Colombia

Minería en Colombia y sus impactos en los Derechos Humanos

De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, Colombia tiene una población de 48.65 millones de habitantes hasta el año 2016. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noreste con Panamá; después de Brasil, es el segundo país con mayor biodiversidad y se encuentra en la posición número 12 de las naciones más diversas del planeta, en su territorio esta el 10% de la biodiversidad del mundo. En América del Sur es la única que tiene costas en el océano Pacífico y Atlántico a través del mar Caribe.

Aunque, la explotación minera en Colombia está regulada por la Agencia Nacional de Minería, el Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en general el Ministerio de Minas y Energía, la biodiversidad del país y los derechos fundamentales de sus comunidades se ven amenazadas por uno de los principales motores económicos, que se caracteriza por la explotación de carbón, níquel, esmeraldas, oro y materiales de construcción.

La Política Minera establece que la actividad tiene varios estándares, entre ellos: pequeña escala, es la actividad con baja utilización de recursos, reservas y uso limitado de tecnología durante la explotación; mediana escala, cumplen con las normas laborales y de seguridad e higiene, tiene en cuenta los impactos en el entorno ambiental y social; gran escala, están bajo condiciones estándares económicas, técnicas, ambientales y sociales, lo cual genera ingresos a nivel nacional y local, pero trae impactos no tan favorecedores para la naturaleza y su ecosistema.

La vulneración de los derechos humanos en los proyectos de minería a mediana y gran escala, se ven reflejados por la representación de amenaza a la vida, dignidad humana, cultura e identidad de campesinos y personas de sitios aledaños que se ven obligados a transformar sus actividades tradicionales.

 En el Huila, la actividad minera se enfatiza en los siguientes recursos: petróleo, oro, arcilla, roca ornamental, barita, bauxita, caliza, dolomita, roca fosfórica, granito y mármol. El departamento cuenta con 30 ecosistemas estratégicos y una enorme riqueza natural, como el río Magdalena donde desembocan numerosos afluentes y quebradas de la región sur colombiana, sin embargo, los megaproyectos minero energéticos de compañías extranjeras en los últimos años han empezado a ocupar un lugar predominante en la economía del departamento.

Actualmente el Huila enfrenta dos grandes centrales hidroeléctricas: la Represa de Betania, ubicada entre los municipios de Yaguará, Hobo y Campoalegre, con una superficie de 70 km, que se convierte en una de las hidroeléctricas más grandes de Colombia con una capacidad de 540 megavatios y la Represa del Quimbo, planta generadora de energía con capacidad de 400 megavatios, construida por la multinacional Emgesa bajo el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena que surgió por iniciativa de la empresa Hydrochina y posteriormente fue entregado a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) para su aprobación.

En los proyectos de minería en el país, se manifiestan conflictos sociales y ambientales que demuestran la tensión entre las autorizaciones del Gobierno Nacional para el desarrollo de las actividades mineras y las comunidades que debido a los factores mencionados, se les reprime el derecho a disfrutar de una vida digna con las garantías del respeto por los derechos intrínsecos que posee sin distinción de ningún tipo, ni raza, género, nacionalidad, origen social, entre otros factores para el progreso pleno de los individuos y las comunidades. 

“La situación con la represa de Betania es que a veces queda seca, generando pérdidas económicas para nosotros que vivimos del turismo, y es que ¿quién viene a ver ese charco seco?”, asegura habitante del municipio de Yaguará preocupado, pues cree que a largo plazo esa represa será una desgracia para el departamento y su gente “Ya lo estamos viviendo de a poco”.

Mientras tanto, las comunidades de las diferentes regiones, pelean a través de las consultas populares para evitar que empresas internacionales lleguen a realizar proyectos que atenten contra el agua, la vida y bienestar de su gente, como sucede en Cajamarca e Íquira entre otros. 

Fuente:http://opanoticias.com/noticias/central-mineria-en-colombia-y-sus-impactos-en-los-derechos-humanos/

Perú

Estados de emergencia limitan democracia

Este último 11 de abril el Gobierno prorrogó por sesenta días el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Apurímac– Cusco– Arequipa. Esto se suma a los Estado de Emergencia decretados desde agosto de 2017 en diversos distritos de Apurímac y Cusco, con lo que hay zonas que cumplirán al menos diez meses en esta situación.

Frente a estas graves vulneraciones de los derechos a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito de las y los ciudadanos, las organizaciones abajo firmantes manifestamos:

1. Nuestra profunda preocupación porque el gobierno a través de las renovaciones consecutivas en estos territorios de los Estados de Emergencia está convirtiendo como una medida permanente una medida que por mandato constitucional y de acuerdo a las obligaciones internacionales es “excepcional”.

2. Se está produciendo una constante violación a la Constitución Política del Perú toda vez que esta señala los requisitos para la aplicación de los estados de emergencia, indicando que solo debe emplearse en “caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. Ninguna de estas situaciones se ha presentado en el territorio afectado por esta declaratoria de emergencia. Más aún, la calificación de esta medida como “preventiva” introduce una causal que no existe ni en el texto constitucional ni en la normatividad internacional sobre los Estados de Emergencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado claramente que “(…) que las medidas de emergencia deben estar justificadas por una amenaza a las condiciones necesarias para mantener la organización política del Estado de acuerdo con los principios de la democracia representativa” (1)

3. Dentro del corredor vial se encuentra el proyecto minero Las Bambas, que es el punto de origen de la mayor parte del mineral que circula por dicho corredor, y genera serios impactos para el medio ambiente, la salud y la vida de las comunidades campesinas que viven cerca de la carretera.

