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Perú

Radiografía ambiental del nuevo Gobierno

Autor: Paul E. Maquet.Cooperacción.

Un antecedente que está pasando desapercibido en el nuevo gabinete es que César Villanueva impulsó el primer proceso de Ordenamiento Territorial del país durante su gestión como presidente regional de San Martín. En efecto, Villanueva tiene conocimiento directo de la importancia de ese instrumento que la gestión de Kuczynski y su ministra de Ambiente, Elsa Galarza, desmantelaron durante los últimos 18 meses.

La pregunta es si, ahora, Villanueva retomará esta política clave para la adecuada gestión de nuestros recursos naturales y la prevención de conflictos sociales. Más aún: si podrá hacerlo con un Gabinete en el que destacan las puertas giratorias que nuevamente han puesto los ministerios económico-productivos en manos de representantes de las empresas privadas.

 

Recordemos que Villanueva continuó y fortaleció la política de ordenamiento territorial de la región San Martín, la misma que había dado sus primeros pasos con la Zonificación Económica y Ecológica aprobada por el Consejo Regional el 2006. Al asumir la presidencia del gobierno regional, el año 2007, el flamante premier le dio continuidad a este proceso, trabajando en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Ello llevó a la creación de la Autoridad Ambiental Regional en 2010 y finalmente a la aprobación de la Política Territorial de la Región, que está actualmente en aplicación y que ha llevado a muchos a considerar este caso como un ejemplo a seguir en temas ambientales.

 

Por cierto, Villanueva también es recordado por su protagonismo en la defensa del Área de Conservación Regional “Cordillera Escalera”, creada en 2005. Ante las concesiones petroleras otorgadas en la zona, el entonces presidente regional participó de las movilizaciones y la lucha legal hasta que en 2009 el Tribunal Constitucional decidió suspender la exploración petrolera. Recientemente, ante una nueva acción jurídica presentada por PerúPetro y Repsol que busca anular la sentencia del TC, Villanueva ha sido nuevamente un vocero activo en defensa de este importante ecosistema. “Lo dije en la histórica marcha del 24 de mayo de 2007 y lo reitero hoy, once años después: los sanmartinenses no vamos a aceptar ningún tipo de explotación en Cordillera Escalera, que es fuente de vida para miles de nuestras hermanas y hermanos amazónicos”, declaró en febrero. “Es literalmente un banco de agua para toda la población de aquí. No podemos permitir que la toquen”, había señalado anteriormente. Así pues, el nuevo premier es consciente de la necesidad de mantener la intangibilidad de ciertos ecosistemas clave, en particular aquellos que cumplen la función de ser zonas productoras de agua.

 

Esta experiencia ambiental contrasta notablemente con lo ocurrido a nivel del Ejecutivo durante el gobierno de PPK y la gestión de la ministra Elsa Galarza. Recordemos que la óptica de Galarza fue evitar conflictos sobre competencias con otros ministerios, lo que llevó a una pérdida de protagonismo del Minam como autoridad ambiental. La máxima expresión de ello fue la renuncia voluntaria del Minam a su función rectora en el Ordenamiento Territorial, a través de la aprobación de su nuevo Reglamento de Organización y Funciones. Esta decisión estuvo acompañada de un conjunto de cuestionables cambios en los estándares de calidad ambiental (ECA) y flexibilizaciones en los procesos de certificación ambiental para exploración minera. Además, Galarza buscó tranquilizar al sector extractivo ante la Ley de Cabeceras de Cuenca dictada por el Congreso, y no impulsó la creación de nuevas áreas naturales protegidas, entre otros retrocesos.

 

Habrá que ver cuál es el enfoque planteado por la nueva ministra, Fabiola Muñoz, para un ministerio que –por cierto- cumple 10 años de creación el próximo mes. Sus antecedentes plantean algunas interrogantes. En primer lugar, sorprende que se haya designado a una funcionaria que no tiene experiencia en los temas propiamente ambientales, sino más bien en el sector agricultura, como responsable del SERFOR (la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre). Recordemos que uno de los cuestionamientos constantes a nuestra arquitectura institucional tiene que ver con que muchas de las funciones de una “autoridad ambiental” están repartidas entre los ministerios encargados de promover las actividades de explotación de los recursos naturales. Es el caso del sector Agricultura, que alberga al SERFOR al mismo tiempo que tiene como función promover la explotación maderera, lo que implica que el gato es al mismo tiempo el despensero.

Por cierto, la gestión de Muñoz ha sido cuestionada por informes internacionales que señalan que el SERFOR, lejos de ser un actor firme en la protección de nuestros bosques, ha “intentado debilitar a las instituciones a cargo de implementar las normas. Además de esto, también han disminuido la recolección de datos y han cambiado los requisitos oficiales, haciendo casi imposible que se pueda rastrear la madera y verificar la legalidad de su origen”. (Informe “El Momento de la Verdad” – EIA 2018).

Otra duda que genera Muñoz es su participación en el sector minero como gerente de relaciones comunitarias de Anglo American Quellaveco, lo que abre interrogantes acerca de su independencia a la hora de regular los impactos ambientales de la minería. Sin embargo, no es la única. Al menos dos ministros más han trabajado para empresas mineras. El propio Francisco Ísmodes, flamante ministro de Energía y Minas, ha trabajado durante más de 20 años en la empresa Milpo, llegando a ser gerente general adjunto; ha sido también gerente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía entre 2013 y 2014; y hasta su nombramiento fue director de la minera Sierra Antapite. Así pues, un evidente vocero y representante de los intereses empresariales en minería pasará a ser ahora la máxima autoridad responsable de este sector. Por último, el polémico Daniel Córdova –titular del ministerio de Producción- ha sido vocero de Southern Perú en su explotación en Toquepala. Esta empresa es protagonista del conflicto de Tía María (Arequipa) que hoy amenaza con reactivarse, y es además la nueva titular del proyecto Michiquillay (Cajamarca).

Mención aparte merece el hecho de que Córdova será ahora el responsable de las políticas para la pesca. Si bien no se le conoce ninguna experiencia en este importante sector, es sabido que Córdova es un promotor acérrimo de menores regulaciones para las empresas privadas, así que queda por ver qué decisiones tomará respecto de las cuotas y temporadas de pesca ante la constante presión de la Sociedad Nacional de Pesquería. Cabe añadir que Córdova manejó entre 2011 y 2015 la empresa de comunicación NewLink, que actualmente es dirigida por Cecilia Blume, quien es una conocida gestora de intereses de las empresas pesqueras.

Queda por ver, pues, si un gabinete conformado por actores claves vinculados al sector empresarial podrá –o querrá- darle un lugar protagónico a la agenda ambiental pendiente, que es ampliamente conocida por el premier Villanueva. Entre los temas pendientes se encuentra retomar la policía nacional de ordenamiento territorial, que se encuentra actualmente en el limbo; y una nueva estrategia de prevención y transformación de conflictos socioambientales. Una decisión clave que permitirá conocer la orientación del nuevo gabinete es qué ocurrirá con el estado de emergencia en el corredor minero, ampliado en marzo por 30 días.

