Mexico

Se generaliza el movimiento por zonas libres de minería

El plan de desarrollo energético que el gobierno federal impulsa en la zona norte de Puebla, ha desencadenado un movimiento social generalizado que busca la declaratoria municipal para decretar zonas libres de actividad minera, hidroeléctrica y de hidrocarburos.

El plan de desarrollo energético que el gobierno federal impulsa en la zona norte de Puebla, ha desencadenado un movimiento social generalizado que busca la declaratoria municipal para decretar zonas libres de actividad minera, hidroeléctrica y de hidrocarburos: un movimiento que nació hace apenas cinco años en Centroamérica.

A la fecha son 95 los municipios de la entidad que ya tienen comprometida una superficie de más 630 mil 774 hectáreas de suelo, donde se pretende la perforación de 10 mil 92 pozos para la extracción de gas mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking), la instalación de 12 minas a cielo abierto, la operatividad de siete plantas hidroeléctricas y la instalación de ocho ductos de hidrocarburos.

La totalidad de estos proyectos son rechazados por los habitantes de cada una de las regiones, lo que ha provocado un movimiento social impulsado por los pueblos originarios, el cual pretende solicitar a los gobiernos locales de los 95 municipios con proyectos de desarrollo, que se declaren territorios libres de minería, hidroeléctricas y fracking.

La más reciente manifestación del movimiento social que pretende la declaración de zonas libres de proyectos mineros, hidroeléctricos y de hidrocarburos tuvo lugar en el municipio de Ixtacamaxtitlán, donde los pobladores exigieron al alcalde la citada declaración para que frene el proyecto minero en ciernes.

Cabe recordar que en la localidad de Santa María Zotoltepec, según lo señalado por Rosario Taracena, vocera del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), la minera canadiense Almaden Minerals pretende crear una mina a cielo abierto que requerirá abrir un tajo de más de mil metros de diámetro -equivalentes a 140 campos de futbol- para explotar oro y plata.

“Venimos a manifestar de manera contundente nuestro rechazo al proyecto minero de Almaden Minerals por los abusos y las violaciones que está cometiendo en nuestros territorios y comunidades campesinas e indígenas; y también que se cierren las puertas a este proyecto y sea expulsado de manera definitiva de nuestras comunidades”, señaló la activista Ignacia Serrano de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua y de la Tierra Atcolhua.

Antes que la comunidad de Ixtacamaxtitlán solicitara a su alcalde la declaratoria de zona libre de minería para este municipio, fueron los municipios de Actopan y Alto Lucero, en Veracruz, los primeros en lograr una declaratoria municipal sobre la no actividad minera, hidroeléctrica o petrolera en sus municipios.

Posterior a los municipios de Actopan y Alto Lucero se sumaron a este movimiento los ayuntamientos de Acacoyagua, en Chiapas, y Zanatepec e Ixtepec, en Oaxaca, donde los pobladores lograron que el cabido de esos municipios decretara la actividad extractiva como una forma de atentado al medio ambiente, la seguridad sociedad y a la salud pública.

El primer antecedente que se registró en este tipo de movimientos sociales data de 2013 en Honduras, luego que el municipio de El Negrito-Yoro declaró a la minería como actividad prohibida en esa localidad, seguido por el municipio de Cabañas en San Salvador, donde la comunidad de Cinquera se opuso a la operación de un proyecto minero en la zona.

Ahora, tras el movimiento que está resurgiendo en la zona norte de Puebla tras la postura declarada por los defensores del medio ambiente en Ixtacamaxtitlán, también el municipio de Caltepec podría declararse como zona libre de minería, luego que una asamblea popular, en la comunidad de Santiago Acatepec, decidió cerrar la puertas a la minera Sumex.

En esta región, la minera se quiere apoderar de más de mil 500 hectáreas en la zona de Zapotitlán, Acatepec, en los límites con Oaxaca, para explotar la arcilla de ese territorio por una concesión de más de 50 años, donde pretende pagar a la comunidad 35 pesos por tonelada de mineral extraído, por lo que se ha solicitado también la declaratoria municipal de zona libre de minería.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/40031-se-generaliza-el-movimiento-por-zonas-libres-de-mineria

Bolivia

Empresa china en Inquisivi podría ser sancionada

El ministro de Minería, César Navarro, indicó que evaluarán la resolución de la provincia Inquisivi que determinó expulsar a la empresa china Comabol. Asimismo, sostuvo que “cualquier empresa boliviana o de capital extranjero que no cumpla con la normativa social o tributaria será sancionada”.

Indicó que investigarán la resolución de la comunidad para conocer si se trata de un tema de contaminación ambiental o de otro tipo, Se buscara determinar si no se trata de un interés de la población para ingresar al territorio la explotación minera.

El pasado viernes, habitantes y organizaciones de la provincia Inquisivi determinaron expulsar de su territorio y no permitir el ingreso de empresas chinas, que pretendan explotar la riqueza mineralógica de esta región.

El conflicto surgió entre comunarios y la empresa Comabol, de capitales chinos a la que acusan de intentar ingresar a su territorio por la fuerza y con amedrentamiento. La Defensoría del Pueblo intervino en este caso y se logró que se convoque a una reunión para solucionar el conflicto, junto con autoridades del Ministerio de Minería y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/regional/08042018/empresa_china_que_opera_en_inquisivi_podria_ser_sancionada

Haiti

Colectivo de Organizaciones Haitianas exige detener proyecto de ley minera que favorece a las empresas

Con motivo del Día Mundial del Agua, celebrado el 22 de marzo pasado, el Colectivo de Organizaciones Haitianas compartió un comunicado de prensa sobre los peligros de aprobarse un proyecto de ley minera que favorece a las empresas del sector, poniendo en peligro la vida de la propia población de Haití. A continuación lo reproducimos en español.

