Argentina

Buscan que la actividad minera sea prohibida en Chubut por una ley que suplante a la 5.001

Autor: El Patagónico.com

En la Legislatura se presentó ayer un proyecto de ley que apunta a prohibir la actividad minera metalífera y nuclear en Chubut. La iniciativa ya ha tomado estado parlamentario y con su aprobación se debería derogar la Ley 5.001 por lo que los proyectos mineros, que están en actividad, deberían cerrar. Además, la nueva legislación solo se podría derogar con una consulta popular.

El diputado Alejandro Albaini presentó ayer un proyecto que busca prohibir la actividad minera en Chubut. La iniciativa también abarca los proyectos que actualmente están activos. En el texto, que cuenta con seis páginas de fundamentos, se destaca la falta de licencia social y se deja en claro que en caso de aprobarse la legislación, se deroga la actual Ley 5.001 y regirá también para los proyectos mineros que actualmente se encuentran en funcionamiento.

En su artículo 1º se establece la prohibición de “la actividad minera de sustancias metalíferas correspondientes a la primera categoría establecidas en el inciso ‘A’ del artículo 3º del Código de Minería, con la utilización de cianuro y toda otra sustancia química, contaminante y toxica o peligrosa para el ambiente, la salud pública y que haga peligrar la provisión de agua dulce”.

Mientras que en el artículo 2º se establece que se prohíbe la actividad minera de minerales nucleares como uranio, torio y plutonio. Además, en este punto se aclara que la legislación regirá para las minas actualmente concedidas, que deberán cerrar y remediar, componer y restituir los elementos necesarios.

Según el artículo 3º, la prohibición abarca todo el proceso minero, que está constituido por el “cateo, prospección, exploración, desarrollo, preparación, extracción y explotación de sustancias minerales”.

Asimismo, el artículo 4º del proyecto se propone derogar la denominada ley 5.001 y “toda otra norma que se oponga a la presente”.

Además, en su artículo 5º este proyecto de ley establece que, en caso de aprobación, la misma solo podrá ser derogada mediante “la utilización del mecanismo de Consulta Popular vinculante, previsto en la Ley XII nº 6, ex Ley 4.564, abarcando la misma todo el territorio de la provincia del Chubut”.

Mientras que en su artículo 6º se faculta al Poder Ejecutivo provincial a “adecuar las disposiciones reglamentarias vigentes a lo establecido en la vigente Ley”.

ESTADO PARLAMENTARIO

La iniciativa fue presentada por el diputado Alejandro Albaini, quien sostuvo que el proyecto, acompañado por la firma de varios diputados, “ya ha tomado estado parlamentario”, por lo que deberá ser tratado por la Comisión de Recursos Naturales.

Asimismo, el legislador de Chubut Somos Todos manifestó que comenzarán una ronda de debates por toda la provincia en busca de adhesiones al proyecto de Ley.

En este marco, el diputado destacó que en caso de no obtener los votos de la Comisión correspondiente, “vamos a buscar el consenso de la sociedad”.

Fuente:https://www.elpatagonico.com/buscan-que-la-actividad-minera-sea-prohibida-chubut-una-ley-que-suplante-la-5001-n3069908

Mexico

Minería en México, un despojo legalizado a la propiedad social: expropiación, ocupación temporal y servidumbres

Autor: movimientom4.org

En México, como en varios países de América Latina, un mecanismo que los gobiernos y las empresas han utilizado para despojar a los pueblos indígenas y campesinos de sus tierras, territorios y recursos naturales, ha sido la aprobación de leyes regresivas, contrarias a los derechos humanos, que declaran actividades extractivas como la minería, la extracción de hidrocarburos, la generación de energía eléctrica, como actividades que tienen preferencia sobre cualquier otra actividad.

La Ley Minera es una carta en blanco para robar. De acuerdo con el artículo 19, las concesiones mineras le otorgan a su titular la facultad para: Realizar obras y trabajos de exploración y explotación, disponer de los productos minerales que encuentren, disponer de los terrenos y obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de las tierras que sean indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación, así mismo pueden obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas, todo esto por 50 años que además pueden prorrogarse.