Otros temas importantes son retomar la discusión y creación de áreas naturales protegidas; garantizar la protección de las zonas productoras de agua; garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a consulta previa, convertido en un trámite en los años recientes; garantizar la atención a las víctimas de contaminación minera y petrolera, y prevenir nuevos casos de este tipo mediante una adecuada fiscalización ambiental; y garantizar la protección de los defensores ambientales, que vienen siendo perseguidos, criminalizados y en muchos casos, asesinados.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/radiografia-ambiental-del-nuevo-gobierno/

Mexico

Minera destruye casas y esclaviza población en Zacatecas

Autor: Gabriel RC. Regenerción.mx

Terror y esclavitud moderna por parte de la minera canadiense Panamerican Silver, denuncian. Denuncia de desplazamiento Forzado y Despojo de Territorio, no ha sido considerada por Comisión Nacional de Derechos Humanos, denuncian.

Desde 1998 la minera canadiense llegó a asentarse en la comunidad, la Colorada, Municipio de Chalchihuites, en Zacateca, sin realizar ningún tipo de consulta.

“Llegaron ofreciendo promesas de mejoras en las escuelas, viviendas y generación de empleos, lo cual no sucedió. Sin embargo, comenzaron a generar división en la comunidad y a despojar poco a poco a las personas de propias casas, huertas y tierras de cultivo”, denunció , David Cayetano, Coordinador de la Red Internacional de Defensores de DH de los Pueblos Originarios.

El defensor relata que “fue en el año de 2014 cuando comenzaron la destrucción de las casas habitacionales de la comunidad, incluso sin importar que hubieran personas adentro, se les obligó a salir de ellas y la minera construyó una zona habitacional en donde se les obligó a vivir supuestamente en comodato, pero que ahora se les cobra una renta obligatoria”.

 

Agrega que las zonas habitacionales están vigiladas por personas armadas que trabajan para la minera y que les mantienen todo el tiempo hostigados y amenazados, están construidas con mallas y cámaras de seguridad como si fuera una prisión.

La minera les mató ganados y no les permite seguir con la agricultura, orillándolos a trabajar en ella.

Cayetano ejemplifica que “es el caso del presidente del concejo de ancianos, la persona más grande de la comunidad, que a raíz de lograr escriturar su terreno, dejaron su casa en medio de la construcción de la mina, impidiéndole el paso para salir de la comunidad y del camino rural, con ello también impidiéndole el servicio de agua”.

Agrega además que el señor tiene una tienda de la cual subsistía y que las personas de la mina han prohibido comprarle, solamente se les permite comprar a una tienda en específico que la mina administra.

Como consecuencia de tal hostigamiento, destrucción de la comunidad y el hecho de que no se les permite trabajar en la ganadería y agricultura, ha habido personas que se han tenido que desplazar a otras comunidades, Estados e incluso a Estados Unidos.

“Además como consecuencia de la contaminación generada por la emisión de químicos de la minera, ha habido muertes y afectaciones graves a la salud de niñas, niños y personas mayores”, denunció

Por lo anterior, indica el defensor “la Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios hace un llamado urgente a las instancias encargadas de velar y proteger los derechos humanos en México”.

La situación de “La Colorada” está llena de graves violaciones de lesa humanidad a los derechos humanos hacia las personas de esta comunidad, como es el caso del desplazamiento, despojo, e incluso podemos hablar de un forma de trata de personas y esclavitud, puesto que la mina está rigiendo la forma de vida, y condicionándola a obedecer sus órdenes y que tengan que trabajar y vivir como ellos lo digan.

“Actualmente la gente de “La Colorada” esta muy desesperada, ya que no confían tampoco con las instancias que su labor es velar los derechos humanos de los mexicanos”.

Omisiones de las autoridades del Municipio y del gobierno de Zacatecas.

Cayetano relata que desde el 2015 que fue el primer acercamiento ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas a la cual hicieron caso omiso para atender al caso de la comunidad.

Además agrega que el 14 de Septiembre del 2017 es cuando se emitió la denuncia ante la CNDH en la Dirección de Quejas sobre Asuntos Indigenas Cuarta Visitaduría General, pero que hasta la actualidad a pesar de las pruebas emitidas no existe alguna respuesta, ningun tipo de recomendación, ni llamados y sanciones hacia la empresa minera canadiense “Panamerican Silver o Plata Panamericana”.

Tampoco existe ninguna medida en contra de las instituciones gubernamentales involucradas en violentar los derechos territoriales, ambientales, culturales, sociales, económicos y humanos hacia la comunidad; relata

El defensor hace una puntualización de las omisiones de la justicia mexicana ante denuncias hechas con todas las formalidades jurídicas

1.-Denuncia ante el Ministerio público por el derrumbe de casas y robo de ganado, ante ello, el Ministerio Público nos dijo que no se podía realizar, ya que no contábamos con escrituras para demostrar que son nuestras tierras.

2.-Presentación de queja en la Secretaría de Economía por haber otorgado concesiones a la minera, basándose solamente en escrituras de otras tierras colindantes a nuestra comunidad, pero que no corresponden a las nuestras. Frente a la falta de respuesta se presentó un amparo indirecto.

3.-Presentamos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en principio no se nos recibió y después de seguir insistiendo la admitieron, pero no han dado ninguna respuesta.

4.-Actualmente nos encontramos en un juicio ante el Tribunal Agrario del cual estamos esperando el reconocimiento a la comunidad y anulación de falsas escrituras por parte de la mina.

Para finalizar señala que no se ha tenido mayor apoyo de las autoridades del municipio ni del gobierno de Zacatecas, todo lo contrario, se les han obligado a reuniones con la minera y firmar acuerdos que sólo benefician a la mina, y no les favorecen en nada a la comunidad, además ha habido apoyo de las autoridades del municipio a la mina, permitiéndoles funcionar como ellos quieran, a pesar de que se les esté violentando.

Además agrega que el 14 de Septiembre del 2017 es cuando se emitió la denuncia ante la CNDH en la Dirección de Quejas sobre Asuntos Indigenas Cuarta Visitaduría General, pero que hasta la actualidad a pesar de las pruebas emitidas no existe alguna respuesta, ningun tipo de recomendación, ni llamados y sanciones hacia la empresa minera canadiense “Panamerican Silver o Plata Panamericana”.

Tampoco existe ninguna medida en contra de las instituciones gubernamentales involucradas en violentar los derechos territoriales, ambientales, culturales, sociales, económicos y humanos hacia la comunidad; relata

El defensor hace una puntualización de las omisiones de la justicia mexicana ante denuncias hechas con todas las formalidades jurídicas

1.-Denuncia ante el Ministerio público por el derrumbe de casas y robo de ganado, ante ello, el Ministerio Público nos dijo que no se podía realizar, ya que no contábamos con escrituras para demostrar que son nuestras tierras.

