Republica Dominicana

TSA rechaza solicitud de amparo y medida cautelar contra minería en San Juan

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó una Acción Constitucional de Amparo de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) contra la explotación minera en la provincia San Juan al considerar que siguiendo el procedimiento establecido en las leyes que rigen la minería, no se vulneraría derecho alguno.

Asimismo, los jueces rechazaron la solicitud de medida cautelar preventiva para que el Ministerio de Energía y Minas se abstuviera de diligenciar y gestionar los trámites para la autorización de la concesión minera a GoldQuest en la zona de Romero, San Juan.

El Ministerio de Energía informó en un comunicado que el recurso -en contra de la institución y de y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Dirección General de Minería- fue depositado en febrero pasado por Trajano Vidal Potentini, líder de la citada fundación.

A finales de enero, el MEM envió al Poder Ejecutivo -solicitando aprobación- un proyecto de resolución para otorgar el título habilitante al Proyecto Minero Romero, que sería operado con minado subterráneo por la empresa GoldQuest en caso de obtener las licencias de explotación, ambiental y social.

El tribunal también rechazó la excepción de inconstitucionalidad interpuesta por la FJT, a la cual se adhirió el interviniente forzoso el senador de la provincia San Juan de la Maguana, Félix Bautista.

El titular de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, afirmó –al comentar la decisión de Tribunal Superior Administrativo- que las actuaciones de esa institución se desarrollan con estricto apego a la ley y el más alto criterio técnico.

La sentencia estará disponible dentro de diez días a partir del momento de su lectura, que tuvo lugar en el tribunal el pasado viernes en presencia de los representantes legales de las partes involucradas. Por parte del MEM, el proceso fue asumido por la licenciada Susana Gautreau de Windt, asistida por el equipo de la Dirección Legal de la institución.

Fuente:http://elcaribe.com.do/2018/04/15/tsa-rechaza-solicitud-de-amparo-y-medida-cautelar-contra-mineria-en-san-juan/

Panamá

Como el cianuro, opositores a la minería en Panamá se evaporan, dice empresa

Una historia acumulada de 30 años, cuando en plena dictadura panameña surgió la idea de explotar el oro de Cerro Quema, está en su encrucijada más difícil, pues aunque los opositores se evaporan como el cianuro, los inversores y trabajadores desesperan por la burocracia, dijo a Acan-Efe uno de los involucrados.

Apreciando las nubladas, húmedas y calientes tierras que albergan toneladas de oro, con un coro de fondo de monos aulladores, el director general de campo de Minera Cerro Quema, el ingeniero ambiental panameño José Bustamante, detalla a Acan-Efe cómo se ha logrado corregir lo que sus anteriores dueños permitieron.
Hace casi 20 años el gobierno, empujado por la población, cerró el proyecto por unos sedimentos tóxicos lanzados a río Quema, una loza que tomó tiempo remover.

Bustamante, quien desde hace más de 7 años está al frente del proyecto sobre el terreno, explicó a Acan-Efe con su acento santeño que es natural de un pueblo de Tonosí, ubicado a dos minutos de Cerro Quema, y reconoció que «siempre ha habido contrarios» a la mina.

La canadiense Orla se hizo de la propiedad de Minera Cerro Quema S.A. hace unos años atrás, con todo el pasivo y activo histórico que arrastra, con enemigos formidables como el Frente Santeño Antiminería y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), que cabildean para que se les saque del lugar por un supuesto riesgo ambiental.

«La empresa ha sido muy responsable en esa parte del manejo ambiental, de la mano con las actividades que realizamos el grupo que ha estado en contra se ha ido diluyendo, porque la comunidad se ha dado cuenta del manejo ambiental que ha tenido por la reforestación, la calidad de las aguas y la educación», aseguró.

