para la minería y donde se está construyendo la planta.

Los manifestantes aseguran que las empresas pidieron a la alcaldesa su apoyo para liberar la carretera y permitir el paso a los trabajadores del complejo; poco después de las 10 de la mañana llegó la policía municipal con equipo anti-motín para despejar la carretera por la fuerza, lo que inició una confrontación. A la policía municipal se le sumaron agentes de la policía metropolitana y de investigación del gobierno estatal, según el comunicado del Frente Unido. Esto provocó que el enfrentamiento se alargara varias horas, según el El Siglo de Torreón: “los agentes tomaron palos, piedras, extinguidores, así como gas lacrimógeno y se enfrentaron violentamente a los ejidatarios, quienes repelieron la agresión a pedradas y bombas molotov”.

Según los testimonios de personas que estuvieron en la protesta, los manifestantes, entre ellos mujeres y niños, corrieron cuando vieron llegar a los refuerzos y buscaron refugio en las casas cercanas, la policía por su parte irrumpió en los hogares para detener a manifestantes e incluso incendiaron coches y motocicletas como represalia.

Al final de la jornada, el gobierno estatal reportaba 34 policías heridos, mientras que el Frente hablaba de al menos 17 ciudadanos heridos.

El número de detenidos también era incierto. “Para las cinco de la tarde teníamos el reporte de una docena de heridos y 27 personas detenidas, el numero se duplicó para la noche y hoy amanecimos con la cifra de por lo menos 67 personas extraviadas (…) entre las que están en el ministerio público, en el hospital y escondidas”, dijo el sábado a Pie de Página Gustavo Lozano, de La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) una organización civil que ha orientado a los opositores de la planta.

Más tarde la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de su vocero Pedro Galindo, aseguro que son 43 las personas detenidas, 27 hombre y 16 mujeres. También afirmó que “no hubo una cacería” de manifestantes en las casas del ejido y que todo se hizo manteniendo el Estado de Derecho.

Las posturas: ¿salud o empleo?

El cianuro es la principal sustancia que se utiliza en la industria minera moderna y sirve para separar y limpiar los metales como el oro y la plata del resto de material removido por medio de un proceso de lixiviado. El boom minero en el continente convierte a la producción de cianuro en un negocio muy lucrativo y para la Chemours Company, pues la planta en México es clave por su posición geográfica y el crecimiento sostenido que la minería ha alcanzado en las últimas décadas en el país.

“Le vendemos a las empresas mineras. México es el primer productor de plata en el mundo y el octavo de oro, pero en reservas es tal vez el segundo país con las mayores reservas de oro en la minería, dijo en una entrevista con El Universal, Luis Rebollar, ex presidente de la Chemours Company.

Sin embargo, el químico es altamente tóxico. Los opositores argumentan que la instalación de la planta, que estaría funcionando durante los próximos 30 años, pone en peligro a la región entera y que la Chemours está violando las normas para construir un proyecto de este tipo.

Por ejemplo, la empresa asegura que la planta está alejada de complejos habitacionales o comerciales. Pero basta ver un mapa para notar que hay por lo menos una decena de comunidades en un radio de 5 kilómetros de la planta -entre ellas El Siete y Dinamita- y el Frente Unido asegura que son 27 comunidades amenazadas por la presencia del cianuro y que sufrirían graves daños en caso de contingencia.

¿Por qué, entonces, el gobierno municipal y estatal lo autorizaron?

Porque genera empleos “bien pagados” y porque “están contratando jóvenes con estudios de nivel medio y superior”, según ha asegurado el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

“Le dio los permisos la Secretaría de Medio Ambiente porque la empresa cumple cabalmente con todos los requisitos. Yo les diría: es mucho más la gente que está a favor, los que están en contra sólo son unos cuantos que sólo buscan generar ruido, que sólo buscan llamar la atención en contra del desarrollo”, dijo en una entrevista a finales de noviembre.