2.-Presentación de queja en la Secretaría de Economía por haber otorgado concesiones a la minera, basándose solamente en escrituras de otras tierras colindantes a nuestra comunidad, pero que no corresponden a las nuestras. Frente a la falta de respuesta se presentó un amparo indirecto.

3.-Presentamos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en principio no se nos recibió y después de seguir insistiendo la admitieron, pero no han dado ninguna respuesta.

4.-Actualmente nos encontramos en un juicio ante el Tribunal Agrario del cual estamos esperando el reconocimiento a la comunidad y anulación de falsas escrituras por parte de la mina.

Para finalizar señala que no se ha tenido mayor apoyo de las autoridades del municipio ni del gobierno de Zacatecas, todo lo contrario, se les han obligado a reuniones con la minera y firmar acuerdos que sólo benefician a la mina, y no les favorecen en nada a la comunidad, además ha habido apoyo de las autoridades del municipio a la mina, permitiéndoles funcionar como ellos quieran, a pesar de que se les esté violentando.

Fuente:https://regeneracion.mx/minera-destruye-casas-y-esclaviza-poblacion-en-zacatecas/

Ecuador

MANDATO DE LAS MUJERES AMAZÓNICAS DEFENSORAS DE LA SELVA DE LAS BASES FRENTE AL EXTRACTIVISMO

Autor: Acción Ecoclógica

Las mujeres amazónicas de base defensoras de la selva frente al extractivismo acudimos por segunda vez a la presidencia de la república del Ecuador, para exponer nuestro mandato.

Considerando:

Que el Estado ecuatoriano es suscriptor de importantes convenios y declaraciones internacionales en materia de derechos de pueblos indígenas como el:

– Convenio 169 de la OIT, la Declaración de NNUU sobre pueblos indígenas, Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas y la Constitución del Ecuador establece en el Art. 417 que “ Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución; Y el art. 426 menciona que “Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución”

No se trata de cualquier consentimiento sino que se debe respetar nuestro derecho a la autodeterminación y los estándares internacionales establecidos en materia de consulta y consentimiento, como lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku vs estado del Ecuador.

Considerando que la “consulta previa”, fue un proceso totalmente viciado y manipulado por la Secretaría de Hidrocarburos, que de ninguna manera reveló la posición de las comunidades y organizaciones legitimas y legalmente reconocidas por sus bases.

Lejos de existir un compromiso de respeto por la organización social de las nacionalidades indígenas, el gobierno inició un agresivo proceso de desconocimiento de las verdaderas organizaciones, lideres y empezó a legalizar a organizaciones y personas afines al propósito extractivista en la Amazonía, estimulando así las acciones de violencia sobre todo en contra de las mujeres lideresas.

En la implementación de los proyectos extractivos, petroleros en el marco de la ronda sur oriente de la concesión de los bloques 79, 83, 28 y de la ampliación del bloque 10. Así como el inicio de las operaciones mineras y concesiones a las empresas Chinas, Ecua Corriente S.A (ECSA), empresa Lowell, Ecuasolidos, Belaruisan Oil Company, Andes Petroleum y CELEC EP. no se respetaron estos derechos.

Considerando que para el ingreso de las empresas mineras en el territorio Shuar se violentaron los derechos humanos fundamentales a la vida, fue y continua militarizado el territorio provocando el desalojo y amedrentamiento de las familias Shuar para facilitar operaciones mineras.

Los lideres indígenas que se opusieron a la implementación de los proyectos mineros fueron criminalizados, siguen perseguidos; Y han tenido que abandonar a sus familias y territorios remontándose en la selva .