4. Existe un convenio entre el proyecto minero Las Bambas y la Policía Nacional del Perú – aprobado por Resolución Ministerial N° 990-2017-IN de 6 de octubre de 2017-. Este convenio fue suscrito por el Director General de la Policía Nacional del Perú, quien a su vez es la autoridad que recomendó al Ejecutivo la declaratoria de los Estados de Emergencia. Esto, pone de manifiesto un grave conflicto de intereses. Por citar solo un ejemplo: hace algunos días se produjo un derrame de substancias químicas en la carretera y la población fue impedida de desarrollar actividades de monitoreo y de reclamo pacífico aduciendo justamente el Estado de Emergencia. Es evidente que en este caso la Policía Nacional actúa como juez y parte privilegiando la defensa de un bien particular frente al bien público.

5. Esta declaratoria del Estado de Emergencia así como los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional, y la militarización de territorios como el corredor vial, forman parte de una estrategia de criminalización de la protesta social que va de la mano con la negativa a abrir o propiciar espacios de diálogo, así como el reciente amedrentamiento a la organización Derechos Humanos Sin Fronteras. Lamentablemente es la estrategia que ha venido desarrollando el Estado peruano en las últimas décadas y que se profundizó durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Con la reciente medida de prórroga del Estado de Emergencia en este corredor vial, el gobierno del presidente Vizcarra ratifica este camino. El manejo autoritario y represivo de los conflictos sociales no solo es inaceptable desde un punto de vista democrático y de respeto a los derechos humanos, sino que se ha demostrado incapaz de resolver, o al menos contener, los conflictos sociales en el país.

6. Invocamos al Gobierno a dejar sin efecto la declaratoria de Estado de Emergencia y a modificar las políticas que apuntan a criminalizar la protesta social. Llamamos a atender las justas demandas de las comunidades afectadas por diversos impactos de la actividad minera a través de mecanismos de diálogo a los que concurran autoridades nacionales y regionales, representantes de las empresas y los dirigentes de las comunidades locales. Solo a través de una política integral de gestión de conflictos, en la cual el Estado cumpla con su rol primordial de garante de derechos y escuche y atienda de manera real a ciudadanos y ciudadanas, será posible cimentar una convivencia en igualdad de condiciones entre las comunidades locales y empresas mineras.

7. Instamos a la ciudadanía a que ante cualquier restricción y vulneración de derechos a que recurra a los mecanismos legales que la Constitución le reconoce y que denuncie públicamente cualquier atropello a sus derechos fundamentales ante las instancias correspondientes. Ratificamos nuestra disposición y compromiso a acompañar dichos justos reclamos.

 

Suscriben:

  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
  • Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
  • Cooperacción
  • Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF
  • Earht Rights International – ERI
  • Fundación Ecuménica para la Paz – FEDEPAZ
  • Instituto de Defensa Legal – IDL
  • Centro Bartolomé de Las Casas
  • Broederlijk Delen
NOTAS
https://prohomine.wordpress.com/2014/05/10/la-excepcionalidad-de-los-estados-de-excepcion/ Blog Autor: Juan Pablo Albán Alencastro. Mayo 10 de 2014. Consultado: 26 de abril de 2018. []

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-estados-de-emergencia-limitan-la-democracia-en-el-peru/

Panamá

Comunidades Panameñas por una justicia socioambiental

Más de 10 casos sobre conflictos socioambientales distributivos y temático, se presentaron en la Primera Audiencia Popular “Verdad, justicia y reparación socioambiental para Panamá”. Cuyo objetivos fueron la unificación de criterios y naturaleza de los casos registrados en el país. Además el rediseño de una hoja de ruta que involucrará a las comunidades en resistencia por localidad, región y a nivel nacional. Considerando la pluralidad de conflictos y redes de organizaciones de lucha involucradas en 3 ejes temáticos:

A. Extractivismo hídrico
B. Extractivismo territorial
C. Criminalización de la protesta social y a defensores de los derechos humanos

Las comunidades que presentaron su testimonios fueron: comunidad de Santa Rita que lucha contra la hidroeléctrica Chuspa en la provincia de Chiriquí; la Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE que resisten contra 6 concesiones hidroeléctricas sobre el río Santa María en la provincia de Veraguas. En esta temática, un representante del corregimiento de Juan Díaz de la provincia de Panamá, expuso las implicaciones que conlleva la cuenca del río Juan Díaz.

Sobre el acaparamiento territorial, se abordo el caso de la Laguna de Matusaragatí presentada por la Alianza por un mejor Darién, la violación al Parque Nacional Volcán Barú, la isla de Pedro González que lucha contra el Grupo Eleta, edificadores de un proyecto de turismo inmobiliario. Otros casos presentados fueron la palma aceitera en la provincia de Darién que se ha convertido en una plaga para los ecosistema y forma cultural de producción agrícola.

En cuanto al extractivismo minero, se abordaron las irregularidades de la concesión minera Cerro Quema, que además de operar con permiso vencido, también a sido promotor de la persecución a Basilio Pérez, quién expuso su caso en dicha audiencia. Así como la lucha de las comunidades indígenas y campesinas que luchan contra la minería a cielo abierto y que impulsan su estrategia a través del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4.

Sobre criminalización de la protesta social y a defensores de los derechos humanos, se estudio los casos de la ambientalista Ligia Arreaga, Larissa Duarte, Basilio Pérez y moradores de Isla Pedro González. Que son víctimas de demandas y amenazas a la integridad física y vida.

Es importante destacar que entre los ejes causales de los conflictos socioambientales en el marco de la Ecología Política, está la economía de libre mercado, en que los bienes comunes son principal rubro para sostener el capital y mercaderes comerciales de las grandes potencias. Pero que también vienen disfraza de Economía Verde, y su falsa solución a la crisis ambiental global. Algunas de sus ramificaciones son los Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL, Reducción de Dióxido de Carbono y Deforestación REDD, servicios ambientales y compensación por pérdidas de biodiversidad. Que son las más negociadas en Panamá.

