Argentina

En India, una misión argentina expondrá sobre la minería

La Argentina inicia hoy una misión minera a la India para profundizar la relación en el sector, posicionar al país como futuro proveedor de cobre ante la creciente demanda proyectada para la próxima década y presentar las oportunidades de inversión en exploración en el territorio nacional.

El viaje de la delegación, que estará encabezada por el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello (foto), se concreta a pocas semanas de una visita a la Argentina de un centenar de empresarios indios en búsqueda de explorar oportunidades de negocios en distintas ramas de bienes y servicios.

En este caso, la decisión de viajar a la India con una agenda exclusivamente minera es “mostrar las oportunidades de inversión en los siete pórfidos de cobre que están muy cerca de ponerse en marcha e invitarlos a sumarse a los proyectos de exploración en carpeta”, explicó Capello desde Nueva Dehli. (Télam)

Fuente:https://www.lagaceta.com.ar/nota/764018/actualidad/india-mision-argentina-expondra-sobre-mineria.html

Ecuador

Hablan sobre los problemas mineros de la provincia

Entidades de minería estuvieron presentes. Es la tercera reunión que se cumple.

Con la finalidad de seguir avanzando con los diálogos y encontrar soluciones al problema de la minería en esta provincia oriental, se efectuó la tercera reunión de diálogo minero. En esta ocasión se conformó cuatro mesas de trabajo: técnica, legal, ambiental, y social.  En total fueron 25 personas las que conformaron cada mesa con el objetivo de encontrar soluciones.

 

En el evento estuvieron presentes autoridades del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, representantes de los Ministerios de Minería, y del Ambiente, de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP) y otras instituciones más.

 

Ordenamiento territorial

El prefecto Salvador Quishpe Lozano, enfocado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la provincia vigente desde 2012, dejó claro que existen áreas de producción, turismo, zonas hídricas y que para minería están destinadas zonas como Nambija, Chinapintza y sus alrededores.  Es por eso que exhortó a considerar dentro de las áreas de conservación, la reserva parroquial Amuicha-Entsa, reserva municipal Yacuambi y el alto Nangaritza.

 

Posición

Además el prefecto manifestó que existe preocupación porque no se respeta el Plan de Ordenamiento Territorial, “hacen minería donde quiera, desde 2005 se escucha a los representantes de las instituciones decir que en Ecuador se hace una minera responsable, al parecer es sólo discurso porque en la práctica todo el territorio en Zamora Chinchipe está concesionado para minería metálica, nos están engañando, están dando prioridad al capital sobre el ser humano, cuando debería el ser humano primero luego el capital”, criticó Quishpe.

 

Dio a conocer también, que parte de los territorios concesionados en donde vive la nacionalidad Shuar y del pueblo Saraguro, han sido desplazados violando los derechos que garantiza la Constitución.

 

“Esa lógica responde a lo mismo de hace 526 años donde con uno y otro pretexto nos expulsaron de nuestros espacios, el colonialismo territorial no ha parado durante este tiempo”, señaló Salvador Quishpe Lozano.

 

Conclusiones

Una de las propuestas en el ámbito ambiental fue que se prohíba la entrega de concesiones en ecosistemas frágiles y nacimientos de agua. Otra fue que se excluya de las áreas para realizar minería a las reservas naturales Amuicha-Entsa , alto Nangaritza entre otras

 

Así mismo se planteó que no se exija licencia ambiental a los pequeños mineros y mineros artesanales como requisito para obtener una concesión, sino que se pida una ficha ambiental. (MJE).

Tome nota:

Se prevé que para este mes se realice una próxima reunión y en mayo presentar resultados finales.

 

Fuente:https://lahora.com.ec/zamora/noticia/1102141838/hablan-sobre-los-problemas-mineros-de-la-provincia

Argentina

El intendente de Esquel reafirmó su postura: “Queremos ser una ciudad sin minería”

En el discurso de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, afirmó “queremos ser una ciudad sin minería” y agregó “voy a respetar lo que el resto de los chubutenses decida en cada una de sus ciudades”, pero sostuvo finalmente que “Esquel ya debatió y decidió en el 2003”.

En su discurso que duró una hora, el mandatario municipal también analizó y detalló algunos de los logros obtenidos en lo que va de su gestión. Entre ellos mencionó la modernización del sistema de cobro de los impuestos municipales; la regularización de asociaciones vecinales; el acondicionamiento del edificio de la terminal de ómnibus y el cercado perimetral; la licitación de las líneas 2 y 3 del transporte público urbano, después de 20 años; la entrega de la segunda etapa de los microcréditos, destinados a la ampliación de viviendas, financiado por Nación; las gestiones para la instalación del parque industrial.

Ongarato también resaltó el incremento de la actividad cultural en la ciudad, que tiene como objetivo, a través políticas de educación y contención social, mantener a la sociedad alejada de los problemas de violencia y adicciones; el posicionamiento de Esquel como mercado turístico-deportivo, hecho que impulsó la necesidad de mejorar la conectividad con la reconstrucción de la ruta 40, tramo Esquel-El Bolsón y la ampliación refacción del aeropuerto.

Fuente:http://www.radionacional.com.ar/queremos-ser-una-ciudad-sin-mineria/

Argentina

Para Ricardo Villalba la ley de Glaciares está en riesgo

La Justicia Federal cuestionó el inventario de glaciares y eso hace peligrar la vigencia de la ley. Ricardo Villalba habló con MDZ Radio, luego de que se ratificara su procesamiento.