En ocasión del Día Mundial del Agua, el Colectivo de Organizaciones Haitianas que luchan en contra de la explotación de minerales en el país denuncia la notable amenaza que impone la explotación minera para Haití.

En todo el mundo, las experiencias de minería industrial de metales demuestran sus efectos negativos para el agua al reducir su disponibilidad y calidad. Por ejemplo, la minería aurífera utiliza 250 mil litros de agua por hora. En un día, una mina puede gastar la misma cantidad de agua que utilizaría una familia campesina en 20 años, o incluso más. Las empresas contaminan las aguas subterráneas y los ríos debido a los químicos y metales pesados que utilizan para procesar el oro. El cianuro es un producto químico notablemente peligroso que se utiliza para separar el oro de la roca. Si no se desecha como es debido, puede contaminar ríos, manantiales, e incluso las capas freáticas.

 

En la actualidad, las empresas nacionales e internacionales se asemejan a buitres que se aprovechan de la situación de pobreza, analfabetismo e indolencia de la población haitiana para saquear nuestros recursos naturales y causarnos más sufrimiento. La explotación de minerales en países como Haití (comenzando con la colonización en 1492, 1956-1972 con SEDREN, 1956-1982 con REYNOLDS), El Salvador, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia, y otros países en África tales como República Democrática del Congo y Ghana demuestra que la pobreza y el subdesarrollo son las consecuencias de la extracción de recursos naturales. El estudio de estos casos aclara la realidad y desmiente la propaganda según la cual la explotación de minerales da trabajo y desarrollo.

 

En la actualidad, más del 15% de la tierra en el país está bajo el control de empresas multinacionales que vienen a Haití para negociar con los recursos de nuestro suelo. A su vez, la minería de grava y arena continúa sin supervisión. Una buena parte de la población campesina se encuentra amenazada. El pequeño terreno que cultivan podría terminar en manos de las empresas. La producción agrícola nacional está en baja y en vías de desaparición debido al interés de las empresas por apropiarse de las tierras fértiles que producen alimentos. La pobreza y hambruna irán en aumento conforme disminuye la cantidad de tierras de cultivo y la población aumenta. Hoy en día, nuestros manantiales, ríos, y pozos corren riesgo de secarse y contaminarse con una serie de productos químicos que incluye el cianuro, el plomo y el mercurio. Las tierras forestales también van disminuyendo, a pesar de que el Artículo 253 de la Constitución de 1987 exige respeto al medio ambiente por ser éste el entorno natural de la población. Hoy nos enfrentamos al Proyecto de Ley Minera que el gobierno de Haití elaboró con apoyo técnico del Banco Mundial. El proyecto lo está evaluando el Parlamento. Es obvio que el proyecto de ley no respeta el espíritu de la Constitución, ni muchas de sus disposiciones.

 

Denunciamos categóricamente la manera en que el Estado de Haití les ha permitido a las empresas llegar a “negociar”, sin el más mínimo respeto a la vida o al ambiente, sobre todo al agua. Las empresas intentan convencer a la población rural que sus vidas cambiarán con la minería. Encima, amenazan a quienes se oponen a la minería, a quienes indican que, desde la llegada de Colón, la minería ha causado hambruna, desempleo, pobreza y sufrimiento – sobre todo para las y los campesinos, quienes viven en barrios pobres, las y los trabajadores, y las y los más desfavorecidos.

 

El Kolektif Jistis Min denuncia categóricamente a las y los parlamentarios que favorecen la minería y que pagan la propaganda de las empresas que tienen títulos mineros, los cuales en su mayoría ya han caducado. Este Día Internacional del Agua, instamos al Parlamento a no votar a favor de la aprobación de la ley minera del Banco Mundial, la cual amenaza con envenenarnos. Alentamos al Parlamento a que siga el ejemplo de El Salvador, donde se aprobó una ley prohibiendo la minería de metales en todo el país.

 

Kolektif Jistis Min (KJM) insta a las comunidades, a las organizaciones, y a la población comprometida a alzarse para exigir a las autoridades del gobierno aquí y a las empresas voraces a que den marcha atrás a esta propuesta peligrosa – incluso mortal.

Sin oro podemos vivir, sin agua no
¡Sí a la vida, No a la explotación minera!

Para el Colectivo:
PAPDA, POHDH, MODEP, BATAY OUVRIYE, GARR, CE-JILAP, TET KOLE

Fuente:http://movimientom4.org/2018/04/colectivo-de-organizaciones-haitianas-exige-detener-proyecto-de-ley-minera-que-favorece-a-las-empresas/

 

Honduras

“Valle de la Desesperanza” de Goldcorp Inc/Entre Mares

La lluvia ácida no es una leyenda, lo saben los habitantes de El valle de Siria, ubicado a unos 120 kilómetros de Tegucigalpa. Las comunidades de Cedros, El Porvenir, y San Ignacio –tres municipios en la parte más oriental del departamento de Francisco Morazán– fueron afectadas por la minería de cielo abierto. Una variante del modelo extractivista. Contaminadas las aguas de sus ríos la lluvia en algún momento tenía que caer cual profecía bíblica. El derrumbe moral aquí es inminente ante la voracidad de los resultados de un modelo que ha heredado generaciones enfermas y empobrecidas. Aquella idea del desarrollo económico y la bondad de las empresas mineras es una que se desmitifica con la misma facilidad con la que cae una línea hecha con piezas de dominó.

