La Cooperativa de Producción Pesquera de Puerto Chale solicitó a las autoridades pensar en impacto negativo económico sobre la región.

 Desde la perspectiva de Florencio Aguilar, presidente de la Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, un proyecto de minería en fondos del Golfo de Ulloa, como el de “Don Diego”, pondrá en riesgo al sector pesquero de

“Es un tema peligroso porque está en riesgo la producción pesquera; s alarmante, preocupante y debería de preocuparle al gobierno estatal (…) porque tendría un impacto importante en la economía nacional”, expresó en entrevista con Diario El Independiente.

El proyecto extractivo de Altos Hornos de México y Exploraciones Oceánicas pretende extraer millones de toneladas anuales de arena fosfática, durante 5 décadas, en una zona en la que existen colindantes con 6 zonas importantes de pesca.

En 2015, Florencio Aguilar junto a otros miembros del organismo pesquero, así como un reportero, fueron denunciados por el despacho que representa a la empresa norteamericana Exploraciones Oceánicas, por impedir el desarrollo económico de México ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La preocupación del representante pesquero, es evidente luego de la aparición de la noticia de que un tribunal federal otorgó a la empresa, un resolutivo favorable para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitiera de nuevo un fallo, el cual, no le favoreció.

La autoridad ambiental consideró que el proyecto ponía en peligro a la tortuga amarilla, porque en el Golfo de Ulloa es un área importante de alimentación y anidación de dicha especie, actualmente en peligro de extinción según la NOM 059.

Según datos de INEGI, en la región existen 26 comunidades pesqueras, según información dada por cooperativas a medios de comunicación, por lo menos 12 mil personas dependen de la pesca en la región mientras que el proyecto minero ofrece 80 empleos con capacidades técnicas muy definidas.

“Lo digo fuerte, y lo digo claro: ¡sobre nuestro cadáver ese proyecto operará! Si el gobierno lo permite se va a iniciar una guerra, porque no vamos a permitir que eso ocurra. ¿Dónde está el gobierno estatal y nuestros representantes?”, declaró.

Fuente:https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2018/04/11/una-mina-submarina-en-el-golfo-de-ulloa-llevara-a-un-colapso-pesquero-senalan

De nuevo, el sector pesquero está preocupado por el nuevo resolutivo que tendría que emitir la Semarnat, a un proyecto que ya había sido negado.

 El día de hoy se manifestaron en la explanada de la alcaldía de Comondú, pescadores de distintas cooperativas para reafirmar su irritación contra el extractivismo en fondos marino, por parte del sector pesquero que dependen del Golfo Ulloa.

Ante la insistencia de inversionistas por desarrolla minería de gran calado en tierra y mar en Baja California Sur, Florencio Aguilar, presidente de la Cooperativa de Producción Puerto Chale, cree que es una buena idea formar un frente en común con aquellos actores sociales que luchan y niegan que su territorio sea transformado a capricho de otros.

Al preguntar acerca de los ciudadanos y las ciudadanas que rechazan a la minería a cielo abierto, en la Reserva de la Biosfera de Sierra La Laguna y en otras partes de BCS, consideró sumarse para crear “un frente fuerte para que esto no pase y sea para salvar la vida de todos los que habitamos Baja California Sur”.

Ante el resolutivo que una corte federal emitió a favor del proyecto de minería submarina “Don Diego”, el cual obliga a la autoridad ambiental a emitir un nuevo dictamen; “la empresa se ampara ante el rechazo que dio la Semarnat y tendrá que hacer un pronunciamiento otra vez, eso nos preocupa”, expresó el representante pesquero.

Recordó el lamentable episodio cuando Exploraciones Oceánicas, firma que impulsa a “Don Diego” junto con Altos Hornos de México, lo demandó a él y a otros miembros la organización pesquera, porque se resisten a que la minera submarina opere en el Golfo de Ulloa. “No estamos dispuestos a vendernos: no vamos a vender nuestras aguas”, afirmó.

“Sabemos que hay gente poderosa y digo su nombre: Diego Fernández de Cevallos quien siempre ha estado detrás del PRI y el PAN buscando cómo y dónde para afectar al país, lo digo así, porque así es y no me da miedo decirlo porque esta gente está involucrada en todos estos temas”, dijo.

