Colombia

Cajamarca avanza y no se arrepiente de decir no a la minería

Regresamos al municipio tolimense para ver cuál es la situación actual de sus habitantes y qué alternativas de desarrollo económico han encontrado. La alianza con Crepes & Waffles y el ecoturismo son algunas de las posibilidades que han surgido después de la salida de AngloGold Ashanti.

Berlain Vargas y su familia viven en la finca Bellavista, un pequeño paraíso escondido en las empinadas montañas del municipio de Cajamarca (Tolima). Para llegar a su casa hay que recorrer durante media hora una estrecha carretera despavimentada y polvorienta, guardar el carro donde los vecinos y subir varios kilómetros a pie por uno de los caminos reales que sirven como puente entre el final de la vía y el hogar de cientos de campesinos que habitan las partes más altas de la cordillera Central de Colombia.

En el viaje se perciben la variedad y la riqueza de los cultivos de la región. A la orilla del río Anaime, donde empieza el ascenso, sobresalen el plátano y el café, las acacias moradas y las orquídeas; unos metros más arriba aparecen las enredaderas de fríjol, arveja y granadilla, y en la parte más alta de los cerros, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, hay papa, curuba, mora y varios tipos de arracacha. Científicos y agricultores coinciden en que con el paso de los años las cenizas del volcán Machín abonaron la tierra de la región y la convirtieron en una de las más fértiles del continente.

Llegamos a la casa de los Vargas porque desde agosto del año pasado Bernail, su esposa, Marta, y sus tres hijos han sido una de las familias campesinas cajamarcunas que le venden arracacha directamente a la cadena de restaurantes Crepes & Waffles. “En el pueblo, una carga de arracacha equivalente a 125 kilos vale $100.000 o $120.000, pero Crepes la paga a $300.000, y eso nos está cambiando la vida. Pudimos traer a la casa una lavadora. Usted no sabe lo que significa una lavadora. Marta se ahorra una o dos horas diarias de lavado de ropa y las dedica a hacer lo que le gusta: desyerbar, podar y cuidar su huerta, sus matas”, cuenta Berlain mientras caminamos por los senderos de Bellavista.

Esta alianza con Crepes & Waffles, que se implementó meses después de que los habitantes de Cajamarca le dijeran no a la minería en su territorio a través de la consulta popular del 26 de marzo de 2017, es una forma de generar cadenas de comercialización más justas y es uno de los proyectos que muestran que en la despensa agrícola de Colombia hay alternativas de desarrollo distintas a la explotación de oro a cielo abierto.

“La determinación con la que los cajamarcunos definieron un futuro en el que la producción de alimentos y la riqueza natural de su paisaje fueran los protagonistas se convierte en la fuente de inspiración para innovaciones gastronómicas, exposiciones artísticas y la exploración de nuevos mercados que promuevan la conservación ambiental”, dijo Felipe Macía Fernández, director de sustentabilidad de la empresa.

Para Berlain y el resto de familias de la Asociación de Productores de Semillas Andinas (Asprosan), con quien Crepes hizo el convenio, el balance un año después de la consulta es muy positivo. “La realidad no es como la pinta el alcalde Pedro Pablo Marín en los medios de comunicación. El pueblo no está en crisis y los campesinos no estamos arrepentidos de haberle dicho no a la minería en nuestro territorio. Al contrario, cada vez nos convencemos más de que el futuro de Cajamarca está en el turismo y en la agricultura”, reconoce otro de los asociados.

Las palabras de los campesinos se refieren al artículo “Rechazo a operación minera tiene en jaque a Cajamarca”, que pretendía demostrar por qué la consulta popular que prohibió la minería había sido “el peor negocio para el municipio”. En esta nota, el alcalde Pedro Marín, el secretario de Planeación, Juan Peralta, y algunos empleados y beneficiarios directos o indirectos de AngloGold Ashanti expresaron que la salida de la multinacional provocó una crisis de desempleo y tenía paralizados proyectos de infraestructura para educación, salud y vivienda.