La alcaldesa, Leticia Herrera, también declaró que las voces opositoras “deberán demostrar los daños que pudiera causar la compañía o dejar de ser un obstáculo para el desarrollo y la generación de empleos bien pagados que el municipio merece”, según

La comunidad de Dinamita fue fundada a inicios del siglo XX, como una zona de vivienda de trabajadores de la compañía estadunidense Dupont, que instaló ahí una fábrica de explosivos para las actividades mineras, que en ese momento era de socavón; la producción de algodón en esta zona apartada de la Comarca le proporcionaba la glicerina, una materia prima para la fabricación de los explosivos; pero la baja en la demanda de dinamita bajó sustancialmente la actividad económica de la población. Ahora, el boom de la minería a cielo abierto reactivó la idea de la empresa -Chemours es una filial de Dupont- de aprovechar el terreno para fabricar cianuro.

Antes de llegar sin aviso a la comunidad El Siete, La Chemours había intentando, fallidamente, instalarse en dos municipios de Guanajuato. Primero fue en 2015 cuando la gigante de los químicos presentó el proyecto “Salamanca Bajío”, donde quería construir la planta en más de 100 mil metros cuadrados del municipio de Salamanca con una inversión de mil 600 millones de pesos. En mayo de 2016 la empresa retiró el proyecto tras mostrarse que la declaración de impacto ambiental que había presentado a la Semarnat tenía información falsa.

Dos meses después la empresa presentó un proyecto nuevo en San Luis de la Paz, a 160 km de Salamanca. Sin embargo los ciudadanos crearon la Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y emprendieron una batalla contra las autoridades locales para impedir la instalación de la planta en su comunidad. Tras 10 meses de presión social, la Chemours desistió del proyecto en silencio y movió su objetivo a Durango.

Pero el patrón fue el mismo. En 2016, cuando sus ciudadanos llevaban una batalla enormemente desigual contra la Chemours, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, repitió hasta el cansancio que el cianuro es inofensivo “e igual a cualquier otro tipo de sal, como la de mesa”.

Fuente:https://aristeguinoticias.com/1103/mexico/reprimen-a-pobladores-que-se-oponen-a-instalacion-de-planta-de-cianuro-de-sodio-en-durango/

Tehuacán. Con la participación de más de 200 personas de diferentes poblaciones de la Sierra Negra y el valle se llevó a cabo un foro contra los megaproyectos y la minería en Tehuacán, donde los ponentes y los asistentes coincidieron en la necesidad de impedir que sigan avanzando los proyectos de muerte.

Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maiz), manifestó que es importante que la gente se informe sobre los peligros que representan los proyectos de ese tipo como es el caso de la hidroeléctrica que se pretende construir en la zona de la Sierra Negra.

Esparza destacó que existe otro también la intención de establecer un proyecto minero en las afueras de Tehuacán, mismo que de llevarse a cabo tendrá un impacto gravísimo en el medio ambiente, por lo cual consideró de gran importancia que la gente cuente con información al respecto y se organice para impedir que se lleve a cabo.

Cuando llegan esos proyectos, dijo, se trastoca no solo el ecosistema, sino también la tranquilidad social; en ese sentido recordó que en las poblaciones de la Sierra Negra, en donde la Minera Autlán pretende construir su hidroeléctrica, hay una serie de conflictos no solo entre autoridades y población, sino también entre familias y vecinos, con lo cual la paz se pone en riesgo.

Al foro acudieron ponentes provenientes de Tlaxcala, Morelos, Oaxaca y de las comunidades de la Sierra Negra, así como organizaciones indígenas y campesinas de distintas entidades, quienes advirtieron de los problemas que son para las comunidades los proyectos mineros y los hidroeléctricos.

Entre los ponentes estuvo Juan Carlos Flores Solís, defensor de derechos humanos contra el proyecto del gasoducto Puebla–Morelos–Tlaxcala, quien explicó la forma en que operan las empresas a fin de conseguir que sus obras se lleven a cabo, detallando que se valen de diferentes debilidades de las poblaciones, como son la pobreza y las distancias entre ellas, así como de personas que ostentan el poder, entre quienes reparten sumas económicas importantes para tenerlas como aliados.

Hizo un recuento de la manera en que el gasoducto se impuso en esa región, resaltando que incluso se llegó hasta el encarcelamiento de los líderes de las comunidades opositoras, quienes finalmente salieron libres porque demostraron que no habían cometido ningún tipo de delito.

