Ecuador

El proyecto Río Blanco tiene los permisos ambientales

Autor: Editorial El telégrafo.com.ec
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo
La parroquia Molleturo, del cantón Cuenca, provincia de Azuay, vivió una semana de violencia y destrucción. Allí se ubica el proyecto minero Río Blanco y, según ha informado la prensa, existe división en las comunidades, entre los que defienden el proyecto porque ha generado trabajo, instalación de redes eléctricas, agua potable y vías de comunicación, versus los que acusan a la minería de causar contaminación.
¿Cuál es la realidad ambiental en torno a este proyecto minero? La máxima autoridad en esta materia es el Ministerio del Ambiente, cuyo ministro, Tarsicio Granizo, aclaró que el proyecto cuenta con todos los permisos y las garantías para operar sin afectaciones al entorno ambiental. Hasta ahora, según el ministro, no existen evidencias de contaminación ni de malas prácticas ambientales, sin embargo los comuneros que se oponen incendiaron un campamento y obstaculizaron las vías de acceso. Frente a una situación de violencia y desacuerdos, la Escuela de Ingeniería en Minas de la Universidad de Azuay emitió una carta pública dirigida al Presidente de la República, en la cual rechaza la violencia. Demanda garantías para que la minería legal pueda operar: “Ante la situación actual de confrontación en algunos proyectos mineros, hemos creído conveniente expresar nuestro pronunciamiento en rechazo a las acciones violentas generadas por grupos opositores radicales antimineros”.
La actividad minera, dice el comunicado, está involucrada en el desarrollo técnico del sector y a favor del progreso del país. Concluye con un llamado a recuperar el diálogo con los actores relacionados de manera directa en la actividad minera, y no con los intereses políticos que causan conflicto y retroceso.
También la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) lleva a cabo inspecciones permanentes de seguimiento y control de las actividades de minería. En una nota oficial, la Agencia informó que se han identificado 20 puntos de minería ilegal en lo que va del año. Las empresas que no tienen los permisos legales causan graves afectaciones al ambiente, dice la Arcom. (O)

Fuente:https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/editoriales/1/el-proyecto-rio-blanco-tiene-los-permisos-ambientales

Perú

Tía María: a río revuelto…

Autor: Martha Meier para Expreso.com

Tía María regresa a la luz pública por la insistente oposición de los agricultores del valle del Tambo. El miércoles, más de 1,500 personas protestaron en Arequipa contra el gran emprendimiento cuprífero en una jornada que convocó a un paro indefinido de la macro región sur. Como reza el dicho: “A río revuelto, ganancia de pescadores”.

La rechifla contra este proyecto de Southern era previsible en un año de elecciones regionales y municipales como el actual; de hecho, la “preocupación” socio-ambiental es una buena plataforma para espontáneos politiqueros y para la cohesión de la izquierda, criolla y alicaída. Con el lío ganan, también, los periodistas de alquiler y los marketeros que minimizan el conflicto socio-ambiental y apuestan por resolverlo con una estrategia de medios.

Este proyecto minero operará -si acaso- en la zona del valle del Tambo, un lugar que Antonio Raimondi llamó “despensa de Arequipa” por su alta productividad y variedad de cultivos alimenticios, convertido hoy en uno de los principales centros arroceros del país.

De lo que va de 2011 a 2015, las protestas contra el proyecto tienen un saldo de siete muertos y centenares de heridos. La conflictividad socio-ambiental debe enfrentarse responsablemente en la cancha y no con un diarismo vergonzante, ni el intento de desprestigiar a líderes proagrícolas y menos con comparaciones engañosas.

Los promotores mediáticos de Tía María muestran la armoniosa convivencia agro-minería de NorthParkes, ubicada en Nueva Gales del Sur, una de las zonas agrícolas más ricas de Australia. NorthParkes, hoy en manos de China Molybdenum Company y Sumitomo Group, invirtió en la agricultura local haciéndola más productiva y competitiva. Lo que olvidan decirnos es que la de Australia es una mina subterránea, muy diferente a Tía María que es a cielo abierto en un espacio de enraizada vocación agrícola desde tiempos precolombinos.