La causa iniciada por un derrame de cianuro en la mina Veladero, en San Juan, tomó un destino insólito: la justicia federal procesó y embargó a Ricardo Villalba, uno de los principales científicos argentinos y promotor de la ley de protección de glaciares, a quien acusan como cabeza del IANIGLA por no haber tenido en cuenta a los glaciares de menos de una hectárea en el inventario nacional de glaciares. Villalba, que entre otras cosas es Nóbel de la Paz como parte del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, rompió el silencio en MDZ Radio y explicó por qué la acusación puede terminar con un tiro por la culata: que se caiga todo el inventario de glaciares y la misma ley que protege a esa reserva hídrica. «Queda en riesgo el futuro del inventario y si pasa eso queda en riesgo la ley de protección de glaciares. Esto que se inicia como un movimiento ambientalista para criticar al IANIGLA por no tener en cuenta a esos pequeños cuerpos de hielo, puede terminar en una situación crítica que pone en riesgo la permanencia de la ley de glaciares en el país», aseguró el científico en la entrevista realizada en el programa La Mesa MDZ.

«El Ianigla, que ha mantenido la bandera de la protección de glaciares y la cordillera, queda involucrado en una causa en la que se sostiene que la forma en la que hemos procedido a realizar el inventario favorece a las compañías mineras. El problema es que la justicia no establece límites entre lo que es la ley y lo que es el inventario. La ley establece que todos los glaciares están protegidos, no solo los del inventario», explicó Villalba. La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el procesamiento del científico y mantuvo un embargo por 5 millones de pesos y la prohibición para salir del país por «abuso de autoridad» e incumplimiento de los deberes de funcionario. Más allá de ello, Villalba entiende que ese procesa afecta a la institución científica más a él en persona.

 

El principal cuestionamiento de la Justicia al inventario es que no se tuvieron en cuenta los cuerpos de hielo de menos de una hectárea. El científico aseguró a MDZ que se tomó ese parámetro como una medida técnica y siguiendo estándares internacionales. Y, una vez más, aclaró que eso no le quita protección a los cuerpos de hielo.

En total se inventariaron 16.000 glaciares. Más de 5700 kilómetros cuadrados de hielo. Significa más de 100 veces la superficie de la Ciudad de Mendoza

– ¿Por qué se cuestiona el límite de una hectárea?

– El problema es que la justicia no establece límites entre lo que es la ley y lo que es el inventario. La ley establece que todos los glaciares están protegidos, no solo los del inventario. Como el inventario comienza a partid de glaciares de una hectárea . En Suiza por ejemplo, hacen los inventarios a partir de 10 hactáreas, en Francia a partir de 5 hectáreas, igual que en Canadá. Nosotros basados en estándares internacionales, en datos de Unesco, en estudios de colegas de Chile, lo hicimos a partir de una hectárea. Es una metodología internacional. Dadas las imágenes satelitales, las limitaciones técnicas en 4 mil kilómetros de cordillera, es imposible de destacar un detalle mayor. Se mezcla todo. La posición (de la justicia) es que un glaciar que no ha sido inventariado no está protegido, y no es así. En ningún momento el inventario indica que los glaciares no inventariados no están protegidos. Por el contrario, todos los glaciares están protegidos por la ley. El inventario requiere fijar una dimensión mínima de la cual comenzar a trabajar. Hay que fijar un límite desde el cual comenzar a trabajar. La comunidad científica estableció que es una hectárea. A dimensiones pequeñas el riesgo de cometer errores es mayor. Las dudas a partir de las imágenes es más grande, los riesgos son más grandes que los datos que pueda obtener.

– ¿A qué atribuye el camino que tomó la justicia?

– La causa que se inicia por los derrames va a la justicia federal a Buenos Aires. Esa casusa se desdobla y toda la parte asociada a San Juan, a la empresa y a la autoridad competente vuelve a San Juan y tengo entendido que la mayor parte de esas personas fueron sobreseídas. La otra parte de esta causa queda en Buenos Aires y ahora se trata de explicar que la forma de inventariar del Ianigla es la responsable de los derrames en San Juan. Resulta muy difícil de establecer esta relación, no hay ninguna causalidad en esta situación. Estamos sorprendidos, no sabemos cuáles son las razones que están atrás de esta situación particular. Sin duda quien ha hecho más por la protección y el conocimiento de los glaciares que en este momento se ve involucrada y se la acusa de favorecer a la actividad minera en San Juan.

– ¿En lo personal cómo lo afecta?

– La situación ha sido schokeante a escala internacional. Las dos revistas de ciencia más importante, como Nature y Science, han tomado el tema; el Consejo Internacionl de Ciencia envió al ministro de Ciencia una nota en la que manifiesta la preocupación por este caso. Es situación totalmente irregular, donde la aplicación de un método científico es juzgado desde una oficina en Buenos Aires. Sin haber estado nunca en un glaciar, sin saber lo que es un glaciar determinan que hubo un error. En este momento les cuento con orgullo que el IANIGLA está finalizando el inventario de glaciares. Son 16.000 glaciares inventariados en el país. Son más de 5700 kilómetros cuadrados de hielo relevados. Significa más de 100 veces la superficie de la Ciudad de Mendoza. Este trabajo no tiene precedentes. Nunca la Argentina tuvo un trabajo de esta calidad, usando la metodoliogía y avales internacionales. Tenemos avales del Inventario Mundial de Glaciares. Tenemos notas de apoyo que hemos hecho llegar a la justicia.

– ¿Puede hacer caer el inventario?

-Sería lamentable, pero es un riesgo. De continuar en esa posición, todo lo hemos explicado al juez y la cámara y nadie quiere escuchar ni ver. Va a llegar a una situación donde se va a poner en juicio la calidad del trabajo realizado por el Ianigla, con estándares internacionales, con revisores internacionales. Queda en riesgo el futuro del inventario y si pasa eso queda en riesgo la ley de protección de glaciares. Esto que se inicia como un movimiento ambientalista para criticar al IANIGLA por no tener en cuenta a esos pequeños cuerpos de hielo, puede terminar en una situación crítica que pone en riesgo la permanencia de la ley de glaciares en el país.