«Hace siete a nueve años atrás la relación con la comunidad no era muy buena, ya ahora los que trabajan aquí se relacionan muy bien con la comunidad, que ha aceptado el proyecto, sabe los programas sociales que se beneficiarán, han recogido más de mil firmas para solicitar al presidente panameño, Juan Carlos Varela, una respuesta para el proyecto por el impacto negativo que habrá si se va», dijo.
Sobre los riesgos de contaminación de aguas y de lluvia ácida, especificó que «todo proyecto, si es una empresa responsable, lo hace bien desde un inicio», y que la subsidiaria de la canadiense «siempre tuvo la responsabilidad de hacer estudios de prefactibilidad».

«Los tajos no van a ser profundos por el tipo de mineral que tenemos, el mineral está antes de los 40 a 110 metros de profundidad, o sea van a quedar sobre 200 a 400 metros de donde se encuentra el agua subterránea», aseguró, y reiteró que «el estudio (de impacto) lo califica como un proyecto viable social y ambientalmente».

Bustamante explicó que de los 120 millones de dólares a invertir durante la construcción y explotación de la mina se destinará «un alto presupuesto al aspecto ambiental», sin precisar cifras, aunque indicó que actualmente las medidas de protección ambiental reciben 2 millones de dólares de presupuesto anual.

La lixiviación, donde se comienza a extraer el oro, se hace con agua y cianuro, pero en un porcentaje tan bajo que se diluye al contacto con el aire, sostuvo.

Será en un sistema de circuito cerrado desde un pozo con un caudal de 27.5 metros cúbicos por hora desde donde se bombeará a un tanque en donde el líquido será purificado permanentemente, detalló. El oro no está en pepitas, es microscópico», aclaró.

De las 15.000 hectáreas de la concesión se impactará 480 hectáreas, de las cuales 30 hectáreas de antiguos potreros serán las ocupadas por la planta de procesamiento, las maquinarias y bandas de transporte desde los tajos a cielo abierto, para extraer a diario unas 10,000 toneladas de piedra que serán sometidas a lixiviación.

En el recorrido a las alturas de Cerro Quema, cubierto de una espesa bruma, Acan-Efe pudo constatar las columnas de humo de las quemas vecinas y el área boscosa de la mina donde manadas de monos gritaban, mientras los expertos advertían del riesgo de picaduras de serpientes, alacranes o arañas.

Bustamante enfatizó que «solo estamos proyectados para sacar oro y un cierto porcentaje de plata durante cinco años de beneficio de minerales y tres años y medio de cierre y postcierre», cuando fue cuestionado que la prospección menciona la posible presencia de minerales de cobre.

De 130 trabajadores, con una edad promedio entre 35 y 45 años, a inicios de año se ha reducido a 105 por la falta de los permisos por parte del Gobierno para comenzar a construir la mina. 
Fuente:http://www.panamaamerica.com.pa/economia/como-el-cianuro-opositores-la-mineria-en-panama-se-evaporan-dice-empresa-1102762
Mexico

Los descarados privilegios de la minería

La minería es un sector industrial sumamente privilegiado en el país. Por un lado, goza de una laxitud en la aplicación de regímenes fiscales pocas veces visto en otras industrias, y por otro, una batería de leyes la protegen y privilegian.

Contrario a lo que pueda suponerse, la minería no es ese motor de desarrollo económico para el país. Es una industria que ha incumplido con obligaciones fiscales importantes como es el pago de derechos mineros a los que está sujeta desde 2014, de acuerdo con los informes que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para los años 2015 y 2016 sobre el pago de derechos. Los documentos revelan que apenas un 0.8 por ciento de los titulares de concesiones mineras en México realizó el pago del derecho especial sobre minería y tan sólo el 32.4 por ciento realizó el pago del derecho extraordinario. Sobre el derecho adicional, el SAT no contó con información para determinar cuántos concesionarios estaban obligados al pago correspondiente. Ojalá fuese así de bondadoso con el resto de los mexicanos.

Aunque la situación mejoró ligeramente para 2016, de nueva cuenta la ASF encontró más irregularidades en la entrega de los informes sobre la producción, beneficio y destino de minerales o sustancias y en los informes de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación a los que están obligados. La entrega de estos informes es importante, puesto que es un paso previo a la identificación de las empresas mineras que deben pagar derechos sobre minería, al no contar con esta información, tampoco es posible la exigencia de sus pagos.

