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Argentina

Se desconoce el desarrollo de un proyecto de litio en 6.500 hectáreas

Autor: El Ancasti.com

En la Secretaría de Minería, la empresa canadiense Marifil no presentó ningún plan para desarrollar litio. Se cree que podría tratarse de un caso de especulación.

La semana pasada medios nacionales informaron que la empresa canadiense Marifil Mines Limited había anunciado el lanzamiento de su programa de exploración de litio, con la adquisición de dos propiedades que totalizan 6.528 hectáreas en la zona de Antofagasta de la Sierra. Sin embargo, no hay información con respecto al desarrollo de un proyecto de litio en esa zona por parte de la empresa. La Secretaría de Minería no tiene registro de presentación de algún plan. Tampoco tiene información el intendente de Antofagasta de la Sierra. Se cree que algún concesionario de yacimiento podría haber vendido o alquilado la concesión del pedimento, pero hasta ayer el panorama no era claro y no se descarta que se trate de la misma vieja historia de especulación con los yacimientos mineros.

Según la publicación, las concesiones de exploración obtenidas son las de Fraile (de 5.678 hectáreas) y Ratones (de 850 hectáreas), controladas en un 100% por Marifil, y corresponden a tierras fiscales catamarqueñas.

Desde la Secretaría de Minería explicaron que no existe ningún proyecto en desarrollo y se pedirá informes a Catastro Minero y al Juzgado de Minas para saber quién es el concesionario. Lo que puede ocurrir es que la compañía Marifil Mines haya adquirido la concesión porque se la compró o la alquiló a alguien que tiene la concesión de ese yacimiento.

El terreno puede ser fiscal o privado, aún así los recursos mineros son del Estado. Según la información se trataría de tierras fiscales, pero lo que se adquiere es el pedimento que otorga el juzgado de Minas. Consultado por el tema, el secretario de Minería, Rodolfo Micone, expresó: “A nosotros nos preocupa mucho porque usted puede denunciar una mina y obtener su concesión minera, pero el dominio del terreno es del Estado. Usted como parte privada, siendo dueño de la concesión, puede alquilarla, puede venderla, eso lo permite el Código de Minería. Nosotros estamos en contra de este tipo de cosas porque deberían llegar a la Secretaria Minería y preguntar cuál es el estado de las minas. Estamos en contra de la especulación porque creemos que el Estado tiene que ser responsable y cuando la empresa se radica en la provincia tiene que demostrar que tiene solvencia para encarar un proyecto de esta categoría. Tiene que preguntar cómo están las minas, presentar cuál es el proyecto, presentar informe de impacto ambiental, informar qué va a pasar con sus oficinas y de esto no tenemos nada”, señaló en declaraciones a Radio Valle Viejo.

«Tenemos empresas serias en la provincia y no queremos que estos anuncios se hagan por especulación o solamente para la Bolsa de algún lugar. El servicio de Catastro está viendo el tema», agregó.

Micone señaló que la empresa puede adquirir la concesión, pero cuando va a iniciar un proyecto tiene que informar a la Provincia «sino ese sitio no se toca», afirmó.

«Cualquier empresa que quiera especular en la provincia no lo va a poder hacer porque estamos conscientes de que el recurso debe ser tratado como corresponde», afirmó. En ese marco, señaló que en la actualidad se desarrollan cuatro proyectos en la zona. «Tenemos bastante trabajo y posibilidades de producir, lo que no queremos es la especulación», concluyó.

 

Pedidos de cateo

Según pudo averiguar El Ancasti, la empresa canadiense Marifil habría realizado pedidos de cateos en la zona hace varios años ante el Juzgado de Minas. El cateo permite buscar minerales en grandes extensiones de tierra. Si encuentra mineral puede denunciar la mina y luego el juez la otorga.

Esos pedidos de cateo tienen un plazo de dos o tres años, de acuerdo con la sentencia del juez. Sin embargo, los pedimentos de esa empresa habrían caducado.

Se sospecha que el pedimento minero fue adquirido por otro particular que ahora lo habría vendido a esta compañía, que en realidad no tendría ningún proyecto en marcha.

En diálogo con Radio Ancasti, el intendente de Antofagasta de la Sierra dijo también que desconocía quiénes podrían haber adquirido esa cantidad de hectáreas y que no tenía información sobre el proyecto.

 

Bloqueo en el ingreso a la mina de Culampajá

En declaraciones radiales, el secretario de Minería, Rodolfo Micone, se refirió también al accidente ocurrido el fin de semana último en la mina de Culampajá. Explicó que el yacimiento está en un terreno privado y anticipó que se tomó la decisión de bloquear el ingreso como ya se hizo en otras minas que están abandonadas.

