Ecuador

Comunidades denuncian nuevas concesiones mineras en cabecera de Río Aguarico

Exigen «que se anulen de manera inmediata y que se prohíba la minería en sus territorios»

La comunidad ancestral Ai Cofán Sinangoe denunció este 02 de mayo, que «el Gobierno otorgó 10 concesiones mineras en la frontera norte con el Parque Nacional Cayambe – Coca y el territorio ancestral Sinangoe», ubicado a las orillas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofanes, en la provincia de Sucumbíos. Señalan que «estás concesiones se otorgaron a puerta cerrada y sin el conocimiento ni consulta previa a las comunidades.

Mario Criollo, presidente de la comunidad Cofán de Sinangoe, advirtió que el río Aguarico está amenazado con estas 10 concesiones, que según explican, se han otorgado.

“Denunciamos estas nuevas concesiones dentro de una zona de gran valor cultural y ambiental, una violación directa a la Constitución ecuatoriana y a los tratados internacionales”, afirmó.

En la denuncia pública fue firmada por las comunidades Cofán de Avie, Dureno, Dovuno; de Siona de Sotosiaya y otras 10 más que rechazan que “estás concesiones se otorgaron a puerta cerrada y sin el conocimiento ni consulta previa a las comunidades afectadas”.

En el documento que está dirigido al presidente Lenín Moreno y a otros ministros de Estado, las comunidades exigen “que se anule de manera inmediata todas las concesiones mineras en la cabecera del Río Aguarico y que se prohíba la minería en sus territorios, fuentes y nacimientos de agua; zonas de recarga hídricas y de conservación; bosques protectores y en ecosistemas frágiles”.

Fuente:http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818836417

Guatemala

Ciudadanía centroamericana requiere ser consultada sobre la minería

Rosa Dávila se afana en cocinar los elotes, las mazorcas de maíz, que comerán los hombres y mujeres que han montado un puesto de control a la orilla de la carretera para bloquear el paso de suministros enviados a una empresa minera que opera en la zona.

La Minera San Rafael, subsidiaria de la compañía canadiense Tahoe Resources, está asentada en las afueras de San Rafael Las Flores, un municipio a 96 kilómetros al sureste de Ciudad de Guatemala,  en el departamento de Santa Rosa.

El control lo han montado los habitantes de Casillas, un municipio rural vecino, situado unos kilómetros antes y paso obligado al yacimiento. Otros puntos de acceso han sido también bloqueados por la “resistencia”, como le llaman los participantes en las acciones contra la minería.

“Lo primero que queremos, ¡por Dios!, es que se vayan al país de donde vinieron”, pidió Dávila, una jefa de su hogar de 48 años y madre de siete hijos, mientras atizaba los leños del fogón.

Los residentes de este y otros municipios vecinos se oponen férreamente a que la compañía continúe sus operaciones, por el daño social y ambiental que afirman ha causado desde que se instaló en 2007.

Conflictos como este han estallado en otras zonas de Guatemala y en otros países de América Central, no solo con empresas mineras sino también de energía hidroeléctrica.

“No es justo, y lo peor es que nunca nos preguntaron si queríamos que esas empresas vinieran aquí”, agregó, Dávila en el diálogo sostenido con IPS mientras no paraba de mover sus manos en la cocina instalada en un improvisado campamento, que IPS visitó el 29 de abril.

La falta de consultas previas con la población de las localidades donde se instalan ese tipo de proyectos es un problema recurrente en los países centroamericanos, cuyos gobiernos incumplen disposiciones internacionales que llaman a consultar previamente si la población está de acuerdo o no con esas inversiones.

Organizaciones ambientalistas celebraron a fines de abril en la capital guatemalteca el Segundo Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana contra la Minería,  que concluyó con la exigencia de que los gobiernos del istmo cumplan con las obligaciones internacionales y regionales para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada.

“Hacemos un llamado a los gobiernos de Centroamérica para que reflexionen, sobre la viabilidad de esto que le llaman desarrollo, cuando sabemos que la industria extractivista es un modelo de destrucción y de muerte para nuestros países”, expicó Julio González, del colectivo ecologista guatemalteco MadreSelva, al concluir las jornadas del encuentro, el 27 de abril.