Estos son los casos más emblemáticos de cientos de conflictos registrados en Panamá, que fueron presentados en esta iniciativa popular.

Todos los testimonios, representaron la voluntad colectiva, como una muestra al estado de que la justicia socioambiental también es posible desde los cabildos populares y rurales. Y que esta audiencia estuvo constituido por profesionales en las materia a fines a los casos, entre ellos:

  • Celia Sanjur Socióloga
  • Evidelio Adames Biológo
  • Susana Serracín Abogada ambiental
  • Miguel Ramos Economista
  • Juana Camargo Feminista

La audiencia popular dio como resultado la creación de un instrumento legal y social que tiene como propósito ser vinculante ante el Estado (órganos de gobierno, ministerios e instituciones públicas, defensora del pueblo y organismos internacionales de derechos Humanos), con el objetivo de hacer una revisión de las concesiones, auditorias, sanciones y cancelaciones de proyectos que no cumplen la ley y que producen impactos negativos irreversibles al ambiente y humanidad.

Esta audiencia se realizó el domingo 22 de abril, en el marco del Día de la Tierra. Y aniversario de la Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé CODETAC en la Comunidad de Las Tablas de El Potrero del Distrito de La Pintada, Provincia de Coclé. Que contó con un espacio de actividades como intercambio de semillas de distintos puntos de Panamá, bailes folklóricos, actividades culturales y recreativas. Esta audiencia, sigue la dinámica de la Ruta de la Verdad realizada por las comunidades rurales y la organización hermana Acción Ecológica de Ecuador.

Esta Audiencia fue convoca por: el Colectivo Voces ecológicas COVEC y Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP)

Fuente:http://movimientom4.org/2018/04/video-fotos-comunidades-panamenas-por-una-justicia-socioambiental/

Ecuador

Comunidades y organizaciones indígenas se unen para denunciar nuevas concesiones mineras en la cabecera del Rio Aguarico

Comunidad Ancestral Ai Cofan Sinangoe, el 25 de abril 2018En la comunidad ancestral Cofan de Sinangoe (canton Gonzalo-Pizarro, Provincia de Sucumbíos) el 24 de abril 2018, dirigentes y representantes de 15 comunidades y organizaciones indígenas del Rio Aguarico y del Ecuador se reunieron para analizar la situación crítica que afrontara la cabecera del Aguarico por el otorgamiento INCONSULTO de más de 10 nuevas concesiones mineras en la zona de los ríos Aguarico, Cofanes y Chingual efectuadas desde el mes de enero del presente año, hecho que representa una GRAVE AMENAZA contra la salud de las comunidades de toda la cuenca del Aguarico que dependen de este río para su subsistencia diaria, además de las agresiones contra la naturaleza. 

Representantes de las comunidades Cofan de Avie, Dureno, Dovuno, de las comunidades Siona de Sotosiaya, Seoqueya, Tarabeaya, San Victoriano, de las comunidades Siekopai de Waiya, Siekoya Remolino, de las comunidades Kichwa de Jesus del Gran Poder, Playas de Oro, Yana Allpa, Cuchapamba, y de las organizaciones NOAIKE (Nacionalidad Originaria A’I Kofan del Ecuador), NASIEPAI (Nacionalidad Siekopai del Ecuador) unieron sus voces a la de Sinangoe para exigir que se anulen inmediatamente las concesiones mineras.

 

Durante el mes de enero del año en curso Guardias Indígena de la comunidad de Sinangoe en sus recorridos de protección y control de su territorio ancestral descubrió nuevas operaciones de minería de oro con maquinaria pesada (retroexcavadora, moto-bomba, etc.) dentro del cauce del Rio Aguarico, a la orilla de su territorio ancestral y del Parque Nacional Cayambe-Coca, dañando de manera considerable el bosque, el rio y el agua de la zona.

 

El Rio Aguarico está amenazadoDenunciamos estas nuevas concesiones que se otorgaron a puertas cerradas, sin el conocimiento ni la consulta previa a las comunidades afectadas, y dentro de una zona de gran valor cultural y ambiental, una violación directa a la Constitución ecuatoriana y a los tratados internacionales” afirmó Mario Criollo, Presidente de la comunidad Cofan de Sinangoe que recibió un apoyo unánime de las otras autoridades indígenas presente a la reunión de hoy.

 

El rápido avance de las operaciones mineras en la cabecera del Aguarico, y la presencia en el Catastro Minero de otras concesiones en trámite dentro del Río Aguarico, preocupan altamente las comunidades porque este tipo de explotación casi siempre viene con el uso ilegal de mercurio (Hg), un metal pesado muy tóxico que se acumula en la cadena alimenticia y puede dañar de manera irreparable la salud de los pueblos indígenas que dependen de la pesca como fuente importante, estable y económica de proteína. 

Con una sola voz todas las comunidades presentes hoy tenían un mensaje muy claro al gobierno central del Ecuador:

 “Exigimos que se anulen de manera inmediata todas las concesiones mineras en la cabecera del Rio Aguarico, y que se prohíba la minería en nuestros territorios; fuentes y nacimientos de agua; zonas de recarga hídrica; en zonas especiales para la conservación, en bosques protectores y en ecosistemas frágiles.”  

 

Los dirigentes presentes elaboraron conjuntamente denuncias a las autoridades del MAE, ARCOM, Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía y se comprometieron a socializar con los miembros de sus comunidades esta nueva amenaza al Rio Aguarico, a su agua y a la salud de la gente. Mientras que las operaciones mineras siguen avanzando, nuevas acciones contra la minería en la cabecera del Rio Aguarico son planeadas en las semanas que vienen.