El sábado un turista cordobés cayó en una mina de Culampajá, en Corral Quemado, ubicada a 150 kilómetros de la cabecera departamental de Belén.

«Es una zona en la que hace más de 50 años se trabajó. Es parte del saneamiento del Catastro Minero que estamos realizando. Tenemos 5.000 minas en la provincia y estamos tratando de sanear. En esa zona hay labores que fueron condenadas, esto significa que tenemos minas que han sido tapadas y no se puede ingresar, pero parece que ésta había quedado libre», señaló.

Micone apuntó también a la falta de responsabilidad del turista al ingresar sin conocer en la zona.
«Vamos a implementar un protocolo porque teníamos entendido que es propiedad privada y no podía entrar nadie. Ya hemos mandado a la Policía minera a la zona y vamos a tomar la determinación de bloquear esa zona», señaló.

«Fue un milagro que se salve», dijo Micone al señalar que cayó 42 metros. De igual modo, reconoció el trabajo que realizaron Bomberos Voluntarios y Policía de la Provincia.

Fuente:https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2018/5/15/se-desconoce-el-desarrollo-de-un-proyecto-de-litio-en-6500-hectareas-371063.html

 

Ecuador

Conflicto entorno al extractivismo

Autor: Por AZD , El Mercurio.ec
Conflicto Relacionado:

Transportistas y moradores piden se retome el trabajo minero en Río Blanco. La ministra Rebeca Illescas cumplirá agenda hoy en Cuenca.

En las últimas dos semanas, se activaron dos frentes de conflicto por la minería, en Río Blanco, parroquia Molleturo, son habitantes y activistas antimineros los que rechazan de manera radical la empresa de origen chino, Junefield Resources Ecuador, Ecuagoldmining, y piden su salida por supuestos daños ambientales. En el Alto Nangaritza, Zamora Chinchipe, ante operativos de ARCOM, el Ministerio del Ambiente (MAE), y el Ministerio de Minas, contra la minería ilegal, hubo reacciones de mineros y de una comunidad shuar que defienden esta actividad que contamina el río Nangaritza.

Lina Solano, activista antiminera, representante de la organización Defensoras de la Pachamama, sostiene que la lucha tiene ya 20 años en Río Blanco, donde no ha existido jamás una consulta previa a las comunidades.

La organización ha denunciado el tema en la Defensoría del Pueblo, además ha expuesto ante las autoridades lo del estudio de impactos ambientales que desde su punto de vista no garantiza nada y que se aprobó por presión del propio gobierno.

“Federico Auquilla quien fue gerente de la empresa minera en el 2007, pasó luego a ser viceministro y ministro de Minas, y fue cuando se presionó para que se apruebe el estudio de impacto ambiental, en el 2011 aproximadamente”, recalcó Lina Solano.

Anota que, también se denunció la forma en que se estaba concesionando el agua en Río Blanco, la empresa había solicitado casi el triple del agua determinada en el estudio de impacto ambiental, y que en este proceso también hubo presiones, pues Xavier Sánchez, ahora subgerente de la empresa minera, quien para entonces era subsecretario de Minas, habría tenido incidencia en Senagua, por lo que las concesiones se aprobaron sin que la empresa presente siquiera los estudios de impacto ambiental, según su relato.

Río Blanco está al oeste de Cuenca y se estima que en el yacimiento hay 605.000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata; cuya explotación durará 11 años; según Xavier Sánchez, subgerente de la empresa, la contaminación será mínima ya que se utilizará un sistema de recirculación de agua.

Cero minería

Activistas antimineros como Lina Solano y Yaku Pérez, presidente de la Ecuarunari, y parte de los habitantes de comunidades aledañas al proyecto minero, como Río Blanco, Zhin Alto y Llano Largo, insisten que habrá contaminación y que de salir la minera, no se permitirá ningún tipo de minería en la zona que es parte del macizo de El Cajas; algunos moradores dicen que ya se secó la laguna Loma Cruz.

Ayer unas 50 personas del Consorcio de Transportistas de Molleturo, rechazaron la agresión contra la minera; aseguraron que se seguirá el trámite legal pertinente ante la incineración de una retroexcavadora de propiedad del socio Braulio Guartazaca, quien aún paga un crédito adquirido para comprar esta máquina en 40.000 dólares.

La organización pidió a las autoridades que garanticen el orden y que retorne la paz para poder seguir trabajando. Habitantes de las comunidades aledañas al proyecto, expresaron su respaldo a la minera y desmintieron versiones de activistas como Yaku Pérez.

