Mexico

171 mil toneladas de tóxicos desecharía mina Los Cardones

Autor: Editorial Regeneracion.mx
Conflicto Relacionado: Los Cardones-Baja California-Vista Gold

El Frente Ciudadano en Defensa del agua y de la vida, publicó una tabla con los elementos tóxicos que produciría la mina Los Cardones en Baja California Sur. Entre los elementos que se produciría en dicho proceso se encuentran materiales altamente tóxicos como el arsénico y el cianuro; radiactivos como el uranio y el torio; en un total de 19 elementos dañinos para el medio ambiente; mismos que producirían 171 mil 765 toneladas de tóxicos.

Así compartieron un listado con los elementos de desecho producidos por este tipo de minería, en este caso Los Cardones, que serían producidos sobre las fuentes de agua de Baja California Sur. Tal como detalla el Frente Ciudadano en Defensa del agua y de la vida.

Al polemizar con quienes sostienen la existencia de “Minería limpia”, recordaron que se trata de la liberación y desecho de 95 millones de kilos del tóxico arsénico; señalaron.

“Que se vayan a hacer sus minas tóxicas “responsables” a otro lugar en donde no perjudiquen ni a las actuales ni a las futuras generaciones”, demandaron.

Con base en el estudio de impacto ambiental presentado ante Semarnat, la minera en Los Cardones, producirá lo siguiente:

-Para producir 50.138 toneladas de oro, que caben en dos tinacos de 2 mil litros.

-Extraer 236 mil 249 millones de toneladas de material.

-Se obtendrán 56.330 millones de mineral rico en oro.

-Los desechos iran a presas de jales, molidos finamente como talco

– Los desechos tendrán arsénico, metales pesados y radiactivos y cianuro remanente del proceso.

-179.919 millones de de toneladas de material llamado “estéril” se desecharían en las tepetateras por no contener oro, pero sí contendrían elementos tóxicos y radiactivos, aunque en menor concentración que en el mineral rico en oro.

Aclaran que “La concentración del ARSÉNICO (As) en el mineral es de 1,291 mg/Kg = 1.291 kg de As/Ton de mineral X 56.330 MILLONES de ton de mineral procesado = 72.722 MILLONES de Kg de ARSÉNICO en la presa de jales.

Para poder entender las dimensiones del problema, Regeneración.mx, se dió a la tarea de puntualizar los efectos en la salud de la mayoría de los contaminantes detallados por los ambientalistas, con relación a la mina Los Cardones.

Polvos finos como el talco: mortales contaminantes

Vanadio, La contaminación por vanadio, en combinación con el consumo de bebidas azucaradas, ocasiona daños severos en diferentes órganos, especialmente en el páncreas endócrino y el riñón.

El Cromo (III) es un elementos esencial para organismos que puede interferir en el metabolismo del azúcar y causar problemas de corazón, cuando la dosis es muy baja. El Cromo (VI) es mayoritariamente tóxico para los organismo. Este puede alterar el material genético y causar cáncer.

Cobalto. Cuando el cuerpo absorbe demasiado cobalto pueden ocurrir efectos perjudiciales como dificultad para respirar;efectos graves del pulmón, incluyendo asma, pulmonía y jadeo.

En personas expuestas a 0.5 mg de cobalto/kg durante varios años se observaron efectos sobre la tiroides.

Níquel. Los efectos más graves a la salud por exposición al níquel, son bronquitis crónica, disminución de la función pulmonar y cáncer de los pulmones y los senos nasales.

Tungsteno, o Wolframio. Todos los compuestos están considerados como altamente tóxicos. El polvo del metal presenta un peligro de incendio y explosión.

Cobre. Pueden irritar la nariz, la boca y los ojos y causar dolor de cabeza, de estómago, mareos, vómitos y diarreas. Una toma grande de cobre puede causar daño al hígado y los riñones e incluso la muerte.

Zinc. daños como úlcera de estómago, irritación de la piel, vómitos, náuseas y anemia. Niveles alto de Zinc pueden dañar el páncreas y disturbar el metabolismo de las proteínas, y causar arterioesclerosis.

Estaño. Produce en bajas cantidades irritaciones de ojos y piel
dolores de cabeza, dolores de estómago, vómitos y mareos, sudoración severa, falta de aliento, problemas para orinar.

Los efectos de largo plazo del Estaño son: depresiones, daños hepáticos; disfunción del sistema inmunitario; daños cromosómicos.

Además de lo anterior escasez de glóbulos rojos; daños cerebrales (provocando ira, trastornos del sueño, olvidos y dolores de cabeza)

Plomo. Los síntomas del envenenamiento por plomo incluyen, irritabilidad, insomnio, erupciones, letargo o hiperactividad, perdida de apetito, dolores de cabeza. Puede provocar disconfort abdominal, daños del sistema nervioso y encefalitis. A altos niveles, puede provocar convulsiones, coma y muerte.

Molibdeno y sus compuestos son altamente tóxicos. Se ha informado de alguna evidencia de disfunción hepática con hiperbilirubinemia en trabajadores crónicamente expuestos a una planta soviética de molibdeno y cobre. Además, se han encontrado signos de gota en trabajadores de fábricas y entre los habitantes de zonas de Armenia ricas en molibdeno

El niobio, cuando es inhalado, es retenido principalmente en los pulmones, y secundariamente en los huesos. Interfiere con el calcio como activador del sistema enzimático

Rubidio: Quemaduras en piel y ojos. Problemas para ganar peso, ataxia, hiper irritación, úlceras en la piel, y nerviosismo extremo. Afecciones médicas agravadas por la exposición: Enfermos del corazón, desequilibrios del potasio.

