Perú

Exigimos el esclarecimiento por el uso desmedido de la fuerza y la violencia en contra de ciudadanas/os de Alto Huarca por parte de la PNP y la empresa minera Glencore en Espinar.

Frente a los hechos de violencia sucedidos en la comunidad campesina de Alto Huarcade la provincia de Espinar manifestamos lo siguiente:

El 03 de abril del año en curso, en la comunidad campesina de Alto Huarca de la provincia de Espinar, donde se realizó una intervención policial ordenada por la Fiscal Adjunta de Espinar Delia Avendaño Yucra, según oficio N° 546-2018-MP-FPP-ESPINAR, de la misma fecha, solicitó al Comandante de la Comisaria de Espinar, que se designe a siete (07) efectivos policiales en el día; a fin de que se “restablezca el orden”, en la Comunidad de Alto Huarca, cerca al proyecto de la minera Antapaccay en la vía Nacional.

Sin embargo, la intervención se realizó con un promedio de cuarenta (40) efectivos policiales y personal de seguridad privada de la empresa, así como ocho funcionarios, personal de relaciones comunitarias y abogados de la empresa minera junto con maquinarias pesadas, que se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca, con la aparente finalidad de desalojar del territorio de la comunidad a las familias que allí viven.

La intervención Fiscal tiene que responder a hechos reales. El no haber cumplido con este deber ha generado abusos como en el caso de la señora Francisca Umasi, posesionaria directa y comunera, quien junto a sus hijas, nietas y familiares (08 personas), sufrieron agresiones físicas y psicológicas (golpes, patadas, insultos y amenazas), que terminaron por desmayar a la señora Francisca, una mujer de 70 años de edad quien sufrió dichas agresiones por el solo hecho de resistirse a firmar un documento.

Por estas consideraciones condenamos estos hechos y exigimos a las autoridades competentes que se ordene iniciar las investigaciones penales por el supuesto delito de abuso de autoridad, prevaricato y coacción, contra las autoridades que se han excedido en sus funciones más allá de las atribuciones que la ley les faculta, y se sancione a los responsables. Esto ocurre por la inacción y pasividad de un Estado que permite la celebración de convenios entre la PNP y las empresas mineras, que ocasionan abusos como el ocurrido en Espinar.

Finalmente, los suscritos nos solidarizamos con las víctimas de este nuevo accionar de violencia en contra de poblaciones que solo defienden sus derechos al territorio, al agua y a la vida.

06 de abril de 2018

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Mexico

Aprueban explotación minera marina en paso de ballena gris y tortuga en BCS

Abogados ambientalistas y biólogos marinos afirman que el proyecto abriría la ruta a más permisos de explotación minera marina, evadiendo entrega de manifestaciones de impacto ambiental.

 

Se estima que en el yacimiento minero Don Diego hay 558 millones de toneladas de fosfatos de interés para agricultura.

La compañía minera Exploraciones Oceánicas, subsidiaria en México de la multinacional Odyssey Marine Exploration, informó que ganó un  juicio federal para poder explotar un yacimiento minero marino, frente a las costas de la Bahía del Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, del cual podrían extraerfosfatos y sulfatos para fabricar fertilizantes agrícolas, no obstante su repercusión medioambiental la cual ha sido advertida por especialistas y abogados ambientales.

El permiso de explotación minera marina estuvo en disputa casi diez años y la prohibición para el aprovechamiento minero fue concedida, el 21 de marzo, por un Tribunal Federal en Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), encabezado por el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas.

Abogados ambientalistas y biólogos marinos afirman que este proyecto minero podría abrir la ruta a más permisos de explotación minera marina, evadiendo los  requisitos de entrega de manifestaciones de impacto ambiental. El yacimiento explotable se llama Don Diego y están en aguas patrimoniales mexicanas.

El proyecto minero Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 588 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, cantidad equivalente al 60 por ciento de la superficie de la Ciudad de México. Esa arena fosfática está a menos de 100 metros de profundidad del mar y estaría acomodada en un yacimiento de más de dos metros de grosor.