Jenny Chimborazo, presidenta de Cochapamba, dijo que Pérez y 3 antimineros más no fueron secuestrado como denunciaron ellos, “los detuvieron por unas dos horas, para interrogarles, le dijimos al señor Yaku, ¿Con qué plan llegan a nuestra comunidad?, eso fue todo”, señaló.

Testimonios

Rosa Durazno, de 67 años, de Río Blanco, dice que no hay contaminación, que las instituciones del Estado están ejerciendo control. “La laguna Loma Cruz, toda la vida se ha secado en verano y se ha llenado en invierno”, manifestó.

Otra habitante, Andrea Ochoa, dice que hay división, “el proyecto minero empezó hace 20 años; cuando había alguna inquietud nos levantábamos todos pero ahora hay amenazas entre grupos, los que empezaron con la oposición, son los mismos que vendieron los terrenos al proyecto, y antes incluso hacían minería haciendo huecos. Estas reacciones son políticas y quieren hacer minería artesanal”, precisó.

MÁS DETALLES

* El Colegio de Abogados del Azuay, en el tema Río Blanco exige al MAE, adopte medidas y proteja las fuentes de agua, humedales, páramos y bosques, ante pretensiones de empresas transnacionales de arrasar con un patrimonio. Que no se atropellen la protesta pacífica, que se proteja la integridad de los moradores y se impida abusos de cuerpos armados al servicio de las mineras.

* Esta mañana a las 10:30, integrantes de varias organizaciones defensoras del medio ambiente, como el Frente de Defensoras de la Pachamama, Natura Insurrecta, Bloque Proletario y Retumba la Trole, ofrecerá una rueda de prensa, previo al plantón organizado para rechazar al proyecto minero Río Blanco, y demás proyectos considerados estratégicos por el Gobierno Nacional.

* Elizabeth Durazno, de Río Blanco, rechazó la gran presencia de militares y policías durante las protestas de la semana pasada en la zona del proyecto minero, para proteger a la transnacional y no al pueblo que defiende el medio ambiente. La minera incluso dispuso a la fuerza pública que impida el paso de la prensa al área del campamento, argumentando que está en investigación.

* Nilo Criollo, presidente de Zhin Alto, hizo un llamado a las autoridades, para que se identifique a quienes lideraron las protestas que ocasionaron la incineración parcial del campamento minero de Río Blanco y de máquinas contratadas; sobre todo a la gente que llegó de fuera a generar el caos, ya que en su comunidad tampoco hay impactos ambientales pero sí desarrollo con la minera.

* Según el ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, los operativos en el Alto Nangaritza-Zamora Chinchipe continuarán y se judicializarán porque es minería ilegal catalogada como delito; sin embargo los trabajos extractivistas continúan a lo largo del río Nangaritza. Sobre casos como este, no han existido protestas ni medidas de hecho de parte de organizaciones antimineras.

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/05/15/conflicto-entorno-al-extractivismo/

Mexico

Mineras hacen con México lo que expresamente les prohiben en EU y Canadá: informe trinacional

Autor: Ivette Lira. Sinembargo.

El informe “En balance: emisiones y transferencias de contaminantes en América del Norte”, realizado por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), compila datos oficiales de cada una de las tres naciones que integran el TLCAN hasta el año 2013, y señala que México permite un número mucho más elevado de contaminantes por parte de la industria minera que Estados Unidos y Canadá.

El estudio se basó en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), para el territorio nacional; en el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (NPRI), en el caso de Canadá, y en el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) para la revisión en Estados Unidos.

– México omite el reporte de decenas de sustancias contaminantes producidas por la industria minera, a diferencia de Canadá y Estados Unidos. En 2013, por ejemplo, el sector minero informó a las autoridades mexicanas que únicamente emitió ocho tóxicos al medio ambiente, mientras tanto EU declaró 59 y Canadá un total de 63, reveló la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) en su informe “En balance: emisiones y transferencias de contaminantes en América del Norte”.

El reporte de 162 páginas, compila datos oficiales de cada una de las tres naciones hasta el 2013 y destaca que Estados Unidos y Canadá abarcan un número mucho más elevado de contaminantes que los registrados en México, debido a la permisividad o tolerancia excesiva de las autoridades del país con las compañías mineras, tanto las nacionales como las extranjeras, especialmente con las de origen canadiense.

El estudio se basó en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), para el territorio nacional; en el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (NPRI), en el caso de Canadá y en el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) para Estados Unidos.

Las características de los registros de emisiones y transferencias de contaminantes de América del Norte varían de país a país.

