Argentina

Impulsan consulta popular vinculante por la minería

Proponen que la gente decida por el Sí o por el No durante las próximas elecciones de octubre de 2019. Se pondría a consideración la propuesta de la Iniciativa Popular.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Javier Touriñán, presentará en el día de hoy un proyecto de ley para llamar a una consulta popular vinculante por la minería. La propuesta busca que la población decida en las urnas por el “Sí” o por el “No”, por lo cual se plantea que la decisión se haga durante las elecciones de octubre del año que viene.

Qué se decidiría

Lo que se pondría a consideración sería el proyecto original de la Iniciativa Popular, que con más de 13 mil firmas fue presentado para prohibir la minería en todo el territorio. Touriñán explicó que “por un lado es una modificación a una ley vigente que establece el mecanismo de la Consulta Popular. Esa ley en caso de la consulta popular vinculante, que es la que pretendo llevar adelante, establece que no pueden transcurrir más de 180 días entre la aprobación de la consulta popular y el acto eleccionario”.
Manifestó que “lo que pretendo yo y el bloque es someter a consulta popular vinculante el tema de la minería por el Sí o por el No y que coincida con las elecciones de gobernador, vice y cargos nacionales de 2019. Esto serviría para que ningún candidato se haga el distraído y todos opinen. Que se terminen los lobbistas y los fundamentalistas”.

Controversia

“Que todo el cuerpo electoral de la provincia emita su voto y decida si avanzamos o no avanzamos en una controversia hace mucho en la provincia. Sería obligatoria, todo el mundo votaría. Claramente los jefes comunales no tienen la capacidad técnica de armar una poligonal de esa naturaleza”.
Diferenció de lo que aconteció con el plebiscito de 2003 en Esquel. “El de entonces era localizado y no vinculante”. Y marcó que “son cuestiones difíciles de resolver por posiciones encontradas. Cuando todos se arrogan tener la verdad hay que someterlo a lo que quiere la gente”.

Fuente:http://www.diariojornada.com.ar/211367/provincia/impulsan_consulta_popular_vinculante_por_la_mineria/

Mexico

Explotación minera en el mar, opción o pesadilla

La explotación minera de fondos oceánicos será pronto una realidad. Sus impactos ambientales están siendo intensamente evaluados por instituciones académicas y agencias internacionales, mientras la ingeniería avanza lo suficiente para colocarla como opción viable y rentable, en muchos casos, superior a la minería en tierra. Crece la escasez de minerales metálicos y no metálicos en yacimientos terrestres accesibles y de costo aceptable, mientras el reciclaje es insuficiente y la demanda aumenta exponencialmente por la industria electrónica y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Níquel, cobalto, tungsteno, platino, rodio, manganeso y otros metales son indispensables para nuevas tecnologías electrónicas, y el fósforo es insumo vital para la manufactura de fertilizantes esenciales en la agricultura. El impacto ambiental de actividades mineras en tierra llega a ser devastador en cuanto a ecosistemas y paisajes, deforestación, y contaminación de aguas, suelos y atmósfera.

 

En fondos marinos a varios miles de metros de profundidad existen nódulos polimetálicos formados a lo largo de miles o de millones de años por la precipitación de minerales disueltos en el mar y su adhesión en torno a partículas o detritus. Son del tamaño de un puño humano y contienen hasta 3% de níquel, cobalto, cobre, y otros metales, y hasta 25% de manganeso. Están disponibles directamente sobre el lecho marino, y pueden ser cosechados con máquinas robot que los envían a barcos nodriza ubicados en la superficie. Los sedimentos y el material descartado son devueltos al fondo y/o dispersados en el mar desde los barcos nodriza. De ahí, los nódulos son enviados a instalaciones de separación y beneficio en tierra. En el caso de fósforo o roca fosfórica, ésta simplemente es recuperada por enormes dragas de succión en zonas mucho más someras (50-100 metros de profundidad) después de removerse una capa de lecho marino de entre 0.5 y 6 metros. Los impactos ambientales se relacionan con la pluma o nube de sedimentos desechados y que afecta la penetración de la luz y con ello al fitoplancton, base de cadenas ecológicas marinas, y desde luego, con la alteración mecánica de los ecosistemas bentónicos del fondo, lo que puede afectar a un gran número de especies. Lo anterior, independientemente del ruido y de la interferencia con rutas migratorias, hábitat y zonas de alimentación de mamíferos marinos y tortugas.

 

El primer proyecto en México de minería del fondo marino ha sido rechazado por Semarnat, aduciendo impacto sobre poblaciones de tortuga caguama (Caretta caretta), aunque en los tribunales ha recibido una nueva oportunidad. Se trata del proyecto Don Diego, de extracción de roca fosfórica frente el golfo de Ulloa en el Pacífico sudcaliforniano a 50 metros de profundidad en una superficie concesionada de 800 km2 (pero el área dragada será una pequeña fracción del total).

