Colombia

Cerrejón ha contribuido a la vulneración del derecho al ambiente sano en la Guajira: Indepaz

Autor: Contagio Radio.com
Conflicto Relacionado: El Cerrejón-Guajira

El más reciente informe “Cuando el río suena, piedras y otras cosas lleva”, realizado por el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, retrata la situación de riesgo que viven las comunidades en la Guajira debido a los efectos negativos de la minería del Cerrejón. El documento detalla los procesos de contaminación del agua y aboga por el respeto al derecho a un ambiente sano.

De acuerdo con Golda Fuentes, asesora académica de Indepaz, el trabajo de investigación se realizó con las comunidades que han habitado por más de 30 años este territorio, en conjunto con las actividades mineras que realiza el Cerrejón. Siendo esta una de las empresas más grandes de América Latina que se dedican a la extracción del carbón.

Debido a las preocupaciones de las comunidades en las afectaciones del medio ambiente, Indepaz realizó un monitoreo independiente, en conjunto con universidades de Colombia y Alemania, para identificar las afectaciones al agua y al ambiente que repercuten en las condiciones de salud de las comunidades.

Preocupaciones encontradas

Luego del trabajo de campo, el Instituto logró identificar la presencia de agentes contaminantes, producto de las actividades mineras en el río Ranchería y sus arroyos, que sirven de fuentes hídricas para el abastecimiento de las comunidades.  Fuentes indicó que, actividades como el vertimiento de aguas industriales en el río genera contaminación con plomo y otros metales pesados.

Afirmó que la expansión de la minería “ha generado un riesgo potencial en la contaminación de los pozos de agua y el río que es utilizado por las personas para bañarse y abastecerse del mismo”. Esta contaminación no sólo afecta la vida de las personas sino también pone en riesgo a las especies de fauna que se alimentan de los afluentes hídricos.

Repercusiones en la salud de la contaminación del aire y el agua

Fuentes indicó que los riesgos para las personas que entran en contacto con el agua contaminada son altos y están relacionados con la toxicidad de metales como el plomo. Esto puede generar afectaciones en el cerebro de personas vulnerables como los son los niños, los adultos mayores y las madres gestantes.

Adicionalmente, la exposición al Zinc y al Manganeso, que están presentes en la contaminación del río Ranchería pueden ocasionar afectaciones a la salud de las personas como el desarrollo del cáncer. Por esto es importante realizar estudios toxicológicos de las aguas y los ecosistemas que dependen de los afluentes en el departamento de la Guajira.

Recomendaciones de Indepaz

Frente a este panorama, el informe establece una serie de recomendaciones tanto para las instituciones encargadas de los temas ambientales como para la empresa Cerrejón que ha causado múltiples afectaciones. Indepaz hará seguimiento a la implementación de las recomendaciones toda vez que ya fue socializado el informe con las comunidades afectadas y las instituciones encargadas de propender por un ambiente sano.

Fuente manifestó que una de las principales recomendaciones se enfoca al cumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresa Cerrejón. Afirmó que la empresa no está cumpliendo y “la ANLA y Copoguajira han manifestado irregularidades en el actuar de Cerrejón sin que haya sanciones correspondientes”.

Por esto, recordó que es necesario que se hagan mediciones de contaminación del agua de manera mensual para vigilar los niveles de contaminación y así poder tomar medidas correctivas “como por ejemplo restringir que los residuos de aguas industriales entren en el río Ranchería”.

Adicionalmente, recomendaron a las entidades públicas que se disponga de personal especializado para instalar plantas de purificación del agua en las comunidades afectadas para garantizar la supervivencia de estas personas. Desde Indepaz, consideraron necesario que todas las labores que se realicen tengan en cuenta las tradiciones culturales de las comunidades que han visto un deterioro en su salud y sus derechos al agua y un ambiente sano.

Informe involucra plataforma web interactiva

Como parte del desarrollo de la investigación, Indepaz realizó una plataforma web para que las personas conozcan los resultados de la investigación desarrollada. Allí, se “dará a conocer en detalle los valores de las investigaciones que se realizó y los procesos de contaminación que están relacionados con la actividad minera”.

Además, la plataforma web recoge las necesidades de las comunidades y pone de manifiesto las recomendaciones a las diferentes entidades. De acuerdo con Indepaz, esta plataforma ayuda a que la ciudadanía haga un seguimiento a la situación de violación de los derechos del ambiente de las comunidades de la Guajira para así, garantizar que las entidades públicas tomen correctivos frente a las labores de la empresa Cerrejón.

Finalmente, Fuentes recordó que el lanzamiento del informe será el día 23 de mayo de 2018 en la sede de la Fundación Henrich Boll de Bogotá a partir de las 8:30 de la mañana. Allí, contarán con la presencia de diferentes líderes sociales de la Guajira quienes detallarán cómo ha sido la convivencia con la empresa minera y qué desafíos han enfrentado a lo largo de más de 30 años.

