Colombia

Los intereses políticos detrás de la minería

Seis alcaldes colombianos que están en zonas de operación de intensa actividad minera dijeron en el Congreso Nacional de Minería que quienes están detrás de las consultas populares tienen intereses políticos, al tiempo que reclamaron una distribución equitativa de las regalías.

En el panel sobre “Minería y Territorio: la visión regional”, que se celebró en el congreso anual de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), en Cartagena, los mandatario locales pidieron al Gobierno y a la sociedad atender con más eficiencia la problemática social de las regiones con explotación de minerales.

El alcalde de Barrancas, La Guajira, Jorge Cerchiaro, aseguró: “las poblaciones no estamos siendo las más beneficiadas con las regalías. La distribución no corresponde a la calidad de municipios productores y entonces en lugar de soluciones lo que tenemos son problemas”.

Para el alcalde de Buriticá, Antioquia, Humberto Castaño Úsuga, se debe reformar el Sistema Nacional de Regalías porque “actualmente estamos en desventaja frente a poblaciones que no tienen minas”. Para este mandatario, en otras zonas reciben lo mismo que en las poblaciones mineras, pero “en nuestros territorios hay personas de muchas regiones y los conflictos sociales son mayores. Soy un convencido que la minería debe ser el eje de desarrollo en Colombia. No podemos perder de vista que hay intereses políticos entre quienes dicen defender el medio ambiente. Nosotros sabemos y lo hemos comprobado”.

A su turno, el alcalde de Segovia, Antioquia, Gustavo Tobón, consideró que “sobre las consultas populares hay una movilización política para aspirar a cargos y la información que está llegado a la población no es concreta. Además, las preguntas están direccionadas. Han satanizado a la minería y muchos colegas alcaldes se esconden, son muy cómodos porque evaden el tema por miedo a perder el manejo político”.

En la actividad académica la alcaldesa de la Jagua de Ibirico, Cesar, Yarcely Rangel, aseguró que los municipios productores necesitan regalías directas. “Se están negando los recursos del orden nacional, falta respaldo del Gobierno y eso está desestimulando a las comunidades en lugar de incentivarlas”.

Orlando Rodríguez Ramírez, alcalde de Vetas, Santander, localidad ubicada en inmediaciones del Páramo de Santurbán, dijo que él y su población defienden la minería. “En esa región completamos 463 años de minería y el páramo está protegido. Cuidamos como los que más las nueve mil hectáreas de ese paraíso y se hace explotación en solo 600 hectáreas. Sin embargo, hace cinco años, desde los escritorios en las grandes ciudades, les dio por quitarnos el sustento. Aquí llegan 200 millones de pesos por regalías y eso no es presupuesto que alcance para las necesidades”.

*Por invitación de la Asociación Colombiana de Minería.

 Fuente:http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/mineria-colombia-denuncias-alcaldes-CA8651646
Perú

Familia campesina peruana apela contra Newmont en el Tribunal de los EE. UU.

En una decisión reciente, una corte federal de Delaware decidió que Maxima Acuña Atalaya y el caso de su familia contra Newmont Mining Corporation, deberían ser escuchado en Perú, no en Delaware, donde la compañía se originó hace casi 100 años.

La corte tomó esta decisión pese a que expresó inquietudes sobre la evidencia presentada por la familia que demuestra la influencia significativa e impropia de la compañía sobre las cortes peruanas, y a pesar de reconocer que la conducta de las empresas estadounidenses en el exterior plantea problemas morales sustanciales.

Pero los Chaupes siguen persistentes. Junto con EarthRights International (ERI), tienen la intención de apelar la decisión del tribunal de distrito ante el Tercer Circuito y continuar la lucha para que Newmont rinda cuentas en Delaware.

Los Chaupes han indicado que agotarán todas las vías legales que consideren necesarias para garantizar que Newmont respete los derechos humanos de las comunidades que viven en la región de Cajamarca.

Desde 2011, Newmont Mining Corporation, una empresa estadounidense y una de las empresas de explotación de oro más grande del mundo, lideró una campaña de hostigamiento y abuso contra la familia Chaupe con la intención de expulsarlos de sus tierras y allanar el camino para una nueva mina de oro a cielo abierto en Perú. La mina propuesta “Conga” sería una de las más grandes de América Latina. Después de que las autoridades peruanas no protegieran a los Chaupes del abuso físico y psicológico a manos del personal de seguridad de Newmont, la familia entabló una demanda contra Newmont ante el tribunal federal de EE. UU. en Delaware en septiembre de 2017. Los Chaupes solicitaron una orden judicial pidiéndole a Newmont que cese el  abuso y que repare  por los años de abuso que han soportado.