La minería submarina es un hecho, y no podrá impedirse. Esto, en un escenario en que los mares no son ajenos a radicales impactos ambientales generados por la pesca artesanal e industrial. Por ejemplo, ciertas artes de pesca, como las redes de arrastre de camarón y otras, son verdaderos bulldozers que destruyen fatalmente los ecosistemas del fondo marino, además de capturar sin discriminación numerosas especies no objetivo que simplemente se descartan y son devueltas muertas al mar. Es difícil que exista otra actividad con impactos ambientales tan profundos y generalizados en los océanos.

 

La clave está en encontrar esquemas que concilien la racionalidad ecológica y económica de la minería submarina, y que logren en paralelo la conservación, y una regulación ambiental estricta de la pesca. Sin embargo, en México no existe ninguna autoridad a cargo de la gobernanza, planeación y regulación integral de mares y costas, capaz de lograrlo. Es preciso crearla.

 

Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Hausmann-en-que-se-parece-la-economia-al-Scrabble-20180504-0040.html

Mexico

“Vamos a cerrar filas contra la minería tóxica”: Lupita Saldaña

Mulegé, Con el apoyo de los diputados y los presidentes municipales vamos a cerrar filas contra la minería tóxica, que pone en riesgo el medio ambiente y la salud de nuestras familias, así lo dio a conocer la candidata de la coalición Por México al Frente, Lupita Saldaña, en su visita a Bahía Tortugas, Bahía Asunción y Punta Abreojos.

Durante su recorrido, Saldaña Cisneros resaltó que se debe proteger la riqueza de la naturaleza sudcaliforniana: “Es una tierra que ha dado grandes oportunidades a todas las familias que por nacimiento o adopción han hecho de Baja California Sur su hogar, es nuestro deber defender las riquezas naturales de los intereses económicos”.

Lupita Saldaña dijo que no se permitirá que intereses individuales pongan en riesgo el bienestar de las familias muleginas, y en su lugar impulsará un turismo sustentable que respete los diversos entornos y que ayude a detonar la economía.

“Estoy a favor del desarrollo en armonía con la naturaleza y con las riquezas de nuestro estado, en el Por México al Frente nuestra prioridad es preservar el medio ambiente e impulsar el desarrollo turístico sustentable”, señaló.

Saldaña Cisneros asegura que con el apoyo de la ciudadanía, el próximo 1 de julio, los candidatos de Por México al Frente cerrarán una gran alianza contra la minería tóxica en Baja California Sur.

Fuente:http://elinformantebcs.mx/cerrar-filas-la-mineria-toxica-lupita-saldana/

Venezuela

El Arco Minero del Orinoco: fraude y catástrofe en Venezuela

 

I. ¿Qué es el Arco Minero del Orinoco?

El Arco Minero del Orinoco es un proyecto de explotación de recursos naturales dentro de nuestro país. Fue establecido y puesto oficialmente en curso por medio de un decreto presidencial el 24 de febrero del año 2016 (promulgado en la Gaceta Oficial N˚ 40.855 bajo el N˚ 2.248).

Este decreto autoriza la explotación minera a gran escala de una inmensa zona ubicada en el sureste del país (incluye vastas áreas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro) y será desarrollada por empresas mixtas (el proyecto contemplaba inicialmente la incorporación de, al menos, 150 empresas extranjeras).

El área destinada a los trabajos de exploración y explotación por dicho decreto alcanza aproximadamente el 12% de la extensión de nuestro territorio nacional (111.843,70 km²) y cuenta con unas reservas probadas en miles y millones de toneladas de oro, diamante, hierro, bauxita, cobre y coltán. Es, además, una zona de una muy rica biodiversidad que comprende grandes selvas y bosques protegidos por decretos de reserva forestal, monumentos naturales y cuencas salvaguardadas por leyes ambientales y convenios internacionales (esta zona, por cierto, forma parte de la Amazonía: el bosque húmedo tropical más grande del planeta y el hogar de la mayor biodiversidad del mundo, entre un tercio y la mitad de la vida conocida del planeta).

II. Razones oficiales y razones reales

 

El proyecto del Arco Minero del Orinoco, según el propio Gobierno nacional, es una  iniciativa que forma parte del Motor Minero de la Agenda Económica Bolivariana y cuyo principal propósito es reimpulsar la economía venezolana. Tiene, según sus propias afirmaciones, un valor económico estratégico fundamental: posee el potencial para llevar, al país, de una economía petrolera monorentista a una economía diversificada más vigorosa y segura. Altos funcionarios del Ejecutivo han sostenido, por ejemplo, que la ejecución del proyecto del Arco Minero podría convertir a Venezuela en la segunda reserva de oro más grande del planeta  y establecer al estado Bolívar como una alternativa no petrolera de desarrollo en el país.

Sin embargo, las razones de fondo que han empujado al Gobierno nacional a implementar el proyecto del Arco Minero del Orinocoparecen ser muy distintas. La baja relativa de los precios del petróleo y la caída de la producción petrolera nacional han provocado una escasez notable de divisas en las arcas del gobierno. Esta escasez le ha impedido al Gobierno nacional, por una parte, atender satisfactoriamente sus obligaciones ordinarias y extraordinarias y, por la otra, mantener sus políticas clientelares, su sistema de corrupción interno y externo y su política de influencia internacional.