Fuente:https://www.contagioradio.com/cerrejon-ha-contribuido-a-la-vulneracion-del-derecho-al-ambiente-sano-en-la-guajira-indepaz-articulo-53489/

Argentina

Los “vende humo” aprovechan las necesidades de la meseta

Autor: No a la Mina.org

Las empresas megamineras y sus lobbystas siguen mostrando su cara más miserable. En distintas localidades de la Meseta de Chubut, el  Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Minería Argentina-ASIJEMIN pide a la población que acerque sus curriculum. La ilusoria promesa de trabajo en esa región de Chubut -castigada durante años por la falta de políticas públicas para su desarrollo- en una actividad prohibida por la Ley 5001, rechazada socialmente y responsable de innumerables impactos negativos social es y ambientales en distintas partes del mundo.

En “Mañana de lobos” hablamos con el vecino de Paso de Indios, Leandro Payal, quien nos cuenta sobre esta reprochable maniobra de las megamineras en su localidad, en Paso del Sapo, Gastre, Gan Gan, Telsen, Lagunita Salada, entre otras: “es una burla y están usando a la gente” afirmó el vecino.

Fuente: FM Kalewche

Fuente enlace: https://noalamina.org/argentina/chubut/item/40716-los-vende-humo-aprovechan-las-necesidades-de-la-meseta

 

Argentina

Clausuraron las oficinas de la empresa Seargen S.A en Chilecito

Autor: El Independiente.com.ar

Estaba funcionando sin habilitación municipal y tenía como objetivo principal la explotación minera detalló la Jueza de Faltas, Patricia Mónica Masud, en conferencia de Prensa.

En horas de la mañana de este viernes, se hizo efectiva la orden de clausura a la empresa Seargen S.A en Chilecito, con respecto a ello la jueza de faltas Patricia Mónica Masud comentó a medios de comunicación que “la empresa Seargen SA estaba trabajando sin habilitación municipal y habiendo pedido la habilitación para un rubro, la documentación que adjunta y que luego investiga la Municipalidad de Chilecito a través de la AFIP, se da con que la fachada de consultora de ingeniería y asesoramiento industrial ellos pretendían la explotación minera” dijo.

Asimismo dijo “con respecto a la inscripción en la AFIP, ellos el documento que adjunta es un formulario impreso pero fotocopiado en la mitad que no permite ver el rubro o actividad para la cual se inscribe en la AFIP, eso se lo descubre cuando la municipalidad investiga en la AFIP, y eso está en la foja 39 del expediente administrativo. Es una maniobra de ocultamiento del verdadero objetivo que era la explotación minera”.

Al mismo tiempo resaltó “más allá de eso, ellos estaban funcionando sin la habilitación municipal pertinente. Al descubrir que el objeto principal es la explotación minera, cabe hacer aplicar la ley que nos rige en el departamento Chilecito la 2.696/06, que habla de la prohibición que existe en nuestro medio de la explotación de la minería con sustancias tóxicas para el medio ambiente o la salud humana”.

En este sentido detalló que la misma ordenanza contempla que “toda persona física o jurídica quisiera explotar la mina, tiene que seguir una serie de pasos, un procedimiento y cumplir ciertas exigencias legales en cuanto a documentación como lo establece los artículos 9, 10 y 11 de la ordenanza. Que es presentar un estudio de impacto ambiental, eso someterlo a la comunidad para obtener la licencia social, y se evalúa ese estudio y la comunidad debe emitir su opinión al respecto”.

Fuente:http://www.elindependiente.com.ar/pagina.php?id=173911

Ecuador

“Cáncer anunciado en medio ambiente de Íntag”

Autor: No a la Mina .org

El extractivismo desde todo punto de vista es una agresión destructiva de los seres que habitan el planeta y un mal negocio para el Estado ecuatoriano, según advierten los expertos que siguen al paso el problema de impacto ambiental que causaría en los bosques primarios de Íntag un proyecto minero. “Que nadie dude que en territorio de Cotacachi, el impacto ambiental será el que jamás se haya visto alrededor del mundo”, advirtió un experto en temas ambientales.

 

Defensa de Conservación Ecológica de Íntag (Decoin) se creó en 1995 para enfrentar la degradación ambiental que varias comunidades predecían por la presencia de empresas extranjeras explotadoras de cobre, según informó Carlos Zorrilla, ecologista y dirigente de la zona.

En estos 23 años de existencia como organización, defienden el amplio territorio de Íntag, 42 comunidades, gobiernos locales y a la Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas.

En este territorio se encuentran 41 reservas ecológicas y ambientales, en un área de 13.000 hectáreas.

“Nosotros como organización no tenemos ni un solo metro cuadrado, todo se ha entregado a las comunidades”, aclaró Zorrilla.

“Somos una organización de conservación, biodiversidad, agua y bosque. Cualquier actividad que amenace estos recursos naturales recibirá la oposición de la gente afectada, con la finalidad de buscar alternativas a la explotación de la minería a gran escala”, agregó.

Mencionó que se ha creado una asociación de turismo ecológico en Junín. “Estas tierras, de aproximadamente unas 1.420 hectáreas, entregadas a la comunidad, fueron invadidas por las empresas mineras, especialmente la Codelco chilena que con apoyo del Gobierno irrumpió a la fuerza y se quedó hasta hoy”.