Aquí vive Cristi, ella tiene dieciocho meses. No sabe que está enferma, no sabe que el cabello se le cae, no tiene la más mínima conciencia que un futuro lleno de incertidumbre le espera. Aneli, es madre de Cristi. Con dieciocho años, a ella también se le cae el cabello, sus problemas de salud comenzaron desde su nacimiento. Las dos nacieron enfermas, nacieron con la marca de la minería en sus cuerpos, una marca que llegó al valle a principios del 2000 y se instaló en las aguas de los ríos: las fuentes de agua que las comunidades del valle usaron siempre. Se abastecieron de estos ríos muchos años antes de la llegada de la minera, los usaron durante los ocho años de explotación de la Mina San Martín, y los siguen usando tras siete años de haber declarado el cierre de la mina, un cierre que para muchas organizaciones de derechos humanos –como OXFAM, El Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) y el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras– y para las mismas comunidades, está lleno de irregularidades.

En 2002, la empresa «Minerales Entre Mares de Honduras» extrajo 129,435 onzas de oro, lo que significó remover un aproximado de 2.5 millones de toneladas de tierra, solamente en esos doce meses. Esto habría que multiplicarlo por los 8 años de su operación. Tomando en cuenta que la cotización de una onza de oro en 2002 fue de 310 dólares -actualmente supera los 1,200-, se calcula para la compañía un ingreso ese año de 40.1 millones de dólares, producidos por una planilla que no superaba los 200 empleados.

Según la Ley de Minería vigente en Honduras, las empresas mineras solo pagan un 6% del total exportado en impuestos anualmente, una cantidad que no logra resarcir los daños ambientales que deja esta actividad.

La empresa minera Entremares subsidiaria de la trasnacional Goldcorp que también tiene proyectos en México, Guatemala, Argentina, República Dominicana, Canadá y Estados Unidos  explotó durante ocho años un total de catorce mil cien hectáreas en la zona de El Valle de Siria, y aunque la empresa declaró el cierre de la Mina San Martín para 2008, tiene aprobadas otras concesiones en estado de explotación por un total de cuatro mil cuatrocientas hectáreas en los municipios de Mapulaca, Lempira (1700), Distrito Central, Francisco Morazán (1400), y Marcovia, Choluteca (1300), datos que revela el Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos.

–¿La has llevado al médico?
–No.
–Y vuelve a quedarse callada. Aneli no dice mucho, apenas da respuestas monosilábicas. Dice «no» y vuelve al ensimismamiento –quizá provocado por la cámara, quizá provocado por tener que contestarle a un extraño– y la mirada tierna clavada en el rostro de su hija.

Oneida, madre de Aneli, abuela de Cristi, podría estar enferma también. No lo dice, no hay necesidad. Sus hijos nacieron enfermos porque ella consumió agua que resultaría contaminada con metales pesados. Ella se ve más interesada por saber los vínculos familiares. Si mi apellido es originario de dónde, y que en El Pedernal –su aldea– también hay Cálix. Hace que se esconde de mis preguntas y de la cámara. No hago mayor intento. Sé que he invadido la frágil cotidianidad en la que transcurren los días para ella y su familia.

Las mujeres en el Valle de Siria fueron siempre invisibles. Ellas no figuraron nunca en los cuadros estadísticos de nada. De nada, excepto quizá en los censos electorales. Las mujeres como Oneida, y como Aneli, han estado relegadas a los roles eternos: cuidar de la infancia, los quehaceres domésticos, ser esposas abnegadas que con dedicación cuidan de sus maridos. Ellos, sus maridos, sus hijos, los campesinos convertidos en obreros con la llegada de la minera, serían la base fundamental de una empresa que haría de sus comunidades un territorio habitado por la desolación.

En San Ignacio pasó exactamente lo mismo. Otras mujeres dirán lo mismo. Que lo único que se multiplicó en sus vidas fueron los cuadros clínicos severos. En San Ignacio se ha documentado el caso de cinco mujeres afectadas por la contaminación. Algunas de ellas vinculadas en labores de aseo y cocina con la empresa, otras dedicadas a sus roles en sus hogares. Cinco mujeres a quienes se les tuvo que someter a operaciones en donde se les extrajo la matriz. Era eso o morir.

–¿Qué le dijeron?
–Nada. A mí sólo me la sacaron.

Sulay tiene 52 años. Es dueña de una mirada profunda y una sonrisa esquiva. Ella es una de las cinco. Su cuerpo se contaminó con plomo, arsénico y talio –me dice– porque ella lava la ropa de su esposo quien antes trabajaba en la mina. Miguel, su esposo, llega montado a caballo, es un día bueno, ha logrado montar a «Payaso» –un caballo blanco cruce de caballo español y yegua peruana– después que estuvo cuatro meses sin poder hacerlo debido a un problema en su columna. «Payaso» baila, lo sigue a donde va, se hace el dormido. El caballo parece disfrutar tanto como Miguel esa relación que yo veo de lejos, que no entiendo.

Miguel es uno de treinta cinco ex trabajadores de la minera que se asociaron en el año 2009, luego de que la Mina San Martín cerró operaciones. Se asociaron para pedir una indemnización al Estado hondureño que la empresa no les dio por sus problemas de salud. Ahora padecen de enfermedades que han deteriorado sus cuerpos por haber estado expuestos a la contaminación en el proceso de extracción del oro y la plata. Columnas con discos dislocados o con artritis, y distintos tipos de cáncer, son parte del cuadro clínico general que los ex mineros narran. Otros han muerto ya, dicen. Los casos de mujeres que sufrieron aborto producto de la contaminación –calculan los mismos ex empleados de la mina y sus compañeras– implican una cifra difícil de calcular. Ellos y ellas dicen que fueron atendidos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que allí les perdieron los expedientes, que fueron atendidos en Clínicas Viera, donde sus expedientes eran modificados para hacerlos pasar como personas que estaban bien de salud. Otros análisis les fueron hechos por un científico italiano del que me hablan pero no me muestran ningún resultado médico como si bastara con empeñar la palabra en un país donde sólo creemos lo que vemos, y lo que vemos es el hondo abismo.