 

Para más información:

Alex Lucitante, celular: 099-946-9780

sinangoetsampi@gmail.com

  

Firmando esa declaración:

 

Mario Criollo, Presidente de Sinangoe

Wilson Quieta, Presidente de Duvuno

Cesar Lucitante, Presidente de Avie

Emergildo Criollo, representante de Dureno

Alicia Salazar, representante de Seoqueya

Margarita Criollo, Presidente de San Victoriano

Ana Payaguaje, Vice-Presidente de Tarabeaya

Revalisto Piaguaje, Presidente de Sotosiaya

Dannes Piaguaje, Presidente de Waiya

Manolo Payaguaje, Presidente de Secoya Remolino

Mario Licuy, Presidente de Jesus del Gran Poder

Wilson Licuy, Presidente de Playas de Oro

David Gualinga, Presidente de Yana Allpa

Francisco Grefa, Presidente de Cuchapamba

Nivaldo Yiyoguaje, Presidente de la NOAIKE

Cesar Piaguaje, representante de NASIEPAI

Argentina

Impulsan consulta popular vinculante por la minería

Proponen que la gente decida por el Sí o por el No durante las próximas elecciones de octubre de 2019. Se pondría a consideración la propuesta de la Iniciativa Popular.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Javier Touriñán, presentará en el día de hoy un proyecto de ley para llamar a una consulta popular vinculante por la minería. La propuesta busca que la población decida en las urnas por el “Sí” o por el “No”, por lo cual se plantea que la decisión se haga durante las elecciones de octubre del año que viene.

Qué se decidiría

Lo que se pondría a consideración sería el proyecto original de la Iniciativa Popular, que con más de 13 mil firmas fue presentado para prohibir la minería en todo el territorio. Touriñán explicó que “por un lado es una modificación a una ley vigente que establece el mecanismo de la Consulta Popular. Esa ley en caso de la consulta popular vinculante, que es la que pretendo llevar adelante, establece que no pueden transcurrir más de 180 días entre la aprobación de la consulta popular y el acto eleccionario”.
Manifestó que “lo que pretendo yo y el bloque es someter a consulta popular vinculante el tema de la minería por el Sí o por el No y que coincida con las elecciones de gobernador, vice y cargos nacionales de 2019. Esto serviría para que ningún candidato se haga el distraído y todos opinen. Que se terminen los lobbistas y los fundamentalistas”.

Controversia

“Que todo el cuerpo electoral de la provincia emita su voto y decida si avanzamos o no avanzamos en una controversia hace mucho en la provincia. Sería obligatoria, todo el mundo votaría. Claramente los jefes comunales no tienen la capacidad técnica de armar una poligonal de esa naturaleza”.
Diferenció de lo que aconteció con el plebiscito de 2003 en Esquel. “El de entonces era localizado y no vinculante”. Y marcó que “son cuestiones difíciles de resolver por posiciones encontradas. Cuando todos se arrogan tener la verdad hay que someterlo a lo que quiere la gente”.

Fuente:http://www.diariojornada.com.ar/211367/provincia/impulsan_consulta_popular_vinculante_por_la_mineria/

Mexico

Explotación minera en el mar, opción o pesadilla

La explotación minera de fondos oceánicos será pronto una realidad. Sus impactos ambientales están siendo intensamente evaluados por instituciones académicas y agencias internacionales, mientras la ingeniería avanza lo suficiente para colocarla como opción viable y rentable, en muchos casos, superior a la minería en tierra. Crece la escasez de minerales metálicos y no metálicos en yacimientos terrestres accesibles y de costo aceptable, mientras el reciclaje es insuficiente y la demanda aumenta exponencialmente por la industria electrónica y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Níquel, cobalto, tungsteno, platino, rodio, manganeso y otros metales son indispensables para nuevas tecnologías electrónicas, y el fósforo es insumo vital para la manufactura de fertilizantes esenciales en la agricultura. El impacto ambiental de actividades mineras en tierra llega a ser devastador en cuanto a ecosistemas y paisajes, deforestación, y contaminación de aguas, suelos y atmósfera.

 

En fondos marinos a varios miles de metros de profundidad existen nódulos polimetálicos formados a lo largo de miles o de millones de años por la precipitación de minerales disueltos en el mar y su adhesión en torno a partículas o detritus. Son del tamaño de un puño humano y contienen hasta 3% de níquel, cobalto, cobre, y otros metales, y hasta 25% de manganeso. Están disponibles directamente sobre el lecho marino, y pueden ser cosechados con máquinas robot que los envían a barcos nodriza ubicados en la superficie. Los sedimentos y el material descartado son devueltos al fondo y/o dispersados en el mar desde los barcos nodriza. De ahí, los nódulos son enviados a instalaciones de separación y beneficio en tierra. En el caso de fósforo o roca fosfórica, ésta simplemente es recuperada por enormes dragas de succión en zonas mucho más someras (50-100 metros de profundidad) después de removerse una capa de lecho marino de entre 0.5 y 6 metros. Los impactos ambientales se relacionan con la pluma o nube de sedimentos desechados y que afecta la penetración de la luz y con ello al fitoplancton, base de cadenas ecológicas marinas, y desde luego, con la alteración mecánica de los ecosistemas bentónicos del fondo, lo que puede afectar a un gran número de especies. Lo anterior, independientemente del ruido y de la interferencia con rutas migratorias, hábitat y zonas de alimentación de mamíferos marinos y tortugas.