“Aquí no había títulos de propiedad y se compró posesiones de forma legal, pero esta empresa extranjera no respetó nada y se metió utilizando medidas de presión”, refirió.

Lucha contra la minería

El 8 de mayo de 2014 es una fecha que llama a la indignación de los habitantes, porque ese día, según recuerda Zorrilla, mediante un operativo policial y militar, en el que participaron más de 350 efectivos, “impusieron sus reglas por encima de los derechos humanos de los comuneros”.

El activista respondió a Santiago Chamorro, subsecretario de Minería, quien dijo a La Hora que no han dividido a la comunidad ni han ingresado por la fuerza sino mediante el diálogo con los habitantes.

“Ese es un discurso que cae en la hipocresía de alto nivel, porque toda la gente y los informes oficiales son claros al respecto”, dijo Zorrilla.

“Yo le pregunto al señor Chamorro, cuándo ha pedido permiso al cantón Cotacachi y han respetado los planos de ordenamiento territorial y desarrollo parroquiales. Debe indicar en dónde y en qué plan de desarrollo dice que tenemos minería en Íntag”, agregó.

Llamó al pueblo “a que habrá sus ojos ante la imposición de un proyecto extractivo a gran escala que no es sostenible y atropella el derecho de las personas y la naturaleza”.

Pedido para que ingrese la prensa

“Quisiera que la prensa pueda entrar, ojalá la dejen, para que comprueben, porque desde el punto de vista de los gobiernos de turno nos han acusado que nosotros estamos manipulados, que mantenemos un discurso caduco de hace muchos años…”, agregó.

Advirtió que si no les permiten entrar, para que constaten la realidad, “enviaremos videos sobre la reserva comunitaria para que verifiquen cómo están destruyendo el bosque primario y el gobierno lo niega”.

Tala de bosque primario

Precisamente sobre el tema de la tala del bosque primario que se ubica en Íntag, los términos de referencia que se utilizan para hacer el estudio de impacto ambiental señalan que no se debe talar árboles de más de 10 centímetros, pero eso aparentemente no se ha cumplido.

“Este es un bosque precioso, es una joya que tiene el Ecuador, pero que lo están destruyendo. Pregunto: ¿de dónde sacan la madera para empalizar los senderos e ingresar herramientas de la empresa, comida…, y sacar material de muestra a lomo de mula? Son varios kilómetros que han cubierto el pantano con troncos y madera, sin embargo los animalitos entierran sus patas por las rendijas, se lesionan y fracturan las patas. Nosotros tenemos pruebas de la alteración y contaminación del bosque que se encuentra en la quebrada Fortuna”, dijo.

Proyecto minero en la actualidad

La fase de exploración avanzada está por terminar en Íntag, como parte del proyecto denominado Llurimagua.

Según Zorrilla, con esos datos preliminares, “ya dicen que hay 1.500 millones de toneladas de minas. De ahí se calcula que el 99.5% será deshecho, y solo el 5% sería cobre, lo cual es una baja rentabilidad para el Estado”.

“Imaginemos cómo remover esos miles de millones de toneladas de material en una zona de bosque primario, con cientos de especies. Eso llama a la reflexión. No hay tecnología de punta que evite la destrucción de la montaña y la contaminación del agua”, refiere.

“Con seguridad los ríos como el San Pedro, Chalguayacu, Junín, afluentes del río Íntag, morirán con el envenenamiento de químicos peligrosos para la vida humana y de las especies”, dice.

Impactos

Otro de los datos que más preocupan en la zona tiene que ver con el proceso para la extracción minera a gran escala y a menor escala.

Este proceso no puede hacerse sin utilizar gran cantidad de agua. Como ejemplo se puede referir al proyecto Mirador, en el sur del país, que es parecido al de Íntag, pero en esta zona hay más cobre. En Mirador tenían previsto utilizar 12 millones de litros de agua diarios.

En ese sentido, el hueco que cavarían se estima, según los expertos, sería de unos 15 kilómetros de diámetro para ingresar. En el fondo habría agua y tendrían que extraer las minas de cobre secas, pero todo ese proceso envenenaría las aguas subterráneas. (CHRW)

“Se hizo una consulta previa de acuerdo con los derechos humanos y de la naturaleza, pero hasta hoy ha sido burlada de forma permanente. Todo es una farsa grotesca y aín así se habla de minería responsable desde el oficialismo”

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/40694-cancer-anunciado-en-medio-ambiente-de-intag

Mexico

Acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia para Mariano Abarca

Autor: Otros Mundos Chiapas.org

A la sociedad civil de Chiapas, México y Canadá,
A las organizaciones de derechos humanos de Chiapas, México y Canadá,
A los medios de comunicación,

La familia del defensor Mariano Abarca Roblero y organizaciones acompañantes les informamos que, el 16 de mayo acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia después de recibir una respuesta decepcionante a la denuncia administrativa presentada en febrero pasado ante el Comisionado por la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC).