Por lo tanto las mujeres de la Amazonía demandamos el cumplimiento del siguiente mandato:
1.-Las mujeres rechazamos y consideramos ilegales e ilegítimos cualquier contrato o firma de acuerdo de los dirigentes o representantes de los GAD’S con el gobierno y/o las compañías petroleras, mineras , hidroeléctricas y madereras, ya que somos más del 50 % de la población indígena, somos las portadoras de la vida ycuidamos a las familias y a la Madre Tierra,
2.-Exigimos la anulación de los contratos y/o convenios y concesiones otorgadas por el gobierno ecuatoriano a las empresas petroleras y mineras en el centro sur de la Amazonía, y exigimos que los territorios y pueblos indígenas sean declarados libres de actividades extractivas como petróleo, minería,hidroeléctricas y maderero.
3.-Rechazamos la nueva licitación de los 16 bloques petroleros de la ronda sur oriente en los territorios indígenas de los pueblos
Andoas, Achuar, Shuar, Kichwa, Shiwiar , Waorani, Sapara.
4.-Exigimos la nulidad de contratos de los bloques concesionados 79, 83, 74, 75 y 28 por que las resoluciones bajo nuestro derecho de la autodeterminación ha determinado que no se acepta ni se aceptara ningún proyecto extractivista en nuestros territorios.
5.-Como mujeres indígenas Rechazamos las socializaciones o “consultas “ para proyectos extractivitas porque en nuestros espacios de toma de decisiones ya hemos resuelto NO más proyectos extractivos en nuestros territorios,
respetando nuestro derecho a la autodeterminación. A demás las socializaciones y consultas” no cumplen ni cumplirán con los estándares internacionales de la consulta y consentimiento previo libre e informado como lo establece la sentencia del caso Sara yaku vs el gobierno Ecuatoriano y los proyectos extractivistas generan una gran conflictividad interna que pone en riesgo la supervivencia de los grupos mas vulnerables como el Pueblo Sapara, Pueblos en Aislamiento Voluntario y Mujeres de las nacionalidades Amazónicas.
6- Rechazamos profundamente la ampliación de la operación de la empresa Agip Oil, bloque 10 en los campos Jimpikit y Morete cocha en territorios Kichwa, Sapara, Sarayaku, Shuar y Achuar.
7- Exigimos el cierre de las fuentes de contaminación que afectan las riveras de los ríos Villano y Curaray , asi como la reparación integral de los territorio y comunidades afectadas por la compañía Agip Oil, en el bloque 10 después de 28 años de operación.
8- Exigimos el cierres de fuentes de contaminación, la reparación integral ambiental y social, así como el reconocimiento y pago deuda ecológica; Y las indemnizaciones respectivas por daños causados en los territorio indígenas del los pueblos Siecopay, Siona, Cofan, Kichwa, Shuar, Waorani y campesinos de la Amazonia del Norte, Provincia de Sucumbíos y Orellana.
9.-Exigimos la cancelación y anulación del contrato entre el estado y las empresas petroleras
en el bloque 28, por que afecta el nacimiento de las cuencas hidrográficas mas importantes del centro de la Amazonia
, poniendo en riesgo la vida y supervivencia de los pueblos y nacionalidad indígenas que habitan en las cuencas
donde nacen los rios: Yuracyaku, Anzu, Pastaza, Arajuno, Bobonaza, Villano, Puyo, Pindo, Alpayacu.
10-­‐Exigimos que NO se amplíen las operaciones petroleras y madereras en el Parque Yasuní nuestra casa, territorios ancestrales de Tagaere, Taromenani y Waorani para garantizar la vida y supervivencia de las comunidades, evitando el etnocidio colectivo de los pueblos en aislamiento voluntario en la Amazonia ecuatoriana.
11.-Exigimos la nulidad de contratos y/o convenios y conseciones de proyectos mineros en territorios Warints, Nankints
,Panantza, Tundayme, Kutuku, Shaimi y el Cóndor Mirador. En la provincia de Morona de Santiago y Zamora Chinchipe.
12- Exigimos que se anulen las concesiones de las empresas minera ECUACORRIENTES (ECSA) , ECUASOLIDOS, LOWELL, en los territorios ancestrales Shuar, Achuar, Saraguro, y campesinos de las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
13- Rechazamos la construcción hidroeléctrica de la empresas CELEC EP, en Morona Santiago.
14- Exigimos que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección a las mujeres lideresas y las familias que se encuentran en el territorios, que por ser defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, actualmente somas amenaza das por defender estos derechos como el caso de Patricia Gualinga (lideresa de Sarayaku), Nema Grefa (Presidenta Nacion Sapara del Ecuador), Alicia Cahuiya (lideresa Waorani), Gloria Ushigua (lideresa Sapara), Margoth Escobar (activista de derechos humanos y de la naturaleza), entre otras.
15- Exigimos el respeto de nuestras estructuras organizativas y la otorgación de nombramientos sin que la Secretaria de la Gestión de la Política intervenga en nuestros espacios, con tomas de decisiones legítimas y democráticas, como es el caso Nema Grefa, presidenta de la Nacionalidad Sapara y el caso de Timoteo Wamoni de la nacionalidad Waorani.
16- Exigimos el respeto por parte del gobierno Ecuatoriano a las organizaciones de mujeres constituidas bajo el derecho propio, constitudinario y en consideración a nuestro autodeterminación.
17- Exigimos el retiro inmediato de la presencia militar y policíal de Nankints, Taisha, Tundayme, Pananza, Kutuku y Shaimi,territorios ancestrales de la Nacionalidad Shuar y Achuar, de la provincia de Zamora Chinchipe.
18- Exigimos amnistía para los compañeros de la nacionalidad Shuar que han sido desalojados y perseguidos políticos, para que puedan retornar a sus comunidades Nanktints y Tundayme. Angel Nantip, Domingo Ankuash, José Esach, Luis Tiwiram, Esteban Pandam, Pepe Acacho y otros líderes y lideresas.
19- Exigimos que el Estado ecuatoriano pida disculpas y sancione a los responsables por las muertas de lideres como Bosco Wisum, Fredy Taish y otros
.
20- Requerimos un estudio estadístico e investigación sobre casos de violencia física y sexual, incluyendo prostitución, para crear una política pública adecuada al contexto amazónico ecuatoriano sobre las mujeres indígenas amazónicas de las distintas nacio nalidades tanto como en las ciudades y las comunidades para prevenir provocada por la migración de nuestras comunidades.
21- Exigimos una investigación profunda e histórica sobre la violencia sexual y de género asociada a las actividades mineras, petroleras y militarización para que se apliquen sanciones necesarias y se brinden garantías para la NO repetición en territorios indígenas amazónicos. Villano, Amazonia norte.
22- Exigimos el cumplimiento de los derechos constitucionales de la no discriminacióny realizar políticas publicas para luchar contra la  discriminación de mujeres, hombres y jóvenes indígenas en las ciudades.
Nosotros las Mujeres Amazonicas aquí firmantes, exigimos el cumplimiento de nuestro mandato, y daremos seguimiento de el mismo.

Fuente:http://www.accionecologica.org/component/content/article/2268-2018-03-12-17-05-52

Ecuador

Rosario Ware es la abuelita shuar que le ‘desafía’ a una gigante minera en Ecuador

Autor: Jaime Plaza.Ojo verde Ecuador.

Más de 100 años. Esa edad es la que le calculan sus hijos y nietos. Ella es Rosario Ware, la más anciana del Centro Shuar Ijizam, y hoy la única mujer que se aferra a su territorio ancestral. Resiste o quizá ‘desafía’ la arremetida de una gigante minera en lo que antes eran sus tierras.

La habían desalojado cargándola en una camilla. En el 2014, junto con su familia, fue obligada a dejar su casa de pambil (una de las especies de palma amazónica) y madera, sus ajas (huertos) y su campo en el valle de Tundayme, sur de Zamora Chinchipe.

Igual como lo hicieron con centenares de familias en otras comunidades indígenas y de colonos, a las del Centro Ijizam las desplazaron y con tractores destruyeron las casas donde vivían.

Y así dejaron libre el paso a la minera Ecuacorriente (Ecsa) para que ejecute su megaproyecto Mirador.

A Rosario Ware la llevaron a refugiarse en una casa arrendada en el centro de El Pangui por María Isabel, una de sus siete hijos.

Pero la abuelita, como la tratan su familia y los comuneros, no se sintió bien en ese mundo tan extraño para ella. Tres intentos de volver a su terruño había hecho por cuenta propia, en uno de ellos hasta salió cargando sus sábanas, cobija y ropa.

Hasta que, ante el riesgo de que sufra algún accidente o que se perdiera en sus intentos, sus nietas Alicia y Raquel Mashendo llegaron en una camioneta alquilada a dejarla donde la visitamos el sábado 3 de marzo.

Pero ya no en Ijizam, porque ahora allá ya no se puede entrar. Todo esta resguardado con fuerte seguridad privada y se encuentra ocupado por un campamento, además de decenas de gigantes palas mecánicas que rasgan ese valle verde que antes era Mirador, en plena Cordillera del Cóndor.

Unos 150 metros más abajo de la casa donde ahora vive Rosario Ware, dos palas mecánicas movían piedras gigantes del lecho del río Kimi.

Ahora la abuelita Rosario vive en la otra ribera del río Kimi, unos tres kilómetros más al sur de Tundayme, el centro poblado más cercano. Allí, su hijo Mariano Mashento, de 64 años, se asentó hace unos 10 años, desde cuando era jornalero en una finca ganadera del sector.

Él asegura que la casa y sus ajas están en un terreno que era del Ejército y que tampoco constaría en los linderos de lo adquirido por la minera. Que por eso, pese a que el 7 de enero del 2016 los visitó gente de Ecsa para advertirles que se vayan, no lo han desalojado. Aparte que ha recibido el apoyo de dirigentes y más personas.

Cada 8 o 15 días, el hombre lleva a vender guineos y otros productos a Tundayme. Con ese dinero, compra sal, manteca y de vez en cuando arroz. A El Pangui suele irse cada tres meses para aprovisionarse de medicinas para dolores reumáticos y cólicos, además de ropa y botas.