 

Fuente:https://www.mdzol.com/video/784346-para-ricardo-villalba-la-ley-de-glaciares-esta-en-riesgo/

Guatemala

Constitucional de Guatemala evaluará existencia de etnia xinca opuesta a mina

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la máxima magistratura del país, solicitó estudios antropológicos y ambientales a una universidad pública y otra privada para determinar el daño a la naturaleza y la existencia de la etnia xinca en los municipios aledaños a la Mina San Rafael.

En una conferencia de prensa, el secretario del Constitucional, Martín Guzmán, indicó que los magistrados aún no contaban con la resolución de si debe o no volver a operar mientras se realiza una consulta obligatoria a la población indígena xinca que presuntamente habita las comunidades alrededor del proyecto extractivo.

En 2012, los siete poblados alrededor del proyecto realizaron una consulta comunitaria “libre e informada” cuyo resultado fue un 98,2 por ciento en contra de la operación del proyecto El Escobal de la Minera San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, el cual no fue vinculante a nivel legal.

Guzmán dijo este miércoles que los magistrados solicitaron “más insumos” para resolver una decisión que calificó de “compleja”, por lo que pidió estudios antropológicos del municipio San Rafael Las Flores, en el oriental departamento suroriental de Santa Rosa, a las universidades de San Carlos (autónoma) y Del Valle (privada) para comprobar la existencia de los xincas.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, establece el derecho de los pueblos de ser consultados por los gobiernos acerca de proyectos que tengan un impacto en su comunidad.

El Constitucional también requirió además una “opinión versada, en forma separada” a cada una de las dos universidades, sobre si las medidas de mitigación provistas por la entidad minera son “suficientes” para “evitar la contaminación de las aguas superficiales y del medio ambiente en general”, mencionó Guzmán.

Este jueves las partes del proceso, tanto como los centros de estudio, serán notificadas para que puedan cumplir con lo requerido “en un plazo prudente”.

El portavoz de Minera San Rafael, Andrés Dávila, lamentó la disposición del máximo tribunal, pues advirtió a la radio local Emisoras Unidas que “mucho de lo indicado hoy ya obra en los más de 700 folios del expediente, por lo que nos preocupa que esta solicitud atrase una decisión que le cuesta diariamente al país 5,1 millones de quetzales que dejan de entrar a la economía nacional”.

Por su parte, el asesor jurídico del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS), Rafael Maldonado, dijo al mismo medio que era “adecuado” que se haya emitido dicho fallo, pues Minera San Rafael “tiene un proceso en la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente por contaminación industrial del agua desde el año 2012”.

La resolución del Constitucional también pide al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que remita al ente el “instrumento de evaluación ambiental aprobado por el ministerio, sobre el proyecto exploración solicitado por San Rafael”, mencionó el portavoz del tribunal, Santiago Palomo Vila.

El pasado mes de julio, la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender temporalmente las operaciones al no haber consulta previa, pero esa decisión fue apelada ante el tribunal Constitucional por la minera y la máxima instancia jurídica no ha resuelto el caso.

La Cámara de Industria de Guatemala presentó a principios de febrero un memorial pidiendo a los magistrados que emitan una sentencia por este caso.

Debido a esta situación de incertidumbre, la compañía rescindió el contrato a 250 trabajadores el mes pasado, con la intención de recontratarlos cuando se resuelva la situación.

Según información de Tahoe Resources, El Escobal es considerada una de las más grandes del mundo y cuenta con reservas por 23,7 millones de toneladas y unas 267,5 millones de onzas.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/guatemala/item/39619-constitucional-de-guatemala-evaluara-existencia-de-etnia-xinca-opuesta-a-mina

Argentina

Por no cumplir la ley

Tres ex secretarios de Ambiente (Omar Vicente Judis, Sergio Gustavo Lorusso y Juan José Mussi) y el científico Ricardo Villalba serán llevados a juicio por infringir la Ley de Glaciares.

En una medida inédita, la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de tres ex secretarios de Ambiente (Omar Vicente Judis, Sergio Gustavo Lorusso y Juan José Mussi) y del científico Ricardo Villalba por haber incumplido con la Ley de Glaciares (que prohíbe las actividades extractivas en los cuerpos de hielo). La causa, impulsada por la Asamblea de Jáchal luego del derrame de la empresa Barrick Gold en San Juan, investiga las responsabilidades políticas y técnicas que impidieron relevar los glaciares y posibilitan la minería en zonas prohibidas.

Los jueces federales Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron la decisión de su colega de primera instancia Sebastián Casanello, que en noviembre pasado había procesado a los tres ex secretarios de Ambiente por el incumplimiento de la Ley 26.639 (Ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial). También había procesado a Ricardo Villalba, director del Ianiglia (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología, y Ciencias Ambientales), responsable de relevar los glaciares.

Los cuatro procesados apelaron la medida. Pero los jueces de la Cámara Federal confirmaron la existencia de elementos suficientes para que la causa avance, trabar embargos de hasta cinco millones de pesos y prohibir la salida del país de los acusados.

El fallo, de nueve páginas y fechado el 5 de marzo, responde uno a uno los argumentos de apelación. Sobre los ex secretarios de Ambiente coincide en que no cumplieron con su obligación. “Se encuentra suficientemente acreditado que durante su desempeño (del secretario Juan José Mussi) no existió acción efectiva alguna dirigida a dar operatividad a la ley”, señala el fallo, que en base a documentación interna del Gobierno confirma que los secretarios de Ambiente sabían que no se cumplía la legislación vigente.