–El RECT de México, que no es actualizado desde 2015, considera 104 contaminantes y toma en cuenta las minas de minerales metálicos (sólo beneficio); caleras y cementeras; todos los establecimientos que emiten contaminantes a aguas de jurisdicción federal; además de actividades con manejo de residuos peligrosos.

–El NPRI de Canadá estima tres veces más contaminantes que la República Mexicana, con lo que suma 346 en total, además considera la totalidad de las instalaciones y actividades mineras, salvo explotaciones de superficie y canteras con producción inferior a 500 mil toneladas.

–El TRI de Estados Unidos valora seis veces más que México, es decir, 675 contaminantes. Por si fuera poco, tiene en cuenta minas de carbón; minas de minerales metálicos (excepto las de mineral ferruginoso y de uranio); además de minas de minerales no metálicos (sólo beneficio).

En 2013, las minas inventariaron emisiones y transferencias de 79 sustancias y únicamente 15 de ellas coinciden en las plataformas de los tres países. Además, sólo siete de los 25 contaminantes con más registros del sector causantes de más de 99 por ciento de las emisiones y transferencias de las minas concordaron en América del Norte: plomo, arsénico, níquel, cromo, cadmio, cianuros y mercurio.

“En Canadá y Estados Unidos es obligatorio —no así en México— presentar registros de zinc, manganeso y cobre (y sus respectivos compuestos), todos ellos comúnmente emitidos o transferidos por minas de minerales metálicos. El fósforo total sólo se declara en Canadá, en tanto que el bario se declara sólo en Estados Unidos”, se lee.

Ante este panorama, el doctor Rodolfo García Zamora, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), aseguró que el Gobierno de México es “totalmente omiso” a las graves consecuencias de contaminación de la tierra, el agua y el aire que provoca la minería.

“Hay ausencia, opacidad y complicidad de las dependencias federales. Por un lado hay liberalidad de la Secretaría de Economía para otorgar el territorio nacional destinado a exploración y explotación de la minería. Por el otro existe omisión y complicidad de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] y la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], pues por los resultados parece que están totalmente subordinadas a las directrices de las grandes corporaciones mineras”, criticó.

NORMATIVIDADES MANIPULADAS

Las principales leyes federales que regulan la contaminación generada por el sector minero en Canadá, de acuerdo con el informe, son cinco: las leyes canadienses de Evaluación Ambiental y la de Protección Ambiental, la Ley de Pesca, la Ley del Transporte de Bienes Peligrosos y la Ley de Seguridad y Control Nuclear.

En Estados Unidos son siete las leyes federales que regulan la contaminación generada por el sector minero: las leyes Nacional sobre Política Ambiental, la de Aire Limpio, la de Agua Limpia, sobre Conservación y Recuperación de Recursos, de Control de Sustancias Tóxicas, Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales, y de Control de la Minería de Superficie y Recuperación.

En el caso de México, el análisis incluye cuatro principales leyes federales que regulan la contaminación generada por el sector minero: Ley Minera, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, además de la Ley de Aguas Nacionales. Asimismo, cuenta con seis Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relativas a dicho sector.

En ese sentido, el doctor García Zamora consideró que en territorio nacional las normativas en términos ambientales “son buenas” sólo en la redacción pero , recriminó, “casi nunca se cumplen”o son “manipuladas” al servicio de las corporaciones.

El especialista recordó que durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el Artículo Sexto de la Ley Minera, dicha actividad extractiva comenzó a ser considerada como preponderante sobre cualquier otra.

En el mismo tenor, el maestro Eduardo Torres Alonso, miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que la normatividad en México es más laxa que en el resto de América del Norte y eso lo convierte en un país “atractivo” para la inversión extranjera. Para muestra, dijo, un botón: De 290 mineras en México, 211 son de capital canadiense.

La falta de registro acarrea consecuencias importantes, afirmó. Entre ellas, no existen elementos para comparar al país con México y Estados Unidos. Además, se reducen las posibilidades de elaborar políticas con amplio espectro, que contemplen el medio ambiente y la salud pública, por ejemplo.

“Hay un visión economicista de la actividad, en donde no se considera el elemento humano vinculado a la calidad de vida de las poblaciones cercanas a las industrias mineras y a la calidad del medio ambiente “, dijo en entrevista para SinEmbargo.

Al respecto, el académico de la UAZ destacó: “Es mayor la impunidad con que operan las grandes mineras en México, a diferencia de cómo están operando en los otros países donde hay mayor grado de exigencia, de vigilancia y de cumplimiento por parte de las dependencias gubernamentales. Nuestro país es atractivo porque ha regalado el territorio. Hay impunidad total para destruir, depredar, llevarse la riqueza, sin ninguna sanción y ninguna exigencia”.

