Colombia

Corte hará audiencia para debatir el futuro de las consultas populares

La Corte Constitucional realizará este jueves una audiencia clave para definir el alcance de las consultas populares en el país y establecer si, a través de este mecanismo de participación ciudadana, se puede prohibir o no la minería y explotación de recursos naturales en los territorios.

Esta audiencia pública, que recogerá las opiniones y voces de diferentes sectores frente al tema, se da en medio de la revisión que está haciendo ese alto tribunal de una tutela de Mansarovar Energy Ltda. contra una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta que permitió que siguiera adelante una consulta popular que terminó frenando la extracción de petróleo en Cumaral (Meta).

El 19 de octubre del 2016  la alcaldía de Cumaral presentó un decreto en el que señaló que un número significativo de ciudadanos radicó solicitudes en el despacho de la administración municipal para que se iniciara la consulta popular.

Después de que el Tribunal del Meta y el mismo Consejo de Estado negaron la tutela de la empresa indochina Mansarovar, la consulta siguió su curso y en junio del año pasado con 7.703 votos, el 97 por ciento de los cumaraleños que votaron decidió que no quería más explotación de hidrocarburos en su territorio. 

Para Mansarovar es claro que no se podía prohibir la minería a través de una consulta popular porque hay normas que establecen que la Nación es dueña del subsuelo y las entidades territoriales no pueden decidir sobre él. 

Así, la Corte les preguntará a los invitados en la audiencia sobre cuáles son las competencias nacionales y cuáles las de las entidades territoriales en materia de propiedad de subsuelo, cuáles son los criterios de distribución de los recursos de regalías, cuál es el aporte del sector minero para el país, y qué tensiones generan en los territorios las operaciones mineras.

También se consultará qué mecanismos se usan para que la minería opere en las regiones, y qué tan coordinadas están las entidades nacionales y locales en esta materia. Además, se preguntará qué consecuencias han generado las consultas populares en actividades y proyectos minero-energéticos. 

En la audiencia se espera un intenso debate, pues serán escuchados los diferentes sectores como el representante legal de Mansarovar Energy Colombia, el Tribunal Administrativo del Meta que avaló la consulta popular, el alcalde de Cumaral (Meta), el presidente del Concejo Municipal de Cumaral, el Gobierno, a través de sus ministerios de Minas, Ambiente, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el Procurador, Defensor, entre otros.

También asistirán representantes de la sociedad civil como el Presidente de la Federación Colombiana de Municipios, el director de Dejusticia, de la Fundación Ideas para la Paz, y abogados ambientalistas.

Además, se esperan las intervenciones de delegados del sector minero y petrolero del país.

En todo este debate hay varios antecedentes en la Corte Constitucional. Aunque una decisión del 2014 de ese alto tribunal estableció que en los casos de minería y explotación de recursos la Nación debe ponerse de acuerdo con los entes territoriales, otro fallo de junio del 2016  les dio el poder a las alcaldías y a los concejos municipales el poder de prohibir la minería, luego de tumbar el artículo 37 del Código de Minas que les impedía hacerlo.

El argumento de la Corte en esa ocasión consistió en que esa norma debía tramitarse por una ley orgánica -que requiere de más votos en el Congreso para su aprobación- y no por una ley ordinaria, con el fin de que tengan mayor representación las comunidades ya que afecta la vida de las comunidades.

Fuente:http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/audiencia-en-la-corte-constitucional-sobre-consultas-populares-de-mineria-y-petroleo-203066

Venezuela

Comunidad indígena de Sifontes denuncia violencia minera y presiones del gobierno para apropiarse de sus territorios

Indígenas de la comunidad San Luis de Morichal han denunciado el asesinato de al menos dos de sus hermanos pemones, a manos de grupos armados autodenominados “sindicatos”, dedicados a la minería ilegal al sur del estado Bolívar. Pueblos indígenas de Gran Sabana se solidarizaron con sus hermanos ante la creciente violencia minera que amenaza sus territorios que, en teoría, están protegidos por la Constitución nacional.

Pueblos indígenas del municipio Gran Sabana se solidarizaron con la comunidad de San Luis de Morichal, en el municipio Sifontes, quienes exigen el reconocimiento y respeto al territorio pemón. A su vez reiteran que no habrá ningún tipo de negociación para la actividad minera en la zona, ante las presunciones de que el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, tenga intereses mineros en la zona y por eso pretende negociar.

Jorge Pérez, concejal de Gran Sabana, señaló que tienen información de que este martes acudirán representantes del gobierno regional hasta San Luis de Morichal, por cuanto reiteró: “las tierras indígenas no se negocian”.

Solicitan también una investigación a funcionarios de seguridad por contar con presuntas maquinarias en El Chiguao, en el municipio Angostura.

El pueblo de San Luis de Morichal ha intensificado sus denuncias contra la violencia a manos de bandas criminales dedicadas a la minería ilegal. Se han referido al menos de dos asesinatos, sobre los que acusan a grupos armados autodenominados sindicatos.

El caso más reciente es el de la desaparición de Oscar Meya, hermano del capitán Omar Meya. El hecho habría ocurrido el 13 de marzo cuando fue secuestrado, según las denuncias del consejo de caciques del pueblo pemón. También acusan de la desaparición de Domingo Cabrera, el pasado 30 de julio de 2017, a los mal llamados sindicatos, los cuales estarían vinculados con cuerpos de seguridad.

La violencia minera al sur del estado Bolívar es de vieja data, con enfrentamientos entre bandas y otros con organismos de seguridad, que a su vez han sido cómplices en el fortalecimiento de estos grupos irregulares. Los resultados: muertes violentas y menos control de la minería ilegal.

Con la creación del Arco Minero del Orinoco, el problema recrudeció, pues con ello llegan denuncias de operaciones de limpieza de las minas para ser entregadas a trasnacionales a las que se les otorgó las concesiones para la exploración y explotación minera. Los casos más recientes han sido la masacre de Tumeremo en marzo de 2016, y la de la mina Cicapra en febrero de este año.