Mal asesorada, Southern despilfarra dinero en engañosas campañas que generan rechazo e impiden alcanzar la necesaria licencia social.

Sacar adelante este proyecto minero pasa por reconvertir el modelo de tajo abierto en uno de mina subterránea para no alterar el paisaje ni abusar de explosivos generadores de contaminación por partículas en suspensión.

Depende de Southern replantear su proyecto, atendiendo las reales preocupaciones de los agricultores de la zona para demostrar su vocación proagrícola, conservacionista y respetuosa de las costumbres de quienes serán impactados por el proyecto.

¡Demuestren que sí es posible una minería responsable y limpia!

Fuente:http://www.expreso.com.pe/opinion/guerra-martha-meier-m-q/tia-maria-a-rio-revuelto/

 

Ecuador

La megaminería china y los derechos de la naturaleza

Autor: Fernanda Soliz para EL Telegrafó
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo
En las última décadas la conflictividad socioecológica alrededor del extractivismo megaminero se ha exacerbado en el sur geopolítico. La minería metálica a gran escala es, sin lugar a dudas, una de las actividades más devastadoras y ha sido responsable de la ocupación y militarización de territorios locales, así como de la persecución, criminalización, y asesinato de líderes indígenas y sociales.
En Ecuador, el país de los derechos de la naturaleza, el 16% del territorio fue concesionado para megaminería con la reapertura del catastro minero en mayo de 2016. Esta “subasta”, que se desarrolló de forma ilegal e inconstitucional, irrespetó los procesos de movilización social y resistencia.
Durante el gobierno de Rafael Correa, la profundización del extractivismo y la consolidación de un “complejo minero-petrolero-energético” fue posible gracias a un marco normativo, institucional y político, servil al imperialismo chino. No solo permitió, sino institucionalizó una suerte de “festín minero” o “capitalismo extractivista”. Este fue fundado en consensos con el gigante chino, el mayor beneficiario de concesiones en los 3 sectores. Los saldos son dolorosos y se evidencian ahora con al menos 3 gravísimos casos: el proyecto Mirador en manos de la empresa china, Ecuacorrientes SA., alrededor del cual 3 dirigentes shuar fueron asesinados, un barrio entero fue desplazado y enterrado, y decenas de comunidades sufren los impactos. Este proyecto, que ya fue sancionado por las condiciones laborales de sus trabajadores, enfrenta un proceso por incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
El proyecto San Carlos Panantza fue concesionado a la misma multinacional china, que en 2016 junto con el Estado ecuatoriano fue responsable de la desaparición de la comunidad shuar de Nankints, de la militarización y desplazamiento de otros 5 centros shuar, de la criminalización de 70 indígenas. Durante los desplazamientos forzados, Dallana, una niña de 11 meses, falleció en medio de la indolencia gubernamental. Ahora son las comunidades de Río Blanco, Llapín, Cochapamba, Hierba Buena, San Pedro de Yumate y San Felipe de Zuro, las que se enfrentan a la minera china Junefield y reciben como respuesta violencia.
Ellos denuncian el saqueo y la contaminación de sus ecosistemas, defienden los páramos del Parque Nacional Cajas, declarado por la Unesco como reserva mundial de vida, defienden el agua y la soberanía de sus territorios. El 4 de febrero de 2018, más del 70% del país votó de forma contundente en contra de la megaminería metálica en todas sus fases. (o)
Ecuador

Paz en Molleturo, en todo Azuay y en cada lugar del país amenazado por la explotación de la Naturaleza

Autor: Yasunidos.org
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo

En el mundo entero la explotación ambiciosa e indiscriminada de recursos naturales en territorios ancestrales solo ha traído pobreza, violencia y destrucción para los pueblos que los habitan, basta con revisar la historia de América o lo que ocurre este mismo día en África, Medio Oriente o cualquier otro lugar de los conocidos como “el Tercer Mundo”.