En el otoño de 2017, Newmont presentó una moción para desestimar la demanda de Chaupe bajo la doctrina de Forum Non Conveniens, argumentando que el caso debe ser escuchado en Perú, no en los Estados Unidos. Newmont afirmó que era inconveniente litigar el caso en Delaware a pesar de que la compañía está incorporada en ese estado. La familia y sus abogados se opusieron a la moción de Newmont, argumentando que es poco probable que los Chaupes obtengan un juicio justo en Perú, dada la evidencia de la corrupción de Newmont en los tribunales locales.

 

Declaraciones

“Vamos a luchar hasta el final para que Newmont aprenda a respetar los derechos humanos y la propiedad”. Ysidora Chaupe Acuña, demandante

“Casos legales como este pueden durar mucho tiempo. Esto no es inusual, y no nos sentimos desalentados por la decisión judicial más reciente. Todos estamos comprometidos con la justicia y no dejaremos de luchar por los derechos de la familia Chaupe “. – Marissa Vahlsing, Abogada EarthRights Internacional

 

Contexto

Los Chaupes son agricultores de subsistencia que residen en las tierras altas rurales de Cajamarca, Perú. Tienen cultivos y  ganado en un terreno conocido como Tragadero Grande hace  más de veinte años. En 2011, agentes de Newmont Mining Corporation intentaron expulsarlos de sus tierras por la fuerza para que Newmont pudiera expandir sus operaciones de extracción de oro. Desde entonces, la familia reclama que los agentes de Newmont han utilizado el acoso y la violencia para tratar de desalojar a los demandantes. . Los Chaupes alegan que han sido atacados y amenazados físicamente, y que los agentes de Newmont han destruido sus propiedades y posesiones, y han matado o atacado a sus mascotas y su ganado. Alegan que Newmont tiene el poder de poner fin a estos abusos, pero se rehusaron a hacerlo porque los Chaupes se interponen en el camino de los planes de Newmont para construir una enorme mina de oro.

La demanda federal de EE. UU. fue presentada en septiembre 2017 y la solicitud adicional presentada hoy buscan detener un patrón de acoso y abuso físico y psicológico que la familia Chaupe ha sufrido a manos del personal de seguridad que trabaja en nombre de Newmont y sus filiales corporativas. Newmont, una compañía minera de EE. UU. constituida en Delaware, es uno de los productores de oro más grandes del mundo.

El caso es Acuña-Atalaya v. Newmont Mining Corp., No. 17-cv-01315-GAM en la Corte de Distrito Federal de los EE. UU. para el Distrito de Delaware. Además de EarthRights International, los demandantes están representados por la abogada pro bono de Delaware, Misty Seemans.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/familia-campesina-peruana-apela-contra-newmont-en-el-tribunal-de-los-ee-uu

Mexico

Contra minería, en defensa de la Sierra de la Laguna

El Frente Ciudadano de Defensa del Agua y la Vida de Baja California Sur, presentó un breve video de las razones por las que se opone a la instalación de la minera “Los Cardones”; fundamentalmente señalan que cualquier tipo de minería, llámese a cielo abierto, sustentable o responsable genera los mismos contaminantes tóxicos.

En la presentación señalan lo siguiente: “breve video de el por qué defendemos la Sierra de la Laguna de las amenazas de la mega minería tóxica, ahora re-bautizada por las mineras como “responsable” o “sustentable”.

Señalan los defensores del agua que “pero su cuento no lo aceptamos, pues independientemente de como la quieran llamar, los procesos de extracción y generación de contaminantes son exactamente los mismos, tanto en cantidad como en toxicidad”.

Tal como lo hemos publicado oportunamente en Minera pondría en riesgo 80% de agua en La Paz, BCS, los peligros de la minería a cielo abierto son múltiples, a decir de los opositores a dicha factoría.

En un estudio publicado por el colegio de ingenieros de esa entidad se calcula que la dispersión del polvo contaminante sería del 170 kilómetros.

“Para extraer todo el oro el mineral es molido a menos de 60 micras (tan fino como un talco), y una vez desechados, estos polvos fácilmente pueden ser arrastrados por los vientos y llevados a distancias mucho mayores que las distancias a las que se encuentran nuestros pueblos y ciudades”, señalaron los defensores del medio ambiente en la entidad.