El Gobierno nacional requiere desesperadamente nuevos recursos y nuevas fuentes de ingresos. Recursos y fuentes de ingreso que le permitan mantenerse en el poder y financiar la continuidad de su proyecto. El Arco Minero del Orinoco es esta nueva fuente lícita de recursos e ingresos. El proyecto del Arco Minero responde, de este modo, básicamente, a un interés privado: la satisfacción de los intereses de la elite gobernante; no a un interés primordialmente público: no al interés de la nación en general. La falta de los estudios previos de impacto ambiental y sociocultural exigidos por la Constitución Nacional para poner en marcha actividades de esta naturaleza deja justamente en evidencia la urgencia de su motivación particular y nos   confirma, así mismo, el desinterés público de dicha empresa.

III. Impacto ambiental, social y cultural

La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco producirá uno de los mayores desastres ambientales en la historia de la humanidad, una catástrofe ecológica que afectará no sólo a la generación presente sino a las generaciones futuras de nuestro país y del planeta en general.

No existe, en el mundo contemporáneo, una tecnología adecuada para llevar a cabo una explotación minera de tipo ecológica. Los trabajos de exploración y explotación mineras del Arco del Orinoco serán realizados bajo las técnicas tradicionales de exploración y explotación. Así pues, la deforestación y la quema de millones de hectáreas, el uso masivo de cianuro y arsénico, el desvío de los cursos naturales de las corrientes de agua y la remoción de inmensas extensiones de superficie perjudicarán de manera permanente la tierra como el agua, el clima y la biodiversidad de toda la zona.

La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco producirá la destrucción completa de bosques y sabanas, la sedimentación y el envenenamiento de las cuencas, los embalses, los ríos y los demás cursos de agua, la desertificación y la contaminación de toda la zona explotada, la alteración del ciclo hidrológico, la incidencia negativa en el clima y la disminución de las precipitaciones. Una parte de nuestra nación, como es previsible, quedará (literalmente) convertida en un desierto árido e improductivo de excavaciones contaminadas. Nuestras reservas de agua y la generación de energía para todo el país, como es de esperar, se verán seriamente comprometidas.

El decreto del Arco Minero del Orinoco viola los derechos humanos de las comunidades indígenas de la zona y su ejecución podría dar lugar a un genocidio. Viola el derecho a la vida, el derecho a la preservación de las tierras y de las formas de vida ancestrales de las comunidades indígenas. La condena al exterminio o al desplazamiento. Las comunidades indígenas que se resistan a desplazarse de sus territorios estarán condenadas irremediablemente a su aniquilación; las que quieran preservar sus vidas deberán desplazarse forzosamente de sus tierras ancestrales. El Arco Minero del Orinoco será una sentencia de muerte para las etnias Warao, Acawayo, E’Ñepa, Pumé, Mapoyo, Kariña, Arawak, Piaroa, Pemón, Ye’kwana y Semeyá.

El Arco Minero del Orinoco convierte el sur de nuestro país en un enclave colonial. Le otorga ventajas especiales al capital extranjero: exoneraciones totales o parciales del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, flexibilización de la normativa laboral, no interferencia de la minería artesanal, los indígenas o de huelgas. Y menoscaba odiosa e injustamente los derechos de los trabajadores empleados: los deja sin el amparo de la Ley del Trabajo y sin el derecho a reunión, manifestación o huelga.

El Arco Minero del Orinoco tendrá un impacto sumamente erosivo sobre nuestra sociedad y sobre la vida de toda nuestra nación: producirá la expansión a gran escala de los males sociales y culturales asociados a la minería ilegal actual: masacres, sicariato, corrupción, represión de los cuerpos policiales y militares, propagación de enfermedades, alcoholismo, tráfico de drogas, drogadicción, trata de mujeres, violación de menores, etc.

IV. Consideraciones finales

El decreto del Arco Minero del Orinoco viola derechos humanos fundamentales, la Constitución de la República y la firma de tratados internacionales ambientales, laborales e indígenas por parte de nuestro país.

El decreto del Arco Minero del Orinoco lesiona gravemente la soberanía de nuestra nación. Desconoce derechos y principios constitucionales para favorecer los intereses de la elite gobernante y del capital extranjero (inescrupuloso), en perjuicio grave del bienestar, la seguridad y el desarrollo sostenible de nuestra nación.

La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco perjudicará muy negativamente a nuestro ambiente, a nuestras comunidades indígenas y a nuestras vidas en general. Dará lugar a lugar a un ecocidio de grandes magnitudes e intensificará el -ya, de hecho, muy alarmante- proceso de desintegración social del país.

