Perú

Denuncian contaminación de minera Miski Mayo en Sechura

Los integrantes de la comunidad de San Martín de Sechura denunciaron una presunta contaminación por parte de la empresa Miski Mayo, quien viene explotando los fosfatos de Bayóvar en la caleta de Puerto Rico, de dicha provincia.  Asesor legal de la comunidad campesina San Martín, Calixto Sandoval, dijo que debido a este problema la fauna silvestre y marina se ve afectada.

Según el asesor legal de la comunidad campesina, Calixto Sandoval Chunga, la empresa minera vendría violando el estudio de impacto ambiental, ya que en dicho documento se comprometió a embarcar los fosfatos en un estado húmedo, de tal manera que con los vientos la polución no caiga al mar y tampoco a las viviendas cercanas. No obstante, el dirigente aseguró que los fosfatos son embarcados en horas de la tarde, ocasionando un daño a la fauna silvestre y marina.

“Los animales tienen que migrar a otras zonas y otros simplemente mueren. Además, la flora como los arbustos que servían de refugio de los animales del desierto ya no existen y pronto todo ello quedará sumergida en una gran laguna de relaves mineros”, advirtió el abogado.

Por otro lado, dijo que Miski Mayo se comprometió a construir unas pozas para arrojar sus relaves, de esa manera no lanzarlos a tajo abierto; sin embargo, a la fecha esto no se cumple.

REVISIÓN DE CONTRATO

Ante esta situación, el representante de la comunidad campesina exigió al Ministerio de Energía y Minas la revisión y renegociación del contrato firmado por la compañía minera, ya que –según él– habrían indicios de favoritismo.

Sandoval Chunga explicó que actualmente Miski Mayo viene cancelando la suma 0.30 céntimos por tonelada de fosfato; sin embargo, la empresa Fosfatos de Pacífico, quien también explota recursos minerales, compra a 1.50 dólares la tonelada.

“Con esto nos queda totalmente claro que el Gobierno central está favoreciendo a esta empresa porque prácticamente nos está robando nuestros recursos naturales”, subrayó el representante.

SUPERVISIÓN

Asimismo, Sandoval Chunga exigió a los representantes del Ministerio del Ambiente y de Energía y Minas hacer una supervisión, porque la empresa estaría realizando una sobreexplotación de los recursos minerales.

Según explicó, en el contrato la compañía se comprometió a trabajar 12 horas; no obstante, a la fecha labora las 24 horas del día. “A dónde va el dinero de los recursos que se están sobreexplotando”, puntualizó Sandoval.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/39257-denuncian-contaminacion-de-minera-miski-mayo-en-sechura

Internacional

«Lo peor de la sopa verde del Mar Menor es lo que no se ve»

El investigador José Matías Peñas advierte de que los minerales pesados de la Sierra Minera, como el zinc o el plomo, también están produciendo un importante daño en la laguna salada.

Los vertidos de nitratos procedentes de la producción agraria son una de las causas por las que se ha producido la degradación de la laguna salada del Mar Menor. Pero no son ni mucho menos el único motivo del deterioro. Así lo asegura el investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) José Matías Peñas, quien en la tarde de ayer ofreció una charla en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, dentro de un acto organizado por la plataforma Pacto por el Mar Menor y en el que también intervino Gonzalo González Barberá, del CSIC-Cebas.

 

José Matías Peñas ofreció la conferencia ´Las arterias pesadas del Mar Menor´, en la que recordó que a la laguna salada no solo entran los nitratos procedentes de la agricultura, sino también toneladas de metales pesados procedentes de la Sierra Minera. «Hemos sido conscientes del problema del Mar Menor porque se ha producido la sopa verde, porque lo hemos visto con nuestros ojos. Pero lo más grave es lo que no vemos, como los metales contaminantes (plomo, zinc, arsénico, manganeso) que le llegan a través de las ramblas, como la de Llano del Beal, y por la propia erosión eólica. Es decir, que cada vez que llueve o sopla el viento, el Mar Menor está recibiendo metales contaminantes», asegura el científico, quien fue el autor de varios informes que han detectado la presencia de altos niveles de plomo y arsénico en centros educativos como el colegio de Llano del Beal y el instituto Sierra Minera de La Unión, con el consiguiente riesgo para la salud de los alumnos.

El investigador llama la atención asimismo, en lo que se refiere a la producción agraria, de que no solo hay que centrarse en la nitrificación, sino también en otros productos como herbicidas y pesticidas, que si bien no influyen tanto en la sopa verde, sí tienen componentes químicos que son muy peligrosos para la calidad de las aguas y la vida marina del Mar Menor.

 

«Le veo un futuro muy negro», señala José Matías Peñas sobre el Mar Menor, resaltando que en los últimos trabajos que ha realizado ha encontrado una bacteria que altera los residuos de la minería y que produce nitratos. «Tenemos, por tanto, un segundo foco de producción de nitratos, que es la propia minería».

 

Y es que, pese a lo que se pueda pensar, la minería no ha desaparecido de la Sierra Minera. «Solo ha habido una suspensión de las actividades. Pero los propietarios de los terrenos deben seguir actuando contra la contaminación, y la Administración pública debe obligarles. No tiene sentido que nos gastemos dinero público en acondicionar la rambla del Beal si en la cabecera de la misma sigue habiendo residuos. Podemos gastarnos lo que queramos, pero si no se soluciona el problema de la minería, va a a haber una contaminación permanente», denuncia este investigador, para quien la última esperanza está en la investigación judicial que se ha llevando a cabo en los juzgados de la Región, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por la situación del Mar Menor.

 

Fuente:http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/03/02/peor-sopa-verde-mar-menor/902308.html.

