Ecuador

Gobierno definirá límites de los centros urbanos

Este es el primer paso para la aplicación de la consulta popular que prohíbe la minería metálica en estas zonas. Las coordenadas aún no están claras.
Luego de la consulta popular en la que por mandato de los ciudadanos quedó prohibida sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, el Gobierno trabaja en la definición de esta última categoría para la aplicación de la decisión popular.
Para esto, el Ministerio de Minería establecerá los lineamientos junto con la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la Asamblea Nacional, la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) y el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga).
“No tenemos aún una definición clara y menos unas coordenadas territoriales de circunscripción que me indiquen cuál es el centro urbano y desde dónde hacia dónde es”, indicó la ministra de Minería (e), Rebeca Illescas.
En consecuencia, según la funcionaria, no se puede iniciar un proceso de caducidad de las concesiones mineras hasta que no estén claros los límites de los centros urbanos.
Illescas señaló que una dificultad que se debe resolver es el tratamiento a las actividades mineras que ya se encontraban en áreas urbanas antes de la consulta popular porque en las áreas protegidas no se practica minería. “En derecho no se puede aplicar normas con retroactividad por eso se debe verificar cuál es el alcance del mandato ciudadano para cumplirlo, pero tampoco podemos eliminar derechos preexistentes”, apuntó.
Para el presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambiental (Cigmipa), David Gallegos, la aplicación de la consulta popular en lo que respecta a la minería debe tratarse a través de una ley. “No debe permitirse que exista un caos y los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben ser los que establezcan los criterios de áreas protegidas y de centros urbanos”, sostuvo el experto, quien defiende la minería responsable. (I)
Ecuador

Comunidades Awá del Ecuador piden seguridad en la frontera

Amenazas de bombas, explosiones, muertes, secuestros… son algunas de las situaciones que se ha presentado estos días en la frontera entre Ecuador y Colombia, en las provincias de Carchi y Esmeraldas; varias personas han sido afectadas y un pueblo que se siente en peligro es el Awá.

El 9 de abril se tiene previsto realizar una reunión en la ciudad de Quito con los cancilleres de Ecuador y Colombia, así como contar con la presencia del Presidente de la República del Ecuador, con el fin de que se brinde seguridad en la frontera, en la cual también están presentes las comunidades Awá, y que de acuerdo al presidente de la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE), Florencio Cantincus, se sienten desprotegidos.

“En la frontera como nacionalidad Awá estamos preocupados por la situación que se está dando de las fuerzas armadas revolucionarias, y esto nos está afectando porque estamos en una zona de conflicto”, manifestó Cantincus.

 

Encuentro

La anterior semana se tuvo un encuentro con cuatro organizaciones Awá, en la que se busca delinear políticas que vayan a su favor; uno de los puntos tratados fue el tema de seguridad que hace falta en los territorios de frontera, por ello resolvieron que el próximo lunes 9 de abril se hará una reunión con los cancilleres, para informar sobre el problema de seguridad que están viviendo actualmente.

“Queremos plantearle al Estado de que realmente necesitamos seguridad, así como poder coordinar para resguardarnos, aunque este sea un problema de Estado si nos afecta a nosotros porque vivimos en la zona”, dijo el presidente de la FCAE.

Por otro lado, Cantincus sostuvo que estos enfrentamientos quitan los derechos que tienen como pueblos originarios, puesto que varios jóvenes de las organizaciones Awá han sido reclutados para llevarlos a estos grupos subversivos.

A pesar de que estén en peligro, las organizaciones buscarán un dialogó con estos grupos, para decirles “respeten nuestros derechos, que si tienen su grupo no deben afectar nuestras organizaciones”, subrayó.

 

Minería

Otro de los planteamientos, a parte de la seguridad que se hará en esta reunión, es sobre la minería, que de acuerdo a Cantincus, el Estado quiere dar más concesiones. “La gente Awá en territorio ha dicho no a la minería ni legal, ni ilegal”.

Con esta mesa de trabajo, se busca que el Estado también trabaje más a fondo en estos territorios que son parte del Ecuador, en temas de salud, educación, inclusión… “No habido el apoyo total como Estado hacia invertir directamente en educación, obras de infraestructura, salud, en nuestros territorios Awá”, concluyó Cantincus. (FCDL)

Fuente:https://lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102146729/comunidades-awa-del-ecuador-piden-seguridad-en-la-frontera

Mexico

Polvo tóxico de mina Cardones afectaría todo Baja California Sur

Polvo tóxico con arsénico, metales pesados y radiactivos serían dispersados a toda la península y hacia los mares circundantes.

Regeneración 31 de marzo del 2018. El polvo fino generado por la minería a cielo abierto en la Baja California Sur, sería llevado hacia todo la geografía peninsular y sus ciudades por la acción del viento, ya que al estar pulverizado se dispersa con una velocidad minima de viento que es de 20 km por hora, la advertencia ha sido señalada desde años atrás por especialistas y es retomada ahora por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, toda vez que Salinas Pliego ganó un amparo que obligaría a la apertura de la Mina Los Cardones.