 

El primer proyecto en México de minería del fondo marino ha sido rechazado por Semarnat, aduciendo impacto sobre poblaciones de tortuga caguama (Caretta caretta), aunque en los tribunales ha recibido una nueva oportunidad. Se trata del proyecto Don Diego, de extracción de roca fosfórica frente el golfo de Ulloa en el Pacífico sudcaliforniano a 50 metros de profundidad en una superficie concesionada de 800 km2 (pero el área dragada será una pequeña fracción del total).

La minería submarina es un hecho, y no podrá impedirse. Esto, en un escenario en que los mares no son ajenos a radicales impactos ambientales generados por la pesca artesanal e industrial. Por ejemplo, ciertas artes de pesca, como las redes de arrastre de camarón y otras, son verdaderos bulldozers que destruyen fatalmente los ecosistemas del fondo marino, además de capturar sin discriminación numerosas especies no objetivo que simplemente se descartan y son devueltas muertas al mar. Es difícil que exista otra actividad con impactos ambientales tan profundos y generalizados en los océanos.

 

La clave está en encontrar esquemas que concilien la racionalidad ecológica y económica de la minería submarina, y que logren en paralelo la conservación, y una regulación ambiental estricta de la pesca. Sin embargo, en México no existe ninguna autoridad a cargo de la gobernanza, planeación y regulación integral de mares y costas, capaz de lograrlo. Es preciso crearla.

 

Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Hausmann-en-que-se-parece-la-economia-al-Scrabble-20180504-0040.html

Mexico

“Vamos a cerrar filas contra la minería tóxica”: Lupita Saldaña

Mulegé, Con el apoyo de los diputados y los presidentes municipales vamos a cerrar filas contra la minería tóxica, que pone en riesgo el medio ambiente y la salud de nuestras familias, así lo dio a conocer la candidata de la coalición Por México al Frente, Lupita Saldaña, en su visita a Bahía Tortugas, Bahía Asunción y Punta Abreojos.

Durante su recorrido, Saldaña Cisneros resaltó que se debe proteger la riqueza de la naturaleza sudcaliforniana: “Es una tierra que ha dado grandes oportunidades a todas las familias que por nacimiento o adopción han hecho de Baja California Sur su hogar, es nuestro deber defender las riquezas naturales de los intereses económicos”.

Lupita Saldaña dijo que no se permitirá que intereses individuales pongan en riesgo el bienestar de las familias muleginas, y en su lugar impulsará un turismo sustentable que respete los diversos entornos y que ayude a detonar la economía.

“Estoy a favor del desarrollo en armonía con la naturaleza y con las riquezas de nuestro estado, en el Por México al Frente nuestra prioridad es preservar el medio ambiente e impulsar el desarrollo turístico sustentable”, señaló.

Saldaña Cisneros asegura que con el apoyo de la ciudadanía, el próximo 1 de julio, los candidatos de Por México al Frente cerrarán una gran alianza contra la minería tóxica en Baja California Sur.

Fuente:http://elinformantebcs.mx/cerrar-filas-la-mineria-toxica-lupita-saldana/

Venezuela

El Arco Minero del Orinoco: fraude y catástrofe en Venezuela

 

I. ¿Qué es el Arco Minero del Orinoco?

El Arco Minero del Orinoco es un proyecto de explotación de recursos naturales dentro de nuestro país. Fue establecido y puesto oficialmente en curso por medio de un decreto presidencial el 24 de febrero del año 2016 (promulgado en la Gaceta Oficial N˚ 40.855 bajo el N˚ 2.248).

Este decreto autoriza la explotación minera a gran escala de una inmensa zona ubicada en el sureste del país (incluye vastas áreas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro) y será desarrollada por empresas mixtas (el proyecto contemplaba inicialmente la incorporación de, al menos, 150 empresas extranjeras).

El área destinada a los trabajos de exploración y explotación por dicho decreto alcanza aproximadamente el 12% de la extensión de nuestro territorio nacional (111.843,70 km²) y cuenta con unas reservas probadas en miles y millones de toneladas de oro, diamante, hierro, bauxita, cobre y coltán. Es, además, una zona de una muy rica biodiversidad que comprende grandes selvas y bosques protegidos por decretos de reserva forestal, monumentos naturales y cuencas salvaguardadas por leyes ambientales y convenios internacionales (esta zona, por cierto, forma parte de la Amazonía: el bosque húmedo tropical más grande del planeta y el hogar de la mayor biodiversidad del mundo, entre un tercio y la mitad de la vida conocida del planeta).

II. Razones oficiales y razones reales

 

El proyecto del Arco Minero del Orinoco, según el propio Gobierno nacional, es una  iniciativa que forma parte del Motor Minero de la Agenda Económica Bolivariana y cuyo principal propósito es reimpulsar la economía venezolana. Tiene, según sus propias afirmaciones, un valor económico estratégico fundamental: posee el potencial para llevar, al país, de una economía petrolera monorentista a una economía diversificada más vigorosa y segura. Altos funcionarios del Ejecutivo han sostenido, por ejemplo, que la ejecución del proyecto del Arco Minero podría convertir a Venezuela en la segunda reserva de oro más grande del planeta  y establecer al estado Bolívar como una alternativa no petrolera de desarrollo en el país.

Sin embargo, las razones de fondo que han empujado al Gobierno nacional a implementar el proyecto del Arco Minero del Orinocoparecen ser muy distintas. La baja relativa de los precios del petróleo y la caída de la producción petrolera nacional han provocado una escasez notable de divisas en las arcas del gobierno. Esta escasez le ha impedido al Gobierno nacional, por una parte, atender satisfactoriamente sus obligaciones ordinarias y extraordinarias y, por la otra, mantener sus políticas clientelares, su sistema de corrupción interno y externo y su política de influencia internacional.

