Francia Márquez, una madre de 35 años que vive en un pequeño poblado en el suroccidente de Colombia, acaba de recibir el Premio Goldman 2018, otorgado a activistas comunitarios por sus extraordinarios y, muchas veces, riesgosos esfuerzos en defensa del medio ambiente.

El prestigioso reconocimiento -considerado el «Nobel ambiental»- es entregado anualmente a ambientalistas en las seis zonas continentales del mundo y Márquez recibió el premio correspondiente a Centro y Sudamérica por su acción para frenar la minería ilegal de oro en su tierra ancestral.

Según fuentes oficiales, el 80% de todo el oro minado anualmente en Colombia es producido ilegalmente con métodos que causan una devastadora destrucción ambiental, incluyendo deforestación y contaminación de ríos con residuos de químicos peligrosos.

Un reciente estudio de la Universidad Externado de Bogotá encontró que hasta 80 ríos en el país están contaminados con mercurio, y la fiscalía ha advertido que 10 importantes ríos están a punto de «desaparecer».

Activista desde joven

Para Francia Márquez, que proviene de La Toma, una pequeña localidad en el departamento del Cauca, la minería ilegal no solo pone en peligro el medio ambiente sino que amenaza vidas y también el derecho a un territorio ancestral que su comunidad ha ocupado desde 1636.

«Somos descendientes de esclavos africanos. Vivimos de la minería artesanal y la agricultura», contó Francia a la BBC. Es una comunidad unida con «una visión extensa de la familia que va más allá de los lazos sanguíneos».

En esa región del Cauca, sin embargo, hay muy poca presencia del Estado.

«En territorios como el mío, la gente no tiene agua potable, tiene que esperar a que llueva para tomar agua o tiene que ir hasta el río», explicó.

«Los niños no tienen acceso a educación de calidad, tienen unas escuelitas que están deterioradas. La gente ha sido desplazada por el conflicto armado y hoy están en cordones de miseria de las grandes ciudades y la gente vive muy mal».

No obstante, Francia logró pasar por la secundaria y luego sacar un título de técnico agropecuaria del SENA, una institución pública de estudios superiores. Su interés en en defender a su comunidad y el medio ambiente la ha llevado a estudiar Derecho.

Pero, desde muy joven, ya estaba involucrada en activismo comunitario, aplicando su gusto por el canto, la danza y el teatro para pedir atención para sus causas.

Cuando tenía 15 años participó en una acción colectiva de niños, jóvenes adultos y líderes mujeres para evitar la desviación del río Ovejas, crucial para su comunidad, hacia una represa que ya había causado un negativo impacto ambiental.

La movilización tuvo efecto y el proyecto se canceló. Fue la experiencia que cimentó su determinación para proteger su territorio como espacio de vida y fomentar el progreso en su comunidad.

«Fue la primera vez que yo escuché, siendo una niña afrodescendiente, que nosotros teníamos derechos», expresó. «Derechos colectivos a definir en términos de lo que queríamos para nuestro territorio y lo que queríamos en términos de nuestro desarrollo».

Contra la minería legal e ilegal

Pero vendrían otros desafíos más grandes, no solo contra la destructiva y contaminante minería ilegal, sino contra la gran minería promovida por el mismo Estado, que Francia Márquez califica de inconstitucional.

«El gobierno entregó sin consultar a la comunidad títulos de explotación minera a grandes empresas transnacionales», indicó. «(Estas) no tienen los parámetros de cómo cuidar el medio ambiente, que es un derecho fundamental en Colombia».

La activista dice que es una situación que se repite por todo el país en humedales, bosques y hasta zonas protegidas por su fragilidad y biodiversidad.

En 2009, el gobierno declaró a su comunidad «perturbadora de mala fe», un delito en Colombia. «Pasamos de ser poseedores ancestrales de un territorio a ser criminales», comentó Francia a la BBC.

Ese enfrentamiento con el gobierno, que podría conllevar un desplazamiento forzoso para su comunidad, la motivó a iniciar estudios de Derecho, una carrera que cursa actualmente.

A partir de ahí, junto con otras organizaciones negras y otros abogados lanzó una lucha jurídica que terminó con un fallo de la Corte Constitucional que reconoce su territorio como territorio ancestral. Los títulos de explotación a grandes empresas, sin embargo, solo están suspendidos.