Fuente:http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/63477-comunidad-indigena-de-sifontes-denuncia-violencia-minera-y-presiones-del-gobierno-para-apropiarse-de-sus-territorios

Ecuador

Anuncian marcha y plantón en Tulcán contra la minería

TULCAN:- Nilo Ortiz, presidente del Gobierno Descentralizado de Chical, confirmó ayer que el próximo 16 de abril se movilizarán pobladores de varios sectores del noroccidente carchense hasta Tulcán, para protestar contra la minería legal e ilegal.

Llegarán a la plaza central para luego dirigirse hasta la Gobernación del Carchi, donde protagonizarán un plantón e intentarán ser recibidos por el representante del Ejecutivo en la provincia para hacerle conocer la posición que mantienen frente al tema minero.

 

Rechazo

Víctor Arévalo, vocal del GAD de Maldonado, manifestó que existe inconformidad en esta parroquia frente a la concesión del cerro Golondrinas e importantes áreas de los territorios de este sector, razón por la que se han unido a esta iniciativa.

Arévalo, quien denunció sobre la migración de pobladores de esta jurisdicción, ubicada a 80 km de Tulcán, hacia el sector de Buenos Aires (Imbabura), cautivados por la fiebre del oro, sostiene que la minería solo traerá a Maldonado convulsión social y violencia.

Ortiz comentó que definen un plan de contingencia para no tener problemas durante la acción de protesta. Agregó que estarán presentes delegados de El Pailón, El Verde, Chical, Puerramal, Quinshull, La Esperanza y Unthal.

“Vamos a decirle a los ecuatorianos que no queremos minería legal ni ilegal. Queremos a cambio que se invierta en turismo, producción inorgánica y el aprovechamiento de agua pura que beneficiará las jurisdicciones de la zona.

 

Intereses políticos

Santiago Chamorro, subsecretario del Ministerio de Minería, quien ayer lideró un proceso de información sobre explotación inclusiva, transparente y limpia dirigido a los comunicadores, señaló que las áreas concesionadas en el noroccidente de Carchi han sido autorizadas de forma legal y transparente.

Reconoce que la minería ilegal ha pretendiendo generar problemas en El Cielito, donde la situación ha sido controlada, y en La Concepción donde se ha iniciado una investigación profunda.

Consultado sobre la marcha que se anuncia para el 16 de abril, es enfático al señalar que obedece a tintes políticos. Lamentablemente, esta actividad al ser un tema sensible hay quienes quieren aprovecharse de estos procesos responsables para continuar desinformando a las comunidades en busca de réditos políticos.

“Los grupos que se oponen de alguna manera a la actividad minera responsable se están oponiendo al desarrollo del país. Otra cosa sería que ayuden a combatir la minería ilegal, que es el verdadero cáncer que afecta al Ecuador”.

No obstante, indicó que siempre estarán prestos a dialogar para alcanzar acuerdos y exigir que todos los concesionarios cumplan con la normativa existente jurídica y ambiental, y que se aplique la consulta previa, libre e informada en las zonas a concesionar.

Chamorro denunció que seis de las 14 mil hectáreas del cerro Golondrinas habrían sido deforestadas, situación que no se ha sido mencionada por los ambientalistas ni las autoridades de las parroquias del noroccidente.

 

Patrimonio natural y acuífero

Para Ortiz, si Santiago Chamorro es la autoridad debe tener documentos, testimonios y mediciones de los lugares deforestados para sostener que han sido eliminadas seis mil hectáreas.

“Sería bueno que el subsecretario Chamorro visite este patrimonio natural y mida sin son seis mil hectáreas. Yo no voy a polemizar, simplemente hay que demostrar lo que precisa y nada más”.

La autoridad chicaleña señala que está defendiendo lo que su pueblo le ha pedido, salvaguardar un patrimonio natural y acuífero. Aclara que no es un asunto politiquero sino la defensa de la vida que es un derecho social, político, económico y sustentable.

 

Comentó que se han realizado acercamientos y diálogos con la comunidad Awá y dirigentes de las parroquias de Gualchán Jacinto Jijón y Caamaño para que se unan a esta protesta. (CMRV)

 

 “Si no nos hacen caso tomaremos otras medidas, las que la población disponga”, sentenció. 

Nilo Ortiz, presidente del Gobierno Descentralizado de Chical

Fuente:https://lahora.com.ec/carchi/noticia/1102148642/anuncian-marcha-y-planton-en-tulcan-contra-la-mineria-

Mexico

Habitantes de Chalchihuites demandan el cierre precautorio de la minera Unidad El Toro

Este lunes marcharon y realizaron el cierre simbólico de la empresa canadiense

También participaron representantes de Salaverna, Mazapil e integrantes del Observatorio de Conflictos Generados por la Minería

Gente que vive de la ganadería, denuncia que el agua corre aceitosa, turbia, y que temen por sus animales; otras personas han advertido de la muerte de algunas cabezas de ganado

Refieren que la contaminación del agua generada por la minería causa enfermedades cutáneas y gastroinstestinales, así como afectaciones en ojos y oídos

Unas 350 personas procedentes de colonias y barrios la cabecera municipal de Chalchihuites, además de comunidades como La Colorada, Rancho Colorado, Piedras Azules, Rancho del Cura; y otras solidarias, como Salaverna, Mazapil, así como integrantes del Observatorio de Conflictos Generados por la Minería, realizaron ayer una manifestación para solicitar al cabildo, entre otros puntos de un pliego petitorio, que interponga la demanda contra la Minera First Majestic Unidad El Toro ante la Secretaría de Economía federal.

La petición está sustentada en lo dispuesto en la Ley Minera y su Reglamento, y refiere el caso de que la población o los trabajadores tengan en riesgo su integridad física; y para salvaguardarla, el que la SE realice una investigación para determinar las medidas que debe tomar la empresa, y que en caso de no acatar, podrían llevarla al cierre definitivo.

“Mi oro es el agua, el aire y la tierra” se leía en una de las pancartas que sintetiza la visión de las personas que se reconocen como integrantes de un movimiento que está suscitándose no sólo en el estado de Zacatecas sino en México y el mundo, como expuso Claudia Castellón, quien dio voz al pliego petitorio que le fue entregado al alcalde Israel Flores Miranda.

