Utilizar los recursos hídricos y las áreas naturales del país para impulsar la explotación de hidrocarburos mediante el fracking, es una de las mayores preocupaciones de organizaciones civiles que han dado seguimiento a las iniciativas. Esto, sin contar con la manera en que el gobierno busca poner fin al derecho a huelga.

Privatizar el agua, permitir que mineras exploten áreas naturales protegidas o menguar los derechos laborales de los trabajadores, son los temas que se discuten en el Congreso y avanzan de manera sigilosa al mismo tiempo que las campañas electorales acaparan los reflectores de la prensa.

Tres temas que han mantenido un bajo perfil pese a sus devastadores efectos para millones de mexicanos, al mismo tiempo que las elecciones presidenciales han logrado desviar las miradas de la opinión pública de algunas maniobras que se realizan en el Senado y la Cámara de Diputados.

El proyecto para privatizar el agua y usarla en el frackin

Desde noviembre de 2017, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, presidida por el priista José Ignacio Pichardo Lechuga, presentó la tercera etapa del proceso legislativo rumbo a la construcción de una Ley General de Aguas.

Dicha iniciativa prevé concesionar caudales nacionales y trasvases a privados, así como permitir que la iniciativa privada realice descargas de líquidos residuales. Una ley que ha sido interpretada por opositores como una reedición de la llamada Ley Korenfeld que el gobierno de Peña impulsó en 2015 para privatizar el agua.

Además, el borrador de la nueva ley de aguas también busca facilitar el uso de agua para la explotación de hidrocarburos, a través del una técnica conocida como fractura hidráulica o fracking, pese al enorme riesgo de que pueda contaminar los mantos acuíferos.

De ahí que académicos de la UNAM hayan advertido que los términos en que viene planteada la Ley de Aguas, buscan privilegiar a industrias como la refresquera, la automotriz y las extractivas.

Tal es el caso de las conclusiones de expertos reunidos en febrero pasado, en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental del Campus Morelia de la UNAM, donde participaron los académicos Carmen Carmona, Joel Carrillo, Rafael Huizar y Gonzalo Hatch, quienes destacaron que el principal riesgo de la reforma tiene que ver con que «no incluye un esquema claro de gestión para el agua subterránea», refiere Michoacán 3.0.

De ahí que la reforma incluye «la privatización de la infraestructura, la entrega de concesiones a perpetuidad, la autorización de los trasvases, así como la entrega de grandes volúmenes de agua subterránea para actividades altamente contaminantes como el fracking y la minería», señalaron los académicos, quienes incluso propusieron una iniciativa de ley para regular las aguas subterráneas.

Un tema grave, considerando que el 97% del agua subterránea es utilizada para consumo humano, es decir, más de 87 millones de mexicanos.

Pero además, los expertos consideraron que el tema de aguas subterráneas es estratégico ya que gran parte de las inversiones son extranjeras.

«Requieren fundamentalmente de agua, pensemos en las grandes compañías mineras, automotrices, el sector agroalimentario, por mencionar algunos cuantos que extraen grandes cantidades de agua subterránea y este tema ha pasado como de forma a priori, como que no es necesario tener un esquema pero gran parte de estas riquezas de estas empresas, como las refresqueras, se hace a partir de agua subterránea, entonces aunque no está claro en la renegociación del TLC, el tema de las aguas, está ahí latente», señalaron.

«Los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no representan una solución para atender los peligros del fracking. El análisis de los mismos realizado por la Alianza evidencia que se trata de disposiciones débiles, deficientes e inoperables», coincidió la Alianza Mexicana contra el Fracking en un comunicado.