Esa organización y las demás participantes en el encuentro han unido esfuerzos en la Alianza regional antiminera, a fin de conformar un bloque con más músculo ante la presencia de la industria extractiva en los países del istmo.

En el municipio de Casillas, en el departamento de Santa Rosa, en Guatemala, sus habitantes mantienen un bloqueo de la carretera que conduce a la mina de San Rafael Las Flores, para impedir el paso de suministros hacia el yacimiento. En la imagen, Rosa Dávila, en el centro, mientras pela mazorcas de maíz en el campamento improvisado de los activistas. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Una de las normas en que basan su actuación  es el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en vigor desde septiembre de 1991, que ha sido ratificado por 22 países, entre ellos los centroamericanos excepto El Salvador y Panamá.

El artículo 6 del Convenio establece que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados (…) cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, como sucede cuando una institución del Estado, de rango nacional o municipal, otorga una concesión a consorcios internacionales.

Pero eso es poco menos que letra muerta en las naciones del istmo que lo han ratificado, dijeron activistas consultados por IPS durante el encuentro.

Los Estados no han promovido las consultas, porque creen que se detienen importantes proyectos de desarrollo, por lo que son las aldeas y pueblos afectados los que han efectuado las suyas propias, añadieron.

Solo en Guatemala, donde 63 por ciento de la población es de origen indígena, se han realizado alrededor de 90 de estas consultas, bajo el mecanismo de mano alzada.

“Antes de que lleguen las empresas hidroeléctricas, empezamos a hacer la consulta, y preguntamos si esos empresarios tienen derecho a tomar nuestros ríos, y la inmensa mayoría dijo que no”, contó a IPS el indígena maya Cirilo Acabal Osorio, de 69 años.

Hasta ahora lograron parar intentos empresariales en las ocho comunidades en resistencia en esa región, predominantemente maya, añadió este oriundo de Zona Reina, del municipio de Uspatán, en el departamento de Quiche, en el noroccidente de Guatemala.

En Honduras ha habido más de 40 cabildos abiertos en los que la población de diferentes localidades ha rechazado proyectos similares, aseguró Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), perteneciente a la Compañía de Jesús en ese país.

“Pero el Estado sigue desconociendo la voluntad popular”, acotó.

Los ambientalistas dijeron que los gobiernos del área no consideran vinculantes esos procesos de consulta, y consecuentemente no los toman en cuenta.

Antes de que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobara, en marzo del 2017, una histórica ley que prohíbe la minería metálica en todas sus formas, organizaciones civiles desarrollaron consultas populares en al menos cuatro municipios, amparadas en el Código Municipal.

De momento no habría necesidad de más consultas, pues la ley cortó de tajo esas inversiones, pero el fantasma de la minería sigue presente luego de que la derecha, su aliada natural, obtuviera una aplastante mayoría en la Asamblea Legislativa en las elecciones del 4 de marzo, advirtió Rodolfo Calles, de la Asociación de Desarrollo para El Salvador.

El Convenio 169 se refiere únicamente a los pueblos autóctonos, aunque los expertos dijeron en el foro que pueden aplicarse legislaciones nacionales que lleven el mismo fin: las personas afectadas por cualquier actividad industrial deben ser informadas y preguntadas previamente.

“En el caso de países que no tienen presencia de pueblos indígenas, utilizarán sus otros mecanismos que sin duda habrá, como la consulta popular”, señaló a IPS la especialista Sonia Gutiérrez, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala.

La industria extractiva no tiene peso económico en la región, pese a sus efectos al ambiente y a la producción de las localidades donde se desarrolla, dijo a IPS el activista nicaragüense Olman Onel. En su país, por ejemplo, recordó que solo aporta uno por ciento del producto interno bruto y 0,66 por ciento del empleo.

Por otra parte, los participantes del foro denunciaron la persecución policial y judicial que viven los ambientalistas en toda la región, como un mecanismo para acallar la oposición a tales proyectos.

Landa, de Eric, aseguró que en Honduras, donde en los últimos años se han aprobado más de 800 proyectos extractivos y 143 hidroeléctricos, han sido asesinados alrededor de 127 ambientalistas, incluyendo el caso de Berta Cáceres.