Jurídicamente, las concesiones amparan únicamente a los recursos minerales, no les otorga a los mineros la titularidad de las tierras que en muchas ocasiones son ejidales, comunales o indígenas, por lo que para poder efectuar los trabajos de exploración o de explotación, el concesionario deberá tener un acuerdo con los dueños de la superficie y en todo caso, solicitar y obtener de la Secretaría de Economía una resolución de ocupación temporal, una servidumbre de paso o una expropiación de la Reforma Agraria cuando se trata de terrenos agrarios. Con este menú de opciones, las empresas mineras tienen un amplio margen de negociación, que en realidad es de imposición, digamos que las comunidades tienen la opción de elegir entre tres distintas maneras de ser despojado, con resultados muy similares. La tierra y el territorio que siempre les ha pertenecido, herencia de los abuelos, ahora puede ser usado, destrozado y contaminado por una persona ajena a su comunidad que recibió una concesión minera y se comporta como dueño del terreno.

En la Guía de Ocupación Superficial (Publicada en Internet con este nombre), elaborada por la Secretaria de Economía de la que ya he hablado en otro artículo (Contralínea 12 de abril de 2015), se aconseja y asesora a las empresas mineras para que, dependiendo de la etapa en que se encuentre el proyecto, se llegue a distintos acuerdos. Si lo que buscan es comenzar con la exploración, deben firmar un acuerdo de arrendamiento o servidumbre; si ya están en el desarrollo de la actividad minera, deben firmar un acuerdo de ocupación temporal; si ya están en la operación, deben recurrir a la expropiación del terreno ejidal o comunal.

La figura que más se utiliza en las negociaciones entre ejidos y comunidades y las empresas es la de los Convenios de Ocupación Temporal y hay varias razones para ello:

Aunque la Ley Minera declara la preferencia sobre cualquier otro uso de la actividad minera, para las empresas mineras es difícil demostrar las causas de la expropiación. El segundo párrafo del Artículo 27 Constitucional establece que: “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.

La expropiación es un procedimiento tardado, que implica una evaluación de las causas de utilidad pública, una medición de las afectaciones, tanto de superficie de terreno, como de bienes distintos a la tierra para calcular las indemnizaciones, además de que están sujetas a la voluntad política del ejecutivo federal.

La expropiación es utilizada principalmente como una coacción a los núcleos agrarios. En caso de negarse a firmar un acuerdo de ocupación temporal, las empresas amenazan con solicitar sea expropiada la superficie que necesitan para su proyecto extractivo.

Para los acuerdos de ocupación temporal, no se requiere la aprobación del ejido o la comunidad en una asamblea dura o de formalidades especiales y aunque no se requiere la presencia de la Procuraduría Agraria, acude a las asambleas, las dirige y se comporta como abogada de la empresa y gestora de los proyectos extractivos.

Los acuerdos de ocupación temporal superficial se firman bajo circunstancias profundamente desiguales, en primer lugar por la asimetría de poder que existe entre las empresas mineras y las comunidades campesinas e indígenas; la falta de información con la que cuentan las partes contratantes, pues casi siempre se ocultan los efectos negativos, los impactos ambientales y sociales, así como las afectaciones a la salud de la población. Por último se trata de convenios leoninos, entendidos éstos como contratos en los que se pacta que todas las ganancias son para una de las partes y todas las pérdidas son para la otra parte. Aunque estos convenios están prohibidos, las autoridades los validan.

En todo el país podemos encontrar conflictos mineros que se suscitaron por el incumplimiento de las cláusulas del convenio de ocupación temporal, ya sea en el pago de la renta, o porque comienzan a extenderse más allá de los terrenos pactados o en contraprestaciones tan absurdas como el arreglo de caminos y escuelas, el trabajo para los ejidatarios, el transporte de los materiales y las obras sociales.