Tal como lo hemos publicado oportunamente en Minera pondría en riesgo 80% de agua en La Paz, BCS, los peligros de la minería a cielo abierto son múltiples, a decir de los opositores a dicha factoría.

En un estudio publicado por el colegio de ingenieros de esa entidad se calcula que la dispersión del polvo contaminante sería del 170 kilómetros.

“Para extraer todo el oro el mineral es molido a menos de 60 micras (tan fino como un talco), y una vez desechados, estos polvos fácilmente pueden ser arrastrados por los vientos y llevados a distancias mucho mayores que las distancias a las que se encuentran nuestros pueblos y ciudades”, señalaron los defensores del medio ambiente en la entidad.

Añadieron que “estos polvos son ALTAMENTE TÓXICOS pues contienen Arsénico, Metales Pesados y Elementos Radiactivos (de acuerdo a los análisis entregados por la minera a SEMARNAT).”

Agregaron además que por lo fino del polvo proveniente de la mina “son fácilmente INHALABLES, lo que permite la ENTRADA DIRECTA DE LOS TÓXICOS AL TORRENTE SANGUÍNEO, con AFECTACIÓN A LA SALUD”.

“Adicionalmente también CONTAMINARÍAN el SUELO y el AGUA, las PLANTAS y ANIMALES SILVESTRES, los CULTIVOS, el GANADO y los ANIMALES DOMÉSTICOS” añadieron.

En ese sentido consideraron inconcebible que a pesar de que sea una actividad altamente tóxica “tengan el cinismo de llamarlo minería “responsable”.

El estudio del Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur

En investigación realizada por el Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, denominado ” Estudio relativo al movimiento de polvo (residuo de mina) debido a la acción del viento”, es posible leer las siguientes conclusiones, por las que se sostiene técnicamente que no es recomendable dicha mina en la entidad.

1.- El viento puede levantar las partículas de polvo considerando la Velocidad de viento desde los 20 km/hr.

2.- El movimiento del polvo inicia desde que se construyen los caminos en el área de la mina, intensificándose gradualmente conforme se hacen las extracciones de roca y más todavía con los desechos del polvo una vez realizado el proceso de retiro del metal.

3.- Con un viento de 170 km/hr, la fuerza ascendente sobre cada partícula será 256 veces mayor que su peso.

3.- En caso de huracán las cantidades de polvo serán muy grandes, ya que no se detendrá el movimiento del polvo hasta que la velocidad sea menor a 20 km/h.

4.- Este material cubrirá la superficie del terreno en todas direcciones alrededor del proyecto minero. En una hora de viento tendría un alcance de 170 kilómetros.

5.- El desplazamiento de polvo es inevitable ya que el material suelto y seco está tanto en el área de excavaciones como en el de desechos.

6.- Consecuencias de tener grandes cantidades de polvo en el terreno natural:

A.- el material suelto rellenará áreas muy amplias afectando la flora del lugar. No solo del área destinada a la mina sino de un área alrededor, que incluirá sin duda los municipio de la paz y los cabos, llegando al Golfo de california y océano pacifico.

B.- Como resultado del punto anterior se afectará también la fauna silvestre. Disminuyendo en cantidad y variedad.

C.- Al reducirse la flora natural, se propicia una mayor erosión, ya que ésta sostiene la delgada capa de tierra vegetal superficial. Se inicia el  proceso de desertificación, quedando la roca limpia expuesta a la intemperie.

D.- el polvo transportado por el viento, producto de la molienda de la mina lleva gran cantidad de materiales diversos, algunos son perjudiciales a la salud, que pueden llegar fácilmente a la superficie de la cuenca hidrológica que recarga los acuíferos, y a su vez que alimentan los pozos de agua potable.

E.- Debido a la erosión y a la acumulación de polvo fino en la superficie de las cuencas hidrológicas, el coeficiente de infiltración, es decir, la cantidad de agua que pasa de la superficie al subsuelo disminuirá, por lo que la recarga del acuífero también se reducirá.

Conclusión. La instalación de una mina a cielo abierto no es recomendable ya que afecta la flora, fauna y acuífero del Estado de Baja California Sur.

Fuente:https://regeneracion.mx/polvo-toxico-de-mina-cardones-afectaria-todo-baja-california-sur/

Argentina

Alfonsín rechazó la minería y solicitó una apertura de diálogo entre la UCR y el PRO

El exdiputado nacional Ricardo Alfonsín visitó ayer Comodoro Rivadavia y brindó una conferencia de prensa. Rechazó la minería, pidió mayor diálogo entre la Unión Cívica y el PRO en la alianza Cambiemos y aseguró que se deben repensar los parámetros para medir la pobreza. «En la Unión Cívica Radical no existe un mecanismo de consulta, nosotros nos anoticiamos y para eso alcanza con leer los diarios», cuestionó sobre las políticas que implementa el Gobierno nacional.

