Colombia

Aprobado convenio Minamata

Autor: Columna.Cronica de Quindio

El Congreso de Colombia acaba de aprobar el proyecto de ley 158 por medio del cual ratifica el convenio de Minamata, el cual está orientado a la eliminación del uso de mercurio, un metal pesado que es usado indiscriminadamente en algunas industrias y en minería, fundamentalmente la ilegal, y que es generador de graves enfermedades a las personas, a los peces y animales que consumen aguas contaminadas con ese elemento.

A pesar que Colombia es el segundo país con la mayor emisión de mercurio con cerca de 180 toneladas cada año, después de China, lo sorprendente es que, los legisladores se tomaron 5 años para entender la importancia del convenio, el cual fue firmado por Colombia en el 2013 en Japón. Pero aún faltan pasos definitivos para que el proyecto se convierta realmente en ley de la República, pues luego de la sanción presidencial deberá someterse a revisión por parte de la Corte Constitucional por su rango de tratado internacional, surtido ese proceso Colombia podrá participar con voz y voto en la toma de decisiones en la implementación y reglamentación del convenio y en las negociaciones, las cuales no serán nada fáciles si tenemos en cuenta que a ese nivel se requiere como mínimo coherencia en las argumentaciones y compromiso para cumplir lo pactado, en especial en la aplicación de normas y estrategias que conduzcan a la erradicación de mercurio en la minería, a partir de este año y de la industria antes del 2023, pues la comunidad internacional hace constantes llamados con carácter de urgencia para paliar la problemática ambiental y social, por lo que 91 países han ratificado el convenio.

Lo grave del asunto es que, aunque Minamata es vital, Colombia no podría cumplirlo ni en lo más básico, pues entra en profundas contradicciones con sus “brillantes” programas ‘locomotora minera’ y ‘Colombia país minero 2019’, además de la minería ilegal, que está expandida por todo el país con explotadores de oro camuflados de honestos empresarios pero que no son otra cosa que rapaces oportunistas depredadores del medio ambiente, a quienes nada les importa que el mercurio sea altamente tóxico con afectación directa en el sistema neurológico con graves secuelas para quienes lo consumen y las consecuencias para los ecosistemas son igualmente fatales ya que se bioacumula en las cadenas alimenticias por lo que es letal para la fauna y los recursos hídricos.

Esto hace entonces que alcaldes, gobernadores y directores de Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, prioricen el cumplimiento del convenio para acceder a la asistencia técnica y recursos financieros del exterior para la implementación de acciones puntuales que posibiliten la descontaminación de ríos, mediante un eficaz control a la comercialización y uso del mercurio. La importancia de Minamata consiste en que, antes del 2020 los países que pactaron el convenio tendrán que prohibir la producción, importación y exportación de productos que usan o contienen mercurio, además tienen que controlar la minería aurífera ilegal, la artesanal y la denominada a cielo abierto. En ese sentido falta todo por hacer.

Fuente:https://www.cronicadelquindio.com/noticia-noticia_opinion-titulo-aprobado-convenio-minamata-op-18134

Colombia

Condenan a Cerro Matoso por haber afectado la salud de los pobladores vecinos

Autor: EFE: WRadio.com
Conflicto Relacionado: Cerro Matoso-Pijao

La Corte Suprema de Justicia ordenó a la multinacional minera Cerro Matoso a resarcir daño ambiental e indemnizar a afectados en Córdoba.

La Corte Constitucional ordenó a la multinacional minera Cerro Matoso resarcir el daño ambiental causado a las comunidades de la zona de influencia de la explotación minera. De igual forma, señala que las personas que vieron afectada su salud por cuenta de la actividad minera deberán ser indemnizadas por Cerro Matoso.

El alto tribunal también ordenó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior que realice una consulta previa con todas las comunidades accionantes a efectos de fijar medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental respecto a los ulteriores perjuicios que podrían generar las labores extractivas de la compañía minera Cerro Matoso S.A.

Pidió al Ministerio de Salud que constituya una brigada para realizar una valoración médica de los habitantes de la zona; a la empresa accionada, que brinde atención integral y permanente a aquellas personas que padecen enfermedades relacionadas con la explotación minera de níquel y ferroníquel condena en abstracto a la empresa Cerro Matoso S.A. para que pague los perjuicios causados a los integrantes de las comunidades étnicas y financie la creación de un Fondo Especial de Etnodesarrollo para reparar a las víctimas desde una perspectiva colectiva y étnica

También al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que realice los ajustes normativos pertinentes, conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud; a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, que realicen un control ambiental estricto y efectivo a las operaciones de Cerro Matoso S.A; a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República que establezcan una relatoría especial de seguimiento a las órdenes proferidas en la sentencia; y la advertencia a la empresa Cerro Matoso S.A. de cumplir cada punto resolutivo del fallo, so pena de que el juez de primera instancia de la tutela ordene la suspensión de sus actividades extractivas.

La Corte falló una tutela interpuesta por Javier Martín Rubio Rodríguez, Israel Manuel Aguilar Solano (Gobernador y Cacique Mayor del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge) y Luis Hernán Jacobo (Presidente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré), refieren que la empresa Cerro Matoso S.A. ha realizado actividades de exploración y explotación minera en el departamento de Córdoba desde el año 1982.

Indican que, a causa de ello, las comunidades étnicas cercanas al complejo minero han tenido que presenciar múltiples daños a su medio ambiente, así como, la aparición de distintas clases de enfermedades de tipo respiratorio, cardiovascular, dermatológico, entre otras. Adicionalmente, refieren que el 27 de diciembre de 2012, la Agencia Nacional de Minería y la empresa Cerro Matoso S.A. suscribieron el Otrosí No. 4 al Contrato No. 051-96M, con el fin de modificar aspectos sustanciales de los contratos que regían las operaciones mineras y extender las mismas hasta el año 2064.