El caso del Ejido la Sierrita en Durango es emblemático en este sentido, pues la empresa minera Excellon firmó un contrato de ocupación temporal por la renta de 1,100 hectáreas en el que se establecieron cláusulas de carácter social en beneficio del ejido como la construcción de una planta tratadora de agua; que los ejidatarios fueran contratados por la mina, la administración del comedor para los trabajadores, poder transportar el mineral, becas escolares y el pago de la renta anual. La única contraprestación cumplida parcialmente fue la renta el primer año. Intentaron negociar con la empresa mejores condiciones sin tener éxito, por lo que decidieron demandar la terminación del contrato de ocupación temporal, la restitución de las tierras y el pago de daños. La demanda se presenta ante el Tribunal Unitario Agrario en 2012 y hasta la fecha no se ha resuelto, mientras la empresa sigue trabajando y explotando la mina.

Ante el despojo legalizado que quieren imponer las empresas mineras, las comunidades indígenas y campesinas han dado respuestas de maneras muy diversas, unas han optado por cambiar a los representantes agrarios que aceptaron la minería, otros se han negado a firmar los acuerdos de ocupación temporal con todo y las amenazas de expropiación, otras comunidades han modificado sus estatutos agrarios para blindar sus territorios de actividades extractivas. Existen varias comunidades que acudieron por la vía del amparo a solicitar la cancelación de las concesiones mineras, algunas otras se han declarado “comunidades libres de minería”, hacen acuerdos, hacen fiesta, hacen tequio, se hacen peticiones y ceremonias, un sinfín de estrategias que lo que buscan es defender la vida y el territorio.

El Topil vía Otros Mundos Chiapas

Fuente:http://movimientom4.org/2018/04/mineria-en-mexico-un-despojo-legalizado-a-la-propiedad-social-expropiacion-ocupacion-temporal-y-servidumbres/

Mexico

Mujeres luchan contra minera de Almaden Minerals en la Sierra Norte

Autor: Leticia Ánimas Vargas, Municipios Puebla.
Conflicto Relacionado: Ixtacamaxitlán-Almaden Minerals
Ixtacamaxtitlán, Pue.- Nadie nos puede separar de nuestra tierra, de nuestra agua, de nuestra identidad y de nuestro orígenes, concluyeron mujeres defensoras del territorio de Ixtacamaxtitlán ante la pretensión de la empresa canadiense Almaden Minerals que proyecta una mina a cielo abierto para extraer oro y plata de las montañas en esta región de la Sierra Norte.
Para reconocerse y hablar del camino que han recorrido durante los 5 años que lleva la resistencia contra este proyecto que ellas denominan de muerte, pero también para hablar de la manera en que desde sus espacios familiares y sus actividades cotidianas son guardianas de su cuerpo “su primer territorio” y entender la manera en que “dan un enfoque de género” a su lucha, las mujeres se reunieron en el auditorio de la comunidad de Santa María Sotoltepec.
Supieron de la minera, cuentan, cuando empezaron a resentir los daños: en Tenamigtic empezó a llegar el agua potable muy sucia y algunos se enfermaron, así se pusieron a investigar qué cosa pasaba, porque aunque los canadienses llegaron al municipio hace muchos años y empezaron a sacar “tierra en bolsitas”, nunca les dijeron cuáles eran sus verdaderas intenciones.
Aunque reconocieron que con sus movilizaciones y un amparo han logrado frenar la apertura de la mina de la que prevén sacar 130 mil onzas de oro y 7 millones 798 mil onzas de plata durante cada uno de los 14 años que dura el proyecto, “como madres –aseguraron – nos preocupa el futuro de nuestra familia. Por eso tenemos que luchar para que se cancele y evitar que gente de otros países vengan a explotar nuestras riquezas, y no nos referimos sólo al oro, sino que vienen a desaparecernos, a extinguirnos”.
El camino de su lucha, en estos años, ha sido duro, sinuoso, como el que bordea la ribera del río Apulco que nace aquí y baja hasta la cuenca del Tecolutla para llegar al Golfo de México. Poco a poco se han ido sumando, de comunidad en comunidad. Lo que nos llama, dijeron, es nuestro corazón, es el interés por cuidar sus vidas, escuchar sus experiencias, saber qué le pasa a su Tierra y encontrar juntas lo que pueden seguir haciendo.
Las mujeres de Ixtacamaxtitlan describieron sus comunidades, de sus cerros, ríos, bosques, cuevas y manantiales, el espacio donde habitan sus cuerpos “su primer territorio”, donde están sus tradiciones y la memoria de sus ancestros y ancestras. Hablaron también de la importancia de las actividades que realizan en sus casas para sus familias y de la manera en que en muchas ocasiones ese trabajo no es valorado.
Ellas hacen la comida, cuidan a sus hijos y esposo. Trabajan la tierra o son comerciantes, pero también están en las manifestaciones, denuncian las violaciones cometidas por la empresa e incluso la delegación que viajó a Canadá para entrevistarse con congresistas, organizaciones y autoridades, estaba formada mayoritariamente por mujeres.
Por ello indicaron, ante la importancia de su participación en la lucha por la defensa del territorio y en desarrollo de sus familias, buscarán que su palabra se escuche y sea tomada en cuenta. “Que se valore nuestro aporte. Que se considere nuestro tiempo y la energía que destinamos a la reproducción de la familia y la comunidad”.
“Nuestros antepasados legaron la madre tierra; entonces nosotros tenemos que salvaguardarla también para heredarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes vendrán después”, afirmaron.
Fuente:http://municipiospuebla.mx/nota/2018-04-22/huauchinango/mujeres-luchan-contra-minera-de-almaden-minerals-en-la-sierra-norte
Mexico