Sin embargo, la realidad de los habitantes de Cajamarca es distinta. La salida de AngloGold Ashanti ha confirmado que la economía de la zona depende de los campesinos y no de la mina. Alfonso Arias, uno de los fundadores de la Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime (Apacra), aseguró que un año después de la consulta popular los procesos de organización comunitaria continúan y reveló que en estos meses se han abierto nuevas oportunidades de negocios rentables para los agricultores, que son más del 70 % de los habitantes del municipio. “Con el resultado de la consulta han llegado grandes empresas comercializadoras y exportadoras que están invirtiendo en los cultivos de granadilla, gulupa, y aguacate hass”.

Esta nueva línea de negocio, en auge en todo el país, puede ser clave para mejorar la calidad de vida de los campesinos de la región. Las cifras de Procolombia muestran que el aguacate hass es la fruta que más se exportó en 2017 después del banano. Además, la venta de gulupa en el exterior movió más de US$25,8 millones. Si todo sale como está previsto y el Gobierno Nacional decide apoyar la irreversible decisión de los habitantes de Cajamarca, este municipio tolimense podría convertirse en uno de los centros de exportación de alimentos más importantes en Colombia.

Por ahora, ante la ausencia de apoyo local, los habitantes de Cajamarca se las han arreglado para conseguir recursos internacionales. La organización y la valentía de una comunidad que impuso la defensa del agua y de los páramos sobre los intereses de una de las multinacionales del oro más grandes del mundo le han valido el reconocimiento y la admiración de varias ONG europeas, como la Fundación Rosa Luxemburgo, la Organización Catapa y el Fondo Sueco Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana (Foscol).

El próximo mes, Foscol abrirá una convocatoria para apoyar y fortalecer veinte unidades productivas lideradas por mujeres campesinas que utilicen energías limpias, abonos orgánicos y nuevas tecnologías. La idea es impulsar proyectos de agricultura autosostenible y amigable con el medio ambiente a través de un subsidio de entre $5 millones y $10 millones y establecer un proceso de acompañamiento y asesoría para articular las unidades productivas, fortalecer las cadenas de valor y crear redes solidarias de producción.

Para Róbinson Mejía, líder del comité ambiental y promotor de la consulta, el objetivo de estas iniciativas es empoderar a las mujeres campesinas y consolidar la defensa del territorio. “En Cajamarca hay un consenso frente al derecho a la vida y la importancia del agua. La gente no quiere que por ningún motivo vuelva la AngloGold y está dispuesta a hacer respetar la decisión tomada. Si se vuelve a hacer la consulta, volvemos a ganar, y con más votos”, aseguró Mejía.

Otro de los proyectos que han sido posibles gracias a la consulta es la formalización y la mejora de los acueductos comunitarios del municipio. La alianza con el Ayuntamiento de Gante, una pequeña ciudad belga a una hora en tren de Bruselas, ha permitido que los campesinos de Cajamarca le hagan monitoreo biológico y físico-químico a la calidad del agua. El kit de cada acueducto comunitario es muy fácil de usar y está diseñado para hacer muestreo de metales pesados y medir sólidos disueltos, conductividad, temperatura y pH del agua. De acuerdo con los campesinos encargados, la idea es llevar un registro preciso de la posible contaminación y así proteger la pureza y potabilidad de los ríos y quebradas aledañas.

Para Luz Ángela Jiménez, fundadora de la Corporación Turística y Ambiental de Cajamarca y Anaime (Cajantour), que nació meses después de la consulta, las riquezas naturales de la región, incluidos el páramo Anaime-Chili, el bosque de palma de Tochecito, donde está concentrado el 80 % de las palmas de cera del mundo, la quebrada Chorros Blancos, el Parque Nacional los Nevados y las termales del volcán Michín son atractivos que ya están impulsando el desarrollo económico del municipio.

