La guerra por el agua ya comenzó. A la fecha existen al menos 916 conflictos sociales en todo el país que se han generado a partir de la disputa de las reservas hídricas entre grupos poblacionales y empresas con proyectos de desarrollo económico en los ámbitos de la minería, la agroindustria, los hidrocarburos, la generación de energía y la urbanización.

Una de las causas de la disputa por el vital líquido en México tiene su origen en que “prevalece un modelo de gestión excluyente e insostenible que favorece a los negocios muy particulares”, debido a que se fomenta la sobreexplotación y contaminación del agua, otorgando miles de concesiones a industrias extractivas, a las que se les permite contaminar y apropiarse de pozos o afluentes.

Lo anterior forma parte del “Informe Sobre Violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México 2017”, elaborado por 101 organizaciones civiles, comunidades y colectivos con motivo de la visita oficial a México de Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, realizado en mayo del año pasado.

En dicho informe se plasma lo que desde hace años es una realidad en nuestro país: que las industrias de desarrollo han comenzado a despojar a comunidades enteras de su derecho al agua, lo que ha arreciado a partir de la reforma en materia energética, que promovió el gobierno federal en 2013, y sus leyes secundarias decretadas en el 2014.

En el espíritu de dichas reformas se establece que las actividades de exploración y explotación del subsuelo –minería, petróleo y demás hidrocarburos- tienen ahora “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo”.

Eso es lo que ha motivado a miles de empresas, principalmente del sector primario, tanto estatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), o privadas nacionales o trasnacionales, se hayan comenzado a apropiar del agua, dejando en segundo plano el suministro a otras actividades minoritarias como las de tipo agrícola, ganadera, comunitaria e incluso habitacional.

Datos del REPDA detallan que durante el 2017 se extrajeron 235.3 mil millones de metros cúbicos de agua concesionada alrededor de todo el país

Cifras de la organización CartoCrítica, indican que en comunidades originarias de las entidades Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas, se concentran casi el 75 por ciento de los conflictos generados en todo el país por la disputa del líquido con compañías dedicadas al sector minero.

Pero en lo que se refiere a las cuencas hidrológicas, las que se encuentran más explotadas por este sector de desarrollo económico, son las de los ríos Balsas, Bravo, Yaqui, San Lorenzo, Colorado, Sonora, Pánuco, Asunción, Coatzacoalcos, Marabasco, Jamapa, Lerma-Chapala, Papaloapan y Coahuayana, de donde se extraen en promedio anual más de 328.4 millones de metros cúbicos de agua.

El agua que aportan las cuencas de estos afluentes para el sostenimiento de la actividad minera durante un año es el equivalente al que podrían utilizar en conjunto durante casi 50 años las poblaciones actuales de las zonas urbanas de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y representa también casi el 0.07 por ciento de toda la reserva de agua dulce renovable con la que cuenta el país.

De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su más reciente informe sobre “Estadísticas del Agua en México 2016”, para el uso de la industria autoabastecida se destinan 634 mil 700 metros cúbicos de agua al año, mientras que para la operación de termoeléctricas se han concesionado 414 mil 900 metros cúbicos de agua por año

Comunidades vs. Empresas

De todos los sectores industriales que actualmente se disputan el agua con los pobladores de diversas regiones, el de la minería es el que más agua consume para sostener su actividad productiva, lo que ha llevado a la movilización constante de organizaciones civiles a fin de revertir la norma de distribución.

Sin embargo, dicha protesta no ha surtido ningún efecto, salvo el que termina con pobladores reclamantes del agua en conflicto con la ley, como es el caso de Cuetzalan, en la zona norte del estado de Puebla, en donde un grupo de activistas que se oponen a la operación de cuatro proyectos hídricos de la CFE actualmente cuentan con orden de aprehensión por parte de la Procuraduría General de la Republica (PGR).

Lo mismo sucede en el municipio de Mazapil, en Zacatecas, en donde un grupo de ejidatarios se encuentran bajo proceso penal desde el 2015, a causa del reclamo de devolución de 28 pozos que el corporativo minero Gold Corp y Fresnillo PLC se apropiaron para mantener la operatividad de la mina Peñasquito.