El Arco Minero del Orinoco producirá una catástrofe ecológica de consecuencias planetarias. El área destinada por el decreto para la explotación minera es muy, muy grande: casi la mitad de todo el territorio del Reino Unido (243.000 km²) e incluso superior a la extensión total de países tales como Cuba (109. 884 km²), Portugal (92.100 km²) o Panamá (78.569 km²). Su impacto sobre nuestro ambiente será incluso mayor al provocado, por la antigua Unión Soviética, en el mar de Aral (la reducción drástica, al 10% de su magnitud original) del cuarto lago más grande del planeta para la época (años 60 del pasado siglo) y su contaminación elevada convierten el ecocidio del mar de Aral en uno de las mayores catástrofes ambientales artificialmente provocados en la historia de la humanidad.

Si algún día nuestro país recupera la calma y los venezolanos de uno y otro signo deciden escribir su propia historia nacional de la infamia, el Arco Minero del Orinoco ocupará, sin duda alguna, un lugar destacado dentro de ella. Pero, por ahora, a todo ciudadano consciente, a todo individuo responsable le corresponde la tarea de oponerse a él, denunciarlo y organizarse para impedir la continuación de su ejecución.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/venezuela/item/40325-el-arco-minero-del-orinoco-fraude-y-catastrofe-en-venezuela

Perú

OEFA ordenó a minera Aruntani cerrar depósito de desmonte y tajo en Moquegua

Esta tarde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la minera Aruntani S.A.C., iniciar el cierre final del depósito de desmonte y el tajo, priorizando el tratamiento de aguas ácidas de dichos componentes hasta cumplir con los Límites Máximos Permisibles (LMP), en la unidad minera Florencia – Tucari, ubicada en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua.

El objetivo de la medida impuesta es evitar la contaminación de las quebradas Margaritani y Apostoloni, tributarias del río Coralaque.

Durante acciones de supervisión, el OEFA sostuvo que identificó efluentes ácidos provenientes del depósito de desmonte y del tajo de dicha unidad, los cuales superaban los LMP y discurrían hacia las quebradas Margaritani y Apostoloni. Asimismo, detectó deficiencias operacionales del sistema de tratamiento de aguas ácidas del depósito de desmonte, lo que habría impedido su respectivo tratamiento.

Ante estos hechos, el OEFA ordenó priorizar el tratamiento de los efluentes ácidos durante los procesos de cierre final del depósito de desmonte y del tajo. Asimismo, la empresa deberá remediar el suelo, así como el lecho de las quebradas Apostoloni y Margaritani, por donde discurrió el agua ácida.

Afirmaron que en caso no se cumpla con las medidas impuestas se iniciarán las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan.

Fuente:http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/oefa-ordeno-minera-aruntani-cerrar-deposito-desmonte-y-tajo-moquegua-n320095

Latinoamerica

El extractivismo minero y producción de la naturaleza

En el marco de la minería moderna, a los pueblos le es expropiada su naturaleza para producir sobre una distinta, creando otra subjetividad de trabajo en su geografía. No podemos entender la producción de la naturaleza dentro de la modernidad sin las nuevas condiciones materiales que trae consigo el capitalismo. Sin embargo, la producción de la naturaleza no aplica para comprender el extractivismo minero, porque no es cierto que el proceso de extracción sea equiparable al de la producción, idea que es defendida por empresarios extractivistas y funcionarios de Estado.Por Cristian Abad Restrepo (FLACSO-Panamá*) publicado en La Estrella de Panamá.

La conquista de los diversos espacios en la actualidad por la modernidad/colonialidad no solamente hacen referencia a la expropiación de la materia, el trabajo y el saber de pueblos, como fue evidente en los siglos pasados, sino al proceso de creación permanente de producir naturaleza, lo que Neil Smith llama de ‘segunda naturaleza’ o como explica Elmar Altvater (2014) la naturaleza adquiere una segunda piel con el capital. En el marco de la minería moderna, a los pueblos le es expropiada su naturaleza (formas de trabajo de reproducción de la vida), para producir sobre éstas otra naturaleza, otra materialidad, en definitiva, otra subjetividad de trabajo en su geografía. No podemos entender la producción de la naturaleza dentro de la modernidad sin las nuevas condiciones materiales que trae consigo el capitalismo. Sin embargo, la producción de la naturaleza no aplica para comprender el extractivismo minero, porque no es cierto que el proceso de extracción sea equiparable al de la producción, idea que es defendida por empresarios extractivistas y funcionarios de Estado.

LOS EMPLEOS QUE PRODUCE EL EXTRACTIVISMO MINERO NO SON TRABAJOS

El empleo que pregona el extractivismo minero no permite la producción de la naturaleza de forma general, porque estamos hablando literalmente de la ruptura del equilibrio del metabolismo social, es decir, de la destrucción de las formas de trabajo que permiten que el ser humano sea humano a través de la tierra, que permita cultivarse a sí mismo. En ese sentido, con el extractivismo minero no es posible producir naturaleza, porque lo que produce es literal muerte. Sin embargo, en los discursos mineros modernos, dicho sueño de producir hasta el infinito, ha hecho eco de la incorporación de los lenguajes de la producción de la naturaleza en general, como si el trabajo desarrollado en las minas a gran escala fuera de valor de uso, o sea de la satisfacción humana de la necesidad primaria.