El Gobierno nacional requiere desesperadamente nuevos recursos y nuevas fuentes de ingresos. Recursos y fuentes de ingreso que le permitan mantenerse en el poder y financiar la continuidad de su proyecto. El Arco Minero del Orinoco es esta nueva fuente lícita de recursos e ingresos. El proyecto del Arco Minero responde, de este modo, básicamente, a un interés privado: la satisfacción de los intereses de la elite gobernante; no a un interés primordialmente público: no al interés de la nación en general. La falta de los estudios previos de impacto ambiental y sociocultural exigidos por la Constitución Nacional para poner en marcha actividades de esta naturaleza deja justamente en evidencia la urgencia de su motivación particular y nos   confirma, así mismo, el desinterés público de dicha empresa.

III. Impacto ambiental, social y cultural

La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco producirá uno de los mayores desastres ambientales en la historia de la humanidad, una catástrofe ecológica que afectará no sólo a la generación presente sino a las generaciones futuras de nuestro país y del planeta en general.

No existe, en el mundo contemporáneo, una tecnología adecuada para llevar a cabo una explotación minera de tipo ecológica. Los trabajos de exploración y explotación mineras del Arco del Orinoco serán realizados bajo las técnicas tradicionales de exploración y explotación. Así pues, la deforestación y la quema de millones de hectáreas, el uso masivo de cianuro y arsénico, el desvío de los cursos naturales de las corrientes de agua y la remoción de inmensas extensiones de superficie perjudicarán de manera permanente la tierra como el agua, el clima y la biodiversidad de toda la zona.

La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco producirá la destrucción completa de bosques y sabanas, la sedimentación y el envenenamiento de las cuencas, los embalses, los ríos y los demás cursos de agua, la desertificación y la contaminación de toda la zona explotada, la alteración del ciclo hidrológico, la incidencia negativa en el clima y la disminución de las precipitaciones. Una parte de nuestra nación, como es previsible, quedará (literalmente) convertida en un desierto árido e improductivo de excavaciones contaminadas. Nuestras reservas de agua y la generación de energía para todo el país, como es de esperar, se verán seriamente comprometidas.

El decreto del Arco Minero del Orinoco viola los derechos humanos de las comunidades indígenas de la zona y su ejecución podría dar lugar a un genocidio. Viola el derecho a la vida, el derecho a la preservación de las tierras y de las formas de vida ancestrales de las comunidades indígenas. La condena al exterminio o al desplazamiento. Las comunidades indígenas que se resistan a desplazarse de sus territorios estarán condenadas irremediablemente a su aniquilación; las que quieran preservar sus vidas deberán desplazarse forzosamente de sus tierras ancestrales. El Arco Minero del Orinoco será una sentencia de muerte para las etnias Warao, Acawayo, E’Ñepa, Pumé, Mapoyo, Kariña, Arawak, Piaroa, Pemón, Ye’kwana y Semeyá.

El Arco Minero del Orinoco convierte el sur de nuestro país en un enclave colonial. Le otorga ventajas especiales al capital extranjero: exoneraciones totales o parciales del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, flexibilización de la normativa laboral, no interferencia de la minería artesanal, los indígenas o de huelgas. Y menoscaba odiosa e injustamente los derechos de los trabajadores empleados: los deja sin el amparo de la Ley del Trabajo y sin el derecho a reunión, manifestación o huelga.

El Arco Minero del Orinoco tendrá un impacto sumamente erosivo sobre nuestra sociedad y sobre la vida de toda nuestra nación: producirá la expansión a gran escala de los males sociales y culturales asociados a la minería ilegal actual: masacres, sicariato, corrupción, represión de los cuerpos policiales y militares, propagación de enfermedades, alcoholismo, tráfico de drogas, drogadicción, trata de mujeres, violación de menores, etc.

IV. Consideraciones finales

El decreto del Arco Minero del Orinoco viola derechos humanos fundamentales, la Constitución de la República y la firma de tratados internacionales ambientales, laborales e indígenas por parte de nuestro país.

El decreto del Arco Minero del Orinoco lesiona gravemente la soberanía de nuestra nación. Desconoce derechos y principios constitucionales para favorecer los intereses de la elite gobernante y del capital extranjero (inescrupuloso), en perjuicio grave del bienestar, la seguridad y el desarrollo sostenible de nuestra nación.

La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco perjudicará muy negativamente a nuestro ambiente, a nuestras comunidades indígenas y a nuestras vidas en general. Dará lugar a lugar a un ecocidio de grandes magnitudes e intensificará el -ya, de hecho, muy alarmante- proceso de desintegración social del país.

El Arco Minero del Orinoco producirá una catástrofe ecológica de consecuencias planetarias. El área destinada por el decreto para la explotación minera es muy, muy grande: casi la mitad de todo el territorio del Reino Unido (243.000 km²) e incluso superior a la extensión total de países tales como Cuba (109. 884 km²), Portugal (92.100 km²) o Panamá (78.569 km²). Su impacto sobre nuestro ambiente será incluso mayor al provocado, por la antigua Unión Soviética, en el mar de Aral (la reducción drástica, al 10% de su magnitud original) del cuarto lago más grande del planeta para la época (años 60 del pasado siglo) y su contaminación elevada convierten el ecocidio del mar de Aral en uno de las mayores catástrofes ambientales artificialmente provocados en la historia de la humanidad.

