Una Consulta Popular inconclusa por decisión del Ministerio de Hacienda, un acuerdo municipal que prohíbe actividades extractivas, movilizaciones dentro y fuera del municipio y una Consulta Pedagógica con menores de edad; son las acciones de El Peñón (Santander), una comunidad en pie de lucha por su territorio.

El municipio El Peñón es un lugar con gran riqueza hídrica, paisajística y con vocación agropecuaria. Sin embargo, se ha visto amenazado por intenciones de la empresa Geo-Cooper de hacer exploración y explotación de minería de cobre y otros minerales; sin tener en cuenta que la comunidad rechaza todo tipo de actividad extractiva y ha manifestado en múltiples ocasiones que no permitirán que terceros lleguen a destruir su patrimonio ecológico.

Este es uno de los muchos municipios que se quedó sin poder realizar la Consulta Popular ante la posición del Ministerio de Hacienda de no desembolsar los recursos para este mecanismo de participación, argumentando la falta de dinero.

Tal decisión ha llevado a que se generen múltiples acciones para hacerse escuchar del Gobierno Nacional respecto a su desinterés de convertirse en un municipio minero. Las y los habitantes de ese territorio se sienten orgullos de ser campesinos y campesinas.

El Peñón

“Soy un campesino del municipio de El Peñón en donde dependemos de los cultivos de mora, plátano, cacao. Y la verdad es que nosotros decimos no a la minería porque nuestra mayor riqueza son las fuentes hídricas y no queremos que se vean afectadas”, cuenta Danilo Mojica Vargas, habitante de la Vereda Robles.

En dicha vereda se encuentran las más de 1.000 hectáreas en las que se tiene previsto realizar la explotación de cobre.

Hace unas semanas la Administración municipal fue notificada por María Eugenia Coronado, titular minera y responsable del contrato de concesión No HGR-14171, sobre el próximo inicio de la exploración en las veredas de la parte alta del municipio (Robles, Tendidos y Hondura). Esta información causó gran indignación en la comunidad, que continúa esperando el momento de votar en la Consulta Popular.

Asimismo, el Alcalde de El Peñón, Francisco Cruz Güiza, emitió un comunicado en el que le explicaba la situación y resaltaba que rechazaban la intención de Geo-Cooper de entrar al municipio desconociendo “que las y los peñoneros históricamente se han dedicado en su mayoría a la agricultura y actividades agropecuarias. Estas tierras tienen un potencial ecoturístico de talla mundial. Puede ofrecer actividades de espeleología por la gran cantidad de cuevas y cavernas con la que contamos, ya que El Peñón está conformado ecológicamente por ecosistemas cársicos que son únicos en el mundo y permite la existencia de especies endémicas”.

Nadie quiere que se realicen allí actividades extractivas pues conocen sus “efectos devastadores sobre el territorio”, afirma el Alcalde.

Es así como a inicios de abril se llevó a cabo una gran movilización convocada por el Comité Ambiental de El Peñón, en la que más de 1.000 habitantes de entre todas las edades se movilizaron por todo el municipio con el fin de mandarle un mensaje al Gobierno Nacional sobre el inconformismo que existe en la población por este tipo de actividades extractivistas.

Las y los campesinos denunciaron que el Gobierno, en vez de apoyar las tareas del campo, promueve su destrucción. Las actividades agrícolas son las que desde hace 25 años (momento en que se conforma este municipio) han existido. Allá se siembra mora, cacao, lulo y tomate, entre otros productos.

El Peñón se convirtió en la primera entidad territorial de Santander que prohibió, mediante Acuerdo Municipal 004 del 2018, “el desarrollo de: actividades mineras de metálicos y la gran y mediana minería de los demás minerales, actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y las actividades relacionadas con la ejecución de proyectos de producción energética tales como centrales hidroeléctricas”. Quiso así garantizar la protección del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

Dicho acuerdo fue radicado por el Alcalde Francisco Cruz Güiza y aprobado por unanimidad por los nueve Concejales del municipio. Este territorio se unió a los más de 20 municipios que a nivel nacional (en los departamentos Tolima, Meta, Antioquia y Huila) que han protegido su riqueza ecológica y cultural mediante este mecanismo legal. Ya fue sancionado y está a la espera de ser revisado por la Gobernación de Santander.

Por esto, durante la movilización en El Peñón, la comunidad socializó, festejó y legitimó el Acuerdo ya que está pensado para la defensa de su vocación agrícola y busca salvaguardar también la riqueza paisajística que está haciendo del municipio un importante lugar turístico.

Las y los peñoneros consideran que su territorio tiene potencial para ser de “talla mundial” en cuanto a la actividad turística por la variedad en sus pisos térmicos, fuentes hídricas, cavernas y los recientes hallazgos arqueológicos en torno a ellas.