El trabajo promovido por extractivismo minero es tóxico, porque no participa de la naturaleza en su producción, en tanto que ésta queda reducida a la extracción. Para referenciarlo de otra manera, el ser humano simplemente no puede transformarse en el proceso de extracción porque no produce nada, en tanto que no ejerce ninguna función sobre la naturaleza ni sobre sí mismo, sólo su degradación.

Así, el trabajo promovido y desarrollado dentro del extractivismo minero está enfocado en dos aspectos, la mera extracción (sacar las rocas y minerales) y la innovación de esa extracción, socavando la fuente de toda riqueza que es la tierra y el trabajo (Altvater, 2014). Si la madre es la naturaleza (tierra) y el padre el trabajo humano, tendríamos una reproducción de la vida. Marx explicó que es mediante el trabajo humano junto con la naturaleza que coparticipan para su reproducción, para su sobrevivencia, desencadenando su propia transformación hacia algo mejor. No obstante, con el extractivismo minero no vemos producción de la naturaleza, sino extracción de la misma. El supuesto trabajo que pregona el extractivismo minero sólo genera escasez de trabajo, es paradójico, pero es así, los puestos de trabajo mineros son actividades que deshumanizan, destruyen y embrutecen.

En los discursos y notas de los medios de comunicación hegemónica que retratan la subjetividad de los empresarios y gobiernos, se abogan la capacidad de creación geológica del oro, es decir, de producir naturaleza mineral. En la revista Forbes de México, fue publicado un artículo titulado ‘China devora 90% de la ‘producción global’ de oro’. En la revista El Economista de Argentina se titula una columna ‘Seis países americanos, entre los mayores productores de oro’. En la revista El Portafolio de Colombia, otro hecho noticioso titula ‘La producción de oro’ aumentará en un millón de onzas en cinco años’.

En la Revista de Brasil (Jornal do Brasil) un titular lleva el nombre de ‘Rio Tinto interrompe produção de diamantes’, y así sucesivamente se va ampliando los imaginarios de creación de la naturaleza, en específico de los minerales. A la opinión pública le encubren que los beneficios de la vida moderna tienen consecuencias mortales, que no existen espacios extraídos/explotados y un profundo desconocimiento de dónde proviene la materialidad moderna. En definitiva, el encantamiento del consumo ha concebido sujetos de espaldas al territorio. La colonialidad de la naturaleza queda en evidencia no solamente cuando se confunde extracción con la producción, sino cuando se escucha que la minería es verde, ecominería, minería ecológica, biominería, minería sostenible y amigable con el medio ambiental, como incorporación abusiva del cuidado de la vida. Dichas falacias son propias del hombre moderno que se asume como Dios sobre la naturaleza, pero sabemos que ‘ninguna sociedad produce carbón, ni oro, ni petróleo, tampoco produce los días y las noches. Somos seres extractores de estas y no productores’ (Gonçalves, 2013).

EXTRACTIVISMO-MINERO Y SEGUNDA NATURALEZA

En realidad, decir que la extracción es sinónimo de producción, ya de por sí encubre las características históricas bajo la cual se ha fundado el extractivismo minero, como la devastación y contaminación de los territorios y la muerte lenta de los cuerpos humanos y no humanos, bajo la égida simbólica de la renta. Ahora bien, lo que sí podemos entender es que el extractivismo minero sea el paso o la mediación de la primera naturaleza extraída y saqueada en el sur global (quizás para muchos la Madre Naturaleza) hacia la segunda naturaleza como objeto de producción y creación para el norte global, lo que implica una relación radicalmente distinta con la Naturaleza [Smi06].

El pensamiento moderno juega un papel fundamental en este tránsito de la Naturaleza convertida en materia a merced de la voluntad humana capitalista. Cabe resaltar que la segunda naturaleza, según Neil Smith, ha ‘acelerado la emancipación del ser humano de la primera naturaleza’, es decir, una libertad basada en el control y dominio sobre las determinaciones naturales. Esta libertad la vemos en la producción del espacio como las ciudades, siendo espacios altamente artificiales. El Conde Buffon, había sentenciado que ‘una nueva naturaleza puede florecer de nuestras propias manos’ (Smith, 2006) en América, o sea, los europeos fueron los artífices de la segunda naturaleza en detrimento de una Naturaleza con otros horizontes de sentido. Esa es la libertad que pregona la racionalidad moderna que encubre tanto sus consecuencias de hacerse cargo de la devastación producida (Bautista, 2014), como de las mentiras bajo las cuales se ha fundado la sociedad moderna como la más justa, cuando en realidad sus privilegios se basan en quitarle la vida al otro, expropiarlo de su agua, de su oro, de su montaña y de su alimento.

En otras palabras, la segunda naturaleza es propia de la modernidad que produce espacios a su imagen, un espacio funcional a las múltiples jerarquías de poder (raciales, sexuales, saberes, genero, organización social etc.). La base de una segunda naturaleza está en el extractivismo, en especial, el minero. De allí que hablemos de extractopolis como espacios funcionales y artificiales que privilegian un tipo de trabajo, basado en la extracción de materias primas para su posterior transformación que haga posible el espacio moderno. En realidad, estos espacios son enclaves fascistas con la Naturaleza.