 

A esta lamentable realidad se ha venido enfrentando el Ecuador a lo largo de su historia. En las últimas décadas, con la explotación petrolera sobre todo en la Amazonía esa violencia y destrucción se centró en los pueblos amazónicos, lo que parecería a ningún político de turno le importó realmente, “el Oriente es un mito” se decía y ciertamente se ponía en práctica… a partir del 2012 con la firma del primer contrato de mega minería, es innegable que esa violencia se incrementó y expandió por el resto del país.

Hoy, la explotación petrolera, la tala ilegal, el monocultivo de palma, la mega minería entre otros, amenazan un país de una riqueza natural y cultural que llenan de emoción nuestros ojos cada vez que vemos un rincón que antes no habíamos conocido.

Por este motivo y con el afán de defender y cuidar lo que aún nos queda, invocamos, exhortamos al presidente Lenin Moreno a alejarse y diferenciarse de una vez por todas de la nefasta política implementada por el régimen de Rafael Correa. Es tiempo de actuar con decisión y valentía, cortar de raíz una de las fuentes de la violencia y la destrucción, rever la continuidad de la política extractiva impulsada por la administración anterior y apelar al trabajo, sabiduría y compromiso del pueblo de este país para sacarlo adelante.

Nos solidarizamos con las comunidades de Río Blanco, el Azuay, Imbabura, Orellana, Esmeraldas, Morona Santiago y el resto de provincias de nuestro Ecuador, en definitiva, con todas aquellas personas que están dispuestas a dar su vida por defender la naturaleza y por dejar un lugar digno de habitar para sus hijos.

NO más violencia, destrucción, ni pobreza…

NO a la minería, NO a la explotación petrolera, NO a la violación de los Derechos de la Naturaleza.

YASunidos

Fuente:http://sitio.yasunidos.org/es/comunicacion/blog/312-paz-en-molleturo-en-todo-azuay-y-en-cada-lugar-del-pais-amenazado-por-la-explotacion-de-la-naturaleza.html

Mexico

80% de la capital de Zacatecas concesionada a mineras

Autor: Gabriel RC. Regenerción.mx

Gobierno de Zacatecas reconoció que 80% de la capital está concesionada a empresas mineras extranjeras, nacionales así como a particulares.

El gobierno de Zacatecas aceptó que el 80 % del territorio de la capital de esa entidad se encuentra concesionado a mineras. Negó que todas la concesiones se hayan emitido en la actual administración y aclaró que se trata de un proceso acumulativo a través del tiempo.

La Jornada Zacatecas señaló el dia de hoy que Juan de Dios Magallanes Quintanar, director de Minas de la Secretaría de Economía del Gobierno estatal, aceptó que está al tanto de que la capital zacatecana está concesionada a empresas mineras en un 80 por ciento.

Lo anterior de acuerdo a la información también publicada en ese diario emitido por la investigadora del colectivo Geocomunes, Sol Pérez Jiménez.

El funcionario aseguró, sin dar más detalles que “esto no significa que la gente tenga concesionada sus casa y mucho menos que estén en riesgo de perderlas”.

El municipio de Zacatecas cuenta con 212 concesiones mineras acumuladas de manera historica.

Aclaró, el funcionario que “no por eso los dueños de las mismas pueden abrir una mina en ese lugar”.

Lo anterior debido a que está prohibido por la ley por el crecimiento de la mancha urbana.

El periodista Alejandro Ortega Neri, señal que el funcionario “especificó que la concesión es otorgada por el Gobierno Federal y pueden ser tanto como para empresas o un particular, sin embargo, esto no los hace dueños de la superficie, del terreno y mucho menos de casas y edificios”.

El funcionario aclaró que no todas las concesiones estén en manos de extranjeros.

Añadió que además de extranjeros hay empresas y particulares nacionales concesionarios de minería en la capital zacatecana.

Sin embargo el funcionario no especificó qué concesiones se encuentran vivas, el sentido de concesionar o mantener concesiones en zonas donde según la ley no se pueden establecer.

Mencionó que el caso de Salaverna, municipio de Mazapil, primero hubo concesion minera y luego el asentamiento humano.