Miguel fue operario de maquinaria pesada, de volquetas y retroexcavadoras, de ésas grandes como las que salen en las revistas, en los programas de NatGeo y en internet. Y me muestra uno de sus compañeros una foto en su celular buscada en google. Se ríen, y no se entiende bien porqué se ríen. Que no saben pero de alguna forma aprendieron el oficio de ser mineros. Aquello les gustaba. Aquello les daba sueños. Aquello les daba la esperanza de sacar de la pobreza a sus familias. Rolando se guarda el celular en el que me ha mostrado la foto de la volqueta. Me dice que lo que le sucede a él es casi lo mismo, que su columna se ha debilitado con el paso del tiempo, que a sus cuarenta y siete años tiene días en los que su cuerpo no responde, que le toca quedarse en cama.

–La presión la ando siempre a punto de darme un paro cardiaco.
–E inhala de su cigarrillo, y contesta una llamada que lo aleja de la conversación.

Marilú, es esposa de Rolando y también está enferma. A ella le da dolores de cabeza, y le duele la espalda. Sus hijas padecen enfermedades respiratorias –cuenta– que no se pueden curar. Dicen que son enfermedades de las que los médicos no explican mucho, nada en realidad.

En la comunidad de San José de Palo Ralo, a pocos kilómetros del casco urbano de San Ignacio –aunque utilizar el concepto de urbanidad sea más un eufemismo para describir un par de calles pavimentadas– viven dos mujeres, dos hermanas, Maritza de veintiocho años y María de cuarenta y uno. Las dos son madres solteras. Las dos consumieron durante sus embarazos agua contaminada que sacaban de un pozo que la minera bajo autorización de la Secretaría de Recursos Naturales les hizo en la propiedad donde vive toda su familia, una familia extendida, llena de mujeres y niños pequeños. De hombres mayores. Algunos jóvenes, pero la mayoría han decidido apostarle por el sueño americano, y ya se han ido, hace años que comenzaron a irse.

Maritza y María son madres de niños que nacieron enfermos. A Jeferson, hijo de Maritza, le aquejan las enfermedades respiratorias. A Antony, hijo de María, lo que le sucede es un problema de crecimiento, problemas al hablar –poco le entiendo pero en su balbuceo su madre se pierde como quien se pierde en un laberinto y no sale más–, también nació con malformaciones físicas que le impedirán caminar, aunque María tiene la esperanza que con una operación se solucione.

Antony y Jeferson –los dos de seis años– dejaron de ir al médico. Perdieron la rutina de sus citas médicas porque sus madres no pudieron más con la carga económica que implicaba viajar desde su comunidad –una pequeña aldea de San Ignacio– a Tegucigalpa. Maritza no podía seguir costeando los mil doscientos lempiras ($50) de movilización para que su hijo fuera atendido en el Hospital Escuela.

 

–Para nosotros el valle es la vida, para algunas organizaciones es venir, sacar algunas fotos, porque eso significa la posibilidad de justificar presupuestos. La gente está cansada. –Me dice alguien, y me dice que puedo decir lo que me ha contado, pero que no use su nombre. Se lo prometo, que no lo haré. Pero entiendo en su mirada que es poco lo que me cree.

 

Las mujeres en El Valle de Siria fueron siempre invisibles. Ellas no figuraron nunca en los cuadros estadísticos de nada. La minera sólo contrató a unas pocas para atender los quehaceres domésticos de los ejecutivos extranjeros de la empresa. Para lavarles la ropa. Para que les cocinaran. Para que mantuvieran siempre limpia la casa hospedaje que ahora ha sido convertida en el Centro Turístico San Martín, donde la noche cuesta cuarenta y cinco dólares, y no se le permite a ningún huésped, por ninguna razón, que lleven aparatos fotográficos y de video.

–Sacar fotos está prohibido.
–¿Y entonces qué tiene de divertido?
–No lo sé. Pero no te dejarán sacar fotos.

En algún momento, porque nadie recuerda bien las fechas en una historia común que tiene mayores implicaciones que la percepción temporal, el Comité Ambientalista de El Valle de Siria denunció la contaminación de las aguas en los ríos que atraviesan el valle justificando la denuncia en estudios que se hicieron a las aguas. En 2009, la Agencia Católica de Ayuda para Inglaterra y Gales (CAFOD, por sus siglas en inglés) realizó dos investigaciones que estuvieron a cargo del Dr. Adam Jarvis y el Dr. Jaime Amazega de la Universidad de Newcastle, sobre los niveles de acidez del agua en los afluentes de la zona del valle, los estudios revelaron que el agua alcanzó un pH entre 2,5 y 3, y altos niveles de cadmio, cobre y hierro, estos resultados serían recogidos en el documento «Ficha de Registro Impactos Negativos de la minería Centroamérica: San Martín» publicado por CEICOM. La empresa –dicen los ambientalistas– respondió con el montaje de criaderos de tilapia. Que las aguas no estaban contaminadas, dijeron. Pero contrataron después maquinaria de la municipalidad de San Ignacio para que les hiciera el favor de enterrar los peces. Que nada quedara de ellos.