Las consecuencias, dijo, se notan en los más de 800 conflictos socioambientales, resultado del funcionamiento de la megaminería, especialmente la que es a cielo abierto. También en problemáticas serias de salud en las comunidades en donde se ejecuta la actividad.

“No hay lugar donde se realice la actividad sin que existan graves problemas de salud comunitaria a lo largo y ancho del país. Eso es resultado de la impunidad con la que operan las grandes corporaciones”, agregó.

Por lo anterior, el académico Torres Alonso sugirió a las autoridades mexicanas ampliar el catálogo de elementos por reportar, de cien pasar a los más de 300 con que cuenta Canadá y después fijar metas más ambiciosas con miras a igualar a los 675 criterios que reporta Estados Unidos. Asimismo, planteó la urgencia de contar con este tipo de documentos en lapsos de tiempo menores, pues el informe recién presentado contiene datos de hace un lustro.

“Los datos que arroja este informe son de hace cinco años, así que esta administración ya no puede hacer nada. El próximo informe tampoco va a ser inmediato, lo que hace que la próxima administración se enfrente a lo mismo”, manifestó.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/14-05-2018/3415823

Mexico

Líder campesino es asesinado en Puebla; se oponía a minera a cielo abierto y construcción de subestación eléctrica

Autor: Redacción Sinembargo.mx
Conflicto Relacionado:

La organización exigió a las autoridades poblanas una investigación seria, eficaz e imparcial, acorde con el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia.

 El Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular en Puebla condenó el asesinato del Manuel Gaspar Rodriguez, integrante de la coordinación estatal quien mantenía una lucha contra la imposición de una subestación eléctrica en Cuetzalan del Progreso.

A través de un comunicado, la organización indicó que Manuel Gaspar había recibido amenazas de muerte vía telefónica por desconocidos debido a su labor como defensor del medio ambiente.

Manuel Gaspar era conocido en la entidad por impulsar la lucha contra la minería a cielo abierto en la región nororiental del estado de Puebla.

“Recientemente desde el CDHAE AC, impulsó la lucha por la clausura de un “relleno sanitario” convertido en basurero y que desde 2015 la autoridad municipal se negó a cerrar a pesar de los señalamientos de mal manejo por instancias ambientales, señaló el movimiento. Gracias a la movilización de las comunidades, finalmente dicho basurero ha sido clausurado”, indicó el movimiento.

El MIOCUp exigió a las autoridades una investigación seria, eficaz e imparcial, acorde con el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia.

“El fiscal tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos. A su familiares, amigos y compañeros, nuestro más sincero pésame2.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/14-05-2018/3418336

Perú

Se canceló audiencia donde se iba a sustentar pedido de anulación de sentencia a Walter Aduviri

Autor: Red Muqui.org.
Conflicto Relacionado:

Uno de los magistrados de la Sala permanente presidida por el Dr. César San Martín pidió licencia, motivo por el cual se suspendió la audiencia donde se iba a sustentar la solicitud de anulación de la sentencia a Walter Aduviri.El dirigente aymara fue sentenciado en Puno a 7 años de prisión, por el supuesto delito contra la paz pública por la protesta social conocida como el “Aymarazo”. El año pasado, La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno absolvió a los otros 18 dirigentes criminalizados.

Como se recuerda, El conflicto social se desató a raíz del ingreso de la minera canadiense Bear Creek Minig Corporation y su proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito. Tras no haber mayor mediación de parte del Estado, el conflicto llegó a su punto más crítico en el 2011, cuando se generó una revuelta masiva.

El especialista de la Organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, Hernán Portobravo, declaró a Red Muqui que las sentencia tiene elementos cuestionables. “Cuando inicia el proceso se le señala como coautor de los hechos, pero al finalizar, el Juez en Puno lo sentencia como autor mediato”, afirmó.

Señaló que Aduviri está “siendo criminalizado bajo argumento dudosos, en base a publicaciones en medios de Puno”. Portobravo comentó, también, que existe discriminación hacia el dirigente indígena. En el proceso no se ha tomado en consideración su identidad aymara y no se ha aplicado el Convenio 169 de la OIT que admite consideraciones en la aplicación de justicia para los pueblos originarios. “Los jueces en Puno han señalado que no es indígena por haber seguido estudios superiores”, comentó.