Dialoguista, abierto y cercano, tal como era su padre. Así se mostró ayer Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín (1983 -1989) y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), partido que integra la alianza Cambiemos que hoy Gobierna el país.

Alfonsín llegó en horas de la mañana a Comodoro Rivadavia y minutos después brindó una conferencia de prensa en el Hotel Austral. El referente del partido al ser consultado por el periodismo rechazó la explotación minera que pretende instaurar el Gobierno nacional, con serios intereses económicos y políticos en Chubut. “El lobby minero dice que nosotros estamos en contra de la minería. Pero es una estupidez, es como decir que estamos en contra de la agricultura porque usan fertilizantes que pueden ser peligrosos. No, estamos en contra de la política minera tal cual está la ley de impresiones mineras, porque no es buena para el país desde el punto de vista económico, fiscal y ambiental”, argumentó Alfonsín.

Sobre ese punto invitó a leer la ley y compararla “con las que existen en otros países del mundo”, y admitió “que la Convención ha guardado silencio desde que en 2015 se profundizó la posición minera que nosotros habíamos cuestionado durante los 12 años de kirchnerismo”.

LA UCR EN CAMBIEMOS

En los últimos meses Alfonsín se ha vuelto un acérrimo defensor del rol que debe cumplir la UCR en la alianza Cambiemos. En ese sentido, admitió que hoy “en la Unión Cívica Radical no existe ese mecanismo de consulta” (sobre las políticas que implementa al gobierno), y explicó: “nosotros nos anoticiamos y para eso alcanza con leer los diarios”.

Para el referente radical esto no solo es culpa del PRO sino del propio partido. Aunque puso una luz de esperanza en que haya un cambio luego de que el diciembre la UCR renovó sus autoridades.

“Ha habido un cambio en la Convención y hubo un reclamo de participación, por lo menos en el caso Transener, pero el partido tiene que seguir insistiendo porque no es bueno para el país que se privatice, pero no lo van a descubrir ahora, como tampoco fue bueno cuando privatizaron Gas del Estado o los Ferrocarriles”, señaló, oponiéndose rotundamente a la privatización de la compañía que transporta energía eléctrica de alta tensión y pidiendo que el partido pida una reunión con el presidente Mauricio Macri o el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Además, al ser consultado por su percepción sobre los números que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en relación a la pobreza y la indigencia, Alfonsín le restó valor a los índices al decir: “Yo no puedo tener una percepción particular porque en una Argentina con el 30% de pobres que se reduzca dos puntos no es algo perceptible. Lo que creo es que tenemos que pensar los parámetros en los cuales se mide la pobreza en el país. Si midiéramos la pobreza en Argentina en función de los parámetros que se utilizan en el Africa subsahariana tendríamos un 2% de pobreza, y si nosotros utilizamos los parámetros de países desarrollados podríamos llegar a tener 50% de pobreza. Creo que tenemos que incorporar al ingreso per cápita y otros elementos al momento de ver la pobreza: la educación, la justicia, la salud, los servicios básicos. Tenemos que sofisticar un poco más los parámetros para medir la pobreza en el país. Simplemente para generar conciencia porque creo que nos llevaríamos alguna sorpresa”, sentenció.

La visita de Alfonsín a Chubut, hoy continuará en Esquel, Lago Puelo y El Hoyo, donde realizará diferentes actividades.

Y mañana posiblemente llegue a Cushamen, fecha en que se confirmará si continúa su gira por el interior de la provincia.

Fuente:https://www.elpatagonico.com/alfonsin-rechazo-la-mineria-y-solicito-una-apertura-dialogo-la-ucr-y-el-pro-n3067469

Internacional

La Xunta deberá rebatir ante la ONU las quejas sobre opacidad en minería

La ONU, a través de la comisión de cumplimiento del Convenio de Aarhus sobre participación pública en materia de medio ambiente, admitió a trámite el pasado 15 de marzo una queja de entidades ecologistas sobre la «constante obstaculización» de la Xunta al acceso a la información en proyectos mineros. Por ello, Galicia, a través del Ministerio de Agricultura deberá justificar su actuación ante Naciones Unidas. El Gobierno gallego ya fue condenado por la justicia por no entregar toda la documentación sobre la mina de oro a cielo abierto en Corcoesto, en el ayuntamiento coruñés de Corcoesto, proyecto que finalmente tumbó.

La queja fue planteada por las asociaciones Petón do Lobo y O Ouriel dos Anllóns y enviada el 24 de julio del pasado acerca de los expedientes relacionados con las minas de San Finx, en Lousame, y de Varilongo, en Santa Comba, ambas en la provincia de A Coruña. Según explican las asociaciones, la denuncia también hace referencia «a diversos inventarios sobre los riesgos de balsas y escombreras y de labores mineras abandonadas» por toda Galicia.