Desde luego, son conocidos los efectos mortales del cianuro y del arsénico.

No hay texto alternativo automático disponible.

Fuente: https://regeneracion.mx/171-mil-toneladas-de-toxicos-desechara-mina-los-cardones/

Argentina

Las asambleas chubutenses, en alerta y movilización

Autor: No a la Mina . org

El pasado sábado 14 de abril se llevó a cabo un encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses, en la ciudad de Rawson. Allí se analizó la crítica situación en la que se encuentra la provincia y la embestida minera que están impulsando los gobiernos nacional y provincial, junto a un puñado de intendentes y jefes comunales vinculados con las corporaciones extractivistas. También se contabilizaron nuevas planillas de firmas de vecinxs de toda la provincia que exigen el tratamiento y aprobación del proyecto presentado en 2014 por iniciativa popular y se expresan en contra del proyecto de zonificación presentado recientemente en la Legislatura. Ya se han superado las 20.000 firmas y se definió que la campaña se extienda, ya que el pueblo de Chubut necesita ser escuchado por quienes deben representarlo.

A continuación, compartimos el documento construido de modo consensuado por la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses.

Documento de la Unión de Asambleas Ciudadanas de la Provincia del Chubut

Las/los vecinas/os integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses nos reunimos en asamblea en la ciudad de Rawson el día 14 de abril de 2018, con mandatos presentes de Trelew, Rawson-Playa Unión, Comodoro Rivadavia, Río Pico, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Esquel y Comarca Andina. Debatimos durante doce horas y analizamos en profundidad la crítica situación que nos afecta y convoca:

El pueblo trabajador de Chubut está sufriendo un brutal ajuste impulsado por el gobierno nacional, hoy bajo la conducción de Mauricio Macri, imitado a nivel provincial por Mariano Arcioni, acompañado por intendentes y jefes/as comunales. Dicho ajuste se observa en miles de despidos y suspensiones a lo largo y ancho de la provincia, cierre de fábricas, concentración de la riqueza, mercantilización de la educación y la salud, desdoblamiento de sueldos, precarización laboral, vaciamiento de la obra social SEROS y tarifazos en los servicios públicos. Ante esta gravísima coyuntura, y en medio de esta crisis diseñada ya desde gobiernos anteriores, vuelven a intentar la instalación de la megaminería en el territorio chubutense, la cual viene siendo rechazada por la movilización popular sostenida en las calles hace más de 15 años.

Por ello, las/los vecinas/os integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut expresamos lo siguiente:

  • Denunciamos la persecución, criminalización y judicialización de la protesta de trabajadores y vecinas/os que eligen luchar ante este cuadro de situación, como es el caso de las personas denunciadas por el secretario de Seguridad, Federico Massoni, por manifestarse en las puertas de Casa de Gobierno, entre quienes se encuentran dos integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut.
  • Denunciamos al intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán; a Marcelo Aranda, presidente de la comuna rural de Gastre; a Ricardo Sepúlveda, presidente de la comuna rural de Gan Gan; a Nilda Tolosa, presidenta de la comuna rural de Las Plumas; a Mario Oviedo, presidente de la comuna rural de Los Altares; a Miguel Ancamil, presidente de la comuna rural de Lagunita Salada; y a Leonardo Bowman, presidente de la comuna rural de Telsen, quienes presentaron de manera inconsulta a la población un proyecto dictado por la “Cámara Minera”, tal cual el mensaje recibido por el diputado Muñiz en plena sesión el 25 de noviembre de 2014, en connivencia con el ministro nacional de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y con el asesoramiento del subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello. Estos funcionarios impulsan la zonificación minera y el desarrollo de la megaminería, privilegiando mezquinos intereses de las corporaciones extractivistas, en detrimento de la salud de la población y contrarios al buen vivir. El proyecto presentado dice estar en concordancia con lo estipulado en la ex Ley 5.001 (XVII/68), pero al mismo tiempo propone entregar más del 60% del territorio a los intereses de las empresas trasnacionales mineras, siendo esto profundamente opuesto al espíritu de esta ley.
  • Rechazamos que la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente siga en manos de Alfredo Di Filippo, diputado provincial que está actuando como un ferviente lobbista pro minero.
  • Advertimos del riesgo de que se sesione fuera de la legislatura, y en instalaciones del Poder Judicial, situación que sólo se daría con el acuerdo de la totalidad de los bloques políticos y que permitiría votar leyes en contra del pueblo. Consideramos que si esto sucediera se incurriría en una acción profundamente antidemocrática que no garantiza el acceso público ni la redacción taquigráfica. Frente a este peligro, nos mantendremos en estado de alerta legislativa.
  • Promovemos un estilo de vida con actividades productivas genuinas, transgeneracionales y fuertemente ligadas a la identidad de los territorios, por eso vemos con asombro que otros proyectos y actividades verdaderamente productivas surgidas e impulsadas desde la Meseta Chubutense no tienen eco político, administrativo ni legislativo.

Seguimos diciendo NO A LA MEGAMINERÍA, con las razones y conocimientos que venimos acumulando desde hace más de quince años.

Exigimos el tratamiento y aprobación del proyecto presentado por las Asambleas Ciudadanas de Chubut mediante el mecanismo de Iniciativa Popular y que prohíbe la minería contaminante metalífera y radiactiva en todo el territorio.