Sobre el secretario de Omar Judis, el fallo sostiene: “Durante todo su mandato (de diciembre de 2013 a marzo de 2015) no se avanzó en ninguno de los aspectos necesarios para lograr la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial”. Sobre Sergio Gustavo Lorusso afirma que tiene “responsabilidad por omitir llevar adelante concretas medidas orientadas a cristalizar los postulados de la ley por cuya efectividad le competía velar”.

La sentencia destaca que “recién en diciembre de 2015 se aprobaron los procedimientos administrativos para la publicación del Inventario Nacional de Glaciares incluyéndose en esa misma fecha tan solo 9 de las 70 subcuencas objeto de inventario”.

Domingo Jofré, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, afirmó que “es esperanzador el fallo porque confirma el procesamiento de quienes han incumplido la ley, justamente ellos que debían proteger los glaciares”. También recordó que la minera Barrick Gold no puede operar en San Juan (proyecto Veladero y Pascua Lama), “donde destruyó glaciares y contaminó con derrames de cianuro”. Repudió, y pidió condena, para los “sucesivos funcionarios que actuaron y actúan como garantes de impunidad de las multinacionales mineras”. Recordó la exigencia básica de la asamblea sanjuanina: que se cumpla la ley.

La situación de Villalba, director del Ianiglia, ameritó una reacción mediática y científica en bloque, donde se acusó al juez Casanello de “perseguir a la ciencia”. La Asamblea de Jáchal lo aclaró en reiteradas oportunidades: no denuncian a Villalba por ser científico, sino por su accionar incorrecto como funcionario de aplicación de la ley.

El fallo de segunda instancia cuestiona que Villalba haya decidido sólo medir glaciares de más de una hectárea de superficie. “Si bien los argumentos desarrollados en su defensa apuntan a explicar que dicha base responde al método que se sigue en otros países y resulta práctica para su unificación con los criterios de medición internacionales, debe decirse que la Ley Nacional no fue dictada teniendo en miras tales objetivos sino la ‘protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad. Los glaciares constituyen bienes de carácter público’”.

Según la ley, se entiende por glaciar “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación”. Villalba deso- yó esa definición.

El abogado Enrique Viale, copatrocinante de la asamblea, celebró la decisión de la Cámara Federal: “Es un gran espaldarazo para un pleno y efectivo cumplimiento de la Ley de Glaciares y cierra el camino a una modificación por decreto de la norma, como pretenden el Gobierno y las mineras”. Explicó que la causa sigue rumbo a juicio, aunque faltan etapas de prueba, y señaló que también se investiga el accionar del actual ministro de Ambiente, Sergio Bergman, bautizado en las asambleas socioambientales como “el mejor lobbysta de la mineras”.

Los procesamientos se basan en la infracción al artículo 248 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales (…) o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/100060-por-no-cumplir-la-ley

Argentina

Nación busca avanzar con la minería en las zonas donde existen glaciares

El secretario de Minería, Daniel Meilán, anunció que comenzará un trabajo amplio para debatir el texto de una eventual reforma a Ley de Glaciares que contemple las actividades extractivas. Ratificó también que el Gobierno nacional remitirá al Congreso para su ratificación el Nuevo Acuerdo Federal Minero firmado con diecisiete provincias. Una de las que rechazó suscribirlo fue Chubut.

El secretario de Minería, Daniel Meilán, ratificó ayer que el Gobierno nacional en las próximas semanas remitirá al Congreso para su ratificación el Nuevo Acuerdo Federal Minero firmado con 17 provincias, y al mismo tiempo comenzará un trabajo amplio para debatir el texto de una eventual reforma a Ley de Glaciares que contemple las actividades extractivas.

Así lo planteó Meilán en diálogo con Télam a pocas horas de llegar desde Toronto donde participó de la convención anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) y de la Cumbre Internacional de Ministros de Minería, junto a los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, de Catamarca, Lucía Corpacci, y de Jujuy, Gerardo Morales.

“Lo primero que se puede destacar de este encuentro es que la Argentina entró claramente en el radar de las inversiones, y así pudimos ratificarlo en este foro que es el más importante del mundo en la búsqueda de exploración minera”, explicó el secretario al resaltar que el país requiere entre US$ 300 y US$ 500 millones en exploración al año para acelerar el proceso de desarrollo minero.

En el encuentro, Argentina logró “el reconocimiento de que fue el país que más creció en inversión de exploración entre 2016 y 2017. Es un indicio muy importante que nos permite advertir el interés de muchas empresas por llegar al territorio argentino y de otras que estuvieron hace 20 años y hoy quieren volver”.

Como conclusión de sus presentaciones y reuniones Meilán afirmó: “la vedette argentina fue el litio y sus grandes oportunidades de desarrollo por los próximos años”, un punto sobre el cual reiteró: “para 2020, Argentina está en condiciones de ser el primer productor mundial”.

En sus encuentros con inversores, el secretario recordó el carácter federal de la organización institucional argentina, al igual que Canadá y Australia que son dos de los grandes gigantes mineros del mundo, y afirmó que este mes el Gobierno nacional enviará al Congreso el Nuevo Acuerdo Federal Minero que firmaron a mediados de junio el presidente Mauricio Macri y diecisiete gobernadores.

“Estamos hablando con las autoridades de la comisión de Minería del Senado para analizar el momento oportuno de ingresar el Acuerdo”, explicó Meilán al referirse al documento que además deberá ser ratificado o rechazado por cada uno de los legislativos provinciales y para lo cual anticipó la firma del gobernador de La Rioja, Sergio Casas.