Ante estas violaciones fiscales, la Secretaría de Economía no ha sancionado a los concesionarios mineros que han incumplido con el pago de sus obligaciones. De hecho, de acuerdo con la Ley minera, el incumplimiento de estos pagos es motivo suficiente para iniciar con el procedimiento de cancelación de las concesiones mineras correspondientes y no ha sucedido.

Lo anterior es una muestra clara de un Estado corporativo, donde el capital privado goza de grandes privilegios y cuyas leyes están pensadas para favorecerles casi exclusivamente. Muestra de ello es el carácter preferente que se da a la actividad minera. El artículo 6 de la Ley minera establece que la exploración, explotación y beneficio de minerales tiene carácter de preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de la tierra, lo cual implica que todas las actividades productivas, exceptuando la extracción de hidrocarburos y la generación de electricidad,  quedan subordinadas a la minería; tales como la agricultura, el turismo o  cualquier otra actividad industrial e incluso los usos que del territorio realicen las comunidades indígenas y campesinas de acuerdo con sus costumbres y cultura. En consecuencia, a través de la Ley Minera y de manera contraria a las obligaciones del Estado para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se priorizan los intereses de las empresas mineras. Lo anterior, aunado a la franca violación al derecho a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua, plasmados en el artículo 4º constitucional.

Por si esto fuera poco, otra condición favorable a la minería establecida en la Ley Minera es la que otorga el Estado en lo referente a las concesiones, mismas que pueden darse hasta por 50 años y ser prorrogadas por igual término. Así, las empresas mineras tienen un siglo para extraer el oro y la plata que requieran.

No puedo dejar de mencionar que la minería también puede realizarse dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANPs), pese a que éstas por su misma naturaleza debieran estar resguardadas en su totalidad y ser excluidas de actividades industriales.

Los privilegios que otorga el marco legal a la actividad minera contrastan con los fuertes impactos que tiene en la vida de las personas y en el medio ambiente. Además de los conflictos socioambientales cada vez más comunes en los territorios donde ésta se realiza. Ante ello, vale la pena preguntarse ¿de verdad una industria que provoca tal cantidad de conflictos, impactos, que viola derechos humanos y de pueblos indígenas y, que además no contribuye con sus obligaciones fiscales, debe gozar de tan grandes privilegios? ¿No deberían privilegiarse las actividades económicas que verdaderamente beneficien a las y los mexicanos y no a estas corporaciones? Sin duda, es urgente invertir el equilibrio de poderes y cambiar urgentemente las reglas.

 

Información más detallada puede consultarse en el Anuario de Industrias Extractivas 2016

Fuente:http://www.sinembargo.mx/16-04-2018/3406709

Mexico

De 290 mineras en México, 211 son de Canadá; todos las autorizan, nadie se responsabiliza del daño

Las dependencias federales que autorizan que las mineras nacionales y extranjeras operen en una extensión que abarca ya 22 millones de hectáreas en el territorio mexicano son las secretarías de Economía (SE), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener).

También se involucran las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

– La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.

La actividad minera provoca daños a la salud que incluso propicia distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.

En el tema medioambiental, los problemas se esparcen por suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. El cianuro utilizado para la extracción de algunos minerales contamina fuentes hídricas y tierras que llegan a perder fertilidad.

Los impactos sociales que surgen en las zonas de extracción se centran en el desplazamiento y migración local, así como en conflictos que incluyen la resistencia y la división en la comunidad entre las personas que están de acuerdo contra quienes se oponen a los proyectos.

En palabras de Isabel Clavijo, investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), “las empresas tienen patrones y tácticas que contribuyen a la generación de conflictos sociales, ya que buscan desestimar y eliminar cualquier proceso de resistencia organizativa por parte de las comunidades, la mayoría indígenas y pobres, que estén en contra de los proyectos”.