SEGUNDA NATURALEZA Y COLONIALIDAD DE LA NATURALEZA

La segunda naturaleza no escapa a la colonialidad de la misma porque de ésta recibe su sentido, no solo por constituirse en valor de cambio en el modo de producción capitalista, sino por el contenido racial propio de la modernidad que orienta la producción de espacios por el capital. Explica Neil Smith (2006) que ‘la naturaleza que precedió a la historia humana ya no existe en ninguna parte, porque por primera vez los seres humanos (cabe resaltar que es el ser humano moderno, porque no es verdad que todos estemos y nos identifiquemos con este ser de la modernidad) producen naturaleza a una escala mundial, es decir un ensanchamiento de la segunda naturaleza a expensas de la primera… el origen de esto es la modificación de la relación entre valor de uso y el valor de cambio’.

Este proceso ha significado que habitemos en una era que Elmar Altvater (2014) denomina como capitaloceno. La capaz geológicas de la tierra no solamente se modifican por el Fracking para la extracción de petróleo, sino que son convertidas en monedas. Extractivismo minero es inseparable de la colonización de la naturaleza (Alimonda, 2009), lo que lo torna insoportable e insostenible para los pueblos que tienen y sueñan con otros futuros, horizontes y mundos. Seguir bajo esta senda de un trabajo improductivo (extractivo minero) es continuar bajo regímenes coloniales que tiene como propósito transferir abundancia por escasez, ese es el gran sueño de la modernidad. Nuestros pueblos no requieren empleos extractivos sino trabajo productivos. Esta es una de las grandes cuestiones en América Latina.

* El Programa FLACSO-Panamá busca dotar a la población de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) es un organismo regional, instituido por la UNESCO para impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de las Ciencias Sociales.

Fuente:https://noalamina.org/informacion-general/impactos-de-la-mineria/item/40363-el-extractivismo-minero-y-produccion-de-la-naturaleza

Ecuador

Comunidades denuncian nuevas concesiones mineras en cabecera de Río Aguarico

Exigen «que se anulen de manera inmediata y que se prohíba la minería en sus territorios»

La comunidad ancestral Ai Cofán Sinangoe denunció este 02 de mayo, que «el Gobierno otorgó 10 concesiones mineras en la frontera norte con el Parque Nacional Cayambe – Coca y el territorio ancestral Sinangoe», ubicado a las orillas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofanes, en la provincia de Sucumbíos. Señalan que «estás concesiones se otorgaron a puerta cerrada y sin el conocimiento ni consulta previa a las comunidades.

Mario Criollo, presidente de la comunidad Cofán de Sinangoe, advirtió que el río Aguarico está amenazado con estas 10 concesiones, que según explican, se han otorgado.

“Denunciamos estas nuevas concesiones dentro de una zona de gran valor cultural y ambiental, una violación directa a la Constitución ecuatoriana y a los tratados internacionales”, afirmó.

En la denuncia pública fue firmada por las comunidades Cofán de Avie, Dureno, Dovuno; de Siona de Sotosiaya y otras 10 más que rechazan que “estás concesiones se otorgaron a puerta cerrada y sin el conocimiento ni consulta previa a las comunidades afectadas”.

En el documento que está dirigido al presidente Lenín Moreno y a otros ministros de Estado, las comunidades exigen “que se anule de manera inmediata todas las concesiones mineras en la cabecera del Río Aguarico y que se prohíba la minería en sus territorios, fuentes y nacimientos de agua; zonas de recarga hídricas y de conservación; bosques protectores y en ecosistemas frágiles”.

Fuente:http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818836417

Guatemala

Ciudadanía centroamericana requiere ser consultada sobre la minería

Rosa Dávila se afana en cocinar los elotes, las mazorcas de maíz, que comerán los hombres y mujeres que han montado un puesto de control a la orilla de la carretera para bloquear el paso de suministros enviados a una empresa minera que opera en la zona.

La Minera San Rafael, subsidiaria de la compañía canadiense Tahoe Resources, está asentada en las afueras de San Rafael Las Flores, un municipio a 96 kilómetros al sureste de Ciudad de Guatemala,  en el departamento de Santa Rosa.

El control lo han montado los habitantes de Casillas, un municipio rural vecino, situado unos kilómetros antes y paso obligado al yacimiento. Otros puntos de acceso han sido también bloqueados por la “resistencia”, como le llaman los participantes en las acciones contra la minería.

“Lo primero que queremos, ¡por Dios!, es que se vayan al país de donde vinieron”, pidió Dávila, una jefa de su hogar de 48 años y madre de siete hijos, mientras atizaba los leños del fogón.

Los residentes de este y otros municipios vecinos se oponen férreamente a que la compañía continúe sus operaciones, por el daño social y ambiental que afirman ha causado desde que se instaló en 2007.