Es decir, de manera indirecta confirma la intención del gobierno de despojar de derechos a los habitantes de Salaverna en favor de las mineras.

En segundo término, se muestra que sus propias afirmaciones son por lo menos contradictorias; pues dice que los habitantes de la capital pueden estar tranquilos porque no se permite la minería en asentamientos humanos sin embargo al igual que en el caso de Salaverna la mancha urbana zacatecana creció precisamente en diversas concesiones mineras previas.

Fuente:https://regeneracion.mx/80-de-la-capital-de-zacatecas-concesionada-a-mineras/.

Perú

Piura: Marcha campesina y rondera

Autor: Fedepaz.org
Conflicto Relacionado: Río Blanco

En multitudinaria marcha, comunidades campesinas de Huancabamba y Ayabaca, exigen respeto a sus derechos territoriales y a la libre elección de su desarrollo económico, social y cultural…En oposición al proyecto minero de Río Blanco Copper S.A. (Ex Majaz)

El pasado lunes 7 de mayo, miles de comuneros, comuneras, ronderos y ronderas de las provincias andinas de Huancabamba y Ayabaca; marcharon por las calles de la ciudad de Piura, en defensa de sus derechos territoriales y de un desarrollo socioeconómico basado en la agricultura, ganadería y ecoturismo, tal como decidieron en la consulta vecinal realizada en septiembre de 2007.

Una vez más, han hecho manifiesto su rechazo a la implementación del proyecto minero Río Blanco, cuya concesión se encuentra situada en los territorios de las comunidades Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), y cuyos efectos serían lamentables e irreversibles en el ecosistema de la región, por su ubicación en los páramos andinos donde nacen diversos ríos de Piura y de las provincias de San Ignacio y Jaén en Cajamarca.

Asimismo, dichas comunidades han expresado su rechazo al Proyecto de Ley N° 1910 promovido por el congresista fujimorista Luis López Vilela, que propone la titulación individual de tierras comunales, afectando así su derecho ancestral a la propiedad comunal del territorio.

En declaraciones a RPP Noticias en Piura, Santos Montalván, vicepresidente de la Federación Regional de Rondas y Comunidades de Piura (FRRCCP), manifestó que: “Ese es el objetivo por el que hemos venido multitudinariamente, no solamente de las provincias de la sierra de Piura, sino todos los ronderos, todos los campesinos de toda la Región Piura para, hoy más que nunca, decirle a nuestras autoridades, a nuestro gobierno central, a nuestro Ministro, que tiene que ver con este problema que tenemos, en la pretensión del Proyecto Minero Río Blanco que se explote en nuestra cabecera de cuenca, decirles que no estamos de acuerdo y una vez más rotundamente decirles NO va la mina. Que se respete la Consulta Vecinal de 2007 donde el 97% de la población dijo NO a la explotación minera en nuestras cabeceras de cuenca, en nuestros páramos andinos“.

Además, precisó que marchan “en rechazo al proyecto minero Río Blanco, que se respete nuestra consulta vecinal y, también que se deje sin efecto, que se archive este tendencioso proyecto de ley presentado por el congresista Luis López Vilela, en contra de nuestras comunidades, que pretende desaparecerlas mediante la titulación individual ¿para qué? Para que las compren los grupos de poder, las grandes transnacionales y puedan de una manera muy fácil, muy sencilla, entrar a nuestros territorios comunales y despojarnos de nuestros territorios comunales y despojarnos de nuestras tierras, eso es lo que hemos venido rotundamente a rechazar y todo el proyecto y todos los proyectos que atenten contra nuestra actividad agrícola, pecuaria, artesanal en nuestra serranía de Piura y en la costa también”.

De la misma opinión fue Claudio Jiménez, de la Comunidad Campesina de Yanta (Ayabaca), quien precisó a radio RPP Piura que marcharon para exigir la presencia del Estado peruano en sus comunidades, ya que éste no apoya el modelo de desarrollo basado en la agricultura que, de manera legítima, eligieron. También reclaman que el Estado no ha implementado programas de desarrollo comunal vinculados a salud y educación en sus comunidades, a pesar de las urgentes necesidades de la población en estos temas.