Años más tarde, la amenaza a La Toma vendría en la forma de decenas de retroexcavadoras y la contaminación con mercurio de la minería ilegal, con impactos desastrosos.

«El agua que consumimos de esos ríos está envenenada y no tenemos forma de tratarla», denunció. «Significa que no sabemos cuánto mercurio tenemos en la sangre donde ni siquiera tenemos acceso a una salud adecuada. Significa que la comida que nosotros vamos a estar produciendo en la comunidad también va a estar contaminada».

La marcha a Bogotá

Después de varias denuncias infructuosas ante distintas instituciones gubernamentales, de oposición directa a los mineros ilegales y de recibir amenazas, Francia Márquez decidió organizar una marcha de mujeres y jóvenes hasta la capital, Bogotá, para llamar atención al problema.

Al comienzo muchas tenían miedo. «Si ustedes no van, yo me voy sola con mis dos hijas, caminando por todo este país y hablándole a la gente sobre este problema», les dijo.

Para no dejarla sola, decidieron acompañarla en una marcha de 10 días y 350 kilómetros a través de las montañas colombianas. Eran 15, al inicio, pero para cuando llegaron a Bogotá eran 130 mujeres y jóvenes.

Protestaron por las calles durante 22 días y se tomaron el Ministerio del Interior, que colinda con el Palacio Presidencial.

«Nos declararon que éramos una amenaza para la seguridad nacional. Les dijimos al gobierno que si ellos no nos protegían nuestra casa nos íbamos a quedar ahí y que si nos moríamos que fuera en la cara de todo el mundo», dijo la líder comunitaria.

La movilización y determinación del grupo tuvo el efecto deseado. Obligó al gobierno a sentarse y dialogar.

Como resultado directo de las iniciativas de Márquez, las operaciones de minería ilegal en La Toma cesaron. El gobierno creó un cuerpo especial para investigar la minería ilegal. Para el final de 2016, toda la maquinaria alrededor del río Ovejas fue físicamente retirada o destruida por las fuerzas de seguridad de Colombia.

Amenazas

Pero la iniciativa liderada por Francia Márquez ha tenido su precio. Tanto la minería ilegal como la sancionada por el gobierno se ha dado en el marco del conflicto armado en el país.

«Hemos recibido cientos de amenazas de grupos paramilitares que dicen que nos declaran objetivo militar porque nos oponemos al desarrollo», acusó.

«¿Cuál desarrollo? Si en nombre de ese desarrollo esclavizaron a mi comunidad, en nombre de ese desarrollo nosotros hemos vivido en condiciones de empobrecimiento y es por eso que hemos decidido pelear y luchar por defender ese territorio lo cual a veces implica poner en riesgo hasta la propia vida».

Por esas amenazas Francia tuvo que dejar su comunidad para radicarse en la occidental ciudad de Cali, donde está completando sus estudios. Ha sido un cambio duro y su labor en defensa del medio ambiente y de su territorio ancestral pues, como dice, de los varios acuerdos que hicieron con el gobierno hasta hoy no se han cumplido.

«El planeta está en crisis, el medio ambiente está en crisis. Como seres humanos tenemos que pensar en qué hacer. Porque nosotros no somos dueños de la naturaleza somos parte de la naturaleza… la parte más frágil de la naturaleza».

Para ella hay una gran injusticia que la motiva a buscar asegurar lo que llama «un espacio de vida».

«No es un regalo, le costó sufrimiento y trabajo a nuestra comunidad. Y nosotros tenemos que heredarle ese territorio a las próximas generaciones«.

En total, fueron 775 estudiantes entre los 7 y 17 quienes participaron en la consulta popular simbólica. El resultado fue contundente. 764 estudiantes rechazaron la minería al votar No, mientras que solo ocho votaron por el sí. Tres votos fueron nulos. Es decir, 98,5% de los menores que participaron están en desacuerdo con la explotación minera.

La actividad se desarrolló en 33 puestos de votación, ubicados en las áreas rurales y urbanas de esa localidad. El proceso fue acompañado por funcionario de la Alcaldía de El Peñón y otras organizaciones como el movimiento Ríos Vivos Santander y Vélez 500 Años, además de delegados de la iglesia.