También deberán pagar indemnizaciones por los «cultivos o cosechas que se hayan visto deteriorados como producto de la contaminación ambiental y las pérdidas económicas causadas por la disminución de productividad agrícola y/o pesquera».

Fuente:http://www.wradio.com.co/noticias/judicial/condenan-a-cerro-matoso-por-haber-afectado-la-salud-de-los-pobladores-vecinos/20180316/nota/3725075.aspx.

Panamá

Integración , descolonización y extractivismo minero

Autor: Cristian Abad Restrepo. La Estrella

La democracia implica respetar los espacios de reproducción, lo que a su vez implica plurinacionalizar el territorio del Estado moderno; dar cabida a la gestión del territorio sobre diversas formas de ver y reproducir la vida.

Existe una revuelta de la naturaleza desde los pueblos del continente americano, dado el agotamiento de la reproducción de la vida que, como respuesta, abren sus mundos para reencantar el pensamiento desde-hacia otros horizontes de afectividades, para encontrar sentidos de vida ante la duda de la existencia porque la modernidad ya no ofrece futuro. Esto quiere decir que desde los pueblos hay fisuras político-epistémicas que están situando las alternativas de vida, modos diversos de estar en el mundo, basadas en las relaciones comunales para recrear los sueños y posibilidades de un futuro abierto no prediseñado por el Estado moderno, cuyo modelo de más desarrollo, más progreso y más extractivismo minero nos quieren implantar a como dé lugar. Dice Zibechi que ‘ese mundo nuevo existe, ya no es un proyecto ni un programa sino múltiples realidades, incipientes y frágiles. Defenderlo, para permitir que crezca y se expanda, es una de las tareas más importantes durante las próximas décadas’ (Zibechi, 2003) en el siglo XXI. Dicho de otra forma, las múltiples realidades son aquellas que provienen de los pueblos racializados (indígenas, afrodescendientes y campesinos) que con sus dinámicas propias de sus lugares están reproduciendo otras formas de pensar y de sociabilizar. La democracia que requerimos en Panamá, México, Colombia, Argentina, Ecuador, Brasil, Honduras, en definitiva, en todos los países, implica respetar los espacios de reprod ucción, lo que a su vez implica plurinacionalizar el territorio del Estado moderno, es decir, darle cabida a la gestión del territorio sobre diversas formas de ver y reproducir la vida, lo que desencadenaría en una gestión pluriversal del territorio.

RESISTENCIAS Y DESCOLONIZACIÓN

Las resistencias contra la minería moderna nos abren esas posibilidades de descolonizar tanto el futuro como el espacio-tiempo presente regido por la modernidad. Es decir, un futuro abierto a los múltiples espacios-tiempos de los pueblos existentes que fueron encubiertos (Dussel, 1996), y que hoy pugnan, no solo por su reconocimiento institucional, sino por la creación de mundos sin necesidad de recurrir al Estado y al mercado capitalista, cuya creación se basa en la autodeterminación y autonomía territorial.

Las resistencias que vemos en los últimos tiempos, no son resistencias propias de los actuales momentos, sino una manifestación de los pueblos silenciados por siglos, que cobran una importancia en la actualidad porque ya es imposible seguir encubriendo el entrampe de la modernidad (Bautista, 2015), que ha llevado todo a la muerte. Por eso, las resistencias por mantener la vida son luchas contra-modernas, de allí la importancia de valorar el legado milenario de saberes que nos han permitido ir más allá que la modernidad (Bautista, 2015).

Las actuales resistencias contra-extractivas además de ser expresiones contra la acumulación de hechos, de opresión, de aniquilamiento cultural, de racismo, de la humillación histórica, de la pérdida constante de la vida, en un contexto histórico de neocolonialismo minero, son también manifestaciones de la recreación de los paisajes de pensamiento como nunca antes visto y sentido en la historia latinoamericana. La valoración de formas de trabajo enfocadas en el alimento, en la gestión de cuidado de las montañas, del agua y el amor por el río, son ahora prácticas ‘críticas a la modernidad’ (Abdiel, 2018) que podemos hacer, porque la modernidad privilegió trabajos monstruosos basados en disparar bombas y balas, producir pobreza y acumular riqueza, estallar montañas y contaminar la tierra, expropiar la cultura de los cuerpos y territorios mediante la violencia.

Las resistencias son manifestaciones de la r-existencia [Por06], de aquel residuo que ha quedado después de siglos de destrucción constante de mundos y de saberes. Ese residuo se convierte hoy en la semilla que empieza a expandirse con potencia desde la solidaridad de los pueblos y de articulación de posicionalidades sobre la vida que guardan un objetivo presente común: reproducir la vida-cultura-naturaleza, en definitiva, el territorio.

RADICALIDAD DE LAS MÚLTIPLES ALTERNATIVAS

MISIÓN Y VISIÓN DE FLACSO

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) es un organismo regional, instituido por la UNESCO para impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de las Ciencias Sociales.

El Programa FLACSO-Panamá busca dotar a la población de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.

Los conflictos ambientales que resultan del extractivismo minero tienen entonces una solución, una única salida, la vida del territorio o la muerte del mismo. No hay puntos medios, ni negociación posible porque como indica Machado (2015) ‘allí donde se radica la mina, estalla el conflicto como conflictividad estructural de larga duración’.