En ese sentido, FEDEPAZ, como organización de derechos humanos que brinda asesoría legal y acompañamiento a las referidas comunidades campesinas; se suma a la exigencia de que el Poder Ejecutivo respete y haga respetar su derecho al territorio y su decisión de basar su desarrollo socioeconómico en actividades agrícolas, ganaderas y de ecoturismo. Asimismo, que el gobierno central implemente acciones y programas para atender las demandas de salud y educación de estas comunidades, tantas veces postergadas.

Con el ruego de su difusión,

Lima, 9 de mayo de 2018

Área de Prensa
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Telefax: (+51 1) 4250211 / 4250209
Página web: www.fedepaz.org
Twitter: @FedepazPeru
Fuente:http://www.fedepaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=326:rioblanco-majaz-piura-marcha&catid=29&Itemid=146
Colombia

La amenaza minera en el Alto Putumayo

Autor: Redacción. El Espectador.

En cualquier momento, la Sociedad Mocoa Ventures Ltda. puede iniciar la explotación de oro, platino, zinc, molibdeno, plata y otros metales en el corredor biológico donde nacen el río Putumayo y otros que surten la cuenca hidrográfica de la Amazonia.

En 2010 y 2011, el departamento del Putumayo fue escenario de una serie de protestas por parte de ciudadanos y comunidades campesinas e indígenas, que reclamaban el derecho al territorio, expoliado por la avanzada de la exploración y explotación petrolera y de otros recursos naturales, y la consecuente violación de sus derechos culturales: a la autonomía, a la libre determinación, a la vida y a la supervivencia como pueblos, y al consentimiento previo e informado. Siete años después, esas voces vuelven a escucharse ante la posibilidad de que la Sociedad Mocoa Ventures Ltda. active los trabajos de megaminería en la región.

La historia es así: en 2007 y 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe, a la compañía Anglo American, que luego cedió sus derechos a Mocoa Ventures, se le otorgaron concesiones por 30 años para adelantar trabajos de búsqueda y explotación de oro, platino, zinc, molibdeno, plata y otros metales asociados, en el corredor biológico del Alto Putumayo, lugar donde nacen los ríos Putumayo, Mocoa, San José, Blanco, Pepino, Mulato y Guineo, que surten la cuenca hidrográfica de la Amazonia colombiana y que alimentan los acueductos de Mocoa y Villagarzón.

Desde ese entonces, la empresa solo ha adelantado trabajos de exploración y, por solicitud propia, ha mantenido suspendida la explotación. Sin embargo, el pasado 25 de abril se venció el último plazo de suspensión temporal de obligaciones otorgado por la Agencia Nacional de Minería, después de varios concedidos, lo que significa que en cualquier momento puede iniciar sus labores de explotación en este sector de la cordillera de los Andes.

En los documentos de la Agencia Nacional de Minería se determina que Anglo Gold Ashanti, filial de Anglo American, le hizo cesión de derechos para dichos proyectos a Mocoa Ventures Ltda., cuyo representante legal es Stephen John Jensen. Son cinco los títulos aprobados ubicados en los municipios de San Francisco y Mocoa, en un área de 25 mil hectáreas, que involucran a diferentes etnias de la zona: inga (Condagua), kamsá (Sibundoy), yanacona (Anamú y YashayWasy), pastos (Gran Putumayo y San José del Pepino) y siona (Jai ZiayaBain). Asimismo, según denuncias de la comunidad, los permisos que otorgó en su momento Corpoamazonia fueron “exprés” y se entregaron en solo 15 días.

Lo cierto es que, si se inicia la explotación, esas 25 mil hectáreas afectadas involucran bosque tropical húmedo y se pondría en riesgo a campesinos, comunidades indígenas y a más de 1.000 especies de fauna y 384 de flora. Para rematar, no ha habido consulta previa, como lo señala Iaku Sigindioy, del pueblo kamsá en el Valle del Sibundoy: “Las comunidades tienen temor y es que, de darse el inicio de esos trabajos, se estaría vulnerando su derecho a la misma existencia. Directamente se va a contaminar y envenenar el agua potable. Lo que hizo el Gobierno fue conceder las licencias y, cuando ya la empresa está en el terreno, es que empiezan a hacer un acercamiento. Nunca hubo consulta”.