 

Internacional

Touro y O Pino marchan rechazando una mina contraria a sus “medios de vida” y su salud

Varios millares de personas han clamado hoy contra el proyecto minero de los municipios de Touro y O Pino (A Coruña), que consideran que atenta contra sus “medios de vida” y su “salud”, tanto en estos dos ayuntamientos como en toda la cuenca del río Ulla y de su desembocadura, en la ría de Arousa.

 

La Plataforma “Mina Touro-O Pino Non” ha celebrado esta mañana una manifestación en la localidad coruñesa de Touro donde han participado millares de vecinos para protestar por la reapertura de una mina de cobre en la zona y dicen que pone en peligro a la comarca.

Acompañados por la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín; el diputado del BNG en el Parlamento, Xosé Luís Rivas “Mini”; y los portavoces de En Marea, Luís Villares y Antón Sánchez; en torno a 2.500 personas, según la organización, y unos 100 de tractores se han manifestado entre Angumil y la casa consistorial de Touro.

Convocados por la Plataforma Mina Touro-O Pino Non, los manifestantes han mostrado su rechazo al proyecto de reapertura de la explotación minera vinculada al cobre.

Al final de la marcha han leído un comunicado con el que reclaman a las administraciones la “emisión de informes negativos del proyecto en base a todas las afectaciones que implica”.

“Acaban con nuestros medios de vida, nuestra salud y son un atentado al medio ambiente y a la biodiversidad de la zona”, han manifestado.

Han exigido a la Xunta “que se promueva una completa restauración de los terrenos de la antigua explotación minera de Touro, eliminando los focos de contaminación de metales pesados y drenaje ácido”.

Los motivos por los que “Touro y O Pino no quieren la megaminería contaminante” están vinculados al hecho de que acumulan “más de treinta años de convivencia con la contaminación heredada de la anterior explotación minera”.

Calculan que el nuevo proyecto afectará a quinientas hectáreas de terrenos agrícolas y forestales, eliminará 341 hectáreas de masa forestal y 150 de cultivos y vegetación natural y tendrá dos depósitos de residuos estériles y cuatro vertederos que ocuparán en total casi trescientas hectáreas.

Estos acumularán cincuenta millones de metros cúblicos de residuos estériles, con “una probabilidad de fallo muy alta”, lo que ven arriesgado.

El nuevo proyecto, que plantea quince años de actividad, está asociado, según el manifiesto, a la contaminación atmosférica y a la posibilidad de que los residentes en la zona enfermen de cáncer.

Supone, agregan, una afectación directa del Camino de Santiago, un riesgo para la actividad de 30.000 familias que dependen de la ría de Arousa, donde desemboca el río Ulla que pasa junto a la mina, y la llegada de aguas contaminadas a trece municipios con más de 150.000 habitantes.

 

Ligan la posible reapertura de la mina con “la destrucción de puestros de trabajo”, en los sectores agrícola y ganadero, la explotación forestal y los negocios hosteleros y de servicio.

La Plataforma Mina Touro-O Pino Non incide en “un impacto sobre la salud preocupante, un impacto económico negativo y un impacto social y cultural que genera una fuerte alarma y rechazo”.

La Asociación Aldea Viva ha mostrado, a través de una nota de prensa, su rechazo al proyecto minero, al considerar que la legislación ampara las reclamaciones de los residentes en la zona.

En la tractorada han participado la secretaria general del Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalba, y la cordinadora de la lucha contra la minería salvaje de la entidad, Margarida Prieto; informa la organización a través de un comunicado.

Posición oficial

A esto se refirió hace unos días el propio presidente de la Xunta, quien pidió confianza en la Administración autonómica porque hará cumplir la ley que aprobó ya el bipartito en el 2008. El propio presidente gallego recordó que para sacar adelante la licencia son necesarios 15 informes sectoriales y una declaración de impacto ambiental. La Xunta ha pedido a todos colectivos y plataformas vecinales que «estén tranquilos» porque no saldrá adelante ningún proyecto que contravenga la normativa, tal y como ya sucedió con la iniciativa de Corcoesto.

Los colectivos vecinales alertaron este domingo de graves consecuencias medioambientales y socioeconómicas, y denunciaron «a inacción» de los gobiernos locales y de la Xunta. Desde la plataforma se apunta además a un «armazón empresarial de dubidoso prestixio», detrás de la iniciativa de reactivación de la mina de cobre que ya existió hasta hace 30 años en la zona, y con «un proxecto cheo de carencias e deficiencias inasumibles». Una iniciativa, denuncian, que pone en riesgo los tejidos económicos de Touro y O Pino, e incluso los bancos marisqueros de la ría de Arousa, en la que desemboca el río Ulla, que atraviesa la zona.

La empresa habla de diálogo

La empresa que aspira a explotar la mina reaccionó este domingo a la protesta con un comunicado con el que quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a los gallegos y, especialmente, a los vecinos tanto de este concello como de O Pino. «El escenario dibujado por determinados colectivos está siendo muy lejano a la realidad de un proyecto minero del siglo XXI, como es el de Touro», inciden desde la compañía, que anunció este domingo la apertura de dos puntos de información permanentes en ambos concellos. «El objetivo de estas dos oficinas es explicar de manera transparente cualquier aspecto del proyecto que pueda ser de interés para la ciudadanía, resolviendo todas sus dudas e inquietudes. Asimismo, servirá como punto de encuentro donde facilitar el diálogo activo con ambos municipios», explicaron este domingo desde la empresa, donde lamentan que determinadas opiniones hayan servido para generar confusión y alarma entre los ciudadanos.