El balance local es el siguiente: 600 empleos mal pagados (15 veces menos que lo que un minero en Canadá recibe por el mismo trabajo), no justifican los daños irreversibles al medio ambiente en el que actualmente habitan sólo en la cabecera municipal de Chalchihuites, unas 5 mil personas.

Por otro lado, exponen que el poblado ha subsistido por más de 461 años (viviendo de la agricultura y la ganadería) sin la presencia de los consorcios transnacionales extractivistas, quienes a diferencia de sus antecesores, tienen procedimientos mucho más agresivos.

Entre los datos, recuperados de la propia página oficial de la empresa minera se refiere que sólo en 2017 extrajo 478 mil toneladas de mineral, y ofreció al micrófono el cálculo Efraín Arteaga Domínguez, representante en la entidad de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que para su procesamiento se requieren tres metros cúbicos de agua por cada tonelada.

Los testimonios de la población hablan de la existencia de aguas residuales de la industria minera que transitan por el arroyo del Cajón para desembocar finalmente en el Río Chalchihuites y el Río Súchil (este último ubicado en Durango), las poblaciones que toca en su avance son Piedras Azules, Racho Colorado, San Antonio de Guadalupe, San José de Buenavista, entre otras.

Gente de Rancho Colorado que vive de la ganadería, denuncia que el agua corre aceitosa, turbia, y que temen por sus animales, otras personas han advertido de la muerte de algunas cabezas de ganado.

El recuento refiere asimismo manifestaciones cutáneas, enfermedades gastroinstestinales, y afectaciones en ojos y oídos, que asocian con la contaminación del agua provocada por la minería.

El Movimiento Civil Chalchihuites constituido a partir de que desde hace unos tres meses se manifestaran una serie de detonaciones que cimbraron las casas de los pobladores de la cabecera municipal, cuenta en un censo propio, unos 50 domicilios afectados en diferentes grados.

Así el recuento, ayer el recorrido de los pobladores de Chalchihuites, salió del jardín principal ubicado en el centro frente a la sede del gobierno municipal, para recorrer alrededor de un kilómetro y medio hacia oriente, donde se encuentra la puerta principal de la de la Minera First Majestic Unidad El Toro.Luego de gritar una serie de consignas en que manifestaron su opción por vivir libres de minería y en un ambiente sano, realizaron un cierre simbólico de la empresa filial de la canadiense Silver Corp.

Desde 2007 la minera Fist Majestic Unidad El Toro inició operaciones en Chalchihuites sin que la población supiera de su presencia, explotan las minas San Juan, San Nicolás y Dolores.

“Fist Majestic, unidad El Toro:
Por este medio, se le notifica que a partir de hoy, quedan canceladas todas y cada una de las concesiones mineras que ilegítimamente le concedió el Estado neoliberal mexicano.

Su presencia en nuestra tierra es un atentado a nuestra Soberanía Nacional, por en riesgo la integridad física y la vida de los trabajadores y de los habitantes de la comunidad, y esta envenenando por polución nuestra tierra, nuestra agua y nuestro aire”.

De regreso al corazón del poblado entregaron un pliego petitorio al presidente municipal interino, Israel Flores Miranda, cuatro integrantes del cabildo y el secretario del ayuntamiento.

El ex director de Obras Publicas que asumió el cargo luego que su antecesor priísta pidiera licencia para contender nuevamente por la alcaldía ahora por el partido Nueva Alianza, expuso ante los integrantes del Movimiento Civil Chalchihuites, estar “del lado del pueblo”, y en ese sentido no estar coludido con la empresa, como expusieron los manifestantes sucede regularmente en los tres órdenes de gobierno.Dijo que buscará documentarse para dar una respuesta sustentada, pero ofreció su apoyo para hacer “lo pertinente”, pero también acoto que debe atender tanto a quienes comparten esta visión como el caso contrario, no obstante las personas hicieron manifiesto que no buscan afectar a los trabajadores de la First Majestic Unidad El Toro por lo que refirieron que han solicitado en caso de su cierre precautorio para la investigación que se salvaguarden su derecho al salario otras prestaciones laborales, pero también que en caso de una disyuntiva definitiva, sigue siendo la mayoría de la población la que ya ha sido afectada, mientras los beneficios de carácter laboral sólo refieren a unas entre 500 a 600 personas.

Fuente:http://ljz.mx/2018/04/10/habitantes-de-chalchihuites-demandan-el-cierre-precautorio-de-la-minera-unidad-el-toro/

Internacional

La dejación de funciones de la tríada Tahoces-Conde-Feijóo explica para En Marea la falta de control sobre el sector de la minería en Galicia

El Grupo Parlamentario acusa a la Xunta del PP de «estar haciendo de parapeto de las empresas mineras» mientras incumple su deber de defender los intereses de la población gallega.

En este sentido, el viceportavoz de En Marea en el Parlamento gallego Antón Sánchez, aseguró este viernes que las las distintas denuncias por denegación de información o las investigaciones por posibles delitos contra el medio ambiente por parte del Gobierno gallego no son excepciones sino «la norma de un país donde el Gobierno gallego no cumple su función de control y sanción», y en la que los responsables últimos son el actual Director Xeral de Enerxía e Minas Ángel Bernardo Tahoces, el titular de la Consellería de Economía e Industria Francisco Conde y el propio Presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo.

En rueda de prensa, el también Coordinador Xeral de Anova hizo mención a los múltiples casos en los que el actual Ejecutivo gallego ha tenido una actuación irregular u opuesta a la defensa real del territorio para beneficiar a las empresas del sector extractivo. Así, recordó la sentencia en la que se concena a la Xunta de Galicia por denegar información sobre la mina de Corcoesto o las denuncias del Defensor del Pueblo por la opacidad en relación al desastre ambiental originado por las pizarreras de Ourense o la mina de cobre de Touro.

Sánchez se refirió también a la reciente admisión a trámite por parte de las Naciones Unidas de las denuncias de las asociaciones Petón do Lobo y Ouriol do Anllóns referentes a la denegación de información relativa a varios proyectos mineros, así como la decisión de la Fiscalía de Medio Ambiente que ha acordado la apertura de diligencias y ha trasladado al juzgado las graves irregularidades encontradas en la mina de San Finx, «advirtiendo de la discutible actuación de la empresa pero también de la Xunta», no llegando a descartar que se haya cometido un delito contra el medio ambiente o los recursos naturales.