Si algún día nuestro país recupera la calma y los venezolanos de uno y otro signo deciden escribir su propia historia nacional de la infamia, el Arco Minero del Orinoco ocupará, sin duda alguna, un lugar destacado dentro de ella. Pero, por ahora, a todo ciudadano consciente, a todo individuo responsable le corresponde la tarea de oponerse a él, denunciarlo y organizarse para impedir la continuación de su ejecución.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/venezuela/item/40325-el-arco-minero-del-orinoco-fraude-y-catastrofe-en-venezuela

Perú

OEFA ordenó a minera Aruntani cerrar depósito de desmonte y tajo en Moquegua

Esta tarde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la minera Aruntani S.A.C., iniciar el cierre final del depósito de desmonte y el tajo, priorizando el tratamiento de aguas ácidas de dichos componentes hasta cumplir con los Límites Máximos Permisibles (LMP), en la unidad minera Florencia – Tucari, ubicada en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua.

El objetivo de la medida impuesta es evitar la contaminación de las quebradas Margaritani y Apostoloni, tributarias del río Coralaque.

Durante acciones de supervisión, el OEFA sostuvo que identificó efluentes ácidos provenientes del depósito de desmonte y del tajo de dicha unidad, los cuales superaban los LMP y discurrían hacia las quebradas Margaritani y Apostoloni. Asimismo, detectó deficiencias operacionales del sistema de tratamiento de aguas ácidas del depósito de desmonte, lo que habría impedido su respectivo tratamiento.

Ante estos hechos, el OEFA ordenó priorizar el tratamiento de los efluentes ácidos durante los procesos de cierre final del depósito de desmonte y del tajo. Asimismo, la empresa deberá remediar el suelo, así como el lecho de las quebradas Apostoloni y Margaritani, por donde discurrió el agua ácida.

Afirmaron que en caso no se cumpla con las medidas impuestas se iniciarán las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan.

Fuente:http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/oefa-ordeno-minera-aruntani-cerrar-deposito-desmonte-y-tajo-moquegua-n320095

Latinoamerica

El extractivismo minero y producción de la naturaleza

En el marco de la minería moderna, a los pueblos le es expropiada su naturaleza para producir sobre una distinta, creando otra subjetividad de trabajo en su geografía. No podemos entender la producción de la naturaleza dentro de la modernidad sin las nuevas condiciones materiales que trae consigo el capitalismo. Sin embargo, la producción de la naturaleza no aplica para comprender el extractivismo minero, porque no es cierto que el proceso de extracción sea equiparable al de la producción, idea que es defendida por empresarios extractivistas y funcionarios de Estado.Por Cristian Abad Restrepo (FLACSO-Panamá*) publicado en La Estrella de Panamá.

La conquista de los diversos espacios en la actualidad por la modernidad/colonialidad no solamente hacen referencia a la expropiación de la materia, el trabajo y el saber de pueblos, como fue evidente en los siglos pasados, sino al proceso de creación permanente de producir naturaleza, lo que Neil Smith llama de ‘segunda naturaleza’ o como explica Elmar Altvater (2014) la naturaleza adquiere una segunda piel con el capital. En el marco de la minería moderna, a los pueblos le es expropiada su naturaleza (formas de trabajo de reproducción de la vida), para producir sobre éstas otra naturaleza, otra materialidad, en definitiva, otra subjetividad de trabajo en su geografía. No podemos entender la producción de la naturaleza dentro de la modernidad sin las nuevas condiciones materiales que trae consigo el capitalismo. Sin embargo, la producción de la naturaleza no aplica para comprender el extractivismo minero, porque no es cierto que el proceso de extracción sea equiparable al de la producción, idea que es defendida por empresarios extractivistas y funcionarios de Estado.

LOS EMPLEOS QUE PRODUCE EL EXTRACTIVISMO MINERO NO SON TRABAJOS

El empleo que pregona el extractivismo minero no permite la producción de la naturaleza de forma general, porque estamos hablando literalmente de la ruptura del equilibrio del metabolismo social, es decir, de la destrucción de las formas de trabajo que permiten que el ser humano sea humano a través de la tierra, que permita cultivarse a sí mismo. En ese sentido, con el extractivismo minero no es posible producir naturaleza, porque lo que produce es literal muerte. Sin embargo, en los discursos mineros modernos, dicho sueño de producir hasta el infinito, ha hecho eco de la incorporación de los lenguajes de la producción de la naturaleza en general, como si el trabajo desarrollado en las minas a gran escala fuera de valor de uso, o sea de la satisfacción humana de la necesidad primaria.

El trabajo promovido por extractivismo minero es tóxico, porque no participa de la naturaleza en su producción, en tanto que ésta queda reducida a la extracción. Para referenciarlo de otra manera, el ser humano simplemente no puede transformarse en el proceso de extracción porque no produce nada, en tanto que no ejerce ninguna función sobre la naturaleza ni sobre sí mismo, sólo su degradación.

Así, el trabajo promovido y desarrollado dentro del extractivismo minero está enfocado en dos aspectos, la mera extracción (sacar las rocas y minerales) y la innovación de esa extracción, socavando la fuente de toda riqueza que es la tierra y el trabajo (Altvater, 2014). Si la madre es la naturaleza (tierra) y el padre el trabajo humano, tendríamos una reproducción de la vida. Marx explicó que es mediante el trabajo humano junto con la naturaleza que coparticipan para su reproducción, para su sobrevivencia, desencadenando su propia transformación hacia algo mejor. No obstante, con el extractivismo minero no vemos producción de la naturaleza, sino extracción de la misma. El supuesto trabajo que pregona el extractivismo minero sólo genera escasez de trabajo, es paradójico, pero es así, los puestos de trabajo mineros son actividades que deshumanizan, destruyen y embrutecen.