La radicalidad no debe de entenderse como simple fundamentalismo ecológico, como lo piensan los extractivistas y funcionarios del Estado, es que no hay otra forma u otro modo posible sino descolonizar la naturaleza, lo que implica radicalizar las múltiples alternativas existentes al extractivismo minero. La negociación nos condena de antemano a la pauperización y creciente racismo (inferiorización) de nuestros pueblos. De allí, que las resistencias hayan comprendido que con el extractivismo minero no hay posibilidades de convivencia porque su razón y su lógica de ser es racializar al extremo a los pueblos, transferir/producir escasez, en definitiva, la ampliada destrucción de la vida. La descolonización de la madre naturaleza [Wal08] es ahora una visión desde el presente que asumieron/asumimos las resistencias contra el extractivismo minero, ya posible en el siglo XXI.

Las transiciones epistemológicas y políticas que requiere la humanidad están siendo construidas desde este continente para el mundo. Tomará años, como dice Dussel, para ver más nítidas esas transiciones, pero es un proceso no reversible de transición hacia otra cosa, hacia otra forma de vida. Esa es quizás la mayor característica que podamos asignar a las ‘sociedades en movimiento’ (Zibechi, 2017) en la actualidad, su capacidad de producir transiciones hacia otra vida posible en la diversidad. Arturo Escobar (2014) denomina este proceso como Pluriverso. Ya entendemos el porqué de la negación en las consultas populares-autonómicas contra la megaminería y la creciente hermandad de pueblos en diversos momentos en la historia reciente, donde convergen posicionalidades que se articulan en agendas y construcción de alternativas de liberación desde una geopolítica de otro modo. En definitiva, es una geopolítica que nos remite a la integración latinoamericana de los pueblos ‘desde’ abajo. Ganar más integración implica avanzar hacia la descolonización.

MAS INTEGRACIÓN=MÁS DESCOLONIZACIÓN.

Lo anterior supone la construcción de una integración latinoamericana desde abajo. Hemos visto en los últimos 20 años un sinnúmero de actores sociales y comunales contra el extractivismo minero en congresos, encuentros y creación de redes cuyo carácter ha sido integrista a favor de la causa de la liberación de Latinoamérica como el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Unión de Asambleas Ciudadanas en Argentina. Es decir, tales formas de organización en redes y congresos deben ser entendidos desde la integración de los pueblos en América sin las cuales no es posible avanzar hacia las múltiples descolonizaciones, precisamente porque la colonización implicó la fragmentación de los cuerpos de sus contextos y de los amplios territorios/territorialidades, al implantar fronteras modernas a favor de la gestión del extractivismo minero. Dicha integración desde abajo implica otra mirada desde la territorialidad de los pueblos que deciden/decidieron acabar con la continua soberanización de los minerales, es decir, radicalizar no solamente las alternativas de vida, sino fomentar más y de forma incluyente los diversos actores y perspectivas de/desde Latinoamérica. En ese sentido, tenemos que la integración de pueblos contra el extractivismo minero implica un avance en la descolonización que está siendo producida al radicalizar las alternativas a la modernidad desde las resistencias para liberar el presente y el futuro.

El autor es geógrafo.

Fuente:http://laestrella.com.pa/panama/nacional/integracion-descolonizacion-extractivismo-minero/24055058

Mexico

La muerte llega por la llave de agua en Zimapán

Autor: El Universal.

Édgar tiene problemas de visión y las manos con manchas blancas. Le han dicho que el origen de sus males es por el alto contenido de arsénico en el agua, y que podría desencadenar un cáncer o gangrena. Él no tiene miedo, siempre ha vivido aquí y no tiene para dónde irse.

“La piel punteada no me provoca dolor, sólo es desagradable porque tengo que dar explicaciones cuando alguien pregunta por qué está así”, dice.
Édgar y su hermano Francisco viven en Zimapán, en su familia son tres hermanos y dos han sido afectados por la contaminación de metales pesados que se encuentran en el agua de este lugar. El hombre de 38 años y con infecciones constantes en los ojos muestra las manos con pequeñas manchas que se acentúan en las palmas, los puntos blancos son la prueba de que en su sangre existe arsénico.

Zimapán se ubica en la Sierra Gorda de Hidalgo, en una zona semidesértica, donde habitan 40 mil personas, la mayoría tiene empleos relacionados con la minería. Aquí, la composición natural del suelo genera la contaminación de metales en el agua.

El municipio es conocido a nivel mundial por dos hechos: el primero, porque de aquí salió la única aportación mexicana a la tabla periódica de los elementos, el vanadio, ubicado en el número 23 del grupo cinco, y la segunda, porque en sus aguas hay una alta presencia de arsénico y plomo, que lo ponen al nivel de Chile y Bangladesh.

Según reportes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Salud, en los años 60 el agua en la región de Antofagasta en Chile registró 80 veces lo permitido y en Bangladesh la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció que superaba cinco veces la norma de la OMS.

En los pozos de abastecimiento de Zimapán se registran altas concentraciones de arsénico que superan casi 100 veces la presencia del metal permitido para el agua potable por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya norma es de 0.01 miligramos por litro.

La presencia de arsénico en Bangladesh y Chile ha causado alarma mundial, pero en Zimapán no ha pasado nada.

Buscaban cólera, hallaron arsénico

En Zimapán, el descubrimiento del arsénico en los mantos freáticos fue en 1992, cuando de manera casual se detectó el metal, mientras se hacían pruebas sobre el cólera. La doctora María Aurora Armienta Hernández, quien en esa fecha realizó investigaciones sobre el municipio para el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que la principal fuente de contaminación por arsénico en los pozos de agua potable es natural y que, de los cinco existentes, el que tiene mayores concentraciones es el de la comunidad de El Muhí, que surte principalmente la cabecera municipal y el centro de la región.