La empresa asegura que el cobre es un metal presente en todos los hogares, pero también en muchos de los avances tecnológicos que han revolucionado la sociedad. Un proyecto así, aseguran, plantea una minería moderna, sometida a la estricta normativa medioambiental de la UE y sobre la que pivotan explotaciones en países de gran conciencia ecológica como Suecia, Finlandia o Alemania.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/europa/item/39279-touro-y-o-pino-marchan-rechazando-una-mina-contraria-a-sus-medios-de-vida-y-su-salud

Chile

Corfo y SQM: Adiós a la posibilidad de un Silicon Valley del litio en Chile

¿Por qué se debiera celebrar un acuerdo entre un Estado soberano y una empresa que ha corrompido las bases mismas del sistema político de ese Estado? Es que trae beneficios económicos al Estado, se responde. En vez de castigar ejemplarmente a un agente que ha corrompido -como nunca nadie antes- a la política chilena, se la premia con un aumento de la cuota de extracción de litio por sobre el doble de la actual y por varios años más.

La reciente conciliación alcanzada entre Corfo y SQM respecto a la explotación de litio en el Salar de Atacama es un asunto profundo y complejo que invita a reflexionar en temas tales como corrupción, participación y desarrollo industrial en Chile. El vicepresidente de Corfo Eduardo Bitrán ha hecho grandes despliegues para convencer al país que el acuerdo no solo sería bueno, sino que se trataría del “mejor contrato del mundo”. También algunos funcionarios de gobierno y columnistas –aún sin conocer los términos precisos del acuerdo (recordemos que es confidencial)- se han sumado a esta celebración. Asombran las argumentaciones expuestas. En general alaban el acuerdo por los beneficios económicos que se obtendrían, pero hacen caso omiso a que fue alcanzado con una empresa corrupta, sin participación de los pueblos atacameños involucrados ni discutido con otros órganos del estado, y que, finalmente, no contribuye a un desarrollo industrial soberano. En tal sentido, hay al menos tres asuntos que son que son cruciales a la hora de evaluar tal acuerdo.

1. Ética y corrupción versus beneficios económicos

¿Por qué se debiera celebrar un acuerdo entre un Estado soberano y una empresa que ha corrompido las bases mismas del sistema político de ese Estado? Es que trae beneficios económicos al Estado, se responde. En vez de castigar ejemplarmente a un agente que ha corrompido -como nunca nadie antes- a la política chilena, se la premia con un aumento de la cuota de extracción de litio por sobre el doble de la actual y por varios años más.

No será fácil explicar a las futuras generaciones el por qué un gobierno hace caso omiso a las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial Contra la Corrupción y prefiere supuestos beneficios económicos de corto plazo por sobre el combate ejemplarizador contra la corrupción. De hecho, el acuerdo se cierra con una empresa que incumple resoluciones ambientales, que mantiene rentas impagas y lo más grave, que corrompe poderes del Estado, poniendo en serio riesgo el ordenamiento institucional y la propia democracia de nuestro país. Ciertamente, dentro de nuestro estado de derecho existían alternativas diferentes a la transacción recién realizada y el ejecutivo cuenta con herramientas eficaces para enfrentar estas situaciones.

2. Participación y políticas públicas

El acuerdo suscrito está muy lejos de constituir un modelo sobre cómo abordar la toma de decisiones en una sociedad diversa y compleja, que avanza hacia un desarrollo sustentable. Nunca se consultó a los principales incumbentes, las comunidades de Atacama La Grande representadas por el Consejo de Pueblos Atacameños, ni al organismo técnico que el Estado se ha dado para ello, el Consejo de Minería No Metálica de Corfo.

En efecto, el Consejo de Pueblos Atacameños manifestó un “total rechazo” al acuerdo. Señalan que se deja “una vez más en la impunidad a esta empresa que ha explotado en forma desmedida los recursos hídricos del Salar de Atacama”. Y agregan que, con este acuerdo, Corfo “es irresponsable con el patrimonio territorial y en especial el ambiental de nuestras comunidades y también de todos los chilenos.” Denuncian asimismo que el “Vicepresidente de Corfo Sr. Eduardo Bitrán ha socializado este acuerdo CORFO-SQM con algunas de nuestras comunidades, ya que a pesar de que él fue informado que el Consejo de Pueblos Atacameños es la única institución representativa del territorio, se sostuvieron reuniones individuales con algunas de las comunidades más cercanas a las faenas SQM generando una afectación a nuestro tejido social”. O sea, un alto funcionario del Estado usando la premisa “dividir para reinar”. En tal sentido, no es sorprendente conocer la notica de que pocos días atrás la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de las comunidades de Atacama contra el acuerdo entre Corfo y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama.

Tampoco este acuerdo fue siquiera informado al Consejo de Minería No Metálica, el organismo creado por Corfo a instancias de la Presidenta Bachelet para precisamente aconsejar sobre estas materias.[1] El Senado y la Cámara de Diputados también desconocían que se estaba alcanzando este acuerdo. Menos se habló con la comunidad que desarrolla ciencia y tecnología: ni las sociedades científicas, ni los colegios profesionales, ni las universidades e institutos de investigación, ni las organizaciones de científicos jóvenes, es decir ningún organismo técnico colegiado fue considerado. Tal vez la razón sea que el acuerdo se consumó, como lo ha declarado el propio E. Bitrán, en sólo un mes (a pesar que desde hace muchos años se sabía de la importancia del litio y se podía prever el boom de la electro-movilidad). Con mayor razón entonces surge la pregunta: ¿es esa la forma cómo se construye una política pública seria y responsable, con mirada de futuro?