Para Meilán, la ratificación del Acuerdo “es asegurar a los inversores internacionales que la Argentina no va a cambiar más las reglas de juego, que el país aprendió de sus errores y más allá de las cosas que se hicieron mal es la oportunidad de hacer las cosas bien”.

“Lo principal es crear escenarios de previsibilidad con el objetivo de buscar el desarrollo con equidad y el acuerdo busca compromiso, confianza, seguridad, gestión eficiente”, explicó al señalar que el documento busca “armonizar la minería en su tratamiento jurídico, administrativo, comunitario y ambiental”.

Fuente:https://www.elpatagonico.com/nacion-busca-avanzar-la-mineria-las-zonas-donde-existen-glaciares-n3064802

Mexico

Alertan daños a la salud por proyecto minero

El proyecto minero que se pretende construir en la región de Tehuacán causará un impacto y repercusión grave en la salud de los habitantes, sobre todo de los municipios de Chapulco, Santiago Miahuatlán, Tehuacán y Nicolás Bravo, por el uso de cianuro para extraer minerales como oro y plata, señaló el dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Omar Esparza.

El Primer Foro Contra los Megaproyectos y la Minería que se realizó ayer sábado en el Complejo Cultural El Carmen participaron varias organizaciones de Puebla, Morelos, Veracruz, así como de la Ciudad de México, con la finalidad de crear conciencia de los efectos que tienen los trabajos que realiza una minera a cielo abierto.

Omar Esparza indicó que se deben detener los megaproyectos que se pretenden ejecutar en esta zona o los efectos serán un ecocidio y daños al ser humano, porque esos han sido los resultados de llevar a cabo la actividad minera en otros lugares.

Detalló que al dinamitar la tierra para extraer los minerales pesados se registran daños al medioambiente, pues al rociar cianuro en la zona y al estar ubicados en un valle, a toda esta región llegan las particulares contaminantes.

Refirió que en muchas ocasiones la ciudadanía se caya ante este tipo de peligros, porque existe corrupción, compra de permisos, incluso se desconocen quiénes fueron los que dieron los permisos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Martín Barrios Hernández, puntualizó que de acuerdo al documento del Panorama Minero de Puebla, realizado por el Servicio Geológico Nacional, señala que se han otorgado cinco concesiones a mineras para la explotación de aluminio, plata y oro en la región de Tehuacán.

Refirió que se tiene conocimiento que la empresa canadiense Linear Gold Corp, por medio de su filial Minera Plata Real, es la que ya inicio trabajos de explotación en los Cerros del Borrego, El Conejo, Barranca de la Cruz del Quiote, Yerbabuena, Tlamaya, entre otros y se puede ver en las afectaciones que ya está causando.

Ambos activistas mencionaron que posterior a este foro se buscará la conformación de un grupo de personas para evitar y frenar que se realicen actividades mineras en la zona, así como lograr ubicar a las autoridades responsables de otorgaron permisos para la extracción de minerales.

El defensor de Derechos y representante del Proyecto Integral Morelos, Juan Carlos Flores Solís, les manifestó a los asistentes que la ciudadanía se debe cuidar de los impactos que traen este tipo de proyectos, en donde divide no sólo a los pobladores, sino a las familias por la falsa información que se maneja.

Mencionó que también se tiene que tener cuidado con los grupos de choque que se conforman, con personas ambiciosas de la población y que actuaran una vez que inicie la resistencia para frenar los proyectos que van en contra del medioambiente.

Fuente:http://www.elpopular.mx/2018/03/11/municipios/alertan-danos-a-la-salud-por-proyecto-minero-177552

Mexico

Reprimen a pobladores que se oponen a instalación de planta de cianuro de sodio en Durango

El gobierno de Durango apoya la instalación de una fábrica de cianuro que fue dos veces expulsada de Guanajuato por ser altamente tóxica y contaminante.

El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa del Territorio pidió detener la represión en contra de quienes se oponen a la instalación de una planta de cianuro de sodio en los ejidos Pueblo Nuevo El Siete, La Aurora y Las Américas, luego de que el viernes 9, la policía reprimió una protesta, y el enfrentamiento dejó medio centenar de heridos y más de 40 ciudadanos detenidos.

Desde junio de 2017, las autoridades locales aceptaron la construcción de esta planta de la empresa estadounidense Chemours Company, luego de que habitantes de dos municipios de Guanajuato rechazaron su instalación en ese estado por las implicaciones a la salud y al medioambiente que implica la producción de cianuro, un químico tóxico necesario para la separación de metales en la megaminería.

La planta está proyectada en un terreno de 11.7 hectáreas, dentro de la comunidad Dinamita, ubicada a un kilómetro del ejido Pueblo Nuevo El Siete, que tiene una población de 443 habitantes y 142 viviendas, y a 30 kilómetros de la cabecera municipal de Gómez Palacio, al noreste del estado.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, y la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, presentaron personalmente el proyecto, cuyas obras, dijo entonces el mandatario, concluirán a finales de 2019.

En octubre, pobladores de los ejidos cercanos realizaron un Encuentro por la Vida y el Territorio, con la presencia del obispo de Saltillo, Raúl Vera, y determinaron rechazar la planta química que busca producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año y crearon el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa del Territorio.

El conflicto fue escalando y el pasado viernes 9, alrededor de las 7 de la mañana, unos 500 miembros del Frente bloquearon los accesos carreteros al ejido La Aurora donde se encuentran los complejos industriales de cinco empresas dedicadas a la producción de insumos para la minería y donde se está construyendo la planta.