 

La economía del valle antes de la minera era eminentemente agrícola. Pero el ganado comenzó a morirse. El maíz dejó de darse. Y ahora lo que siembran es caña para pastizal de la ganadería. Lo que se ve a través de los largos caminos de tierra que comunican las comunidades del valle son animales famélicos. Acomodados en grandes extensiones de tierra infértil donde a la maleza le cuesta crecer. El imponente paredón vacío que la minera provocó en una de sus montañas. Ríos cuyas aguas son sospechosas de arrastrar oro, pero también los metales que han enfermado la vida de las comunidades.

En los postes del incipiente servicio de energía eléctrica ondean las banderas de los partidos políticos que ahora mismo se encuentran en franca carrera electoral. Los rostros sonrientes de los candidatos con las mismas promesas que han sido incapaces de cumplir desde hace más de veinte años. Un puente –o más bien, la idea de uno– destruido por las crecida salvaje del río sobre el que está, y cuyo costo oficial aproximado rondó la temeraria cifra de los seis millones de lempiras. Casas pequeñas de adobe y repelladas con cal donde viven familias numerosas, anónimas, que se resisten a la idea de morir o de irse, porque todo lo que conocen es la vida del valle, aunque el valle ya no tenga mucho que ofrecerles a sus habitantes.

 

–La juventud está perdida. Sólo saben de beber y drogarse. –Me dice el conductor de la mototaxi en la que me transporto.
–¿Qué drogas?
–Marihuana, coca…
–¿Y dónde la consiguen?
–Ahora esto es un corredor para la droga. Y los que no se drogan se van para los Estados Unidos.
–Pero los chicos tienen opciones, hacen deporte, juegan fútbol, ¿y las chicas?
–Embarazarse, cuidar de la casa, beber y drogarse. Aquí hay niñas de trece años embarazadas.

Tiene treinta y dos años, y ha estado seis veces en los Estados Unidos, ya lleva varios años conduciendo una mototaxi para alimentar a su familia. Tiene tres hijos, con distintas mujeres me dice. Que el primero lo engendró cuando tenía trece y que entonces no estaba preparado, no supo que hacer. Ahora está pensando en volver a intentarlo en el norte. No hay trabajo. No hay salud. Y como suele venir en este paquete de infortunios, las posibilidades educativas son escasas.

Alguien que conoce bien los problemas educativos del valle es la profesora Jesús. Ejerce el oficio desde 1987. Es maestra de veintiún niños y niñas del primer grado en la Escuela José Trinidad Cabañas. El centro educativo tiene una población estudiantil aproximada de 350 niños y niñas de la comunidad de El Pedernal en el municipio de El Porvenir.

La Profesora Jesús tiene cincuenta y tres años, y padece de problemas dermatológicos desde 2009. Año en el que la minera dicen que cerró operaciones. Pero ya no se trata más la alergia y laceraciones que se le acrecientan en la temporada de calor. Una temporada que ya no saben en qué época del año es, porque el clima ha cambiado drásticamente en la zona del valle. Ella y sus alumnos están enfermos. Lo sabe. Pero también sabe que es poco lo que se puede hacer ya. Y aunque su mirada es clara, atraviesa sus ojos vidriosos para decir cosas que apenas entiendo. Acaso la tristeza de saberse una comunidad con pocas posibilidades.

El reto actual de las comunidades del valle es evitar un mayor avance del modelo extractivista que amenaza las únicas fuentes de agua que quedan sin contaminar: sus aguas termales. Ocho mil hectáreas del valle han sido concesionadas por cincuenta años a la empresa «12 tribus» y cuya concesionaria es Ormat Technologies de origen israelita para la instalación de una empresa generadora de energía térmica. Que judíos lleguen al Valle de Siria hasta parece una broma de mal gusto, o una paradoja de lo mal que están pasando algunas cosas en el mundo.

Luego de ir al valle una verdad de la que me doy cuenta es que estas personas me han dado mucho contándome sus historias, y yo no les he dejado nada, apenas este texto que se publica en formato digital. Así que las posibilidades que lo lean son escasas. Pero si existe una verdad que pesa más que todo el oro y la plata de las montañas que rodean el valle es que el resarcimiento moral que el Estado hondureño tiene en comunidades como las de El Valle de Siria es enorme, quizá impagable. Aquí donde la consigna de «vida mejor» es una caja vacía.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/04/valle-de-la-desesperanza-de-goldcorp-inc-entre-mares/

Perú

Exigimos el esclarecimiento por el uso desmedido de la fuerza y la violencia en contra de ciudadanas/os de Alto Huarca por parte de la PNP y la empresa minera Glencore en Espinar.

Frente a los hechos de violencia sucedidos en la comunidad campesina de Alto Huarcade la provincia de Espinar manifestamos lo siguiente:

El 03 de abril del año en curso, en la comunidad campesina de Alto Huarca de la provincia de Espinar, donde se realizó una intervención policial ordenada por la Fiscal Adjunta de Espinar Delia Avendaño Yucra, según oficio N° 546-2018-MP-FPP-ESPINAR, de la misma fecha, solicitó al Comandante de la Comisaria de Espinar, que se designe a siete (07) efectivos policiales en el día; a fin de que se “restablezca el orden”, en la Comunidad de Alto Huarca, cerca al proyecto de la minera Antapaccay en la vía Nacional.

Sin embargo, la intervención se realizó con un promedio de cuarenta (40) efectivos policiales y personal de seguridad privada de la empresa, así como ocho funcionarios, personal de relaciones comunitarias y abogados de la empresa minera junto con maquinarias pesadas, que se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca, con la aparente finalidad de desalojar del territorio de la comunidad a las familias que allí viven.