Conflictos como este han estallado en otras zonas de Guatemala y en otros países de América Central, no solo con empresas mineras sino también de energía hidroeléctrica.

“No es justo, y lo peor es que nunca nos preguntaron si queríamos que esas empresas vinieran aquí”, agregó, Dávila en el diálogo sostenido con IPS mientras no paraba de mover sus manos en la cocina instalada en un improvisado campamento, que IPS visitó el 29 de abril.

La falta de consultas previas con la población de las localidades donde se instalan ese tipo de proyectos es un problema recurrente en los países centroamericanos, cuyos gobiernos incumplen disposiciones internacionales que llaman a consultar previamente si la población está de acuerdo o no con esas inversiones.

Organizaciones ambientalistas celebraron a fines de abril en la capital guatemalteca el Segundo Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana contra la Minería,  que concluyó con la exigencia de que los gobiernos del istmo cumplan con las obligaciones internacionales y regionales para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada.

“Hacemos un llamado a los gobiernos de Centroamérica para que reflexionen, sobre la viabilidad de esto que le llaman desarrollo, cuando sabemos que la industria extractivista es un modelo de destrucción y de muerte para nuestros países”, expicó Julio González, del colectivo ecologista guatemalteco MadreSelva, al concluir las jornadas del encuentro, el 27 de abril.

Esa organización y las demás participantes en el encuentro han unido esfuerzos en la Alianza regional antiminera, a fin de conformar un bloque con más músculo ante la presencia de la industria extractiva en los países del istmo.

En el municipio de Casillas, en el departamento de Santa Rosa, en Guatemala, sus habitantes mantienen un bloqueo de la carretera que conduce a la mina de San Rafael Las Flores, para impedir el paso de suministros hacia el yacimiento. En la imagen, Rosa Dávila, en el centro, mientras pela mazorcas de maíz en el campamento improvisado de los activistas. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Una de las normas en que basan su actuación  es el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en vigor desde septiembre de 1991, que ha sido ratificado por 22 países, entre ellos los centroamericanos excepto El Salvador y Panamá.

El artículo 6 del Convenio establece que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados (…) cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, como sucede cuando una institución del Estado, de rango nacional o municipal, otorga una concesión a consorcios internacionales.

Pero eso es poco menos que letra muerta en las naciones del istmo que lo han ratificado, dijeron activistas consultados por IPS durante el encuentro.

Los Estados no han promovido las consultas, porque creen que se detienen importantes proyectos de desarrollo, por lo que son las aldeas y pueblos afectados los que han efectuado las suyas propias, añadieron.

Solo en Guatemala, donde 63 por ciento de la población es de origen indígena, se han realizado alrededor de 90 de estas consultas, bajo el mecanismo de mano alzada.

“Antes de que lleguen las empresas hidroeléctricas, empezamos a hacer la consulta, y preguntamos si esos empresarios tienen derecho a tomar nuestros ríos, y la inmensa mayoría dijo que no”, contó a IPS el indígena maya Cirilo Acabal Osorio, de 69 años.

Hasta ahora lograron parar intentos empresariales en las ocho comunidades en resistencia en esa región, predominantemente maya, añadió este oriundo de Zona Reina, del municipio de Uspatán, en el departamento de Quiche, en el noroccidente de Guatemala.

En Honduras ha habido más de 40 cabildos abiertos en los que la población de diferentes localidades ha rechazado proyectos similares, aseguró Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), perteneciente a la Compañía de Jesús en ese país.

“Pero el Estado sigue desconociendo la voluntad popular”, acotó.

Los ambientalistas dijeron que los gobiernos del área no consideran vinculantes esos procesos de consulta, y consecuentemente no los toman en cuenta.

Antes de que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobara, en marzo del 2017, una histórica ley que prohíbe la minería metálica en todas sus formas, organizaciones civiles desarrollaron consultas populares en al menos cuatro municipios, amparadas en el Código Municipal.

De momento no habría necesidad de más consultas, pues la ley cortó de tajo esas inversiones, pero el fantasma de la minería sigue presente luego de que la derecha, su aliada natural, obtuviera una aplastante mayoría en la Asamblea Legislativa en las elecciones del 4 de marzo, advirtió Rodolfo Calles, de la Asociación de Desarrollo para El Salvador.

El Convenio 169 se refiere únicamente a los pueblos autóctonos, aunque los expertos dijeron en el foro que pueden aplicarse legislaciones nacionales que lleven el mismo fin: las personas afectadas por cualquier actividad industrial deben ser informadas y preguntadas previamente.

“En el caso de países que no tienen presencia de pueblos indígenas, utilizarán sus otros mecanismos que sin duda habrá, como la consulta popular”, señaló a IPS la especialista Sonia Gutiérrez, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala.

La industria extractiva no tiene peso económico en la región, pese a sus efectos al ambiente y a la producción de las localidades donde se desarrolla, dijo a IPS el activista nicaragüense Olman Onel. En su país, por ejemplo, recordó que solo aporta uno por ciento del producto interno bruto y 0,66 por ciento del empleo.