Por todos estos motivos, el diputado Antón Sánchez ha afirmado que «la actuación de la Xunta no son excepciones, sino que son la norma de un país donde la Xunta no cumple la función de control y sanción de comportamientos y acciones que dañan el medio ambiente y la calidad de vida de la gente que vive en su entorno».

Fuente:oces-conde-feijoo-explica-para-en-marea-la-falta-de-control-sobre-el-sector-de-la-mineria-en-galicia

 

Mexico

Muestra Wirikuta alerta por amenaza de minería industrial

 La defensa que del territorio de wirikuta han hecho diversos artistas queda plasmada en la muestra colectiva que, hasta el próximo 6 de mayo, se exhibe en la Galería José María Velasco, bajo el título de Wirikuta. Se trata de, añadió la Secretaría de Cultura en un comunicado, más de 40 piezas, entre serigrafía, punta seca, xilografía y linóleo, además de arte objeto hechos con chaquira y estambre, así como textos, que se adentran en la cosmovisión del pueblo wixárika o huichol, pero también una llamada de atención.
Y es que el espacio sagrado conocido como Wirikuta, ubicado en San Luis Potosí, se encuentra seriamente amenazado ante la minería industrial contemporánea que se hace a cielo abierto y que es una de las actividades humanas más agresivas para el medio ambiente.
Ante esta situación, artistas plásticos fueron convocados para expresar gráficamente la problemática que enfrenta ese territorio simbólico milenario, donde el pueblo wixárika sufre el despojo por parte de mineras extranjeras.
El visitante podrá admirar obras en serigrafía como ¡Viva Wirikuta! de Adolfo Mexíac, Santuario huichol de Roberto Romero, Desierto viviente de Eduardo Juárez, Una raíz que sangra libertad de Aldo López Rivas y Mini invasión de Sarah Tisdall. Entre venados, peyotes o hikuris y soles, el espectador se adentra al universo huichol, a través de piezas que recuerdan que Wirikuta “¡no se vende!”, pues se trata de un sitio que “¡se ama y se defiende!”. Yobani presenta una serigrafía que, titulada EZLN, señala que “esta es una guerra de exterminio en contra de nuestros pueblos. No a la minería en Wirikuta”, mientras otras obras claman “salvemos Wirikuta. Corazón Sagrado de México”. Entre piezas gráficas en blanco y negro y otras de gran colorido, el público podrá observar el sufrimiento del pueblo huichol ante el despojo generado por las 22 concesiones mineras otorgadas a empresas canadienses, en obras como Mirando al sol de Francisco Plancarte y Wirikuta no se deja de Arturo Reyes Mata.
La muestra va acompañada de diversos documentos que dan cuenta de la problemática en la región como el de Ignacio Betancourt, Crónica de un crimen mil veces anunciado, además de arte objeto hecho a la manera tradicional del pueblo wixárika, con estambre y chaquira. Venados, calaveras, canastas de barro y ollas de tres agujeros finamente cubiertos con las pequeñas cuentas, así como muestras del arte de estambre en cuadros como Serpiente custodiando hikuri y Tayau (Padre Sol), también forman parte de la exposición.
Al mismo tiempo, quienes visiten la Galería José María Velasco tendrán la oportunidad de disfrutar de otras muestras, ya que el recinto presenta en su exposición de gabinete la obra de Carlos Mena Álvarez, una serie de óleos de corte neoexpresionista, nacidos de una decepción amorosa que el autor canalizó en una propuesta plástica. La pieza del mes en esa galería es Contemplación, un óleo de gran formato de Horacio Rodríguez Rocha, mientras que la artista invitada es Renata Pérez Hernández, quien presenta una serigrafía que detalla el centro del Calendario Azteca. Wirikuta está en exhibición hasta el próximo 6 de mayo en la Galería José María Velasco, en Peralvillo 55, colonia Morelos, en horario de martes a domingo de 9 a 18 horas, los miércoles hasta las 20 horas y la entrada es libre.

Fuente:https://mexico.quadratin.com.mx/muestra-wirikuta-alerta-por-amenaza-de-mineria-industrial/

Mexico

Se generaliza el movimiento por zonas libres de minería

El plan de desarrollo energético que el gobierno federal impulsa en la zona norte de Puebla, ha desencadenado un movimiento social generalizado que busca la declaratoria municipal para decretar zonas libres de actividad minera, hidroeléctrica y de hidrocarburos.

El plan de desarrollo energético que el gobierno federal impulsa en la zona norte de Puebla, ha desencadenado un movimiento social generalizado que busca la declaratoria municipal para decretar zonas libres de actividad minera, hidroeléctrica y de hidrocarburos: un movimiento que nació hace apenas cinco años en Centroamérica.

A la fecha son 95 los municipios de la entidad que ya tienen comprometida una superficie de más 630 mil 774 hectáreas de suelo, donde se pretende la perforación de 10 mil 92 pozos para la extracción de gas mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking), la instalación de 12 minas a cielo abierto, la operatividad de siete plantas hidroeléctricas y la instalación de ocho ductos de hidrocarburos.

La totalidad de estos proyectos son rechazados por los habitantes de cada una de las regiones, lo que ha provocado un movimiento social impulsado por los pueblos originarios, el cual pretende solicitar a los gobiernos locales de los 95 municipios con proyectos de desarrollo, que se declaren territorios libres de minería, hidroeléctricas y fracking.

La más reciente manifestación del movimiento social que pretende la declaración de zonas libres de proyectos mineros, hidroeléctricos y de hidrocarburos tuvo lugar en el municipio de Ixtacamaxtitlán, donde los pobladores exigieron al alcalde la citada declaración para que frene el proyecto minero en ciernes.

Cabe recordar que en la localidad de Santa María Zotoltepec, según lo señalado por Rosario Taracena, vocera del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), la minera canadiense Almaden Minerals pretende crear una mina a cielo abierto que requerirá abrir un tajo de más de mil metros de diámetro -equivalentes a 140 campos de futbol- para explotar oro y plata.