Nos declaramos en estado de alerta y movilización permanentes: convocamos a todos los vecinos y vecinas del territorio chubutense a compartir información independiente de las corporaciones y sus operadores gubernamentales y mediáticos, a discutir y organizarse en cada espacio comunitario, laboral, escolar, universitario, asambleario.

Reconociendo al extractivismo destructivo como el motor de los conflictos mundiales, repudiamos el bombardeo al pueblo Sirio por parte de los Estados Unidos y en acuerdo con Inglaterra y Francia.

NO AL SAQUEO Y NO A LA CONTAMINACIÓN MEGAMINEROS.

NO AL ENGAÑO DE LA ZONIFICACIÓN.

CHUBUT NO SE VENDE, SE DEFIENDE.

NO ES NO… HACE MÁS DE 15 AÑOS LES DECIMOS “NO”.

¡¡¡NO PASARÁN, NO PASARÁN, NO PASARÁN!!!

Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut.

Rawson, 14 de Abril de 2018. Chubut. Patagonia Rebelde.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/40107-las-asambleas-chubutenses-en-alerta-y-movilizacion
Perú

El necesario diálogo entre empresas mineras y comunidades nativas

Autor: Jacqueline Fowks. El País

La industria extractiva asegura que la comunicación con las comunidades es tan importante como la parte técnica, pero los indígenas denuncian que las vulneraciones de derechos continúan.

Más de la mitad de los conflictos sociales de Perú se deben a discrepancias entre empresas privadas y comunidades acerca de proyectos mineros o de energía. Esto viene sucediendo desde 2003, de acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo, que indican que la población suele oponerse debido a la contaminación de recursos naturales, la pérdida de fuentes de agua para la agricultura o la pesca, y por problemas de propiedad de tierras.

La Defensoría reporta que entre 2009 y 2015, en dos de cada tres conflictos el diálogo empezó después de un hecho de violencia, y un 40% de quienes participaron en esas conversaciones tenían una lengua materna distinta del español; el 86% procedía de comunidades campesinas. Desencuentros similares ocurren en Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras y México, países con rasgos semejantes a Perú: presencia de población indígena, abundancia de recursos naturales e interés de inversionistas en minería, petróleo, y represas, entre otros rubros. El más reciente informe de Global Witness señala que en 2017 fueron asesinadas 197 personas defensoras de la tierra y el medioambiente, el 60% en América Latina.

Estos conflictos y cómo solucionarlos fueron parte de los debates que el Banco Interamericano de Desarrollo organizó en el Diálogo empresarial de las Américas, la pasada semana en Lima. Mientras los representantes de las corporaciones mineras aseguraban que para la nueva generación de ejecutivos la relación con la comunidad tiene tanta importancia como los aspectos técnicos de la operación, los líderes indígenas analizaron 12 casos en los que las empresas del sector extractivo han perjudicado sus comunidades y pidieron al Estado y al sector privado respetar sus derechos y el medioambiente.

En el conversatorio Recursos naturales y energía inteligente para las Américas, siete consejeros delegados comentaron sus lecciones para trabajar de manera sostenible en un entorno con diferencias culturales, raciales o religiosas. Este hemisferio produce el 20,4% de la hidroelectricidad en el mundo y la demanda de energía puede aumentar un 91% en 20 años, indica el BID.

Uno puede manejar la mejor mina del mundo, pero si tiene bloqueos de carretera constantes, no funciona

Kelvin Dushnisky, presidente de Barrick Gold Canadá, afirmó que el punto de partida es cuidar el bienestar de la fuerza laboral y actuar de manera responsable en cuanto al medioambiente. El ejecutivo destacó que no es fácil establecer confianza con las comunidades, pero debe trabajarse mediante “comunicación y consulta, desde el inicio, con las partes involucradas en el proyecto”. “Es mejor empezar antes: la consulta a las comunidades locales debe estar desde las primeras reuniones, aun cuando no sabemos si tenemos yacimiento. Hemos tenido problemas cuando hemos consultado los programas ya diseñados o un plan ya desarrollado”, explicó el ejecutivo.

En Perú, el Ministerio de Energía y Minas establece como requisito de los proyectos de inversión reuniones informativas para la población afectada, pero además en 2011 aprobó la ley de consulta previa a pueblos indígenas, basada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este indica que toda decisión que afecte a los pueblos indígenas debe ser consultada previamente para que den su consentimiento. En 2015, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, reconoció que varios megaproyectos mineros iniciaron en Perú en la última década sin consulta previa, y planteó una “consulta posterior” que no se concretó.

Dushnisky explicó que en su empresa identifican círculos concéntricos de interlocutores: “Este abordaje local nos ayuda a superar diferencias: hay mucho trabajo por hacer. Uno puede manejar la mejor mina del mundo, pero si tiene bloqueos de carretera constantes, no funciona”.

Richard Adkerson, presidente de Freeport McMoran, planteó que la minería tiene “una herencia terrible” porque cuando una empresa llega, “invierte en recursos, da trabajo a algunas personas, y cuando se va, la situación es peor a antes de su llegada. Con eso tenemos que vivir”. El ejecutivo de la compañía que opera la mina Cerro Verde en Perú resumió las dificultades de haber trabajado con culturas y religiones diversas en Papua-Nueva Guinea, Congo, Chile, y la zona de nativos de EE UU. “Mucha gente pone su enfoque en sacar el mineral del suelo y el resto no le parece necesario, lo ve como una complicación”, advirtió.