Incluso las denuncias van más allá, pues apuntan a que en el momento de entregar las autorizaciones y para eludir la mencionada consulta previa, desde el mismo Gobierno se negó la presencia de comunidades étnicas en el polígono de influencia de la explotación minera, pues en ese entonces no estaban conformados oficial y legalmente los resguardos indígenas involucrados. “El Valle del Sibundoy es un reservorio de agua del que toma las corrientes en su punto de inicio el río Putumayo. La preocupación es que bajo presiones y engaños se ha tratado de minimizar el tema del impacto ambiental. No se analiza, ni se consulta, ni se informa a las comunidades, sino que los títulos se conceden y ya”, agregó Sigindioy.

La próxima semana habrá una reunión en la que varias organizaciones ambientales y consultorios jurídicos comenzarán a definir una ruta a seguir para frenar ese proceso de explotación minera en el Alto Putumayo. “Va a haber una tragedia ambiental y social. Mocoa Ventures puede empezar a talar árboles y a remover la capa vegetal, alterando y contaminando los cauces. El agua que baja de las montañas de la cordillera de los Andes se llenará de cianuro y mercurio, que terminará llegando al río Amazonas. Tenemos que unirnos para impedirlo”, dice Luis Ernesto Gómez, exviceministro del Interior, quien estuvo recientemente en la zona y se ha dado a la tarea de liderar la oposición al proyecto.

También el representante a la Cámara electo por Putumayo, Carlos Ardila, ha dialogado con las comunidades afectadas: “Colombia entera debe enterarse de lo que está pasando con esta riqueza natural. Toda la cuenca amazónica depende del agua pura que baja de esas montañas”, indicó. De hecho, ya hay una causa ciudadana para que la gente se exprese en defensa de la protección ambiental del Putumayo, que tiene la etiqueta #PorElAguaDeLaAmazonia.

El Espectador trató de contactar a los voceros de Mocoa Ventures para conocer su posición, pero no fue posible obtener respuesta. Según dijo Iaku Sigindioy, la empresa no ha propiciado acercamientos y aunque hay quienes dicen que tiene sus temores de seguir adelante con su proyecto por el rechazo de la comunidad, no se entiende que haya adelantado todo el proceso administrativo de hacer las solicitudes de las licencias y la misma suspensión de términos de la explotación varias veces, sin contar con el consentimiento de las comunidades.

Colombia

Habitantes denuncian intimidaciones por parte de Fuerza Pública en Jericó, Antioquia

Autor: Contagio Radio.com

Los habitantes del corregimiento Palo Cabildo, en Jericó, Antioquia, denunciaron que el pasado lunes 7 de mayo, mientras campesinos se movilizaban en contra de la presencia de una comitiva de la multinacional AngloGold Ashanti, integrantes de la Fuerza Pública, específicamente del GOES, arremetieron hacia las personas que se movilizaban, amenazándolos e intimidandolos con capturarlos.

De acuerdo con Fernando Jaramillo, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, los campesinos venían marchando, luego de haber logrado que el grupo de personas de la multinacional se retiraran del territorio, minutos después abría aparecido el GOES en actitud agresiva y fuertemente armados.

Jaramillo afirmó que la delegación se habría retirado del lugar porque “desde hace aproximadamente 5 años, la empresa AngloGold Ashanti y los campesinos de Palo Cabildo, llegaron al acuerdo de que la empresa no iba a transitar por ese corregimiento, porque cerca de él, está la zona de exploración” que la multinacional ha buscado explotar cobre.

Los habitantes de Jericó no quieren actividades extractivas en su territorio

Los habitantes han rechazado la presencia de esta multinacional y la explotación de cobre en el territorio, porque afirman que de hacerlo se contaminarían las fuentes de agua y los acueductos municipales no solo de este corregimiento, sino también de algunos aledaños como Támesis.