Entregamos dicha denuncia al Comisionado en Ottawa, Canadá, exigiendo que iniciara una investigación por las acciones y omisiones realizadas por el cuerpo diplomático canadiense en México, ocurridas durante todo el proceso de hostigamiento y criminalización que sufrió Mariano Abarca, cuando luchaba contra los impactos socio-ambientales de la minería en Chicomuselo, hasta que culminó con su asesinato. Nosotros alegamos, en base a nuestra investigación, que la Embajada de Canadá en México violó la política canadiense relacionada con sus industrias extractivas en el exterior y con la identificación y la prestación de apoyo a los defensores de los derechos humanos. Consideramos que esa y otras omisiones incrementaron el riesgo que corría Mariano por defender la vida y los derechos humanos.

Al Comisionado le entregamos suficiente información que fuimos recabando durante casi 9 años tanto en México como en Canadá. Con ello demostramos que la embajada de Canadá en México actuó en contubernio con la empresa Blackfire Exploration, justo en diferentes momentos antes de su asesinato en los cuales Mariano era amenazado, criminalizado, fue denunciado directamente por la empresa Blackfire, y luego detenido y encarcelado. A pesar del amplio conocimiento del conflicto con la Blackfire en Chicomuselo y los riesgos que enfrentaba Mariano, la embajada intervino de forma directa en los asuntos de la política interna mexicana, al usar la envergadura de la diplomacia canadiense para abogar a favor de la empresa ante el gobierno de Chiapas. Luego, aún después del asesinato de Mariano, la Embajada continuó asesorando a la empresa, inclusive sobre cómo demandar a México bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) frente a la clausura de su mina por violaciones ambientales.

En su rechazo para realizar una investigación a fondo como le solicitamos, el Comisionado declara que ni la estrategia canadiense en torno a sus industrias extractivas en el extranjero, ni el papel que los mismos funcionarios públicamente dicen cumplir cuando hay conflictos entre empresas y comunidades, no representan «políticas oficiales». Por lo tanto, desde la perspectiva del Comisionado, los funcionarios públicos no son obligados a respetarlas. Su decepcionante e ingenua respuesta al negar realizar la investigación, sólo abroga a continuar y perpetrar la imagen sobre el gobierno canadiense como coparticipe de las violaciones a los derechos colectivos e individuales que las empresas canadienses y el cuerpo diplomático de Canadá realizan en toda Latinoamérica.

Nosotros continuaremos buscando la verdad y la justicia hasta llegar a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Mariano. Por ello, ante nuestro desencuentro con el Comisionado, hemos asistido a la Corte Federal de Canadá para presentar una notificación de aplicación para una revisión jurídica de la decisión del Comisionado. Nuestra acción también busca que no se desechen todas las pruebas que hemos recaudado hasta ahora y que muestran la actuación de la diplomacia canadiense en la violación de los derechos humanos de Mariano Abarca Roblero.

Es importante recordar que también en Mexico hemos realizado un largo recorrido, donde sigue abierta una investigación penal que aún no ha llegado a los autores materiales e intelectuales del crimen. Ante la omisión del propio gobierno mexicano, en junio del 2017, llevamos una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del estado mexicano por no proteger la vida de Mariano Abarca y por la falta de procuración de justicia. Así seguiremos hasta agotar todas las instancias necesarias para obtener justicia y contribuir al desmantelamiento del patrón de actuación del modelo extractivo minero canadiense en México y en América Latina.

Continuaremos caminando, enfrentando y denunciando la falta de voluntad política del gobierno de Chiapas, del Estado mexicano y del gobierno de Canadá para combatir la impunidad y la falta de procuración de justicia. Asimismo, no dejaremos de colaborar y coordinarnos con nuestros aliados y nuestras aliadas en Canadá hasta lograr que el estado canadiense detenga su política extractivista que extermina los pueblos.

¡Fuera las empresas mineras de los territorios de México y América Latina!

¡La minería no es desarrollo, es muerte y destrucción!

¡Ni un asesinato más a defensores y defensoras de la tierra y el agua!

FIRMAMOS:

Familia Abarca Montejo
Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Fuente:http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/171-derechos/justicia-para-mariano-abarca/2908-acudimos-a-la-corte-federal-de-canada-para-exigir-justicia-para-mariano-abarca

Perú

No llegaron a acuerdos con MINEM: Morococha anunció paro indefinido

Autor: REd.Muqui.org
Conflicto Relacionado: Toromocho-Morococha-Peru Copper

Alrededor de 250 pobladores de Morococha, zona donde se encuentra el proyecto minero Toromocho de Chinalco, se movilizaron al Ministerio de Energía y Minas en Lima para exigir que el ministro Francisco Ísmodes atienda a sus demandas y no expropie las 34 hectáreas de propiedad del distrito. Sin embargo, tras una reunión con el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, no se logró llegar a algún acuerdo. Se anunció paro indefinido.

En abril de este año, dicho ministerio transfirió 34 hectáreas de la de Morococha antigua a Activos Mineros para facilitar la ampliación del Proyecto minero Toromocho. En ese terreno viven 60 familias que se quedarían en la calle. El responsable de la Comisión de ecología de la Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) de Huancayo que acompañó la reunión, LuisSamaniego Ríquez, comentó a Red Muqui que tras retirarse de la reunión el viceministro,Miguel Incháustegui, los asesores redactaron un acta de acuerdos donde no figuraban las demandas de la población. Motivo por el cual los dirigentes se retiraron y anunciaron paró en Morococha y en la carretera central.