En el año 2015, la organización de Abogados y abogadas ambientales para América Latina (AIDA) manifestó públicamente su preocupación por el eventual permiso de explotación minera en esta zona marina mexicana  debido a su posible impacto sobre la fauna marina, migrante y permanente.

“La ballena gris y otras especies de ballena y tortuga marina que habitan la zona o que la recorren, se comunican entre sí, se mantienen unidas y encuentran alimento por medio de sonidos. Para obtener la arena fosfática, el proyecto emplearía grandes barcos de dragado, generando un gran ruido en el área y poniendo en riesgo la sobrevivencia de estas especies al posiblemente alterar su entorno y modificar su comportamiento”, indicaron en ese momento los abogados de AIDA.

SUSPENSIÓN Y REVISIÓN. En abril de 2015, AIDA presentó ante la autoridad ambiental de México sus comentarios sobre el proyecto Don Diego, en los que puso énfasis en señalar que ese proyecto minero carecía de la información técnica suficiente para garantizar que no dañará gravemente la Bahía de Ulloa, la pesca del lugar y el hábitat de ballenas y tortugas marinas.

La empresa a cargo del proyecto retiró su propuesta en junio de 2015 y, dos meses después, presentó una nueva bajo otro nombre. AIDA analizó el segundo proyecto y brindó comentarios al respecto.

Una de las empresas asociadas al proyecto es la fabricante de fertilizantes agrícolas llamada Chatham Rock Phosphate, que realizó algunos estudios en campos agrícolas de Nueva Zelanda, con las arenas de fosfatos extraídas de México y concluyó que la roca de fosfato obtenida en el yacimiento marino de Don Diego, es “un mineral con alto grado de nutrientes para la agricultura, incluso antes de ser sometido a los procesos industriales de enriquecimiento de nutriente.

“Ésta es la mejor noticia para Chatham puesto que teníamos nuestro permiso de explotación minera desde diciembre de 2013. Esto establece un precedente para la minería de fosfato marina después de la extensa y detallada evaluación ambiental”, comentó en un comunicado el Presidente de Chatham, Chris Castle.

El permiso para explotar el yacimiento de fosfatos Don Diego se suma a otra autorización que obtuvo Chatman para extracción de recursos mineros en aguas territoriales de Nueva Zelanda el año pasado. Los procesos enfocan la atención en la realidad de que la minería marina está en crecimiento y que del mismo modo crecerán los litigios por asegurar los mínimos impactos de la minería sobre el medio marino.

Fuente:http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1073148.html

El Salvador

“Minería verde es simplemente materia de mercadeo”: Miguel Rivera (ADES)

A nueve años del asesinato de Marcelo Rivera, su hermano, Miguel expresó su preocupación ante la ola publicitaria a favor de la “minería verde”, y el contexto político electoral que favorece a la derecha y en especial al partido ARENA, tras los resultados electorales del 4 de marzo.

“La verdad es que nosotros como familia, como compañeros de organización ambiental, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para defender el territorio, porque todavía tenemos yacimientos de oro en Cabañas y mientras esto sea así, las mineras transnacionales serán amenaza latente”, opinó.

Miguel Rivera trabaja en ADES, Santa Marta, pero también dedica parte de su tiempo, a manera personal, para apoyar procesos organizativos en San Isidro, Cabañas, creando una “sociedad en resistencia”, de este y otros temas habló en exclusiva a Diario Co Latino.

– Cabañas fue golpeado por la minería y cinco ambientalistas asesinados fue el saldo final. ¿Qué piensas de un nuevo intento de las mineras transnacionales?

Así como Marcelo, mi hermano, Ramiro Rivera y Dora Sorto, que tenía su hijo en su vientre, merecen ser revindicados y honrar sus memorias, porque entregaron sus vidas en la lucha por la defensa del medioambiente, que es algo justo, tenemos que trabajar de nuevo y fortalecernos para enfrentar estas nuevas amenazas.

Si los políticos tuvieran un poco más de sentido común, estarían claros que no se puede contaminar la poca agua del territorio nacional. Asumir también que habrá problemas de contaminación irreversibles y que todas estas acciones al final atentan al derecho de una vida digna de la población que dicen representar, porque la gente votó por ellos, no han sido puestos por sectores de poder.