“Venimos a manifestar de manera contundente nuestro rechazo al proyecto minero de Almaden Minerals por los abusos y las violaciones que está cometiendo en nuestros territorios y comunidades campesinas e indígenas; y también que se cierren las puertas a este proyecto y sea expulsado de manera definitiva de nuestras comunidades”, señaló la activista Ignacia Serrano de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua y de la Tierra Atcolhua.

Antes que la comunidad de Ixtacamaxtitlán solicitara a su alcalde la declaratoria de zona libre de minería para este municipio, fueron los municipios de Actopan y Alto Lucero, en Veracruz, los primeros en lograr una declaratoria municipal sobre la no actividad minera, hidroeléctrica o petrolera en sus municipios.

Posterior a los municipios de Actopan y Alto Lucero se sumaron a este movimiento los ayuntamientos de Acacoyagua, en Chiapas, y Zanatepec e Ixtepec, en Oaxaca, donde los pobladores lograron que el cabido de esos municipios decretara la actividad extractiva como una forma de atentado al medio ambiente, la seguridad sociedad y a la salud pública.

El primer antecedente que se registró en este tipo de movimientos sociales data de 2013 en Honduras, luego que el municipio de El Negrito-Yoro declaró a la minería como actividad prohibida en esa localidad, seguido por el municipio de Cabañas en San Salvador, donde la comunidad de Cinquera se opuso a la operación de un proyecto minero en la zona.

Ahora, tras el movimiento que está resurgiendo en la zona norte de Puebla tras la postura declarada por los defensores del medio ambiente en Ixtacamaxtitlán, también el municipio de Caltepec podría declararse como zona libre de minería, luego que una asamblea popular, en la comunidad de Santiago Acatepec, decidió cerrar la puertas a la minera Sumex.

En esta región, la minera se quiere apoderar de más de mil 500 hectáreas en la zona de Zapotitlán, Acatepec, en los límites con Oaxaca, para explotar la arcilla de ese territorio por una concesión de más de 50 años, donde pretende pagar a la comunidad 35 pesos por tonelada de mineral extraído, por lo que se ha solicitado también la declaratoria municipal de zona libre de minería.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/40031-se-generaliza-el-movimiento-por-zonas-libres-de-mineria

Bolivia

Empresa china en Inquisivi podría ser sancionada

El ministro de Minería, César Navarro, indicó que evaluarán la resolución de la provincia Inquisivi que determinó expulsar a la empresa china Comabol. Asimismo, sostuvo que “cualquier empresa boliviana o de capital extranjero que no cumpla con la normativa social o tributaria será sancionada”.

Indicó que investigarán la resolución de la comunidad para conocer si se trata de un tema de contaminación ambiental o de otro tipo, Se buscara determinar si no se trata de un interés de la población para ingresar al territorio la explotación minera.

El pasado viernes, habitantes y organizaciones de la provincia Inquisivi determinaron expulsar de su territorio y no permitir el ingreso de empresas chinas, que pretendan explotar la riqueza mineralógica de esta región.

El conflicto surgió entre comunarios y la empresa Comabol, de capitales chinos a la que acusan de intentar ingresar a su territorio por la fuerza y con amedrentamiento. La Defensoría del Pueblo intervino en este caso y se logró que se convoque a una reunión para solucionar el conflicto, junto con autoridades del Ministerio de Minería y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/regional/08042018/empresa_china_que_opera_en_inquisivi_podria_ser_sancionada

Haiti

Colectivo de Organizaciones Haitianas exige detener proyecto de ley minera que favorece a las empresas

Con motivo del Día Mundial del Agua, celebrado el 22 de marzo pasado, el Colectivo de Organizaciones Haitianas compartió un comunicado de prensa sobre los peligros de aprobarse un proyecto de ley minera que favorece a las empresas del sector, poniendo en peligro la vida de la propia población de Haití. A continuación lo reproducimos en español.

En ocasión del Día Mundial del Agua, el Colectivo de Organizaciones Haitianas que luchan en contra de la explotación de minerales en el país denuncia la notable amenaza que impone la explotación minera para Haití.

En todo el mundo, las experiencias de minería industrial de metales demuestran sus efectos negativos para el agua al reducir su disponibilidad y calidad. Por ejemplo, la minería aurífera utiliza 250 mil litros de agua por hora. En un día, una mina puede gastar la misma cantidad de agua que utilizaría una familia campesina en 20 años, o incluso más. Las empresas contaminan las aguas subterráneas y los ríos debido a los químicos y metales pesados que utilizan para procesar el oro. El cianuro es un producto químico notablemente peligroso que se utiliza para separar el oro de la roca. Si no se desecha como es debido, puede contaminar ríos, manantiales, e incluso las capas freáticas.

 

En la actualidad, las empresas nacionales e internacionales se asemejan a buitres que se aprovechan de la situación de pobreza, analfabetismo e indolencia de la población haitiana para saquear nuestros recursos naturales y causarnos más sufrimiento. La explotación de minerales en países como Haití (comenzando con la colonización en 1492, 1956-1972 con SEDREN, 1956-1982 con REYNOLDS), El Salvador, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia, y otros países en África tales como República Democrática del Congo y Ghana demuestra que la pobreza y el subdesarrollo son las consecuencias de la extracción de recursos naturales. El estudio de estos casos aclara la realidad y desmiente la propaganda según la cual la explotación de minerales da trabajo y desarrollo.

 

En la actualidad, más del 15% de la tierra en el país está bajo el control de empresas multinacionales que vienen a Haití para negociar con los recursos de nuestro suelo. A su vez, la minería de grava y arena continúa sin supervisión. Una buena parte de la población campesina se encuentra amenazada. El pequeño terreno que cultivan podría terminar en manos de las empresas. La producción agrícola nacional está en baja y en vías de desaparición debido al interés de las empresas por apropiarse de las tierras fértiles que producen alimentos. La pobreza y hambruna irán en aumento conforme disminuye la cantidad de tierras de cultivo y la población aumenta. Hoy en día, nuestros manantiales, ríos, y pozos corren riesgo de secarse y contaminarse con una serie de productos químicos que incluye el cianuro, el plomo y el mercurio. Las tierras forestales también van disminuyendo, a pesar de que el Artículo 253 de la Constitución de 1987 exige respeto al medio ambiente por ser éste el entorno natural de la población. Hoy nos enfrentamos al Proyecto de Ley Minera que el gobierno de Haití elaboró con apoyo técnico del Banco Mundial. El proyecto lo está evaluando el Parlamento. Es obvio que el proyecto de ley no respeta el espíritu de la Constitución, ni muchas de sus disposiciones.

