El aspirante a la Alcaldía de La Paz por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Acuña González, sentenció que quien sea el próximo abanderado de este instituto político, debería pronunciarse en contra de la Minería en Baja California Sur, pues aseguró que es un tema que rebasa el rubro electoral.
“Quien sea favorecido como abanderado a la alcaldía de La Paz por el Movimiento Regeneración Nacional, deberá pronunciarse en contra de la minería tóxica”, aseguró Acuña González.

El aspirante, reiteró que el tema de la Minería Tóxica es algo que rebasa cualquier interés político o electoral, por lo que sentenció que todos aquellos candidatos que estén participando no sólo dentro de Morena, deberían manifestarse contra los proyectos que promuevan o apoyen esta actividad.

“Rechazo todos aquellos proyectos que contaminen los recursos naturales de este municipio de La Paz”, al tiempo que aseguró que los militantes morenistas, rechazan todos aquellos planes que impactan en la naturaleza de Baja California Sur pues además, estos derivarían en un problema de salud pública también.

Marcos Acuña González, quien es aspirante a la presidencia municipal de La Paz para el próximo periodo que concluirá hasta el 2021, señaló que el próximo alcalde, sin importar el partido político al que pertenezca, deberá tener un programa de desarrollo en el cual incluya alternativas distintas para impulsar el desarrollo del municipio, sin tomar en cuenta los proyectos mineros.

Finalmente, al ser cuestionado sobre su competidor de contienda, Rubén Muñoz Álvarez, a quien se la ha vinculado anteriormente, a favor de los proyectos mineros, Acuña se limitó a responder lo siguiente: “Yo opino de lo que yo sé sobre este tema, mas no puedo saber quiénes están representado estos intereses en el municipio de La Paz”.

Fuente:http://www.bcsnoticias.mx/morena-ira-mineria-toxica-la-paz-candidato-debera-compartir-esta-idea/

Las regiones boscosas en México se encuentran en el centro de disputa territorial ante la expansión de la industria minera. En el país latinoamericano existen actualmente 895 proyectos mineros y un 58% de la cobertura forestal mexicana (64.5 millones de hectáreas) es afectada por las concesiones extractivas en todo el país.

Jalisco es el estado con mayor injerencia de la industria minera en regiones boscosas (41 concesiones), seguido de Chihuahua (53), Durango (32), Sonora (56) y Sinaloa (78). En conjunto dichos estados ceden 8.4 millones de hectáreas de su territorio para empresas mineras tanto nacionales como trasnacionales.

Debido a su crecimiento exponencial, la industria minera en México genera conflictos socioambientales que van desde la contaminación de aguas y devastación de los territorios, hasta asesinatos y desplazamiento forzado de comunidades enteras.

No obstante los marcos jurídicos nacionales e internacionales suscritos por México, los derechos de las comunidades son violentadas y se les niega el derecho a su libre determinación o se simulan procesos de consulta que permiten la legitimación y desarrollo de los proyectos mineros. Desde el año 2000 existe registro del crecimiento exponencial en el número de concesiones mineras otorgadas por el Estado mexicano quien además aprobó la Ley Minera que enfatiza el carácter preferente de la actividad minera por sobre otros usos de los bienes naturales.

“Territorios forestales comunitarios amenazados por la minería en México” se titula la investigación que señala que más de 16 millones de hectáreas de bosques y selvas en el país norteamericano, 44% del total de proyectos mineros a nivel nacional, se encuentran concesionadas o asignadas para el desarrollo de actividades mineras, ya sea en fase de exploración, desarrollo o explotación.

El informe también destaca que los 11,843 núcleos agrarios forestales reconocidos en México, poco menos de la mitad, 4,997 tienen una fracción de su territorio concesionado; inclusive existen traslapes entre concesiones y Áreas Naturales Protegidas (2 mil 521 concesiones mineras en 4 millones de hectáreas); predios que reciben Pagos por Servicios Ambientales (mil 243 concesiones mineras en 434,483 ha) y/o con Aprovechamiento Forestal Maderable (3 mil 742 concesiones mineras en 12.6 millones ha).

