Utilizar los recursos hídricos y las áreas naturales del país para impulsar la explotación de hidrocarburos mediante el fracking, es una de las mayores preocupaciones de organizaciones civiles que han dado seguimiento a las iniciativas. Esto, sin contar con la manera en que el gobierno busca poner fin al derecho a huelga.
Privatizar el agua, permitir que mineras exploten áreas naturales protegidas o menguar los derechos laborales de los trabajadores, son los temas que se discuten en el Congreso y avanzan de manera sigilosa al mismo tiempo que las campañas electorales acaparan los reflectores de la prensa.
Tres temas que han mantenido un bajo perfil pese a sus devastadores efectos para millones de mexicanos, al mismo tiempo que las elecciones presidenciales han logrado desviar las miradas de la opinión pública de algunas maniobras que se realizan en el Senado y la Cámara de Diputados.
El proyecto para privatizar el agua y usarla en el frackin
Desde noviembre de 2017, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, presidida por el priista José Ignacio Pichardo Lechuga, presentó la tercera etapa del proceso legislativo rumbo a la construcción de una Ley General de Aguas.
Dicha iniciativa prevé concesionar caudales nacionales y trasvases a privados, así como permitir que la iniciativa privada realice descargas de líquidos residuales. Una ley que ha sido interpretada por opositores como una reedición de la llamada Ley Korenfeld que el gobierno de Peña impulsó en 2015 para privatizar el agua.
Además, el borrador de la nueva ley de aguas también busca facilitar el uso de agua para la explotación de hidrocarburos, a través del una técnica conocida como fractura hidráulica o fracking, pese al enorme riesgo de que pueda contaminar los mantos acuíferos.
De ahí que académicos de la UNAM hayan advertido que los términos en que viene planteada la Ley de Aguas, buscan privilegiar a industrias como la refresquera, la automotriz y las extractivas.
Tal es el caso de las conclusiones de expertos reunidos en febrero pasado, en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental del Campus Morelia de la UNAM, donde participaron los académicos Carmen Carmona, Joel Carrillo, Rafael Huizar y Gonzalo Hatch, quienes destacaron que el principal riesgo de la reforma tiene que ver con que «no incluye un esquema claro de gestión para el agua subterránea», refiere Michoacán 3.0.
De ahí que la reforma incluye «la privatización de la infraestructura, la entrega de concesiones a perpetuidad, la autorización de los trasvases, así como la entrega de grandes volúmenes de agua subterránea para actividades altamente contaminantes como el fracking y la minería», señalaron los académicos, quienes incluso propusieron una iniciativa de ley para regular las aguas subterráneas.
Un tema grave, considerando que el 97% del agua subterránea es utilizada para consumo humano, es decir, más de 87 millones de mexicanos.
Pero además, los expertos consideraron que el tema de aguas subterráneas es estratégico ya que gran parte de las inversiones son extranjeras.
«Requieren fundamentalmente de agua, pensemos en las grandes compañías mineras, automotrices, el sector agroalimentario, por mencionar algunos cuantos que extraen grandes cantidades de agua subterránea y este tema ha pasado como de forma a priori, como que no es necesario tener un esquema pero gran parte de estas riquezas de estas empresas, como las refresqueras, se hace a partir de agua subterránea, entonces aunque no está claro en la renegociación del TLC, el tema de las aguas, está ahí latente», señalaron.
«Los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no representan una solución para atender los peligros del fracking. El análisis de los mismos realizado por la Alianza evidencia que se trata de disposiciones débiles, deficientes e inoperables», coincidió la Alianza Mexicana contra el Fracking en un comunicado.
Una opinión que también comparte Elena Burns, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Esta ley abre no sólo las aguas nacionales como objeto de compra y venta, sino también de especulación, pagando una cuota de garantía, adquiriendo volúmenes de agua, aunque no lo estuvieran utilizando. Y también, que se cumpla el derecho humano al agua a través de asociaciones públicas y privadas, para sistemas municipales y obras hidráulicas de transferencia de agua de una cuenca a otra».Elena Burns, académica de la UAM
La especialista explicó al portal Sputnik que la Ley de Aguas Nacionales vigente fue impuesta como condición para que México entrara en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual explica parte de la tendencia privatizadora que se ha seguido en México en los últimos años.
«La Ley Korenfeld es la base de este borrador completo y hay coincidencias en los artículos más graves», agregó Miguel Ángel Montoya, consultor de Gestión Integral del Agua.
En contraparte, el diputado Pichardo Lechuga consideró que la nueva ley «tiene que traer a la discusión el uso y el cuidado del agua como un bien ambiental. No podemos hablar de administrar el agua si no estamos otorgándole su justa dimensión en lo ambiental».
Por su parte, el gobierno federal indicó que es falsa la percepción de que la administración de Peña Nieto busca privatizar el agua, con base en declaraciones del director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra.