Comunidades realizan el encuentro «¡Pueblos Vivos! ¡Libres del Extractivismo!

Autor: Somos el Medio.

Del 19 al 20 de abril de 2018, organizaciones y comunidades que forman parte del Grupo de resistencia al modelo extractivo en Chiapas, se reunieron en las tierras del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» (FPDS), en el marco del Encuentro «¡Pueblos Vivos! ¡Libres del Extractivismo!», realizado en la casa ejidal de Acacoyagua, Chiapas.

Con el objetivo de lograr un frente común para frenar el avance del extractivismo en el estado, hombres y mujeres tejieron alianzas para luchar contra la extracción de bienes comunes naturales para la acumulación de riqueza y la exportación de materias primas.

El FPDS que ha mantenido una lucha por casi tres años contra las 21 concesiones mineras que existen en Acacoyagua y Escuintla, explicó que hasta ahora han logrado frenar la extracción minera “que daña la vida, la naturaleza, los derechos colectivos de los pueblos, el tejido social, el patrimonio biocultural y su espiritualidad.”

Por medio de la instalación de dos campamentos en Acacoyagua que han impedido el paso de maquinarias de la empresa El Puntal S.A. de C.V. hacia la mina de titanio «Casas Viejas», el FPDS ha logrado que la mina no este activa.

En septiembre y octubre 2017, el ejido y los Bienes Comunales de Acacoyagua firmaron un acuerdo de asamblea en donde se prohibió la actividad minera en esta zona.

Lo anterior es importante ya que en el estado de Chiapas existen 111 concesiones mineras y 98 proyectos hidroeléctricos en la entidad, pero en Pijijiapan, el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas ya lograron la suspensión de 4 proyectos de mini hidroeléctricas. En Pijijiapan, las comunidades de Lázaro Cárdenas y comunidades vecinas están intentando también prohibir el

proyecto de granja avícola de Bachoco cuyos desechos llenos de agentes tóxicos desembocan en el río Las Pilas afectando la salud de las personas que dependen de esa agua.

Las organizaciones y comunidades también denunciaron que los proyectos de parques eólicos que se intentan instalar en el estado, buscan sacar provecho de la biodiversidad a través de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y de la militarización, con la implementación de la Gendarmería Ambiental, a la cual resisten los ciudadanos de la «Reddeldía de los Montes Azules» en la Selva Lacandona.

Otra de las luchas que se destacaron en el pueblo indígena zoque de Chiapas quienes han logrado la cancelación de los bloques 10 y 11 de la Ronda 2.2. en los cuales se planeaba explotar 12 pozos de hidrocarburos en su territorio.