Fuente:http://movimientom4.org/2018/04/mineria-en-mexico-invade-bosques-y-selvas/

El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio denunciaron que las autoridades del estado de Durango favorecen a la empresa The Chemours Company que pretende llevar a cabo el proyecto Chemours Laguna, que consiste en la instalación y operación de una planta química que producirá alrededor de 65 mil toneladas de cianuro de sodio anualmente, en una superficie de 11.7 hectáreas de la localidad Pueblo Nuevo (El Siete), en el ayuntamiento de Gómez Palacio.

En tanto, el Gobernador de Durango, el panista José Rosas Aispuro Torres, insistió que el proyecto de cianurono causará daños a la salud ni al medio ambiente en ese municipio.

El Gobernador de Durango, el panista José Rosas Aispuro Torres, aseguró que el proyecto Chemours Laguna, que consiste en la construcción de una planta de cianuro en Gómez Palacio, no causará daños a la salud ni al medio ambiente en el municipio, según medios de comunicación locales.  Sin embargo, de acuerdo con los opositores, omitió que en la página 314 de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por The Chemours Company, la propia empresa encargada del proyecto, se señala que durante la operación de la planta se presentarían altos riesgos de contaminación.

–Riesgo ambiental por el evento catastrófico proveniente del manejo de gas natural, amoniaco y cianuro de sodio.

–Riesgo de emisiones de gases de cola potencialmente tóxicos a la atmósfera.

–Emisiones a la atmósfera de contaminantes provenientes del flare y la chimenea que incluyen óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono.

–Potencial de contaminación del suelo por derrame de agua contaminada con sustancias químicas.

Ante este panorama, Gustavo Lozano, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), dijo en entrevista para SinEmbargo que “una de dos: o el Gobernador es muy ingenuo o no conoce de plano el proyecto, porque la propia empresa ha dicho ante las autoridades que sí existen riesgos”.

También afirmó que el Gobernador no atiende a los reclamos de la población.

“Lo que hemos visto es un Gobierno muy parcial decantado a los intereses del capital, en donde sus subalternos parece que trabajan para la empresa y no para gobernar con vocación en atención a la ciudadanía”, criticó.

A sólo unos metros de donde los habitantes de la comunidad de El Siete crían a sus hijos, la empresa estadounidense inició las labores para instalar la planta de cianuro.

Recientemente, el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio denunciaron que las autoridades del estado de Durango favorecen a la empresa The Chemours Company que pretende llevar a cabo el proyecto Chemours Laguna que consiste en la instalación y operación de una planta química que producirá alrededor de 65 mil toneladas de cianuro de sodio anualmente, en una superficie de 11.7 hectáreas de la localidad Pueblo Nuevo (El Siete), en Gómez Palacio.

También la Rema y Acción Colectiva se han movilizado desde hace varios meses para detener el proyecto, pues acusan, el proceso para su aprobación ha estado “plagado de irregularidades” y fue la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la que lo autorizó “indebidamente” el 8 de mayo del año pasado.

“Entendemos que las autoridades promuevan el desarrollo de sus estados a través de ciertas inversiones, lo que nos parece que está fuera de la legalidad y que sale de las atribuciones del Gobierno es promover a toda costa cualquier tipo de inversión, incluso aquella a la que sus poblaciones rechazan abiertamente”, apuntaló Lozano.

En agosto, tres meses después de la aprobación, siete representantes de las comunidades inconformes acudieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a demandar la nulidad de la resolución a través de la cual se autorizó en materia de impacto y riesgo ambiental el proyecto.

No obstante, Lozano informó que el 25 de septiembre, el Tribunal desechó la demanda al considerar que los demandantes no tenían interés legítimo para presentarla. Después, los siete demandantes respondieron con un recurso de reclamación el 17 de octubre, mismo que fue admitido el 27 de noviembre, sin embargo, hasta la fecha, recrimina el activista, “el Tribunal ha guardado silencio”.

“Está muy raro porque cuatro meses ya no es un tiempo razonable sin respuesta”, dijo.

Los pobladores y las organizaciones civiles han reiterado que “el cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y su producción en La Comarca Lagunera podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas”.

SUSPENDEN PROVISIONALMENTE LA OBRA

El pasado 16 de marzo, diarios locales dieron a conocer que el Juez Tercero de Distrito en La Laguna José de Jesús Rosales Silva dictaminó suspender de forma provisional la construcción de dicha planta, luego de que la asociación civil Pro Defensa del Ciudadano demandara.