3. Recursos naturales y desarrollo científico-tecnológico

Vamos ahora al fondo de la conciliación. Sin duda lo más cuestionable del contrato para el Estado de Chile es haber aumentado la cuota de litio para SQM, hasta el año 2030, sin exigir un grado sustantivo de agregación de valor. Es increíble que una Corporación de Fomento permita que una empresa, SQM, pueda vender entre el 85% (al comienzo) y 75% (al final, el 2030) de la mayor producción mundial de litio, simplemente como carbonato de litio, que es el material básico, sin elaboración, obtenido del salar. Sólo un 15%-25% se deja para atraer industrias, nacionales o extranjeras, que agreguen valor en el país. Pero se trata, por desgracia, de una agregación de valor donde nuestros institutos de investigación y universidades no son protagonistas, sino ayudantes o espectadores. Corfo, en vez de aprovechar la oportunidad de usar el litio para entrar en la grandes ligas de la tecnología –y la ciencia- mundial y conversar como Estado de igual a igual con empresas y países líderes en electromovilidad y baterías, energías renovables no-convencionales, aleaciones livianas, fusión nuclear, se conformó con recibir las rentas del litio, como quien recibe dinero de arriendos detrás de un mostrador.

La línea de razonamiento principal para justificar el acuerdo se basa en que es muy superior al contrato anterior de los años 1993-1995. Se presenta como una astucia el haber logrado que ahora se tengan más regulaciones de tipo administrativo y ambientales, así como una modificación en el gobierno corporativo. Pero es evidente que un contrato de esta naturaleza, casi 25 años después, recogerá de modo natural las preocupaciones principales del siglo XXI: regulaciones ambientales, transparencia y medidas anticorrupción. Más si se negocia con SQM. Recíprocamente, al contrato de 1995, y coincidiendo en que era un pésimo acuerdo para el Estado, no se le podía exigir por ejemplo “monitoreo en línea” pues técnicamente en esos años aquello no existía todavía.

El punto principal que se omite es el siguiente: El litio -y las salmueras de los salares- no lo aprovechamos cuando dejamos que lo vendan como materia prima, por muy alta que sea la cantidad de dinero que recibamos a cambio. El litio es hoy día un material clave en la energía, y como tal cobra importancia en la medida que nosotros mismos hacemos los productos tecnológicos que multiplican su valor: pastas, cátodos, celdas, baterías… y por qué no, autos eléctricos. Teníamos ahora la oportunidad de crear un Silicon Valley del litio en Chile, con encadenamientos productivos que involucraran a científicos e ingenieros jóvenes, técnicos, emprendedores,  chilenos talentosos y audaces, deseosos de empujar a nuestro país hacia el desarrollo, y que los beneficios de nuestras riquezas sean para toda la gente. La aprobación de este acuerdo posterga –sino sepulta- este programa de trabajo por años. Ojalá que la oportunidad no sea frustrada. Es de esperar que nuestras máximas autoridades confíen en las capacidades de sus ciudadanos, y podamos al fin superar  la tragedia del salitre, esta vez usando nuestros recursos naturales como palancas para desarrollos productivos que tengan incorporada la inteligencia de los chilenos.

[1] Como miembro del Directorio de este Comité, al enterarme del acuerdo por la prensa, tuve que exigir por escrito a la ministra de Minería que E. Bitrán se dignara a informar al respecto, lo cual hizo solo parcialmente invocando “confidencialidad”.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2018/02/28/corfo-y-sqm-adios-a-la-posibilidad-de-un-silicon-valley-del-litio-en-chile/

 

Bolivia

Amnistía Internacional destaca en su informe anual caso Cedib y toma de la APDHB

En su capítulo referido a la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos se refiere a la toma por algunas horas de las instalaciones de la APDHB por parte de un grupo de mineros y el acoso en contra del Cedib.

Amnistía Internacional en su informe anual 2017-2018 referido al capítulo sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos destaca como casos emblemáticos de vulneración de derechos en Bolivia, la toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y el acoso en contra del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) que derivó en el congelamiento de sus cuentas bancarias.

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional integrado por más de 150 países y territorios, señala que a vísperas del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, queda sobradamente claro “que nadie puede dar por sentados sus derechos humanos”.
Amnistía registra que el 6 de febrero los líderes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) tomaron durante varias horas las instalaciones de la APDHB en La Paz y exigieron la destitución de su presidenta, Amparo Carvajal. El hecho involucró al ejecutivo de los mineros asalariados, Orlando Gutiérrez, afín al Gobierno del presidente Evo Morales.
“La toma ocurrió mientras organizaciones de defensa de los derechos humanos y líderes indígenas celebraban una conferencia de prensa en instalaciones de la Asamblea, para anunciar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al Gobierno información sobre la solicitud de medidas cautelares presentada por estas organizaciones”, señala el informe.
La organización mundial acota que la solicitud de la CIDH se hizo en nombre de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, probablemente Toromonas, alegando que su supervivencia estaría en peligro si se concretaba la propuesta de extracción petrolera en sus territorios situados en el norte de La Paz en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacanas II.
Amnistía también dedica parte del capítulo al caso del Cedib, organización no gubernamental con sede en oficinas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) -universidad pública de Cochabamba- el mismo que se vio obligado a desalojar las instalaciones que ocupó por más de 20 años a raíz de presiones del rector Juan Ríos y las amenazas de desalojo.
“El director del Cedib, Marco Antonio Gandarillas solicitó garantías de seguridad para su personal y sus archivos, pero no recibió respuesta de las autoridades”, cita la organización de defensa de derechos.
En noviembre el Cedib denunció que se habían congelado sus cuentas bancarias como consecuencia de un procedimiento administrativo judicial iniciado por el rector de la UMSS. La determinación fue ejecutada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por órdenes judiciales.
Acción urgente 
Amnistía Internacional lanzó en diciembre del año pasado, la acción urgente en favor del Cedib, a fin de garantizar su labor de investigación y defensa de los derechos humanos y recursos naturales.
La organización alertó que las nuevas amenazas al trabajo del Cedib, generaban inseguridad financiera del personal de la institución a causa de la congelación de sus cuentas bancarias. “Esta es la última de una serie de intentos para obstruir el trabajo legítimo del Cedib y una señal preocupante de la reducción del espacio cívico en el país”, afirmó en la acción urgente.
En esa ocasión Amnistía instó a la sociedad civil escribir al defensor del Pueblo, David Tezanos para que proteja la integridad del personal y los activos financieros de Cedib y se asegure de que las organizaciones de la sociedad civil disfruten de un entorno “seguro y propicio para desarrollar sus actividades”.
También Amnistía Internacional convocó escribirle al viceministro de Autonomías, Hugo Siles para que reconozca públicamente el trabajo legítimo en derechos humanos del Cedib y asegure que el Rector de la UMSS “se abstenga de cualquier acción que ponga en riesgo al personal y al trabajo del Cedib”.
Mediante la acción urgente también se recomendó dirigirse al Presidente del Consejo de la Magistratura para que investigue de manera inmediata y exhaustiva los reclamos de irregularidades y violaciones del derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo judicial en contra del Cedib.
Fuente:https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/amnistia-internacional-destaca-en-su-informe-anual-caso-cedib-y-toma-de-la-apdbh–386049
Internacional