Otro de los riesgos que recientemente ha aparecido en la zona es la implementación de las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE) a la que catalogaron como despojo legalizado por el gobierno mexicano que pretende hace creer a los habitantes que se trata de un proyecto social que va a sacar a las comunidades de la pobreza, “pero bien sabemos que significarán progreso y desarrollo solo para las empresas, las cuales no pagarán ningún impuesto dentro de la ZEE. A cambio sacarán mucha energía, agua y mano de obra explotada para funcionar dejándonos solo con más pobreza, más contaminación y menos tierras cultivables.” Explicaron.

Finalmente, los pueblos se pronunciaron en contra de la nueva Ley de Seguridad Interior que otorga el derecho al presidente de la República de activar la presencia de las Fuerzas Armadas en cualquier situación que represente un supuesto riesgo para la seguridad nacional. El Ejército podrá intervenir hasta en protestas pacíficas, por lo que condenamos esta nueva ley anticonstitucional, hecha para proteger a las empresas. “Ya lo vimos en enero de 2018, cuando el Ejército entró en varios ejidos del municipio de Ocosingo en la Selva Lacandona, en el marco de la implementación de la ley.”

Fuente:http://www.somoselmedio.org/article/comunidades-realizan-el-encuentro-%C2%A1pueblos-vivos-%C2%A1libres%C2%A0del-extractivismo
Honduras

ALERTA – ALERTA – ALERTA Pueblo de Azacualpa (Copan, Gracias) en pie de defender a su cementerio resistiendo su destrucción total de parte de la minera Canadiense Aura Minerals (y MINOSA, su subsidiaria)

Autor: Mailchi

Necesitan periodistas, defensores y acompañantes, comida, agua, …
Con garrote en la mano, Floresmira López (de Azacualpa, La Unión, Copan) obligo a los forenses – trabajando a favor de la minera Canadiense Aura Minerals (y MINOSA, su subsidiaria) – a que depositaran de nuevo los restos de su padre en la tumba.  Aura Minerals/MINOSA exhumo el cuerpo de su padre Celeo Villanueva Rodriguez, sin el concentimiendo de ella, sus hermanas y un hermano. (Informacion de ASONOG, Ramiro Lara)

“El día de ayer (19 abril de 2018) visite la comunidad de Azacualpa en apoyo a un grupo de personas que se mantienen manifestándose frente al cementerio de la comunidad. Había en ese momento 25 personas presentes.  En hora de la mañana (20 de abril) el grupo fue mayor.  Su decisión es seguir con la toma los días que sean necesarios.  En los dos días que han estado presentes con esta acción la empresa no ha hecho exhumaciones, hoy tampoco se hicieron presentes.  Anoche a eso de las 8:00 pm la empresa introdujo maquinaria en el sitio denominado Isla de Combustible, es el lugar de acceso al cementerio, un grupo de aproximadamente 20 jóvenes llegaron al lugar y les obligaron a retirarse.  En este momento llegaron nuevamente a ese lugar en donde también se encuentra un  grupo de manifestantes intentando desalojarlos.” (Informacion de Ramiro Lara, ASONOG)

ALERTA – ALERTA
Se teme mas represión del Estado Hondureno, a favor de la minera Canadiense Aura Minerals, apoyado directamente por el gobierno de Canada.

Mientras que militares y policías hondureños asesinaban a más de 40 personas durante las protestas en contra de las elecciones robadas el 27 de noviembre de 2017, Aura Minerals y MINOSA (la empresa subsidiaria de ésta en Honduras) han desenterrado al menos 89 cadáveres, empleando actos de coerción y pagando a familias que viven en la pobreza por el “derecho” de trasladar a sus muertos.

En varias ocasiones, Aura Minerals/MINOSA han desenterrado “los cadáveres equivocados”, es decir, aquellos que pertenecen a familias que siguen oponiéndose a la profanación y destrucción del cementerio de 200 años de antigüedad, y al traslado de sus muertos – a pesar del amedrentamiento y la represión de soldados, policías y miembros de la seguridad de la empresa.