Por su experiencia, sugirió que en el caso de los proyectos que apenas empiezan la oposición sea muy específica para no permitir que trabajen las máquinas, que no hagan una sola labor, porque si se les deja avanzar es difícil después detenerlas, por lo que llamó a que los habitantes se organicen desde ya para no dar paso al avance de las empresas.

Resaltó que en el caso del gasoducto hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos actuó con gran tibieza, pues en lugar de declarar que se violaron los derechos de los opositores y pedir que se suspenda el proyecto lo único que pidió fue que se lleve a cabo pero con más seguridad para los habitantes, pese a lo cual los habitantes siguen en lucha.

Por lo anterior se llegó al acuerdo de trabajar de manera unida entre las comunidades a fin de evitar que se lleven a efecto los proyectos que las mineras tienen consideradas en toda esta región, ya que saben bien que no solo se trata de la hidroeléctrica de la Sierra Negra, sino que existen otros más que se deben detener antes de que sea demasiado tarde, porque en esos casos van en busca de explotar el agua y despojar de las comunidades de esa y otra riquezas naturales.

Fuente:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2018/03/12/acuerdan-foro-luchar-unidos-impedir-se-lleven-cabo-proyectos-muerte/

En un año, las concesiones para explotación minera en Puebla crecieron en 31 por ciento, pues a finales de 2016 había 236 y en 2017 llegaron a 310, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Economía (SE).

Así lo dio a conocer el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), que hizo una exploración en los registros geográficos que la dependencia federal tiene en su página en internet.

Juan José Hernández, quien es director de esa agrupación que se desempeña como un observatorio ciudadano, consideró que la explotación minera resulta un mal necesario, pues algunos tipos de ese material son utilizados para la elaboración de equipos tecnológicos como las baterías para los teléfonos celulares.

Un informe dado a conocer en abril pasado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, indicó que Puebla es el tercer estado del país con más conflictos mineros, al registrar ocho casos, y existe una potencial contaminación del agua subterránea y superficial provocada por las empresas ubicadas en la cuenca del río Apulco.

¿En dónde están las concesiones mineras?

Según el informe, a finales de 2016 la SE tenía registros de 236 concesiones mineras en Puebla, pero hasta el mes de diciembre de 2017 –un año después- el número creció a 310, lo que se traduce en un aumento del 31 por ciento.

La última cifra implica que hay más de una concesión por municipio, pues la entidad cuenta con 217 demarcaciones de ese tipo. No obstante, el 62 por ciento de los permisos, es decir, tres de cada cinco, se localizan en la parte norte del estado, principalmente en el área serrana.

De acuerdo con los datos, también hay permisos para extracción en el Valle de Serdán en la Mixteca e incluso hay un permiso en el municipio capitalino de Puebla.

Jolalpan es el municipio del estado que más concesiones tiene, con un total de 45, seguido por Chietla con 38, posteriormente destacan Tetela de Ocampo (16), Zacatlán (16), Chiautla (14), Izúcar de Matamoros (13), Acatlán (12), Teziutlán (11), Tecomatlán (10), Guadalupe Victoria (9), Ixtacamaxtitlán (9), Tulcingo (9).

La SE también reportó concesiones en Tepeyahualco (7), Tlatlauquitepec (7), Zapotitlán (7), Ixcamilpa de Guerrero (6), Zautla (6), Teopantlán (5), Xicotepec (5), Tehuitzingo (4), Tzicatlacoyan (4).

En Ahuatlán, Albino Zertuche, Huehuetlán El Grande, Teotlalco, Totoltepec de Guerrero, hay tres permisos, respectivamente, mientras que en Chignahuapan, Huauchinango, Huehutlán El Chico, Hueyapan, Libres, Nicolás Bravo, Piaxtla, San Gabriel Chilac, San Jerónimo Xayacatlán, San Nicolás Buenos Aires, Santiago Miahuatlán, Tlachichuca, Tlacuilotepec y Xicotlán hay dos registros en cada caso, y uno en Axutla.

Entre las mineras extranjeras que operan en Puebla se encuentra la canadiense Almaden Minerals y Minera Autlán.

Fuente:http://www.e-consulta.com/nota/2018-03-08/medio-ambiente/concesiones-mineras-aumentan-31-en-puebla-durante-1-ano