Ella fue acribillada el 3 de marzo del 2016, por su férrea oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca, proyecto ubicado entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, en el noroeste del país.

Mientras tanto, en San Rafael Las Flores, sus habitantes se han organizado para defender sus tierras y su modo de vida, la agricultura, aunque el daño por la actividad extractiva ya es evidente, manifestaron.

El agricultor Rudy Pivaral, de 62 años, dijo a IPS que ya se nota la afectación a la flora y fauna, y hay una disminución y secamiento de fuentes de agua, lo cual impide mantener las dos o tres cosechas que trabajaban al año, además de los problemas a la salud asociados a la contaminación del agua.

Alrededor de 96 familias de la aldea La Cuchilla, encaramada en un cerro aledaño al yacimiento, tuvieron que ser desalojadas por los daños en las paredes de las casas, debido a las vibraciones producidas por la perforación de las rocas.

Fuente:http://www.ipsnoticias.net/2018/05/ciudadania-centroamericana-requiere-consultada-la-mineria/

Mexico

¡Salió el PEINE! — ¡MORENA apoya la Minería Tóxica en BCS!

El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Bustos Alvarado, expresó que una prueba más de que MORENA y sus candidatos están vinculados a intereses mineros, es la alerta que lanzó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) que públicamente señaló a ese partido de pretender atraer mayores inversiones canadienses en el sector minero.

Bustos Alvarado se refirió al comunicado que hace unas semanas lanzó la Red Mexicana de Afectados sobre la intención de Morena de atraer inversiones de mineras canadienses.

“Esta organización civil que no tiene vínculos, ni fines partidistas, señaló públicamente que es preocupante la intención de suscribir compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México, con salarios justos y cuidado del medio ambiente”, agregó.

Recordó que en enero pasado AMLO presentó un decálogo de acciones para hacer frente al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y en el sexto punto del mismo, dice de manera textual “Promover un acuerdo bilateral específico con Canadá para ampliar la contratación de trabajadores mexicanos en ese país y suscribir compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses en México….”.

“Mientras AMLO pretende traer más empresas mineras a México, los candidatos de morena en Baja California Sur, le mienten a los ciudadanos diciendo que no apoyan la minería, que no tienen vínculos con intereses mineros, cuando sus propios militantes y ex dirigentes lo han denunciado”, señaló Bustos Alvarado.

Fuente:https://colectivopericu.net/2018/05/02/salio-el-peine-morena-apoya-la-mineria-toxica-en-bcs/

Internacional

Tren a Oporto para protestar contra la minería de uranio a cielo abierto

España- El próximo fin de semana, días 5 y 6 de mayo, se celebrará la Marcha Ibérica en Tren contra la Mina de Uranio en Retortillo, organizada conjuntamente por la Plataforma Stop Uranio de Salamanca y las asociaciones portuguesas Quercus (asociación ecologista) y AZU (Asociación de Zonas Uraníferas). Las tres asociaciones realizarán una labor de difusión de los peligros que acechan a Portugal por la posibilidad de apertura de instalaciones radiactivas en Salamanca.

La marcha discurrirá por la línea de tren que recorre el valle del Duero en Portugal desde Pocinho hasta Oporto. Se repartirán folletos informativos en las estaciones de tren por las que discurre la línea, y se celebrará una rueda de prensa en la localidad de Reguo y un acto informativo en la misma ciudad de Oporto.

Ahora que se cumplen veinte años del desastre de Aznalcóllar, el desarrollo de proyectos de minería a cielo abierto al otro lado de la frontera puede “suponer un tremendo riesgo para la vida del río Duero y de los habitantes que del mismo se nutren” aseguran desde Stop Uranio. Afirman desde la asociación que “un estudio encargado a WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) muestra como el río Yeltes, afluente del Duero, va a quedar muy dañado por la mina”.

Avisan además que “polvo radiactivo y gas radón que emitirán las minas que Berkeley Minera pretende abrir” serán peligrosos para los vecinos de Salamanca. Así lo manifiesta también la Agencia Portuguesa de Ambiente, señalando que el proyecto de explotación minera de uranio en Retortillo “era susceptible de tener efectos ambientales significativos en Portugal” por la cercanía a la frontera portuguesa, en “atención a la dirección de los vientos”.