La reclamación admitida parte de estas asociaciones, que se incluyen en la red ContraMINAcción, la cual alerta de que los «impedimentos» en el acceso a la información «continúa siendo uno de los principales obstáculos» para los movimientos por la defensa del territorio. En este sentido, alude a conflictos como el de la mina de cobre del concello coruñés de Touro.

La queja emitida al órgano de la ONU, tal y como relatan los ecologistas, se produjo «después de agotar las vías domésticas y de que la Xunta siguiese ignorando las solicitudes». Además, aseguran que fue admitida a pesar de la oposición de la delegación española en la comisión, que afirmó -dicen- que no se habían utilizado tales vías y que sí hubo proceso de participación pública en San Finx y Viralongo. Según las asociaciones, «totalmente falso».

Las entidades gallegas aseguraron que la Xunta ignoró las resoluciones de 2008 y 2009 de ambos proyectos que obligaban a someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental.

Fuente:http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2018/04/01/xunta-debera-rebatir-onu-quejas/1277305.html

Chile

Arriando la bandera ante el extractivismo: Municipios de Río Ibáñez y Lago Verde se restan de evaluación ambiental de proyectos mineros en Aysén

Una relevante omisión por parte de la Municipalidad de Río Ibáñez y el Gobierno Regional de Aysén (Gore) ha quedado de manifiesto en el proceso de evaluación de una declaración de impacto ambiental (DIA) para la instalación de 101 plataformas de exploración minera en las cercanías de Puerto Ingeniero Ibáñez.

El proyecto Terrazas es impulsado por la compañía Red Hill y fue presentado a análisis a principios de enero de este año. El 16 de febrero el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) envió a la empresa el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara), dándole plazo para responder hasta el  2 de abril. Pero luego de una solicitud del 16 de marzo, se amplió la fecha al 30 de mayo.

A pesar de ser de conocimiento público el alto impacto social y ambiental que ocasiona la minería, en el Icsara no se incluyeron las observaciones del Gore ni de la Municipalidad de Río Ibáñez. El motivo no se sabe, ya que simplemente no respondieron al requerimiento, a pesar de que se les solicitó expresamente sus  observaciones en coherencia con lo que estipula la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

“La Comisión (de Evaluación Ambiental) deberá siempre solicitar pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a las municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que éstos señalen si el proyecto o actividad se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal, respectivamente”, señala la legislación.

En el caso del Gore, bajo la conducción de la ex intendenta radical Karina Acevedo, se le requirió establecer “si el proyecto o actividad se relaciona desde el punto de vista ambiental con políticas, planes y programas del desarrollo regional”.  Y en el del municipio, dirigido por el alcalde UDI Marcelo Santana, si este “se relaciona desde el punto de vista ambiental con planes de desarrollo comunal, que haya sido aprobados formalmente por la Ilustre Municipalidad”.

Este tema es relevante, toda vez que la zona en que se pretenden instalar las plataformas mineras (y eventual futura faena) es parte de la Zona de Interés Turístico Chelenko (decreto publicado el 5 de enero de este año), y cuya compatibilidad con la minería extractiva es discutible.

Asimismo, el Plan de Desarrollo Comunal 2012-2018 (Pladeco) de Río Ibáñez estipula, en su Política Estratégica de Salud y Medio Ambiente, que “la valoración del entorno natural como sistema para la vida humana y sostén de la cultura y desarrollo económico, será un eje estructural de la presente política. Se explicitará en la definición de programas y acciones que permitan reconocer los servicios ambientales (o ecosistémicos) del medio natural, su incidencia en el bienestar de las personas y generar una relación sociedad-naturaleza en un marco de equilibrio”.

En tanto, la Estrategia de Desarrollo Regional 2009-2030 señala expresamente que “la calidad medioambiental de la región de Aysén constituye una ventaja competitiva que debe ser resguardada para sustentar la producción de bienes y servicios de todo tipo, pero en particular, de aquellos vinculados a la industria turística de intereses especiales”.

Agrega el instrumento que “la región ha adoptado el eslogan ‘Aysén Reserva de Vida’, el mismo que invita a crear una sociedad sostenible, que pueda persistir a través de generaciones y que sea capaz de conseguir el bienestar de su población, relacionándose de forma armónica con el entorno natural, consiguiendo con ello satisfacer las necesidades materiales presentes y establecer las bases para que todo individuo pueda desplegar su potencial humano, sin comprometer la capacidad de desarrollo de las futuras generaciones”.

Por último, indica que “este principio de sustentabilidad debe estar presente en todo el accionar que demanda el proceso de desarrollo”. Más aún, uno de los ocho objetivos estratégicos de la EDR es “promover la valoración que tienen los habitantes respecto de su patrimonio ambiental a través de mecanismos adecuados para su protección y uso sustentable”.