En los discursos y notas de los medios de comunicación hegemónica que retratan la subjetividad de los empresarios y gobiernos, se abogan la capacidad de creación geológica del oro, es decir, de producir naturaleza mineral. En la revista Forbes de México, fue publicado un artículo titulado ‘China devora 90% de la ‘producción global’ de oro’. En la revista El Economista de Argentina se titula una columna ‘Seis países americanos, entre los mayores productores de oro’. En la revista El Portafolio de Colombia, otro hecho noticioso titula ‘La producción de oro’ aumentará en un millón de onzas en cinco años’.

En la Revista de Brasil (Jornal do Brasil) un titular lleva el nombre de ‘Rio Tinto interrompe produção de diamantes’, y así sucesivamente se va ampliando los imaginarios de creación de la naturaleza, en específico de los minerales. A la opinión pública le encubren que los beneficios de la vida moderna tienen consecuencias mortales, que no existen espacios extraídos/explotados y un profundo desconocimiento de dónde proviene la materialidad moderna. En definitiva, el encantamiento del consumo ha concebido sujetos de espaldas al territorio. La colonialidad de la naturaleza queda en evidencia no solamente cuando se confunde extracción con la producción, sino cuando se escucha que la minería es verde, ecominería, minería ecológica, biominería, minería sostenible y amigable con el medio ambiental, como incorporación abusiva del cuidado de la vida. Dichas falacias son propias del hombre moderno que se asume como Dios sobre la naturaleza, pero sabemos que ‘ninguna sociedad produce carbón, ni oro, ni petróleo, tampoco produce los días y las noches. Somos seres extractores de estas y no productores’ (Gonçalves, 2013).

EXTRACTIVISMO-MINERO Y SEGUNDA NATURALEZA

En realidad, decir que la extracción es sinónimo de producción, ya de por sí encubre las características históricas bajo la cual se ha fundado el extractivismo minero, como la devastación y contaminación de los territorios y la muerte lenta de los cuerpos humanos y no humanos, bajo la égida simbólica de la renta. Ahora bien, lo que sí podemos entender es que el extractivismo minero sea el paso o la mediación de la primera naturaleza extraída y saqueada en el sur global (quizás para muchos la Madre Naturaleza) hacia la segunda naturaleza como objeto de producción y creación para el norte global, lo que implica una relación radicalmente distinta con la Naturaleza [Smi06].

El pensamiento moderno juega un papel fundamental en este tránsito de la Naturaleza convertida en materia a merced de la voluntad humana capitalista. Cabe resaltar que la segunda naturaleza, según Neil Smith, ha ‘acelerado la emancipación del ser humano de la primera naturaleza’, es decir, una libertad basada en el control y dominio sobre las determinaciones naturales. Esta libertad la vemos en la producción del espacio como las ciudades, siendo espacios altamente artificiales. El Conde Buffon, había sentenciado que ‘una nueva naturaleza puede florecer de nuestras propias manos’ (Smith, 2006) en América, o sea, los europeos fueron los artífices de la segunda naturaleza en detrimento de una Naturaleza con otros horizontes de sentido. Esa es la libertad que pregona la racionalidad moderna que encubre tanto sus consecuencias de hacerse cargo de la devastación producida (Bautista, 2014), como de las mentiras bajo las cuales se ha fundado la sociedad moderna como la más justa, cuando en realidad sus privilegios se basan en quitarle la vida al otro, expropiarlo de su agua, de su oro, de su montaña y de su alimento.

En otras palabras, la segunda naturaleza es propia de la modernidad que produce espacios a su imagen, un espacio funcional a las múltiples jerarquías de poder (raciales, sexuales, saberes, genero, organización social etc.). La base de una segunda naturaleza está en el extractivismo, en especial, el minero. De allí que hablemos de extractopolis como espacios funcionales y artificiales que privilegian un tipo de trabajo, basado en la extracción de materias primas para su posterior transformación que haga posible el espacio moderno. En realidad, estos espacios son enclaves fascistas con la Naturaleza.

SEGUNDA NATURALEZA Y COLONIALIDAD DE LA NATURALEZA

La segunda naturaleza no escapa a la colonialidad de la misma porque de ésta recibe su sentido, no solo por constituirse en valor de cambio en el modo de producción capitalista, sino por el contenido racial propio de la modernidad que orienta la producción de espacios por el capital. Explica Neil Smith (2006) que ‘la naturaleza que precedió a la historia humana ya no existe en ninguna parte, porque por primera vez los seres humanos (cabe resaltar que es el ser humano moderno, porque no es verdad que todos estemos y nos identifiquemos con este ser de la modernidad) producen naturaleza a una escala mundial, es decir un ensanchamiento de la segunda naturaleza a expensas de la primera… el origen de esto es la modificación de la relación entre valor de uso y el valor de cambio’.

Este proceso ha significado que habitemos en una era que Elmar Altvater (2014) denomina como capitaloceno. La capaz geológicas de la tierra no solamente se modifican por el Fracking para la extracción de petróleo, sino que son convertidas en monedas. Extractivismo minero es inseparable de la colonización de la naturaleza (Alimonda, 2009), lo que lo torna insoportable e insostenible para los pueblos que tienen y sueñan con otros futuros, horizontes y mundos. Seguir bajo esta senda de un trabajo improductivo (extractivo minero) es continuar bajo regímenes coloniales que tiene como propósito transferir abundancia por escasez, ese es el gran sueño de la modernidad. Nuestros pueblos no requieren empleos extractivos sino trabajo productivos. Esta es una de las grandes cuestiones en América Latina.

* El Programa FLACSO-Panamá busca dotar a la población de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) es un organismo regional, instituido por la UNESCO para impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de las Ciencias Sociales.

Fuente:https://noalamina.org/informacion-general/impactos-de-la-mineria/item/40363-el-extractivismo-minero-y-produccion-de-la-naturaleza