Añadieron que “estos polvos son ALTAMENTE TÓXICOS pues contienen Arsénico, Metales Pesados y Elementos Radiactivos (de acuerdo a los análisis entregados por la minera a SEMARNAT).”

Agregaron además que por lo fino del polvo proveniente de la mina “son fácilmente INHALABLES, lo que permite la ENTRADA DIRECTA DE LOS TÓXICOS AL TORRENTE SANGUÍNEO, con AFECTACIÓN A LA SALUD”.

“Adicionalmente también CONTAMINARÍAN el SUELO y el AGUA, las PLANTAS y ANIMALES SILVESTRES, los CULTIVOS, el GANADO y los ANIMALES DOMÉSTICOS” añadieron.

En ese sentido consideraron inconcebible que a pesar de que sea una actividad altamente tóxica “tengan el cinismo de llamarlo minería “responsable”.

Fuente:https://regeneracion.mx/contra-mineria-en-defensa-de-la-sierra-de-la-laguna-video/

Colombia

Pueblos indígenas de la Sierra Nevada resisten a la minería

8 may. CI.- Los cuatro pueblos ancestrales que habitan dentro de Línea Negra (área de protección de la Sierra Nevada) han venido siendo afectados cultural y ambientalmente por la minería. Ellos denuncian la falta de garantías de consultas previas y la vulneración y afectación de los derechos de autonomía y Gobierno sobre el territorio.

Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos luchan por la reivindicación de lo que se les ha conferido en las resoluciones de 1973 y 1995 a través de la Sentencia T849-14 de la Corte Constitucional, en la que declaran el territorio de la Línea Negra como “Una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene para los cuatro pueblos indígenas, por esa razón, esas comunidades deben ser consultadas cuando un proyecto pueda afectar el ejercicio de sus derechos, no hacerlo constituiría un incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones y una vulneración de los derechos de la comunidad”.

Sin embargo, esta Sentencia no ha impedido la proliferación de megaproyectos extractivistas y de infraestructura sobre territorios pertenecientes a la Línea Negra. Durante un proceso de verificación con la Agencia Nacional de Minería realizado en el 2017, se evidenció la existencia de 132 títulos mineros activos y 395 solicitudes de la misma naturaleza que podrían afectar hasta 300 fuentes hídricas.

“Hemos visto que la minería no respeta zonas de especial protección, espacios sagrados, asentamientos humanos, glaciares, nacientes de agua, cabeceras de cuencas ni ecosistemas frágiles. La actividad minera es de alto efecto negativo, quien diga no tiene impactos ambientales está mintiendo”, escribió El Concejo Territorial de Cabildos de la Sierra a la Procuraduría General de la Nación en septiembre del año pasado.

Las luchas y resistencias de quienes habitan este territorio ancestral aún son por el reconocimiento de los indígenas como autoridades ambientales que regulan sus propias maneras de proceder, incluyendo la toma de decisiones de lo que acontezca en el territorio. La conservación de la biodiversidad y la protección de 1.600.000 hectáreas contra cualquier tipo de intervención extractivista es su misión. Además, luchan por salvaguardar los grupos étnicos que son víctimas de desplazamiento forzado y la ampliación de resguardos indígenas.

Todo ello se ha visto materializado en pleitos jurídicos desatados durante la última década que entre procesos de tutelas y fallos buscan proteger y resistir a favor de los derechos fundamentales de esos cuatro pueblos indígenas. Ejemplo de ello es el proceso que desató el pueblo Arhuaco durante siete años para impedir la exploración petrolífera que proyectaba realizar la empresa canadiense Energy Co en la Sierra Nevada de Santa Marta y que finalizó en marzo de este año a favor de los indígenas.

En el 2017, el Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta falló tutela a favor de los cuatro pueblos. La Sociedad Farallones S.A.S pretendía construir una edificación sobre un sitio sagrado identificado por las comunidades como Jate Matuina que desemboca del Río Gaira y hace parte de la Línea Negra.

Sin embargo, y a pesar de la férrea oposición a los usurpadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Gobierno Nacional sigue siendo negligente a la hora de garantizar la protección de fuente hídricas. Se conoce del funcionamiento de cinco minas ilegales de oro en los ríos Naranjales, San Salvador y Río Negro, con daños al agua, aire y suelo por vertimiento de mercurio, cianuro y otros químicos concentrados.