916 Conflictos por agua son los que se suscitan alrededor de todo el país entre pobladores y las industrias Los conflictos con la justicia surgidos por el reclamo del agua no son exclusivos de las empresas mineras; en el municipio de Saltillo, la empresa Aguas de Saltillo mantiene un proceso judicial en el Tribunal Agrario con sede en Monterrey, Nuevo León, a causa de que los habitantes del Ejido Jagüey de Ferniza fueron despojados de cuatro pozos, los que se privatizaron y ahora son utilizados para vender el agua al gobierno local para el suministro a la población.

Otro caso de despojo de agua, que mantiene vigente una disputa, es el que se registra en el ejido Gabriel Tepepa, municipio de Cuautla, Morelos, en donde la CFE sustrae el líquido desde los afluentes Los Sabinos y Agua Hedionda a fin de suministrar una termoeléctrica que ya opera, así como el área de pruebas de una segunda planta que entrará en operación este mismo año.

Industria sedienta

Datos pertenecientes al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) publicados por la Conagua con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017 detallan que durante el año pasado se extrajeron 269.4 mil millones de metros cúbicos de agua superficial y subterránea concesionada alrededor de todo el país.

Del universo de agua concesionada, el 68 por ciento fue destinada a la generación de energía eléctrica, pues para esta única actividad se emplearon 183.4 mil millones de metros cúbicos del líquido; mientras que otros 58 mil millones de metros cúbicos fueron utilizados en la industria agrícola.

A pesar de que la Conagua no informa de manera puntual la cantidad de agua concesionada empleada en el ramo de la minería, asegura que en el sector industrial a nivel general se otorgó el permiso para que se extrajeran 6.4 mil millones de metros cúbicos de líquido.

En el REPDA también se informa que durante ese año el número de inscripciones por derechos de aguas nacionales llegó a los 408 mil 832 al término del 2017, de las cuales los sectores de la generación de energía eléctrica solo acaparó 133 títulos y 148 anexos.

50 Años de suministro de agua para la CDMX, MTY y GDL, es lo que consume la minería durante un año Es decir, que por cada título y anexo en promedio se extrajeron más de 22.9 millones de metros cúbicos de agua; siendo la industria más sedienta de todas, con respecto al número de títulos que posee. En el sector industrial, hubo 13 mil 662 títulos y anexos cada uno extrajo en promedio 471 mil 510 metros cúbicos de agua.

Fuente:https://www.reporteindigo.com/reporte/comienza-guerra-agua-conflictos-comunidades-empresas-violacion-derecho-humano/

MONTREAL, .- La demanda contra la embajada canadiense en México por abrió el debate sobre la protección sistemática que ha dado la diplomacia de ese país a empresas que poseen concesiones mineras en México, a pesar de las denuncias por contaminación y violación a los derechos de los pueblos que son dueños de la tierra donde se encuentran los yacimientos.

No se trata de protección o encubrimiento ocasional, sino acciones continuas que demuestran que “la embajada ha hecho suyos los intereses de las empresas”, sostienen las organizaciones sociales demandantes, académicos y activistas de México y Canadá.

Desde el 3 de febrero, José Luis Abarca, hijo del ambientalista chiapaneco Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009 por oponerse a la minera Blackfire, recorre varias ciudades de Canadá para presentar ante ciudadanos de este país y sus autoridades los argumentos que sostienen la primer demanda formal que se presenta contra la diplomacia canadiense en México. El joven es acompañado por integrantes de las organizaciones Mining Watch, la Red de Méxicanos Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, y el Proyecto Justicia para la Integridad Corporativa de la Universidad de York,  que son también partes demandantes.

La primera parada fue en las oficinas del Comisionado para Integridad de la Administración Pública de Canadá, donde se presentó la demanda. Esa institución tiene la función de investigar casos de conductas deshonestas de los servidores públicos canadienses.

En esa oficina, los familiares de Roblero y organizaciones demandantes presentaron argumentos y evidencias documentales que muestran que la diplomacia canadiense violentó las políticas del gobierno de Canadá al apoyar a la empresa Blackfire Exploration para imponer la operación de una mina en la comunidad de Chicomuselo, en  Chiapas y que esas acciones desembocaron en el homicidio de Abarca Roblero, quien tres meses antes de su muerte había solicitado directamente la atención de la embajada en su sede en la Ciudad de México, pero fue ignorado.