 

SinEmbargo consultó a distintos especialistas en la materia, quienes señalaron a las instancias que tienen participación –en mayor o menor medida– para permitir operar en el país a 290 compañías mineras, 211 de ellas de origen canadiense.

Mineros marcharon el pasado 19 de febrero desde la Segob al Ángel de la Independencia, en la CdMx, a 12 años de la explosión de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde murieron 65 mineros cuyos cuerpos todavía no han sido rescatados.

Todo comienza en la Secretaría de Economía (SE), donde se otorga la concesión. La dependencia federal es, afirmaron los entrevistados, la principal de la docena de instancias incluidas en la “Guía de Procedimientos Mineros”, realizada justamente por dicha instancia hoy dirigida por Ildefonso Guajardo Villarreal.

Asimismo, la SE regula y promociona la actividad minera e inscribe a las firmas en un registro de empresas mineras y de compañías con inversión extranjera directa.

Un documento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de 2016, existían en toda la República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22 millones de hectáreas.

“Para poder dimensionar esta extensión, equivale aproximadamente a la superficie acumulada de la Península de Yucatán, que abarca Yucatán, Quintana Roo y Campeche, más Veracruz, Aguascalientes y Ciudad de México”, se lee.

En apego al último registro del Sistema de Administración Minera (SIAM), sólo en septiembre de 2017 se otorgaron 84 permisos.

Cabe mencionar que la concesión es otorgada hasta por un siglo: de entrada se concede por 50 años, con la posibilidad de solicitar una prórroga por un periodo igual, que, indicaron los especialistas, difícilmente será  negada.

“Lo que hace el Gobierno federal es otorgar un pedazo de soberanía nacional sobre un territorio determinado a un particular por un periodo de tiempo demasiado extenso […]. La función de la SE es un clásico ejemplo del Estado reducido a su mínima denominación como ente regulador”, alertó Francisco Cravioto Lagos, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

“Los polígonos se están otorgando de manera muy rápida, su objetivo es hacer lo más ágil posible el trámite para los intereses privados. La concesión normalmente se otorga, no conozco un caso donde se haya negado una concesión en aras de respetar o garantizar un derecho humano, no es común”, apuntaló Clavijo.

Cabe aclarar que el hecho de que exista una concesión no significa que haya un proyecto en marcha.

MANGA ANCHA A MINERAS

El maestro Eduardo Torres Alonso, miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que, a pesar de que la Secretaría de Economía, es la instancia más importante porque otorga las concesiones, no es la única que tiene participación en dar manga ancha a las mineras.

Las otras dependencias que tienen participación son las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener); también las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En términos de importancia, coinciden los investigadores consultados, a la Sener le sigue la Semarnat, encargada de la regulación en el tema ambiental, ente que debiera velar por la conservación y el bienestar de los recursos naturales, pero que en la práctica no lo hace.

Para que la dependencia operada por Rafael Pacchiano Alamán autorice las actividades de exploración, los interesados deben presentar un informe preventivo.

Ante esta dependencia federal, las empresas presentan también la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un análisis en el que se previene y planea el proyecto a fin de determinar cuáles son las consecuencias que puede causar, en este caso la actividad minera, sobre el medio ambiente. Además, la MIA designa las medidas preventivas que se ejecutarían para disminuir esos impactos negativos.

“La Semarnat tiene un papel fundamental, dadas las consecuencias ecológicas que tiene esta actividad. Esta Secretaría regula precisamente el tema medioambiental, fomenta la protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. Para obtener la concesión, la Semarnat revisa la MIA y da el visto bueno en relación con las actividades mineras. Una vez que da el visto bueno, se puede continuar con el proceso de obtención de la concesión”, dijo Torres Alonso.

La investigadora Clavijo afirmó que lo que se ha “identificado es que Semarnat no necesariamente hace un análisis exhaustivo que permita garantizar que no se esté atentando contra el derecho a un medio ambiente sano”.

A las autoridades municipales se les solicita un permiso de cambio de uso de suelo.