Las familias afectadas llegaron hasta la puerta del MINEM alrededor de las 10 de la mañana con pancartas y exigiendo, además, que se cumpla con el Estudio de Impacto Ambiental. En el comunicado que publicó la Municipalidad distrital Morococha se afirma que “la población ha venido sufriendo una serie de atropellos por parte del Estado y la empresa minera, exigimos el cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental y exhortamos el cumplimiento del canon respectivo”. Las familias esperaron 5 horas en la puerta del MINEM alguna respuesta de parte del ministro o sus representantes.

Elvis Atachahua, secretario del Frente Amplio por la defensa de los intereses de Morococha, comentó que con el reasentamiento en la nueva ciudad de Morococha los problemas han crecido. Afirmó que no hay desarrollo económico en la zona y se está despoblando. Aseguró que las 60 familias que aún viven en Morococha antigua sufren constante acoso por parte de la seguridad de la empresa Chinalco, “incluso se ha llegado a prohibir que otras empresas mineras les den trabajo a los pobladores”, afirmó.

Por su parte, Elvir Mayta, regidor del distrito de Morococha, aseveró que “el gobierno central no está cumpliendo con el proceso de reasentamiento de forma adecuada, no ha hecho respetar nuestros derechos». Agregó que exigen que no se le otorgue a la minera esas 34 hectáreas donde hay población porque es una decisión arbitraria de parte del Estado.

Rossy De la Rosa Rojas, del Frente amplio de defensa por los Intereses de Morococha, declaró que “la empresa ni el Estado han logrado solucionar la problemática en Morococha, hace un tiempo ancianos, niños, pobladores están sufriendo atropellos de parte de la empresa. Hay vigilancia sobre cada uno de nuestros actos”. A las condiciones de constante acoso en que viven los pobladores se suma el riesgo de afectación a la salud. Morococha es una zona muy lastimada por la contaminación ambiental. La ciudad antigua contiene pasivos mineros de alto riesgo, las familias que aún permanecen en esa zona, aseguran que no tienen otro lugar donde vivir y no se les ha asegurado condiciones dignas de subsistencia.

Cabe señalar que cuando se emitió el decreto el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advirtió se estaba utilizando las normas de los decretos legislativos dictados por el gobierno en la etapa de Kuczynski y los paquetazos del gobierno de Humala, que desregularon las garantías sobre las tierras, para facilitar una medida arbitraria.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/745-no-llegaron-a-acuerdos-con-minem-morococha-anuncio-paro-indefinido

Colombia

Niegan licencia ambiental para intervención minera en el río Saldaña

Autor: Redacción Generales EL Nuevo Día

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, decidió negarle el permiso a la Compañía Minera Ataco S.A.S, que pretendía explotar oro en el sector de Umbulú de la vereda Apone en Ataco, Tolima.

La Anla decidió no otorgar la licencia ambiental a la Compañía que desde hace años ha venido adelantando trámites y expuesto el proyecto que tiene como propósito la exploración y explotación minera en el sector de Ambulú, sobre la ribera del río Saldaña.

La autoridad tuvo en cuenta la negativa de la Corporación Regional Autónoma del Tolima, Cortolima, que consideró inviable el proyecto. Este se encontraba en el trámite administrativo solicitado por la compañía minera, bajo el contrato de concesión 4974.

La Anla escuchó las recomendaciones hechas por Cortolima, y a las autoridades administrativas de Ataco, las veedurías locales, gobernadores, y miembros de los pueblos indígenas del sur del Tolima.

Las razones expuestas por el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, quien señaló de inviable el proyecto hace algunos meses, tienen que ver con que la compañía minera Ataco S.A.S estaba solicitando el permiso sobre un título minero que había sido intervenido anteriormente por ‘Mineros el Dorado’; se suma el hecho de que cuando la compañía presentó la propuesta de estudio de impacto ambiental a la Corporación para el trámite de la licencia, Cortolima solicitó unos requerimientos de carácter ambiental que no fueron sustentados por Ataco S.A.S.

También se tuvo en cuenta el rechazo de la comunidad del Municipio para dar inicio a un plan aurífero, lo que quiere decir que no se cuenta con la “licencia social”, dicho motivo tiene que ver con que el lugar donde se pretende desarrollar el proyecto cuenta con un área de bosque primario importante, además de ser una zona inundable, y de remanso del río Saldaña.

Esto quiere decir, que el cálculo de ronda hídrica que se hizo en el estudio de impacto ambiental presentado por Ataco S.A.S, estaría incorrecto.

Por ende, “el proyecto afectaría irreversiblemente la conectividad de las zonas de recarga del río Saldaña, debido a que dos quebradas se cruzan en el área donde se planea realizar la explotación, lo que perjudicaría el ciclo natural de descarga del río Saldaña”, culminó Cortolima.