Una opinión que también comparte Elena Burns, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Esta ley abre no sólo las aguas nacionales como objeto de compra y venta, sino también de especulación, pagando una cuota de garantía, adquiriendo volúmenes de agua, aunque no lo estuvieran utilizando. Y también, que se cumpla el derecho humano al agua a través de asociaciones públicas y privadas, para sistemas municipales y obras hidráulicas de transferencia de agua de una cuenca a otra».Elena Burns, académica de la UAM

La especialista explicó al portal Sputnik que la Ley de Aguas Nacionales vigente fue impuesta como condición para que México entrara en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual explica parte de la tendencia privatizadora que se ha seguido en México en los últimos años.

«La Ley Korenfeld es la base de este borrador completo y hay coincidencias en los artículos más graves», agregó Miguel Ángel Montoya, consultor de Gestión Integral del Agua.

En contraparte, el diputado Pichardo Lechuga consideró que la nueva ley «tiene que traer a la discusión el uso y el cuidado del agua como un bien ambiental. No podemos hablar de administrar el agua si no estamos otorgándole su justa dimensión en lo ambiental».

Por su parte, el gobierno federal indicó que es falsa la percepción de que la administración de Peña Nieto busca privatizar el agua, con base en declaraciones del director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra.

Entre los conflictos recientes por la privatización del agua en México se encuentran los casos de Mexicali y el estado de Puebla, lugares donde se han generado conflictos sociales a partir de la entrega del líquido a empresas privadas y concesionarios de la iniciativa privada para manejar los sistemas de agua potable y saneamiento.

Atentar contra el medio ambiente para beneficiar a mineras

Expertos en temas ecológicos advierten que La Ley General de Biodiversidad permitirá que las áreas naturales protegidas puedan ser explotadas por mineras y gaseras encargadas de obtener hidrocarburos a través del fracking.

La caravana que busca frenar un cuestionado proyecto minero en la sierra norte de Puebla.

Una iniciativa aprobada por el Senado mientras todos los reflectores estaban puestos en la Ley de Seguridad Nacional y que, actualmente, busca aprobarse esta misma semana en la Cámara de Diputados.

El jueves pasado, la comisión de medio ambiente de la Cámara Baja aprobó ilegalmente -sin quórum (con tan sólo 15 legisladores de 30) y sin haber realizado la consulta solicitada por otras comisiones- la minuta de la ley General de Biodiversidad promovida por el Partido Verde.

«Detectamos que hay un conflicto de interés, dado que la senadora promovente Ninfa Salinas Sada tiene un interés en proyectos de minería metalúrgica a cielo abierto en México. Con base en los contenidos de la iniciativa, como es el debilitamiento de las áreas naturales protegidas para que se permitan este tipo de actividades que son las más destructivas, es evidente este conflicto de interés», dijo Alejandro Olivera Bonilla, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.

«Es una ley bastante permisiva en las áreas naturales protegidas, permitiría el fracking y la minería, actuales amenazas para la biodiversidad», agregó el biólogo en entrevista con Sin Embargo.

Una opinión con la que coincide la Coalición Ciudadana opositora a la Ley General de Biodiversidad, que aglutina a más de 200 organizaciones, la cual acusó que, de acuerdo con diversas organizaciones civiles especializadas en asuntos ecológicos, permitirá que las empresas extractivas como mineras y gaseras exploten comercialmente reservas naturales, incluso mediante técnicas altamente contaminantes como el fracking.

«El jueves pasado trataron de pasar el dictamen sin tener el quórum adecuado, no les importó y trataron de pasar de manera ilegal esta ley», acusó Adelita San Vicente, integrante de la coalición.

«Se quieren apropiar, a través de esta ley, de los recursos energéticos que no sólo son de los pueblos originarios, sino del país; si ya hemos perdido soberanía con Pemex, con esto vamos a perder prácticamente todo», agregó por su parte, Carlos Ávila, académico de la Universidad Veracruzana.

«Desde su fundamentación permite el patentamiento de genes, plantas alimenticias y medicinales, cosméticos y del conocimiento indígena que las ha preservado por siglos», y a quienes «se les paga 700 pesos por hectárea de área protegida al año, y ahora las transnacionales harían un gran negocio».