El Alcalde de El Peñón, Francisco Cruz afirmó que el propósito de la actividad era que los estudiantes se pronunciarán libremente, después de haber asistido a un proceso pedagógico sobre los pro y los contra de la minería. «La idea es que hasta la vereda más lejana participe y que lo hagan muy bien informados, con buenos argumentos».

¿Y la consulta popular?

Para el pasado 5 de noviembre se había programado realizar una consulta popular en El Peñón, para que sus habitantes expresaran si estaban de acuerdo con algún tipo de minería. Sin embargo, este mecanismo de participación no se pudo aplicar, debido a que se realizó la consulta presidencial del Partido Liberal que acopió los recursos ($40 mil millones).

Por este motivo, el Alcalde de El Peñón afirma que la consulta popular simbólica también es un llamado de atención al Gobierno Nacional para que reprograme dicho proceso. «Muchos campesinos y líderes se me han acercado con la intención de financiar la consulta. Entonces pedimos que nos dejen cubrir los costos, pero que sea supervisada por la Registraduría».

Según Francisco Cruz, el único trabajo que tendrían que adelantar los funcionarios de la Registraduría es contar los votos, puesto que la comunidad aportaría recursos para pagar los tarjetones. «Sin embargo, debo recalcar que es obligación del Estado, a través del Ministerio de Hacienda. Nosotros exigimos igualdad de condiciones al igual que Sucre y Jesús María».

En los municipios de Jesús María y Sucre el año pasado se realizaron consultas populares en las que los participantes rechazaron la minería. El No ganó con 97,05% y 98.21%respectivamente.

Cruz Güiza recalcó que, según los mapas, cerca del 75% del territorio de El Peñón tiene solicitudes para adelantar fracking, extracción de carbón, cobre y demás minerales. «Tan solo un título minero muy cerca al casco urbano cubre cerca de mil hectáreas».

Fuente:http://www.vanguardia.com/economia/local/431273-ninos-de-santander-rechazaron-la-mineria-con-consulta-simbolica

El municipio de Andes avanza en lograr la certificación como la primera población libre de mercurio en la minería, al considerar la buena práctica como una estrategia de evolución ambiental y minera, lo cual está consagrado en su Plan de Desarrollo.

El alcalde de la capital del Suroeste antioqueño, John Jairo Mejía Aramburo explicó en el marco del evento ‘Antioquia sin mercurio’ que su administración conjuntamente con la Universidad de Antioquia, mediante el grupo de investigadores ‘Metales Preciosos’, trabaja para lograr ese propósito, iniciativa que ha recibido el aval de la Gobernación.

“La minería tendrá futuro en la medida en que cumpla las normas y esta es una gran oportunidad para los mineros del municipio de Andes y para la administración municipal que tiene como objetivo dentro de su Plan de Desarrollo ‘Andes inclusión, orden y progreso verde’, en el progreso verde tener progresos económicos, pero con el cumplimiento de las normas ambientales”, aseveró el mandatario local.

En Andes el Municipio, el Departamento y Corantioquia (autoridad ambienta) adquirieron un predio de 4.500 hectáreas para la conservación bosque montano, pre montano y páramo, ahí se ubica la laguna Santa Rita, así como unos nichos ecológicos importantes que se deben preservar.

Además, la tarea que se empezó a hacer en 2016 fue el retiro de la actividad minera del predio el Silencio, la cual cumplió el objetivo al cabo de un año y las personas que trabajaban allí entendieron que el Municipio avanza tanto en procesos mineros y como de conservación.

Se revisará el área en cuestión de un mes con el fin de verificar que se ha respetado la directriz de no ejercer la minería dentro del predio. En dos o tres meses funcionarios de la Alcaldía y del Ejército cerrarán todas las bocaminas de El Silencio.

Los mineros han sido receptivos, algunos hacen parte de la mesa ambiental y la mesa minera en el municipio, especialmente en el corregimiento Santa Rita.

Aclaró el Alcalde que la meta de ‘Andes libre de mercurio, no es solo de la administración, sino también de esos trabajadores.

En la actualidad en esa población hay 17 entables, de los cuales 12 están en vía de la certificación para cero mercurio, otros están abandonados y entrarán en el proceso de limpieza de pasivos ambientales, pues tienen unos excedentes de minería que son peligrosos para el medio ambiente; esto ayudará a cerrar el círculo del uso de ese metal líquido en el territorio andino, iteró el mandatario local.