“Queremos que la gente venga, conozca y disfrute las maravillas de Cajamarca. Vivimos en un ecosistema muy privilegiado. Cajamarca es verde. La naturaleza es lo que tenemos para mostrar. Hay loros, pumas, tigrillos, venados, osos perezosos, armadillos, guatiles. En el largo plazo, dice Luz Ángela, esta biodiversidad es más rentable que el oro. Tenemos muchas esperanzas con el proyecto. Queremos dejarle claro al país que los campesinos de Cajamarca no estamos arrepentidos”.

Fuente:https://www.elespectador.com/economia/cajamarca-avanza-y-no-se-arrepiente-de-decir-no-la-mineria-articulo-746438

Colombia

Con incentivo tributario, Gobierno estimulará la exploración minera

Por medio de la Resolución 0860 de 2018, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía establecieron que el cupo máximo para el incentivo Certificado de Reembolso Tributario (Cert) es $1,6 billones para los proyectos a ejecutar desde 2018. Estos pueden tener una duración de hasta cuatro años.

Con este incentivo se busca impulsar el incremento de las inversiones en exploración de hidrocarburos y el aumento de las reservas petroleras.
También se dio a conocer que el Cert podrá ser solicitado por las inversiones que las empresas realicen desde este año y les será otorgado cuando se verifique la ejecución de estas.

Además, podrá ser utilizado dos años después de su otorgamiento en el pago de impuestos de carácter nacional administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

“Promover la actividad de exploración es, sin duda, una estrategia que abrirá nuevas oportunidades de empleo, de negocios, de progreso y bienestar para nuestras regiones. Además, le garantiza al país autosuficiencia energética en el mediano y largo plazo”, señaló el ministro de Minas, Germán Arce.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM) serán las entidades encargadas de seleccionar y fiscalizar las inversiones que busquen obtener el incentivo.

El incentivo está diseñado para ser costo eficiente para la Nación, por lo que garantiza el aumento de la inversión en el sector. Este mecanismo inició proceso de reglamentación a finales del año pasado.

Fuente:https://www.larepublica.co/economia/con-incentivo-tributario-gobierno-estimulara-exploracion-y-produccion-de-mineria-2705286

Internacional

El Defensor del Pueblo critica la falta de control de la Xunta sobre los daños causados por las minas de pizarra

«Lo informado por la Consejería de Economía no acredita el correcto ejercicio de las potestades que tiene atribuidas para garantizar que la minería se desarrolle de forma sostenible y con respeto al medio ambiente». Con esta rotundidad se manifiesta el Defensor del Pueblo sobre la falta de control de la Xunta de Galicia sobre la actividad y los efectos de las numerosas canteras de pizarra existentes en la comarca de Valdeorras, uno de los asuntos que el órgano ha investigado en los últimos meses y que recoge en su informe anual, entregado esta semana al Congreso de los Diputados.

La oficina dirigida desde julio de 2017 por Francisco Fernández Marugán y antes por Soledad Becerril (que firma las comunicaciones),  se dirigió a las consejerías de Economía e Industria y de Medio Ambiente y también a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) para conocer el impacto medioambiental provocado por la industria extractiva en esta comarca, especialmente en lo referido a la red hidráulica y al paisaje, para profundizar en el estado de los procesos de restauración en aquellas explotaciones ya abandonadas y comprobar que las dos administraciones llevaban a cabo las funciones de inspección y control a las que están obligadas. Sin embargo, según concluye en su informe, las respuestas facilitadas por Xunta y CHMS fueron insatisfactorias. «De la información recibida se deduce que las administraciones no conocen con precisión el estado de las explotaciones mineras en una zona donde se desecaron canales, se contaminaron ríos y se realizaron depósitos de residuos incontrolados», señala.