Francisco Patiño Cardona, científico e investigador del Conacyt, considera criminal que nadie haya volteado hacia ese municipio, el porcentaje es 100 veces superior a lo permitido por las normas de salud. “Imaginen a una persona consumiendo y usando el agua contaminada toda su vida”, señala y exige que la Secretaría de Salud aclare las principales enfermedades y sus causas, “si alguien dice que no hay un impacto a la salud de la población, miente”. No hay manera de que no haya repercusiones en la población si toda la vida alguien ha tomado esa agua, asevera. La contaminación por arsénico genera primero manchas en la piel y deriva en todo tipo de cáncer desde estómago, piel, pulmón, vejiga e incluso gangrena, “una de las enfermedades más crueles para morir”, enfatiza, el científico.

Por su parte, Jesús Raúl Cruz Mejía, jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Zimapán, de la Secretaría de Salud, asevera que no está en sus manos realizar una investigación sobre esta contaminación, debe haber una coordinación con varias instituciones y la decisión debe ser del secretario de Salud del estado. Normalmente las enfermedades que más se presentan en la región, dice, son infectocontagiosas, “son las que tenemos registradas en nuestro sistema de información”. No hay una base científica para decir a los habitantes que no consuman el agua, “imagínese el impacto que podríamos generar si hacemos una alarma bajo una circunstancia en la que no tenemos una base científica documentada”, destaca.

EL UNIVERSAL mandó a realizar 3 estudios

EL UNIVERSAL tomó tres muestras de agua del municipio y las mandó a analizar en el laboratorio Agrolab, Análisis Técnicos S.A. de C.V., avalado por Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

En la primera, recolectada del pozo El Muhi —el de mayor contaminación— se buscaron metales pesados, concretamente arsénico. Se trabajó con la técnica americana EPA Method 6010-C, y el resultado es que tiene un porcentaje de 0.940 miligramos de arsénico por litro, 94 veces más de lo tolerado.

La segunda fue de agua tratada para liberar el arsénico en la planta “Dr. María Aurora Armentia”. El resultado es que sólo logra bajar 0.2 miligramos al registrado, de acuerdo al laboratorio, 0.719 miligramos por litro. Esta agua, cuando llega a los hogares, registra hasta 0.377 miligramos por litro, de acuerdo a una muestra que se tomó de la calle Juárez.

 

La situación cambia radicalmente cuando el agua que surte a los domicilios es de otro pozo. Se hizo el estudio del líquido de tuberías de la calle José María Morelos, aledaña a Juárez: el resultado de concentración marca LCL, es decir, el nivel más bajo de calibración, que se traduce en agua limpia de arsénico.

El problema —señalan los vecinos consultados—, es que no pueden decidir de qué pozo será el agua que llega a sus casas a través de las tuberías.

Buscan ayuda internacional

El ex alcalde de Zimapán, el perredista José María Lozano (2009-2012), quien fue uno de los primeros en tratar de ofrecer agua limpia, con la construcción de la planta tratadora “Dra. María Aurora Armentia Hernández”, que se inauguró en 2011, dice que en el municipio hay un círculo vicioso, pues la red de suministro tiene sarro que provoca que el agua tratada se contamine de nuevo al ingresar a la tubería, por ello se busca apoyo internacional para cambiar todo el sistema de abastecimiento.

La planta es el único método con el que cuenta el municipio para frenar los metales, pero al final del gobierno de Lozano llegó al cargo el priísta Carlos Ortiz Rodríguez (2012-2016), quien durante su administración la hizo funcionar de manera intermitente; “él decía que era un proyecto mío y por eso no lo ponía a funcionar”, señala José María. Fue hasta 2017 cuando se volvió a intentar limpiar el agua, para ello el edil Erick Marte Rivera busca financiamiento de organismos internacionales.

Y mientras la ayuda llega, en Zimapán la vida sigue. Édgar se concentra en su trabajo para mantener a sus hijos, aquí cada quien tiene sus problemas cotidianos y el arsénico no es uno de ellos, por eso en los ojos de Édgar o de cualquier habitante surge una mirada de desconcierto cuando un extraño pregunta si hay temor por el uso de agua contaminada.

Fuente:https://www.horacero.com.mx/nacional/la-muerte-llega-por-la-llave-de-agua-en-zimapan/
Colombia

Cajamarca avanza y no se arrepiente de decir no a la minería

Autor: Juan Miguel Hernández Bonilla, El Espectador.

Regresamos al municipio tolimense para ver cuál es la situación actual de sus habitantes y qué alternativas de desarrollo económico han encontrado. La alianza con Crepes & Waffles y el ecoturismo son algunas de las posibilidades que han surgido después de la salida de AngloGold Ashanti.

Berlain Vargas y su familia viven en la finca Bellavista, un pequeño paraíso escondido en las empinadas montañas del municipio de Cajamarca (Tolima). Para llegar a su casa hay que recorrer durante media hora una estrecha carretera despavimentada y polvorienta, guardar el carro donde los vecinos y subir varios kilómetros a pie por uno de los caminos reales que sirven como puente entre el final de la vía y el hogar de cientos de campesinos que habitan las partes más altas de la cordillera Central de Colombia.