En Perú, entre 2009 y 2015, en dos de cada tres conflictos sociales el diálogo empezó después de un hecho de violencia

Según Adkerson, las empresas deben asegurarse de que “las personas de la localidad reciban beneficios en trabajo, educación, salud y oportunidades empresariales”, pero a veces el interés del Gobierno central no es el mismo que el de las comunidades locales. “Esa no puede ser excusa para no brindar atención a la comunidad”, planteó.

A raíz del poco cumplimiento de los compromisos que firman algunas empresas con comunidades y los continuos conflictos, en enero de 2017, Perú aprobó una ley que crea un fondo de adelanto social para programas que reduzcan las brechas en zonas donde se desarrollarán actividades económicas como “proyectos mineros en fase de exploración avanzada o donde haya decisiones de inversión ya tomadas”, precisó el año pasado la exministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín. Este año el país destinará 15 millones de dólares a ese fondo.

“Tuvimos un debate recientemente en una mina complicada, ¿Es más difícil la parte técnica? Lidiar con los problemas comunitarios es más complicado: si no lo hacemos bien, perdemos nuestra licencia para operar”, describió Adkerson. “En los años noventa, una operación de extracción de oro creció y necesitábamos retirar a parte de la población. Tuvimos que establecer una organización de pobladores con autoridad para tratar estos problemas con ingenieros de minas, pero nunca se resuelve. Uno hace cierto progreso, empodera a la gente y quieren más. Uno los educa mejor y quieren más. Quizá es el ciclo del mundo. Hay que trabajar con esto sin sentir que es un gran problema”, recomendó.

Alex Dimitrieff, presidente de Crecimiento Global en General Electric (EE UU), esbozó ideas similares: “Parte de la regla es invertir en las comunidades, hacer inversiones adelantadas con el gobierno, involucrar a los funcionarios públicos para que vean las contribuciones de nuestra compañía a la comunidad. No hay una receta, hay muchas culturas”.

Demandas de pueblos indígenas

En la audiencia pública El impacto de la corrupción en los derechos de los pueblos indígenas unos 100 líderes de comunidades y organizaciones de pueblos originarios elaboraron recomendaciones que entregaron a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre de las Américas.

Una docena de líderes sintetizaron los problemas que afrontan por proyectos mineros o de infraestructura no consultados previamente por las empresas a las comunidades, o que se realizan infringiendo sus normas, o recortando su territorio.

Hermógenes Tantarico, presidente comunal de San Juan de Kañaris, al norte de Perú, expuso una de las situaciones más graves para las comunidades indígenas. La población habla una variante del quechua llamada Inkawasi-Kañaris y, como comunidad indígena, tenía derecho a que un proyecto minero y otro de instalación de Internet les fueran consultados, pero no hubo consulta previa. “Hablamos nuestra lengua desde niños y sentimos el atropello de estas empresas en nuestro territorio. En el primer caso tenemos problemas por un proyecto de inversión en telecomunicaciones: nos exigen vender parcelas de nuestro territorio y modificar el estatuto interno de la comunidad. Necesitamos desarrollo, pero respetando nuestras leyes”, afirmó Tantarico.

“El otro problema es el megaproyecto minero Cañariaco Cooper, que tiene la concesión del 96% de nuestro territorio de la comunidad. Este proyecto fue presentado en nuestra asamblea y no lo aceptamos. Comunicamos al Estado nuestra decisión y no nos hizo caso. En 2013 tuvimos un conflicto con heridos y denunciados por terrorismo. El Estado no nos respetó. Hoy demandamos la anulación del megaproyecto que la población tajantemente ha rechazado, porque la comunidad tiene sus propios recursos en fauna, bosques, neblinas, agricultura y ríos”, agregó la autoridad comunal.

En contraste, la empresa canadiense a cargo del proyecto ve un clima optimista para su inversión, después de que el Gobierno anunciara 15 millones de dólares para obras de irrigación y caminos, y nuevas normas que le facilitarán los permisos de exploración.

Otros casos de vulneración de comunidades, expuestos en la audiencia, fueron la afectación de fuentes de agua en la región Moquegua, los monocultivos de palma aceitera en la comunidad de Santa Clara de Uchunya (en la Amazonía norte), y la minería en la comunidad amazónica Tres Islas (en la selva sur-oriental). El Estado ha otorgado concesiones mineras, sin consulta, en el 60% del territorio de Tres Islas, y los beneficiarios delegan la explotación a mineros ilegales que han causado problemas de contaminación por mercurio, redes de prostitución y tala ilegal.

Tres Islas, al igual que Kañaris, y cientos de comunidades indígenas de Perú esperan que el Estado inscriba en los registros públicos su territorio colectivo. Desde 2009, las autoridades de organizaciones amazónicas y andinas denuncian que pese a cumplir con los requisitos, no obtienen su título y ello los deja en situación de vulnerabilidad frente a las empresas privadas y, también, frente a mineros y taladores ilegales.

Fuente:https://elpais.com/elpais/2018/04/17/planeta_futuro/1523971461_185956.html

Venezuela

Científicos venezolanos vigilarán uso del mercurio en actividades mineras

Autor: Panorama.

Científicos venezolanos crearon la Red Venezolana de Investigaciones en Mercurio con la finalidad de velar por la regularización del uso de este metal en la explotación minera, asi lo informó Francisco Durán, integrante de la Red.