Con el apoyo de autoridades e inversores canadienses y del gobierno y las fuerzas armadas hondureñas, el día 5 de setiembre de 2017, Aura Minerals / MINOSA empezó con el proceso grotesco y depravado de intentar despejar este lugar sagrado. Vea el videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=sQWtlh8XloQ

«La historia detrás del reportaje: lo que Aura Minerals no quiso que viéramos en Azacualpa”
Aquí, se presenta un documental de 4 minutos (en ingles) en que Maggie Padlewska registra la manera en que la empresa, los soldados y la policía intentaron evitar que una delegación de canadienses visite la mina y el cementerio de Azacualpa en 2016: https://www.youtube.com/watch?v=T1uY6E6zs7Q.

Este intento de destruir el cementerio de Azacualpa ocurre después de años de funcionamiento de esta mina de oro a tajo abierto que filtra cianuro que provoca: múltiples daños a la salud, la deforestación, la contaminación del aire y del agua, el agotamiento y la  destrucción de la economía local, además de la represión y la criminalización de los miembros de la comunidad.  Muchos de estos miembros de la comunidad participan activamente en el Comité Ambiental de Azacualpa, documentando y protestando estos daños y violaciones.

¿Pretenden la destrucción del pueblo de Azacualpa?
La mayoría de miembros de la comunidad no sólo desean poner fin a la destrucción de su cementerio – tienen cientos de seres queridos enterrados allí – sino que saben que Aura Minerals busca más que sólo el oro que yace debajo del cementerio. Esta empresa también quiere el oro que existe al otro lado del cementerio, subiendo la cuesta de la montaña, es decir, el mismo pueblo de Azacualpa que queda a unos pocos kilómetros más allá.

¿Clamor?
¿Hasta qué tan grotesco y dañino tendrá que mostrarse la minería de origen canadiense, antes de que digan ¡basta! los políticos, los medios de comunicación, los inversores y la industria en Canadá? En nombre de los muertos y los vivos en Azacualpa, compartan esta información con familiares, amigos, los medios de comunicación, los políticos que los representan, etc. para poder dar a conocer la manera en que las empresas canadienses trabajan en otros países.

Continuarán estos abusos – incluso la profanación de los muertos – hasta que la población de los países de origen de empresas mineras – Canadá en este caso – responsabilice a estas empresas, a los inversores y sus gobiernos, y exija que rindan cuentas en lo legal y lo político, por los daños al medio ambiente, por la violación a los derechos humanos y la represión causada por la minería.

Grahame Russell, Rights Action (Derechos en Acción)
info@rightsaction.org

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Gobierno de Canada en Honduras
Embajador James Hill, Embajada de Canadá en Costa Rica, Honduras y Nicaragua: James.Hill@international.gc.ca, tglpa@international.gc.ca
Emabajada canadiense para Honduras, Bertrand-Xavier Asselin: Bertrand-Xavier.Asselin@international.gc.ca; Isabelle Solon Helal: Isabelle.SolonHelal@international.gc.ca; Kyle Sundstrom: Kyle.Sundstrom@international.gc.ca

Aura Minerals
Rodrigo Barbosa, Presidente y Principal Director Ejecutivo
William Monti Reed, Gerente de minas – Honduras: info@auraminerals.com, www.auraminerals.com;

 Fuente:https://mailchi.mp/rightsaction/pueblo-de-azacualpa-defiende-cementerio
Perú

Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable


Conflicto Relacionado: Río Blanco

20 Abril 2018
Ante la apelación interpuesta por la defensa legal de las víctimas 2ª Sala Penal de Apelaciones de Piura ordena que se incorpore al Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable, en el proceso penal por tortura y secuestro agravado en campamento minero Ex Majaz

Torturados2Como es de conocimiento público, en agosto de 2005, 28 personas (campesinos, maestros, periodistas y otros) fueron torturadas en la sede del campamento minero de la empresa Majaz SA, hoy llamada Río Blanco Copper SA; por lo cual, a la fecha, la Fiscalía ha solicitado entre 10 y 25 años de pena privativa de libertad para los autores (efectivos policiales) de estos delitos de lesa humanidad, como se califican la tortura y el secuestro agravado que son materia de acusación fiscal.