En el viaje se perciben la variedad y la riqueza de los cultivos de la región. A la orilla del río Anaime, donde empieza el ascenso, sobresalen el plátano y el café, las acacias moradas y las orquídeas; unos metros más arriba aparecen las enredaderas de fríjol, arveja y granadilla, y en la parte más alta de los cerros, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, hay papa, curuba, mora y varios tipos de arracacha. Científicos y agricultores coinciden en que con el paso de los años las cenizas del volcán Machín abonaron la tierra de la región y la convirtieron en una de las más fértiles del continente.

Llegamos a la casa de los Vargas porque desde agosto del año pasado Bernail, su esposa, Marta, y sus tres hijos han sido una de las familias campesinas cajamarcunas que le venden arracacha directamente a la cadena de restaurantes Crepes & Waffles. “En el pueblo, una carga de arracacha equivalente a 125 kilos vale $100.000 o $120.000, pero Crepes la paga a $300.000, y eso nos está cambiando la vida. Pudimos traer a la casa una lavadora. Usted no sabe lo que significa una lavadora. Marta se ahorra una o dos horas diarias de lavado de ropa y las dedica a hacer lo que le gusta: desyerbar, podar y cuidar su huerta, sus matas”, cuenta Berlain mientras caminamos por los senderos de Bellavista.

Esta alianza con Crepes & Waffles, que se implementó meses después de que los habitantes de Cajamarca le dijeran no a la minería en su territorio a través de la consulta popular del 26 de marzo de 2017, es una forma de generar cadenas de comercialización más justas y es uno de los proyectos que muestran que en la despensa agrícola de Colombia hay alternativas de desarrollo distintas a la explotación de oro a cielo abierto.

“La determinación con la que los cajamarcunos definieron un futuro en el que la producción de alimentos y la riqueza natural de su paisaje fueran los protagonistas se convierte en la fuente de inspiración para innovaciones gastronómicas, exposiciones artísticas y la exploración de nuevos mercados que promuevan la conservación ambiental”, dijo Felipe Macía Fernández, director de sustentabilidad de la empresa.

Para Berlain y el resto de familias de la Asociación de Productores de Semillas Andinas (Asprosan), con quien Crepes hizo el convenio, el balance un año después de la consulta es muy positivo. “La realidad no es como la pinta el alcalde Pedro Pablo Marín en los medios de comunicación. El pueblo no está en crisis y los campesinos no estamos arrepentidos de haberle dicho no a la minería en nuestro territorio. Al contrario, cada vez nos convencemos más de que el futuro de Cajamarca está en el turismo y en la agricultura”, reconoce otro de los asociados.

Las palabras de los campesinos se refieren al artículo “Rechazo a operación minera tiene en jaque a Cajamarca”, que pretendía demostrar por qué la consulta popular que prohibió la minería había sido “el peor negocio para el municipio”. En esta nota, el alcalde Pedro Marín, el secretario de Planeación, Juan Peralta, y algunos empleados y beneficiarios directos o indirectos de AngloGold Ashanti expresaron que la salida de la multinacional provocó una crisis de desempleo y tenía paralizados proyectos de infraestructura para educación, salud y vivienda.

Sin embargo, la realidad de los habitantes de Cajamarca es distinta. La salida de AngloGold Ashanti ha confirmado que la economía de la zona depende de los campesinos y no de la mina. Alfonso Arias, uno de los fundadores de la Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime (Apacra), aseguró que un año después de la consulta popular los procesos de organización comunitaria continúan y reveló que en estos meses se han abierto nuevas oportunidades de negocios rentables para los agricultores, que son más del 70 % de los habitantes del municipio. “Con el resultado de la consulta han llegado grandes empresas comercializadoras y exportadoras que están invirtiendo en los cultivos de granadilla, gulupa, y aguacate hass”.

Esta nueva línea de negocio, en auge en todo el país, puede ser clave para mejorar la calidad de vida de los campesinos de la región. Las cifras de Procolombia muestran que el aguacate hass es la fruta que más se exportó en 2017 después del banano. Además, la venta de gulupa en el exterior movió más de US$25,8 millones. Si todo sale como está previsto y el Gobierno Nacional decide apoyar la irreversible decisión de los habitantes de Cajamarca, este municipio tolimense podría convertirse en uno de los centros de exportación de alimentos más importantes en Colombia.

Por ahora, ante la ausencia de apoyo local, los habitantes de Cajamarca se las han arreglado para conseguir recursos internacionales. La organización y la valentía de una comunidad que impuso la defensa del agua y de los páramos sobre los intereses de una de las multinacionales del oro más grandes del mundo le han valido el reconocimiento y la admiración de varias ONG europeas, como la Fundación Rosa Luxemburgo, la Organización Catapa y el Fondo Sueco Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana (Foscol).

El próximo mes, Foscol abrirá una convocatoria para apoyar y fortalecer veinte unidades productivas lideradas por mujeres campesinas que utilicen energías limpias, abonos orgánicos y nuevas tecnologías. La idea es impulsar proyectos de agricultura autosostenible y amigable con el medio ambiente a través de un subsidio de entre $5 millones y $10 millones y establecer un proceso de acompañamiento y asesoría para articular las unidades productivas, fortalecer las cadenas de valor y crear redes solidarias de producción.

Para Róbinson Mejía, líder del comité ambiental y promotor de la consulta, el objetivo de estas iniciativas es empoderar a las mujeres campesinas y consolidar la defensa del territorio. “En Cajamarca hay un consenso frente al derecho a la vida y la importancia del agua. La gente no quiere que por ningún motivo vuelva la AngloGold y está dispuesta a hacer respetar la decisión tomada. Si se vuelve a hacer la consulta, volvemos a ganar, y con más votos”, aseguró Mejía.