La intervención Fiscal tiene que responder a hechos reales. El no haber cumplido con este deber ha generado abusos como en el caso de la señora Francisca Umasi, posesionaria directa y comunera, quien junto a sus hijas, nietas y familiares (08 personas), sufrieron agresiones físicas y psicológicas (golpes, patadas, insultos y amenazas), que terminaron por desmayar a la señora Francisca, una mujer de 70 años de edad quien sufrió dichas agresiones por el solo hecho de resistirse a firmar un documento.

Por estas consideraciones condenamos estos hechos y exigimos a las autoridades competentes que se ordene iniciar las investigaciones penales por el supuesto delito de abuso de autoridad, prevaricato y coacción, contra las autoridades que se han excedido en sus funciones más allá de las atribuciones que la ley les faculta, y se sancione a los responsables. Esto ocurre por la inacción y pasividad de un Estado que permite la celebración de convenios entre la PNP y las empresas mineras, que ocasionan abusos como el ocurrido en Espinar.

Finalmente, los suscritos nos solidarizamos con las víctimas de este nuevo accionar de violencia en contra de poblaciones que solo defienden sus derechos al territorio, al agua y a la vida.

06 de abril de 2018

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Mexico

Aprueban explotación minera marina en paso de ballena gris y tortuga en BCS

Abogados ambientalistas y biólogos marinos afirman que el proyecto abriría la ruta a más permisos de explotación minera marina, evadiendo entrega de manifestaciones de impacto ambiental.

 

Se estima que en el yacimiento minero Don Diego hay 558 millones de toneladas de fosfatos de interés para agricultura.

La compañía minera Exploraciones Oceánicas, subsidiaria en México de la multinacional Odyssey Marine Exploration, informó que ganó un  juicio federal para poder explotar un yacimiento minero marino, frente a las costas de la Bahía del Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, del cual podrían extraerfosfatos y sulfatos para fabricar fertilizantes agrícolas, no obstante su repercusión medioambiental la cual ha sido advertida por especialistas y abogados ambientales.

El permiso de explotación minera marina estuvo en disputa casi diez años y la prohibición para el aprovechamiento minero fue concedida, el 21 de marzo, por un Tribunal Federal en Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), encabezado por el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas.

Abogados ambientalistas y biólogos marinos afirman que este proyecto minero podría abrir la ruta a más permisos de explotación minera marina, evadiendo los  requisitos de entrega de manifestaciones de impacto ambiental. El yacimiento explotable se llama Don Diego y están en aguas patrimoniales mexicanas.

El proyecto minero Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 588 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, cantidad equivalente al 60 por ciento de la superficie de la Ciudad de México. Esa arena fosfática está a menos de 100 metros de profundidad del mar y estaría acomodada en un yacimiento de más de dos metros de grosor.

En el año 2015, la organización de Abogados y abogadas ambientales para América Latina (AIDA) manifestó públicamente su preocupación por el eventual permiso de explotación minera en esta zona marina mexicana  debido a su posible impacto sobre la fauna marina, migrante y permanente.

“La ballena gris y otras especies de ballena y tortuga marina que habitan la zona o que la recorren, se comunican entre sí, se mantienen unidas y encuentran alimento por medio de sonidos. Para obtener la arena fosfática, el proyecto emplearía grandes barcos de dragado, generando un gran ruido en el área y poniendo en riesgo la sobrevivencia de estas especies al posiblemente alterar su entorno y modificar su comportamiento”, indicaron en ese momento los abogados de AIDA.

SUSPENSIÓN Y REVISIÓN. En abril de 2015, AIDA presentó ante la autoridad ambiental de México sus comentarios sobre el proyecto Don Diego, en los que puso énfasis en señalar que ese proyecto minero carecía de la información técnica suficiente para garantizar que no dañará gravemente la Bahía de Ulloa, la pesca del lugar y el hábitat de ballenas y tortugas marinas.

La empresa a cargo del proyecto retiró su propuesta en junio de 2015 y, dos meses después, presentó una nueva bajo otro nombre. AIDA analizó el segundo proyecto y brindó comentarios al respecto.

Una de las empresas asociadas al proyecto es la fabricante de fertilizantes agrícolas llamada Chatham Rock Phosphate, que realizó algunos estudios en campos agrícolas de Nueva Zelanda, con las arenas de fosfatos extraídas de México y concluyó que la roca de fosfato obtenida en el yacimiento marino de Don Diego, es “un mineral con alto grado de nutrientes para la agricultura, incluso antes de ser sometido a los procesos industriales de enriquecimiento de nutriente.

“Ésta es la mejor noticia para Chatham puesto que teníamos nuestro permiso de explotación minera desde diciembre de 2013. Esto establece un precedente para la minería de fosfato marina después de la extensa y detallada evaluación ambiental”, comentó en un comunicado el Presidente de Chatham, Chris Castle.

El permiso para explotar el yacimiento de fosfatos Don Diego se suma a otra autorización que obtuvo Chatman para extracción de recursos mineros en aguas territoriales de Nueva Zelanda el año pasado. Los procesos enfocan la atención en la realidad de que la minería marina está en crecimiento y que del mismo modo crecerán los litigios por asegurar los mínimos impactos de la minería sobre el medio marino.

Fuente:http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1073148.html

El Salvador

“Minería verde es simplemente materia de mercadeo”: Miguel Rivera (ADES)

A nueve años del asesinato de Marcelo Rivera, su hermano, Miguel expresó su preocupación ante la ola publicitaria a favor de la “minería verde”, y el contexto político electoral que favorece a la derecha y en especial al partido ARENA, tras los resultados electorales del 4 de marzo.