 

La creación de esta asociación de investigadores es para la vigilancia y la investigación del mercurio, «por las consecuencias económicas, sociales y para la salud» que genera este en la actividad minera, indicó Durán durante su participación en el programa En la bulla transmitido por RNV Informativa.

Esta red busca colocar a la disposición del Estado venezolano y de la población minera, toda la experiencia de sus 54 investigadores adscritos en todas las áreas del conocimiento.

El también profesor de matemática y física, recordó que el uso del mercurio en la minería es algo ancestral, por lo que pretenden a través de la red educar y concienciar a la familia minera para que vaya eliminando el uso de este material tóxico.

«Sabemos que el daño del mercurio es irreversible, pero con la educación estaremos disminuyendo y eliminando su uso», acotó el científico.

Con la utilización del metal rojo, la población minera debe comprender que representa un grave daño para la salud y para el ambiente. Adicionalmente afecta la relación producción-ganancia, pues con el uso de mercurio se recupera apenas 40% del oro presente, mientras que con los otros procesos alternativos se puede recuperar hasta el 90% del material aurífero.

En febrero de 2006, el Presidente de la República, Nicolás Maduro decretó una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados, ubicada en el estado Bolívar, específicamente al sur del río Orinoco, Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, como una de las medidas económicas para recuperar la economía venezolana por la caída de los precios del petróleo.

Fuente:http://www.panorama.com.ve/ciudad/Cientificos-venezolanos-vigilaran-uso-del-mercurio-en-actividades-mineras-20180417-0053.html

Chile

Este miércoles el Tribunal Ambiental anunciará su decisión sobre proyecto Dominga

Autor: Patricia San Juan . Pulso.cl
Conflicto Relacionado: Dominga-Andes Iron-Higuera

Este miércoles vence el plazo para que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta de a conocer su esperada decisión respecto del futuro del proyecto minero portuario Dominga, luego que en noviembre del año pasado la empresa impulsora de la iniciativa, Andes Iron, propiedad de las familias Délano y Garcés, presentara un recurso de reclamación en contra de la decisión del Comité de Ministros que ratificó el rechazo al permiso ambiental de la iniciativa.

Según la empresa, la resolución tomada en agosto por el Comité de Ministros -y que dio origen a un conflicto al interior del gobierno que terminó con la inédita renuncia del equipo económico de la administración de Michelle Bachelet: los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, de Economía, Luis Felipe Céspedes y el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco- tuvo vicios en su proceso.

El Tribunal Ambiental tiene tres opciones, rechazar el recurso o, en el caso que acepte la tesis de que hubo vicios en el proceso, retrotraer la iniciativa a una etapa anterior de su tramitación ambiental la cual puede ser marzo de 2017, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Coquimbo rechazó el permiso ambiental del proyecto, o a agosto de 2017, cuando el Comité de Ministros tomó la misma decisión. Todo depende de dónde determine el tribunal si es que existió algún vicio en el proceso.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto por US$2.500 millones y que considera el desarrollo de una mina de hierro y cobre además de un puerto que se emplazarían en la comuna de la Higuera, en la Cuarta Región, fue presentado a evaluación en septiembre de 2013.

Tras un largo proceso de tramitación, en marzo de 2017 el CEA de Coquimbo, negó el permiso ambiental. Ello tras una polémica votación que resultó 6 a 6, y la que el entonces intendente regional, Claudio Ibánez, en su calidad de presidente de la instancia, tuvo que dirimir, resolviéndo rechazar la iniciativa, pese a que previamente el Servicio de Evaluación Ambiental de la región había recomendado aprobar el proyecto.

Retorno al Comité de Ministros

En agosto el Comité de Ministros resolvió que el proyecto presentaba “deficiente información de línea base e insuficiencias en sus medidas de mitigación, compensación y reparación”. En la sesión sólo dos de los seis ministros que componen las instancia votaron a favor de la iniciativa, los titulares de Minería y Energía.

Según publicó este domingo LT Pulso la opción de retrotraer la iniciativa al Comité de Ministros podría tomar fuerza basada en la decisión del ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, de no acoger una reclamación presentada por la empresa respecto de la falta de motivación que tuvo el CEA de Coquimbo para entregar una decisión argumentada.

“El Comité de Ministros rechazó acoger la reclamación sobre el vicio esencial sobre la falta de motivación del CEA y, con eso, de acuerdo con la normativa, el Comité de Ministros hace suyo el vicio. De cierta forma, ellos asumieron la responsabilidad de ese vicio, por lo tanto, siguiendo lo indicado por la norma, la reclamación cae sobre el acto recurrido, que en este caso es el Comité de Ministros y no la comisión de evaluación de Coquimbo”, explica un abogado que ha seguido de cerca el proceso.

Otros vicios que estaría considerando el Tribunal Ambiental son la citación a la reunión que se realizó el lunes 21 de agosto a las 7 de la mañana y que fue convocada la noche del viernes anterior, dejando poco tiempo para el análisis de la documentación necesaria por parte de los ministros. A ello se suman las contradicciones que mostraron los secretario de Estado, sobre todo la posición del entonces ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.

Tribunal Ambiental

Tras el rechazo en el Comité de Ministros, Andes Iron presentó en noviembre un recurso ante el Tribunal Ambiental, el que tras escuchar a las partes, recabar los antecedentes y realizar inspecciones en terreno resolvió a inicios de febrero llamar a un proceso de conciliación para lo cual fijó una audiencia el 14 de marzo, sólo tres días después del cambio de mando.

