Mariano Abarca Roblero se oponía a la minera canadiense Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas. Fue asesinado el 27 de noviembre de 2009. Su familia presentó una demanda en Canadá para que investigue y responsabilice a la Embajada de ese país por el crimen. La familia Abarca considera que la embajada canadiense en México prestó un apoyo “prácticamente incondicional” a Blackfire, apoyo que, según los demandantes, “aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca”.
La demanda de la familia Abarca, y de la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red de Afectados de la Minería, es la primera en la historia que solicita al Sector Público de Canadá investigar una embajada del país.
La familia del activista mexicano Mariano Abarca, asesinado en 2009 cuando protestaba contra una mina de propiedad canadiense en su país, ha solicitado a un juez que reconsideré la negativa a investigar el papel de la embajada de Canadá en México en el caso.
A mediados de abril, el Comisionado para la Integridad del Sector Público de Canadá (PSIC por sus siglas en inglés) rechazó la petición de la familia Abarca y varias organizaciones sociales para que investigase las acciones de la embajada canadiense en México por apoyar la minera Blackfire Exploration.
El PSIC es el organismo que se encarga de velar por los valores éticos del sector público canadiense.
La demanda de la familia Abarca, y de la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Red de Afectados de la Minería, es la primera en la historia que solicita al PSIC investigar una embajada del país.
La familia Abarca considera que la embajada canadiense en México prestó un apoyo “prácticamente incondicional” a Blackfire, apoyo que, según los demandantes, “aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca”.
Los demandantes también sospechan que la embajada canadiense pudo ignorar las normas que obligan a informar sobre supuestos casos de corrupción.
Blackfire fue investigada en 2011 por la Policía Montada de Canadá por el supuesto soborno de Julio Calderón, Alcalde de la localidad mexicana de Chicomuselo, con unos 20 mil dólares para garantizar sus operaciones en el estado de Chiapas.
Abarca murió asesinado en noviembre de 2009 por personas desconocidas.
La organización canadiense MiningWatch, que también está involucrada en la solicitud de investigación a la embajada, informó que inmediatamente después de la muerte del activista mexicano, la Policía detuvo y acusó a tres personas relacionadas con Blackfire que posteriormente fueron puestas en libertad.
El abogado Yavar Hameed, que representa la familia Abarca en Canadá, criticó la decisión del PSIC de rechazar la investigación.
“Si las alegaciones de que el apoyo de la embajada canadiense a una empresa minera pudo haber puesto en peligro la vida de un defensor de los derechos humanos no son dignas de una investigación, ¿cuál es el propósito de tener un comisionado de integridad?”, afirmó en un comunicado.
Por su parte, el hijo del activista, José Luis Abarca, lamentó que a pesar de las pruebas presentadas de la relación de la legación diplomática con la empresa minera, el PSIC rechazase la investigación.
“Es doloroso leer la respuesta del Comisionado, expresando preocupación por mi familia para luego ignorar las pruebas que presentamos sobre la negativa de la embajada a responder a la petición de ayuda de mi padre”, declaró.
La familia Abarca quiere ahora que el Tribunal Federal de Canadá obligue al PSIC a investigar las acciones de la embajada.
Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/40672-familia-de-activista-antiminero-asesinado-cree-que-embajada-de-canada-tomo-parte
Actualmente 1816 cooperativas mineras operan en Bolivia, de las cuales aproximadamente el 85% lo hace sin licencia ambiental y muchas incluso vulnerando derechos laborales como el trabajo de menores de edad en sus operaciones.
Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno. La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería respaldamos firmemente los reclamos de la familia Transviña, de la organización Medio Ambiente y Sociedad, A.C. y del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de Baja California Sur hacia la empresa TV AZTECA.
El presidente del Comité Promotor de Iniciativa Ciudadana por una Minería Sustentable, Miguel Ángel Luna Salaices, encabezó una rueda de prensa en la que abordó dos puntos: el avance de firmas en apoyo a la iniciativa por una minería sustentable y el caso de la mina La Testera.
En Jujuy “la actividad minera metalífera aporta por el uso de agua, en el caso de Mina Pirquitas, con un consumo superior al millón de metros cúbicos por día, un total apenas superior a 12.000 pesos anuales, y en el caso de Mina el Aguilar, empresa que funciona desde la década del ’20 y que paga desde 2010, apenas alrededor de 23.000 pesos anuales, aproximadamente mil pesos por mes una, y menos de dos mil pesos por mes la otra”. Lo señaló el diputado provincial por la UCR y vicepresidente 2do. de la Cámara de Diputados de Jujuy, Jorge Rizzotti.
Hace un año que las inundaciones del 27 de marzo afectaron Piura especialmente en el denominado Bajo Piura. Días después de la catástrofe el lodo se acumulaba en las vías de la ciudad. En la actualidad, están cerradas las avenidas del centro de la ciudad debido a los trabajos de reconstrucción, que avanzan lentamente en varios distritos. Sus habitantes comentan que se demoran mucho y desconfían de la buena administración del presupuesto, porque la plata se puede desaparecer.
El Comité Antiminero de la provincia de Huanta, que agrupa los comités de riego de Luricocha, Razuhuillca y Opangay, así como el Frente de Defensa de Huanta, se mantiene firme en su rechazo a la presencia de la empresa minera Vicente de Putcca (perteneciente a la familia Figueroa Farfán) en los territorios de Chaca y Parccora. Por ello, han solicitado a los congresistas Joaquín Dípaz y Humberto Morales elaborar un proyecto de ley para la conservación de suelos, protección y conservación de los ojos de agua de la provincia de Huanta.
Más de 30 piezas audiovisuales –infografías, línea de tiempo, corto animado, cortometrajes, mapas interactivos, reportaje y otros- forman parte del documental transmedia «La vida no vale un cobre», que se proyectará en la provincia de Espinar en 