 

Denunciamos categóricamente la manera en que el Estado de Haití les ha permitido a las empresas llegar a “negociar”, sin el más mínimo respeto a la vida o al ambiente, sobre todo al agua. Las empresas intentan convencer a la población rural que sus vidas cambiarán con la minería. Encima, amenazan a quienes se oponen a la minería, a quienes indican que, desde la llegada de Colón, la minería ha causado hambruna, desempleo, pobreza y sufrimiento – sobre todo para las y los campesinos, quienes viven en barrios pobres, las y los trabajadores, y las y los más desfavorecidos.

 

El Kolektif Jistis Min denuncia categóricamente a las y los parlamentarios que favorecen la minería y que pagan la propaganda de las empresas que tienen títulos mineros, los cuales en su mayoría ya han caducado. Este Día Internacional del Agua, instamos al Parlamento a no votar a favor de la aprobación de la ley minera del Banco Mundial, la cual amenaza con envenenarnos. Alentamos al Parlamento a que siga el ejemplo de El Salvador, donde se aprobó una ley prohibiendo la minería de metales en todo el país.

 

Kolektif Jistis Min (KJM) insta a las comunidades, a las organizaciones, y a la población comprometida a alzarse para exigir a las autoridades del gobierno aquí y a las empresas voraces a que den marcha atrás a esta propuesta peligrosa – incluso mortal.

Sin oro podemos vivir, sin agua no
¡Sí a la vida, No a la explotación minera!

Para el Colectivo:
PAPDA, POHDH, MODEP, BATAY OUVRIYE, GARR, CE-JILAP, TET KOLE

Fuente:http://movimientom4.org/2018/04/colectivo-de-organizaciones-haitianas-exige-detener-proyecto-de-ley-minera-que-favorece-a-las-empresas/

 

Honduras

“Valle de la Desesperanza” de Goldcorp Inc/Entre Mares

La lluvia ácida no es una leyenda, lo saben los habitantes de El valle de Siria, ubicado a unos 120 kilómetros de Tegucigalpa. Las comunidades de Cedros, El Porvenir, y San Ignacio –tres municipios en la parte más oriental del departamento de Francisco Morazán– fueron afectadas por la minería de cielo abierto. Una variante del modelo extractivista. Contaminadas las aguas de sus ríos la lluvia en algún momento tenía que caer cual profecía bíblica. El derrumbe moral aquí es inminente ante la voracidad de los resultados de un modelo que ha heredado generaciones enfermas y empobrecidas. Aquella idea del desarrollo económico y la bondad de las empresas mineras es una que se desmitifica con la misma facilidad con la que cae una línea hecha con piezas de dominó.

Aquí vive Cristi, ella tiene dieciocho meses. No sabe que está enferma, no sabe que el cabello se le cae, no tiene la más mínima conciencia que un futuro lleno de incertidumbre le espera. Aneli, es madre de Cristi. Con dieciocho años, a ella también se le cae el cabello, sus problemas de salud comenzaron desde su nacimiento. Las dos nacieron enfermas, nacieron con la marca de la minería en sus cuerpos, una marca que llegó al valle a principios del 2000 y se instaló en las aguas de los ríos: las fuentes de agua que las comunidades del valle usaron siempre. Se abastecieron de estos ríos muchos años antes de la llegada de la minera, los usaron durante los ocho años de explotación de la Mina San Martín, y los siguen usando tras siete años de haber declarado el cierre de la mina, un cierre que para muchas organizaciones de derechos humanos –como OXFAM, El Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) y el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras– y para las mismas comunidades, está lleno de irregularidades.

En 2002, la empresa «Minerales Entre Mares de Honduras» extrajo 129,435 onzas de oro, lo que significó remover un aproximado de 2.5 millones de toneladas de tierra, solamente en esos doce meses. Esto habría que multiplicarlo por los 8 años de su operación. Tomando en cuenta que la cotización de una onza de oro en 2002 fue de 310 dólares -actualmente supera los 1,200-, se calcula para la compañía un ingreso ese año de 40.1 millones de dólares, producidos por una planilla que no superaba los 200 empleados.

Según la Ley de Minería vigente en Honduras, las empresas mineras solo pagan un 6% del total exportado en impuestos anualmente, una cantidad que no logra resarcir los daños ambientales que deja esta actividad.

La empresa minera Entremares subsidiaria de la trasnacional Goldcorp que también tiene proyectos en México, Guatemala, Argentina, República Dominicana, Canadá y Estados Unidos  explotó durante ocho años un total de catorce mil cien hectáreas en la zona de El Valle de Siria, y aunque la empresa declaró el cierre de la Mina San Martín para 2008, tiene aprobadas otras concesiones en estado de explotación por un total de cuatro mil cuatrocientas hectáreas en los municipios de Mapulaca, Lempira (1700), Distrito Central, Francisco Morazán (1400), y Marcovia, Choluteca (1300), datos que revela el Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos.

–¿La has llevado al médico?
–No.
–Y vuelve a quedarse callada. Aneli no dice mucho, apenas da respuestas monosilábicas. Dice «no» y vuelve al ensimismamiento –quizá provocado por la cámara, quizá provocado por tener que contestarle a un extraño– y la mirada tierna clavada en el rostro de su hija.

Oneida, madre de Aneli, abuela de Cristi, podría estar enferma también. No lo dice, no hay necesidad. Sus hijos nacieron enfermos porque ella consumió agua que resultaría contaminada con metales pesados. Ella se ve más interesada por saber los vínculos familiares. Si mi apellido es originario de dónde, y que en El Pedernal –su aldea– también hay Cálix. Hace que se esconde de mis preguntas y de la cámara. No hago mayor intento. Sé que he invadido la frágil cotidianidad en la que transcurren los días para ella y su familia.