Para los indígenas, contaminar el Río San Salvador es acabar con la “madre vieja”, lo que significa acabar con la madre de los alimentos. Este está ubicado dentro del cerro sagrado de la fertilidad y la procreación Ukumeizhi y sus aguas desembocan en otros sitios sagrados. Ello es un ejemplo del panorama general que se presenta con los megaproyectos mineros que buscan usurpar territorios ancestrales.

¿Cómo sigue esta lucha?

En noviembre del año pasado se convocó a una minga de protesta en Valledupar (Cesar) donde participaron 2.000 personas de esos cuatro pueblos indígenas.

“Nunca nos habíamos expresado públicamente. Este es un acto pacífico en el que solo tuvimos la palabra como herramienta. Llegamos aquí porque nos preocupan los megaproyectos, las hidroeléctricas, represas, minería e infraestructura que tienen programados para nuestro territorio y que podrían generar en un desequilibrio sin control a futuro”, comentó la economista del pueblo Arhuaco Saday Rosado.

Días después el Gobierno Nacional tomó la decisión de congelar temporalmente 585.000 hectáreas, que se suman a las 383.000 hectáreas que ya están protegidas como Parque Nacional Natural en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, el propósito y el punto álgido es que en total se protejan las cerca de 1.600.000 hectáreas reconocidas por la Corte Constitucional. Este total es lo que conforma la Línea Negra, abarcando 17 municipios y un distrito en los Departamentos Magdalena, Cesar y La Guajira.

El gabinete nacional expresó que estas hectáreas son un primer paso para que este territorio esté libre de minería. Actualmente la Procuraduría estudia la asignación de la Sierra Nevada como sujeto de derechos, condición similar a la otorgada al Río Atrato.

Mientras tanto se siguen organizando líderes de distintas organizaciones sociales, campesinos y miembros de los pueblos indígenas para oponerse a la minería.

Este 3 de mayo se reunieron en Valledupar preocupados por la explotación minero-energética de los recursos naturales del subsuelo de la Sierra Nevada de Santa Marta, mediante el uso de técnicas no convencionales como el fracking. Decidieron concertar pedagogías y asesorías jurídicas para reunir propuestas hacia un Cabildo Abierto.

“Decimos no al fracking porque defendemos la vida. Tenemos completamente la certeza de que arrancar de la tierra sus recursos de esta forma destruye el planeta y lo envenena. Decimos no a esta técnica porque es la única manera de garantizarle un futuro a nuestros hijos en el planeta. Y le pedimos a las autoridades locales y regionales que eviten que el fracking llegue a la Sierra Nevada de Santa Marta”, dijo Lenín Fernández, líder social que hizo parte de la reunión fracking.

Fuente:www.colombiainforma.info/pueblos-indigenas-de-la-sierra-nevada-resisten-a-la-mineria/

Mexico

Rechazo a minería tóxica ante notario

La Paz, BCS- Marco Antonio Almendáriz Puppo, candidato a la alcaldía de La Paz del Frente por Baja California Sur, mostró el acta notarial en la cual se pronuncio en contra de la minería toxica.

El abanderado del PAN, PRD, PRS y Humanista, señaló que dejará este tema por la paz, ya que su compromiso quedó plasmado ante notario “Yo ya fije mi posicionamiento, aquí prácticamente manifiesto que vamos en contra de la minería toxica”, refirió.

Almendaríz Puppo, comentó que es momento de que los paceños conozcan las demás propuestas que tiene sobre temas como el agua potable y mejorar los servicios públicos.

Además señaló que tiene un programa denominado “doctor en tu colonia”, que pretende implementar de ganar la presidencia municipal de La Paz.

Asimismo, el exdiputado local señaló que el reclamo de la ciudadanía durante los recorridos que ha hecho es que no ven a los servidores públicos en la calle: “El ciudadano esta habido de atención, esa será una de mis tareas, que todo mi equipo trabaje cercano a la gente”, apuntó.

Finalmente, al cuestionarlo si continuará con las denuncias interpuestas por el actual alcalde Armando Martínez Vega, a la administración de Esthela Ponce Beltrán, dijo que el tema jurídico no lo tiene que tumbar lo político, por lo que dará seguimiento.