Según la asociación Stop Uranio “las administraciones españolas no han consultado con Portugal” las consecuencias de la explotación de la mina de uranio en Salamanca y tampoco han “sometido a información pública los distintos proyectos de minería de uranio en Salamanca” saltándose de esta forma “a la torera los tratados firmados por ambos países”.

Fuente:http://diario16.com/tren-oporto-protestar-la-mineria-uranio-cielo-abierto/

Colombia

Ante la persecución a líderes y lideresas sociales: seguiremos caminando la Paz de Colombia y del continente

Congreso de los Pueblos.

COMUNICADO:

Denunciamos la sistemática persecución del Gobierno colombiano contra el movimiento popular, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y étnicos, expresión del terrorismo de Estado imperante en el país.

A partir del viernes 20 de abril, fueron capturadas más de 30 personas pertenecientes a organizaciones sociales, así como ex-alcaldes y concejales en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca con el objetivo de criminalizar la protesta y la movilización social.

Esta nueva ola de detenciones se suma a las detenciones masivas del Sur de Bolívar ocurridas en 2017 y a las investigaciones penales en contra de representantes elegidos del partido de oposición Polo Democrático Alternativo, entre otras, que siguen el mismo modus operandi: golpes mediáticos sin sustento jurídico que, tras varios días o meses de investigación sin resultados, deben ser archivadas y en muchos casos se traducen en liberaciones. Esta práctica busca estigmatizar al movimiento social y generar miedo en las organizaciones y comunidades las cuales viene soportando una ola de agresiones que llegan a cifras alarmantes con más de 282 líderes y lideresas asesinados en los últimos dos años.

Mientras persigue a las organizaciones que construyen a diario economía y vida digna en sus territorios, el Gobierno colombiano sigue incumpliendo lo acordado tanto con las insurgencias como con los procesos sociales. Ante el conflicto armado, social y político la respuesta gubernamental sigue siendo la militarización, como lo viene haciendo en Choco, Tumaco y Catatumbo, buscando imponer una paz de vencedores y dando señales claras de su poca voluntad de cumplir la palabra empeñada y garantizar la salida negociada al conflicto. Una prueba más de las reales intenciones del Gobierno colombiano es su pasividad ante el crecimiento del paramilitarismo y la falta de garantías para las y los excombatientes de las FARC y sus familias.

Lamentamos la intempestiva decisión del Presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, de suspender el rol como garante y sede de la Mesa de Negociación entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Esta decisión no solo representa un punto final al apoyo de esa nación suramericana en la Solución política del conflicto colombiano, sino también, ante la posible reinstalación de la base militar Estadounidense en Manta, marca una clara inclinación en la política internacional del Gobierno de Moreno. Agradecemos al pueblo ecuatoriano el apoyo a la mesa de negociación entre ELN y gobierno y enviamos un abrazo solidario ante el dolor provocado por los asesinatos de los periodistas; estos hechos nos reafirman que la guerra y la violencia que ella desata no son problema de un solo país y que ante esto necesitamos seguir construyendo caminos de unidad entre nuestros pueblos para lograr la Paz.

Las diferentes organizaciones y movimientos que suscribimos este comunicado, manifestamos nuestro total compromiso con la vida, la justicia y la dignidad, que en suma son la Paz que seguiremos construyendo. Insistimos en la necesidad de generar mecanismos de presión internacional que permitan exigir y garantizar las medidas efectivas de protección a líderes y lideresas de procesos sociales, étnicos, políticos y populares en Colombia. Llamamos a que de forma inmediata podamos hacer efectiva la ternura entre nuestros pueblos, por medio de acciones que le demuestren a los poderes de la muerte que nunca podrán contra la esperanza y la lucha por la justicia.

Firmas de más de 130 organizaciones y siguen llegando

Alemania

Interventionistische Linke

Kolumbienkampagne Berlin

Argentina

ATTAC

Barricada tv

Bloque de trabajadorxs migrantes – BTM

Casa de amistad argentino-cubana

Colectivo Passarinho

Congreso de los Pueblos- Capítulo Argentina

Corriente política 17 de agosto

Corriente Popular Juana Azurduy

Enrique Viale. Abogado ambientalista. Argentina. Miembro del tribunal ético por los derechos de la naturaleza.