Representantes del Comisionado recibieron la demanda, e informaron que tienen 90 días para analizarla y decidir si investigarán el hecho.En los días consecutivos a la entrega de la demanda, la delegación mexicana y organizaciones canadienses que acompañan a Abarca tuvieron reuniones con estudiantes de diversas universidades, que organizaron foros a donde también acudieron otros ciudadanos canadienses. También se reunieron con representantes del Poder Legislativo, y directivos de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá

En todas estas reuniones expusieron cómo las empresas mineras canadienses que operan en México han seguido un mismo patrón de conducta para imponer la extracción a pueblos y comunidades que rechazan estas acciones. Estas conductas han dejado una secuela de homicidios, desplazamiento de personas, contaminación medioambiental, enfermedades y muertes por el envenenamiento.

Un caso sobresaliente, señaló Miguel Mijangos, representante de la REMA, es el que enfrenta la comunidad de Carrizalillo, en Guerrero. Ahí le fue concesionado a la empresa Gold Corp la mina de oro más grande que posee México. Gold Corp, detalló Mijangos, “ha violado sistemáticamente los derechos ambientales, a la salud y la vida de las personas. Hoy la mitad de la población de Carrizalillo ha tenido que huir de la región. Lo mismo ha ocurrido en 81 poblados que componen lo que se llama El Cinturón Dorado de Guerrero”, conocido así por sus minas de extracción de oro.

En cada una de las reuniones y foros, la delegación que acompaña la demanda de justicia para Mariano Abarca explicó que uno de los factores que permiten y propician estas violaciones es el apoyo que abiertamente han tenido las empresas mineras por parte de la embajada de Canadá en México.

Y este apoyo ocurre aun cuando la diplomacia canadiense ha recibido peticiones concretas por parte de ciudadanos mexicanos para intervenir contra las violaciones a sus derechos. Por ejemplo el 12 de mayo de 2013, el Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Metales Preciosos acudió a la embajada de Canadá en México para solicitar que el órgano diplomático intercediera ante la empresa Almaden Minerals, porque la mina de oro a cielo abierto que tiene en Morelos impactará el sitio arqueológico de Xochicalco; 17 mil campesinos de la región respaldaron la solicitud. Pero tras recibirla, la embajada no dio ninguna respuesta a los peticionarios y el proyecto de extracción sigue en puerta

El apoyo de la embajada canadiense a las empresas mineras ha pasado de ignorar las peticiones de la población afectada, hacer cabildeo político a su favor y brindar asesoría jurídica, hasta cometer actos que de manera evidente violan los preceptos éticos y administrativos que las leyes de su país les exigen.

Un caso que se comprobó con documentación obtenida de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá –vía solicitudes de acceso a la información- señala que en 2012 la embajada canadiense entregó documentación privada de pobladores del ejido La Sierrita, de Durango, a la minera Excellon Resourses y su equipo legal, para que la empresa defendiera sus intereses en la demanda que enfrentaba la empresa.

Luego de analizar esos patrones de conducta, y en el caso particular de Abarca Roblero, la conclusión es que “la embajada ha hecho suyos los intereses de las empresas, y actúa en consecuencia”, señaló Miguel Ángel de los Santos, abogado de la familia Abarca y titular del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades de la UNACH.

En el caso de Blackfire –dijo- la embajada Canadá en México tuvo conocimiento a tiempo y de manera suficiente sobre las actividades que realizaba la empresa y decidió continuar su apoyo, omitiendo dar a conocer a las autoridades de su país los actos de corrupción. Su apoyo a la minera comprometió la seguridad y la vida del activista.

“La violación a los derechos de los pueblos donde están asentadas las empresas mineras canadienses, y la impunidad con que actúan no puede entenderse sin la protección que reciben de su embajada”, afirmó Miguel Mijangos, de REMA.

Mecanismos de sanción blandos

Las leyes canadienses indican que si el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá encuentra elementos suficientes para iniciar la investigación y comprobar que su diplomacia en México violó las normas de código de conducta que rige el servicio público, e incluso incurrió en otros delitos –como señala la demanda-, tendría que recomendar un procedimiento sancionatorio de sus conductas.