Entre los conflictos recientes por la privatización del agua en México se encuentran los casos de Mexicali y el estado de Puebla, lugares donde se han generado conflictos sociales a partir de la entrega del líquido a empresas privadas y concesionarios de la iniciativa privada para manejar los sistemas de agua potable y saneamiento.
Atentar contra el medio ambiente para beneficiar a mineras
Expertos en temas ecológicos advierten que La Ley General de Biodiversidad permitirá que las áreas naturales protegidas puedan ser explotadas por mineras y gaseras encargadas de obtener hidrocarburos a través del fracking.
La caravana que busca frenar un cuestionado proyecto minero en la sierra norte de Puebla.
Una iniciativa aprobada por el Senado mientras todos los reflectores estaban puestos en la Ley de Seguridad Nacional y que, actualmente, busca aprobarse esta misma semana en la Cámara de Diputados.
El jueves pasado, la comisión de medio ambiente de la Cámara Baja aprobó ilegalmente -sin quórum (con tan sólo 15 legisladores de 30) y sin haber realizado la consulta solicitada por otras comisiones- la minuta de la ley General de Biodiversidad promovida por el Partido Verde.
«Detectamos que hay un conflicto de interés, dado que la senadora promovente Ninfa Salinas Sada tiene un interés en proyectos de minería metalúrgica a cielo abierto en México. Con base en los contenidos de la iniciativa, como es el debilitamiento de las áreas naturales protegidas para que se permitan este tipo de actividades que son las más destructivas, es evidente este conflicto de interés», dijo Alejandro Olivera Bonilla, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.
«Es una ley bastante permisiva en las áreas naturales protegidas, permitiría el fracking y la minería, actuales amenazas para la biodiversidad», agregó el biólogo en entrevista con Sin Embargo.
Una opinión con la que coincide la Coalición Ciudadana opositora a la Ley General de Biodiversidad, que aglutina a más de 200 organizaciones, la cual acusó que, de acuerdo con diversas organizaciones civiles especializadas en asuntos ecológicos, permitirá que las empresas extractivas como mineras y gaseras exploten comercialmente reservas naturales, incluso mediante técnicas altamente contaminantes como el fracking.
«El jueves pasado trataron de pasar el dictamen sin tener el quórum adecuado, no les importó y trataron de pasar de manera ilegal esta ley», acusó Adelita San Vicente, integrante de la coalición.
«Se quieren apropiar, a través de esta ley, de los recursos energéticos que no sólo son de los pueblos originarios, sino del país; si ya hemos perdido soberanía con Pemex, con esto vamos a perder prácticamente todo», agregó por su parte, Carlos Ávila, académico de la Universidad Veracruzana.
«Desde su fundamentación permite el patentamiento de genes, plantas alimenticias y medicinales, cosméticos y del conocimiento indígena que las ha preservado por siglos», y a quienes «se les paga 700 pesos por hectárea de área protegida al año, y ahora las transnacionales harían un gran negocio».
Pero además, la Ley General de Biodiversidad también plantea que muchos de los recursos genéticos puedan ser utilizados con fines de lucro por parte del sector empresarial, lo cual compromete al patrimonio natural del país.
«Esta ley puede que afecte a organismos y microorganismos que pueden ser explotados por empresas. Loa recursos son del país, hemos perdido soberanía, con esta ley perderemos todo», agregó Carlos Ávila.
Para Óscar Vélez, de Revive México, otro de los peligros que encierra la ley es que incluso especies protegidas, como la tortuga marina, puedan ser cazadas y exterminadas, lo cual constituye un serio retroceso en la legislación de protección ambiental.
Además de las organizaciones, los mismos diputados federales se han pronunciado en contra de la ley. Esto, luego de que la Comisión de Asuntos Indígenas advirtió que de aprobarse la minuta de la Ley General de Biodiversidad, se estaría vulnerando la protección de los derechos de los pueblos indígenas, respecto a sus conocimientos tradicionales y recursos genéticos.
Los expertos de la Coalición Ciudadana señalaron que esta misma semana podría terminar por consumarse el albazo legislativo en la Cámara de Diputados, pese a las ilegalidades con que se dictaminó la minuta en comisiones.
La reforma laboral que acaba con los derechos de los trabajadores
Otro de los temas que ha levantado polémica es la aprobación de la continuación de la reforma laboral impulsada por Peña y Calderón, en la cual, se dan más facilidades para que los patrones realicen despidos a través de la subcontratación (outsourcing) y también pone diversas trabas para que los sindicatos puedan ejercer el derecho de huelga.
La reforma laboral impulsada por el PRI en el Senado -a través de los legisladores Isaías González Cuevas (CROC) y Tereso Medina (CTM)- ha sido cuestionada por expertos en materia laboral, debido a que vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, como la libertad sindical y el derecho a huelga, debido en buena parte, a que los Centros de Conciliación señalados en las leyes secundarias, establecen patrones y sindicatos corporativos, lo cual permitirá al gobierno controlar qué gremios podrán emplazar o no a huelga.