Sin embargo, siempre camina con precaución ante el miedo de ser desalojado. No se olvida de cómo, en el 2014, les obligaron a salir y destruyeron sus casas. Igual como ocurrió con las viviendas, escuelas e iglesias de otras comunidades como San Marcos.

Policías, militares y personal de la minera usaron la fuerza y gas lacrimógeno para sacar  a los habitantes de la zona. Los dirigentes shuar denuncian tres líderes asesinados y al menos 70 procesados.

A José Tendetza lo encontraro muerto, con sus manos y pies atados flotando en el río Chuchumbletza, en Zamora Chinchipe, el 3 de diciembre del 2014.

Un año antes, el 7 de noviembre del 2013, Freddy Taish falleció en un operativo militar, que había empezado con una requisa de dragas en la comunidad de Campanak Ets. Antes, en el 2009, murió Bosco Wisuma en el puente sobre el río Upano (Macas), en una movilización que defendía el agua.

Hablando en su esencia más pura del shuar (lengua ancestral que heredó de sus antepasados), Rosario Ware se lamenta porque ahora todo está destruido donde antes vivía. Su nieta Alicia Mashendo hace de traductora.

Igual siente pena por la contaminación del río Kimi, donde antes incluso iban de pesca. En medio de un estruendo continuo y a unos 150 metros de ahora habita, dos grandes palas mecánicas arrancaban las piedras del lecho y las apilaban en la orilla derecha.

Palas mecánicas, tractores y grandes volquetas están en un constante ir y venir. El gran manto verde que encontramos hace ocho años en la planicie de Tundayme, hoy empieza a ser borrado abrúptamente.

El sábado 3 de marzo, pudimos constatar que habían comenzado los primeros movimientos para la construcción de la mina en el Proyecto Mirador. Por ahora, en la gran planicie, la maquinaria pesada remueve la tierra para construir las piscinas de lavado del material que se extraerá.

En su página web, el Ministerio de Minería de Ecuador informa que será una extracción a cielo abierto (se hará un cráter gigante) Durante 27 años, se sacarán reservas de 2,96 millones de toneladas de cobre; 26,08 millones de onzas troy de plata; y 3,22 millones de onzas troy de oro.

Un poco más al sur, en Los Encuentros, cantón Yantzaza, está el otro megaproyecto: Fruta del Norte. Es una concesión de Lundin Gold (Aurelian Ecuador S.A.) y en 13 años, bajo el sistema de mina subterránea, prevé extraer 4,82 millones onzas troy de oro y 6,34 millones onzas troy de plata. Ahora está en la fase explotación, con la construcción de obras tempranas.

La presencia del proyecto Mirador también ha generado mayor presión de asentamientos humanos. Por ejemplo, el poblado Tundayme, a una hora y media en auto desde la capital provincial, ha crecido en número de casas y sobre todo abundan las mecánicas para el arreglo de volquetas.

El tránsito de vehiculos pesados, buses, camionetas y autos es intenso por carreteras asfaltadas y vías de lastre que conducen hacia el lugar. Pancartas escritas en español y en chino sobre medidas de seguridad y advertencias como ‘Propiedad Privada’ están a la vista.

Intentar acercarse a las instalaciones de la minera es una misión de ‘riesgo’. En puntos estratégicos hay guardias de seguridad privada en retenes o en vehículos. Apenas advierten la presencia de algún ‘extraño’, lo abordan de una forma intimidante, pues así lo hicieron con nosotros.

No obstante, igual es fácil observar las grandes estructuras y naves levantadas por la empresa minera en el costado norte del valle de Tundayme.

Fuente:https://ojoverdeecuador.blog/2018/03/06/rosario-ware-es-la-abuelita-shuar-que-le-desafia-a-una-gigante-minera-en-ecuador/

Internacional

Las mineras, no la caza, responsables de la disminución del caribú canadiense

Autor: Leonora Chapman..RCI

Un nuevo informe de investigadores canadienses sugiere que la disminución dramática de las manadas de caribús en tierra árida se debe a la minería de acceso abierto en el norte de Canadá, y no, como lo han asumido las autoridades, a la caza tradicional de indígenas en el norte.

El caribú ha sido un elemento básico del Norte durante milenios, proporcionando comida, ropa y muchos otros materiales útiles a los pueblos indígenas en todo el vasto territorio ártico. Pero en los últimos 30 años, manadas que una vez llegaron a contarse por millones han disminuido en más del 70 por ciento.

La mayor pérdida ha sido en la manada de Bathurst, al norte de Great Slave Lake, provincia de Nuevo Brunswick, que una vez contaba con casi 500,000 animales, y que ahora se ha reducido a 20,000, una disminución de más del 95 por ciento. Esta gran pérdida ha provocado drásticas restricciones a la caza indígena en la región. Pero este nuevo informe proporciona una fuerte evidencia de que la caza indígena no es la razón del declive.

Los autores del informe dicen que cuando se suman los números, la caza tradicional de subsistencia ha tenido un efecto insignificante en la población de caribúes.

De hecho, sostienen que hay buena evidencia de que las comunidades indígenas históricamente son muy responsables en su caza, disminuyendo voluntariamente su captura en respuesta a las fluctuaciones naturales en el número de caribúes a fin de preservar la salud de la población.

Actividades mineras y  degradación del hábitat

Pero las recientes caídas catastróficas en la población de caribús no son naturales. Y la evidencia sugiere que el verdadero culpable es la alteración y degradación del hábitat debido a la construcción de carreteras y la exploración y operaciones mineras. Este tipo de desarrollo se ha expandido dramáticamente en el Norte, exactamente al mismo tiempo que las poblaciones de caribú se han venido desplomando. A pesar de esto, la respuesta principal de los gobiernos ha sido imponer restricciones a la caza indígena, al tiempo que permite acelerar la explotación de los recursos.

El Norte es rico en recursos: petróleo, gas, diamantes y minerales. El área es extensa, y la población es escasa: todas las personas que viven en el Ártico canadiense podrían caber en dos estadios de las grandes ligas de fútbol.

Con tanta riqueza en juego, a las compañías mineras se les ha facilitado el acceso a la tierra, sin una consideración adecuada del impacto sobre el ecosistema y sobre los pueblos indígenas que dependen de él.

Toda esta actividad ha alterado la autonomía del caribú. Estos animales son particularmente sensibles al tipo de trastorno que causa la exploración minera. El polvo que cubre la vegetación de la que los animales se alimentan y el ruido provocado por las operaciones de minería y perforación comprometen su alimentación, su reproducción y crianza de terneros, provocando finalmente que su número disminuya.

La presión para un mayor desarrollo y más actividad perturbadora y degradante del hábitat continuará creciendo en el futuro. El Norte se hará más accesible gracias a la pérdida de hielo en el Océano Ártico debido al cambio climático. Y el cambio climático en sí mismo es una gran perturbación humana para los ecosistemas del norte. Todo esto parece ser aún más malas noticias para el caribú y para los pueblos indígenas cuyo estilo de vida tradicional ha dependido de ellos.