Las mujeres en el Valle de Siria fueron siempre invisibles. Ellas no figuraron nunca en los cuadros estadísticos de nada. De nada, excepto quizá en los censos electorales. Las mujeres como Oneida, y como Aneli, han estado relegadas a los roles eternos: cuidar de la infancia, los quehaceres domésticos, ser esposas abnegadas que con dedicación cuidan de sus maridos. Ellos, sus maridos, sus hijos, los campesinos convertidos en obreros con la llegada de la minera, serían la base fundamental de una empresa que haría de sus comunidades un territorio habitado por la desolación.

En San Ignacio pasó exactamente lo mismo. Otras mujeres dirán lo mismo. Que lo único que se multiplicó en sus vidas fueron los cuadros clínicos severos. En San Ignacio se ha documentado el caso de cinco mujeres afectadas por la contaminación. Algunas de ellas vinculadas en labores de aseo y cocina con la empresa, otras dedicadas a sus roles en sus hogares. Cinco mujeres a quienes se les tuvo que someter a operaciones en donde se les extrajo la matriz. Era eso o morir.

–¿Qué le dijeron?
–Nada. A mí sólo me la sacaron.

Sulay tiene 52 años. Es dueña de una mirada profunda y una sonrisa esquiva. Ella es una de las cinco. Su cuerpo se contaminó con plomo, arsénico y talio –me dice– porque ella lava la ropa de su esposo quien antes trabajaba en la mina. Miguel, su esposo, llega montado a caballo, es un día bueno, ha logrado montar a «Payaso» –un caballo blanco cruce de caballo español y yegua peruana– después que estuvo cuatro meses sin poder hacerlo debido a un problema en su columna. «Payaso» baila, lo sigue a donde va, se hace el dormido. El caballo parece disfrutar tanto como Miguel esa relación que yo veo de lejos, que no entiendo.

Miguel es uno de treinta cinco ex trabajadores de la minera que se asociaron en el año 2009, luego de que la Mina San Martín cerró operaciones. Se asociaron para pedir una indemnización al Estado hondureño que la empresa no les dio por sus problemas de salud. Ahora padecen de enfermedades que han deteriorado sus cuerpos por haber estado expuestos a la contaminación en el proceso de extracción del oro y la plata. Columnas con discos dislocados o con artritis, y distintos tipos de cáncer, son parte del cuadro clínico general que los ex mineros narran. Otros han muerto ya, dicen. Los casos de mujeres que sufrieron aborto producto de la contaminación –calculan los mismos ex empleados de la mina y sus compañeras– implican una cifra difícil de calcular. Ellos y ellas dicen que fueron atendidos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que allí les perdieron los expedientes, que fueron atendidos en Clínicas Viera, donde sus expedientes eran modificados para hacerlos pasar como personas que estaban bien de salud. Otros análisis les fueron hechos por un científico italiano del que me hablan pero no me muestran ningún resultado médico como si bastara con empeñar la palabra en un país donde sólo creemos lo que vemos, y lo que vemos es el hondo abismo.

Miguel fue operario de maquinaria pesada, de volquetas y retroexcavadoras, de ésas grandes como las que salen en las revistas, en los programas de NatGeo y en internet. Y me muestra uno de sus compañeros una foto en su celular buscada en google. Se ríen, y no se entiende bien porqué se ríen. Que no saben pero de alguna forma aprendieron el oficio de ser mineros. Aquello les gustaba. Aquello les daba sueños. Aquello les daba la esperanza de sacar de la pobreza a sus familias. Rolando se guarda el celular en el que me ha mostrado la foto de la volqueta. Me dice que lo que le sucede a él es casi lo mismo, que su columna se ha debilitado con el paso del tiempo, que a sus cuarenta y siete años tiene días en los que su cuerpo no responde, que le toca quedarse en cama.

–La presión la ando siempre a punto de darme un paro cardiaco.
–E inhala de su cigarrillo, y contesta una llamada que lo aleja de la conversación.

Marilú, es esposa de Rolando y también está enferma. A ella le da dolores de cabeza, y le duele la espalda. Sus hijas padecen enfermedades respiratorias –cuenta– que no se pueden curar. Dicen que son enfermedades de las que los médicos no explican mucho, nada en realidad.

En la comunidad de San José de Palo Ralo, a pocos kilómetros del casco urbano de San Ignacio –aunque utilizar el concepto de urbanidad sea más un eufemismo para describir un par de calles pavimentadas– viven dos mujeres, dos hermanas, Maritza de veintiocho años y María de cuarenta y uno. Las dos son madres solteras. Las dos consumieron durante sus embarazos agua contaminada que sacaban de un pozo que la minera bajo autorización de la Secretaría de Recursos Naturales les hizo en la propiedad donde vive toda su familia, una familia extendida, llena de mujeres y niños pequeños. De hombres mayores. Algunos jóvenes, pero la mayoría han decidido apostarle por el sueño americano, y ya se han ido, hace años que comenzaron a irse.

Maritza y María son madres de niños que nacieron enfermos. A Jeferson, hijo de Maritza, le aquejan las enfermedades respiratorias. A Antony, hijo de María, lo que le sucede es un problema de crecimiento, problemas al hablar –poco le entiendo pero en su balbuceo su madre se pierde como quien se pierde en un laberinto y no sale más–, también nació con malformaciones físicas que le impedirán caminar, aunque María tiene la esperanza que con una operación se solucione.

Antony y Jeferson –los dos de seis años– dejaron de ir al médico. Perdieron la rutina de sus citas médicas porque sus madres no pudieron más con la carga económica que implicaba viajar desde su comunidad –una pequeña aldea de San Ignacio– a Tegucigalpa. Maritza no podía seguir costeando los mil doscientos lempiras ($50) de movilización para que su hijo fuera atendido en el Hospital Escuela.

 

–Para nosotros el valle es la vida, para algunas organizaciones es venir, sacar algunas fotos, porque eso significa la posibilidad de justificar presupuestos. La gente está cansada. –Me dice alguien, y me dice que puedo decir lo que me ha contado, pero que no use su nombre. Se lo prometo, que no lo haré. Pero entiendo en su mirada que es poco lo que me cree.