El especialista también afirma que se han observado otras conductas discriminatorias en los jueces que han llevado el caso en Puno. “Se ha llegado a señalar que las comunidades aymaras son violentas”, aseveró.

Cabe recordar, que en el proceso judicial los 18 dirigentes que fueron incriminados fueron absueltos el año pasado. Portobravo señala, finalmente, que “la defensa sustenta que no existió una organización estructurada y no se puede afirmar que existió un poder de mando que implica subordinación y obediencia”. Se espera que se retome la audiencia y que el proceso se lleve de forma transparente.

 

Fue nte:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/742-se-cancelo-la-audiencia-en-lima-sobre-caso-adurivi

Mexico

Grupo México, ‘un ejemplo descarado de impunidad’: ONU

Autor: Remamx.org
Una compañía como Grupo México, “que literalmente mueve montañas en unas cuantas semanas”, no ha construido las instalaciones de tratamiento de agua que ofreció después del derrame de tóxicos en el río Sonora, hace casi cuatro años, y eso “es un ejemplo descarado y flagrante de que tienen derecho a la impunidad”.
Así lo señaló Baskut Tuncak, relator de Naciones Unidas sobre manejo de sustancias tóxicas, durante su participación en el evento académico Industrias Extractivas y Derechos Humanos.
“En el caso de río Sonora, lo que me hizo mucho ruido fue que la empresa se comprometió a dar un remedio efectivo a estas comunidades, pero durante cuatro años éstas no han tenido acceso a una fuente de agua confiable, y desde hace cuatro años no han accedido al hospital o la clínica que también se les prometió y se encuentra a medio construir”, dijo Tuncak.
Añadió: “Estamos hablando de una de las compañías más grandes de todo el mundo, una compañía que literalmente mueve montañas en unas cuantas semanas, y no puede construir unas cuantas instalaciones de tratamiento de agua o terminar de construir un hospital que se comprometieron a hacer.
Si esto no es un ejemplo descarado y flagrante de que tienen derecho a la impunidad, entonces, no sé qué más podría ser”.

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2018/5/9/grupo-mexico-ejemplo-descarado-impunidad-730307.html

Fuente:http://www.remamx.org/2018/05/grupo-mexico-un-ejemplo-descarado-de-impunidad-onu/

Argentina

Trabajadores de Medio Ambiente rechazan el desguace y defienden independencia operativa

Autor: No a la Mina.org

Ante la posibilidad de que el ajuste previsto por Mariano Arcioni fusione distintas áreas del gobierno, los trabajadores del Ministerio de Ambiente reclamaron al gobernador que preserve la independencia en el control ambiental sobre la actividad petrolera y minera en Chubut.

 

Los trabajadores del Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable le enviaron al gobernador chubutense una carta en la que expresan que “ante los fuertes rumores de que nuestro ministerio podría perder el rango ministerial y fusionarse con otros, los empleados solicitamos quiera tener a bien concedernos una reunión con Ud., debido a la preocupación que genera el cambio en la estructura y el riesgo que ello implica”.

Con la misma intención enviaron otra misiva a la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura provincial y allí sustentaron su postura y preocupación anexando un documento titulado “Todos los habitantes tenemos derecho a un ambiente sano, por ello invitamos a la preservación del Ministerio de Ambiente como autoridad ambiental independiente y jerarquizada”.

Los empleados públicos que forman parte del ministerio en cuestión pusieron en valor el rango ministerial que tiene la temática del cuidado del Ambiente y resaltaron el logro que significa hasta la actualidad que Chubut cuente con dicha jerarquía en los estamentos del Estado, siendo una de las pocas con estas características en el país.

“Provincia rica en recursos naturales, poseedora de un patrimonio ambiental y ecosistémico, y una riqueza en biodiversidad únicos en el país, que el ex gobernador Mario Das Neves supo ver y enaltecer allá por el año 2006, año en que se crea el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable”, señalaron en la carta a los diputados provinciales.

Justificando su preocupación añadieron que “es fundamental contar con una Autoridad de aplicación completamente independiente, que permita controlar y preservar de manera adecuada los recursos naturales”.

Los temores frente a la minería

Tras recordar que en los años 2002 y 2003 fue la Dirección de Minas y Geología la que impulsaba el proyecto minero en Esquel que luego fue frenado por la movilización del No a la Mina -que en el ya célebre plebiscito obtuvo más del 80% de los votos contra la actividad extractiva– sostuvieron que unificar el ministerio que impulsa la actividad productiva con el que debe controlarla “sería un retroceso enorme, una torpeza, dado que tienen intereses totalmente contrapuestos”.