A su turno el viceministro de Minas y Energía, Carlos Andrés Cante Fuentes dijo que de la mano con la Gobernación ha trabajado en varias acciones, una de ellas permitió saber que el 30 por ciento de las unidades de beneficio que usan mercurio en Colombia están en Antioquia.

Asimismo, se ha laborado en la formalización de la pequeña minería y se ha logrado reducir cerca de 25 toneladas de mercurio que se venían empleando, así como la implementación de otras políticas públicas para el control y coerción en el ejercicio de la actividad minera.

En el territorio antioqueño se tiene más de 50 subcontratos de formalización suscritos y se estima que al finalizar el actual período de gobierno departamental se tengan más de 200. Es decir, alrededor de 15 personas estén formalizadas.

Existen dos áreas que ha cedido la firma Mineros S.A. para cerca de 400 personas también y se han delimitado casi 20 zonas de reserva para la pequeña minería con alrededor de 500 trabajadores de ese sector económico, añadió el Viceministro.

Durante el evento el gobernador Luis Pérez Gutiérrez; el Alcaldía de Andes y un delegado de la Universidad de Antioquia firmaron el Acta de Intención para adelantar acciones que regularicen en ese municipio la actividad minera y así alcanzar la meta de cero mercurio.

Del más contaminado al menos

En su intervención el Gobernador apuntó que la idea es lograr que Antioquia sea el territorio menos contaminado con mercurio, pues en la actualidad es uno de los más perjudicados en el mundo.

En consecuencia, se han hecho muchas tareas para alcanzar el objetivo y ya se tienen diez avances, gracias al apoyo del Ministerio de Minas, las autoridades, el sector académico con sus investigadores, las grandes empresas mineras, las corporaciones autónomas ambientales, las alcaldías y los mineros ancestrales o tradicionales.

Pérez Gutiérrez recordó que lo primero fue tramitar la ordenanza que prohíbe en Antioquia el uso del mercurio y que “por ello quien lo siga haciendo será perseguido como un delincuente”.

Entre los diez logros están el ‘Diseño e implementación de prototipo a escala de laboratorio de planta de procesamiento de oro, cero mercurio’, para beneficiar a 15.000 habitantes de los municipios de Puerto Berrío y Remedios, proceso de recuperación del metal precioso implementado en biotecnología para el servicio de pequeña minería en Colombia. Ahí la inversión fue de 1.703 millones de pesos con recursos de regalías.

Los investigadores desarrollaron un microorganismo para extraer el oro sin usar mercurio, bajando considerablemente los niveles de contaminación. Esta iniciativa, que fue nominada al ‘Mejores regalías invertidas en Colombia’, se adelanta entre la Gobernación departamental y la Universidad Pontificia Bolivariana.

En segunda instancia está la transferencia de tecnología para la pequeña minería y barequeros, se han capacitado a 600 personas y eliminadas 2.0 toneladas de mercurio por año. Los municipios impactados son Anorí, Cáceres, Segovia, Amalfi, Remedios, Tarazá, Barbosa y Girardota.

También está la aplicación de la nanotecnología y biotecnología aplicada al beneficio del oro. Se instaló una planta de beneficio industrial con nanotecnología, cero mercurio y reducción del consumo de cianuro en 80 por ciento, entre otros logros.

El cuarto avance es la recuperación de terreno degradado por la minería, en total 1.400 hectáreas rehabilitadas en el Bajo Cauca, 344 mineros de subsistencia intervenidos en mejores prácticas mineras ambientales. Prueba piloto para el tratamiento de aguas y mejoramiento de recurso hídricos contaminados con mercurio con el apoyo de la corporación autónoma regional Cornare.

En quinta instancia está la caracterización de la cadena productiva de oro en Segovia y Remedios.

Además, se tiene cooperación internacional con Usaid para 300 familias involucradas en el proyecto productivo alternativo. Eliminación de 7.2 toneladas de mercurio emitidas al medio ambiente. Implementación de monitoreo de protocolo para la erradicación del metal líquido en los municipios de Segovia, Remedios, Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Santa Fe de Antioquia.