“La verdad es que nosotros como familia, como compañeros de organización ambiental, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para defender el territorio, porque todavía tenemos yacimientos de oro en Cabañas y mientras esto sea así, las mineras transnacionales serán amenaza latente”, opinó.

Miguel Rivera trabaja en ADES, Santa Marta, pero también dedica parte de su tiempo, a manera personal, para apoyar procesos organizativos en San Isidro, Cabañas, creando una “sociedad en resistencia”, de este y otros temas habló en exclusiva a Diario Co Latino.

– Cabañas fue golpeado por la minería y cinco ambientalistas asesinados fue el saldo final. ¿Qué piensas de un nuevo intento de las mineras transnacionales?

Así como Marcelo, mi hermano, Ramiro Rivera y Dora Sorto, que tenía su hijo en su vientre, merecen ser revindicados y honrar sus memorias, porque entregaron sus vidas en la lucha por la defensa del medioambiente, que es algo justo, tenemos que trabajar de nuevo y fortalecernos para enfrentar estas nuevas amenazas.

Si los políticos tuvieran un poco más de sentido común, estarían claros que no se puede contaminar la poca agua del territorio nacional. Asumir también que habrá problemas de contaminación irreversibles y que todas estas acciones al final atentan al derecho de una vida digna de la población que dicen representar, porque la gente votó por ellos, no han sido puestos por sectores de poder.

– ¿Consideras una amenaza a la clase política de la derecha?

Realmente la historia en El Salvador ha sido lo contrario a una clase política proba y que desee trabajar por el país. Tenemos a esta clase política que está buscando recursos para financiarse sus campañas y llegar a enquistarse en las estructuras de gobierno y políticas, y se transforma en situaciones donde las voluntades se venden como en un mercado.

– ¿Crees que la visita y reunión de Frank Giustras y Carlos Slim, magnates de las minerías, y el expresidente Bill Clinton con el virtual candidato del partido ARENA Carlos Calleja, es amenazante?

Sí, hemos visto esa visita de gente de renombre y poder político, de los señores Giustras, Slim y el expresidente Clinton, y estamos claros, por las noticias generadas en investigaciones periodísticas, que estas personas financian a políticos alrededor del mundo, para llevar sus proyectos mineros tranquilamente, sin ninguna oposición.

– ¿Por qué una amenaza latente?

Recuerdo que ellos vinieron en el marco de estar en proceso de identificar un cambio de posibilidades y alternativas de desarrollo económico para Cabañas en El Salvador.

Y en ese mismo ámbito la Fundación El Dorado (Pacific Rim/Oceana Gold) cambia su razón social de extracción de metales, para convertir sus objetivos a proyectos sociales de emprendedurismo a nivel de país, sin mayores explicaciones.

Todo esto en un contexto donde existe una Ley de Prohibición a la Minería, y que por consecuencia no le permitiría a las mineras ni a sus proyectos sociales seguir vigentes en el país. El Estado falló, al final esto se convierte en una amenaza, porque las mineras siguen sus objetivos con su “lobby”, inyectando fondos a figuras políticas que llegarán a gobernar.

– ¿Continúa Oceana Gold en San Isidro, Cabañas?

Allá en Cabañas no se habla de Pacific Rim u Oceana Gold, se habla de Minerales Torogoz, haciendo referencia al ave nacional, tratando de borrar rastros de las transnacionales, como “tropicalizando” su accionar en los territorios y vienen con el impulso de la “minería verde”.

Claro, la población no se dejó sorprender, la gente está atenta y tiene una capacidad de inteligencia firme y ha respondido rechazándola.

– ¿Qué es esto de minería verde?

La minería verde no existe, si buscas en el Internet e ingresas con cualquier motor de búsqueda te encuentras con una gran cantidad de estudios e investigaciones que dejan claro que los conceptos de la minería verde, minería integral o responsable… es toda una parafernalia, es materia de “mercadeo”. Más parece una forma de encubrimiento para llevar a cabo proyectos que están a 90º grados del concepto de minería verde, y el concepto que tratan de vender como proceso amigable con el medioambiente.

– ¿Qué valoración haces frente a la coyuntura política de país?

Creo que el contexto político que enfrentamos a unos meses en la Asamblea Legislativa y luego en el 2019 no es nada alentador. Solo recuerdo que el día que aprobaron la ley contra la minería, algunos diputados del partido ARENA se salieron para no votar por la prohibición. Son diputados con más poder económico e influencia política, y no votaron para no aparecer como que están en contra de muchos proyectos que apoyan realmente.

Recordemos, los empresarios quieren imponer sus proyectos a costa de lo que sea, y nosotros como población organizada estaremos ahí para enfrentarlos.

Fuente:https://www.diariocolatino.com/mineria-verde-es-simplemente-materia-de-mercadeo-miguel-rivera-ades/
Mexico

Ordena juez federal suspensión definitiva de planta Chemours

El Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna determinó la suspensión definitiva de la construcción de una planta de cianuro de sodio en el poblado Dinamita del municipio de Gómez Palacio por parte de la empresa Chemours Company.

La sentencia se emitió este miércoles y representaría la cancelación del proyecto, aunque está pendiente de realizarse la audiencia constitucional en la que el juez federal resolverá el fondo del asunto. Esto implicaría que el juicio podría tardar incluso años.

La suspensión definitiva se emitió ante la promoción del amparo indirecto especializado en materia ambiental 312/2018, por parte de la agrupación civil Pro Defensa del Ciudadano de esta ciudad.

Dicho amparo hace alusión al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y sostiene que la operación de la planta de cianuro de sodio pondría en riesgo a la población y “es un veneno que haría imposible la restitución de la vida de las personas”.