Fuente:http://www.rcinet.ca/es/2018/04/03/las-mineras-no-la-caza-responsables-de-la-disminucion-del-caribu-canadiense/

Argentina

El impacto de la multinacional

Autor: Darío Aranda, Página 12.
Conflicto Relacionado: Pachón - San Juan

Integrantes de la Red Sombra Observadores de Glencore detalló en un estudio los “impactos y daños graves de siete operaciones mineras” de la firma en Argentina, Bolivia, Perú y Colombia. Denuncian que la empresa miente en sus reportes oficiales.

Glencore es la mayor multinacional de materias primas del mundo y acumula denuncias por violación de derechos humanos, contaminación, lavado de dinero y corrupción, pero aún así mantiene un perfil bajo y está lejos de la condena pública que sí pesa sobre otras multinacionales extractivas. Una investigación que puso la lupa sobre el accionar de la empresa en América latina precisó los desastres ambientales y la falsas promesas de Glencore, que en Argentina es propietaria de Minera Alumbrera (extracción de oro y cobre en Catamarca), Pachón (San Juan) y Mina Aguilar (Jujuy).

La suiza Glencore fue fundada en 1974 y en 2005 se convirtió en la empresa líder en comercio de materias primas (metales-minerales, petrolíferas y productos agrícolas). Controla el 60 por ciento del comercio mundial de zinc, el 50 por ciento del de cobre y el 45 por ciento del de plomo.

El accionar de Glencore ameritó que una decena de organizaciones de América latina y Europa se conformaron en 2012 en la denominada Red Sombra Observadores de Glencore para compartir experiencias e investigar sus actividades. Por Argentina, participa en ella la organización catamarqueña Bepe (Bienaventurados los Pobres).

“Hemos establecido los impactos y daños graves de siete operaciones mineras de Glencore en nuestros países (Argentina, Bolivia, Perú y Colombia). La empresa provocó consecuencias negativas para las comunidades”, denuncian las organizaciones en una investigación de 84 páginas presentada en marzo en Colombia y que este mes será dada a conocer en Catamarca.

Glencore tiene la particularidad de ser parte de las multinacionales mineras y también del agro y el petróleo, y de intervenir en toda la cadena: producción, transformación, almacenamiento y transporte de materias primas. “La diversificación de su operación le da ventajas de mercado incomparables”, detalla la investigación.

El trabajo cuenta con un apartado especial de Argentina sobre Minera Alumbrera. “El Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa da cuenta de la magnitud de las afectaciones a los ecosistemas. Disminución de cuencas hídricas, depresión de acuíferos, reducción del caudal de los ríos, alteraciones en la calidad del agua y el aire, destrucción de hábitats y afectación de la flora y la fauna”, denuncia la investigación.

El estudio precisa que Minera Alumbrera cuenta con un permiso de la provincia para la extracción de agua subterránea de 100 millones de litros por día. “Es el consumo hídrico más alto de las operaciones de Glencore en América latina. El consumo excesivo de Minera Alumbrera tiene repercusiones en la población de una provincia caracterizada por su aridez y sus altas temperaturas”, afirma el trabajo.

Alerta, además, que otra contaminación confirmada se dio en la localidad de Ranchillos (Tucumán), por donde la empresa transporta el barro con minerales. Detalla que en el proceso de secado la empresa vierte agua con metales pesados en el canal pluvial llamado “DP2” que tributa en las cuencas de los ríos Salí y Dulce, y luego desaguan en el dique Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

La investigación es muy precisa y respalda cada dato con una prueba documental, con fuentes comprobadas que desmienten los informes oficiales de la compañía –llamados “informes de sustentabilidad” o “reportes de responsabilidad social empresaria”–, que publicitan un modelo “minero sustentable”.

El trabajo de las organizaciones sociales aborda las consecuencias de las voladuras de roca que desprenden altos niveles de emisión de gases nitrosos (genera lluvias ácidas) y la contaminación por el dique de colas, un enorme basurero minero de 30 hectáreas de superficie y hasta 150 metros de profundidad. “Fue emplazado en una zona de accidente geológico, lo que provocó filtraciones de los desechos. En los primeros años de explotación esta información fue ocultada y negada por Minera Alumbrera”, denuncia la investigación.

El informe analiza también el aspecto económico. Cita los registros oficiales de 2014, donde por cada cien dólares exportados la “renta minera fluctuó entre el 20 y 25 por ciento”. En 2015 Glencore afirma haber pagado en Argentina 525 millones de dólares, de los cuales solo 16,5 millones fueron al gobierno de Catamarca. “La escasa renta minera para Argentina, y en especial para la provincia, es fruto de los marcos legales y fiscales de baja imposición, de los cuales Glencore obtiene un tratamiento altísimamente favorable”, advierte.

También detalla las causas judiciales por evasión (Alumbrera no declara más de 50 minerales que exporta) y por contaminación (está procesado al gerente general, Raúl Pedro Mentz). Pero ambas causas avanzan muy lentamente, con responsabilidades de jueces y fiscales. En 2017 se confirmó la denunciado por organizaciones sociales desde hace años: que evade impuestos mediante cuentas en paraísos fiscales (en los conocidos Paradise Papers).

Glencore también es propietaria en Argentina de la explotación minera Pachón (en San Juan) y Mina Aguilar (Jujuy). Ambas con denuncias similares a Alumbrera.

Entre las conclusiones de la investigación se destaca que América latina es una de las zonas más lucrativas para Glencore, la compañía oculta sus finanzas en paraísos fiscales, realiza un pequeño aporte en renta minera en los países que opera, lleva décadas contaminando de forma impune, afectó ecosistemas, es un gigantesco contaminador de aguas, ha provocado emisiones contaminantes en todos los lugares donde operó y generó alta conflictividad social.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/105541-el-impacto-de-la-multinacional

Chile

Valdivia: Sernageomin paraliza obras de concesión minera por daños a humedal

Autor: El Ciudadano.

El Sernageomin -Servicio Nacional de Geología y Minería- ordenó la paralización de las obras realizadas por una concesión minera, que además deberá restablecer el terreno intervenido en el Río Valdivia y en parte de un humedal, en el mismo sector.

Según consigna un reporte de radio Bío Bío, Sernageomin respondió a una denuncia del Comité de Adelanto Teja Sur, sobre una intervención con retro excavadora en el Río Valdivia, en donde los sedimentos estaban siendo depositados sobre el humedal y en terreno fiscal, los cuales también habían sido intervenidos por la misma maquinaria.

En ese sentido, la directora regional del organismo, Maira Figueroa, confirmó que luego de dos fiscalizaciones, se constataron distintos aspectos que están fuera de regla, por lo que se ordenó la paralización de las faenas.