Pero Río Ibáñez no es el único caso en que un municipio se resta de participar en la evaluación de impacto ambiental de un proyecto minero. La Municipalidad de Lago Verde, dirigida por el alcalde UDI Nelson Opazo, tampoco se pronunció con respecto al proyecto Santa Teresa, correspondiente a 97 plataformas de sondaje de la minera El Toqui.

Esto, en circunstancias el Pladeco 2015-2019 señala en su estrategia productiva la necesidad de “potenciar todas las áreas de producción identificadas (agropecuario, turismo, artesanía), entregando herramientas a los productores”, no apareciendo en parte alguna la minería.

Señala asimismo en su imagen futura que “la producción agropecuaria -que se lleva en la sangre- y nuevas oportunidades económicas, como el turismo, son el presente y futuro de Lago Verde… el fomento a la producción y la estimulación del retorno a los campos permitirán construir una comunidad que camine hacia el futuro”.

Agrega el instrumento que “el cuidado y la preservación del medioambiente, seguirá siendo un sello de la gestión municipal. Se mejorarán las políticas de manejo de residuos sólidos y de aguas servidas, principales fuentes contaminantes de la comunidad. De esta forma, se asegurara la conservación de la pureza característica de la zona”.

El Gore tampoco se pronunció en esa DIA, teniendo la empresa plazo para responder al respectivo Icsara el 30 de mayo.

Fue en un proyecto similar, Katterfeld también de El Toqui, que la Municipalidad de Coyhaique, dirigida por el alcalde PS Alejandro Huala, sí emitió un pronunciamiento. En este, expresa claramente que “el proyecto no se relaciona directamente desde el punto de vista ambiental con los lineamientos estratégicos establecidos en el Pladeco”.

Esta iniciativa contempla la instalación de 100 plataformas mineras. En esta ocasión, el Gobierno Regional de Aysén reiteró su postura de los otros procesos: no emitió pronunciamiento. El plazo para responder al Icsara es el 18 de junio.

Las omisiones de los alcaldes de Río Ibáñez, Lago Verde y del Gobierno Regional se suman al rechazo, por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, de las solicitudes de participación ciudadana en estos tres procesos que hicieran las corporaciones Costa Carrera y Codesa, además de la Agrupación Aysén Reserva de Vida. Luego de haber sido informadas de la medida, las entidades presentaron los correspondientes recursos de reposición para revertir la decisión.

 Fuente:https://www.elciudadano.cl/chile/arriando-la-bandera-ante-el-extractivismo-municipios-de-rio-ibanez-y-lago-verde-se-restan-de-evaluacion-ambiental-de-proyectos-mineros-en-aysen/03/28/#axzz5BWY65XsP
Perú

Abelardo La Torre: Agua, constante conflicto y una eterna ‘papa caliente’

La Autoridad Nacional del Agua está avanzando en elaborar el marco metodológico para la delimitación y estudio de vulnerabilidad de las cabeceras de cuenca, pero a medida que ahonda en el tema más se convence de que esto no es necesario, dijo su jefe, Abelardo La Torre.

Este tema es “una papa caliente que es tremenda”, sostuvo.
Consideró que la Ley 30640, que modifica el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos en materia de cabeceras de cuenca no dice nada nuevo.

“Hemos estudiado mucho desde que nos han sacado la ley y estamos trabajando en ello. Hemos estudiado mucho la normatividad nacional, de lo que se trabaja en diversas partes del mundo. Hemos traído expertos para que nos ayuden a analizar”, dijo.

“Pero la legislación peruana no necesita una norma más para preocuparnos por la cabecera de cuenca… Todo está en las leyes ambientales. No hay nada más que se pueda pedir a alguna mina que estuviera pretendiendo actuar en ­ la cabecera de cuenca”, agregó.
Consideró que el trasfondo de esto es la desconfianza que existe en los dictámenes de los organismos responsables por hacer cumplir las normas.

“El problema es que luego sale una serie de oposiciones a las decisiones tomadas, movilizan a la población, que ni siquiera entiende por qué se moviliza, y entonces hacen políticamente una resistencia que se prolonga eternamente, como Tía María, por ejemplo”, dijo.

Conflicto por agua
Sin duda, el uso del agua ha estado y estará en el centro de atención cuando se habla de minería, pero es necesario desmitificar puntos de los que se han valido los opositores de esta actividad extractiva, dijo De la Torre.

Uno de ellos es que las minas usan abundante agua para sus operaciones o que la agricultura y pobladores se iban a quedar sin el líquido.

“Hay políticamente una actitud de limitar la minería en casi todo el país”, afirmó el funcionario, quien además consideró que existe un exceso de regulación que ha estado entorpeciendo las inversiones y “ha hecho la vida muy difícil para que se inicien las obras”.

De la Torre precisó que un 80% del agua del país lo consume la agricultura, un 10% es de uso poblacional, un poco menos es usado en la industria y menos del 1% es utilizado por la minería formal.
El agua que este sector tiene permitido utilizar está siendo constantemente reciclada por las propias empresas ante el temor de contaminar. “No les queda más que reincorporar en su sistema la misma agua y eso tiene un costo y es elevado”, dijo.