La normatividad señala que, en su caso, el Comisionado presentaría un informe al Parlamento (Poder Legislativo canadiense), el cual puede incluir recomendaciones para tomar medidas correctivas, atender las infracciones y prevenir que vuelvan a suceder actos como el señalado.

Es decir, pese a el logro que significó buscar y encontrar en el caso de Mariano Abarca Roblero, las evidencias para iniciar una demandar ante el Comisionado ­–un proceso que llevó más de 8 años- el dictamen al que podría llegar esta institución se enmarca más en sanciones de tipo administrativo.

Por ello, José Luis Abarca y las organizaciones que lo acompañan se reunieron también con representantes de Parlamento canadiense –con los de partidos Social Demócrata y la líder del Verde, Elizabeth May-,  a quienes plantearon el vacío legal que hay en las leyes canadienses para poder sancionar las conductas de las embajadas, y les pidieron legislar con mayor rigurosidad las conductas de los diplomáticos en el extranjero.

“Hay un problema muy amplio en relación al contexto de violación a los derechos humanos por parte de la embajada, y prácticamente el recurso que tienen para detenerlo es el establecimiento de un mecanismo para interponer quejas o denuncias, cuyos resolutivos quedan en códigos voluntarios de conducta, con poca responsabilidad jurídica, dijo Mijangos.

“Creemos que medidas más fuertes pueden ayudar a disuadir y erradicar conductas violatorias de los derechos humanos y ambientales de las personas donde se encuentran las concesiones mineras”.

¿Un ombusdman para comunidades afectadas por la minería?

Los señalamientos contra las empresas mineras y la diplomacia canadiense no son exclusivos de México. El gobierno de ese país ha recibido denuncias de habitantes de Guatemala, Honduras, EL Salvador, Perú, Chile, Argentina, Filipinas, Colombia, El Congo, Nueva Guinea, entre otros países donde empresas de Canadá explotan minas.

Un día después de que se presentó la denuncia, directivos de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá -encargados de las políticas de comercio y de relaciones internacionales- aceptaron recibir a representantes de la familia Abarca. A la reunión llegaron una docena de representantes de la División de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de Norteamérica; de la División de Planificación y Cooperación de Comercio Internacional y Prácticas Empresariales Responsables; de Programas Comerciales de Norteamérica; representativas del Punto de Contacto Nacional de Canadá para la administración de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales; y de la oficina del Consejero de Responsabilidad Social Empresarial para el Sector Extractivo.

Jen Moore, de Mining Watch, y Miguel Mijangos, de REMA, plantearon nuevamente la situación ante los directivos, quienes respondieron que asistían a la reunión solo para escuchar, pero que ya habían  “tomando medidas” para atender demandas como las de México y el resto de los países donde empresarios de Canadá tienen minas.

Se trata –dieron- de la creación de un Defensor del Pueblo Canadiense para Negocios Responsables, un ombudsman que, señala la normatividad que lo regiría, “emitirá recomendaciones no vinculantes (no obligatorias) frente las empresas, sobre la posible suspensión de servicios gubernamentales –como financiamiento y apoyo diplomático- y sobre posibles cambios en las leyes y las políticas canadienses”.

Los funcionarios entregaron a Moore y Mijangos el boletín de prensa que el 17 de enero pasado habían dado a medios de comunicación, cuando hicieron pública la nueva figura administrativa, que al momento no ha sido creada formalmente.

En reuniones posteriores a ese encuentro, ante con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de Canadá, Mijangos analizó los alcances de esa nueva figura administrativa canadiense: “Todos los ombudsman actúan con acciones tenues y recomendaciones que generalmente no se atienden, porque las instituciones de gobierno no están obligadas a hacerlo. La prueba son los relatores de la ONU, que hacen recomendaciones a los gobiernos, sin que con ello se detengan las violaciones a los derechos de las personas”.

Sin embargo, frente al tamaño y la gravedad de las violaciones que cometen las empresas extractivas canadienses, “no queremos una ventanilla de quejas, queremos una ventanilla con dientes y que los responsables sean llevados ante la justicia”, sostuvo el activista.