Integrantes de la Red Sombra Observadores de Glencore detalló en un estudio los “impactos y daños graves de siete operaciones mineras” de la firma en Argentina, Bolivia, Perú y Colombia. Denuncian que la empresa miente en sus reportes oficiales. Una investigación que puso la lupa sobre el accionar de la empresa en América latina precisó los desastres ambientales y la falsas promesas de Glencore, que en Argentina es propietaria de Minera Alumbrera junto con Yamana Gold y Xtrata en la extracción de oro y cobre en Mina La Alumbrera de Catamarca, Pachón en San Juan y Mina Aguilar en Jujuy.
Glencore es la mayor multinacional de materias primas del mundo y acumula denuncias por violación de derechos humanos, contaminación, lavado de dinero y corrupción, pero aún así mantiene un perfil bajo y está lejos de la condena pública que sí pesa sobre otras multinacionales extractivas.
La suiza Glencore fue fundada en 1974 y en 2005 se convirtió en la empresa líder en comercio de materias primas (metales-minerales, petrolíferas y productos agrícolas). Controla el 60 por ciento del comercio mundial de zinc, el 50 por ciento del de cobre y el 45 por ciento del de plomo.
El accionar de Glencore ameritó que una decena de organizaciones de América latina y Europa se conformaron en 2012 en la denominada Red Sombra Observadores de Glencore para compartir experiencias e investigar sus actividades. Por Argentina, participa en ella la organización catamarqueña Bepe (Bienaventurados los Pobres).
“Hemos establecido los impactos y daños graves de siete operaciones mineras de Glencore en nuestros países (Argentina, Bolivia, Perú y Colombia). La empresa provocó consecuencias negativas para las comunidades”, denuncian las organizaciones en una investigación de 84 páginas presentada en marzo en Colombia y que este mes será dada a conocer en Catamarca.
Glencore tiene la particularidad de ser parte de las multinacionales mineras y también del agro y el petróleo, y de intervenir en toda la cadena: producción, transformación, almacenamiento y transporte de materias primas. “La diversificación de su operación le da ventajas de mercado incomparables”, detalla la investigación.
El trabajo cuenta con un apartado especial de Argentina sobre Minera Alumbrera. “El Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa da cuenta de la magnitud de las afectaciones a los ecosistemas. Disminución de cuencas hídricas, depresión de acuíferos, reducción del caudal de los ríos, alteraciones en la calidad del agua y el aire, destrucción de hábitats y afectación de la flora y la fauna”, denuncia la investigación.
El estudio precisa que Minera Alumbrera cuenta con un permiso de la provincia para la extracción de agua subterránea de 100 millones de litros por día. “Es el consumo hídrico más alto de las operaciones de Glencore en América latina. El consumo excesivo de Minera Alumbrera tiene repercusiones en la población de una provincia caracterizada por su aridez y sus altas temperaturas”, afirma el trabajo.
Alerta, además, que otra contaminación confirmada se dio en la localidad de Ranchillos (Tucumán), por donde la empresa transporta el barro con minerales. Detalla que en el proceso de secado la empresa vierte agua con metales pesados en el canal pluvial llamado “DP2” que tributa en las cuencas de los ríos Salí y Dulce, y luego desaguan en el dique Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
La investigación es muy precisa y respalda cada dato con una prueba documental, con fuentes comprobadas que desmienten los informes oficiales de la compañía –llamados “informes de sustentabilidad” o “reportes de responsabilidad social empresaria”–, que publicitan un modelo “minero sustentable”.
El trabajo de las organizaciones sociales aborda las consecuencias de las voladuras de roca que desprenden altos niveles de emisión de gases nitrosos (genera lluvias ácidas) y la contaminación por el dique de colas, un enorme basurero minero de 30 hectáreas de superficie y hasta 150 metros de profundidad. “Fue emplazado en una zona de accidente geológico, lo que provocó filtraciones de los desechos. En los primeros años de explotación esta información fue ocultada y negada por Minera Alumbrera”, denuncia la investigación.
El informe analiza también el aspecto económico. Cita los registros oficiales de 2014, donde por cada cien dólares exportados la “renta minera fluctuó entre el 20 y 25 por ciento”. En 2015 Glencore afirma haber pagado en Argentina 525 millones de dólares, de los cuales solo 16,5 millones fueron al gobierno de Catamarca. “La escasa renta minera para Argentina, y en especial para la provincia, es fruto de los marcos legales y fiscales de baja imposición, de los cuales Glencore obtiene un tratamiento altísimamente favorable”, advierte.