Fuente:https://www.elsudcaliforniano.com.mx/bcs/rechazo-a-mineria-toxica-ante-notario
Argentina

En Esquel marcharon contra el proyecto de zonificación minera

La tradicional marcha de los 4 de cada mes en defensa de la voluntad popular de no avanzar en la explotación minera ayer tuvo la particularidad de la oposición al proyecto de zonificación minera ingresado en la Legislatura que pretende establecer zonas donde la actividad sea viable. «No queremos zonas de sacrificio», expresaron los vecinos.

Los vecinos de Esquel se concentraron pasadas las 18 horas en la Plaza San Martín, para luego marchar por las calles céntricas portando carteles en contra de la minería. En lo que fue la habitual marcha de vecinos de los días 4 de cada mes, en esta oportunidad se planteó en las proclamas la preocupación por el ingreso a la Legislatura Provincial del proyecto de zonificación presentado por el diputado Alfredo Di Filippo (Convergencia) y además se expusó la renuncia del ministro de Ambiente de la provincia del Chubut, Ignacio Aguilleiro.

“El proyecto de los 8 jefes comunales, presentado como anteproyecto, fue tomado por el diputado Di Filippo. Lo tomó como sabíamos para ser tratado en la Legislatura. Pero existen otras situaciones como la renuncia del ministro de Ambiente, Agulleiro, el único dentro del Ejecutivo que abiertamente le dijo que no a la megaminería, que no era una buena idea para Chubut, y que lo único que producía era más discriminación, marginación y contaminación. Que lo del control era irrealizable, porque no existe una mina que haya podido funcionar sin contaminación. Hoy Agulleiro no está más dentro de las filas del ejecutivo”, dijo Viviana Moreno, una de las voceras de la asamblea de vecinos por el No a la Mina de Esquel.

Fuente:https://www.elpatagonico.com/en-esquel-marcharon-contra-el-proyecto-zonificacion-minera-n3071506

Perú

Ronderos se suman a marcha de agricultores y en rechazo a minería en Piura

Los integrantes de la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas se sumarán mañana lunes 7 de mayo a la gran movilización regional con la finalidad de rechazar la actividad minera formal e informal en los territorios comunales y cabeceras de cuencas hidrográficas.

Indica que el Gobierno central pretende imponer la minería a través del proyecto Río Blanco. “Pero nosotros estamos por la defensa del agua, la vida, el medio ambiente y nuestros territorios comunales”, señala la federación.

Refiere que los gobernantes buscan desconocer la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007, donde las comunidades altoandinas de la región optaron por el desarrollo sostenible basado en las actividades agrícolas, pecuarias, artesanales y la promoción del turismo.

De esta manera, agrega, rechazan toda actividad minera que afecta las tierras agrícolas, así como los páramos andinos y bosques de neblina que son fuentes productoras de agua.

El presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de esa provincia, Rubén Jiménez Carrión, anunció que su gremio llegará a la ciudad de Piura para movilizarse ante la amenaza de la actividad minera.

“Los ronderos no permitiremos la minería porque afectará a la agricultura, ganadería y a la población. Se trata de un proyecto que piensa ejecutarse en las zonas donde nace el agua que es vida”, afirmó el dirigente.

Asimismo manifestó que apuestan por la agricultura, ganadería y la vida de la población piurana.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1237926-ronderos-suman-marcha-agricultores-rechazo-mineria-piura

Perú

Infografía: ¿La minería trae progreso?

¿La minería trae progreso? En el 2017, la pobreza monetaria afectó al 21,7% del país. Según INEI, Cajamarca, Huancavelica y Apurimac son las regiones más pobres y son zonas donde la minería representa el mayor porcentaje de su PBI.

Un informe del diario Gestión afirma que según el documento «Desnutrición crónica infantil cero en 2016» los departamentos mineros encabezan el ranking de desnutrición crónica infantil en el Perú, resaltando: Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %). Al respecto, para el mismo diario, el economista de CooperAcción comentó que «hay más de un indicio que esta actividad extractiva no ha resultado ser beneficiosa para impulsar el desarrollo de las regiones donde cuenta con mayor presencia». 

También, llama la atención, como a pesar de no haber gran aporte social, se sigue impulsado la minería y el extractivismo en dichas regiones. Un ejemplo es la cantidad de territorio concesionado para futuros proyectos. Apurimac tiene el 46% del territorio en concesión, Cajamarca 21% y Huancavelica 26%. 