Otro de los proyectos que han sido posibles gracias a la consulta es la formalización y la mejora de los acueductos comunitarios del municipio. La alianza con el Ayuntamiento de Gante, una pequeña ciudad belga a una hora en tren de Bruselas, ha permitido que los campesinos de Cajamarca le hagan monitoreo biológico y físico-químico a la calidad del agua. El kit de cada acueducto comunitario es muy fácil de usar y está diseñado para hacer muestreo de metales pesados y medir sólidos disueltos, conductividad, temperatura y pH del agua. De acuerdo con los campesinos encargados, la idea es llevar un registro preciso de la posible contaminación y así proteger la pureza y potabilidad de los ríos y quebradas aledañas.

Para Luz Ángela Jiménez, fundadora de la Corporación Turística y Ambiental de Cajamarca y Anaime (Cajantour), que nació meses después de la consulta, las riquezas naturales de la región, incluidos el páramo Anaime-Chili, el bosque de palma de Tochecito, donde está concentrado el 80 % de las palmas de cera del mundo, la quebrada Chorros Blancos, el Parque Nacional los Nevados y las termales del volcán Michín son atractivos que ya están impulsando el desarrollo económico del municipio.

“Queremos que la gente venga, conozca y disfrute las maravillas de Cajamarca. Vivimos en un ecosistema muy privilegiado. Cajamarca es verde. La naturaleza es lo que tenemos para mostrar. Hay loros, pumas, tigrillos, venados, osos perezosos, armadillos, guatiles. En el largo plazo, dice Luz Ángela, esta biodiversidad es más rentable que el oro. Tenemos muchas esperanzas con el proyecto. Queremos dejarle claro al país que los campesinos de Cajamarca no estamos arrepentidos”.

Fuente:https://www.elespectador.com/economia/cajamarca-avanza-y-no-se-arrepiente-de-decir-no-la-mineria-articulo-746438

Colombia

Con incentivo tributario, Gobierno estimulará la exploración minera

Autor: Heidy Monterrosa , La República.co

Por medio de la Resolución 0860 de 2018, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía establecieron que el cupo máximo para el incentivo Certificado de Reembolso Tributario (Cert) es $1,6 billones para los proyectos a ejecutar desde 2018. Estos pueden tener una duración de hasta cuatro años.

Con este incentivo se busca impulsar el incremento de las inversiones en exploración de hidrocarburos y el aumento de las reservas petroleras.
También se dio a conocer que el Cert podrá ser solicitado por las inversiones que las empresas realicen desde este año y les será otorgado cuando se verifique la ejecución de estas.

Además, podrá ser utilizado dos años después de su otorgamiento en el pago de impuestos de carácter nacional administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

“Promover la actividad de exploración es, sin duda, una estrategia que abrirá nuevas oportunidades de empleo, de negocios, de progreso y bienestar para nuestras regiones. Además, le garantiza al país autosuficiencia energética en el mediano y largo plazo”, señaló el ministro de Minas, Germán Arce.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM) serán las entidades encargadas de seleccionar y fiscalizar las inversiones que busquen obtener el incentivo.

El incentivo está diseñado para ser costo eficiente para la Nación, por lo que garantiza el aumento de la inversión en el sector. Este mecanismo inició proceso de reglamentación a finales del año pasado.

Fuente:https://www.larepublica.co/economia/con-incentivo-tributario-gobierno-estimulara-exploracion-y-produccion-de-mineria-2705286

Internacional

El Defensor del Pueblo critica la falta de control de la Xunta sobre los daños causados por las minas de pizarra

Autor: El Diario.es

«Lo informado por la Consejería de Economía no acredita el correcto ejercicio de las potestades que tiene atribuidas para garantizar que la minería se desarrolle de forma sostenible y con respeto al medio ambiente». Con esta rotundidad se manifiesta el Defensor del Pueblo sobre la falta de control de la Xunta de Galicia sobre la actividad y los efectos de las numerosas canteras de pizarra existentes en la comarca de Valdeorras, uno de los asuntos que el órgano ha investigado en los últimos meses y que recoge en su informe anual, entregado esta semana al Congreso de los Diputados.

La oficina dirigida desde julio de 2017 por Francisco Fernández Marugán y antes por Soledad Becerril (que firma las comunicaciones),  se dirigió a las consejerías de Economía e Industria y de Medio Ambiente y también a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) para conocer el impacto medioambiental provocado por la industria extractiva en esta comarca, especialmente en lo referido a la red hidráulica y al paisaje, para profundizar en el estado de los procesos de restauración en aquellas explotaciones ya abandonadas y comprobar que las dos administraciones llevaban a cabo las funciones de inspección y control a las que están obligadas. Sin embargo, según concluye en su informe, las respuestas facilitadas por Xunta y CHMS fueron insatisfactorias. «De la información recibida se deduce que las administraciones no conocen con precisión el estado de las explotaciones mineras en una zona donde se desecaron canales, se contaminaron ríos y se realizaron depósitos de residuos incontrolados», señala.

El Defensor del Pueblo critica que la Consejería de Industria «no informa con suficiente detalle sobre los resultados de las inspecciones practicadas en relación con el daño ambiental causado, ni del cumplimiento por los operadores de las obligaciones ambientales impuestas; ni tampoco sobre la suficiencia de las garantías prestadas para acometer la restauración ambiental, ni sobre las actuaciones realizadas o en curso para reparar el daño, ni de las explotaciones abandonadas». Le recuerda además a la Consejería que debe realizar «las comprobaciones necesarias y pedir la documentación e información precisa para el seguimiento y vigilancia de las declaraciones ambientales, así como comprobar el cumplimiento de la normativa minera», lo que incluye «la comprobación de que la entidad explotadora adoptó todas las medidas necesarias para prevenir o reducir dentro de lo posible cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas».