Activista boliviana denuncia «invasión» de empresas mineras en Latinoamérica

La coordinadora de la Red Latinoamericana de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, la boliviana Margarita Aquino, denunció este miércoles que las empresas mineras en América Latina «están literalmente invadiendo los territorios», que son el sustento de muchas comunidades indígenas.

Aquino realizó esta denuncia en el Congreso Social de Móviles (MSC), que desde hace tres años se celebra en Barcelona coincidiendo con el Mobile World Congress (MWC) con el objetivo de poner de manifiesto las caras controvertidas de la industria móvil y tecnológica.

«Las empresas contaminan la tierra y el agua con la que las indígenas trabajamos y sacamos el sustento para mantener a nuestras familias», reiteró Aquino en el Congreso Social que este año da la voz a las mujeres que trabajan para defender sus derechos y los derechos ambientales en la cadena de suministro de la electrónica.

En ese sentido, la activista explicó que la industria de la minería, no sólo es perjudicial para el medio ambiente, sino también para la salud de las comunidades indígenas, sobre todo para las mujeres.

«La minería contamina el agua y los ríos que las comunidades agrícolas y ganaderas utilizan para la pesca y para beber, provocando enfermedades que afectan, sobre todo, al estómago y la piel, además de abortos espontáneos en mujeres embarazadas», denunció.

Aquino insistió en que, como la actividad minera es sobre todo masculina y las mujeres son las que trabajan la tierra, «son ellas las que se quedan sin trabajo», y eso implica una «desvalorización social de la mujer, que sufre recriminaciones porque no contribuye al sustento de la comunidad».

También explicó que «alrededor de las minas se genera la prostitución», y que el trabajo en las mismas conlleva, por sus condiciones laborales, «el aumento del alcoholismo en los mineros, que desemboca en el aumento del machismo y la violencia de género».

En esa línea, la coordinadora de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, la ecuatoriana Gloria Chicaiza, indicó que «las mujeres de las comunidades indígenas sufren criminalización por parte de las empresas y entidades gubernamentales por llevar a cabo su lucha».

Igualmente denunció «la persecución que las mujeres sufren en su lucha a manos de las empresas y el gobierno», que según Chicaiza, «son amenazadas, estigmatizadas, perseguidas, agredidas e incluso asesinadas».

No obstante, valoró positivamente el levantamiento y la lucha pacífica de las mujeres: «Que las mujeres hagan de voceras en estos conflictos sigue abriendo caminos», dijo.

Chicaiza insistió: «A nuestros gobiernos les importa demasiado la opinión internacional. Por ello, tenemos que elevar nuestra lucha a ese ámbito».

En relación a la continuación de la lucha ecofeminista en los países de América Latina, recordó que tuvieron «experiencias positivas» y que deben «mantener la esperanza en alto y seguir luchando y creando una red de solidaridad entre los pueblos».

Según la coordinadora del proyecto Make ICT Fair de derechos humanos en la industria tecnológica, Karolien Burvenich, el 40% de los bosques de América Latina están amenazados por la industria de la minería, y para extraer 22,5 toneladas de oro, se utilizan y contaminan 225.000 millones de litros de agua potable ya que «se mezclan con sustancias químicas como el cianuro».

Como solución, Burvenich recordó la importancia de elaborar una legislación europea, como la Ley de Minerales de Conflicto de la UE y «asegurar el respeto de los derechos humanos y de los trabajadores recogidos en artículos como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)».

Fuente:http://correodelsur.com/sociedad/20180228_activista-boliviana-denuncia-invasion-de-empresas-mineras-en-latinoamerica.html

Ecuador

Lenín Moreno presentó Reverdecer Ecuador y anunció el retiro de 2.000 concesiones mineras

Ecuador se abrió a la minería a gran escala en 2012 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, y puso en marcha cinco proyectos que operan en la andina provincia de Azuay y las amazónicas de Zamora Chinchipe y de Morona Santiago.

Unas 2.000 concesiones mineras fueron revertidas por el Estado ecuatoriano. El anuncio lo hizo el presidente de la República, Lenín Moreno, desde la provincia de Morona Santiago al presentar el programa Reverdecer Ecuador para la conservación ambiental y reforestación.

“Con la presencia de ustedes dije ni una sola (concesión) más”, dijo Moreno al recordar que debió pedir la renuncia del exministro de Minería, Javier Córdova, por haber continuado con la entrega de permisos, pero no precisó cuáles son las empresas a las que se les retiró el permiso de explotación.

Córdova renunció días antes del referendo del 4 de febrero, en el que los ecuatorianos aprobaron, entre otras propuestas, prohibir la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.

“Llegaron a mis oídos que se había hecho alguna concesión que estaba pendiente en el trámite y el ministro no me había comunicado. Tuve que, lastimosamente, decirle al señor ministro que mi promesa debe ser cumplida y tuvo que irse a su casa -dijo-. Ecuador es uno de los 10 países más biodiversos del planeta, pero lamentablemente tenemos problemas ambientales que debemos resolver de forma urgente. En Ecuador, al menos cien ríos están severamente contaminados. La deforestación anual llega a casi 100.000 hectáreas”.