La respuesta dada, se puede encontrar en la resolución n. 00616 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

¿Qué sigue?

Tras todos los motivos mencionados que producirían un posible mal impacto con la puesta en práctica de la minera extractiva, y la negativa de la Anla; lo que le queda a la Compañía Ataco S.A.S, es presentar un recurso de apelación al que tiene derecho por ley.

Fuente:http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/415103-niegan-licencia-ambiental-para-intervencion-minera-en-el-rio-saldana

Guatemala

Las Consultas Populares Frente A La Minería En Centroamérica

Autor: Alfredo Carias para Acafremin

La falta de voluntad de los gobiernos en aplicar los marcos jurídicos internacionales que reconocen el derecho de participación de los pueblos indígenas en sus territorios, está obligando a las comunidades junto con las organizaciones de la sociedad civil a unir esfuerzos para enfrentar la amenaza de los proyectos extractivos en la región.

La lucha organizada contra la minería junto a la defensa del agua en Centroamérica, es la causa para unirse en esta alianza de organizaciones comunitarias y sociales, en protección de los bienes naturales, manifestó Julio González, activista del Colectivo Madre Selva de Guatemala.

“Considerando que estamos frente a la amenaza de la imposición de proyectos extractivos sobre todo mineros, que son altamente contaminantes y no viables en territorio centroamericano, hacemos la salvedad que este territorio que posea una grandeza genética, no muestra la posibilidad que se realice la extracción de minería metálica en nuestro suelo. La preocupación es por los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de la salud de toda la población centroamericana que se encuentra amenazada frente a los intereses de las corporaciones internacionales”, aseguro González.

La ausencia de los procesos de consultas previas, libres e informadas o la manipulación de las mismas por parte de los gobiernos para favorecer a las empresas extractivistas, está generando serios conflictos sociales y ambientales en los territorios centroamericanos advirtieron las organizaciones sociales.

“Las comunidades originarias que vivían en los territorio son desplazadas y le son desconocidos los derechos a las consultas, porque los proyectos son impuestos, el estado lo que hace es un proceso de socialización cuando los proyectos ya han sido aprobados, cuando reiteradamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tanto las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  han señalado que las consultas para que sean considerada un derecho efectivo, debe realizarse antes que estos proyectos sean aprobados en su condición de viabilidad. Sin embargo, se están llevando procesos amañados de socialización que no es consulta cuando los proyectos han sido aprobados”, denuncio Pedro Landa, activista del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de Honduras.

Ante la falta de voluntad política de los gobiernos centroamericanos de promover las consultas populares, los pueblos han tenido que organizar sus propias consultas explico Sonia Sánchez abogada Maya.

“La obligación de la consulta le corresponde al Estado, en ausencia que el Estado no lo ha hecho, es la causa que las comunidades han hecho sus propias consultas, con sus propios mecanismos, pero el Estado no reconoce la vinculación de estas, porque no fue el Estado que las realizo, sino que los pueblos, lo que, si creemos que es un incumplimiento del Estado en su obligación”, destaco la abogada indígena.

La deslegitimación de las consultas genera conflictivad entre los pueblos y los gobiernos explico Yanira Cortez especialista en derechos humanos.

“El no respeto de estos procedimientos, de estos estándares legales internacionales está generando esta conflictividad, los pueblos enfrentan la desacreditación, deslegitimación, violencia política de los funcionarios y la criminalización, con la intención de causar desgaste en la lucha social de un pueblo que se resiste, pero esa es la lucha de toda América Latina”, expuso la especialista.

La Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador fue puesta como ejemplo mundial de victoria de la lucha organizada de los pueblos, durante el encuentro centroamericano.

“A partir de las experiencias que hemos tenido en El Salvador con la lucha por más de 12 años para aprobar la ley de prohibición de la explotación de la minería metálica, el primer país a nivel mundial que prohíbe esta actividad, es importante compartir esta experiencia en nuestra región, para exigir a nuestros gobernantes que se aprueben leyes de prohibición a proyectos de extractivismo, que son proyectos de muerte”, señalo Bernardo Belloso representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salador (CRIPDES).

Las organizaciones Centro Humboldt, CRIPDES, ERIC y el Colectivo Ecologista Madre Selva, que conforman la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), se dieron cita el pasado 27 y 28 de abril para intercambiar experiencias y generar alianzas estratégicas que consoliden el cumplimiento al “Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada con Consentimiento y Buena Fe de los Pueblos”, que consigna la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

fuente:http://acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=237:las-consultas-populares-frente-a-la-mineria-en-centroamerica&catid=9:blog&idU=2&utm_source=newsletter_70&utm_medium=email&utm_campaign=comunidades-de-centroamerica-demandan-ser-consultadas-ante-proyectos-extractivos.

 

Mexico

Familia de activista antiminero asesinado cree que embajada de Canadá tomó parte

Autor: No a la Mina .org
Conflicto Relacionado: Minera Caracol - Chicomuselo-Blackfire Exploration-Barita

Mariano Abarca Roblero se oponía a la minera canadiense Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas. Fue asesinado el 27 de noviembre de 2009. Su familia presentó una demanda en Canadá para que investigue y responsabilice a la Embajada de ese país por el crimen. La familia Abarca considera que la embajada canadiense en México prestó un apoyo “prácticamente incondicional” a Blackfire, apoyo que, según los demandantes, “aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca”.