Los manifestantes aseguran que las empresas pidieron a la alcaldesa su apoyo para liberar la carretera y permitir el paso a los trabajadores del complejo; poco después de las 10 de la mañana llegó la policía municipal con equipo anti-motín para despejar la carretera por la fuerza, lo que inició una confrontación. A la policía municipal se le sumaron agentes de la policía metropolitana y de investigación del gobierno estatal, según el comunicado del Frente Unido. Esto provocó que el enfrentamiento se alargara varias horas, según el El Siglo de Torreón: “los agentes tomaron palos, piedras, extinguidores, así como gas lacrimógeno y se enfrentaron violentamente a los ejidatarios, quienes repelieron la agresión a pedradas y bombas molotov”.

Según los testimonios de personas que estuvieron en la protesta, los manifestantes, entre ellos mujeres y niños, corrieron cuando vieron llegar a los refuerzos y buscaron refugio en las casas cercanas, la policía por su parte irrumpió en los hogares para detener a manifestantes e incluso incendiaron coches y motocicletas como represalia.

Al final de la jornada, el gobierno estatal reportaba 34 policías heridos, mientras que el Frente hablaba de al menos 17 ciudadanos heridos.

El número de detenidos también era incierto. “Para las cinco de la tarde teníamos el reporte de una docena de heridos y 27 personas detenidas, el numero se duplicó para la noche y hoy amanecimos con la cifra de por lo menos 67 personas extraviadas (…) entre las que están en el ministerio público, en el hospital y escondidas”, dijo el sábado a Pie de Página Gustavo Lozano, de La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) una organización civil que ha orientado a los opositores de la planta.

Más tarde la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de su vocero Pedro Galindo, aseguro que son 43 las personas detenidas, 27 hombre y 16 mujeres. También afirmó que “no hubo una cacería” de manifestantes en las casas del ejido y que todo se hizo manteniendo el Estado de Derecho.

Las posturas: ¿salud o empleo?

El cianuro es la principal sustancia que se utiliza en la industria minera moderna y sirve para separar y limpiar los metales como el oro y la plata del resto de material removido por medio de un proceso de lixiviado. El boom minero en el continente convierte a la producción de cianuro en un negocio muy lucrativo y para la Chemours Company, pues la planta en México es clave por su posición geográfica y el crecimiento sostenido que la minería ha alcanzado en las últimas décadas en el país.

“Le vendemos a las empresas mineras. México es el primer productor de plata en el mundo y el octavo de oro, pero en reservas es tal vez el segundo país con las mayores reservas de oro en la minería, dijo en una entrevista con El Universal, Luis Rebollar, ex presidente de la Chemours Company.

Sin embargo, el químico es altamente tóxico. Los opositores argumentan que la instalación de la planta, que estaría funcionando durante los próximos 30 años, pone en peligro a la región entera y que la Chemours está violando las normas para construir un proyecto de este tipo.

Por ejemplo, la empresa asegura que la planta está alejada de complejos habitacionales o comerciales. Pero basta ver un mapa para notar que hay por lo menos una decena de comunidades en un radio de 5 kilómetros de la planta -entre ellas El Siete y Dinamita- y el Frente Unido asegura que son 27 comunidades amenazadas por la presencia del cianuro y que sufrirían graves daños en caso de contingencia.

¿Por qué, entonces, el gobierno municipal y estatal lo autorizaron?

Porque genera empleos “bien pagados” y porque “están contratando jóvenes con estudios de nivel medio y superior”, según ha asegurado el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

“Le dio los permisos la Secretaría de Medio Ambiente porque la empresa cumple cabalmente con todos los requisitos. Yo les diría: es mucho más la gente que está a favor, los que están en contra sólo son unos cuantos que sólo buscan generar ruido, que sólo buscan llamar la atención en contra del desarrollo”, dijo en una entrevista a finales de noviembre.

La alcaldesa, Leticia Herrera, también declaró que las voces opositoras “deberán demostrar los daños que pudiera causar la compañía o dejar de ser un obstáculo para el desarrollo y la generación de empleos bien pagados que el municipio merece”, según

La comunidad de Dinamita fue fundada a inicios del siglo XX, como una zona de vivienda de trabajadores de la compañía estadunidense Dupont, que instaló ahí una fábrica de explosivos para las actividades mineras, que en ese momento era de socavón; la producción de algodón en esta zona apartada de la Comarca le proporcionaba la glicerina, una materia prima para la fabricación de los explosivos; pero la baja en la demanda de dinamita bajó sustancialmente la actividad económica de la población. Ahora, el boom de la minería a cielo abierto reactivó la idea de la empresa -Chemours es una filial de Dupont- de aprovechar el terreno para fabricar cianuro.

Antes de llegar sin aviso a la comunidad El Siete, La Chemours había intentando, fallidamente, instalarse en dos municipios de Guanajuato. Primero fue en 2015 cuando la gigante de los químicos presentó el proyecto “Salamanca Bajío”, donde quería construir la planta en más de 100 mil metros cuadrados del municipio de Salamanca con una inversión de mil 600 millones de pesos. En mayo de 2016 la empresa retiró el proyecto tras mostrarse que la declaración de impacto ambiental que había presentado a la Semarnat tenía información falsa.

Dos meses después la empresa presentó un proyecto nuevo en San Luis de la Paz, a 160 km de Salamanca. Sin embargo los ciudadanos crearon la Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y emprendieron una batalla contra las autoridades locales para impedir la instalación de la planta en su comunidad. Tras 10 meses de presión social, la Chemours desistió del proyecto en silencio y movió su objetivo a Durango.