Ecuador se abrió a la minería a gran escala en 2012 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, y puso en marcha cinco proyectos que operan en la andina provincia de Azuay y las amazónicas de Zamora Chinchipe y de Morona Santiago. Los proyectos Mirador (cuprífero, de la china Ecuacorriente) , Río Blanco (aurífero, de la china Junefield) y Fruta del Norte (aurífero, de la canadiense Lundin Gold) tienen previsto empezar a producir entre 2018 y 2020.

En la última etapa de su gobierno, Correa abrió un proceso de subasta de concesiones de mediana y gran minería, ante la caída de los precios del petróleo.

Fuente:http://laconversacion.net/2018/02/lenin-moreno-presento-reverdecer-ecuador-y-anuncio-el-retiro-de-2-000-concesiones-mineras/

Mexico

Acusan a una minera de provocar temblores con explosivos en Zacatecas

Más de 400 familias del municipio de Chalchihuites, apoyadas por el alcalde, Manuel Rosales Pérez, exigieron a la Secretaría de Economía federal y al gobierno de Zacatecas que suspendan los trabajos de la unidad El Toro de la minera canadiense First Majestic, a la cual acusan de provocar movimientos telúricos en semanas recientes con las detonaciones que realiza para extraer oro, plata y zinc.

En una carta que dirigió a Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, Rosales Pérez demanda parar las detonaciones en esta población, ubicada 227 kilómetros al poniente de la capital de Zacatecas, en los límites con Durango. El uso de dinamita, señala, pone en riesgo la integridad de los trabajadores y de la población.

El documento, fechado el 19 de febrero, fue firmado por el alcalde y por Manuel Miranda Guadarrama, representante del Movimiento Civil Chalchihuites, y se remitieron copias al gobernador Alejandro Tello Cristerna, al Congreso local, así como a Juan Antonio Caldera Alanís, director de Protección Civil de Zacatecas.

El ayuntamiento de Chalchihuites informó a la población que convocó a una sesión pública de cabildo itinerante en la escuela primaria Justo Sierra.

Se espera que encabece la asamblea Fabiola Torres Rodríguez, secretaria general de Gobierno estatal, y que acudan directivos de First Majestic y el delegado de la Secretaría de Economía en la entidad, Juan Carlos Pérez Frías.

Efraín Arteaga Domínguez, asesor jurídico y vocero del Movimiento Civil Chalchihuites, informó que con apoyo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería se buscará que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México acudan solidariamente a Chalchihuites a realizar estudios de geología y mecánica de suelos para determinar científicamente las afectaciones que la actividad minera ha provocado en el municipio.

Mexico

Hidroeléctrica ocultó a pobladores que será destinada a la industria minera

Xochitlán, Pue. La energía que la empresa GESA pretende generar con la construcción de una hidroeléctrica en los ríos Zempoala y Ateno, en territorio de cinco municipios de la Sierra Nororiental poblana, será destinada al sector ferrominero y no a los habitantes de los pueblos como habían dado a conocer representantes del corporativo.

Lo anterior se desprende de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada de manera condicionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en días pasados, y que permitiría a Generadora de Energía San Antonio (GESA) instalar una planta en la que se producirán más de 37 Mega Watts de electricidad en Xochitlán, Zapotitlán de Méndez, Nauzontla, Zoquiapan y Atlequizayan.

En la página 138 del documento presentado por GESA a la dependencia federal -que está disponible al público en la página de la Semarnat-, “bajo protesta de decir verdad” la empresa confiesa que “el propósito detonante del proyecto (San Antonio) es mantener un nivel de competitividad en el mercado mundial de ferroaleaciones, por lo que el abatimiento en el costo de los insumos más importantes incrementará el margen de operación y utilidad del proceso”.

El apartado de la MIA en el que GESA informa a las autoridades de sus intenciones, se refiere a los “Aspectos técnicos de la producción y distribución de energía” e indica que se establecerán dos casas de máquina (o sala de turbinas), a las que se conducirá un promedio de 18.86 metros cúbicos de agua por segundo de los ríos Zempoala y Ateno.

“Tal objetivo se deriva de las necesidades por satisfacer el consumo energético de GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN ANTONIO S.A DE C.V.”, dice el documento y agrega que “la inclusión de 37 Mw a la red de la zona de la región Terrestre Prioritaria de Cuetzalan incrementará la oferta de energía eléctrica para el sector público. Esto sucederá de manera indirecta, pues no es intención de GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN ANTONIO S.A DE C.V realizar la venta de energía eléctrica a terceros industriales o poblaciones, como sucede con otros proyectos en desarrollo en el país”, se señala de manera textual.

Es decir, según apunta la empresa, la energía que se producirá con el agua de los caudales serranos será usada para abastecer y aumentar las ganancias de la industria minera que en la región de influencia de la hidroeléctrica tiene a la “Planta Teziutlán” de ferroaleaciones de manganeso, como uno de sus eventuales clientes. 

Esta planta pertenece al Grupo Ferrominero del empresario José Antonio Rivero Larrea, propietario de Minera Autlán que en la zona posee también diversas concesiones para la exploración y explotación de oro y plata como las del proyecto “El Aretón” que desarrolla la misma empresa especializada en la producción de derivados de manganeso, y cuenta con otras dos concesiones en Tlatlauquitepec, denominadas Atextcaco I y Atexcaco II, vigentes hasta el año 2054.