El año pasado, la comunidad había interpuesto una tutela en el Consejo de Estado contra el Tribunal Administrativo de Antioquia que frenó una medida del Consejo Municipal de Jericó en donde se prohibía la minería en el territorio.

Jaramillo, afirmó que faltan pocos días para que se conozca el fallo del Consejo de Estado sobre este tema, sin embargo, manifestó que esa tutela es producto de la “voluntad popular que se manifiesta en un rechazo activo a la presencia de las multinacionales y a la pretensión del gobierno Nacional de disponer el territorio que es agropecuario como uno minero”.

 

Fuente:http://www.contagioradio.com/habitantes-denuncian-intimidaciones-por-parte-de-fuerza-publica-en-jerico-antioquia-articulo-53246/

Perú

Cajamarca: Archivan proceso penal contra defensores ambientales

Autor: Fedepaz.org
Conflicto Relacionado: Conga

Después de casi cinco años de estar procesados injustamente

Primera Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, confirma el archivo del proceso penal seguido contra Marco Arana, Ydelso Hernández y Manuel Ramos

Mediante Resolución de fecha 13 de marzo de 2018, notificada el día de ayer, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca confirmó la resolución de primera instancia que declaró fundada la solicitud de sobreseimiento (archivo) formulada por la defensa legal de Marco Arana Zegarra. En ese sentido, ordenó el archivo definitivo del proceso penal por supuesto delito de usurpación agravada, seguido contra el referido Marco Arana Zegarra y los dirigentes campesinos Ydelso Hernández Llamo y Manuel Ramos Campos.

Como se recordará, las comunidades y rondas campesinas situadas alrededor del proyecto minero Conga, en el ejercicio de su facultad constitucional para administrar justicia, decidieron retirar las tranqueras que la empresa minera Yanacocha SRL había colocado en los caminos ancestrales de sus territorios. Esta decisión de las comunidades fue comunicada a las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Ejecutivo ya que la empresa se había negado a retirarlas alegando que se trataba de tierras de su propiedad. Por lo tanto, dicha diligencia de retiro de tranqueras fue pública y se llevó a cabo el 20 de agosto de 2013, sin acto de violencia alguno y con la presencia del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, representantes de Yanacocha SRL, de la prensa nacional y extranjera.

Sin embargo, Yanacocha denunció penalmente a diversos dirigentes campesinos por supuesta usurpación agravada. La investigación se formaliza, el Ministerio Público acusa penalmente a Marco Arana Zegarra, Ydelso Hernández Llamo y Manuel Ramos Campos como supuestos autores del delito, solicitando que se les imponga cuatro años de pena privativa de la libertad.

La defensa legal de Marco Arana, a cargo de FEDEPAZ, cuestionó por escrito el dictamen acusatorio y solicitó por escrito el archivo de dicho proceso, señalando que el Ministerio Público no había aportado elemento de convicción alguno que haga presumir una supuesta responsabilidad penal de su parte o la existencia de causa penal probable contra ellos.

Por el contrario, la defensa legal de Arana aportó elementos de convicción de su inocencia, que fueron ratificados por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín al señalar: “De estos elementos de convicción se ha dejado plasmado que no emerge una imagen ni que se haya dejado sentado en acta que los investigados efectuaran actos perturbatorios a la propiedad de la empresa minera Yanacocha”. Asimismo, agregó que: “Se advierte de la propia denuncia en prevención del delito, que no existe participación alguna de los investigados Manuel Ramos Campos y Marco Antonio Arana Zegarra”.

Igualmente, la misma instancia judicial precisó que “El Juzgado comparte criterios con la defensa de la parte imputada, es decir, que el hecho de la causa no se realizó o no pudo atribuírsele al imputado”. Por ello “se tiene que la conducta desplegada por los procesados no ha lesionado bienes jurídicos”, resolviendo “DECLARAR FUNDADA LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO”, que acaba de ser confirmado por Primera Sala penal de Apelaciones de Cajamarca.