Necesita dientes
El jefe de la ANA afirmó que el organismo está avanzando en una simplificación administrativa, pero informó que está recomendando algunos ajustes en sus funciones. Uno de ellos es que pueda hacer efectivas sus sanciones.

“Nosotros multamos, pero no se puede cobrar porque la ley no nos dio la posibilidad. Ellos ponen una cautelar en el Poder Judicial y ahí quedó todo. Se acabó. Eso no puede ser”, sostuvo.

Las zonas al lado de los ríos no deben ser ocupadas porque son zonas de alto riesgo, sin embargo las ocupan y la ANA no puede hacer nada, continuó. Se les dio las facultades a los municipios, pero algunos de ellos han negociado la venta de esas tierras y terminan con agua, luz, calles y la ANA está atada de manos, sostuvo.

“Entonces, estamos buscando un dispositivo para que a la ANA le den dientes para poder hacer efectivos sus mandatos. Ese es uno de los cambios más importantes que estamos buscando ahora”, dijo.

Fuente:https://gestion.pe/economia/abelardo-torre-agua-constante-conflicto-y-eterna-papa-caliente-230418

Mexico

Ahora sí, manos libres a mineras y al fracking: el PRI y el Verde ya aprobaron su Ley en lo oscurito

El PRI y PVEM en la Cámara de Diputados intentan que avance la aprobación de la Ley General de Biodiversidad, aunque ello signifique violar los procesos legislativos.
Mientras que los partidos acusados han guardado silencio, la Red Mocaf y legisladores de oposición coinciden en que el interés de los aliados en dar salida a la ley que abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking en zonas protegidas responde a un agenda empresarial.

Diputadas de oposición y activistas denunciaron que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales intentaron nuevamente avanzar hacia la aprobación de la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad (LGB) promovida por la Senadora “verde” Ninfa Salinas.

En entrevista para SinEmbargo, la Diputada María García Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el pasado jueves, sin quórum, los legisladores del PRI y PVEM que pertenecen a la comisión discutieron el dictamen que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil, académicos y fracciones parlamentarias de oposición, al considerar que violenta derechos humanos y abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas.

El PVEM no ha emitido una postura al respecto.

Este diario digital solicitó a una entrevista con Eduardo Arturo Quijano Laviada, secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, quien aseguró que haría una declaración pública al respecto, que hasta el momento no se ha concretado.

En Artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados se lee: “Para que exista Reunión de comisión, se requerirá la integración del quórum”, es decir rebasar el aforo de la mitad más uno del total de los 30 integrantes. Además señala una tolerancia de 30 minutos para arrancar con la sesión, no obstante, a pesar de que el pasado jueves únicamente se registraron 15 diputados dos horas después de la cita, la reunión se llevó a cabo.

“Pasaron cerca de dos horas cuando iniciaron apenas la reunión y aunque no tuvieron quórum ellos la aprobaron […] Los del PRI y los del Verde se juntaron y fueron los que aprobaron esta iniciativa que está fuera de toda legalidad por no contar con quórum y por violentar el reglamento de la Cámara”, criticó la Diputada.

En ese sentido, Gustavo Sánchez​ Valle, presidente del consejo directivo de la Red Mocaf, señaló una vez más que la modificación constitucional sólo obedece a intereses económicos y resultará dañina para el medio ambiente y para los derechos de pueblos indígenas.

En ese punto coincidió la legisladora García Pérez, quien afirmó que “detrás [de la Ley de Biodiversidad] hay intereses económicos de algunos grupos, sobre todo de quien fue la autora de esta iniciativa que es la Senadora Ninfa Salinas”.

Ninfa Clara Salinas Sada, la impulsora de la Ley General de Biodiversidad. Foto: Iván Stephens, Cuartoscuro

Mientras tanto, Sánchez Valle recriminó el actuar de los diputados del Verde y del PRI que integran la comisión: “Es lamentable la actuación de los Diputados del Verde y del PRI, quienes no han logrado reunir el quórum y aún así pretenden pasarlo al Pleno. Nos queda ya muy claro que el modelo de democracia representativa está agotado […] Es vergonzoso que se encierren en una sala y paren el reloj legislativo para poder juntar el quórum y aún sin lograrlo quieran pasar un dictamen. Van en contra de todo principio de participación y de inclusión”.

“Es preocupante este virtual secuestro de espacios públicos, como es la Cámara de Diputados, para fines particulares. Desde mi punto de vista es la parte más preocupante de la actuación de los legisladores del PRI y el Verde que componen las comisiones de Medio Ambiente”, agregó.

En febrero pasado, el líder de los diputados del PVEM, Jesús Sesma Juárez, aseguró que los legisladores de su partido estaban confiados en que “tenemos que sensibilizar, y por supuesto que lleve todo el proceso legislativo”, por lo que no se aprobaría “al vapor”.