 

 

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/738-infografia-la-mineria-trae-progreso

Perú

Puno: Poder Judicial ordena que se cumpla fallo sobre Consulta a comunidades antes de emitir concesiones

Poder Judicial se pronunció a favor. Comunidades de Atuncolla, en Puno exigieron que se cumpla el fallo del 2016 donde el Poder Judicial ordenaba a IGEMMET y al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que se realice Consulta Previa antes de emitirse concesiones en territorios de comunidades.

Según declaró para Red Muqui, Rodrigo Lauracio, de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA): “actualmente, tanto IGEMMET como MINEM se niegan a que la Consulta Previa se realice en una etapa previa, de concesión, pero con la sentencia hemos logrado que se respete el derecho de las comunidades”.

También, comentó que “el Estado peruano debe seguir los estándares indicados para realizar la Consulta previa, actualmente, ello no se está cumpliendo. Se debe hacer una Consulta informada, de modo que las comunidades puedan conocer del proyecto minero, pregunten, se enteren, tomen decisiones sin presiones”. Agregó que el problema recae, muchas veces, en la forma en que se realiza la consulta. A veces los datos suelen ser abstractos, muy técnicos y eso es un limitante para los comuneros.

“Lo que no queda claro es si la sentencia también se aplica a nivel nacional”, aseveró Lauracio. Sin embargo, se trata de un gran precedente en materia de consulta previa y derechos colectivos que se haya dado.

Esta sentencia se realizó en el marco de un proceso de amparo que figura en el Expediente N° 01846-2012. Fue presentado por 11 comunidades campesinas, todas del distrito de Atuncolla, contra INGEMMET y contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Como informó el medio de comunicación Servindi, “todo el distrito tenía concesiones mineras, no solo sin previa consulta sino, sin nunca haber sido estas concesiones notificadas de forma expresa y cierta a las comunidades demandante”.

Las comunidades que lograron este histórico fallo son Palcamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Patacancha, Ticani Pampa, San José de Principio de Santa Cruz, Virgen de Soledad de la Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico.

El especialista Rodrigo Lauracio afirmó que, de no ser acatada la sentencia, el Poder Judicial podría sancionar al Estado. “Se le podría amonestar, también establecer una multa o despedir a funcionarios de no procederse con lo que ordenó el juez”. Las organizaciones sociales de la zona están haciendo seguimiento del caso.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/739-puno-pj-ordena-que-se-cumpla-fallo-sobre-consulta-a-comunidades-antes-de-emitir-concesiones

Mexico

Rechaza a minera en Mixtepec, Oaxaca

Autoridades municipales y agrarias, así como pobladores de San Juan Mixtepec, rechazaron la reapertura de la mina Los Tejocotes y hoy se manifestarán en sus accesos, para impedir los trabajos de exploración y explotación que realiza una compañía aparentemente extranjera.

En los años 40 esta mina alimentó de antimonio a la industria militar de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

El presidente municipal, Antonio Gómez Bautista dijo que este pueblo mixteco ha determinado oponerse a la minería, a pesar de estar encima de grandes yacimientos, por la experiencia dejada años atrás la explotación de esa mina.

Expuso que esa decisión está fundamentada principalmente en el saldo negativo provocado por la operación de la mina, donde murieron muchos peones por accidentes y otros por enfermedad.

“Muchos de quienes trabajaron murieron ahí por tuberculosis o sepultados”, apuntó.

Además, mencionó que la mina operada en ese entonces por la Compañía Minera de Oaxaca S.A., filial de la Texas Mining & Smelting Division of National Lead Co., fue la única en enriquecerse por la explotación del antimonio en plena Segunda Guerra Mundial.

“Al pueblo, solamente dejó muerte y enfermedades, porque todo el dinero fue para los estadunidenses y para que ganaran la guerra”, anotó.

Además, mencionó que ningún representante o directivo de la empresa ha acudido con las autoridades municipales o agrarias para reportar su presencia y el inicio de los trabajos.

“Hace como un mes llegaron en vehículos y se pusieron a trabajar, pero sin notificar a nadie; no se sabe nada”, señaló.

De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), 195 mil hectáreas del territorio de San Juan Mixtepec fueron concesionadas a la Compañía Nacional de Minerales y Metales, S. A. de C. V., para la explotación de antimonio, plata, oro, plomo, zinc, cobre y mercurio.

Fuente:http://www.nvinoticias.com/nota/91708/rechaza-minera-en-mixtepec-oaxaca