Continúan los desplazamientos de comunidades indígenas en el Chocó debido a la fuerte presencia de grupos armados como paramilitares y estructuras guerrillas del ELN. Denuncias de organizaciones que defienden los derechos humanos indican que los desplazamientos se han realizado en medio de la inoperancia de la Fuerza Pública y el Estado colombiano.
De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, desde abril, 439 personas que componen 115 familias de las comunidades Embera Katio y que habitan en las inmediaciones del río Jiguamiandó, se han visto obligados al desplazamiento. Esto, producto de la fuerte presencia de grupos neoparamilitares y guerrilleros que buscan el empoderamiento del territorio.
la Comisión señaló que no se han tenido en cuenta las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien otorgó medidas cautelares a estas poblaciones. Afirmó que no han sido suficientes las acciones institucionales para prevenir este tipo de violencia que pone en riesgo la supervivencia de las comunidades indígenas.
A esto se suma la ocupación ilegal de predios de las comunidades indígenas por parte de empresas que realizan operaciones extractivas y que han generado contaminación en los ríos con mercurio y la ampliación de la siembra de los cultivos de la hoja de coca, “sin que ninguna autoridad respalde las propuestas comunitarias de manera concreta y eficaz”.
ONU denunció desplazamiento masivo de comunidades indígenas en el Chocó
Asimismo la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, indicó que más de 650 indígenas han sido desplazados en ese departamento. Los desplazamientos se han presentado desde principios del mes de mayo con el ingreso de hombres armados a resguardos como el Pavesa Gello en el municipio del Bajo Baudó.
Fuente:http://www.contagioradio.com/439-indigenas-han-sido-desplazados-en-el-choco-en-los-ultimos-dos-meses-articulo-53485/
A comienzos de los años 80 una alianza —joint venture— de Naciones Unidas, Ingeominas y Ecominas identificó en Mocoa, Putumayo, un importante reserva de minerales: oro, platino, plata y plomo. La información quedó dormida casi 20 años, hasta que en el 2008 el gobierno de Álvaro Uribe, con su política de estímulo a la inversión extranjera con minería, le dio vida a este descubrimiento. La surafricana Anglo Gold Ashanti fue una de las multinacionales en responder al llamado del Gobierno. Abrieron varios frentes de exploración, y retomaron el hallazgo del Putumayo.
El más reciente informe “Cuando el río suena, piedras y otras cosas lleva”, realizado por el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, retrata la situación de riesgo que viven las comunidades en la Guajira debido a los efectos negativos de la minería del Cerrejón. El documento detalla los procesos de contaminación del agua y aboga por el respeto al derecho a un ambiente sano.
Las empresas megamineras y sus lobbystas siguen mostrando su cara más miserable. En distintas localidades de la Meseta de Chubut, el Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Minería Argentina-ASIJEMIN pide a la población que acerque sus curriculum. La ilusoria promesa de trabajo en esa región de Chubut -castigada durante años por la falta de políticas públicas para su desarrollo- en una actividad prohibida por la Ley 5001, rechazada socialmente y responsable de innumerables impactos negativos social es y ambientales en distintas partes del mundo.
Estaba funcionando sin habilitación municipal y tenía como objetivo principal la explotación minera detalló la Jueza de Faltas, Patricia Mónica Masud, en conferencia de Prensa.
El extractivismo desde todo punto de vista es una agresión destructiva de los seres que habitan el planeta y un mal negocio para el Estado ecuatoriano, según advierten los expertos que siguen al paso el problema de impacto ambiental que causaría en los bosques primarios de Íntag un proyecto minero. “Que nadie dude que en territorio de Cotacachi, el impacto ambiental será el que jamás se haya visto alrededor del mundo”, advirtió un experto en temas ambientales.
La familia del defensor Mariano Abarca Roblero y organizaciones acompañantes les informamos que, el 16 de mayo acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia después de recibir una respuesta decepcionante a 
Alrededor de 250 pobladores de Morococha, zona donde se encuentra el proyecto minero Toromocho de Chinalco, se movilizaron al Ministerio de Energía y Minas en Lima para exigir que el ministro Francisco Ísmodes atienda a sus demandas y no expropie las 34 hectáreas de propiedad del distrito. Sin embargo, tras una reunión con el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, no se logró llegar a algún acuerdo. Se anunció paro indefinido.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, decidió negarle el permiso a la Compañía Minera Ataco S.A.S, que pretendía explotar oro en el sector de Umbulú de la vereda Apone en Ataco, Tolima.
La falta de voluntad de los gobiernos en aplicar los marcos jurídicos internacionales que reconocen el derecho de participación de los pueblos indígenas en sus territorios, está obligando a las comunidades junto con las organizaciones de la sociedad civil a unir esfuerzos para enfrentar la amenaza de los proyectos extractivos en la región.