– ¿Consideras una amenaza a la clase política de la derecha?

Realmente la historia en El Salvador ha sido lo contrario a una clase política proba y que desee trabajar por el país. Tenemos a esta clase política que está buscando recursos para financiarse sus campañas y llegar a enquistarse en las estructuras de gobierno y políticas, y se transforma en situaciones donde las voluntades se venden como en un mercado.

– ¿Crees que la visita y reunión de Frank Giustras y Carlos Slim, magnates de las minerías, y el expresidente Bill Clinton con el virtual candidato del partido ARENA Carlos Calleja, es amenazante?

Sí, hemos visto esa visita de gente de renombre y poder político, de los señores Giustras, Slim y el expresidente Clinton, y estamos claros, por las noticias generadas en investigaciones periodísticas, que estas personas financian a políticos alrededor del mundo, para llevar sus proyectos mineros tranquilamente, sin ninguna oposición.

– ¿Por qué una amenaza latente?

Recuerdo que ellos vinieron en el marco de estar en proceso de identificar un cambio de posibilidades y alternativas de desarrollo económico para Cabañas en El Salvador.

Y en ese mismo ámbito la Fundación El Dorado (Pacific Rim/Oceana Gold) cambia su razón social de extracción de metales, para convertir sus objetivos a proyectos sociales de emprendedurismo a nivel de país, sin mayores explicaciones.

Todo esto en un contexto donde existe una Ley de Prohibición a la Minería, y que por consecuencia no le permitiría a las mineras ni a sus proyectos sociales seguir vigentes en el país. El Estado falló, al final esto se convierte en una amenaza, porque las mineras siguen sus objetivos con su “lobby”, inyectando fondos a figuras políticas que llegarán a gobernar.

– ¿Continúa Oceana Gold en San Isidro, Cabañas?

Allá en Cabañas no se habla de Pacific Rim u Oceana Gold, se habla de Minerales Torogoz, haciendo referencia al ave nacional, tratando de borrar rastros de las transnacionales, como “tropicalizando” su accionar en los territorios y vienen con el impulso de la “minería verde”.

Claro, la población no se dejó sorprender, la gente está atenta y tiene una capacidad de inteligencia firme y ha respondido rechazándola.

– ¿Qué es esto de minería verde?

La minería verde no existe, si buscas en el Internet e ingresas con cualquier motor de búsqueda te encuentras con una gran cantidad de estudios e investigaciones que dejan claro que los conceptos de la minería verde, minería integral o responsable… es toda una parafernalia, es materia de “mercadeo”. Más parece una forma de encubrimiento para llevar a cabo proyectos que están a 90º grados del concepto de minería verde, y el concepto que tratan de vender como proceso amigable con el medioambiente.

– ¿Qué valoración haces frente a la coyuntura política de país?

Creo que el contexto político que enfrentamos a unos meses en la Asamblea Legislativa y luego en el 2019 no es nada alentador. Solo recuerdo que el día que aprobaron la ley contra la minería, algunos diputados del partido ARENA se salieron para no votar por la prohibición. Son diputados con más poder económico e influencia política, y no votaron para no aparecer como que están en contra de muchos proyectos que apoyan realmente.

Recordemos, los empresarios quieren imponer sus proyectos a costa de lo que sea, y nosotros como población organizada estaremos ahí para enfrentarlos.

Fuente:https://www.diariocolatino.com/mineria-verde-es-simplemente-materia-de-mercadeo-miguel-rivera-ades/
Mexico

Ordena juez federal suspensión definitiva de planta Chemours

El Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna determinó la suspensión definitiva de la construcción de una planta de cianuro de sodio en el poblado Dinamita del municipio de Gómez Palacio por parte de la empresa Chemours Company.

La sentencia se emitió este miércoles y representaría la cancelación del proyecto, aunque está pendiente de realizarse la audiencia constitucional en la que el juez federal resolverá el fondo del asunto. Esto implicaría que el juicio podría tardar incluso años.