En enero de 2011 los agraviados solicitaron, ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, ser constituidos como actores civiles (parte agraviada activa en el proceso). Y, en agosto de 2011, solicitaron que se incorpore al Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable (para que responda por la reparación civil a las víctimas).

Por responsabilidad exclusiva del Juzgado y la Fiscalía, recién el 4 de abril de 2017 se declara fundado el pedido de constitución de actor civil de las víctimas, es decir, más de 6 años después de haberse solicitado. Y, el 18 de mayo de 2018, se declara improcedente la solicitud de incorporación del Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable, casi 6 años después de formulada la solicitud.

El fundamento del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba para declarar dicha improcedencia fue que, cuando se solicitó dicha incorporación, los solicitantes (las víctimas) aún no habían sido constituidos como actores civiles, por lo que no podían formular dicha solicitud en agosto de 2011, deviniendo en improcedente. Lo que no expresó dicho juzgado es que, por su censurable irresponsabilidad, generó dilación en la tramitación del proceso y la resolución que admite la solicitud de constitución de actor civil no fue expedida a tiempo.

Por ello, dicha resolución de improcedencia fue apelada y la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura (Expediente No. 00124-2016-75-2001-SP-PE-02) resolvió declarar fundada esta apelación, reconociendo que el Juzgado violó el derecho de toda persona a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable, y que no se podía perjudicar con una resolución meramente formalista a las víctimas, quienes ya habían sido perjudicadas con la dilación indebida del proceso.

Además, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura resolvió incorporar al Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable en este proceso penal por delito de tortura y secuestro agravado.

Al respecto, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, cuyo equipo legal asume la defensa de las 28 víctimas de tortura y secuestro agravado en este proceso penal, saluda y expresa su satisfacción con dicha decisión.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 19 de abril de 2018.
Área de Prensa
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
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Perú

Ocho nuevos conflictos sociales registra la Defensoría del Pueblo en lo que va del mes

En lo que va de abril la Defensoría del Pueblo registró ocho nuevos conflictos sociales, ubicados principalmente en las regiones de Lambayeque, Áncash, Lima, Arequipa, Puno, Apurímac y Huánuco. Dos casos tuvieron una fase de crisis: Nueva Ciudad de Olmos (asuntos de gobierno nacional) y estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (otros asuntos). En el primer caso se registró un herido.

En ese contexto, la institución invocó a las autoridades del Gobierno Central y locales a persistir en la atención de las demandas de la población por la vía de la ley y el diálogo a la mayor brevedad de tal forma de no ver afectada la integridad de las personas y el desarrollo de las actividades en las referidas localidades.

Según el Reporte de Conflictos Sociales del mes de marzo, elaborado por el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), se presentaron 188 conflictos sociales: 136 activos y 52 latentes. Áncash se concentró la mayor cantidad de casos, se registraron 30 conflictos, seguido de Puno (16 casos) y de Cusco y Apurímac (ambos con 14 casos).

Los conflictos socioambientales representan el 66,5% del total de casos. Siendo el sector minero en el que se registró el mayor porcentaje (64,8%). Por otro lado, se tomó conocimiento de 111 acciones colectivas de protesta.

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envió al Estado, las empresas y la sociedad, treinta y siete alertas para que se actúe en el marco de sus correspondientes competencias y responsabilidades.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1228184-ocho-nuevos-conflictos-sociales-registra-la-defensoria-del-pueblo-en-lo-que-va-del-mes

Perú

OEFA SUPERVISA DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN APURÍMAC

Autor: Agencia Andina / Grufides.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realiza acciones de supervisión ante el derrame de sustancias químicas ocurrido en la carretera ubicada a la altura de la comunidad de Yuricancha, en el distrito de Mara, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac.

El personal del OEFA verificó que el área afectada es de aproximadamente 500 metros lineales de suelo. Asimismo, se constató que personal de la empresa minera MMG Las Bambas, que indica no ser responsable del derrame, viene realizando acciones de limpieza en la zona a solicitud de los ciudadanos de Yuricancha.

El OEFA, como autoridad de fiscalización ambiental, tomó muestras de suelo en la zona del derrame para determinar el grado de afectación.