Asimismo, una comitiva del municipio estuvo participando del plantón que se realizó el pasado 12 de abril. En ese plantón, organizaciones ambientales de todo el país exigieron al Gobierno Nacional que se respete la decisión de las comunidades expresada a través de las Consultas Populares.

Consulta Pedagógica

Niños, niñas y adolescentes -de primero de primaria a once de bachillerato- votaron si desean o no que se realice exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. Esta es una actividad llamada Consulta Pedagógica que permitió conocer la posición de los menores de edad, quienes en muchas ocasiones no son tenidos en cuenta, y a su vez seguir trabajando en la concienciación del cuidado del agua y el territorio.

En total votaron 775 estudiantes, con un total de 764 votos que dejaron claro que NO quieren que se realicen actividades extractivas en su municipio; hubo 8 sufragios por el sí y 3 nulos. La actividad fue apoyada por miembros de la comunidad, Registraduría Nacional y Policía Nacional. Estuvo presidida por el Alcalde, funcionarios, rectores, docentes, concejales y Presidentes de Junta.

La actividad adelantada por la Administración municipal junto con el Comité Ambiental, se desarrolló en todos los 33 centros educativos del municipio. Estuvieron acompañando la actividad organizaciones departamentales como Ríos Vivos Santander y Vélez 500 Años, para evidenciar que el proceso se adelantara sin ningún inconveniente.

A través de un decreto, la Alcaldía de ese municipio fijó la fecha en el que se llevará a cabo la votación. Será el 15 de julio de 2018, el mismo día en el que se jugará la final del mundial de fútbol.

Salento, ese municipio del Quindío famoso por sus calles y por estar a pocos minutos del famoso Valle del Cocora, hará su consulta popular sobre minería el mismo día en el que se jugará la final del mundial de fútbol: 15 de julio.

La fecha la decidió la alcaldesa encargada, Amanda Tangarife Correa, a través de un decreto. Con fecha del 19 de abril, en el documento deja claro que a partir de ese día y hasta el 14 de julio, cualquier ciudadano podrá hacer campaña a favor o en contra de la iniciativa.

El proyecto había sido avalado a principios de abril por el Tribunal Administrativo de Quindío que aprobó la pregunta propuesta por los ciudadanos: “¿Está usted de acuerdo si o no, con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña, mediana y gran escala?”.

Tal y como se lee en el decreto, actualmente hay en el municipio ocho títulos mineros vigentes para extraer oro y otros metales que “comprometen el 17,5% del área total”. De igual forma, hay once más en trámite para explotar metales y piedras preciosas.

Eso significa, como apunta la alcaldesa, que “entre títulos vigentes y solicitudes, el municipio de Salento debe disponer de hasta un 28,4% de todo el territorio municipal para la explotación minera, escenario que podría afectar zonas de importancia ambiental como páramos”.

Aunque la fecha de la votación ya está fijada, queda una duda en el aire: ¿Financiará el Ministerio de Hacienda esta iniciativa? La pregunta también se plantea en el decreto, pues como ha sucedido en oportunidades anteriores, es posible que no haya recursos para esta consulta popular. Detrás de esas negativas, como lo ha reiterado este diario en múltiples ocasiones, hay un dilema mayor: ¿Quién debe decidir sobre el subsuelo de los municipios? El interrogante aún no se ha resuelto.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/salento-quindio-ya-tiene-fecha-para-hacer-la-consulta-popular-sobre-mineria-articulo-752458

Francia Márquez, una madre de 35 años que vive en un pequeño poblado en el suroccidente de Colombia, acaba de recibir el Premio Goldman 2018, otorgado a activistas comunitarios por sus extraordinarios y, muchas veces, riesgosos esfuerzos en defensa del medio ambiente.

El prestigioso reconocimiento -considerado el «Nobel ambiental»- es entregado anualmente a ambientalistas en las seis zonas continentales del mundo y Márquez recibió el premio correspondiente a Centro y Sudamérica por su acción para frenar la minería ilegal de oro en su tierra ancestral.

Según fuentes oficiales, el 80% de todo el oro minado anualmente en Colombia es producido ilegalmente con métodos que causan una devastadora destrucción ambiental, incluyendo deforestación y contaminación de ríos con residuos de químicos peligrosos.

Un reciente estudio de la Universidad Externado de Bogotá encontró que hasta 80 ríos en el país están contaminados con mercurio, y la fiscalía ha advertido que 10 importantes ríos están a punto de «desaparecer».