Durante una gira de trabajo por Gómez Palacio, el Gobernador se pronunció sobre la posible resolución del Juez para reanudar o no la construcción de la planta. “Estamos seguros de que será a favor de la empresa”, afirmó ante los medios.

El Frente lamentó las declaraciones y afirmó que con sus dichos “el Gobernador desconoce la división de poderes y la independencia judicial y reafirma su talante autoritario y antidemocrático”.

“Para el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio esta claro que el Gobernador ha priorizado su relación con la empresa The Chemours Company en oposición al bienestar de la población gomezpalatina”, apuntaló a través de un comunicado.

Por ello, Lozano solicitó al Juez Rosales Silva “que no se deje intimidar por el poder del Gobierno estatal ni por el tamaño de la empresa […] El llamado es que conduzca y resuelva con estricto apego a derecho. Pedimos que no se reanuden las obras para poder discutir sobre la legalidad de los permisos”.

Cabe destacar que la empresa ya intentó construir la misma planta en San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, pero el proyecto fue detenido gracias a la oposición de los habitantes y de organizaciones civiles.

Después, sin consultar a las comunidades y con el apoyo de las autoridades, la empresa con sede en Estados Unidos pretende imponerse en el poblado duranguense, en donde según Lozano, ya avanzó el 80 por ciento de la construcción. En junio, The Chemours Company, el Gobernador y la Alcaldesa colocaron la primera piedra de la planta.

En El Siete hay preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, así como una clínica del Seguro Social. La gente teme que todo desaparezca con la fábrica. Foto: Francisco Rodríguez, Vanguardia

AUTORIDADES CRIMINALIZARON Y REPRIMIERON

Los inconformes acusan que José Rosas Aispuro Torres y Juana Leticia Herrera Ale, presidenta municipal de Gómez Palacio, se han encargado de reprimir y criminalizar a los pobladores que, en su intento por defender el territorio, la salud y el medio ambiente del poblado, han emprendido manifestaciones pacíficas.

El pasado 9 de marzo, en la comunidad de La Aurora, las fuerzas de seguridad de Gómez Palacio y de Durango reprimieron de manera violenta a más de mil pobladores que se manifestaban en contra del proyecto.

Los inconformes provenían de las comunidades de El Volado, Abisinia, América Uno, Numancia, San Roque, Cuatro de Diciembre, La Aurora, Las Lechuzas, Sierra Hermosa, Las Playas, Noé, Poanas, Dolores, La Plata, La Mina, Colonia 6 de Julio, Estación Noé, María Antonieta, Brittingham, Martha y Pueblo Nuevo (El Siete), convocados por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio.

Los manifestantes comenzaron a concentrarse en el ejido La Aurora cerca de las 5 de la mañana. Al poco tiempo llegaron policías municipales y alrededor de las 10 de la mañana arribó un grupo de granaderos que atacó a las personas que se encontraban al frente de la protesta.

El saldo de la protesta reprimida derivó en 49 personas arrestadas, entre ellas, cinco menores de edad y 15 mujeres, además de una veintena de hospitalizados.

Actualmente, todas las personas detenidas aquel día han recobrado su libertad, pero continúan bajo proceso por motín, ataque a las vías de comunicación, lesiones y daños. Por ello, Lozano exigió a las autoridades que los cargos sean retirados.

INCONFORMES SE REUNEN CON ALCALDESA

En reciente reunión con la Alcaldesa Herrera Ale, representantes del Frente Unido remarcaron la “clara oposición” que mantienen hacia el Proyecto Chemours Laguna, además de la inconformidad de las comunidades de Gómez Palacio tras la represión de hace tres semanas.

Los representantes del Frente también recriminaron que a raíz de la resistencia al proyecto han sido tratados con “indiferencia” por parte de las autoridades municipales y estatales.

“Integrantes de la comunidad expresaron su molestia amplia hacia ella y hacia el Gobierno del estado porque durante meses dejaron que este asunto creciera sin que fuera atendido”, dijo Lozano respecto al encuentro.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/03/el-gobernador-de-durango-finge-analisis-prueba-que-la-planta-de-cianuro-es-un-grave-riesgo-rema/