El Defensor del Pueblo critica que la Consejería de Industria «no informa con suficiente detalle sobre los resultados de las inspecciones practicadas en relación con el daño ambiental causado, ni del cumplimiento por los operadores de las obligaciones ambientales impuestas; ni tampoco sobre la suficiencia de las garantías prestadas para acometer la restauración ambiental, ni sobre las actuaciones realizadas o en curso para reparar el daño, ni de las explotaciones abandonadas». Le recuerda además a la Consejería que debe realizar «las comprobaciones necesarias y pedir la documentación e información precisa para el seguimiento y vigilancia de las declaraciones ambientales, así como comprobar el cumplimiento de la normativa minera», lo que incluye «la comprobación de que la entidad explotadora adoptó todas las medidas necesarias para prevenir o reducir dentro de lo posible cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas».

Sobre la Consejería de Medio Ambiente, el Defensor del Pueblo afirma que «no conoce con precisión el estado de las explotaciones mineras en la zona objeto de queja y su afección al medio ambiente, a pesar de las facultades que la Ley de protección del medio ambiente de Galicia le atribuye». «La Consejería debe actuar para corregir la situación descrita, solicitando información y denunciando actos y exigiendo el cumplimiento de las leyes, tanto si existe pronunciamiento ambiental previo formalizado o no», concluye.

Con respeto a los gestores de la Confederación Hidrográfica, el Ombudsman estatal alerta de un retraso «en ocasiones de más de cuatro años» en la comprobación «del cumplimiento de los deberes de restauración de los daños y perjuicios producidos al dominio público hidráulico en la zona explotada por las pizarreras». Y subraya el «mal estado» del río Casaio «debido a una concentración relativamente elevada de metales pesados procedentes de la actividad extractiva», según reconoce la propia CHMS.

El Defensor del Pueblo pide una actuación conjunta de las administraciones minera (la Consejería de Industria), ambiental y hidráulica para «evaluar conjuntamente el alcance del problema ambiental existente y ordenar las actuaciones que deban acometerse para la reparación del daño». Recuerda además que «una vez producido el daño ambiental la Administración suele encontrar graves dificultades para repararlo: la imposibilidad de localizar a los responsables, o la insolvencia de estos; la prescripción de las infracciones o la caducidad de los procedimientos sancionadores».

Y concluye que «el ejercicio sostenible de la actividad minera no consiste exclusivamente en reparar el daño ambiental causado, sino sobre todo en lograr que la actividad extractiva se desarrolle de forma compatible con el entorno, lo cual no ocurre si se desecan canales, se contaminan ríos, se daña el hábitat y se realizan depósitos de residuos incontrolados».

Hace tres años la Oficina del Defensor del Pueblo ya criticó la pasividad de la Xunta ante las empresas mineras, haciendo referencia a la explotaciones de Carballeda de Valdeorras y a la mina de cobre y oro de Touro. Este tema fue también analizado por la Oficina del Valedor do Pobo (su homóloga gallega) en su informe de hace dos años, en el que recogía su investigación sobre la restauración de los daños provocados al dominio público hidráulico por las canteras de la comarca de Valdeorras. Aunque sus conclusiones eran bastante benevolentes con la actuación del Gobierno gallego y la Confederación Hidrográfica, la Valedora señalaba que varias de las explotaciones carecían de planes de restauración y garantías financieras.

Fuente:https://www.eldiario.es/galicia/Defensor-Pueblo-critica-Xunta-causados_0_752775756.html

Ecuador

Ecuador: Hostigamiento judicial contra defensores amazónicos

(Nueva York) – El gobierno del expresidente Rafael Correa empleó de manera abusiva el sistema de justicia penal para actuar contra ambientalistas y líderes indígenas que se manifestaron contra proyectos de minería y exploración petrolera en la Amazonía, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Aunque estas organizaciones trabajan con mayor libertad desde que Lenín Moreno asumió la presidencia, los procesos abusivos iniciados por su antecesor siguen sin ser tratados.