Sobre la Consejería de Medio Ambiente, el Defensor del Pueblo afirma que «no conoce con precisión el estado de las explotaciones mineras en la zona objeto de queja y su afección al medio ambiente, a pesar de las facultades que la Ley de protección del medio ambiente de Galicia le atribuye». «La Consejería debe actuar para corregir la situación descrita, solicitando información y denunciando actos y exigiendo el cumplimiento de las leyes, tanto si existe pronunciamiento ambiental previo formalizado o no», concluye.

Con respeto a los gestores de la Confederación Hidrográfica, el Ombudsman estatal alerta de un retraso «en ocasiones de más de cuatro años» en la comprobación «del cumplimiento de los deberes de restauración de los daños y perjuicios producidos al dominio público hidráulico en la zona explotada por las pizarreras». Y subraya el «mal estado» del río Casaio «debido a una concentración relativamente elevada de metales pesados procedentes de la actividad extractiva», según reconoce la propia CHMS.

El Defensor del Pueblo pide una actuación conjunta de las administraciones minera (la Consejería de Industria), ambiental y hidráulica para «evaluar conjuntamente el alcance del problema ambiental existente y ordenar las actuaciones que deban acometerse para la reparación del daño». Recuerda además que «una vez producido el daño ambiental la Administración suele encontrar graves dificultades para repararlo: la imposibilidad de localizar a los responsables, o la insolvencia de estos; la prescripción de las infracciones o la caducidad de los procedimientos sancionadores».

Y concluye que «el ejercicio sostenible de la actividad minera no consiste exclusivamente en reparar el daño ambiental causado, sino sobre todo en lograr que la actividad extractiva se desarrolle de forma compatible con el entorno, lo cual no ocurre si se desecan canales, se contaminan ríos, se daña el hábitat y se realizan depósitos de residuos incontrolados».

Hace tres años la Oficina del Defensor del Pueblo ya criticó la pasividad de la Xunta ante las empresas mineras, haciendo referencia a la explotaciones de Carballeda de Valdeorras y a la mina de cobre y oro de Touro. Este tema fue también analizado por la Oficina del Valedor do Pobo (su homóloga gallega) en su informe de hace dos años, en el que recogía su investigación sobre la restauración de los daños provocados al dominio público hidráulico por las canteras de la comarca de Valdeorras. Aunque sus conclusiones eran bastante benevolentes con la actuación del Gobierno gallego y la Confederación Hidrográfica, la Valedora señalaba que varias de las explotaciones carecían de planes de restauración y garantías financieras.

Fuente:https://www.eldiario.es/galicia/Defensor-Pueblo-critica-Xunta-causados_0_752775756.html

Ecuador

Ecuador: Hostigamiento judicial contra defensores amazónicos

Autor: Human Rights Watch.org

(Nueva York) – El gobierno del expresidente Rafael Correa empleó de manera abusiva el sistema de justicia penal para actuar contra ambientalistas y líderes indígenas que se manifestaron contra proyectos de minería y exploración petrolera en la Amazonía, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Aunque estas organizaciones trabajan con mayor libertad desde que Lenín Moreno asumió la presidencia, los procesos abusivos iniciados por su antecesor siguen sin ser tratados.

El informe de 32 páginas, “Amazónicos ante la injusticia: Hostigamiento judicial de líderes indígenas y ambientalistas en Ecuador”, evidencia que en tres casos destacados los fiscales no presentaron pruebas suficientes que dieran sustento a graves acusaciones o que justificaran que una investigación penal se prolongara varios años. El 28 de marzo de 2018, la corte provincial de Morona Santiago se pronunciará en el caso del líder indígena shuar Agustín Wachapá, por haber presuntamente incitado a la violencia a través de una publicación en Facebook. El 16 de marzo, la misma corte ordenó la detención de Pepe Acacho, otro líder indígena shuar, para que cumpliera una pena de cárcel por un cargo por el cual nunca tuvo oportunidad de defenderse durante el juicio. El tercer caso es una investigación penal sobre seis líderes indígenas y una ambientalista que ha permanecido abierta cuatro años y medio, a pesar de que no se esgrimieron pruebas de actos ilícitos.

“El Presidente Correa denigró por cadena nacional de televisión a líderes indígenas y ambientalistas que se oponían a proyectos del sector extractivo en la Amazonía, mientras que su Ministerio del Interior buscó encarcelar a esos líderes y clausurar sus organizaciones”, señaló Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Aunque el Presidente Moreno ha terminado con el hostigamiento, y las organizaciones ambientalistas ahora actúan con mayor libertad, lamentablemente los procesos judiciales abusivos continúan”.

Las autoridades ecuatorianas deberían asegurarse de que ninguno de estos líderes cumpla penas de prisión por cargos que no puedan fundamentar o que no se hayan probado ante un tribunal.

En su programa semanal de televisión, Correa denigró en reiteradas ocasiones a los líderes de protestas contra sus políticas ambientales, e instó a que fueran sancionados. En 2013, el gobierno de Correa disolvió arbitrariamente la Fundación Pachamama, una de las organizaciones ambientales más reconocidas del país. En 2016, intentó hacer lo mismo con otra importante organización ambiental, Acción Ecológica, pero dio marcha atrás luego de que la decisión provocara condena internacional. Cinco relatores especiales de las Naciones Unidas describieron el intento de cerrar la organización como parte de una “estrategia para asfixiar a la sociedad civil”.