La suspensión definitiva se emitió ante la promoción del amparo indirecto especializado en materia ambiental 312/2018, por parte de la agrupación civil Pro Defensa del Ciudadano de esta ciudad.

Dicho amparo hace alusión al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y sostiene que la operación de la planta de cianuro de sodio pondría en riesgo a la población y “es un veneno que haría imposible la restitución de la vida de las personas”.

Apenas el pasado viernes 16 de marzo el juzgador determinó la suspensión provisional de las obras.

La empresa Chemours tenía considerada una inversión de 150 millones de dólares en dicha planta.

La suspensión definitiva se emitió ante la promoción del amparo indirecto especializado en materia ambiental 312/2018, por parte de la agrupación civil Pro Defensa del Ciudadano de esta ciudad. (ARCHIVO)

Fuente:http://www.remamx.org/2018/04/ordena-juez-federal-suspension-definitiva-de-planta-chemours/

Mexico

En defensa de los territorios

A mediados de marzo, integrantes de más de 20 pueblos indígenas, junto con comunidades campesinas, organizaciones y colectivos provenientes de 23 estados del país se encontraron en la Ciudad de México, y a partir de sus propios testimonios construyeron un mapa de las amenazas que enfrentan sus territorios.

Para los pueblos indígenas la tierra tiene connotaciones particulares, que la hacen formar parte de algo mayor llamado territorio. El territorio es un espacio físico totalizador, construido colectivamente en una relación de reciprocidad con la naturaleza, que incluye las funciones productivas de la tierra, pero también el concepto de tierra natal, cultura, religión, sitios sagrados y ancestros, ambiente natural, agua, bosque, minerales.

En México, los pueblos indígenas tienen derechos agrarios sobre las tierras que ocupan bajo la forma de ejidos o comunidades agrarias. Por varias décadas, la tenencia social de la tierra –que abarca la mitad de la superficie del país– obstaculizó el avance de distintos proyectos, pero a partir de las reformas a las leyes energéticas y extractivas de 2014, promovidas por el presidente Peña Nieto y aprobadas por las cámaras de diputados y senadores, el despojo de los territorios indígenas y campesinos está legalizado. En sentido contrario a la demanda de autonomía como libre determinación de los pueblos indígenas, el Estado realizó una profunda contrarreforma agraria a favor de las empresas trasnacionales. Las causas del despojo pueden ser también megaproyectos de infraestructura, o el acaparamiento de tierras y aguas por la agroindustria.

Las empresas disputan a los pueblos el destino de sus territorios y bienes naturales, mediante una guerra de exterminio, y han tenido un efecto devastador en el campo mexicano. El mapa de los conflictos socioambientales resultado del encuentro es sólo una muestra representativa de la violencia que ha generado este modelo.

En el noroeste, la disputa es por el agua, entre la población y empresas como Constellation Brands y Driscoll’s, que producen cerveza y fresas para exportación en el desierto. La lucha del pueblo yaqui contra el Acue­ducto Independencia que desvía el agua de su río para ser utilizada en las ciudades de Hermosillo y Obregón es emblemática. En Chihuahua, el pueblo rarámuri se opuso a la construcción de un aeropuerto, al cruce de un gasoducto y a la tala de sus bosques y triunfó jurídicamente. En Coahuila, los campesinos rechazan el establecimiento de un basurero tóxico. En San Luis Potosí, la minera San Xavier destruyó el Cerro de San Pedro a pesar de que la sociedad civil había ganado el juicio en su contra.

Los totonacos y chontales de Veracruz y Tabasco refieren la contaminación de sus tierras y agua por la explotación de petróleo. La construcción de la hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit, amenaza con inundar a comunidades coras. Los wixarikas defienden sus territorios sagrados de la minería y las presas.

Los jóvenes jornaleros de Jalisco viven un sistema de peonaje acasillado moderno trabajando para los emporios agroindustriales. Los nahuas de Colima resisten contra la minería. Los nahuas de Michoacán se organizan y defienden contra la violencia y el despojo de sus bosques. Los purépechas lograron detener a los talamontes, que son parte de la economía criminal, y recuperar sus bosques y organización comunitaria. En Guanajuato, la población defiende su derecho al agua acaparada y contaminada por la agroindustria y la industria automotriz.