Y acusó que las críticas al proyecto de la Senadora verde eran “por una cuestión político electoral” y advirtió que no iban a “frenar”el proceso de la modificación constitucional.

La aprobación en el Senado de la Ley General de Biodiversidad se dio en medio del escándalo por el aval a la Ley de Seguridad Interior. En esta ocasión se dio al inicio del puente vacacional de Semana Santa.

TRATARÁN DE EVITAR QUE LA LEY PASE

La Diputada García Pérez adelantó que la próxima semana desde el PAN trabajarán para lograr que se agende una nueva reunión y reponer la discusión para discutir la minuta “como debe de ser” y en apego al Reglamento de la Cámara. Por lo que de momento no se sabe cuándo el procedimiento llegará al Pleno.

Por ello, hizo un llamado a los legisladores del PRI y Verde a “que se apeguen a lo que marca el reglamento, que se apeguen a las voces de los demás. Que escuchen a la gente que realmente está inmiscuida, que sabe, que vive y que está dentro de estos temas importantes”.

Por su parte, el defensor Sánchez Valle pidió a la sociedad mexicana permanecer informada sobre lo que ocurra para evitar que la Ley General de Biodiversidad se convierta en una realidad. Asimismo, manifestó que la actuación de los partidos mencionados podría acarrear un costo político en las próximas elecciones.

“Con este tipo de actuaciones están contribuyendo más al descrédito de una administración que está terminando con los niveles más bajos de aceptación por parte de la sociedad y que representan un lastre para el candidato de esa alianza PRI, Verde y Nueva Alianza [José Antonio Meade Kuribreña]”, advirtió.

La diputada perredista Cecilia Soto señaló en días pasados que su partido no considerará “válida esa aprobación a un dictamen que fue hecho ilegalmente”.

UNA LEY QUE FAVORECE LA EXTRACCIÓN

El mes pasado, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, compuesta por cerca de cien organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas, civiles, de derechos humanos y académicas compartió una serie de deficiencias que la minuta presenta, entre las que destacan las siguientes:

–Omite derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

–Se fundamenta en el Artículo 73 XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que da facultades al Congreso para Legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena.

–Pretende privatizar los recursos genéticos del país y también el conocimiento de los pueblos indígenas, esto último, sin su consulta y consentimiento.

–Debilita las Áreas Naturales Protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la causa de utilidad pública para la conservación y privilegiando los intereses de la minería y la industria energética.

–Adolece de mecanismos certeros y adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación ciudadana. Propone la instauración de un Consejo Nacional a modo donde no se distingue entre campesinos, indígenas, mujeres o jóvenes ni entre personas y organizaciones.

–Contraviene acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

–Lejos de implementar el Protocolo de Nagoya lo aplica de manera laxa y creando conflictos entre las comunidades.

–Dificulta la implementación del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el cual es de carácter transversal y requiere de una coherencia legislativa a nivel nacional.

–Limita las posibilidades de que el Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y con ello menoscaba la puesta en acción de la Agenda 2030.

Internacional

La oposición denuncia que la empresa de la mina de Touro realizó sondeos sin licencia

Una propuesta del PP gallego para pedir a la Xunta que evalúe las consecuencias de la mina de cobre de Touro y O Pino y que se vigile el cumplimiento de la legalidad y del impacto ambiental reabrió el debate sobre el proyecto ayer en la comisión de Industria del Parlamento gallego. La iniciativa salió adelante solo con los votos de los populares, que reclaman «apartar la demagogia» sobre la «controvertida mina» para reivindicar una minería «moderna y respetuosa con el medio ambiente». «La mina de Touro, ni es moderna ni sostenible», respondió la diputada del BNG Noa Presas. El parlamentario socialista Abel Losada alegó que su partido «nunca hizo una causa general contra la minería» pero que en este caso -aclaró- causa daños.

En Marea denunció que los sondeos realizados por la empresa » de las que según el alcalde, él no sabe nada» han generado «problemas medioambientales». La formación se hizo eco de las denuncias de la plataforma vecinal en contra del proyecto, que denunció que la compañía hizo más de 350 prospecciones sin permiso. Desde Cobre San Rafael, la empresa que impulsa la mina, alegan que los sondeos están autorizados en la ley minera y que se ha presentado toda la documentación por el Concello de Touro. Aclaran además que el terreno se restituye a su estado natural.