El informe de 32 páginas, “Amazónicos ante la injusticia: Hostigamiento judicial de líderes indígenas y ambientalistas en Ecuador”, evidencia que en tres casos destacados los fiscales no presentaron pruebas suficientes que dieran sustento a graves acusaciones o que justificaran que una investigación penal se prolongara varios años. El 28 de marzo de 2018, la corte provincial de Morona Santiago se pronunciará en el caso del líder indígena shuar Agustín Wachapá, por haber presuntamente incitado a la violencia a través de una publicación en Facebook. El 16 de marzo, la misma corte ordenó la detención de Pepe Acacho, otro líder indígena shuar, para que cumpliera una pena de cárcel por un cargo por el cual nunca tuvo oportunidad de defenderse durante el juicio. El tercer caso es una investigación penal sobre seis líderes indígenas y una ambientalista que ha permanecido abierta cuatro años y medio, a pesar de que no se esgrimieron pruebas de actos ilícitos.

“El Presidente Correa denigró por cadena nacional de televisión a líderes indígenas y ambientalistas que se oponían a proyectos del sector extractivo en la Amazonía, mientras que su Ministerio del Interior buscó encarcelar a esos líderes y clausurar sus organizaciones”, señaló Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Aunque el Presidente Moreno ha terminado con el hostigamiento, y las organizaciones ambientalistas ahora actúan con mayor libertad, lamentablemente los procesos judiciales abusivos continúan”.

Las autoridades ecuatorianas deberían asegurarse de que ninguno de estos líderes cumpla penas de prisión por cargos que no puedan fundamentar o que no se hayan probado ante un tribunal.

En su programa semanal de televisión, Correa denigró en reiteradas ocasiones a los líderes de protestas contra sus políticas ambientales, e instó a que fueran sancionados. En 2013, el gobierno de Correa disolvió arbitrariamente la Fundación Pachamama, una de las organizaciones ambientales más reconocidas del país. En 2016, intentó hacer lo mismo con otra importante organización ambiental, Acción Ecológica, pero dio marcha atrás luego de que la decisión provocara condena internacional. Cinco relatores especiales de las Naciones Unidas describieron el intento de cerrar la organización como parte de una “estrategia para asfixiar a la sociedad civil”.

El Ministerio del Interior presentó una denuncia penal contra Wachapá en 2016, lo cual motivó que un fiscal lo acusara de “incitación a la violencia”. Wachapá fue detenido y pasó cuatro meses en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad, a 300 kilómetros de su familia. Human Rights Watch tuvo acceso al expediente y el único elemento de prueba relevante es una declaración ambigua publicada en Facebook que, a criterio de Human Rights Watch, es demasiado débil para sustentar las graves acusaciones de la fiscalía.

En 2010, un fiscal acusó a Acacho de “terrorismo” por supuesta incitación a la violencia durante una protesta organizada en 2009 por la comunidad shuar contra una nueva ley de minería. En 2013, un tribunal lo declaró culpable y lo condenó a 12 años de cárcel. Human Rights Watch consultó los documentos del juicio, incluidas las transcripciones de los testimonios, y no encontró pruebas creíbles que justificaran la condena contra Acacho por el delito de terrorismo.

El Presidente Correa denigró por cadena nacional de televisión a líderes indígenas y ambientalistas que se oponían a proyectos del sector extractivo en la Amazonía, mientras que su Ministerio del Interior buscó encarcelar a esos líderes y clausurar sus organizaciones.

Acacho apeló la decisión ante la Corte Nacional de Justicia, que en enero de 2018 revocó la condena por terrorismo, pero lo condenó por “ilegalmente imp[edir] el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías” y le fijó una pena de ocho meses de cárcel. En realidad nunca fue juzgado por este delito, y no tuvo el motivo ni la oportunidad para objetar los hechos sobre los que se basó la acusación durante el juicio por terrorismo. La justicia ordenó su detención el 16 de marzo, horas después de que su abogado defensor presentara un recurso constitucional que podría anular su condena. Podría ser obligado a cumplir una pena de cárcel por un delito del que nunca tuvo la oportunidad de defenderse en juicio.