Por otra parte, los participantes del foro denunciaron la persecución policial y judicial que viven los ambientalistas en toda la región, como un mecanismo para acallar la oposición a tales proyectos.

Landa, de Eric, aseguró que en Honduras, donde en los últimos años se han aprobado más de 800 proyectos extractivos y 143 hidroeléctricos, han sido asesinados alrededor de 127 ambientalistas, incluyendo el caso de Berta Cáceres.

Ella fue acribillada el 3 de marzo del 2016, por su férrea oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca, proyecto ubicado entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, en el noroeste del país.

Mientras tanto, en San Rafael Las Flores, sus habitantes se han organizado para defender sus tierras y su modo de vida, la agricultura, aunque el daño por la actividad extractiva ya es evidente, manifestaron.

El agricultor Rudy Pivaral, de 62 años, dijo a IPS que ya se nota la afectación a la flora y fauna, y hay una disminución y secamiento de fuentes de agua, lo cual impide mantener las dos o tres cosechas que trabajaban al año, además de los problemas a la salud asociados a la contaminación del agua.

Alrededor de 96 familias de la aldea La Cuchilla, encaramada en un cerro aledaño al yacimiento, tuvieron que ser desalojadas por los daños en las paredes de las casas, debido a las vibraciones producidas por la perforación de las rocas.

Fuente:http://www.ipsnoticias.net/2018/05/ciudadania-centroamericana-requiere-consultada-la-mineria/

Mexico

¡Salió el PEINE! — ¡MORENA apoya la Minería Tóxica en BCS!

El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Bustos Alvarado, expresó que una prueba más de que MORENA y sus candidatos están vinculados a intereses mineros, es la alerta que lanzó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) que públicamente señaló a ese partido de pretender atraer mayores inversiones canadienses en el sector minero.

Bustos Alvarado se refirió al comunicado que hace unas semanas lanzó la Red Mexicana de Afectados sobre la intención de Morena de atraer inversiones de mineras canadienses.

“Esta organización civil que no tiene vínculos, ni fines partidistas, señaló públicamente que es preocupante la intención de suscribir compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México, con salarios justos y cuidado del medio ambiente”, agregó.

Recordó que en enero pasado AMLO presentó un decálogo de acciones para hacer frente al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y en el sexto punto del mismo, dice de manera textual “Promover un acuerdo bilateral específico con Canadá para ampliar la contratación de trabajadores mexicanos en ese país y suscribir compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México….”.

“Mientras AMLO pretende traer más empresas mineras a México, los candidatos de morena en Baja California Sur, le mienten a los ciudadanos diciendo que no apoyan la minería, que no tienen vínculos con intereses mineros, cuando sus propios militantes y ex dirigentes lo han denunciado”, señaló Bustos Alvarado.

Fuente:https://colectivopericu.net/2018/05/02/salio-el-peine-morena-apoya-la-mineria-toxica-en-bcs/

Internacional

Tren a Oporto para protestar contra la minería de uranio a cielo abierto

España- El próximo fin de semana, días 5 y 6 de mayo, se celebrará la Marcha Ibérica en Tren contra la Mina de Uranio en Retortillo, organizada conjuntamente por la Plataforma Stop Uranio de Salamanca y las asociaciones portuguesas Quercus (asociación ecologista) y AZU (Asociación de Zonas Uraníferas). Las tres asociaciones realizarán una labor de difusión de los peligros que acechan a Portugal por la posibilidad de apertura de instalaciones radiactivas en Salamanca.

La marcha discurrirá por la línea de tren que recorre el valle del Duero en Portugal desde Pocinho hasta Oporto. Se repartirán folletos informativos en las estaciones de tren por las que discurre la línea, y se celebrará una rueda de prensa en la localidad de Reguo y un acto informativo en la misma ciudad de Oporto.

Ahora que se cumplen veinte años del desastre de Aznalcóllar, el desarrollo de proyectos de minería a cielo abierto al otro lado de la frontera puede “suponer un tremendo riesgo para la vida del río Duero y de los habitantes que del mismo se nutren” aseguran desde Stop Uranio. Afirman desde la asociación que “un estudio encargado a WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) muestra como el río Yeltes, afluente del Duero, va a quedar muy dañado por la mina”.

Avisan además que “polvo radiactivo y gas radón que emitirán las minas que Berkeley Minera pretende abrir” serán peligrosos para los vecinos de Salamanca. Así lo manifiesta también la Agencia Portuguesa de Ambiente, señalando que el proyecto de explotación minera de uranio en Retortillo “era susceptible de tener efectos ambientales significativos en Portugal” por la cercanía a la frontera portuguesa, en “atención a la dirección de los vientos”.

Según la asociación Stop Uranio “las administraciones españolas no han consultado con Portugal” las consecuencias de la explotación de la mina de uranio en Salamanca y tampoco han “sometido a información pública los distintos proyectos de minería de uranio en Salamanca” saltándose de esta forma “a la torera los tratados firmados por ambos países”.

Fuente:http://diario16.com/tren-oporto-protestar-la-mineria-uranio-cielo-abierto/