Pero el patrón fue el mismo. En 2016, cuando sus ciudadanos llevaban una batalla enormemente desigual contra la Chemours, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, repitió hasta el cansancio que el cianuro es inofensivo “e igual a cualquier otro tipo de sal, como la de mesa”.

Fuente:https://aristeguinoticias.com/1103/mexico/reprimen-a-pobladores-que-se-oponen-a-instalacion-de-planta-de-cianuro-de-sodio-en-durango/

Ecuador

DENUNCIA PUBLICA PERSISTE AMENAZA CONTRA NUESTRAS FORMAS DE VIDA Y NUESTRO TERRITORIO POR ACTIVIDAD MINERA

A’i Cofán – Comunidad de Sinangoe – Parroquia Puerto Libre, Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos. -7 marzo 2018.

El territorio ancestral A’i Cofán de Sinangoe, donde vivimos un total de 36 familias, sigue siendo gravemente amenazado por la actividad minera que se está realizando dentro y al pie de nuestro territorio; por ello hacemos nuevamente un llamado a las instituciones Estatales obligadas a ejecutar acciones de investigación, control, protección y/o sanción para que actúen de manera eficiente y decidida.

 

De manera formal hemos DENUNCIADO que desde mediados del mes de enero del año en curso se está efectuando explotación minera metálica mediante retroexcavadora y motobomba a margen izquierdo del rio aguarico, frente al sector conocido como La Pizarra, a 12 kilómetros del centro poblado de la comunidad de Sinangoe, en el área del área protegida denominada parque nacional Cayambe Coca.

Desconocemos si los propietarios de la explotación cuentan con las licencias ambientales otorgadas por el Ministerio del Ambiente, para la realización de esta actividad.

 

La explotación mencionada puede estar siendo realizada presuntamente por una empresa denominada PROPERIDAD o por el Sr. Ureno Quezada Celso Amable ya que según la información de catastros mineros ambos cuentan con concesiones mineras aprobadas en la zona desde enero y febrero del 2018.

 

El área donde se realiza la actividad se encuentra en la rivera del Río Aguarico que forma parte del parque nacional Cayambe Coca; contraviniendo la ley que de manera EXPRESA prohíbe la realización de minería en estas áreas, y la Consulta Popular del febrero del 2018 en que el pueblo ecuatoriano afirmó que NO PERMITIRÁ explotación minera en parques nacionales.

 

Según denota la actividad, está generando un grave impacto en el cambio de la morfología del terreno y del cauce y lecho del rio, siendo posible que se está usando mercurio para la actividad de explotación.

 

Tal como lo ha indicado el presidente Lenin Moreno el pasado 28 de febrero del 2018, la explotación de recursos deja un centenar de ríos “severamente” contaminados en el país; siendo este uno de los argumentos para la reversión de 2000 concesiones mineras en el país; entre las que esperamos se encuentran todas las que afectan el territorio ancestral Ai Cofan de Sinangoe.

 

Como hemos manifestado en varias ocasiones, esas amenazas han hecho que el pueblo A´i Cofan de Sinangoe decida organizarse para la protección de nuestro territorio; y como lo hicimos en tiempos anteriores hemos vuelto a recorrer nuestro territorio con el fin de evitar que los mineros e invasores pongan en riesgo nuestra forma de vida, nuestro territorio.

 

 

El día martes 27 de febrero la comunidad mediante denuncia formal requirió que Fiscalía realizara un acto urgente para obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito y de verificar la existencia de un hecho delictivo se tomaran las acciones que por ley corresponden.

 

El 28 de marzo, la Guardia de la Comunidad de Sinangoe acompaño a Fiscalía, GOE, y la policía nacional para realizar dicha inspección. Lamentablemente la diligencia tardo en dar inicio lo que dio tiempo suficiente para que los dueños y trabajadores de la mina se alertaran; y presumiblemente tuvieran tiempo suficiente para limpiar el lugar y ocultar o desaparecer las evidencias que hubieran podido existir.

 

Una vez iniciada la diligencia y al ingresar a la mina sobre la orilla del Río Aguarico, ni el personal de la Fiscalía ni la policía buscaron ninguna evidencia. Y aunque se acordó que agentes de criminalística iban a acompañar la inspección, no llegaron. Tampoco hubo presencia de un perito ambiental que tomara muestras de sedimento y agua a efectos de identificar el uso de mercurio u otros químicos no permitidos para esta actividad.

 

Lo único que lograron los agentes de Fiscalía y la policía nacional fue confirmar que se está realizando minería en el sitio y recabaron varios documentos que a decir de los mineros son la concesión y licencia requerida; estos documentos deben ser analizados por la Fiscalía para determinar si en efecto son los que la ley de Minería en su artículo 26 dispone.

 

Durante la diligencia varios mineros y la dueña del predio por donde se ingresa a la zona de explotación manifestaron su malestar por la denuncia realizada por la comunidad de Sinangoe; y manifestaron que no quieren ni ver la comunidad ni sus dirigentes entrar a la concesión.

 

La comunidad espera que el Ministerio de Ambiente cumpla con su obligación urgente de inspeccionar la explotación en mención y determinar si cumple con las obligaciones legales que le competen; entre ellas contar con licencia ambiental debidamente otorgada; además de confirmar los impactos que esta actividad esta causando en la zona, con especial énfasis en aquellos que afecten el parque nacional Cayambe Coca,.