Frente Popular Darío Santillán

Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional

Movimiento político y social Marcha patriótica – capítulo argentina

Movimiento popular la Dignidad

Movimiento popular patria grande

Movimiento popular seamos Libres

Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social

Movimiento Proyecto popular

MPR quebracho

OLP simón bolívar

Opinión socialista Argentina

Pañuelos en rebeldía

Resumen latinoamericano

Asturia

Asociación Pueblo y Dignidad de Asturias

Australia

Chile Solidarity Campaign

Mapuche Australia Solidarity

Red de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos / Latin American Solidarity Network, LASNET Colombia Demands Justice Campaign

Brasil

Movimiento de los Pequenos Agricultores de Brasil

Movimiento de Trabajadores Sin Techo

MST

Canadá

Colombian Working Group

Fronteras Comunes

Proyecto Acompañamiento y Solidaridad con Colombia

Catalunya

Brigada Rubén Darío

Cabildo Transfronterizo Barcelona

Candidatura de Unitat Popular (CUP)

Casa de la Solidaridat

CASAL

Colectivo Maloka

Colectivo Trawun

COOPXINO

CTA Barcelona

H.I.J.O.S. Barcelona

ITACA- Organización internacionalista de los Països Catalans

Raíces Solidarias

SOLNICA

Chile

Comisión de Política Internacional del Frente Amplio

Izquierda Libertaria

Movimiento de Pobladores Ukamau

Movimiento Democrático Popular

Organización de Refugiados de Chile -OCORCH

Organización de Víctimas del Conflicto Colombiano

Partido Igualdad

Cuba

Centro Memorial Dr. Martin Luther King

Red de Educadores/as Populares/

Red Ecuménica Fe por Cuba

Ecuador

COJI

Comité de Defensa de. Derechos Humanos de Pueblos de la Frontera

Comunidades Cristianas de Base Esmeraldas

Frente de Defensa y Lucha del Taxismo Informal

Guadalupanos

Secretaria ASECOBI

E.Español

Comité Internacionalista de Zaragoza

Comité por la paz de Colombia en Madrid.

Francia

LA PLUMA

Tribunal Internacional de Opnión – SUR DE BOLIVAR

Guatemala

Asociación coordinadora nacional de pobladores de áreas marginadas de Guatemala

Haiti

Coordinación de ORGANIZACIÓN MOREPLA (Movimiento de los Campesinos de Artibonite)

Honduras

Colectivo Insurrectas Autónomas de Honduras

Frente Nacional de Resistencia Popular y Organización Política Los Necios

Inglaterra

Colombia Solidarity Campaign

Italia

Centro Social Ocupado Autogestionado “Ex Snia”

Comité “Carlos Fonseca”

Comites de Base “COBAS”

Latinoamérica y el Caribe

Red de Victimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe REVICPAZ –

Mesoamerica

Red Mesoamericana de Educación Popular Alforja

México

Millones contra Monsanto

Actuar Familiares contra la Tortura

Alzando Voces

Asociación de Consumidores Orgánicos

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de

Asociación de padres y familiares de las víctimas de Sucumbíos APFVS.

Campaña Nacional Sin Maíz no hay país

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.

COA Nutrición

Colectivo de Reflexión en la Acción Rumbo Proletario

Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias A. C. (COMCUSA)

Defensores del MarAC de San Dionisio del Mar, Oaxaca

La casa de los pueblos

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh)

Observatorio de los derechos humanos de los Pueblos.

Organización Campesina Emiliano Zapata-CNPA Chiapas

Periódico el zenzo

Raquel Gutiérrez. México. Profesora de la Benemerita Universidad autónoma de Puebla

Unión de Colonias Populares-Iztacalco (UCP-Iztacalco)

Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros.

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh):

Fundación Diego Lucero A.C.

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM)

Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD)

Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México)

la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH)

Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C.

la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM)

Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México

Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN

Actuar Familiares contra la Tortura Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”

Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (EN VERO)

Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C.

Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, (FREMEXDHU), Zihuame.