La autoridad explicó además que este caso lo está siguiendo la Dirección Regional Zona Sur de Sernageomin, desde dónde no se ha informado el cumplimiento de las instrucciones emanadas del servicio, por lo que -agregó- distintos organismos que ya están al tanto de esta intervención deberían dar un pronunciamiento sobre los cumplimientos a la normativa.

El titular de las las cuestionadas faenas es Alex Gubernatis Silvano, quien tiene dos concesiones mineras, Futuro 1 y Futuro 2. La primera abarca parte del río Cruces y del río Valdivia, que incluye la unión de ambos afluentes, en cuyos bordes hay totoras y cisnes de cuello negro.

La segunda, Futuro 2, es donde está la intervención hacia el río Valdivia bajo el sector de Teja Sur, donde se hizo una isla y una dársena para yates.

Fuente:https://www.elciudadano.cl/chile/valdivia-sernageomin-paraliza-obras-de-concesion-minera-por-danos-a-humedal/04/02/#axzz5BWY65XsP

Argentina

Catamarca y otras provincias conformarán la “Mesa de litio”

Autor: Noticias y Protagonistas
Conflicto Relacionado: Susques Olaroz

Buscan establecer pautas hidrogeológicas, de proceso, ambientales y normativas ‘para el desarrollo adecuado de este producto’.

Se trata de una gran batalla empresarial silenciosa donde intervienen los intereses de varios países por el alto impacto económico que implica. La explotación del litio o el “oro blanco”, como le llaman, estalló en los últimos dos años en el norte de la Argentina y avanza a pasos agigantados al punto que, preocupados por este fenómeno, tanto la Casa Rosada como los gobernadores de Catamarca, Salta y Jujuy decidieron poner reglas de juego más claras y estrictos reparos a la hora del desembarco de capitales extranjeros.

A estas tres provincias del norte argentino las denominan en la jerga minera “el triángulo del oro blanco sudamericano”. Es que las explotaciones de litio que están enclavadas allí son un potencial económico gigante por dos motivos centrales: existen pocas reservas de este mineral en el mundo y el litio es considerado la base fundamental para la producción de baterías de celulares y otros artefactos tecnológicos a nivel mundial. En rigor, la Argentina representa cerca del 13% de la reserva mundial de litio.

Según datos oficiales de la Secretaría de Minería, se estima que ya hay una inversión de unos USD 2.000 millones en la Argentina en al menos 53 proyectos de capital extranjero. El mapa del litio argentino elaborado por el Servicio Geológico de Estados Unidos junto con el Servicio Geológico Minero argentino determinó que en Argentina hay unas 873.000 hectáreas disponibles de explotación de litio con 53 proyectos de extracción, de los cuales 27 poseen acuerdos de tenencia minera.

Para tener una idea del tamaño de semejante negocio, con la extracción anual de litio de la Argentina un país como Japón puede producir cerca del 50% de las baterías para teléfonos móviles y artefactos eléctricos a nivel mundial.
Hay otro dato clave que explica esta guerra silenciosa de capitales extranjeros que se lanzó en el norte argentino por la exploración y explotación de litio: Bolivia nacionalizó sus reservas y no deja que haya inversión extranjera en este producto valioso mientras que Chile limitó en los últimos años las licencias de explotación del “oro blanco” en la zona cordillerana. Así, la Argentina se convirtió en la meca elegida para las empresas extranjeras.

Además, desde la Secretaría de Minería de la Nación, estiman que la minería de litio recibirá hasta 2019 más de USD 700 millones inversiones con la concreción de proyectos tan sólo en Jujuy y Catamarca. Allí hay que agregar la fuerte inversión que se dio en los últimos años en Salta por más de USD 400 millones.
En esta batalla por acceder a los pliegos de exploración y explotación de litio intervinieron en los últimos años capitales de Japón, Corea del Sur, China, Australia, Estados Unidos, Canadá y Francia.

Hasta hace menos de dos años la puja por estos yacimientos de litio era indiscriminada. En el 2017 se estableció un acuerdo minero a nivel nacional amplio y en el punto 23 de este convenio que sellaron todas las provincias mineras el gobierno nacional buscó regular y controlar la explotación indiscriminada del “oro blanco”.
De esta manera, se exigió conformar la denominada “Mesa de litio” que establecerá las pautas hidrogeológicas, de proceso, ambientales y normativas “para el desarrollo adecuado de este producto”.
El secretario de Minería de Jujuy, Miguel Soler, explicó a Infobae que “luego de muchos años de ausencia de normas se decidió conformar la Mesa de Litio que contemplará un protocolo de buenas prácticas en la explotación de este producto”.

Entre algunas de las nuevas reglas de juego que impondrán Catamarca, Jujuy y Salta en esa Mesa de Litio figuran nuevas exigencias de protocolo ambiental para las empresas, estudios anuales de balance hídrico y una redefinición de las pautas de otorgamiento de licencias de explotación comunes. Las regalías que se quedan las provincias en este producto es del 3% de la boca de mina. Esto no se modificará al menos por ahora.

Como contrapartida, se prevé un fuerte avance en la competitividad de las compañías mineras tras la sanción de la devolución anticipada de IVA a las firmas del sector, como propone el capítulo tributario de las reformas propuestas por el gobierno nacional.
Desde la Secretaría de Minería a nivel nacional realizarán un seguimiento directo de esta Mesa de Litio y se proponen evitar un uso indiscriminado del medio ambiente y el control de residuos tóxicos teniendo en cuenta que para la extracción del litio se requiere del uso de agua y sus desechos pueden contaminar las napas de agua potable”.

Japón tiene mucho interés en la explotación de litio en la Argentina y muchas de nuestras empresas se están radicando en el norte argentino con medidas de cuidado ambiental”, dijo a Infobae el embajador de Japón Noriteru Fukushima.
Por otra parte, el embajador de Australia en el país, Noel Campbell dijo que “las compañías australianas que en realidad están produciendo litio son dos: Orocobre y Enirgi / ADY (en Salta y Jujuy). Ellas tienen una inversión del orden de los $ 700 millones”. Pero hay más: Australia desembarcó con empresas en fase de exploración como Galaxy, Latin Resources, Dark Horse Resources, TransPacific Pty Ltd, Argosy Minerals, Lithium Australia.

En Catamarca la empresa Minera del Altiplano (de FMC Corporation, con sede en Filadelfia, Estados Unidos) anunció hace unos meses una inversión de US$ 300 millones para duplicar la actual producción de litio hacia 2019, en sus operaciones del yacimiento del Salar del Hombre Muerto, de la localidad de Antofagasta de la Sierra.
En Jujuy, el proyecto Olaroz Cauchari avanza con la construcción de tres pozos de extracción de litio con una inversión estimada de USD 425 millones. Allí intervendrán capitales de China, Japón y Canadá, entre otros países.