En Guerrero, los me’phaa impidieron el decreto de una reserva de la biósfera y triunfaron en contra de las concesiones mineras en su territorio. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota ha impedido su construcción durante 15 años, a pesar de la enorme represión en su contra. Los pueblos de La Montaña se protegen de la inseguridad y violencia que campea en el estado haciendo uso de sus estructuras e instituciones comunitarias. En Oaxaca, los zapotecos, mixes, mixtecos, chontales y zoques resisten en contra de las concesiones mineras que pretenden invadir sus territorios. Los chinantecos se oponen a la contaminación y destrucción de sus ríos por la construcción de presas hidroeléctricas. Los mixtecos, chatinos y afrodescendientes defienden el río Verde y se oponen a la construcción de la presa Paso de la Reina. Los ikoojts y los zapotecos luchan contra las empresas eólicas.

Co­munidades tepehuas, nahuas, otomíes y totonacas de Puebla e Hidalgo se organizan y oponen al gasoducto Tuxpan-Tula. Los nahuas y totonacos organizados en la Tosepan Titataniske resisten en contra la instalación de una hidroeléctrica en el río Apulco, y de la explotación minera y de hidrocarburos.

En Chiapas, la minería destruye el tejido social, mientras los pueblos tzeltal, chol, lacandón y chuj, pierden el control sobre sus bienes naturales y territorios por la política de conservación. Los mayas de la Península de Yucatán se enfrentan a la invasión de los cultivos y ganadería industriales como la soya transgénica o las megaexplotaciones de cerdos y pollos, pero también a los parques eólicos.

El despojo y saqueo de los territorios indígenas en todo el país ha propiciado el aumento de la violencia y la represión, pero los pueblos originarios han decidido mantenerse en resistencia permanente y utilizar la fuerza de la comunalidad para defender sus territorios e identidad.

*Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)

Colombia

Concejo municipal de El Peñón prohibió la minería sin consultar al Gobierno

El municipio de El Peñón en Santander prohibió la minería de metales y otros minerales, la exploración y explotación de hidrocarburos y las centrales hidroeléctricas a través de un acuerdo ratificado por el alcalde Francisco Cruz. Los nueve miembros del Concejo decidieron por unanimidad prohibir las actividades extractivas argumentando que el Gobierno no entregó los recursos para realizar una consulta popular que estaba establecida para el cinco de noviembre del año pasado.

Según el secretario de Gobierno de la Alcaldía, Herney Téllez, actualmente hay alrededor de 40 solicitudes para proyectos mineros en esa región a pesar de que la mayoría de los 5.200 pobladores se dedican a actividades agropecuarias.
Varios ciudadanos salieron a marchar celebrando la decisión del Concejo. Sin embargo, el Gobierno, especialmente el Ministerio de Minas y de Hacienda han reiterado que este tipo de decisiones son perjudiciales para la inversión y la economía nacional, además, porque según la Constitución, el subsuelo pertenece al estado. No a los ciudadanos de una región específica.
El acuerdo establece: “El municipio de El Peñón por sus condiciones geográficas posee riquezas ambientales, sociales, económicas y culturales que despiertan en los ciudadanos un interés por explorar y conocer este territorio. Es deber y propósito de la administración ofrecer un espacio ambientalmente sostenible donde la sociedad logre satisfacer sus necesidades de acuerdo con los requerimientos básicos de calidad ambiental”.
Y resuelve: «En virtud de lo dispuesto en el presente artículo, en la jurisdicción del municipio del Peñón, Santander, no se podrán adelantar actividades relacionadas a la ejecución de proyectos de producción de energía tales como centrales hidroeléctricas o semejantes, así mismo no podrán adelantar actividades de prospección, exploración, construcción, montaje, explotación y transformación de hidrocarburos, ni metálicos y de gran y mediana minería de los demás minerales”.
Hasta ahora no se conocen pronunciamientos del Gobierno frente a la decisión, pero por ahora los proyectos que estaban esperando respuesta no podrán entrar en operación en la región por determinación del Concejo.
Fuente:https://www.bluradio.com/regionales/concejo-municipal-de-el-penon-prohibio-la-mineria-sin-consultar-al-gobierno-174386
Chile

Sernageomin estableció que actividad minera en Aysén podría vaciar metales pesados al lago General Carrera

“En dicha zona se observó lixiviación por aguas superficiales. Estos líquidos podrían, bajo circunstancias favorables, aportar metales pesados al lago General Carrera” señaló el informe, que data de 2012.