País Vasco

Emigrados Sin Fronteras

Perú

Acción socialista

La Junta

Las rondas campesinas

Movimiento comunitario alfa y Omega

Mundo Verde

Norte progresista

Partido comunista patria roja

Todas Somos Micaela

Puerto rico

Jornada Se Acabaron Las Promesas Puerto Rico

Movimiento de Agroecologia Popular de Puerto Rico

Rep. Dominicana

Casa del Caribe-Inc. Barahona

SICSAL- Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina Mons. Romero-R.D.

Suecia

Aluna

Foro Internacional de victimas FIV – Capítulo Suecia

Organización Multicultural de Integración y Derechos Humanos OMI

Uruguay

Organización de víctimas del conflicto armado colombiano en Uruguay

Venezuela

Movimiento socialista José Carlos Mariátegui la chira

Red de Victimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe REVICPAZ – LAC:

Colectivo por la paz en Colombia desde México, ColPaz.

Colectivo de exiliados y refugiados colombiano en el Ecuador

Colectivo Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz MECOPA – Argentina

Asociación de víctimas “Ecos de Colombia” – Costa Rica

Asociación de Víctimas SOVIC – Panamá

Capítulo Europa – Congreso de los Pueblos

Fuente:https://www.redcolombia.org/2018/04/30/ante-la-persecucion-a-lideres-y-lideresas-sociales-seguiremos-caminando-la-paz-de-colombia-y-del-continente/

Chile

Pampa Camarones: Gobierno respalda brazo minero de LarrainVial para reactivar proyecto

Esta semana será crucial para el proyecto minero Pampa Camarones. El pasado miércoles, el gobierno a través el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), órgano técnico del Ministerio de Medio Ambiente, recomendó a la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Arica y Parinacota la aprobación del proyecto.

Se trata de un espaldarazo clave a la votación que se llevará a cabo este viernes, en la que los jefes de los servicios ministeriales expresarán su resolución sobre el proyecto.

La iniciativa que si bien contempla una inversión de US$10 millones para su actualización, apunta a optimizar su método de explotación a fin de elevar la eficiencia de los proceso de extracción y procesamiento de cobre a fin de obtener una mayor pureza del metal. Arrigoni Minería SpA, Pampa Mater S.A., Samsung C&T Chile,y Copper SpA fueron los socios originales del proyecto y según sus proyecciones contemplaba una inversión de US$70 millones.

Sin embargo, según el Servicio de Evaluación Ambiental la aprobación del proyecto está sujeta a una serie de condiciones.

En efecto, el titular deberá presentar un cronograma al Consejo de Monumentos Nacionales, para el proceso de regularización de las intervenciones no autorizadas en el sitio arqueológico “Salamanqueja 1243”, ocurridas durante la ejecución del proyecto “Planta Cátodos Pampa Camarones”.

Además, deberá entregar información de la ubicación de las especies de cactus.

En relación al Plan Global de Protección y Monitoreo de Chungungo, específicamente al registro fotográfico que se incluirá en los informes a entregar, para las campañas de monitoreo que se realicen, las fotografías deberán venir fechadas.

“Frente al actual escenario mundial de bajos precios y pérdidas operacionales, el Directorio de Pampa Camarones ha adoptado la decisión de disponer del cierre temporal de la faena. En este contexto, la presente Declaración de Impacto Ambiental busca dar continuidad operacional al Proyecto Minero Pampa Camarones, para volver a generar los empleos asociados y mantener la actividad esta empresa minera metálica de la Región de Arica y Parinacota”, sostiene la Declaración de Impacto Ambiental ingresada por la compañía.

Entre los proyectos de Minera Activa están: Compañía Minera Filipina, Minería Imán, Minería Indiana, Pampa Camarones y Eco Earth Elements.

Fuente:http://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/pampa-camarones-gobierno-respalda-brazo-minero-larrainvial-reactivar-proyecto/149634/

Mexico

Minería y geotérmica amenazan a Chignahuapan, Puebla

Ante la amenaza que representa para su territorio la existencia de al menos dos concesiones mineras, una de geotermia y el proyecto para la construcción de un acueducto,pero también para conocer las leyes emitidas que permiten el “saqueo y la depredación” de los bienes naturales, pobladores de Chignahuapan realizaron el primer Foro en Defensa del Territorio y la Biodiversidad.