 

La Comunidad manifiesta ante ARCOM su preocupación por esta nueva actividad minera y por las siguientes concesiones mineras otorgadas de manera inconsulta en los últimos meses:

 

Concesión minera: Puerto Libre

Código: 40000533

Titular: Ureno Quezada Celso Amable

Fase del recurso mineral: Exploración-Explotación

Fecha de otorgamiento: 19/1/2018

Fecha de inscripción: 9/2/2018

Tipo de mineral de manifesto: Oro

 

 

Concesión minera: Rio Cofanes

Código: 40000531

Titular: Atiencia Villagomez Lili Germania

Fase del recurso mineral: Exploración-Explotación

Fecha de otorgamiento: 17/1/2018

Fecha de inscripción: 30/1/2018

Tipo de mineral de manifesto: Oro

 

 

Concesión minera: Rio Cofanes 2

Código: 40000560

Titular: CMM Consorcio Minero Minexplot

Representante legal: Gonzalez Osorio Eduardo Andres

Fase del recurso mineral: Exploración-Explotación

Fecha de otorgamiento: 12/12/2017

Fecha de inscripción: 17/1/2018

Tipo de mineral de manifesto: Oro

 

 

Concesión minera: Properidad

Código: 40000362

Titular: Quezada Patiño Cesar Raul

Fase del recurso mineral: Exploración inicial

Fecha de otorgamiento: 17/8/2017

Fecha de inscripción: 12/9/2017

Tipo de mineral de manifesto: Oro

 

Como se nota en este mapa del Catastro Minero, propiedad de ARCOM, estas concesiones (representadas en rojo) bordean las orillas del Río Aguarico, el Río Chingual y el Río Cofanes al otro lado del territorio del Pueblo A’i Cofán de Sinangoe. Estos tres ríos son de suprema importancia para nuestra pervivencia como pueblo ancestral, ya que de ellos recibimos nuestro sustento, nuestra agua y nuestra espiritualidad y el otorgamiento de concesiones mineras para una duración de más que 25 años cada una pone nuestras vidas en riesgo. Las otras comunidades indígenas y campesinas por la zona y las riveras de estos ríos deberían compartir la misma preocupación.

 

Somos los guardines y protectores de este territorio, que es nuestra casa, la herencia de nuestros abuelos y el legado para nuestros hijos e hijas, es donde hemos enterrado a nuestros mayores y donde están los ombligos de los que ahí nacemos, donde está la medicina y el alimento que asegura nuestra pervivencia, es donde están nuestras fuentes de trabajo, donde conseguimos todo lo que necesitamos para vivir con salud y con dignidad, están nuestros lugares sagrados que sostienen nuestra espiritualidad, es donde están nuestras plantas sagradas como el yagé que nos sirve para planificar y armonizar la vida y disciplinar nuestra gente; y, como el yoco, que es el que nos brinda energía espiritual y física para seguir viendo como A´i.

 

Por todos los hechos manifestados, la comunidad se mantiene en situación de incertidumbre y zozobra permanente, y siendo obligación constitucional de las autoridades estatales garantizar que los Pueblos y Nacionalidades Indígenas podamos definir nuestras formas de vida EXIGIMOS:

 

  • Que la FISCALÍA realice de manera efectiva la labor de investigación que le corresponde y que dados los indicios hallados el pasado 28 de febrero tome las medidas necesarias a efectos de establecer el posible cometimiento de un acto delictivo.
  • Que el MINISTERIO DE AMBIENTE actúe de manera inmediata (1) realice una inspección técnica a la zona en mención que incluya la georreferenciación de la misma y la toma de muestras de agua y sedimento que ayude a determinar impactos que esta actividad está generando en el rio y en el área protegida; (2) verifique si la actividad de exploración/explotación cuenta con la licencia ambiental de obligatorio cumplimiento; de contar con ella verificar que se está cumpliendo a cabalidad con lo que allí se estipula; de no contar con la licencia proceder a la inmediata suspensión de la actividad minera, con la correspondiente notificación a la Fiscalía para que se sigan los cauces legales correspondientes sobre aquellos hechos que ofendan la legalidad y puedan constituir delito.
  • Que ARCOM realice una inspección técnica a la zona en mención que incluya la georreferenciación de la misma y la toma de muestras de agua y sedimento que ayude a definir si se cumple de manera estricta con la concesión otorgada y determine los impactos que esta actividad está generando en el rio y en el área protegida. (2) que ARCOM entregue toda la información a la comunidad que demuestra que las concesiones Código: 40000533, Código: 40000531 Código: 40000560 Código: 40000362 fueron otorgadas después de haber realizado el proceso de consulta previa libre e informada que constitucionalmente le corresponde.
  • Que SENAGUA proceda de manera URGENTE según su competencia y procedimientos, a realizar la verificación a la afectación de las fuentes de agua en la zona de exploración / explotación.

 

RESPONSABILIZAMOS a las autoridades competentes del nivel Parroquial, Cantonal, Provincial y Nacional de todos los hechos que atenten contra nuestros socios y autoridades y contra nuestro territorio, si una vez denunciados y conocidos estos hechos no toman las medidas de protección necesarias, urgentes y CONCERTADAS con la comunidad.

 

RESPONSABILIZAMOS a los dueños y trabajadores de la mina denunciada sobre todos los hechos que atenten contra la integridad física y psicológica ocurridos contra nuestros socios y autoridades y contra nuestro territorio después de las denuncias efectuadas.

 

SOLICITAMOS a las Organizaciones Indígenas del Nivel Nacional y a las Organizaciones de Derechos Humanos que se dé seguimiento y monitoreo frente a la grave situación de derechos humanos y e intimidación denunciada en la presente Alerta Temprana: además de oficiar a las Autoridades competentes del Estado Ecuatoriano para que cumplan con su obligación de protección y garantía de derechos humanos y colectivos.

 

Cualquier NOTIFICACIÓN la recibiremos únicamente en el correo sinangoetsampi@gmail.com

Mario Criollo Quenamá

Presidente de la Comunidad Ancestral A´i Sinangoe.