«El derecho de huelga por su naturaleza no es negociable. Se firma el contrato colectivo o se estalla la huelga, por lo tanto, darle a los Centros de Conciliación atribuciones para conciliar el conflicto es poner en manos de la autoridad la posibilidad de que impida el ejercicio del derecho de huelga», apuntó Alfonso Bouzas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y fundador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.
Esto coincide con una tendencia en que los derechos de asociación de los trabajadores se han erosionado para evitar que defiendan sus derechos laborales, frente a los abusos de las empresas, según señala un informe de la Organización de Naciones Unidas.
«El gobierno priísta optó por hacer nula la reforma constitucional de un año atrás, en contraposición de todas las voces que advirtieron sobre los graves riesgos que se tendrían no sólo para el país, sino también para su candidato presidencial José Antonio Meade, quien seguramente forma parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos», escribió el académico especialista en temas laborales, Arturo Alcalde Justiniani.
Según el experto, entre los principales peligros que encierra la reforma laboral impulsada por el PRI son:
1) Disuelve los derechos laborales fundamentales al liberar la subcontratación (outsourcing) y permitir que la responsabilidad de los patrones pueda ser trasladada libremente a un tercero (contratista) con la intención de abaratar el costo de la mano de obra.
2) Facilita el despido injustificado al derogar la obligación patronal contenida en la ley, de comunicarlo por escrito al trabajador, señalando sus motivos.
3) Reduce las indemnizaciones en caso de riesgo de trabajo, muerte e incapacidad.
4) Obstaculiza el derecho de libertad sindical y negociación colectiva violando el texto constitucional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), imponiendo una serie de obstáculos jurídicos y prácticos imposibles de cumplir para un sindicato autónomo, fuera del control empresarial.
5) Impide el ejercicio del derecho de huelga al imponer requisitos que no podrá cumplir un sindicato auténtico.
En este sentido, la Barra Mexicana de Abogados presentó un amparo contra la discusión, aprobación y eventual publicación de las leyes secundarias de la reforma laboral por parte del Congreso de la Unión, debido a que, legalmente, dicha reforma debía haber sido publicada a más tardar el 24 de febrero de 2018.
Fuente:https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/03/privatizar-el-agua-beneficiar-a-mineras-a-costa-de-la-biodiversidad-y-facilitar-el-despido-las-reformas-que-impulsa-el-congreso-en-campanas_a_23400978/
Las regiones boscosas en México se encuentran en el centro de disputa territorial ante la expansión de la industria minera. En el país latinoamericano existen actualmente 895 proyectos mineros y un 58% de la cobertura forestal mexicana (64.5 millones de hectáreas) es afectada por las concesiones extractivas en todo el país.
El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio denunciaron que las autoridades del estado de Durango favorecen a la empresa The Chemours Company que pretende llevar a cabo el proyecto Chemours Laguna, que consiste en la instalación y operación de una planta química que producirá alrededor de 65 mil toneladas de cianuro de sodio anualmente, en una superficie de 11.7 hectáreas de la localidad Pueblo Nuevo (El Siete), en el ayuntamiento de Gómez Palacio.
Introducción
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ordenó paralizar las obras de una concesión minera y restablecer el terreno intervenido en el Río Valdivia y parte de un humedal.
Ante la noticia de que la empresa minera Southern Perú iniciaría operaciones en el Valle del Tambo en el primer trimestre del año, diversas organizaciones de la zona se declararon en alerta y refirmaron su oposición al proyecto Tía María. Organizaciones sociales y ciudadanos en un encuentro donde participó Máxima Acuña, dirigenta social de Cajamarca ratificaron su oposición al mega proyecto minero.
En cada rincón de Chubut, los vecinos reúnen firmas contra la “zonificación” que entrega el 64% de la provincia a las mineras y demandando el pronto tratamiento y aprobación de la Iniciativa Popular presentada en 2014 prohibiendo la minería de metales y radioactivos en todas sus etapas y formas. Un puñado de intendentes de localidades de la meseta de Chubut presentaron en la Legislatura un proyecto de ley para entregarles a las mineras las dos terceras partes del territorio provincial, en lo que llaman “zonificación”. Con esta entrega que -además- atenta contra los derechos de los habitantes originarios, Chubut se vería reducida a los bordes del actual territorio. El resto, toda la meseta central, quedaría en poder de las trasnacionales mineras.
En una carta firmada por 14 científicos colombianos e internacionales, publicada en la prestigiosa revista Science, los expertos le hacen un llamado a las autoridades ambientales del país para que tomen “las medidas necesarias para detener el proyecto de minería de oro en Santurbán (Santander) y en su lugar promover la preservación activa y la restauración de los páramos y bosques andinos”.
Odyssey Marine Exploration, empresa dedicada al rescate de tesoros en barcos hundidos, logró aparentemente un triunfo legal en México, para seguir empujando su proyecto de minería submarina “Don Diego”, en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.