Fuente:https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2018/04/12/en-bcs-pescadores-protestan-contra-minera-submarina-don-diego

La Paz, Baja California Sur.- El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció que “ante la falta de consenso, dejaría de promover la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que expide la ley general de biodiversidad”.

Esta decisión fue publicada en el orden del día de la sesión ordinaria de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, a petición del coordinador del PVEM, Jesús Sesma, lo que implica que el dictamen se va a la “congeladora”, y quedará en calidad de proyecto para la próxima legislatura que inicia el 31 de agosto.

La noticia fue ampliamente celebrada por académicos, intelectuales, líderes de organizaciones, campesinos, pescadores, dirigentes de partidos políticos, funcionarios y candidatos a cargos de elección popular.

En las últimas horas los diputados el Partido Verde habrían tratado de cabildear el respaldo de los legisladores del PRI, sin obtener éxito alguno, de tal manera que en caso de haberse subido al pleno la votación, habría sido “libre”, es decir, sin compromisos de apoyo, y por tanto con una segura votación en contra.

A nivel local, el retiro de este dictamen fue ampliamente celebrado por dirigentes de organizaciones de pescadores, campesinos, ambientalistas, académicos, funcionarios de los tres niveles de gobierno, candidatos y actores políticos de Baja California Sur. Hasta ahora, sólo el senador Isaías González Cuevas lo ha defendido. También ha opinado a favor, el despacho denominado Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Fuente:https://www.elsudcaliforniano.com.mx/bcs/congelan-la-ley-de-biodiversidad

Artíclulo de Claudia Gómez Godoy publicado en el Nº33 de la revista El Topil, titulado “Minería, despojo legalizado”. El Topil es una publicación de Servicios para una educación alternativa A.C. (EDUCA). Claudia Gómez Godoy es una abogada mexicana especializada en Derechos Humanos y Pueblos Indígena, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Minería en México, un despojo legalizado a la propiedad social: expropiación, ocupación temporal y servidumbres.

En México, como en varios países de América Latina, un mecanismo que los gobiernos y las empresas han utilizado para despojar a los pueblos indígenas y campesinos de sus tierras, territorios y recursos naturales, ha sido la aprobación de leyes regresivas, contrarias a los derechos humanos, que declaran actividades extractivas como la minería, la extracción de hidrocarburos, la generación de energía eléctrica, como actividades que tienen preferencia sobre cualquier otra actividad.

La Ley Minera es una carta en blanco para robar. De acuerdo con el artículo 19, las concesiones mineras le otorgan a su titular la facultad para: Realizar obras y trabajos de exploración y explotación, disponer de los productos minerales que encuentren, disponer de los terrenos y obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de las tierras que sean indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación, así mismo pueden obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas, todo esto por 50 años que además pueden prorrogarse.

Jurídicamente, las concesiones amparan únicamente a los recursos minerales, no les otorga a los mineros la titularidad de las tierras que en muchas ocasiones son ejidales, comunales o indígenas, por lo que para poder efectuar los trabajos de exploración o de explotación, el concesionario deberá tener un acuerdo con los dueños de la superficie y en todo caso, solicitar y obtener de la Secretaría de Economía una resolución de ocupación temporal, una servidumbre de paso o una expropiación de la Reforma Agraria cuando se trata de terrenos agrarios. Con este menú de opciones, las empresas mineras tienen un amplio margen de negociación, que en realidad es de imposición, digamos que las comunidades tienen la opción de elegir entre tres distintas maneras de ser despojado, con resultados muy similares. La tierra y el territorio que siempre les ha pertenecido, herencia de los abuelos, ahora puede ser usado, destrozado y contaminado por una persona ajena a su comunidad que recibió una concesión minera y se comporta como dueño del terreno.

En la Guía de Ocupación Superficial (Publicada en Internet con este nombre), elaborada por la Secretaria de Economía de la que ya he hablado en otro artículo (Contralínea 12 de abril de 2015), se aconseja y asesora a las empresas mineras para que, dependiendo de la etapa en que se encuentre el proyecto, se llegue a distintos acuerdos. Si lo que buscan es comenzar con la exploración, deben firmar un acuerdo de arrendamiento o servidumbre; si ya están en el desarrollo de la actividad minera, deben firmar un acuerdo de ocupación temporal; si ya están en la operación, deben recurrir a la expropiación del terreno ejidal o comunal.