Estas especulaciones que efectuaron los trabajadores del Ministerio de Ambiente salen al cruce de la avanzada minera que se viene realizando en Chubut desde principios de año, en la que el ministro de Energía y Minería de la Nación Juan José Aranguren ha sido el principal ariete para tratar de quebrar el rechazo de los movimientos ambientalistas; que también termina teniendo vínculo estrecho con los proyectos de zonificación minera que se han presentado recientemente en la Legislatura provincial.

Frente a dicho panorama, los empleados del sector le dieron especial importancia al Artículo 109 de la Constitución provincial que versa sobre el particular y expresaron que “la independencia y jerarquía del organismo son cualidades que contribuyen al cumplimiento de una de sus funciones principales, la de contralor, que permita al Estado a su vez, garantizar a los habitantes de la Provincia gozar de un ambiente sano”.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/40554-trabajadores-de-medio-ambiente-rechazan-el-desguace-y-defienden-independencia-operativa

Colombia

Campesinos del suroeste antioqueño protestan por exploraciones mineras

Autor: Redacción Semana.com
Conflicto Relacionado:

Después de que el año pasado varios concejos municipales en el suroeste de Antioquia prohibieron el uso del territorio para la minería, el Tribunal de Antioquia falló en contra de dichos acuerdos —caso que ahora es revisado por el Consejo de Estado. Anglo Gold Ashanti ha recomenzado sus exploraciones.

Esta semana Anglo Gold Ashanti reactivó sus labores de exploración en el suroeste antioqueño después de que varios concejos municipales, entre ellos el de Jericó, prohibieron la minería en sus territorios. Las labores caldearon los ánimos de los campesinos, que desde hace más de un año se han mantenido en pie de protesta porque consideran que sus montañas tienen una vocación clara: la agricultura.

En palabras de los campesinos, todo empezó el lunes 7 de mayo cuando cinco funcionarios de la empresa intentaron entrar a las veredas localizadas en el corregimiento de Palocabildo de Jericó con el acompañamiento de la Policía, donde los habitantes rechazaron su ingreso. “La policía, en forma agresiva, intimidó a los campesinos. Simultáneamente, por la parte baja de Jericó, cerca al río Cauca, en la Finca San Antonio, localizada en la Vereda Cauca, empiezan a ingresar camionetas de Anglo Gold Ashanti para hacer minería”.

La comunidad alega que con la llegada de la empresa minera ha empezado una ruptura del tejido social. “Se ha dividido a nuestras comunidades. Es claro que la presencia de esta empresa en esta zona, causará grandes impactos negativos en lo económico, social, ambiental y de seguridad para quienes allí vivimos”.

El diputado Norman Correa Betancur, quien ha acompañado las protestas, se pronunció mediante un comunicado: “La multinacional AGA debe entender que no tiene licencia social en el suroeste, no es bienvenida y a pesar que su actividad presume legalidad, los ‘suroestanos’ queremos vivir del café, la agroindustria y el turismo. La Minería no es bienvenida. El Desarrollo de un territorio reside en sus habitantes, AGA es un forastero que viene a subvertir las formas de vida pueblerinas preponderantes en nuestro territorio”.

Por su parte, desde Anglo Gold se contestó a los reclamos de los campesinos asegurando que todas sus exploraciones se realizan con el consentimiento de los dueños de los predios y que se informa de ellas a líderes comunitarios y autoridades municipales. “El proyecto Quebradona cuenta con los permisos de exploración y estudios necesarios por parte de la Agencia Nacional de Minería y de la Secretaría de Minas de Antioquia. Cuando ingresamos a predios privados a realizar nuestro trabajo, siempre contamos con la autorización por parte de los propietarios, quienes son debidamente informados de los estudios que realizamos”. Por otro lado, desmintieron la versión de los lugareños que dice que sus equipos son acompañados del Esmad.

Para protestar contra la presencia de la minería en la región, los campesinos convocaron a una marcha por la “defensa del territorio de Támesis y Jericó” —aunque AGA no tiene presencia en Támesis—, donde el obispo de Jericó, monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, dijo: “Aquí estamos defendiendo futuro. Queremos saber que el pueblo y los niños tienen futuro y garantías y nos cuesta mucho ahora entender qué está pasando a tres meses de que el Gobierno Nacional entregue su mandato, cómo nos ponen en esta situación tan tremenda, si creo que hace falta mucha seriedad de parte del gobierno y mucha unidad y fuerza tenemos que tener nosotros, quienes sufriremos las consecuencias que pueden venir. Sí puede existir la minería pero no en zonas geológicamente inestables, no nos repitan el Chirijara ni un Hidroituango. Hasta no tener seguridades absolutas de lo geológico no podemos permitir absolutamente nada”.