En 2013, funcionarios del gobierno de Correa presentaron una denuncia penal contra seis líderes indígenas y una ambientalista que protestaron contra la exploración petrolera en la Amazonía. El Presidente Correa había respondido por televisión nacional a un incidente aislado de violencia ocurrido en la protesta, calificando a los líderes indígenas y ambientalistas de “gente violenta, mala, muchas veces corrupta” e instando a su ministro del Interior a que los investigara. Más de cuatro años más tarde la investigación penal sigue abierta a pesar de no haber generado evidencia contra los activistas, y continúa pesando sobre ellos.

Desde que asumió la presidencia, Moreno ha abierto un diálogo con ambientalistas, líderes indígenas y otros críticos del gobierno. Su gobierno reinstauró la Fundación Pachamama. En contraste con estas iniciativas positivas, los procesos penales abusivos siguen sin ser abordados.

El Presidente Moreno debería asegurar que se designe un órgano de investigación independiente y creíble para que analice el modo en que las autoridades judiciales y la Fiscalía General del Estado impulsaron los casos documentados por Human Rights Watch, y otros casos iniciados recientemente durante el gobierno de Correa.

“El Presidente Moreno —así como las autoridades judiciales y legislativas— deben tomar medidas más enérgicas para revertir el daño provocado por las prácticas autoritarias de Correa frente a críticos de sus políticas ambientales”, señaló Wilkinson. “Esto implica poner fin de inmediato al hostigamiento judicial contra líderes indígenas y ambientalistas, revertir el daño que ya se ha hecho y adoptar medidas para que esto nunca vuelva a ocurrir”.

Fuente:https://www.hrw.org/es/news/2018/03/26/ecuador-hostigamiento-judicial-contra-defensores-amazonicos

Colombia

A sanción presidencial el Convenio de Minamata sobre mercurio

Chile

Seremi de Minería por incidente con relave en Caserones: “aparentemente el daño ha sido menor”

La autoridad espera «que esto no vuelva a ocurrir», luego de que la compañía reconociera la rotura de ductos que transportaban relaves al embalse Las Breas, que fueron vertidos al río.

Luego de que la propia minera Caserones informara a los organismos técnicos de su incidente con un relave, las autoridades regionales encabezadas por la intendenta de Atacama, Berta Torres, visitaron la faena.

Las muestras para verificar si existe algún impacto en las aguas del río, fueron tomadas por la compañía, junto a la Superintendencia de Medio ambiente y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y el plazo para sus resultados se desconoce.

Aparentemente el daño no ha sido mayor, pero de igual manera se tomaron muestras de aguas que nos darán una idea del nivel de contaminación y es ahí donde queremos que la empresa nos presente sus medidas de control, para saber de qué magnitud pueden ser y cuáles son los tiempos que nosotros tenemos para reaccionar ante un evento similar”, indicó el seremi de Minería, David Montenegro.

“Hemos comprometido a la empresa con algunas ideas y medidas de mejoramientos y vamos a estar en contacto permanente para conocer los avances de estas medidas”, pues el objetivo es “que esto no vuelva a ocurrir y que no nos sorprendan con nuevos eventos de esta naturaleza, que sin duda ponen en riesgo la salud y medio ambiente de nuestros habitantes”, enfatizó la intendenta de Atacama Berta Torres.

Fuente:http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/contaminacion/seremi-de-mineria-por-incidente-con-relave-en-caserones-aparentemente/2018-03-22/135244.html

Mexico

Morena irá en contra de la minería tóxica

La Paz, Baja California Sur.- “Quien sea favorecido como abanderado a la alcaldía de La Paz por el Movimiento Regeneración Nacional, MORENA, deberá pronunciarse en contra de la minería tóxica”, afirmó Marcos Acuña González, aspirante a este cargo de elección popular por dicho instituto político.

Dijo que el tema de la minería rebasa el aspecto electoral, por lo que todos aquellos candidatos deben manifestarse en contra de los proyectos que la promuevan.

“Tajantemente rechazo todos aquellos proyectos que contaminen los recursos naturales de este municipio de La Paz”, refirió.