Pero además, la Ley General de Biodiversidad también plantea que muchos de los recursos genéticos puedan ser utilizados con fines de lucro por parte del sector empresarial, lo cual compromete al patrimonio natural del país.

«Esta ley puede que afecte a organismos y microorganismos que pueden ser explotados por empresas. Loa recursos son del país, hemos perdido soberanía, con esta ley perderemos todo», agregó Carlos Ávila.

Para Óscar Vélez, de Revive México, otro de los peligros que encierra la ley es que incluso especies protegidas, como la tortuga marina, puedan ser cazadas y exterminadas, lo cual constituye un serio retroceso en la legislación de protección ambiental.

Además de las organizaciones, los mismos diputados federales se han pronunciado en contra de la ley. Esto, luego de que la Comisión de Asuntos Indígenas advirtió que de aprobarse la minuta de la Ley General de Biodiversidad, se estaría vulnerando la protección de los derechos de los pueblos indígenas, respecto a sus conocimientos tradicionales y recursos genéticos.

Los expertos de la Coalición Ciudadana señalaron que esta misma semana podría terminar por consumarse el albazo legislativo en la Cámara de Diputados, pese a las ilegalidades con que se dictaminó la minuta en comisiones.

La reforma laboral que acaba con los derechos de los trabajadores

Otro de los temas que ha levantado polémica es la aprobación de la continuación de la reforma laboral impulsada por Peña y Calderón, en la cual, se dan más facilidades para que los patrones realicen despidos a través de la subcontratación (outsourcing) y también pone diversas trabas para que los sindicatos puedan ejercer el derecho de huelga.

La reforma laboral impulsada por el PRI en el Senado -a través de los legisladores Isaías González Cuevas (CROC) y Tereso Medina (CTM)- ha sido cuestionada por expertos en materia laboral, debido a que vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, como la libertad sindical y el derecho a huelga, debido en buena parte, a que los Centros de Conciliación señalados en las leyes secundarias, establecen patrones y sindicatos corporativos, lo cual permitirá al gobierno controlar qué gremios podrán emplazar o no a huelga.

«El derecho de huelga por su naturaleza no es negociable. Se firma el contrato colectivo o se estalla la huelga, por lo tanto, darle a los Centros de Conciliación atribuciones para conciliar el conflicto es poner en manos de la autoridad la posibilidad de que impida el ejercicio del derecho de huelga», apuntó Alfonso Bouzas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y fundador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.

Esto coincide con una tendencia en que los derechos de asociación de los trabajadores se han erosionado para evitar que defiendan sus derechos laborales, frente a los abusos de las empresas, según señala un informe de la Organización de Naciones Unidas.

«El gobierno priísta optó por hacer nula la reforma constitucional de un año atrás, en contraposición de todas las voces que advirtieron sobre los graves riesgos que se tendrían no sólo para el país, sino también para su candidato presidencial José Antonio Meade, quien seguramente forma parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos», escribió el académico especialista en temas laborales, Arturo Alcalde Justiniani.

Según el experto, entre los principales peligros que encierra la reforma laboral impulsada por el PRI son:

1) Disuelve los derechos laborales fundamentales al liberar la subcontratación (outsourcing) y permitir que la responsabilidad de los patrones pueda ser trasladada libremente a un tercero (contratista) con la intención de abaratar el costo de la mano de obra.

2) Facilita el despido injustificado al derogar la obligación patronal contenida en la ley, de comunicarlo por escrito al trabajador, señalando sus motivos.

3) Reduce las indemnizaciones en caso de riesgo de trabajo, muerte e incapacidad.

4) Obstaculiza el derecho de libertad sindical y negociación colectiva violando el texto constitucional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), imponiendo una serie de obstáculos jurídicos y prácticos imposibles de cumplir para un sindicato autónomo, fuera del control empresarial.

5) Impide el ejercicio del derecho de huelga al imponer requisitos que no podrá cumplir un sindicato auténtico.