En efecto, dicha Sala Penal, bajo la premisa de que “El Fiscal podrá formular acusación … sólo si existen suficientes elementos de convicción de la realidad y certeza del delito, así como la vinculación del implicado en su comisión”; expresa que “ha verificado que, conforme lo ha sostenido el a quo en la resolución impugnada, en el presente caso no existen elementos de convicción suficientes que corroboren de forma razonable que los hechos de carácter ilícito expuesto por el Ministerio Público, puedan ser atribuibles a los imputados”, por lo que “corresponde confirmar el auto de sobreseimiento”.

Al respecto, FEDEPAZ expresa su satisfacción por el archivo definitivo de este injusto proceso penal que se inició contra Marco Arana y los dirigentes comunales Ydelso Hernández y Manuel Ramos. Asimismo, reafirma su compromiso de continuar brindando patrocinio legal a los defensores y defensoras del medioambiente, del territorio y de los derechos fundamentales de sus comunidades y que, por dicha defensa, son hostilizados, estigmatizados y criminalizados al ejercer su derecho a la protesta social.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 10 de mayo de 2018.

Área de Prensa
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Telefax: (+51 1) 4250211 / 4250209
Página web: www.fedepaz.org
Twitter: @FedepazPeru
Fuente:http://www.fedepaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=327:cajamarca-yanacocha-marcoarana-defensores&catid=29&Itemid=146
Mexico

Mina El Águila extrae agua para regresarla sucia al río Verde de Oaxaca

Autor: No a la Mina .org

Cuando el director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña, Juan José Consejo Dueñas, habla del impacto que tiene la minería en los recursos naturales, abarca tres niveles: las alteraciones que ésta tiene en la vegetación, el aire y sobre todo el agua, por la gran cantidad que requiere esta industria extractivista.

 

Sin necesidad de conocer de cerca la problemática que enfrentan productores de Nejapa de Madero, quienes advierten que sus huertos de limones se están secando al regarlos con el agua del Río Verde o Grande, hasta donde la mina El Aguila tiene conectado un tubo que le ayuda a verter agua, recordó que esta industria está ligada a la contaminación.

Para despejar toda duda, apeló a la responsabilidad que tienen la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para realizar estudios químicos y bacteriológicos que permitan saber o descartar si la mina El Aguila, establecida en San José de Gracia, genera alguna contaminación directa al Río Verde o Grande.

Consideró la probabilidad que el sedimento verde y blanco que se acumula en el agua que cae de un tubo que conecta a dicha mina con el cause del Rio Grande, pueda tener “un exceso de nitrógeno” que aprovechan algas y bacterias para multiplicarse”, pero ante todo debe hacerse un estudio de las sustancias que se vierten al afluente.

Dañina, por sí misma

Por sí misma, al ser una de las industrias más intensivas en el consumo del agua, de acuerdo con la organización Cartocrítica, la minería afecta “tanto la disponibilidad como la calidad” del agua y tiene tres impactos directos: alto consumo, contaminación y destrucción de las fuentes de agua.

En el estudio Concesiones de agua para las mineras que desde febrero de 2016 se puede consultar en su sitio web, la organización apunta que durante 2014 en México se extrajeron 437 millones de metros cúbicos de agua a través de 417 empresas mineras con mil 36 títulos de aprovechamiento de agua.

Aunque en son tres estados del país de donde se extrae la mitad de esos 437 millones de metros cúbicos de agua (Sonora, Zacateca y Michoacán), de Oaxaca se extrajeron un millón 291 mil 894.72 metros cúbicos, mediante seis concesiones.

La misma organización señala que ese volumen de agua concesionada no contempla la que se extrae del subsuelo para “desaguar la mina” que evita que ésta se inunde.

Aunque esta agua de laboreo no requiere ninguna autorización, si puede generar “un cono de abatimiento del manto freático”, con una afectación ´puntual y local a los pozos y norias más cercanos a la mina.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/40509-mina-el-aguila-extrae-agua-para-regresarla-sucia-al-rio-verde-de-oaxaca