Asimismo, dijo que se oponen a dichos planes debido a que impactan en la naturaleza de manera negativa y los efectos de éstos son a corto, mediano y largo plazo, los cuales terminan también afectando la salud de la población.

El aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de La Paz para el periodo 2018-2021, dijo que el próximo alcalde, sea del partido que sea, deberá tener un programa de desarrollo en el cual incluya alternativas distintas para impulsar el desarrollo del municipio, sin tomar en cuenta los proyectos mineros.

Se le cuestionó sobre la versión de que a su competidor de contienda interna, Rubén Muñoz Álvarez, se le vincula a favor de estos proyectos, a lo que respondió: “Yo opino de lo que yo sé sobre este tema, mas no puedo saber quiénes están representado estos intereses en el municipio de La Paz”.

Fuente:https://www.elsudcaliforniano.com.mx/bcs/morena-ira-en-contra-de-la-mineria-toxica

Internacional

Rechaza el proyecto minero «Man da Moura» en Ribadavia

El BNG registró una moción en la que solicita que el pleno de la corporación municipal de Ribadavia se declare contrario a la implantación del proyecto minero en la zona denominada Man da Moura, en el término municipal.

Tras a información que tienen su poder, y consultando tanto el PXOM de Ribadavia como el censo minero, «podemos observar que el proyecto de minería que va a afectar a nuestro concello así como al de Melón y Carballeda de Avia, es un proyecto prejudicial para nuestra comarca».

Asegura que la concesión minera a la empresa Marcelino Martínez SL con nombre Man da Moura con número de registro 4553, fue otorgada en el año 1997, y «entendemos que, pese que la legalidad vigente mantenga en vigencia el estudio de impacto ambiental, no es para nosotros aceptable pues es un estudio obsoleto y que no contempla la actual restricción de limite con los yacimientos arqueológicos y de interés cultural de la zona».

Señala que la afectación negativa que puede ocasionar esta cantera es tal que se pueden ver afectados los manantiales de A Franqueirán así como la propia captación de agua del término municipal de Ribadavia, «ya no como reducción del caudal sino con posibles enturbiamientos».

Asimismo, indica que la cercanía a los núcleos de población, como al de A Franqueirán, puede afectar la vida normal de los vecinos pues «los ruidos de la actividad propia de una cantera, así como las demoliciones, causarán molestias en la población».

Por todo ello, propone este grupo de la oposición que el pleno de Ribadavia se declare contrario a la implantación de este proyecto minero en su término municipal, que le sea remitida esta declaración a los otros dos concellos afectados animándolos a hacer lo mismo, y que se le traslade a la Consellería competente a nuestra preocupación por a implantación de este proyecto minero y se le exija un estudio actual del impacto que puede provocar.

Fuente:http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2018/03/23/rechaza-proyecto-minero-man-da/1859718.html

Ecuador

Pobladores de Los Bancos piden revertir concesiones mineras .