La SHCP otorga el registro fiscal a dichas firmas, además de recaudar los impuestos y los derechos de sus actividades.

La Sedatu otorga la certeza jurídica con relación a la tenencia de la tierra. A través del Registro Agrario Nacional (RAN), se encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal. Es la entidad que lleva a cabo la inscripción de los decretos de expropiación de dichos bienes.

“La Sedatu tiene como misión proporcionar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra de la población, pero si esto no se cumple, pues la dependencia no satisface su objetivo. La Sedatu está vinculada a que precisamente los terrenos no le sean arrebatados indebidamente a los pueblos que habitan en donde se va a ejecutar la minería”, comentó Torres Alonso.

La CDI asesora a las empresas en relación con los usos y costumbres de los pueblos originarios a fin de evitar conflictos sociales, ya que gran parte de las comunidades indígenas habitan en lugares que son atractivos para la realización de la minería, de allí la importancia de que los interesados en llevar a cabo la actividad extractiva se acerquen al organismo descentralizado.

No obstante, “la CDI interviene cuando ya hay un conflicto porque las empresas no se acercan antes a ellos, no se comunican antes para preguntar si en tal lugar se puede operar una mina”, criticó Torres Alonso.

La Conagua tiene una actividad fundamental vinculada a la regulación de los derechos por uso del vital líquido. La minería requiere grandes cantidades del vital líquido y contamina aún más, entonces la Comisión puede otorgar o prorrogar los títulos de asignación o concesión para el uso de agua. También se encarga de lo relacionado con las descargas de aguas residuales.

“Los espacios que se ocupan para la minería están en el norte del país, principalmente, donde hay muy poca agua. En la franja norte de México, hay 30 por ciento de disponibilidad de agua y como allí se concentran los proyectos mineros, disminuye aceleradamente el vital liquido para la población”, puntualizó el investigador de la Máxima Casa de Estudios.

La Sedena está vinculada con la autorización y supervisión del uso de explosivos, ya que es la encargada de otorgar un permiso general para la compra, almacenamiento y consumo de este tipo de material en la industria.

El IMSS tiene la tarea fundamental de brindar el servicio médico y seguridad social a sus afiliados, después de que el patrón de la empresa minera registra a los empleados.

La STPS proporciona la seguridad laboral con los trabajadores, lo cual resulta importante al ser la minería una actividad riesgosa. La secretaría autoriza el funcionamiento de recipientes como calderas o recipientes sujetos a presión a fin de vigilar el cumplimiento a la NOM-020- STPS-2011. También inspecciona que en las mineras no trabajen menores de edad y es quien puede autorizar empleos a menores entre 14 y 17 años. También aprueba planes y programas de capacitación.

La Sener, al ser la entidad encargada de dirigir la política en materia energética del país, participa cuando en las tierras a explotar por las compañías mineras se da el hallazgo de yacimientos de hidrocarburos. Por su parte, el SGM ofrece asesoría geológica minera de uso de suelo y estudios ambientales.

Ante el panorama expuesto, los especialistas coinciidieron que en México, las autoridades anteponen los intereses particulares de las mineras, sobre el bienestar de la población.

“Las autoridades, amparadas en el marco de la Ley, no están realizando un proceso de evaluación y de revisión exhaustivo que permita que las empresas garanticen el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente […]. No se está considerando la decisión y la libre autodeterminación de las comunidades a decidir sobre las actividades que quieren sobre el territorio”, aseveró Clavijo.

Por ello, recriminó que “el interés privado no debería prevalecer por encima del bien común”, por lo que remarcó, “es obligación del Estado y de las autoridades actuar en concordancia con esta premisa” y que existe una “actitud muy laxa” por parte de las autoridades, que favorece precisamente el interés privado sobre el público.

“[El Gobierno] sobrepone el interés privado, sobre el interés público. Se le da prioridad a grupos privados en aras de proteger la inversión como política de Gobierno”, insistió.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/15-04-2018/3404994

Colombia

Consultas populares y regalías, retos del próximo Gobierno

Sector minero-energético dice que nuevo presidente debe dar seguridad jurídica a inversionistas.