El OEFA indicó que continuará informando oportunamente sobre las acciones de supervisión que realice en la zona.

 

Fuente:http://www.grufides.org/blog/oefa-supervisa-derrame-de-sustancias-qu-micas-en-apur-mac

Perú

Anuncian marcha en rechazo a posible ingreso de minera en Tambogrande

Autor: Radio Cativalú / No a la Mina.org
Conflicto Relacionado: Tambogrande-Piura-Manhattan Minerals

Pobladores de Locuto, en Tambogrande, realizarán una marcha pacífica tras los últimos acontecimientos en la zona que involucran a la minera Buenaventura. Así lo anunció en Cutivalú el ex directivo comunero Eliborio Juárez Domínguez. Hace una semana,  se dio a conocer que un grupo de moradores de los caseríos Greda Antigua y Greda Nueva, habían expulsado a trabajadores de esa minera que realizaban estudios de agua en la zona sin autorización. La población de Tambogrande logró la expulsión de la minera Manhattan Minerals en la primera consulta popular de Latinoamérica  realizada el 2 de junio de 2002  donde el  93,95% de la población rechazó el proyecto minero.

Sin embargo, los presuntos agraviados denunciaron que fueron agredidos físicamente por los pobladores, quienes también les habrían robado sus materiales. Por eso, interpusieron una denuncia en la comisaría PNP de Tambogrande.

 

Segundo Nima Nima, teniente gobernador del caserío Greda Antigua y sindicado como uno de los agresores, negó los hechos imputados y señaló que detrás de la denuncia estaría la minera Buenaventura que busca hacer estudios en los terrenos de la comunidad para sus proyectos mineros.

Ante esta situación, el dirigente Eliborio Juárez volvió a pronunciarse para rechazar tales acusaciones contra los comuneros, argumentando que ellos solo buscaban defender sus propiedades y el territorio comunal: “Estos ataques buscan dañar nuestro territorio”.

Señaló que el último domingo se realizó una asamblea a la que asistieron representantes de caseríos para analizar los hechos suscitados y solicitar a la población del distrito que se una a la movilización que han programado para fin de mes.

Recordó que la relación entre la comunidad de Locuto y la minería es tensa desde hace 17 años. Ello, pese a que en junio del 2012, a través de una consulta popular, la población tambograndina rechazó la actividad minera en el distrito.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/40199-anuncian-marcha-en-rechazo-a-posible-ingreso-de-minera-en-tambogrande

Perú

Vizcarra asegura que no «impondrá» proyectos mineros a comunidades que no lo deseen

Autor: Reuters E/P

Vizcarra asegura que no «impondrá» proyectos mineros a comunidades que no lo deseen

El presidente peruano, Martín Vizcarra, ha asegurado este miércoles que no «impondrá» proyectos mineros a aquellas comunidades que no lo deseen pero ha indicado que impulsará las inversiones en el sector minero. El primer ministro, César Villanueva, ha confirmado que el Gobierno aumentará las inversiones pero sólo aprobará proyectos que respeten el medio ambiente y cuenten con el apoyo de las comunidades. «No vamos a imponer proyectos mineros sin contar con la opinión de las comunidades

«No vamos a imponer proyectos mineros sin contar con la opinión de las comunidades primero. Para eso es para lo que está el diálogo», ha aseverado Villanueva durante una rueda de prensa en la que ha respondido a una serie de preguntas sobre el proyecto de 1.400 millones de dólares de la empresa Southern Copper en Tía María. La empresa, controlada por Grupo México, suspendió el proyecto en 2015 en un intento por lograr una disminución de la tensión entre los agricultores de la zona.

Sin embargo, la empresa señaló en 2017 que esperaba que el Gobierno le otorgara un permiso de construcción de cara a 2018. Según datos del Ministerio de Energía y Minas del país, Perú cuenta con proyectos de minería de unos 58.500 millones de dólares.

Fuente:http://www.europapress.es/internacional/noticia-vizcarra-asegura-no-impondra-proyectos-mineros-comunidades-no-deseen-20180419015100.html