En una sorpresiva decisión, la recién asumida ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, anunció ese día que a primera hora se presentó un escrito ante el Tribunal informando que el gobierno, representado por el Servicio de Evaluación Ambiental, había decidido restarse de la conciliación y solicitar que la instancia dictara sentencia.

En el escrito el SEA argumentó que “como el objeto de lo que se alega por parte de la empresa es la ilegalidad de un acto administrativo, creemos necesario un fallo del tribunal sobre la materia sometida a su decisión y no una conciliación entre las partes que puede, en definitiva, terminar agregando más incertidumbre a todo el proceso”.

Cubillos, quien en su calidad de titular de Medio Ambiente preside el Comité de Ministros, señaló que si bien, y tal como lo ha indicado previamente, el gobierno considera que en la actualidad los procesos de evaluación ambiental tienen falencias la opción de la actual administración es corregir esas fallas por la vía legal.

Respecto a la posición del gobierno frente al proyecto la Ministra indicó que “hay un fallo pendiente por lo tanto no corresponde que emita opinión por respeto a la separación de poderes”.

Además de la posibilidad de que el Comité de Ministros de la actual administración sea la instancia que decida el futuro del proyecto, éste suma un nuevo escenario tras el fallo emitido la semana pasada por la Corte Suprema que dio luz verde al proyecto de puerto Cruz Grande, de CAP, el que también se ubicará en la comuna de La Higuera.

De todos modos sea cual sea la decisión que tome el Tribunal Ambiental, las partes pueden recurrir a la Corte Suprema.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/este-miercoles-tribunal-ambiental-anunciara-decision-proyecto-dominga/#

Perú

Defensoría del Pueblo registró 8 nuevos conflictos sociales en abril

Autor: El Comercio.pe

La Defensoría del Pueblo informó que en lo que va del mes de abril se han registrado 8 nuevos casos de conflictos sociales en diferentes regiones del país: Lambayeque, Áncash, Lima, Arequipa, Puno, Apurímac y Huánuco.

La institución resaltó que dos casos tuvieron una fase de crisis: el paro por la construcción de la Nueva Ciudad de Olmos  y la toma de la  Universidad Nacional Mayor de San Marcos por algunos estudiantes. Vale precisar que en el primer caso se registró un herido.

Por otro lado, según el Reporte de Conflictos Sociales correspondiente al mes de marzo, elaborado por el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), se presentaron 188 conflictos sociales. De eta cifra, 136 se mantienen activos y 52 latentes. En la región Áncash ocurrió la mayor cantidad de casos (30), seguido de Puno (16 ) y de Cusco y Apurímac (ambos con 14 casos).

En tanto, los conflictos socioambientales representan el 66,5% del total de casos, siendo los relacionados al rubro minero los que registraron el mayor porcentaje (64,8%).

La Defensoría llamó al dialogo entre las autoridades del gobierno central y locales y la población demandante a fin de que no se vea afectada la integridad de las personas y el desarrollo de las actividades en las referidas localidades.

Por otro lado, la Defensoría envió al Estado una lista de 37 alertas de conflictos sociales para que se actúe en el marco de sus correspondientes competencias y responsabilidades. Las 10 principales alertas son las siguientes:

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/defensoria-pueblo-registro-ochos-nuevos-conflictos-sociales-noticia-512544
Mexico

Saquean mineras el agua de Oaxaca

Autor: Ivonne Mateo. Nvi Noticias

Empresas mineras extraen más de mil millones de litros de agua al año en la entidad. Con este líquido se podrían satisfacer las necesidades de higiene y consumo de alrededor de 18 mil oaxaqueños. Esta cifra rebasa lo permitido a los concesionarios ganaderos y el uso domestico.

Destacan los grupos mineros Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), y Penta Cal, entre otras con concesiones para el uso y extracción de agua en las regiones de la Costa y la Sierra Mixe respectivamente, según los datos obtenidos por el grupo de investigación Carto Crítica.

La empresa ICA tiene bajo su poder tres concesiones de las que extrae 35 mil 020 m3 anuales en cada una, en total su volumen de extracción al año asciende a 10 mil 060 m3; La empresa Penta Cal extrae anualmente 13 mil 365 m3 y una empresa cementera 1 millón 151 mil 815 m3 en el mismo periodo. Cada metro cúbico equivale a mil litros de agua.

La cantidad de agua que extraen estas compañías al año en conjunto alcanza 1 millón 256 mil 875 metros cúbicos, con este volumen se podía satisfacer la necesidad de hidratación e higiene de al menos 17 mil 955 habitantes, tomando en cuenta que el Banco Mundial asegura que un ser humano necesita aproximadamente 73 metros cúbicos anuales para ello.

Este volumen de extracción de agua supera por mucho lo permitido para el uso doméstico que es de 85 mil m3 y para los concesionarios ganaderos, mismos que sólo pueden extraer 539 mil metros cúbicos anuales, según refiere la Comisión Nacional del Agua.

Sin embargo, a diferencia de la extracción ganadera o doméstica, las consecuencias de la extracción minera lejos de hacer un bien colectivo, deja consecuencias negativas para el territorio y sus habitantes.

Habitantes de Capulálpam de Méndez, señalan que 13 de 17 manantiales que abastecen de agua a la comunidad están contaminados; acción provocada por las malas practicas de las empresas mineras en su comunidad.

En ese mismo sentido, la geografa Sol Pérez Jimenez documenta que se ha causado grave contaminación en los ríos y los mantos freáticos de la entidad por el mismo hecho.