En Salta ya se están desarrollando importantes proyectos mineros extranjeros de litio pero la apuesta fuerte llegará el año que viene con el desembarco de la francesa Eramet que invertirá en la provincia norteña más de USD 380 millones.
Si la Argentina concentra hoy el 13% de las reservas mundiales de litio esto explica que la guerra de “oro blanco” haya recrudecido en los últimos años y que el Gobierno Nacional se encuentra abocado a fijar reglas de juego más claras y precisas.

Fuente:http://noticiasyprotagonistas.com/actualidad/catamarca-y-otras-provincias-conformaran-la-mesa-de-litio/

Perú

Rondas campesinas anuncian protestas contra presencia de minera Río Blanco en Piura

Autor: Jorge Chiroque. La Repúbliba.pe
Conflicto Relacionado: Río Blanco

Comuneros y ronderos de Ayabaca se preparan para efectuar una masiva protesta por la presencia de la empresa minera Río Blanco en zonas de la sierra piurana.

El presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de esa provincia, Rubén Jiménez Carrión, anunció que el próximo 7 de mayo llegará a la ciudad de Piura para movilizarse ante la amenaza de la actividad minera.

“Los ronderos no permitiremos la minería porque afectará a la agricultura, ganadería y a la población. Se trata de un proyecto que piensa ejecutarse en las zonas donde nace el agua que es vida”, afirmó.

Reveló que en su localidad hay la presencia de promotores mineros “que están mal informando a las comunidades sobre el tema”. Indicó que les están comunicando que las actividades de la mina se iniciarán sí o sí a partir del 2021. “Preferimos morir y no dar un paso atrás”, puntualizó.

Jiménez dijo que las comunidades campesinas y ronderiles exigen que se reconozca la consulta vecinal desarrollada en el 2007, donde el 97% de la población andina rechazó la actividad minera.

Agregó que apuestan por la agricultura, ganadería y la vida. Y en la marcha de mayo estarán participando las diversas organizaciones de las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

Carlos Apaéstegui, de la Oficina Regional de Coordinación de Rondas Campesinas, señaló que las organizaciones de la sierra están en su derecho de realizar una marcha contra la minería. “Se deben tomar las medidas de seguridad para impedir la violencia”, acotó.

CLAVE

En asamblea realizada el pasado 24 de enero en Ayabaca, comuneros y ronderos acordaron realizar la movilización contra la actividad minera. Y según el dirigente Rubén Jiménez, el 7 de abril ratificarán la medida de protesta en una audiencia de comunidades.

Fuente:http://larepublica.pe/politica/1219818-rondas-campesinas-anuncian-protestas-contra-presencia-de-minera-rio-blanco-en-piura

Chile

Grave denuncia en Aysén: Niegan participación ciudadana en discusión sobre proyectos mineros

Autor: El Ciudadano.

Tres organizaciones sociales de la región de Aysén presentaron el pasado 15 de febrero un requerimiento de participación ciudadana en la evaluación de las declaraciones de impacto ambiental, correspondientes a nuevas prospecciones mineras en las comunas de Río Ibáñez, Lago Verde, y Coyhaique.

La acción fue interpuesta por la Agrupación Aysén Reserva de Vida, la Corporación Costa Carrera y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén y apuntan a diferentes iniciativas.

El proyecto Terrazas de la compañía Red Hill busca instalar 101 plataformas de exploración en las cercanías de Puerto Ibáñez. Mientras, Minera El Toqui pretende crear 97 en Villa Amengual, bajo la prospección Santa Teresa, y cien en Rodeo Los Palos con su proyecto Katterfeld.

La solicitud de las organizaciones fue rechazada por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén, bajo el argumento de que no existen cargas ambientales por parte de los proyectos, lo que quiere decir que no generan “beneficios sociales” para la comunidad.

Según el reglamento del SEA, se entiende por beneficios sociales cualquier proyecto o actividad que cubra necesidades básicas de la comunidad, tales como planes de saneamiento, agua potable o energía. A pesar de que las mineras podrían generar nuevos empleos o provocar crecimiento económico, estos factores no son considerados en el reglamento para justificar la participación ciudadana.

Patricio Segura, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, indicó que esta decisión los tiene muy decepcionados, ya que demuestra que las autoridades están pensando en pro de las empresas y la minería.

Además, manifestó que “el Estado debería tener una postura mucho más proactiva respecto a que la ciudadanía se involucre en este tipo de iniciativas” para que puedan informarse, pues muchas veces se pone en riesgo su entorno y la biodiversidad de las zonas.

La participación ciudadana en declaraciones o estudios de impacto ambiental fue establecida por la Ley N°19.300 Sobre Bases Generales de Medio Ambiente y tiene como objetivo que las personas pueden informarse, opinar y generar observaciones.

Para Miriam Chible, de la Corporación Costa Carrera, este rechazo es una oportunidad para hacer un cambio en la legislación, pues no deberían existir reparos para incluir a la comunidad en el proceso de evaluación ambiental.

Desde el Servicio de Evaluación Ambiental, el director regional, Claudio Aguirre, dijo que no puede opinar sobre el tema y que las razones del rechazo ya fueron entregadas en los oficios de resolución. Ahora las organizaciones están a la espera de la respuesta al recurso de reposición que presentaron para revocar el fallo.

Falta de interés municipal

Además de la participación ciudadana, la ley de Bases Generales de Medio Ambiente establece que se debe solicitar a las municipalidades y los gobiernos regionales su pronunciamiento en las evaluaciones de los proyectos que puedan influir en su área cercana. Esto tiene como fin que las autoridades puedan revisar si las actividades se relacionan o no con sus planes de desarrollo comunal.

A pesar de esta posibilidad, la municipalidad de Lago Verde, a cargo del alcalde UDI Nelson Opazo, no se pronunció ante la declaración de impacto ambiental de la prospección Santa Teresa que se instalará en la comuna. Lo mismo ocurrió con la municipalidad de Río Ibáñez, encabezada por el alcalde UDI Marcelo Santana, quienes no participaron en la evaluación del proyecto Terrazas, de la Compañía Red Hill.

En el caso de la prospección Katterfeld en Coyhaique, el municipio del alcalde PS Alejandro Huala sí hizo observaciones, indicando que “el proyecto no se relaciona directamente, desde el punto de vista ambiental, con los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Comunal”.

El alcalde indicó que tienen mucho interés de participar en estars instancias, ya que los proyectos pueden generar daño en el sector. Además, señaló que su Plan de Desarrollo Comunal tiene como foco hacer crecer a la comuna en base a la actividad turística y no con la minería.

Sobre la nula participación de los municipios de Río Ibáñez y Lago Verde, Alejandro Huala dijo que no cree que exista desinterés por parte de las autoridades, sino que lo asocia a los pocos recursos que estos lugares tienen para realizar análisis técnicos en los proyectos que están en evaluación.

Fuente:https://www.elciudadano.cl/chile/grave-denuncia-en-aysen-niegan-participacion-ciudadana-en-discusion-sobre-proyectos-mineros/04/01/