 

Fue Gerardo Pérez Muñoz de la Asamblea Social del Agua quien se encargó de dar a conocer la situación que se vive en la Sierra Norte de Puebla por la existencia 440 concesiones mineras que comprometen el 66 por ciento de la región, además de los permisos para la instalación de hidroeléctricas y la entrega de diversas áreas para la explotación petrolera, donde se usa la fractura hidráulica o fracking y la aprobación de leyes que permitirán apropiación de bienes como el agua y los bosques.

 

En el salón El Honguito, ubicado en el barrio de Tenextla, los conocieron a grandes los megaproyectos de la industria extractiva en la zona, supieron que están rodeados de ellos por su vecindad con Zacatlán, Aquixtla, Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán, pero también fueron informados que Chignahuapan “tiene sus propios proyectos de muerte”, dijo Pérez Muñoz

“Por ello es importante unirse, porque no es un problema de Chignahuapan”, sino regional por lo que reconocieron que es importante la concientización de las familias y las comunidades sobre las afectaciones que provocarán la puesta en marcha de este tipo de proyectos y buscar canales para su organización.

 

Los pobladores recordaron la experiencia que tuvieron cuando, el año pasado, frenaron la privatización del agua en este municipio y al mismo tiempo se manifestaron en contra de la ley que privatiza el servicio de agua potable en el estado.

En los límites de Chignahuapan y Ahuazotepec, en terrenos conocidos como Terrerillos, la minera canadiense AlmandenMinerals tiene una concesión de más de 9 mil hectáreas de terreno para la extracción de oro, plata, plomo, cadmio, cobre, zinc que está vigente hasta el 19 de abril del 2061.

Mientras que otras 100 hectáreas de terreno fueron concesionadas a Sandra Cruz López para la extracción de Cuarzo, Feldespato y toda sustancia permisible en el terreno Cascabel que concluirá el 28 de abril del 2061.

 

Mientras que a 27.5 kilómetros de la cabecera municipal de Chignahuapan, en los mismos terrenos concesionados a la minera canadiense AlmadenMinerals, se encuentra Acoculco, una zona entregada por el gobierno federal a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la explotación de su potencial geotérmico.

De probarse su factibilidad, éste sería el segundo campo de geotermia en el estado de Puebla, junto con Los Humeros, ubicado en la sierra nororiental en el municipio de Chignahutla, que también pertenece a CFE y que usa esta energía proveniente del núcleo de la tierra en forma de calor para producir electricidad, tras extraerla a través de fisuras de rocas de las capas de la corteza terrestre, con una técnica similar a la utilizada para obtener el gas shale: la fracturación hidráulica o fracking.

Fuente: https://regeneracion.mx/mineria-y-geotermica-amenazan-a-chignahuapan-puebla/

Chile

Indignación en organizaciones por fallo a favor de Dominga

El pasado viernes, el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación interpuesta por la Empresa Andes Iron en contra del Comité de Ministros que había rechazado la iniciativa. La decisión ordena retrotraer el proyecto a la evaluación de la Comisión de Evaluación Ambiental Regional, lo que abre posibilidades de aprobación.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2018/04/27/indignacion-en-organizaciones-medioambientales-por-fallo-a-favor-de-dominga/

Mexico

Comunidades clausuran minera a 3 kilómetros de planta nuclear en Veracruz

Más de 300 habitantes de 20 localidades de los Municipios de Actopan y el Alto Lucero clausuraron de manera simbólica la bodega de materiales que utiliza el proyecto minero “El Cobre” de la empresa Almadex Minerals. Denuncian que mina está a 3 kilómetros de planta nuclear Laguna Verde; demandan cancelación definitiva, viola derechos humanos en México, no cuenta con el consentimiento social para operar en Veracruz. Autoridades federales y municipales son omisas a las demandas de los pobladores.

“Comunidades exigen la cancelación de concesiones mineras y que sus territorios sean decretados libre de minería” señaló en un comunicado de prensa La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental
Indicaron que El proyecto minero “El Cobre” pone en riesgo a las comunidades, e indicaron que los posibles impactos acumulativos y sinérgicos con otras actividades y proyectos – como la planta nuclear Laguna Verde ubicada a tan solo 3 kilómetros de distancia del proyecto minero – y las líneas de alta tensión, vulneran sus territorios.