Así mismo refiere que, además del daño ambiental que se ocasiona, los casos de cáncer de colón, estómago, hígado y riñones también involucran a la minería en su contacto con el agua.

En Oaxaca se registraron al menos 7 conflictos activos de comunidades en contra de las empresas mineras en el 2017, mismas que han buscado sacar de sus territorios a estas empresas.

Fuente:http://www.nvinoticias.com/nota/90356/saquean-mineras-el-agua-de-oaxaca

Mexico

Pronunciamiento del Encuentro de comunidades en resistencia contra el proyecto Chemours Laguna

Autor: movimientom4.org

A las Comunidades Afectadas

Al Pueblo de la Comarca Lagunera

Nos hemos reunido hoy en la Comunidad de La Aurora para reconocernos como Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio luego de que, el 9 de marzo pasado, en el contexto de una protesta pacífica en contra del Proyecto “Chemours Laguna”, las fuerzas de seguridad del Municipio de Gómez Palacio y del Estado de Durango, nos reprimieran violentamente.

Ese día, las policías, violaron nuestro derecho a la libertad de expresión y vulneraron nuestra integridad personal al confrontarnos con amenazas e intimidación, con agresiones físicas directas, puñetazos y patadas, utilizando gases lacrimógenos y detonando armas de fuego. Allanaron nuestras viviendas, destruyeron nuestros comercios, robaron mercancías y detuvieron, de manera ilegal, a decenas de personas.

A treinta y seis días de aquellos hechos, muchas cosas han ocurrido pero nuestra posición respecto de la “fabrica de la muerte” se mantiene: No la queremos en La Laguna!

No olvidamos! Ese gobierno que ahora quiere debatir sobre el Proyecto “Chemours Laguna” es el mismo que nunca nos atendió, el mismo que mandó golpearnos, el mismo que arrestó a muchos de nuestros compañeros, el mismo que intentó infiltrar nuestro movimiento y trató de debilitarlo.

Ese mismo gobierno ha priorizado su relación con la empresa “The Chemours Company” en oposición al deseo de las comunidades que aquí nos encontramos. Rosas Aispuro no ha dejado de pronunciarse a favor del Proyecto “Chemours Laguna”  a pesar que desde aquí le hemos dicho que no lo queremos en nuestros territorios.

Ahora mismo el Proyecto “Chemours Laguna” se encuentra suspendido por orden judicial y queremos aprovechar para agradecer a la organización “Pro-Defensa del Ciudadano”, A.C. por este esfuerzo solidario para que el derecho a la salud, al medio ambiente sano y la autodeterminación de los pueblos de la Comarca Lagunera no se vea vulnerado.

Hoy, después de múltiples intentos, tanto del gobierno municipal de Gómez Palacio, como del gobierno del Estado de Durango y de la la empresa “The Chemours Company” por desestabilizarnos y debilitarnos, nos encontramos más fuertes que nunca. A ellos les decimos que NO desistiremos en nuestra oposición a la instalación de su fábrica de muerte.

A los ciudadanos de la Comarca Lagunera les hacemos un atento llamado para que hagan suya esta lucha que no tiene otra intención más que la de garantizar la seguridad de nuestro entorno: No queremos un desarrollo que genere víctimas. No queremos ser el vertedero de desechos, materiales y humanos, de industrias irresponsables. No queremos vender nuestra salud, ni nuestro territorio. No queremos que el modelo de desarrollo sea una amenaza para nuestras comunidades. “Chemours” no debe instalarse ni aquí ni en otro territorio de México.

Sí queremos una vida digna. Queremos participar y ser tomados en cuenta. Queremos desarrollo, pero integral y no a cualquier costo. Invitamos a aquellos que compartan estos ideales a seguir unidos para no permitir que intereses mezquinos desangren la vida. El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio sigue vivo e invita a que cada vez más estemos informados, organizados y dispuestos a unir fuerzas por nuestra tierra.

¡La vida no se negocia!
¡El estado de derecho no se negocia!
¡Horizontalidad, transparencia y defensa de la vida!

Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Fuente:http://movimientom4.org/2018/04/pronunciamiento-del-encuentro-de-comunidades-en-resistencia-contra-el-proyecto-chemours-laguna/

Colombia

Efren Zúñiga, docente y líder de Asoinca fue torturado y asesinado en Piendamó, Cauca

Autor: Contagio Radio.com

La organización Asoinca y la Mesa por la defensa  de los derechos humanos, de la vida y el territorio denunciaron el asesinato de Efren Zúñiga, en el municipio de Piendamó, Cauca, el pasado 14 de abril, luego de haber sido torturado y según testigos, obligado a cavar su propia tumba. Asoinca afirmó, que con el asesinato de Efren, se completa la aterradora cifra de 43 líderes sociales y sindicalistas asesinados en el Cauca en lo que lleva el año 2018.

Los familiares del líder social señalaron que el docente salió de su casa a negociar una finca al municipio de Piendamó, lugar en el cual fue encontrado su cuerpo con un tiro en la cabeza. Así mismo aseguraron que al parecer Efren fue torturado y obligado a cavar su propia tumba.

Siguen matando a los líderes en el Cauca

De acuerdo con Tito Torres, presidente de Asoinca, en lo corrido de este año han sido asesinados 43 líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos en el Cauca, que a su vez, evidencia “la permanente y sistemática violación a los derechos humanos direccionados a quienes pertenecen al movimiento social en Cauca”.