No obstante lo anterior, pobladores del municipio de Xochitlán entrevistados por este medio de comunicación, indicaron que desde que GESA llegó a la región en el año 2011 con el nombre de IngDeshidro, lo hizo con el discurso de que “el proyecto no afectaría en lo absoluto al ambiente y que la energía eléctrica que se generaría, aparte de ser energía limpia, se vendería a la CFE y que no estaba destinada para la industria minera”.

Añadieron que en el empeño de que los pobladores aceptaran la instalación de la hidroeléctrica, los empresarios no “se han tentado el corazón y han recurrido siempre al engaño, cooptando y mintiendo, sosteniendo que nada tienen que ver con los denominados proyectos de muerte pero lo que buscan es dividir a los pueblos que se resisten a este proyecto”.

Por otra parte la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió a la Semarnat que el proyecto Hidroeléctrico San Antonio es técnicamente inviable pues podría secar a los ríos Zempoala y Ateno, pues el volumen de su escurrimiento anual es de apenas 350 millones 837 mil metros cúbicos de agua, mientras la generadora de energía de GESA requiere para su operación de 614 millones 952 mil metros cúbicos en un periodo similar.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/02/hidroelectrica-oculto-a-pobladores-que-sera-destinada-a-la-industria-minera/

Latinoamerica

Mercurio en Latinoamérica: 6 reportajes sobre los efectos de la minería Aquí presentamos 6 historias sobre los efectos de la minería y el mercurio en la salud de Latinoamérica

– Pesadilla e infierno son algunas de las palabras recurrentes cuando se habla del mercurio en Latinoamérica. Pero los efectos del metal pesado son reales y es un problema vigente, un pasivo ambiental que tiene casi 500 años. A pesar de que se descontinuó su uso a gran escala en la década de 1960, la minería artesanal e ilegal continúa vertiendo “azogue” en suelos y fuentes de agua en búsqueda de oro, causando enfermedades, muerte y destrucción de bosques en diversas regiones del continente.

Mongabay Latam ha tocado el tema en varias oportunidades. En la región de Chocó en Colombia, uno de los puntos más biodiversos del mundo, se pueden ver las consecuencias por la producción de oro, con hasta 200 toneladas de mercurio vertidas anualmente en sus suelos y ríos. En Cali, mientras tantos, sus efectos los sienten hasta las personas que no están en contacto con la minería.

Por su parte, en México, pobladores de Querétaro, cerca a la Reserva de la Biósfera de Sierra Gorda, sufren los síntomas del envenenamiento por el metal pesado, extraído en minas artesanales, una de las pocas fuentes de trabajo en la zona. En Venezuela, la apertura del Arco Minero del Orinoco comienza a tener efectos nocivos, no solo con el aumento de la delincuencia y la destrucción de la cultura indígena: los pobladores de las comunidades ribereñas en el Estado Bolívar tienen altas cantidades de mercurio en la sangre, cabello y tejidos humanos.

El ingreso del mercurio a través de la cadena trófica es especialmente preocupante, sobre todo en lugares donde los peces son la base de la alimentación. Esto es lo que sucede en la Amazonía de Bolivia, donde un estudio encontró que varias especies de peces están contaminadas con mercurio, producto de la explotación de oro. Mientras que en el Perú, cuatro regiones, que incluyen la devastada Madre de Dios, una vez declarada en emergencia por los altos niveles de esta sustancia, y la propia ciudad de Huancavelica, fundada oficialmente en 1571 luego del hallazgo de una mina de azogue, tienen presencia alta del metal pesado.

Aquí presentamos nuestros reportajes sobre la pesadilla del mercurio en Latinoamérica.

La minería del oro en Venezuela: una “tormenta perfecta” de ilegalidad, deforestación y mafias

(Por Jeanfreddy Gutiérrez).- Despuntaba la década de los años noventa cuando los venezolanos se enteraron de la llegada de los garimpeiros al sur del país. Estos mineros artesanales provenientes de Brasil habían traspasado la amplia frontera amazónica entre ambos países atraídos por la fiebre del oro, abriendo fosas en medio de la selva para extraer el preciado metal (…) En ese momento, las fuerzas armadas venezolanas contaron la llegada de estos exploradores ilegales en cerca de mil individuos, expulsando al menos a la mitad de ellos.

Inmensas lagunas artificiales donde se mezcla mercurio, gasolina y lodo donde antes hubo un tupido bosque amazónico. Foto cortesía de Ana Gisela Pérez.

La presencia cada vez mayor de los garimpeiros también impulsó cambios en las prácticas de extracción del oro por parte de las empresas extranjeras concesionarias, que desde el año 2008 tuvieron que abandonar el país de manera forzosa por un cambio de políticas mineras que el gobierno llamó “renacionalización”. Investigadores y activistas han señalado que estos cambios gubernamentales crearon una “tormenta perfecta” a través de la cual decenas de miles de mineros artesanales de toda Venezuela, Brasil y Guyana conjugan la destrucción ambiental por medio de la erosión hidraúlica del suelo, la deforestación y el uso indiscriminado e inapropiado del mercurio —utilizado para extraer el oro de los sedimentos— con mafias, guerrillas, corrupción, prostitución, trata de blancas, esclavismo, trabajo infantil y decenas de miles de casos de paludismo al año. Lee la historia aquí.

El infierno del mercurio: ¿cuánto afecta la vida de los pobladores de Chocó en Colombia?

(Por María Margarita Fontecha).- El uso del mercurio en la minería informal a pequeña escala se ha popularizado en el país producto del incremento en el precio del oro y la facilidad para conseguirlo y usarlo en el amalgamado. Este proceso suele añadir mercurio a todo el mineral durante la trituración, molienda y lavado. En muchos casos solo el 10 % del mercurio agregado a un barril o a una batea, cuando la amalgamación es manual, se combina con el oro para producir la amalgama. El resto, es decir, el 90 % sobrante, que debería retirarse y reciclarse, se libera simplemente al medio ambiente.