 

La demanda de la familia Abarca, y de la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red de Afectados de la Minería, es la primera en la historia que solicita al Sector Público de Canadá investigar una embajada del país.

La familia del activista mexicano Mariano Abarca, asesinado en 2009 cuando protestaba contra una mina de propiedad canadiense en su país, ha solicitado a un juez que reconsideré la negativa a investigar el papel de la embajada de Canadá en México en el caso.

A mediados de abril, el Comisionado para la Integridad del Sector Público de Canadá (PSIC por sus siglas en inglés) rechazó la petición de la familia Abarca y varias organizaciones sociales para que investigase las acciones de la embajada canadiense en México por apoyar la minera Blackfire Exploration.

El PSIC es el organismo que se encarga de velar por los valores éticos del sector público canadiense.

La demanda de la familia Abarca, y de la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red de Afectados de la Minería, es la primera en la historia que solicita al PSIC investigar una embajada del país.
La familia Abarca considera que la embajada canadiense en México prestó un apoyo “prácticamente incondicional” a Blackfire, apoyo que, según los demandantes, “aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca”.

Los demandantes también sospechan que la embajada canadiense pudo ignorar las normas que obligan a informar sobre supuestos casos de corrupción.

Blackfire fue investigada en 2011 por la Policía Montada de Canadá por el supuesto soborno de Julio Calderón, Alcalde de la localidad mexicana de Chicomuselo, con unos 20 mil dólares para garantizar sus operaciones en el estado de Chiapas.

Abarca murió asesinado en noviembre de 2009 por personas desconocidas.

La organización canadiense MiningWatch, que también está involucrada en la solicitud de investigación a la embajada, informó que inmediatamente después de la muerte del activista mexicano, la Policía detuvo y acusó a tres personas relacionadas con Blackfire que posteriormente fueron puestas en libertad.
El abogado Yavar Hameed, que representa la familia Abarca en Canadá, criticó la decisión del PSIC de rechazar la investigación.

“Si las alegaciones de que el apoyo de la embajada canadiense a una empresa minera pudo haber puesto en peligro la vida de un defensor de los derechos humanos no son dignas de una investigación, ¿cuál es el propósito de tener un comisionado de integridad?”, afirmó en un comunicado.

Por su parte, el hijo del activista, José Luis Abarca, lamentó que a pesar de las pruebas presentadas de la relación de la legación diplomática con la empresa minera, el PSIC rechazase la investigación.

“Es doloroso leer la respuesta del Comisionado, expresando preocupación por mi familia para luego ignorar las pruebas que presentamos sobre la negativa de la embajada a responder a la petición de ayuda de mi padre”, declaró.
La familia Abarca quiere ahora que el Tribunal Federal de Canadá obligue al PSIC a investigar las acciones de la embajada.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/40672-familia-de-activista-antiminero-asesinado-cree-que-embajada-de-canada-tomo-parte

 

Bolivia

85% de cooperativas mineras opera sin licencia ambiental

Autor: Erbol.com

Actualmente 1816 cooperativas mineras operan en Bolivia, de las cuales aproximadamente el  85%  lo hace sin licencia ambiental y muchas incluso vulnerando derechos laborales como el trabajo de menores de edad en sus operaciones.

“Hace un tiempo que se emitió el último informe en relación a la minería en Bolivia y se ha determinado que solo 257 cooperativas tenían licencia ambiental de las más de 1.800 que operan en el país, eso significa que alrededor del 85% no tenían licencia ambiental y las cifras no han variado desde entonces y particularmente esto se circunscribe a la actividad del oro”, estableció Héctor Córdoba, ex viceministro de minería y experto del área de la Fundación Jubileo.

La rendición pública que presentó en enero de 2018 el Ministerio de Minería y Metalurgia estableció que entre 2006 y 2017 el número de cooperativas mineras en todo el país  se incrementó en 49,83%, vale decir, de 911 a 1816. “La mayoría están concentradas en el departamento de La Paz y llegan a más de 1.200, cerca de 1.000 son cooperativas auríferas,  mientras que las otras están distribuidas en Beni, Santa Cruz, Potosí y Oruro”, detalló Córdoba.

Un informe público y general del Viceministerio de Cooperativas Mineras, estableció, por ejemplo, que de las más de 1.200 operaciones en el departamento de La Paz, 180 contaban hasta hace más de dos años, con licencia ambiental, es decir, solo un 15%.  A la fecha, la situación no ha variado, al igual que en otras regiones, como Cochabamba, donde el 80% de las  44 cooperativas mineras que operan carecen de licencias ambientales, según informó la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin).

Tomando en cuenta que en La Paz se concentra el mayor número de las actividades mineras y con la carencia de licencias ambientales, Saturnino Huaywa, Presidente de la Central de Lambate, Sud Yungas, afiliada a la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO – La Paz), aseguró que el trámite para la obtención de estos permisos es burocrático y toma demasiado tiempo, por lo que de las 24 cooperativas pertenecientes a su asociación regional sólo la mitad cuenta con este documento.