Alrededor de 300 manifestantes exigen al Gobierno que elimine las zonas de Chocó, Tumbes, Andes y de la Amazonía del mapa minero de Ecuador. La Prefectura de Pichincha los respalda.
Habitantes del noroccidente de Pichincha realizaron este jueves una marcha hacia Quito para exigir al Gobierno la extinción de las concesiones mineras entregadas en esta zona y que afectarían a cuatro bloques de 14.000 hectáreas. Movimientos ambientalistas que se oponen a las actividades mineras señalaron que en el país hay cinco áreas importantes por su riqueza en cuanto a biodiversidad como Chocó, Tumbes, Andes, Amazonía y valles internos de las cordilleras, todas amenazadas por las diferentes empresas que buscan la producción de minería a gran escala.
Los manifestantes, respaldados por la Prefectura de Pichincha, llegaron hasta la Plaza de la Independencia para realizar un plantón al pie del Palacio de Gobierno. “De la entrega de las concesiones mineras en el noroccidente nos enteramos recién en enero cuando en noviembre fueron otorgadas.
Ni siquiera fuimos informados, no hubo una mesa de análisis, de adjudicación y por ello fijamos nuestra posición en conjunto con los colectivos y pobladores de denunciar y rechazar este hecho”, manifestó el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja. De su lado Zulema Pizarro, alcaldesa de San Miguel de Los Bancos, enfatizó que junto a los ciudadanos serán los veedores del proceso de derogatoria de concesiones en el noroccidente de Pichincha.
Ellos exigen al Gobierno que se realice la desgraficación o eliminación de la zona del mapa de minería para que esta no se vea afectada por la actividad extractiva. “Pediremos además al presidente Lenín Moreno la moratoria minera por 100 años para que el noroccidente conserve su riqueza como hasta el día de hoy”, enfatizó la burgomaestre. En representación de la mancomunidad del Chocó andino de Nanegalito, Inti Arcos aseveró que fueron entregadas 44 concesiones mineras en la zona a empresas como Codelco, Enami y Curimining. Arcos cuestionó que el Ministerio de Minería asegurara que fueron 10. (I)

Perú

¿Día Mundial del Agua?

Hoy se “celebra” el Día Mundial del Agua. Durante toda la semana se han realizado varias “celebraciones” promovidas principalmente por el Estado. En las diversas programaciones por esta fecha, figuran los expertos técnicos pero casi ninguna comunidad como relatora o presentadora de su experiencia social o comunal de manejo del agua. Y claro que hay experiencias comunales y sociales en el país, pero parece que el Estado no le da la debida importancia a las comunidades.

Intento comprender el motivo de la celebración pero no lo logro, teniendo en cuenta que la situación es realmente crítica y estamos yendo a un camino sin retorno, directo a un profundo “estrés” del que muy difícilmente vamos a recuperarnos. Es decir, resiliencia frente a este escenario crítico y resiliencia “hídrica”, si es que cabe el término, no se ve, no se da, porque el Estado no ve, es miope o no quiere ver porque quizás verla no le resulta “rentable”.

Y si algo se puede hacer para guardar algunas esperanzas es echar un vistazo a la relación de reciprocidad que tenían nuestros ancestros con el agua, al que consideraban un ser vivo entregándole suficiente respeto. Esa relación de reciprocidad les permitió técnicas estupendas para la siembra, la crianza, el manejo y la cosecha del agua, adaptándose a las exigencias que el agua y la tierra les planteaban.

Pero ese comportamiento ancestral de nuestros abuelos, es decir, su sabia reciprocidad con el agua, es incompatible hoy con el “desarrollo por crecimiento económico” al que aspiramos. O al revés, el modelo es incompatible con esa valiosa reciprocidad, pues lo que el modelo busca precisamente es “estresar” las fuentes de agua para maximizar la producción y asegurar el crecimiento para el desarrollo.

Observo que todo el debate y la divulgación sobre la gestión del agua (“seguridad hídrica”, como se le dice) se concentra sólo en los expertos que ven el agua como un negocio rentable para garantizar la gran inversión, y se anula la participación de los grupos sociales para no perturbar sus buenas relaciones con el gran privado. Se menoscaba las experiencias de las comunidades altoandinas, se ignora los saberes ancestrales, aunque a veces aparenten que se toman en cuenta por presión.

El mismo razonamiento puede ser aplicado a la gestión del riesgo y a la gestión del cambio climático. Quienes deben ser parte de la discusión y diseño de estas políticas deben ser las comunidades que están directamente involucradas y expuestas a estos problemas.

Políticas públicas fundamentales que se discuten exclusiva y excluyentemente desde la élite de los “expertos técnicos” tienden, con mucha efectividad y eficiencia, al fracaso.

No hay nada que celebrar cuando el agua se convierte en un negocio y deja de ser un derecho para todos.

Dato: en cada hora de celebración que se da por el día mundial del agua, 200 niños mueren de sed en el mundo.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/dia-mundial-del-agua/