El mercurio sigue siendo utilizado en gran medida en la actividad de la pequeña minería en Colombia, a pesar de los daños causados a a la salud de las poblaciones y al medio ambiente. Foto: Cortesía Codechocó.

Y ahí empiezan otros problemas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el mercurio cambia su composición química al contacto con las bacterias del ambiente y se convierte en metilmercurio, el cual es la forma más tóxica de este metal y es fácilmente absorbido por los peces. De ahí, que una de las principales fuentes de intoxicación sea la dieta. La incidencia del mercurio ha sido tanta que incluso un grupo de música colombiano Choquibtown en una de sus canciones dice: “Yo no me como ese pescao así sea del Chocó. Ese pescao envenenao, ese no lo como yo”. Lee la historia aquí.

Veneno en la sangre

(Por Esteban Montaño).- Antes de que se encienda la grabadora, Verónica* pone una condición: contará su historia a cambio de que no se sepa su nombre ni la vereda donde vive.

“En Buenos Aires la situación está muy tensa y no quiero ganarme problemas con los mineros”, explica.

Compromiso pactado.

En las minas de Buenos Aires y Suárez se usan 14 gramos de mercurio para extraer un gramo de oro. Foto: Daniel Reina / Revista Semana Sostenible.

“De un momento a otro, mi hija de dos años y medio apareció con gripa y fiebres esporádicas. La llevé al centro de salud del pueblo y me dijeron que eso era normal, que le diera vitamina C y acetaminofén para que mejorara. Pero un mes después seguía igual. Con mi esposo la llevamos a una clínica privada de Cali y la dejaron hospitalizada una semana. Después de varios exámenes, nos dijeron que tenía problemas en un pulmón y que su sangre estaba contaminada con mercurio” narra. Lee la historia aquí.

Minería al límite: la pesadilla del mercurio en México

(Por Karen de la Torre).- Le pregunté a Natalia si sabía la causa de su intoxicación y ella me contestó que sabía que tenía altos niveles de arsénico en su organismo, pero que no podía culpar a la minera la Soledad porque el personal de la Secretaría de Salud les dijo que también podía haber causado esa intoxicación el contacto con los hornos de calcinación de cinabrio que hay en los patios de sus casas, a unos cuantos metros, a unos cuantos pasos de sus habitaciones. Aunque la Secretaría de Salud solo difundió que la población estaba contaminada por arsénico, este no es el único metal en sus organismos; también tienen mercurio.

Horno de mercurio en el traspatio de una casa del Llano. Foto: Karen de la Torre.

“Aquí todas las familias están trabajando con el mercurio, porque es una zona de ese mineral”, dice una mujer. “Es zona minera aquí, todo. Y sale mercurio por donde quiera”, interrumpe otra. “Todas las aguas están infectadas, entonces no podemos decir que es de la mina porque no”, una mujer más se suma a los argumentos de sus vecinas y sucede el remate: “Aparte, la mina está lejos, y nuestros señores ni se enfermaron, no les pasó nada a ellos”. Lee la historia aquí.

Bolivia: Indígenas y campesinos expuestos al mercurio por el consumo de peces en la Amazonía

(Por Miriam Telma Jemio).- En la comunidad Santacrucito (Pando), en el arroyo Aguarenga, hace algunos años la pesca era abundante, contó Elvira Tibubay Ynuma. “Ahora, cuando van a pescar los compañeros sacan dos o tres, y son chiquitos no más los pescaditos”, dijo.

Campesinos de comunidades de Pando y Beni pescando / Foto: Vincent Vos.

En la comunidad campesina Loma Alta, del municipio Gonzalo Moreno (Pando), el pescador Melvin Chipunavia Oquita dijo que la disminución es del 40 %, sobre todo de pacú. Sospecha que los peces están migrando por la presencia de las balsas de los mineros. “Se fueron a otro lugar. Cuando ellos (los mineros) no estaban, acá había mucho pescado. Se pescaba con cualquier material, con espinel o con malla. Ahora es difícil”, lamentó.

Un estudio realizado por el Cedib en 2014, estimó que había entre 600 y 800 balsas de mineros explotando oro en el río Madre de Dios, aunque solo 413 contaban con autorización. Cada balsero usaba entre 500 a 1000 gramos de mercurio al día. Lee la historia aquí. Lee la historia aquí.

Perú: cuatro regiones expuestas a la contaminación por mercurio

(Por Yvette Sierra Praeli).- Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló que Huancavelica es también una región altamente contaminada por mercurio. “En esta región funcionó la mina más grande de mercurio del Perú. Por ello, Huancavelica es uno de los más grandes pasivos ambientales por la explotación de mercurio que se desarrolló durante la Colonia. Aún existen zonas en la ciudad de Huancavelica donde se han asentado pueblos y barrios sobre el suelo contaminado por mercurio y quienes viven en esos lugares respiran los vapores de mercurio que emanan de los terrenos todos los días”, explicó.

La mina Santa Bárbara, conocida también como la mina de la muerte, se comenzó a explotar en 1566 y fue el principal centro de extracción de mercurio durante la Colonia. Foto: Internet.

De acuerdo con un informe enviado por la Defensoría del Pueblo a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud, la situación de contaminación en la ciudad de Huancavelica se agrava porque la mitad de las viviendas son de adobe o tapial, materiales que contienen tierra contaminada que proviene del suelo local. Lee la historia aquí.

Imagen principal: Vista panorámica que muestra la actividad minera en el río Teta, Colombia. Foto: Daniel Reina / Revista Semana Sostenible.

Si quieres saber más de los efectos de la minería, no solo por el mercurio en Latinoamérica, entra aquí.

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Fuente: https://mongabay-latam.lamula.pe/2018/02/28/mercurio-en-latinoamerica-6-reportajes-sobre-los-efectos-de-la-mineria/mongabaylatam/