Siete lineamientos para la creación de zonas industriales mineras formuladas con la Universidad de Antioquia

Pérez Gutiérrez precisó que en Segovia 3.400 trabajadores ya han sido caracterizados y en Buriticá otros 800. Con el apoyo de una gran empresas minera francesa se construirá para Segovia y Remedios una Zona Industrial Minera con el propósito de mejorar esta actividad, modernizarla, no emplear el metal líquido y mejorar los ingresos de los mineros.

Otro avance es la minería de subsistencia, dirigida a potenciales usuarios de mercurio. Reducción de 18.819 mineros de subsistencia, mayores consumidores de ese elemento, principalmente en Puerto Berrío.

A la fecha unos 5.000 pequeños mineros de Caucasia, Remedios, Santa Fe de Antioquia Amalfi, Briseño y Segovia ya cuentan con el RUT, agregó el Gobernador.

El décimo avance es el fortalecimiento para la regularización de la actividad minera y erradicación del uso del mercurio, formalización de 800 mineros en el territorio antioqueño, a través de subcontratos de formalización, a quienes se les da el apoyo técnico para que no usen mercurio en sus procesos, lo cual ha contado con el respaldo del Ministerio de Minas y Energía.

Fuente:https://www.opinionysalud.com/andes-seria-primer-municipio-antioquia-erradicar-mercurio-la-mineria/

Por medio de un decreto, la alcaldía convocó a la ciudadanía a participar en la jornada electoral para determinar si se aceptará la explotación de metales y piedras preciosas.

Para el próximo 15 de julio quedó programada la consulta popular en contra de la megaminería en Salento, así lo dio a conocer la alcaldía de la localidad con la expedición de un decreto por medio del cual convoca a la ciudadanía a participar de la jornada electoral.

“Convocar a los habitantes del municipio para que participen en la jornada electoral de consulta popular en la que se someterá a consideración la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña, mediana y gran escala?”, dice el decreto.

Afirma: “A partir de la fecha de promulgación del presente decreto, hasta el 14 de julio de 2018, cualquier ciudadano podrá hacer campaña a favor, en contra o por la abstención, con sujeción a los artículos 34 y 35 de la ley 1757 de 2015”.

En el documento, firmado por Amanda Tangarife Correa como alcaldesa encargada del ‘Municipio Padre’, afirma que en la localidad hay ocho títulos mineros vigentes por explotación de aurífero y otros metales, según el registro minero nacional.

“Los títulos tienen sus polígonos en áreas de importancia ecológica, comprometiendo el 17,5% del área total del municipio. Asimismo, la autoridad minera tramita otros 11 títulos por explotación de metales y piedras preciosas, los cuales, sumados, comprometen un área que representa el 10,9% del territorio municipal”.

Manifiesta que entre los títulos vigentes y las solicitudes, se afecta un total del 28,4% del territorio del municipio por explotación minera. “Este escenario podrá afectar zonas de importancia ambiental como páramos, el Distrito Regional de Manejo Integrado, Drmi, reservas de la sociedad civil y las áreas protegidas, además de bienes de interés cultural como el Paisaje Cultural Cafetero, PCC, el Camino Nacional y el valle de Cocora, entre otros”.

Finalmente, la administración municipal manifiesta que, a pesar de que existe inseguridad jurídica con respecto a las consultas populares, le corresponde continuar con trámite de convocatoria consagrado en la ley 1757 de 2015. “Se adelantan las acciones administrativas y judiciales que corresponden para la ejecución adecuada de este mecanismo”.

El tribunal dio vía libre

El pasado 5 de abril, el Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, declaró constitucional la pregunta de la consulta popular, que busca indagarle a los salentinos si están de acuerdo o no con que se desarrollen actividades de minería.

La pregunta fue aprobada en un fallo de 14 páginas cuyo ponente fue el magistrado Juan Carlos Botina Gómez, quien confirmó que el proceso está ceñido a las normas constitucionales y los municipios tienen competencia para decidir sobre estas actividades.

“Se concluye que es procedente la consulta popular que promueve el municipio de Salento en esta oportunidad, en la medida que la pregunta que se pretende poner en consideración de la comunidad está planteada de manera clara, precisa y sin que induzca al votante a una confusión o equívoco y toda vez que, como quedó analizado en líneas anteriores, Salento tiene competencia para realizar la misma”, argumentó la sentencia.

Fuente:http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-15-de-julio-fecha-para-la-consulta-popular-contra-mineria-en-salento-cronica-del-quindio-nota-119827