En este sentido, la Barra Mexicana de Abogados presentó un amparo contra la discusión, aprobación y eventual publicación de las leyes secundarias de la reforma laboral por parte del Congreso de la Unión, debido a que, legalmente, dicha reforma debía haber sido publicada a más tardar el 24 de febrero de 2018.

Fuente:https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/03/privatizar-el-agua-beneficiar-a-mineras-a-costa-de-la-biodiversidad-y-facilitar-el-despido-las-reformas-que-impulsa-el-congreso-en-campanas_a_23400978/

Terror y esclavitud moderna por parte de la minera canadiense Panamerican Silver, denuncian. Denuncia de desplazamiento Forzado y Despojo de Territorio, no ha sido considerada por Comisión Nacional de Derechos Humanos, denuncian.

Desde 1998 la minera canadiense llegó a asentarse en la comunidad, la Colorada, Municipio de Chalchihuites, en Zacateca, sin realizar ningún tipo de consulta.

“Llegaron ofreciendo promesas de mejoras en las escuelas, viviendas y generación de empleos, lo cual no sucedió. Sin embargo, comenzaron a generar división en la comunidad y a despojar poco a poco a las personas de propias casas, huertas y tierras de cultivo”, denunció , David Cayetano, Coordinador de la Red Internacional de Defensores de DH de los Pueblos Originarios.

El defensor relata que “fue en el año de 2014 cuando comenzaron la destrucción de las casas habitacionales de la comunidad, incluso sin importar que hubieran personas adentro, se les obligó a salir de ellas y la minera construyó una zona habitacional en donde se les obligó a vivir supuestamente en comodato, pero que ahora se les cobra una renta obligatoria”.

Agrega que las zonas habitacionales están vigiladas por personas armadas que trabajan para la minera y que les mantienen todo el tiempo hostigados y amenazados, están construidas con mallas y cámaras de seguridad como si fuera una prisión.

La minera les mató ganados y no les permite seguir con la agricultura, orillándolos a trabajar en ella.

Cayetano ejemplifica que “es el caso del presidente del concejo de ancianos, la persona más grande de la comunidad, que a raíz de lograr escriturar su terreno, dejaron su casa en medio de la construcción de la mina, impidiéndole el paso para salir de la comunidad y del camino rural, con ello también impidiéndole el servicio de agua”.

Agrega además que el señor tiene una tienda de la cual subsistía y que las personas de la mina han prohibido comprarle, solamente se les permite comprar a una tienda en específico que la mina administra.

Como consecuencia de tal hostigamiento, destrucción de la comunidad y el hecho de que no se les permite trabajar en la ganadería y agricultura, ha habido personas que se han tenido que desplazar a otras comunidades, Estados e incluso a Estados Unidos.

“Además como consecuencia de la contaminación generada por la emisión de químicos de la minera, ha habido muertes y afectaciones graves a la salud de niñas, niños y personas mayores”, denunció

Por lo anterior, indica el defensor “la Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios hace un llamado urgente a las instancias encargadas de velar y proteger los derechos humanos en México”.

La situación de “La Colorada” está llena de graves violaciones de lesa humanidad a los derechos humanos hacia las personas de esta comunidad, como es el caso del desplazamiento, despojo, e incluso podemos hablar de un forma de trata de personas y esclavitud, puesto que la mina está rigiendo la forma de vida, y condicionándola a obedecer sus órdenes y que tengan que trabajar y vivir como ellos lo digan.

“Actualmente la gente de “La Colorada” esta muy desesperada, ya que no confían tampoco con las instancias que su labor es velar los derechos humanos de los mexicanos”.

Omisiones de las autoridades del Municipio y del gobierno de Zacatecas.

Cayetano relata que desde el 2015 que fue el primer acercamiento ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas a la cual hicieron caso omiso para atender al caso de la comunidad.