“El medio ambiente nos está molestando, y es que simplemente antes no habían estas leyes. Antes los compañeros de la comunidad no sabían lo que era el medio ambiente, ahora estamos más atareados con las leyes. El trámite (para la licencia ambiental) tarda mucho. Tenemos muchas leyes encima, por eso pedimos a las autoridades que revisen y que haya mayores plazos”.

Huaywa negó que sus afiliados utilicen mercurio para sus operaciones, sin embargo manifestó que es regular el uso de dinamita y solicitó a las autoridades municipales, departamentales y nacionales  “apoyo en  maquinaria, proyectos de electrificación y diesel, porque consumimos harto”. Además piden que se abran caminos en esos sectores de explotación minera.

Explotación y deforestación constantes

Ante esta situación y recientemente, el senador por Unidad Demócrata, Yerko Núñez, denunció que cinco cooperativas auríferas llevan adelante una explotación indiscriminada en el sector de Arcopongo de la provincia Inquisivi. Pese a las constantes solicitudes de informe, las autoridades de Gobierno no dan cuenta si éstas tienen sus respectivas licencias ambientales.

“Hemos llevado adelante una inspección a la altura del río Chaquety, para verificar diferentes denuncias sobre explotación de oro  y efectivamente hemos visto que estas cooperativas mineras están robando y destruyendo los recursos naturales, están contaminando el río con mercurio, lo que pone en riesgo la vida de los pobladores. La explotación de oro la están haciendo durante seis años”,  manifestó.

Empero, este conflicto de explotación ilegal de oro en esa región se arrastra desde el 2014, cuando se registraron enfrentamientos entre mineros cooperativistas de la localidad Palma Flor y mineros de la cooperativa Ullakaya Condorini por unos predios en el río Chaquety con el saldo de tres muertos y 13 personas aprehendidas. En esa oportunidad, el Ministro de Minería, César Navarro resolvió parar temporalmente las actividades mineras en ese sector, “definiendo de manera estructural la cancelación de todos los trámites de explotación de las cooperativas que tienen personería jurídica y otras que no tienen personería jurídica”, manifestó la autoridad.

En ese entonces también hubo el compromiso desde la Gobernación y Ministerio de evitar cualquier tipo de actividad ilegal en esta región: “No se permitirá ninguna actividad de carácter ilegal que dañe el medio ambiente y tampoco se va a permitir que comunidades o cooperativas se enfrenten y tengamos daños humanos que lamentar”.

Las imágenes registradas por la comisión encabezada por Núñez dan cuenta de una clara deforestación, contaminación del río, uso de combustibles y maquinaria pesada.

Vulneración de derechos laborales

El 2016, el Viceministerio de Cooperativas Mineras, a la cabeza de José Luis Chorolque, informó que  del total de cooperativas registradas hasta ese año en Bolivia (1806), hubo un registro de más de 122 mil socios, lo que a la fecha se ha incrementado en unos  dos mil. Pero lo preocupante, que denuncia el ex viceministro de Minería, es que existen operaciones mineras que en zonas alejadas usan en sus labores a jóvenes menores de edad de unidades educativas aledañas.

“Se han visto casos que en cooperativas habrían subcontratado a terceras personas y casi en estado de esclavitud porque la remuneración era miserable. Hubo, por ejemplo cooperativas que subcontrataban a jóvenes de colegio para ingresar a lugares a los que ellos no ingresaban,  esta situación anómala es un factor que tampoco se puede controlar con facilidad, porque en algunos casos para lograr una permiso de la comunidad, las cooperativas concretan acuerdos  para que los miembros de la comunidad puedan ingresar a la mina en momentos en que sus socios salen un día a la semana y la comunidad entra para sacar mineral como una cierta remuneración por el trabajo que hacen ahí”, detalló Córdoba.

El trabajo minero requiere de un buen manejo de sustancias como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y disolventes para separar los minerales de la mena, además de dinamita  y maquinaria pesada, sin embargo, para Córdoba, el déficit de espacios laborales en Bolivia y los bajos ingresos han obligado a muchos pobladores de área rurales a pasar de sus actividades y de la agricultura a la minería con los riesgos que conlleva en su salud y su vida.  “Trabajar en una cooperativa es un sacrificio muy grande y gigantesco  y hay mucha gente que sin ser saber de minería trabaja en esto y sacrifica su vida. Además arriesga el medio ambiente al desconocer las normas elementarles del sector minero”, finaliza el ex viceministro.

Ante esta otra realidad de la minería en Bolivia el cooperativista Saturnino Huaywa pide al Gobierno mayores espacios de trabajo para “deje trabajar a los bolivianos. Porque hay harta empresa china que no deja regalías en el país y no nos dejan trabajo. Se gana algo, pero tampoco tenemos grandes ingresos”.

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/21052018/el_85_de_cooperativas_mineras_en_bolivia_opera_sin_licencia_ambiental