Apenas el pasado viernes 16 de marzo el juzgador determinó la suspensión provisional de las obras.

La empresa Chemours tenía considerada una inversión de 150 millones de dólares en dicha planta.

La suspensión definitiva se emitió ante la promoción del amparo indirecto especializado en materia ambiental 312/2018, por parte de la agrupación civil Pro Defensa del Ciudadano de esta ciudad. (ARCHIVO)

Fuente:http://www.remamx.org/2018/04/ordena-juez-federal-suspension-definitiva-de-planta-chemours/

Mexico

En defensa de los territorios

A mediados de marzo, integrantes de más de 20 pueblos indígenas, junto con comunidades campesinas, organizaciones y colectivos provenientes de 23 estados del país se encontraron en la Ciudad de México, y a partir de sus propios testimonios construyeron un mapa de las amenazas que enfrentan sus territorios.

Para los pueblos indígenas la tierra tiene connotaciones particulares, que la hacen formar parte de algo mayor llamado territorio. El territorio es un espacio físico totalizador, construido colectivamente en una relación de reciprocidad con la naturaleza, que incluye las funciones productivas de la tierra, pero también el concepto de tierra natal, cultura, religión, sitios sagrados y ancestros, ambiente natural, agua, bosque, minerales.

En México, los pueblos indígenas tienen derechos agrarios sobre las tierras que ocupan bajo la forma de ejidos o comunidades agrarias. Por varias décadas, la tenencia social de la tierra –que abarca la mitad de la superficie del país– obstaculizó el avance de distintos proyectos, pero a partir de las reformas a las leyes energéticas y extractivas de 2014, promovidas por el presidente Peña Nieto y aprobadas por las cámaras de diputados y senadores, el despojo de los territorios indígenas y campesinos está legalizado. En sentido contrario a la demanda de autonomía como libre determinación de los pueblos indígenas, el Estado realizó una profunda contrarreforma agraria a favor de las empresas trasnacionales. Las causas del despojo pueden ser también megaproyectos de infraestructura, o el acaparamiento de tierras y aguas por la agroindustria.

Las empresas disputan a los pueblos el destino de sus territorios y bienes naturales, mediante una guerra de exterminio, y han tenido un efecto devastador en el campo mexicano. El mapa de los conflictos socioambientales resultado del encuentro es sólo una muestra representativa de la violencia que ha generado este modelo.

En el noroeste, la disputa es por el agua, entre la población y empresas como Constellation Brands y Driscoll’s, que producen cerveza y fresas para exportación en el desierto. La lucha del pueblo yaqui contra el Acue­ducto Independencia que desvía el agua de su río para ser utilizada en las ciudades de Hermosillo y Obregón es emblemática. En Chihuahua, el pueblo rarámuri se opuso a la construcción de un aeropuerto, al cruce de un gasoducto y a la tala de sus bosques y triunfó jurídicamente. En Coahuila, los campesinos rechazan el establecimiento de un basurero tóxico. En San Luis Potosí, la minera San Xavier destruyó el Cerro de San Pedro a pesar de que la sociedad civil había ganado el juicio en su contra.

Los totonacos y chontales de Veracruz y Tabasco refieren la contaminación de sus tierras y agua por la explotación de petróleo. La construcción de la hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit, amenaza con inundar a comunidades coras. Los wixarikas defienden sus territorios sagrados de la minería y las presas.

Los jóvenes jornaleros de Jalisco viven un sistema de peonaje acasillado moderno trabajando para los emporios agroindustriales. Los nahuas de Colima resisten contra la minería. Los nahuas de Michoacán se organizan y defienden contra la violencia y el despojo de sus bosques. Los purépechas lograron detener a los talamontes, que son parte de la economía criminal, y recuperar sus bosques y organización comunitaria. En Guanajuato, la población defiende su derecho al agua acaparada y contaminada por la agroindustria y la industria automotriz.

En Guerrero, los me’phaa impidieron el decreto de una reserva de la biósfera y triunfaron en contra de las concesiones mineras en su territorio. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota ha impedido su construcción durante 15 años, a pesar de la enorme represión en su contra. Los pueblos de La Montaña se protegen de la inseguridad y violencia que campea en el estado haciendo uso de sus estructuras e instituciones comunitarias. En Oaxaca, los zapotecos, mixes, mixtecos, chontales y zoques resisten en contra de las concesiones mineras que pretenden invadir sus territorios. Los chinantecos se oponen a la contaminación y destrucción de sus ríos por la construcción de presas hidroeléctricas. Los mixtecos, chatinos y afrodescendientes defienden el río Verde y se oponen a la construcción de la presa Paso de la Reina. Los ikoojts y los zapotecos luchan contra las empresas eólicas.

Co­munidades tepehuas, nahuas, otomíes y totonacas de Puebla e Hidalgo se organizan y oponen al gasoducto Tuxpan-Tula. Los nahuas y totonacos organizados en la Tosepan Titataniske resisten en contra la instalación de una hidroeléctrica en el río Apulco, y de la explotación minera y de hidrocarburos.

En Chiapas, la minería destruye el tejido social, mientras los pueblos tzeltal, chol, lacandón y chuj, pierden el control sobre sus bienes naturales y territorios por la política de conservación. Los mayas de la Península de Yucatán se enfrentan a la invasión de los cultivos y ganadería industriales como la soya transgénica o las megaexplotaciones de cerdos y pollos, pero también a los parques eólicos.

El despojo y saqueo de los territorios indígenas en todo el país ha propiciado el aumento de la violencia y la represión, pero los pueblos originarios han decidido mantenerse en resistencia permanente y utilizar la fuerza de la comunalidad para defender sus territorios e identidad.

*Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)