Asimismo, dijo que detrás de estos actos se encuentran estructuras paramilitares que se han apropiado del territorio, pese a las múltiples denuncias que se han hecho a las autoridades del aumento de este actor armado en el Cauca. (Le puede interesar: «No hay freno en el asesinato a líderes sociales»)

Frente a las medidas que toma el gobierno para defender a la comunidad Torres afirmó que, “el gobierno hace caso omiso a las peticiones que se hacen frente los hechos de asesinatos de líderes sociales”, y no existe una respuesta clara por parte de las autoridades para encontrar una solución que garantice la vida de los líderes.

Fuente:http://www.contagioradio.com/efren-zuniga-docente-y-lider-de-asoinca-fue-torturado-y-asesinado-en-piendamo-cauca-articulo-52804/

Argentina

Procesan y embargan por $2 millones a Mayoral por el derrame en Veladero

Autor: Redacción Diario de Cuyo.
Conflicto Relacionado: Veladero-Jachal

El juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva a los exsecretarios de Minería de la Nación Jorge Mayoral y de Ambiente Sergio Lorusso durante el kirchnerismo, por «abuso de autoridad», con embargos de dos millones de pesos, por omitir controles a la mina Veladero en San Juan.

La decisión se tomó en una investigación abierta a raíz del derrame de cianuro entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, que contaminó varios ríos, entre ellos el Potrerillo, a raíz de una falla en una válvula de esa mina de la empresa Barrick Gold, según el fallo al que accedió Télam.

«Sin perjuicio de conocer que en Veladero se estaba llevando a cabo una actividad altamente riesgosa, que se manipulaba cianuro en el proceso de extracción del oro, que la forma de trabajo no era segura para el ambiente -habida cuenta de los derrames de solución cianurada que precedieron el de septiembre de 2015- la máxima autoridad ambiental nacional no intervino e incumplió el mandato legal», afirmó Casanello.

«La ausencia de control, el déficit en el desempeño estatal, pese al mandato legal, es una premisa necesaria para comprender lo que ocurrió en septiembre de 2015», sostuvo el magistrado en el fallo.

Allí señaló, además, que recién después de los sucesos de ese año y «de manera tardía» se ordenaron fiscalizaciones a la mina, en las que se detectaron falencias como «falta de controles automáticos que permitieran la detección temprana de incidentes por parte de la empresa» que al momento del derrame «quedaba a merced de recorridas visuales».

«El retraimiento del Estado -más allá de lo que toca a la autoridad local- permitió espacios de discrecionalidad indebidos en una actividad que por su enorme riesgo debía ser objeto de un profundo y minucioso control», advirtió el juez.

En la fiscalía del caso, a cargo de Ramiro González, siguen abiertas otras dos investigaciones por derrames posteriores, uno el 8 de septiembre de 2016 y otro el 28 de marzo de 2017.

El juez procesó además a la exfuncionaria Beatriz Domingorena, por el mismo delito y con un embargo de un millón de pesos. Domingorena estaba a cargo de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.

«Se verificaron claras omisiones de los funcionarios públicos», concluyó el juez en la resolución en el marco de la causa donde actúa como querellante la «Asamblea Jáchal no se toca».

A Mayoral «se le reprocha el incumplimiento de promover estudios e investigaciones para evaluar, planificar y coordinar el racional aprovechamiento de los recursos mineros del país, contemplando la preservación del medio ambiente» y de «promover e instrumentar un sistema de monitoreo ambiental», sostuvo el magistrado.

En el procesamiento se tuvo en cuenta un informe técnico que aludió a «falencias relacionadas con la operatividad» en la mina que «repercutieron» a la hora de facilitar «el flujo de la solución rica derramada sin impedimentos hacia el cauce del río Potrerillos».

Además, en ese informe, se advirtió que el sistema carecía de controles automatizados y todo se hacía de manera manual, y que el derrame «se detectó a raíz de observar una variación significativa en el caudal del río Potrerillos» por parte de un empleado.

Los técnicos que redactaron el informe que está en la causa que investiga Casanello advirtieron que la válvula que supuestamente se rompió por estar expuesta a temperaturas extremas y congelamiento y provocó el derrame, pareció no haberse revisado para comprobar si su diseño era el adecuado.

Además, se sostuvo que la compuerta que comunicaba con el río al canal en el cual ocurrió el derrame fue reemplazada después de ese episodio, «lo cual permite suponer que el estado de la misma al momento del incidente no sería el adecuado».

En cuanto a la contaminación «se informó la presencia de plomo y cadmio en todas las muestras y cromo total en las muestras» tomadas en los ríos Potrerillos, Las Taguas, Blanco con valores «por fuera de lo normado».

En el caso de Lorusso, Casanello ya lo procesó en otra causa penal por irregularidades en el cumplimiento de la Ley de Glaciares.

En tanto, tras conocerse el fallo de Casanello, desde la Asamblea Ciudadana Jáchal No Se Toca celebraron los procesamientos, a los que consideraron «correctos».

Alivio en Jáchal

«Por fin vemos que una parte de la justicia hace cumplir la ley», dijo ayer Saúl Ceballos, referente de La Asamblea Ciudadana Jáchal No Se Toca. Para Ceballos, la resolución de Casanello de procesar a dos exfuncionarios de la Nación «debería alcanzar también a otros funcionarios que tuvieron responsabilidad en los derrames como «el exministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra, y el exgobernador, José Luis Gioja.

Fuente:https://www.diariodecuyo.com.ar/argentina/Procesan-y-embargan-por-2-millones-a-Mayoral-por-el-derrame-en-Veladero-20180413-0099.html