Además agrega que el 14 de Septiembre del 2017 es cuando se emitió la denuncia ante la CNDH en la Dirección de Quejas sobre Asuntos Indigenas Cuarta Visitaduría General, pero que hasta la actualidad a pesar de las pruebas emitidas no existe alguna respuesta, ningun tipo de recomendación, ni llamados y sanciones hacia la empresa minera canadiense “Panamerican Silver o Plata Panamericana”.

Tampoco existe ninguna medida en contra de las instituciones gubernamentales involucradas en violentar los derechos territoriales, ambientales, culturales, sociales, económicos y humanos hacia la comunidad; relata

El defensor hace una puntualización de las omisiones de la justicia mexicana ante denuncias hechas con todas las formalidades jurídicas

1.-Denuncia ante el Ministerio público por el derrumbe de casas y robo de ganado, ante ello, el Ministerio Público nos dijo que no se podía realizar, ya que no contábamos con escrituras para demostrar que son nuestras tierras.

2.-Presentación de queja en la Secretaría de Economía por haber otorgado concesiones a la minera, basándose solamente en escrituras de otras tierras colindantes a nuestra comunidad, pero que no corresponden a las nuestras. Frente a la falta de respuesta se presentó un amparo indirecto.

3.-Presentamos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en principio no se nos recibió y después de seguir insistiendo la admitieron, pero no han dado ninguna respuesta.

4.-Actualmente nos encontramos en un juicio ante el Tribunal Agrario del cual estamos esperando el reconocimiento a la comunidad y anulación de falsas escrituras por parte de la mina.

Para finalizar señala que no se ha tenido mayor apoyo de las autoridades del municipio ni del gobierno de Zacatecas, todo lo contrario, se les han obligado a reuniones con la minera y firmar acuerdos que sólo benefician a la mina, y no les favorecen en nada a la comunidad, además ha habido apoyo de las autoridades del municipio a la mina, permitiéndoles funcionar como ellos quieran, a pesar de que se les esté violentando.

Además agrega que el 14 de Septiembre del 2017 es cuando se emitió la denuncia ante la CNDH en la Dirección de Quejas sobre Asuntos Indigenas Cuarta Visitaduría General, pero que hasta la actualidad a pesar de las pruebas emitidas no existe alguna respuesta, ningun tipo de recomendación, ni llamados y sanciones hacia la empresa minera canadiense “Panamerican Silver o Plata Panamericana”.

Tampoco existe ninguna medida en contra de las instituciones gubernamentales involucradas en violentar los derechos territoriales, ambientales, culturales, sociales, económicos y humanos hacia la comunidad; relata

El defensor hace una puntualización de las omisiones de la justicia mexicana ante denuncias hechas con todas las formalidades jurídicas

1.-Denuncia ante el Ministerio público por el derrumbe de casas y robo de ganado, ante ello, el Ministerio Público nos dijo que no se podía realizar, ya que no contábamos con escrituras para demostrar que son nuestras tierras.

2.-Presentación de queja en la Secretaría de Economía por haber otorgado concesiones a la minera, basándose solamente en escrituras de otras tierras colindantes a nuestra comunidad, pero que no corresponden a las nuestras. Frente a la falta de respuesta se presentó un amparo indirecto.

3.-Presentamos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en principio no se nos recibió y después de seguir insistiendo la admitieron, pero no han dado ninguna respuesta.

4.-Actualmente nos encontramos en un juicio ante el Tribunal Agrario del cual estamos esperando el reconocimiento a la comunidad y anulación de falsas escrituras por parte de la mina.

Para finalizar señala que no se ha tenido mayor apoyo de las autoridades del municipio ni del gobierno de Zacatecas, todo lo contrario, se les han obligado a reuniones con la minera y firmar acuerdos que sólo benefician a la mina, y no les favorecen en nada a la comunidad, además ha habido apoyo de las autoridades del municipio a la mina, permitiéndoles funcionar como ellos quieran, a pesar de que se les esté violentando.

Fuente:https://regeneracion.mx/minera-destruye-casas-y-esclaviza-poblacion-en-zacatecas/