Por la fuerte caída en los precios del petróleo y la contracción en la inversión de los últimos años, los temas por resolver en el sector minero-energético por el próximo gobierno –para que este renglón continúe aportando millonarios recursos– son los mismos pendientes hace ya varios años.

Para Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), en el sector de hidrocarburos los mayores desafíos de la nueva administración tienen que ver con la seguridad jurídica y la presencia del Estado en los territorios, entre otros.

Sobre el primero, en el que las consultas populares son la preocupación de todos los gremios y cuyo alcance está siendo analizado por la Corte Constitucional tras una tutela de una petrolera, Lloreda señala que hay que darle una solución al uso indebido de este mecanismo de participación, porque está utilizándose para modificar la política pública de hidrocarburos y afecta contratos vigentes entre las empresas y el Estado.

El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola, plantea avanzar en una reforma constitucional que asigne competencias a autoridades del orden nacional en la gestión y control de los sectores estratégicos para la economía y administración del subsuelo.

Regalías, cambio clave

Desde hace varios meses diferentes observadores y los mismos gremios del sector han señalado que si bien la reforma a las regalías tenía un objetivo de equidad, la aplicación y la reducción del porcentaje de beneficios directos para las regiones produjo gran descontento en las áreas de producción.

Allí, según Lloreda, cobran importancia la aplicación de los ajustes previstos en la reforma tributaria.

“Es de gran importancia una reforma al sistema de regalías, que además esté acompañada de mayor presencia en el territorio por parte del Estado, de la implementación del mecanismo de obras por impuestos y de la agilización en la ejecución de los recursos del 1 por ciento en proyectos estratégicos para que las regiones se beneficien más de los aportes del sector”, señala el presidente de la ACP.

El gremio minero, por su parte, cita un estudio del exministro de Hacienda Guillermo Perry, quien recomendó migrar a un esquema que retorna, vía impuestos, mayores recursos al país y a las regiones en épocas de precios altos de materia prima, cuando las utilidades empresariales superan las condiciones normales de operación, pero a su vez no asfixia la inversión en momentos de precios bajos.

Pero su presidente, Santiago Ángel, también señala que hay que hacer algo rápido en la operación actual, porque el alto número de Ocad y la debilidad institucional de varios de los municipios mineros han derivado en que el índice de gestión de proyectos de regalías sea bajo o crítico en la mayoría de los casos.

La caída en el flujo de inversión (…) se debe más a la falta de incentivos y de certeza jurídica que a la caída en el precio de los commodities mineros

“La caída en el flujo de inversión, según los índices de atracción de capitales mineros, se debe más a la falta de incentivos y de certeza jurídica que a la caída en el precio de los commodities mineros”, agrega la ACM.

Para la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, es esencial que el próximo Gobierno avance en incrementar la participación de la electricidad en la matriz energética, electrificando la economía con sustitución en el consumo de combustibles fósiles.

Fuente:http://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/presidenciales/los-retos-en-el-sector-minero-energetico-para-el-proximo-gobierno-205598

Colombia

Consultas mineras se hacen por falta de espacios de participación: organizaciones

La Corte Constitucional realizó una audiencia pública sobre el futuro de las consultas populares en proyectos extractivos.

La Sala Plena realiza audiencia sobre el futuro de las consultas minerasCorte Constitucional

Una defensa de las consultas populares en temas de minería y de proyectos extractivos realizaron varias organizaciones sociales ante la Corte Constitucional este jueves. ¿La razón? Que se estarían utilizado ante la falta de participación real de los municipios y de la ciudadanía en la planeación de los proyectos. Así lo indicó Diana Rodríguez, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

“El aumento de consultas populares no es un problema sino un síntoma del verdadero problema: la ausencia de espacios de participación efectivos para las entidades territoriales y los ciudadanos en las decisiones sobre minería e hidrocarburos”, dijo. Rodríguez habló en el marco de una audiencia pública que se convocó sobre el futuro de este mecanismo.