“El gobierno federal ha concesionado más de 70 mil hectáreas en la zona; es decir, dentro de un espacio que ha sido ocupado por siglos por las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y comunidades equiparables a pueblos indígenas”, denunciaron.

Indicaron que lo anterior vulnera los derechos humanos de las comunidades tal y como establecen los artículos segundo de la Constitución y sexto del convenio 169 de la OIT, el gobierno federal debe garantizar el consentimiento previo, libre y culturalmente informado.

Precisaron que “las comunidades equiparables pertenecientes a los municipios señalados, han tomado la decisión en 27 asambleas ejidales y comunitarias de rechazar las actividades mineras en su territorio”.

A través de actas de asamblea han manifestado ante las autoridades la vulneración a partir del acto de la concesión minera, de su derecho a la autonomía, a la libre autodeterminación sobre su territorio, al consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado, dijeron.

“Por lo tanto, las concesiones y los proyectos son violatorios de derechos humanos”, puntualizaron.

Todas las autoridades involucradas también son responsables de violar los derechos económicos, culturales, sociales y ambientales de las comunidades, dijeron, “por las afectaciones que han sufrido o puedan sufrir en caso de que continúe desarrollándose el proceso extractivo”.

Por lo anterior los habitantes exigen respeto a sus derechos, exigen a las autoridades federales la cancelación de las concesiones y la expulsión inmediata de las empresas mineras de sus territorios, precisaron.

Finalmente indicaron que las comunidades exhortan a la empresa a desistirse de sus concesiones mineras en territorio veracruzano y cancelar el Proyecto Minero “El Cobre”.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/40320-comunidades-clausuran-minera-a-3-kilometros-de-planta-nuclear-en-veracruz

Mexico

Rubén Muñoz en contra de la megaminería tóxica a cielo abierto en Sierra La Laguna

El candidato de Morena a la alcaldía de La Paz calificó al PAN de incongruente por apoderarse de la postura contra la minería tóxica en la Sierra de la Laguna como una bandera electoral.

 El candidato a la alcaldía de La Paz por la coalición «Juntos Haremos Historia» (Morena-PES), Rubén Muñoz, manifestó su rechazo a la minería tóxica a cielo abierto y aseguró que si llega a la presidencia no habrá proyectos de este tipo en el municipio.

“A favor de la protección del agua y en contra de la minería tóxica a cielo abierto que todos sabemos, los técnicos y los no técnicos, que es una agresión hacia nuestro medio ambiente”, detalló.

Incluso, la planilla de Rubén Muñoz, así como los aspirantes locales a diputaciones, recibieron a integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida para conocer cómo es que las empresas extractivas a cielo abierto destruyen comunidades y ecosistemas.

“Si la mayor reserva hídrica de la ciudad está en la sierra de la laguna, si ahí  se nutren las 15 cuencas que tiene La Paz, la responsabilidad no es solamente con el medio ambiente es con la propia vida humana”, precisó el candidato ante los medios de comunicación.

Rubén Muñoz expuso que cuidar el agua es darle viabilidad a las futuras generaciones, por lo que no debe tratarse de una posición electoral sino ética de cada ciudadano que participe en el proceso.

El candidato acusó que el Partido Acción Nacional (PAN) no tiene congruencia al “apoderarse” de la postura contra la minería tóxica en la Sierra de la Laguna como una bandera electoral.

“Yo no creo que las banderas sean en favor de nadie o que alguien tenga el patrimonio exclusivo de las posturas, ahí se equivoca Acción Nacional. No hay congruencia política en la declaración del PAN, resulta que se pronuncian en contra de la minería y llevan a su fórmula a un candidato a regidor que fue de los que aprobó el asunto. Es como si el PRI hiciera lo mismo cuando fueron los propios regidores priistas quienes avalaron esa situación”, dijo.

Finalmente, Rubén Muñoz declaró que la minería forma parte de la vida económica y social del Estado, pero los proyectos que se realicen  en BCS deben darse ser en zonas donde no esté riesgo el agua y que se haga de manera responsable con el medio ambiente.