Fuente:http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2018/03/29/oposicion-denuncia-empresa-mina-touro/1276755.html
Mexico

El saqueo minero en México

NOCHIXTLÁN, OAXACA, VUEVE A TOMAR IMPORTANCIA YA QUE DESPUÉS DE QUE EL PREIDENTE MUNICIPAL QUISIERA RETIRAR LOS VEHÍCULSO QUEMADOS POR LOS ENFRENTAMIENTOS DE HACE UN AÑO, MUCHOS MAESTROS Y GENTE DE LA POBLACIÓN CIVIL, ALEGANDO QUE ERAN PRUEBAS DE LAS CULPABILIDAD DEL GOBIERNO EN ESOS ENFRENTAMIENTOS, SE ENFRENTARON CON LOS POLICÍAS Y CERRARON NUEVAMENTE

LA SUPER CARRETAREA CON DESTINO A Oaxaca y la capital del país, en plena temporada vacacional…la verdad es que muchos pensamos mal y creemos que con lo que cobran los maestros y otros grupos en el paso libre de la carretera pues obtienen fondos para sus vacaciones o esperan a que los miembros del gobierno, acostumbrados a esos mitotes, lleguen con la maleta llena y la repartan, quedándose, por supuesto, con una parte… para sus vacaciones…

         Es muy curioso, la revolución mexicana tuvo como pretexto directo el luchar por la tierra y su reparto, luchando en contra de los caciques y de los latifundios, pero ahora resulta que con las reformas y deformas que hacen en el sector minero, se acumulan, en proyectos de explotación minera, 112.82 millones de hectáreas que equivalen a más del 57% del territorio nacional, y como el saqueo es la nota del gobierno, informa por medio de la Secretaría de Economía que existen 3 mil 832 empresas trasnacionales, que se llevan los minerales y pagan bajos salarios, destruyen los mantos y reservas de agua, contaminan la región y roban a los propietarios y campesinos sus tierras, porque las nuevas reglas son esas, que tienen prioridad las empresas y la explotación minera, y que en el caso de la tierras, son expropiadas en favor de las empresas, y los datos nos dicen que esa explotación no aporta nada para la lucha contra la pobreza, ya que en el 76% de los municipios donde se explota el oro y se saquea fuera del país ,y donde se explota y saquea plata como en colonia, los niveles de pobreza son mayores a los del promedio en el país… pero eso sí, siguen los saqueos y los latifundios mineros siguen en jauja, porque los mexicanos nos dejamos explotar y saquear, sin chistar, y cuando lo hacemos, pues nos llegan a reprimir para proteger los intereses de los políticos, funcionarios y empresarios extranjeros.

Y para que veamos que no nos aportan nada las explotaciones y saqueos de las mineras, de acuerdo a una nota de La Jornada de Angélica Enciso L, del día 26 de marzo, nos comenta: “Las aportaciones fiscales de la minería son raquíticas, un ejemplo es que en 2016 fueron apenas 2 mil 509 millones de pesos, lo que equivale a 0.32 por ciento del total de los ingresos fiscales mientras el valor de la producción minera metálica que se generó sólo en 2014 llegó a 14 mil 765 millones de dólares. A cambio de esos raquíticos ingresos, la minería a cielo abierto cambia de manera definitiva la estructura del suelo y de las cuencas hidrológicas, se afectan los cuerpos de agua, los suelos, la flora y la fauna, se pierde la cobertura forestal, a lao cual se suma el desplazamiento y destrucción de cientos de comunidades”

El saqueo de  recursos naturales, la contaminación., el desplazamiento de miles de campesinos de la región a los que se les roban sus tierras, hace que esas regiones se vayan convirtiendo, gracias a los sicarios que usan las empresas para controlar las protestas sociales y establecer las condiciones para continuar con esas explotaciones que van contra el país y los mexicanos, se permite  combinar la minería con las actividades del crimen organizado que, a cambio de algunos fondos,  eliminan a los protestatarios, y las autoridades se hacen de la vista gorda, cuando el mismo crimen establece la producción de marihuana y amapola y el establecimiento de los laboratorios para la elaboración de drogas, y así, el mejor ejemplo ha sido Durango, Zacatecas, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca,, y otras entidades, donde el tráfico, producción y venta de drogas y violencia ocasionada por los sicarios mineros van en aumento de tal suerte que  el tráfico de oro en Iguala, Guerrero, nos muestra la forma en que se comportaron los sicarios ligados a los políticos en la entidad, que llegaron a desaparecer a los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y así vemos que Tayoltitla, se convierte, en el estado de Durango, durante muchos años, en la sede de protección del saqueo de oro y del tráfico del mismo, sin que autoridades tengan algo que controlar en la región, y por ello, para distraer a las autoridades y a los pueblos se alienta el desarrollo del narcotráfico, y  podíamos hacer un análisis de cada estado,  por eso, nadie quiere hablar sobre el tema, porque los grandes inversionistas extranjeros no rinden cuentas ni de las cantidades saqueadas, y por ello, tarde se dieron cuenta de que los grupos de la delincuencia organizada en Michoacán, exportaban a China, miles y miles de toneladas de minerales que salían por la aduana de Lázaro Cárdenas, supuestamente, controlada por el gobierno, es decir, vivimos en un estado de Guerra y de impunidad, en favor de saqueadores, criminales y políticos.

Fuente:http://www.elpuntocritico.com/opinion/columnistas/274-%C2%A1que-conste,-los-olvidados/157924-el-saqueo-minero-en-m%C3%A9xico.html