También detalla las causas judiciales por evasión (Alumbrera no declara más de 50 minerales que exporta) y por contaminación (está procesado al gerente general, Raúl Pedro Mentz). Pero ambas causas avanzan muy lentamente, con responsabilidades de jueces y fiscales. En 2017 se confirmó la denunciado por organizaciones sociales desde hace años: que evade impuestos mediante cuentas en paraísos fiscales (en los conocidos Paradise Papers).
Glencore también es propietaria en Argentina de la explotación minera Pachón (en San Juan) y Mina Aguilar (Jujuy). Ambas con denuncias similares a Alumbrera.
Entre las conclusiones de la investigación se destaca que América latina es una de las zonas más lucrativas para Glencore, la compañía oculta sus finanzas en paraísos fiscales, realiza un pequeño aporte en renta minera en los países que opera, lleva décadas contaminando de forma impune, afectó ecosistemas, es un gigantesco contaminador de aguas, ha provocado emisiones contaminantes en todos los lugares donde operó y generó alta conflictividad social.
El Frente Ciudadano en Defensa del agua y de la vida, publicó una tabla con los elementos tóxicos que produciría la mina Los Cardones en Baja California Sur. Entre los elementos que se produciría en dicho proceso se encuentran materiales altamente tóxicos como el arsénico y el cianuro; radiactivos como el uranio y el torio; en un total de 19 elementos dañinos para el medio ambiente; mismos que producirían 171 mil 765 toneladas de tóxicos.
El pasado sábado 14 de abril se llevó a cabo un encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses, en la ciudad de Rawson. Allí se analizó la crítica situación en la que se encuentra la provincia y la embestida minera que están impulsando los gobiernos nacional y provincial, junto a un puñado de intendentes y jefes comunales vinculados con las corporaciones extractivistas. También se contabilizaron nuevas planillas de firmas de vecinxs de toda la provincia que exigen el tratamiento y aprobación del proyecto presentado en 2014 por iniciativa popular y se expresan en contra del proyecto de zonificación presentado recientemente en la Legislatura. Ya se han superado las 20.000 firmas y se definió que la campaña se extienda, ya que el pueblo de Chubut necesita ser escuchado por quienes deben representarlo.
La industria extractiva asegura que la comunicación con las comunidades es tan importante como la parte técnica, pero los indígenas denuncian que las vulneraciones de derechos continúan.
Científicos venezolanos crearon la Red Venezolana de Investigaciones en Mercurio con la finalidad de velar por la regularización del uso de este metal en la explotación minera, asi lo informó Francisco Durán, integrante de la Red.
Este miércoles vence el plazo para que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta de a conocer su esperada decisión respecto del futuro del proyecto minero portuario Dominga, luego que en noviembre del año pasado la empresa impulsora de la iniciativa, Andes Iron, propiedad de las familias Délano y Garcés, presentara un recurso de reclamación en contra de la decisión del Comité de Ministros que ratificó el rechazo al permiso ambiental de la iniciativa.
La Defensoría del Pueblo informó que en lo que va del mes de abril se han registrado 8 nuevos casos de conflictos sociales en diferentes regiones del país: Lambayeque, Áncash, Lima, Arequipa, Puno, Apurímac y Huánuco.
Empresas mineras extraen más de mil millones de litros de agua al año en la entidad. Con este líquido se podrían satisfacer las necesidades de higiene y consumo de alrededor de 18 mil oaxaqueños. Esta cifra rebasa lo permitido a los concesionarios ganaderos y el uso domestico.
A las Comunidades Afectadas
La organización Asoinca y la Mesa por la defensa de los derechos humanos, de la vida y el territorio denunciaron el asesinato de Efren Zúñiga, en el municipio de Piendamó, Cauca, el pasado 14 de abril, luego de haber sido torturado y según testigos, obligado a cavar su propia tumba. Asoinca afirmó, que con el asesinato de Efren, se completa la aterradora cifra de 43 líderes sociales y sindicalistas asesinados en el Cauca en lo que lleva el año 2018.