El Ministerio del Interior presentó una denuncia penal contra Wachapá en 2016, lo cual motivó que un fiscal lo acusara de “incitación a la violencia”. Wachapá fue detenido y pasó cuatro meses en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad, a 300 kilómetros de su familia. Human Rights Watch tuvo acceso al expediente y el único elemento de prueba relevante es una declaración ambigua publicada en Facebook que, a criterio de Human Rights Watch, es demasiado débil para sustentar las graves acusaciones de la fiscalía.

En 2010, un fiscal acusó a Acacho de “terrorismo” por supuesta incitación a la violencia durante una protesta organizada en 2009 por la comunidad shuar contra una nueva ley de minería. En 2013, un tribunal lo declaró culpable y lo condenó a 12 años de cárcel. Human Rights Watch consultó los documentos del juicio, incluidas las transcripciones de los testimonios, y no encontró pruebas creíbles que justificaran la condena contra Acacho por el delito de terrorismo.

El Presidente Correa denigró por cadena nacional de televisión a líderes indígenas y ambientalistas que se oponían a proyectos del sector extractivo en la Amazonía, mientras que su Ministerio del Interior buscó encarcelar a esos líderes y clausurar sus organizaciones.

Acacho apeló la decisión ante la Corte Nacional de Justicia, que en enero de 2018 revocó la condena por terrorismo, pero lo condenó por “ilegalmente imp[edir] el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías” y le fijó una pena de ocho meses de cárcel. En realidad nunca fue juzgado por este delito, y no tuvo el motivo ni la oportunidad para objetar los hechos sobre los que se basó la acusación durante el juicio por terrorismo. La justicia ordenó su detención el 16 de marzo, horas después de que su abogado defensor presentara un recurso constitucional que podría anular su condena. Podría ser obligado a cumplir una pena de cárcel por un delito del que nunca tuvo la oportunidad de defenderse en juicio.

En 2013, funcionarios del gobierno de Correa presentaron una denuncia penal contra seis líderes indígenas y una ambientalista que protestaron contra la exploración petrolera en la Amazonía. El Presidente Correa había respondido por televisión nacional a un incidente aislado de violencia ocurrido en la protesta, calificando a los líderes indígenas y ambientalistas de “gente violenta, mala, muchas veces corrupta” e instando a su ministro del Interior a que los investigara. Más de cuatro años más tarde la investigación penal sigue abierta a pesar de no haber generado evidencia contra los activistas, y continúa pesando sobre ellos.

Desde que asumió la presidencia, Moreno ha abierto un diálogo con ambientalistas, líderes indígenas y otros críticos del gobierno. Su gobierno reinstauró la Fundación Pachamama. En contraste con estas iniciativas positivas, los procesos penales abusivos siguen sin ser abordados.

El Presidente Moreno debería asegurar que se designe un órgano de investigación independiente y creíble para que analice el modo en que las autoridades judiciales y la Fiscalía General del Estado impulsaron los casos documentados por Human Rights Watch, y otros casos iniciados recientemente durante el gobierno de Correa.

“El Presidente Moreno —así como las autoridades judiciales y legislativas— deben tomar medidas más enérgicas para revertir el daño provocado por las prácticas autoritarias de Correa frente a críticos de sus políticas ambientales”, señaló Wilkinson. “Esto implica poner fin de inmediato al hostigamiento judicial contra líderes indígenas y ambientalistas, revertir el daño que ya se ha hecho y adoptar medidas para que esto nunca vuelva a ocurrir”.

Fuente:https://www.hrw.org/es/news/2018/03/26/ecuador-hostigamiento-judicial-contra-defensores-amazonicos

Colombia

A sanción presidencial el Convenio de Minamata sobre mercurio

Autor: Caracol, Radio
Chile

Seremi de Minería por incidente con relave en Caserones: “aparentemente el daño ha sido menor”

Autor: Cooperativa.cl
Conflicto Relacionado: Caserones-tierra amarilla-Lumina Copper

La autoridad espera «que esto no vuelva a ocurrir», luego de que la compañía reconociera la rotura de ductos que transportaban relaves al embalse Las Breas, que fueron vertidos al río.

Luego de que la propia minera Caserones informara a los organismos técnicos de su incidente con un relave, las autoridades regionales encabezadas por la intendenta de Atacama, Berta Torres, visitaron la faena.

Las muestras para verificar si existe algún impacto en las aguas del río, fueron tomadas por la compañía, junto a la Superintendencia de Medio ambiente y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y el plazo para sus resultados se desconoce.

“Aparentemente el daño no ha sido mayor, pero de igual manera se tomaron muestras de aguas que nos darán una idea del nivel de contaminación y es ahí donde queremos que la empresa nos presente sus medidas de control, para saber de qué magnitud pueden ser y cuáles son los tiempos que nosotros tenemos para reaccionar ante un evento similar”, indicó el seremi de Minería, David Montenegro.

“Hemos comprometido a la empresa con algunas ideas y medidas de mejoramientos y vamos a estar en contacto permanente para conocer los avances de estas medidas”, pues el objetivo es “que esto no vuelva a ocurrir y que no nos sorprendan con nuevos eventos de esta naturaleza, que sin duda ponen en riesgo la salud y medio ambiente de nuestros habitantes”, enfatizó la intendenta de Atacama Berta Torres.

Fuente:http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/contaminacion/seremi-de-mineria-por-incidente-con-relave-en-caserones-aparentemente/2018-03-22/135244.html