La figura que más se utiliza en las negociaciones entre ejidos y comunidades y las empresas es la de los Convenios de Ocupación Temporal y hay varias razones para ello:

1. Aunque la Ley Minera declara la preferencia sobre cualquier otro uso de la actividad minera, para las empresas mineras es difícil demostrar las causas de la expropiación. El segundo párrafo del Artículo 27 Constitucional establece que: “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.
2. La expropiación es un procedimiento tardado, que implica una evaluación de las causas de utilidad pública, una medición de las afectaciones, tanto de superficie de terreno, como de bienes distintos a la tierra para calcular las indemnizaciones, además de que están sujetas a la voluntad política del ejecutivo federal.
3. La expropiación es utilizada principalmente como una coacción a los núcleos agrarios.  En caso de negarse a firmar un acuerdo de ocupación temporal, las empresas amenazan con solicitar sea expropiada la superficie que necesitan para su proyecto extractivo.
4. Para los acuerdos de ocupación temporal, no se requiere la aprobación del ejido o la comunidad en una asamblea dura o de formalidades especiales y aunque no se requiere la presencia de la Procuraduría Agraria, acude a las asambleas, las dirige y se comporta como abogada de la empresa y gestora de los proyectos extractivos.

Los acuerdos de ocupación temporal superficial se firman bajo circunstancias profundamente desiguales, en primer lugar por la asimetría de poder que existe entre las empresas mineras y las comunidades campesinas e indígenas; la falta de información con la que cuentan las partes contratantes, pues casi siempre se ocultan los efectos negativos, los impactos ambientales y sociales, así como las afectaciones a la salud de la población.

Por último se trata de convenios leoninos, entendidos éstos como contratos en los que se pacta que todas las ganancias son para una de las partes y todas las pérdidas son para la otra parte. Aunque estos convenios están prohibidos, las autoridades los validan.

En todo el país podemos encontrar conflictos mineros que se suscitaron por el incumplimiento de las cláusulas del convenio de ocupación temporal, ya sea en el pago de la renta, o porque comienzan a extenderse más allá de los terrenos pactados o en contraprestaciones tan absurdas como el arreglo de caminos y escuelas, el trabajo para los ejidatarios, el transporte de los materiales y las obras sociales.

El caso del Ejido la Sierrita en Durango es emblemático en este sentido, pues la empresa minera Excellon firmó un contrato de ocupación temporal por la renta de 1,100 hectáreas en el que se establecieron cláusulas de carácter social en beneficio del ejido como la construcción de una planta tratadora de agua; que los ejidatarios fueran contratados por la mina, la administración del comedor para los trabajadores, poder transportar el mineral, becas escolares y el pago de la renta anual. La única contraprestación cumplida parcialmente fue la renta el primer año. Intentaron negociar con la empresa mejores condiciones sin tener éxito, por lo que decidieron demandar la terminación del contrato de ocupación temporal, la restitución de las tierras y el pago de daños. La demanda se presenta ante el Tribunal Unitario Agrario en 2012 y hasta la fecha no se ha resuelto, mientras la empresa sigue trabajando y explotando la mina.

Ante el despojo legalizado que quieren imponer las empresas mineras, las comunidades indígenas y campesinas han dado respuestas de maneras muy diversas, unas han optado por cambiar a los representantes agrarios que aceptaron la minería, otros se han negado a firmar los acuerdos de ocupación temporal con todo y las amenazas de expropiación, otras comunidades han modificado sus estatutos agrarios para blindar sus territorios de actividades extractivas. Existen varias comunidades que acudieron por la vía del amparo a solicitar la cancelación de las concesiones mineras, algunas otras se han declarado “comunidades libres de minería”, hacen acuerdos, hacen fiesta, hacen tequio, se hacen peticiones y ceremonias, un sinfín de estrategias que lo que buscan es defender la vida y el territorio.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/04/la-mineria-en-mexico-un-despojo-legalizado/