Activista desde joven

Para Francia Márquez, que proviene de La Toma, una pequeña localidad en el departamento del Cauca, la minería ilegal no solo pone en peligro el medio ambiente sino que amenaza vidas y también el derecho a un territorio ancestral que su comunidad ha ocupado desde 1636.

«Somos descendientes de esclavos africanos. Vivimos de la minería artesanal y la agricultura», contó Francia a la BBC. Es una comunidad unida con «una visión extensa de la familia que va más allá de los lazos sanguíneos».

En esa región del Cauca, sin embargo, hay muy poca presencia del Estado.

«En territorios como el mío, la gente no tiene agua potable, tiene que esperar a que llueva para tomar agua o tiene que ir hasta el río», explicó.

«Los niños no tienen acceso a educación de calidad, tienen unas escuelitas que están deterioradas. La gente ha sido desplazada por el conflicto armado y hoy están en cordones de miseria de las grandes ciudades y la gente vive muy mal».

No obstante, Francia logró pasar por la secundaria y luego sacar un título de técnico agropecuaria del SENA, una institución pública de estudios superiores. Su interés en en defender a su comunidad y el medio ambiente la ha llevado a estudiar Derecho.

Pero, desde muy joven, ya estaba involucrada en activismo comunitario, aplicando su gusto por el canto, la danza y el teatro para pedir atención para sus causas.

Cuando tenía 15 años participó en una acción colectiva de niños, jóvenes adultos y líderes mujeres para evitar la desviación del río Ovejas, crucial para su comunidad, hacia una represa que ya había causado un negativo impacto ambiental.

La movilización tuvo efecto y el proyecto se canceló. Fue la experiencia que cimentó su determinación para proteger su territorio como espacio de vida y fomentar el progreso en su comunidad.

«Fue la primera vez que yo escuché, siendo una niña afrodescendiente, que nosotros teníamos derechos», expresó. «Derechos colectivos a definir en términos de lo que queríamos para nuestro territorio y lo que queríamos en términos de nuestro desarrollo».

Contra la minería legal e ilegal

Pero vendrían otros desafíos más grandes, no solo contra la destructiva y contaminante minería ilegal, sino contra la gran minería promovida por el mismo Estado, que Francia Márquez califica de inconstitucional.

«El gobierno entregó sin consultar a la comunidad títulos de explotación minera a grandes empresas transnacionales», indicó. «(Estas) no tienen los parámetros de cómo cuidar el medio ambiente, que es un derecho fundamental en Colombia».

La activista dice que es una situación que se repite por todo el país en humedales, bosques y hasta zonas protegidas por su fragilidad y biodiversidad.

En 2009, el gobierno declaró a su comunidad «perturbadora de mala fe», un delito en Colombia. «Pasamos de ser poseedores ancestrales de un territorio a ser criminales», comentó Francia a la BBC.

Ese enfrentamiento con el gobierno, que podría conllevar un desplazamiento forzoso para su comunidad, la motivó a iniciar estudios de Derecho, una carrera que cursa actualmente.

A partir de ahí, junto con otras organizaciones negras y otros abogados lanzó una lucha jurídica que terminó con un fallo de la Corte Constitucional que reconoce su territorio como territorio ancestral. Los títulos de explotación a grandes empresas, sin embargo, solo están suspendidos.

Años más tarde, la amenaza a La Toma vendría en la forma de decenas de retroexcavadoras y la contaminación con mercurio de la minería ilegal, con impactos desastrosos.

«El agua que consumimos de esos ríos está envenenada y no tenemos forma de tratarla», denunció. «Significa que no sabemos cuánto mercurio tenemos en la sangre donde ni siquiera tenemos acceso a una salud adecuada. Significa que la comida que nosotros vamos a estar produciendo en la comunidad también va a estar contaminada».

La marcha a Bogotá

Después de varias denuncias infructuosas ante distintas instituciones gubernamentales, de oposición directa a los mineros ilegales y de recibir amenazas, Francia Márquez decidió organizar una marcha de mujeres y jóvenes hasta la capital, Bogotá, para llamar atención al problema.

Al comienzo muchas tenían miedo. «Si ustedes no van, yo me voy sola con mis dos hijas, caminando por todo este país y hablándole a la gente sobre este problema», les dijo.

Para no dejarla sola, decidieron acompañarla en una marcha de 10 días y 350 kilómetros a través de las montañas colombianas. Eran 15, al inicio, pero para cuando llegaron a Bogotá eran 130 mujeres y jóvenes.

Protestaron por las calles durante 22 días y se tomaron el Ministerio del Interior, que colinda con el Palacio Presidencial.

«Nos declararon que éramos una amenaza para la seguridad nacional. Les dijimos al gobierno que si ellos no nos protegían nuestra casa nos íbamos a quedar ahí y que si nos moríamos que fuera en la cara de todo el mundo», dijo la líder comunitaria.