Aquí que recordar que el suroeste de Antioquia aporta el 60 por ciento de la producción del café de Antioquia y el 16 por ciento de la cosecha nacional, lo que representó ingresos para el departamento mayores a los 7 billones de pesos en 2016. Además, que el Tribunal de de Antioquia anuló los acuerdos contra la minería que se firmaron en algunos municipios, caso que ahora es revisado por el Consejo de Estado. Mientras esto se define, AGA continúa su exploración y los campesinos en pie de lucha.

Fuente:https://www.semana.com/nacion/articulo/campesinos-del-suroeste-antioqueno-protestan-por-exploraciones-mineras/566858

Colombia

Tribunal declaró constitucional consulta sobre minería en Cogua

Autor: Carlos Ortega para El Tiempo.com

El municipio deberá garantizar publicidad de argumentos a favor y en contra antes de las votaciones.

Después de analizar los argumentos de la Alcaldía el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió declarar constitucional la consulta convocada por la alcaldía de Cogua, previa aprobación del Concejo Municipal.

El tribunal advierte que a partir de que quede ejecutoriado este fallo y hasta la fecha de realización de las votaciones de la consulta, la Alcaldía de Cogua deberá garantizar la publicidad de todos los documentos, estudios y soportes que justifican la convocatoria a la consulta.

De igual manera ordena que se garantice la divulgación a través de los medios masivos los argumentos a favor y en contra de la consulta.

El Tribunal da instrucciones sobre la periodicidad de los mensajes que se deberán transmitir por radio, prensa y televisión.

En mayo del 2017, la alcaldía de Cogua inició el trámite para la aprobación de la realización de la consulta en el Concejo Municipal.

Lo que busca el gobierno de Cogua es blindar a esa población de la aprobación de nuevos polígonos para la explotación de gravilla y arena, que se utilizan como material de construcción en la Sabana.

Específicamente se trata de los polígonos identificados como 12 y 13 para los que algunos privados estaban solicitando licencias ambientales y permisos de explotación. Ese terreno fue incluido en las zonas compatibles con explotación minera en la sabana mediante resolución 2001 del 2016 del Ministerio de Ambiente.

Fuente:http://www.eltiempo.com/bogota/tribunal-declaro-constitucional-consulta-sobre-mineria-en-cogua-216448

Ecuador

El proyecto Río Blanco tiene los permisos ambientales

Autor: Editorial El telégrafo.com.ec
Conflicto Relacionado:
La parroquia Molleturo, del cantón Cuenca, provincia de Azuay, vivió una semana de violencia y destrucción. Allí se ubica el proyecto minero Río Blanco y, según ha informado la prensa, existe división en las comunidades, entre los que defienden el proyecto porque ha generado trabajo, instalación de redes eléctricas, agua potable y vías de comunicación, versus los que acusan a la minería de causar contaminación.
¿Cuál es la realidad ambiental en torno a este proyecto minero? La máxima autoridad en esta materia es el Ministerio del Ambiente, cuyo ministro, Tarsicio Granizo, aclaró que el proyecto cuenta con todos los permisos y las garantías para operar sin afectaciones al entorno ambiental. Hasta ahora, según el ministro, no existen evidencias de contaminación ni de malas prácticas ambientales, sin embargo los comuneros que se oponen incendiaron un campamento y obstaculizaron las vías de acceso. Frente a una situación de violencia y desacuerdos, la Escuela de Ingeniería en Minas de la Universidad de Azuay emitió una carta pública dirigida al Presidente de la República, en la cual rechaza la violencia. Demanda garantías para que la minería legal pueda operar: “Ante la situación actual de confrontación en algunos proyectos mineros, hemos creído conveniente expresar nuestro pronunciamiento en rechazo a las acciones violentas generadas por grupos opositores radicales antimineros”.
La actividad minera, dice el comunicado, está involucrada en el desarrollo técnico del sector y a favor del progreso del país. Concluye con un llamado a recuperar el diálogo con los actores relacionados de manera directa en la actividad minera, y no con los intereses políticos que causan conflicto y retroceso.
También la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) lleva a cabo inspecciones permanentes de seguimiento y control de las actividades de minería. En una nota oficial, la Agencia informó que se han identificado 20 puntos de minería ilegal en lo que va del año. Las empresas que no tienen los permisos legales causan graves afectaciones al ambiente, dice la Arcom. (O)

Fuente:https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/editoriales/1/el-proyecto-rio-blanco-tiene-los-permisos-ambientales