La discusión en la Corte está relacionada con la tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia en contra del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dio su visto bueno a una consulta en Cumaral y en la que ganó el ‘no’ a la extracción de hidrocarburos. Rodríguez señaló que los municipios tienen plenas facultades para convocar a las consultas, de acuerdo con la ley vigente y pidió no sobredimensionar este asunto, destacando que se han hecho hasta el momento nueve consultas.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/consultas-mineras-se-hacen-por-falta-de-espacios-de-participacion-organizaciones-articulo-749643

Mexico

Una mina submarina en el Golfo de Ulloa llevará a un colapso pesquero, señalan

La Cooperativa de Producción Pesquera de Puerto Chale solicitó a las autoridades pensar en impacto negativo económico sobre la región.

 Desde la perspectiva de Florencio Aguilar, presidente de la Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, un proyecto de minería en fondos del Golfo de Ulloa, como el de “Don Diego”, pondrá en riesgo al sector pesquero de

“Es un tema peligroso porque está en riesgo la producción pesquera; s alarmante, preocupante y debería de preocuparle al gobierno estatal (…) porque tendría un impacto importante en la economía nacional”, expresó en entrevista con Diario El Independiente.

El proyecto extractivo de Altos Hornos de México y Exploraciones Oceánicas pretende extraer millones de toneladas anuales de arena fosfática, durante 5 décadas, en una zona en la que existen colindantes con 6 zonas importantes de pesca.

En 2015, Florencio Aguilar junto a otros miembros del organismo pesquero, así como un reportero, fueron denunciados por el despacho que representa a la empresa norteamericana Exploraciones Oceánicas, por impedir el desarrollo económico de México ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La preocupación del representante pesquero, es evidente luego de la aparición de la noticia de que un tribunal federal otorgó a la empresa, un resolutivo favorable para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitiera de nuevo un fallo, el cual, no le favoreció.

La autoridad ambiental consideró que el proyecto ponía en peligro a la tortuga amarilla, porque en el Golfo de Ulloa es un área importante de alimentación y anidación de dicha especie, actualmente en peligro de extinción según la NOM 059.

Según datos de INEGI, en la región existen 26 comunidades pesqueras, según información dada por cooperativas a medios de comunicación, por lo menos 12 mil personas dependen de la pesca en la región mientras que el proyecto minero ofrece 80 empleos con capacidades técnicas muy definidas.

“Lo digo fuerte, y lo digo claro: ¡sobre nuestro cadáver ese proyecto operará! Si el gobierno lo permite se va a iniciar una guerra, porque no vamos a permitir que eso ocurra. ¿Dónde está el gobierno estatal y nuestros representantes?”, declaró.

Fuente:https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2018/04/11/una-mina-submarina-en-el-golfo-de-ulloa-llevara-a-un-colapso-pesquero-senalan

Mexico

En BCS pescadores protestan contra minera submarina “Don Diego”

De nuevo, el sector pesquero está preocupado por el nuevo resolutivo que tendría que emitir la Semarnat, a un proyecto que ya había sido negado.

 El día de hoy se manifestaron en la explanada de la alcaldía de Comondú, pescadores de distintas cooperativas para reafirmar su irritación contra el extractivismo en fondos marino, por parte del sector pesquero que dependen del Golfo Ulloa.

Ante la insistencia de inversionistas por desarrolla minería de gran calado en tierra y mar en Baja California Sur, Florencio Aguilar, presidente de la Cooperativa de Producción Puerto Chale, cree que es una buena idea formar un frente en común con aquellos actores sociales que luchan y niegan que su territorio sea transformado a capricho de otros.

Al preguntar acerca de los ciudadanos y las ciudadanas que rechazan a la minería a cielo abierto, en la Reserva de la Biosfera de Sierra La Laguna y en otras partes de BCS, consideró sumarse para crear “un frente fuerte para que esto no pase y sea para salvar la vida de todos los que habitamos Baja California Sur”.