La movilización y determinación del grupo tuvo el efecto deseado. Obligó al gobierno a sentarse y dialogar.

Como resultado directo de las iniciativas de Márquez, las operaciones de minería ilegal en La Toma cesaron. El gobierno creó un cuerpo especial para investigar la minería ilegal. Para el final de 2016, toda la maquinaria alrededor del río Ovejas fue físicamente retirada o destruida por las fuerzas de seguridad de Colombia.

Amenazas

Pero la iniciativa liderada por Francia Márquez ha tenido su precio. Tanto la minería ilegal como la sancionada por el gobierno se ha dado en el marco del conflicto armado en el país.

«Hemos recibido cientos de amenazas de grupos paramilitares que dicen que nos declaran objetivo militar porque nos oponemos al desarrollo», acusó.

«¿Cuál desarrollo? Si en nombre de ese desarrollo esclavizaron a mi comunidad, en nombre de ese desarrollo nosotros hemos vivido en condiciones de empobrecimiento y es por eso que hemos decidido pelear y luchar por defender ese territorio lo cual a veces implica poner en riesgo hasta la propia vida».

Por esas amenazas Francia tuvo que dejar su comunidad para radicarse en la occidental ciudad de Cali, donde está completando sus estudios. Ha sido un cambio duro y su labor en defensa del medio ambiente y de su territorio ancestral pues, como dice, de los varios acuerdos que hicieron con el gobierno hasta hoy no se han cumplido.

«El planeta está en crisis, el medio ambiente está en crisis. Como seres humanos tenemos que pensar en qué hacer. Porque nosotros no somos dueños de la naturaleza somos parte de la naturaleza… la parte más frágil de la naturaleza».

Para ella hay una gran injusticia que la motiva a buscar asegurar lo que llama «un espacio de vida».

«No es un regalo, le costó sufrimiento y trabajo a nuestra comunidad. Y nosotros tenemos que heredarle ese territorio a las próximas generaciones«.

En total, fueron 775 estudiantes entre los 7 y 17 quienes participaron en la consulta popular simbólica. El resultado fue contundente. 764 estudiantes rechazaron la minería al votar No, mientras que solo ocho votaron por el sí. Tres votos fueron nulos. Es decir, 98,5% de los menores que participaron están en desacuerdo con la explotación minera.

La actividad se desarrolló en 33 puestos de votación, ubicados en las áreas rurales y urbanas de esa localidad. El proceso fue acompañado por funcionario de la Alcaldía de El Peñón y otras organizaciones como el movimiento Ríos Vivos Santander y Vélez 500 Años, además de delegados de la iglesia.

El Alcalde de El Peñón, Francisco Cruz afirmó que el propósito de la actividad era que los estudiantes se pronunciarán libremente, después de haber asistido a un proceso pedagógico sobre los pro y los contra de la minería. «La idea es que hasta la vereda más lejana participe y que lo hagan muy bien informados, con buenos argumentos».

¿Y la consulta popular?

Para el pasado 5 de noviembre se había programado realizar una consulta popular en El Peñón, para que sus habitantes expresaran si estaban de acuerdo con algún tipo de minería. Sin embargo, este mecanismo de participación no se pudo aplicar, debido a que se realizó la consulta presidencial del Partido Liberal que acopió los recursos ($40 mil millones).

Por este motivo, el Alcalde de El Peñón afirma que la consulta popular simbólica también es un llamado de atención al Gobierno Nacional para que reprograme dicho proceso. «Muchos campesinos y líderes se me han acercado con la intención de financiar la consulta. Entonces pedimos que nos dejen cubrir los costos, pero que sea supervisada por la Registraduría».

Según Francisco Cruz, el único trabajo que tendrían que adelantar los funcionarios de la Registraduría es contar los votos, puesto que la comunidad aportaría recursos para pagar los tarjetones. «Sin embargo, debo recalcar que es obligación del Estado, a través del Ministerio de Hacienda. Nosotros exigimos igualdad de condiciones al igual que Sucre y Jesús María».

En los municipios de Jesús María y Sucre el año pasado se realizaron consultas populares en las que los participantes rechazaron la minería. El No ganó con 97,05% y 98.21%respectivamente.

Cruz Güiza recalcó que, según los mapas, cerca del 75% del territorio de El Peñón tiene solicitudes para adelantar fracking, extracción de carbón, cobre y demás minerales. «Tan solo un título minero muy cerca al casco urbano cubre cerca de mil hectáreas».

Fuente:http://www.vanguardia.com/economia/local/431273-ninos-de-santander-rechazaron-la-mineria-con-consulta-simbolica