En agosto de 2014 el complejo minero Buenavista del Cobre, derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora. Más de 24 mil personas tuvieron afectaciones directas que buscaron resarcirse con la creación de un fideicomiso, pero los recursos se manejaron con opacidad, de manera discrecional y el dinero se terminó sin haber cubierto una larga lista de necesidades entre la población. Calificado como uno de los peores desastres medioambientales de los últimos años, el derrame provocó contaminación, daños al medio ambiente, a la salud de los habitantes y al sector económico.
El fideicomiso destinado a resarcir las afectaciones causadas por el derrame en los ríos Bacanuchi y Sonora, ubicados en la región centro-norte del estado de Sonora, se acabó, según un reportaje de Fundar.
En agosto de 2014, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia penal contra el complejo minero Buenavista del Cobre, del Grupo México, luego de derramar 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora.
Más de 24 mil personas tuvieron afectaciones directas que buscaron resarcirse con la creación de un fideicomiso, pero los recursos se manejaron con opacidad, de manera discrecional y el dinero se terminó sin haber cubierto una larga lista de necesidades entre la población.
Calificado como uno de los peores desastres medioambientales de los últimos años en México, el derrame provocó contaminación, daños al medio ambiente, a la salud de los habitantes y al sector económico.
Los habitantes de Baviácora y de los otros seis municipios perjudicados por la tragedia ambiental recibieron apoyo del Fideicomiso Río Sonora. Sin embargo, este recurso se extinguió en febrero de 2017, el cual estaba destinado a resarcir las afectaciones causadas por el derrame y funcionaba con dinero proveniente de las empresas responsables del daño: Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras S.A de C.V.
El dinero -2 mil millones de pesos– también serviría para instalar plantas potabilizadoras de agua, reparar daños ambientales y atender, con una clínica, a los pobladores que presentaran padecimientos que pudieran derivarse de la contaminación.
María Silvia García, habitante de la localidad de Baviácora, señala que el apoyo se tradujo en un tinaco de la marca Rotoplas y 15 mil pesos. “Decía tercero y último pago, pero nada más me dieron uno”, comentó en julio de 2017, días antes Nacional Financiera informó que el Fideicomiso desaparecería ya que se daba por finalizada al quedar finalizada la reparación del daño.
Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/40534-desastre-minero-de-sonora-millonario-fideicomiso-y-pobalcion-sin-atender
El resultado del Inventario de glaciares, la situación judicial de los primeros acusados por violar la ley y las intenciones de los sectores vinculados a la minería de modificarla son algunos de los ejes centrales que atraviesan el escenario complejo de una ley que cumple una década.
Cabe destacar que hubo planteos de disidencia por parte del presidente del bloque del PJ-FpV, Javier Touriñán que propuso para la Vicepresidencia 2ª a la diputada madrynense Alejandra Marcilla, en reemplazo de la diputada de Cambiemos, Jacqueline Caminoa.
Con tono casi de desesperación, José Gutama, presidente del Gobierno Parroquial de Molleturo, pidió a las autoridades, realizar una reunión de trabajo pero en su parroquia, donde la gente pueda escuchar de fuentes oficiales, la información sobre los controles que se hacen al proyecto minero Río Blanco.
Las organizaciones que adherimos esta comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por lo que está sucediendo en las comunidades de Río Blanco y Cochapamba ubicadas en la parroquia de Molleturo, en la provincia de Azuay, al sur del Ecuador. Desde la tarde del 8 de mayo una serie de hechos violentos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, hombres, mujeres y niños defensores de la tierra y agua.
Los días 8 y 9 de mayo tuvo lugar la primera sesión 2018 de la Escuela de Mujeres de Cotabambas, una oportunidad para que las participantes – en su mayoría campesinas y quechuahablantes – pudieran discutir e identificar los principales problemas que las afectan y fortalecer sus capacidades para hacerles frente.
Como es sabido, el pasado 11 de abril el Presidente Martín Vizcarra decidió la prórroga del Estado de Emergencia en el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, a través del Decreto Supremo 037-2018-PCM. Varias instituciones[1], entre ellas CooperAcción, han manifestado su preocupación por ello, pues el nuevo gobierno se reafirma en la política del uso de estados de excepción aplicada por su antecesor para el manejo de los conflictos sociales.
La multinacional minera canadiense que explota oro y plata en el oeste de Santa Cruz, planificó abrir en toda la provincia con anuencia del gobierno de Kirchner, lo que denomina “La ruta del cianuro”. Como si se tratara de un recorrido turístico, diagramó una serie de charlas y conferencias, que promociona enviando cartillas invitiando a “sumarse” a esta iniciativa a todas las localidades del trayecto. Goldcorp, realiza esta campaña a favor de su libre albedrío para exponerlo luego como argumento ante la opinión pública y decir “nosotros lo explicamos y la gente de los pueblos, estuvieron de acuerdo”. Las charlas se darán los días 10 y 11 de mayo en Puerto Deseado, Fitz Roy, Pico Truncado y Las Heras. 
Desde el Frente Social por el agua y la vida de Chilecito comunicamos que el día domingo 13 de mayo a partir de una asamblea popular realizada en la localidad de Santa Florentina, se decidió junto a los vecinos iniciar el corte selectivo a las empresas mineras que quieren explorar y explotar las sierras del Famatina. De estas actividades participaron habitantes de Santa Florentina, Chilecito y otros distritos como Nonogasta. Los bloqueos se van a sostener hasta que las mineras informen oficialmente que se retiran del Famatina.