Ante el resolutivo que una corte federal emitió a favor del proyecto de minería submarina “Don Diego”, el cual obliga a la autoridad ambiental a emitir un nuevo dictamen; “la empresa se ampara ante el rechazo que dio la Semarnat y tendrá que hacer un pronunciamiento otra vez, eso nos preocupa”, expresó el representante pesquero.

Recordó el lamentable episodio cuando Exploraciones Oceánicas, firma que impulsa a “Don Diego” junto con Altos Hornos de México, lo demandó a él y a otros miembros la organización pesquera, porque se resisten a que la minera submarina opere en el Golfo de Ulloa. “No estamos dispuestos a vendernos: no vamos a vender nuestras aguas”, afirmó.

“Sabemos que hay gente poderosa y digo su nombre: Diego Fernández de Cevallos quien siempre ha estado detrás del PRI y el PAN buscando cómo y dónde para afectar al país, lo digo así, porque así es y no me da miedo decirlo porque esta gente está involucrada en todos estos temas”, dijo.

Fuente:https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2018/04/12/en-bcs-pescadores-protestan-contra-minera-submarina-don-diego

Colombia

Primer round en la Corte por las consultas mineras

El futuro de las consultas populares, como mecanismo definitivo para regular la actividad minera en el territorio colombiano, empezó ayer su debate en el recinto de la Corte Constitucional.

A raíz de la tutela interpuesta por la empresa indochina Mansarovar Energy, cuyos intereses mineros en jurisdicción del municipio de Cumaral, Meta, fueron bloqueados por el 97 % de la población que votó en contra del proyecto de extracción de petróleo, en el alto tribunal se vieron las caras los principales exponentes del país sobre el tema, a favor y en contra.

A favor

Quienes consideran un recurso definitivo la consulta popular para los proyectos de impacto ambiental coinciden en que esta es una solución al centralismo, poco conectado con las necesidades de las regiones y los pueblos.

Así lo expresó el representante del Concejo de Cumaral, Luis Arturo Ramírez, quien enfatizó que “desde Bogotá no conocen las necesidades de las comunidades”.

Lo secundó Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, quien advirtió que “los entes territoriales tienen competencia para regular el territorio y los usos del suelo”.

Ahora bien, quien tomó la decisión para permitir la consulta en este municipio llanero, el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, ratificó su decisión ante la Corte por medio de la magistrada Teresa Herrera, quien aseveró que la comunidad sí puede tomar esa decisión por cuanto tiene la potestad de “adoptar medidas para la protección del ambiente, por lo que puede prohibir restringir o permitir actividades mineras”.

Es de anotar que tanto la Procuraduría como la Defensoría secundaron esta potestad. Vale recordar que desde 2016, cuando la Corte protegió este mecanismo, se han realizado nueve consultas. Todas han resultado negativas para los proyectos.

En contra

El reclamo de los entes del Estado como las agencias de minería (ANM), de hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Minas y el propio Ministerio de Ambiente, consideraron que las exigencias previas para todo proyecto son garantía para la protección del territorio, además de que el dinero que genera es significativo.

Más allá, el MinMinas calificó de “detrimento patrimonial” los proyectos que han sido bloqueados por las consultas, tasándolo en 230 mil millones de pesos, que habría sido “destinado para salud, educación y vivienda para todos los colombianos”.

“Se debe asegurar una participación ciudadana, pero no prohibir actividades constitucionalmente permitidas”, recalcó la presidenta de la ANM, Silvana Habib Daza.

Lo mismo consideró el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez: “La participación ciudadana no puede generar una grave afectación de los intereses de la Nación”.

¿Ahora qué?

A partir de ahora, la Corte, máximo órgano de decisión sobre la Carta Magna, tendrá por lo menos tres meses para tomar su decisión, sobre si mantiene el mecanismo o lo regula en favor de los proyectos de explotación.

A cargo de la ponencia quedó la magistrada Cristina Pardo, quien tomará lo dicho ayer y elaborará una exposición para la Sala Plena, que la discutirá y fallará.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/primer-round-en-la-corte-por-las-consultas-mineras-CB8535602