Discusión sobre impacto de esta actividad cobra fuerza ante la ausencia de los municipios de Río Ibáñez y Chile Chico en los procesos de evaluación de nuevos proyectos extractivos precisamente en sectores costeros al lago, el segundo más grande de Sudamérica.

Un poco difundido informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), financiado por el Gobierno Regional de Aysén, confirmó que producto de la actividad minera que se desarrolló durante décadas en Puerto Cristal, el lago General Carrera podría estar recibiendo una importante carga de metales pesados.  El estudio, denominado “Investigación Geológica Minera Ambiental en Aysén”, fue elaborado en 2012.

La localidad se ubica en la ribera norte del lago, 15 kilómetros al este de Puerto Sánchez en la comuna de Río Ibáñez.  En dicho sector operaba “una planta de procesamiento de minerales, botaderos y relave, así como de dos minas (Mina Silva y Mina Rosillo) que, entre otras minas del sector, abastecían a la planta de concentrados localizada en dicho poblado”, consigna el reporte de Sernageomin.

En este se señala que las “instalaciones mineras no cuentan con un debido cierre para el resguardo de visitantes y medio ambiente en general, ante la posible presencia de contaminantes, ni con medidas de mitigación por remociones en masa que podrían afectar al relave en la ribera del lago General Carrera”.

La gravedad de la situación queda de manifiesto al establecer que “el color ocre del relave oriental, los datos químicos y mineralógicos, así como el test de lixiviación indican que este relave es una fuente potencial importante de metales pesados, los que podrían estar siendo liberados bajo condiciones de drenaje ácido”

Luego de una recolección de muestras en un botadero ubicado al norte de la cancha de fútbol, se descubrieron concentraciones de plomo de un 42,2%, zinc de un 20,5% y cobre de un 0,38%. “En dicha zona se observó lixiviación por aguas superficiales. Estos líquidos podrían, bajo circunstancias favorables, aportar metales pesados al lago General Carrera” apunta.

En este sentido, el informe concluye que en el área existen “diversas remociones en masa, actuales, en la desembocadura del estero Rocillo y, antiguas, registradas entre las colas del relave. Estas observaciones indican que el relave de Puerto Cristal podría ser afectado de manera significativa, en el futuro, por remociones en masa canalizadas en el Estero Rocillo, del tipo flujos y caída de rocas, provenientes de los cerros aledaños”.

Aunque se han realizado trabajos para la contención del talud del tranque de relave, estos “no asegurarían la protección del lago General Carrera frente un eventual  colapso”. Más aún, “el relave está afectado por erosión eólica, lo cual indica una constante polución por partículas con altas concentraciones de plomo y zinc hacia el lago General Carrera y el poblado abandonado de Puerto Cristal”

La discusión sobre el impacto de la actividad minera en Aysén cobra fuerza en estos días ante la ausencia de los municipios de Río Ibáñez y Chile Chico, dirigidos hoy por los alcaldes Marcelo Santana y Ricardo Ibarra, en los procesos de evaluación de nuevos proyectos extractivos, precisamente en sectores costeros del lago, el segundo más grande de Sudamérica.  Una decisión que, en opinión de parte de la comunidad, está al debe de lo que debiera ser su responsabilidad para el cuidado de la salud de las personas y la sustentabilidad de lo ecosistemas bajo su administración.