 

Las mujeres en El Valle de Siria fueron siempre invisibles. Ellas no figuraron nunca en los cuadros estadísticos de nada. La minera sólo contrató a unas pocas para atender los quehaceres domésticos de los ejecutivos extranjeros de la empresa. Para lavarles la ropa. Para que les cocinaran. Para que mantuvieran siempre limpia la casa hospedaje que ahora ha sido convertida en el Centro Turístico San Martín, donde la noche cuesta cuarenta y cinco dólares, y no se le permite a ningún huésped, por ninguna razón, que lleven aparatos fotográficos y de video.

–Sacar fotos está prohibido.
–¿Y entonces qué tiene de divertido?
–No lo sé. Pero no te dejarán sacar fotos.

En algún momento, porque nadie recuerda bien las fechas en una historia común que tiene mayores implicaciones que la percepción temporal, el Comité Ambientalista de El Valle de Siria denunció la contaminación de las aguas en los ríos que atraviesan el valle justificando la denuncia en estudios que se hicieron a las aguas. En 2009, la Agencia Católica de Ayuda para Inglaterra y Gales (CAFOD, por sus siglas en inglés) realizó dos investigaciones que estuvieron a cargo del Dr. Adam Jarvis y el Dr. Jaime Amazega de la Universidad de Newcastle, sobre los niveles de acidez del agua en los afluentes de la zona del valle, los estudios revelaron que el agua alcanzó un pH entre 2,5 y 3, y altos niveles de cadmio, cobre y hierro, estos resultados serían recogidos en el documento «Ficha de Registro Impactos Negativos de la minería Centroamérica: San Martín» publicado por CEICOM. La empresa –dicen los ambientalistas– respondió con el montaje de criaderos de tilapia. Que las aguas no estaban contaminadas, dijeron. Pero contrataron después maquinaria de la municipalidad de San Ignacio para que les hiciera el favor de enterrar los peces. Que nada quedara de ellos.

 

La economía del valle antes de la minera era eminentemente agrícola. Pero el ganado comenzó a morirse. El maíz dejó de darse. Y ahora lo que siembran es caña para pastizal de la ganadería. Lo que se ve a través de los largos caminos de tierra que comunican las comunidades del valle son animales famélicos. Acomodados en grandes extensiones de tierra infértil donde a la maleza le cuesta crecer. El imponente paredón vacío que la minera provocó en una de sus montañas. Ríos cuyas aguas son sospechosas de arrastrar oro, pero también los metales que han enfermado la vida de las comunidades.

En los postes del incipiente servicio de energía eléctrica ondean las banderas de los partidos políticos que ahora mismo se encuentran en franca carrera electoral. Los rostros sonrientes de los candidatos con las mismas promesas que han sido incapaces de cumplir desde hace más de veinte años. Un puente –o más bien, la idea de uno– destruido por las crecida salvaje del río sobre el que está, y cuyo costo oficial aproximado rondó la temeraria cifra de los seis millones de lempiras. Casas pequeñas de adobe y repelladas con cal donde viven familias numerosas, anónimas, que se resisten a la idea de morir o de irse, porque todo lo que conocen es la vida del valle, aunque el valle ya no tenga mucho que ofrecerles a sus habitantes.

 

–La juventud está perdida. Sólo saben de beber y drogarse. –Me dice el conductor de la mototaxi en la que me transporto.
–¿Qué drogas?
–Marihuana, coca…
–¿Y dónde la consiguen?
–Ahora esto es un corredor para la droga. Y los que no se drogan se van para los Estados Unidos.
–Pero los chicos tienen opciones, hacen deporte, juegan fútbol, ¿y las chicas?
–Embarazarse, cuidar de la casa, beber y drogarse. Aquí hay niñas de trece años embarazadas.

Tiene treinta y dos años, y ha estado seis veces en los Estados Unidos, ya lleva varios años conduciendo una mototaxi para alimentar a su familia. Tiene tres hijos, con distintas mujeres me dice. Que el primero lo engendró cuando tenía trece y que entonces no estaba preparado, no supo que hacer. Ahora está pensando en volver a intentarlo en el norte. No hay trabajo. No hay salud. Y como suele venir en este paquete de infortunios, las posibilidades educativas son escasas.

Alguien que conoce bien los problemas educativos del valle es la profesora Jesús. Ejerce el oficio desde 1987. Es maestra de veintiún niños y niñas del primer grado en la Escuela José Trinidad Cabañas. El centro educativo tiene una población estudiantil aproximada de 350 niños y niñas de la comunidad de El Pedernal en el municipio de El Porvenir.

La Profesora Jesús tiene cincuenta y tres años, y padece de problemas dermatológicos desde 2009. Año en el que la minera dicen que cerró operaciones. Pero ya no se trata más la alergia y laceraciones que se le acrecientan en la temporada de calor. Una temporada que ya no saben en qué época del año es, porque el clima ha cambiado drásticamente en la zona del valle. Ella y sus alumnos están enfermos. Lo sabe. Pero también sabe que es poco lo que se puede hacer ya. Y aunque su mirada es clara, atraviesa sus ojos vidriosos para decir cosas que apenas entiendo. Acaso la tristeza de saberse una comunidad con pocas posibilidades.

El reto actual de las comunidades del valle es evitar un mayor avance del modelo extractivista que amenaza las únicas fuentes de agua que quedan sin contaminar: sus aguas termales. Ocho mil hectáreas del valle han sido concesionadas por cincuenta años a la empresa «12 tribus» y cuya concesionaria es Ormat Technologies de origen israelita para la instalación de una empresa generadora de energía térmica. Que judíos lleguen al Valle de Siria hasta parece una broma de mal gusto, o una paradoja de lo mal que están pasando algunas cosas en el mundo.

Luego de ir al valle una verdad de la que me doy cuenta es que estas personas me han dado mucho contándome sus historias, y yo no les he dejado nada, apenas este texto que se publica en formato digital. Así que las posibilidades que lo lean son escasas. Pero si existe una verdad que pesa más que todo el oro y la plata de las montañas que rodean el valle es que el resarcimiento moral que el Estado hondureño tiene en comunidades como las de El Valle de Siria es enorme, quizá impagable. Aquí donde la consigna de «vida mejor» es una caja vacía.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/04/valle-de-la-desesperanza-de-goldcorp-inc-entre-mares/