Fuente:https://www.rln.cl/regional/44359-estudio-de-sernageomin-establecio-que-actividad-minera-en-aysen-podria-vaciar-metales-pesados-al-lago-general-carrera

Mexico

El Movimiento Civil Chalchihuites del municipio de Chalchihuites en Zacatecas exige la cancelación inmediata de las concesiones otorgadas a la empresa First Majestic

Las y los integrantes del Movimiento Civil Chalchihuites del municipio de Chalchihuites en Zacatecas hemos decidido que la empresa First Majestic no opere más en Chalchihuiites; exigimos al gobierno federal cancele de inmediato las concesiones otorgadas a dicha empresa.

En el año 200, la Unidad Minera El Toro, compuesta por las minas San Juan, San Nicolás y Dolores, empezó a operar sin que los habitantes ni el cabido fuésemos consultados. A lo largo de este tiempo hemos sufrido diferentes afectaciones:

 Fuente:http://www.remamx.org/2018/04/el-movimiento-civil-chalchihuites-del-municipio-de-chalchihuites-en-zacatecas-exige-la-cancelacion-inmediata-de-las-concesiones-otorgadas-a-la-empresa-first-majestic/
Perú

Libro muestra evolución de la minería en últimos 10 años

Desde el inicio de la crisis financiera internacional de 2008, que trajo abajo los precios de las materias primas, hasta la incierta recuperación del cobre en 2017. Ese es el período que abarca el nuevo libro “Diez años de minería en el Perú” (CooperAcción, 2018) de José De Echave. Intenso período en el que no solo se reflejan cambios en las tendencias de inversión, sino especialmente un conjunto de conflictos que mostraron la necesidad de cambios en las regulaciones ambientales y sociales del sector extractivo, tema en el que hubo algunos avances pero también muchos retrocesos.

El análisis permite identificar un conjunto de temas pendientes en la agenda ambiental y social de la minería en el Perú. El momento que vive el país, con el inicio de un nuevo gobierno y la evidente crisis política, exige lecturas como ésta, que buscan contribuir a revisar los errores y aciertos de la política pública en el sector extractivo y  plantear las reformas y cambios necesarios para iniciar una nueva etapa.

El libro abarca en total las gestiones de tres gobiernos diferentes: la última parte del gobierno de Alan García, la administración de Ollanta Humala y el turbulento período de Pedro Pablo Kuczynski. Sin duda ha sido un período intenso y esto se expresa claramente en esta nueva publicación. Si bien el texto ha sido organizado por años, también podría ser organizado por temas y episodios: consulta previa, libre e informada; el aporte tributario de la minería y los beneficios que gozaron las empresas; lo ambiental; las concesiones; los procesos de desregulación social y ambiental; los conflictos; el análisis de las distintas variables económicas vinculadas a la minería; y el contexto global; entre otros temas de importancia.

También destacan los episodios de estallidos sociales de envergadura, como el caso de los proyectos Tía María en Arequipa, Santa Ana en Puno, Conga en Cajamarca, Espinar en Cusco, Las Bambas en Apurímac, entre varios otros. Cada uno de estos conflictos ha puesto en agenda distintas limitaciones de nuestra regulación ambiental: desde la política de concesiones mineras o la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental hasta la fiscalización de los impactos ambientales y las modificaciones a los proyectos sobre la marcha. El libro muestra cómo estos conflictos abrieron oportunidades políticas para avanzar en reformas importantes sobre estos temas, pero también cómo el lobby empresarial llevó luego a retrocesos, como los paquetazos ambientales y el desmantelamiento de la política de ordenamiento territorial, entre otros.

El libro reúne alrededor de 200 artículos de análisis publicados en diversos medios institucionales y periodísticos entre 2008 y 2017, y constituye un aporte a la revisión de lo que ha sido la historia reciente de la minería en el país, pero también permite identificar la agenda pendiente para la  construcción de puntos de equilibrio en lo económico, ambiental, social y cultural.

Es posible adquirir la publicación en el local de CooperAcción y en la librería El Virrey. Para consultas adicionales, comunicarse los teléfonos 461-2223 o 461-3864.

También puedes descargar la publicación aquí.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/libro-muestra-evolucion-del-sector-minero-en-los-ultimos-10-anos/