Argentina

COFEMA dió su apoyo al trabajo técnico del Inventario Nacional de Glaciares

En el marco de la 87° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), un apartado especial mereció la muestra de apoyo del órgano federal para con Ricardo Villalba, ex director del IANIGLIA, procesado por la justicia federal acusado de haber definido por encima de la Ley de Protección de Glaciares que los cuerpos de hielo menores a una hectárea no formaran parte del Inventario Nacional de Glaciares dispuesto por la Ley 26.639.

Se trataron temas de sumo valor tales como el acceso de Argentina a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), los avances en los procesos de Educación Ambiental, y la importancia de una Ley de presupuestos mínimos para Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Entre los temas abordados en el seno del organismo que nuclea a todos los representantes ambientales de los gobiernos provinciales, destaca el acceso de la Argentina a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), cuya espera se había prolongado desde el 2016, año en que presentó su postulación.

Paradójicamente, es la OCDE el organismo internacional encargado de aplicar los principios de liberalización de la economía de los países miembros y a nivel mundial en el marco de los parámetros capitalistas y de libre mercado. Y es requisito para ser país miembro de la OCDE, liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y de servicios.

En todo el mundo, innumerables investigadores y organizaciones señalan que justamente el sistema de producción capitalista es el responsable de las graves consecuencias socio ambientales que se padecen a nivel planetario, como por ejemplo, el cambio climático, la desertificación, la desaparición de especies vegetales y animales, la reducción de áreas selváticas y boscosas, la reducción de disponibilidad de agua potable, etc..

En el marco de la Asamblea se informó a los miembros del Cofema los avances que se sucedieron en el proceso de incorporación; así como también se brindaron precisiones respecto a las etapas que se están transitando y que tienen que ver con la invitación formal, la hoja de ruta y de evaluación, antes de llegar a la membresía.

Respecto a la importancia de éste hecho, la ministra jujeña precisó que “para Argentina estar dentro de la OCDE representa un gran paso, ya que algunos de los temas que se tratan dentro de éste espacio tienen que ver con, por ejemplo, el Ordenamiento Ambiental del Territorio, la gobernanza pública, el crecimiento verde, los temas vinculados a residuos”.

En la oportunidad además, la Ministra de Ambiente de Jujuy, María Inés Zigarán, fue electa junto a su par de Corrientes, Juan Manuel Díaz, como representantes del Cofema ante el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP).

Por otra parte, las autoridades ambientales de las diferentes jurisdicciones consensuaron también, trabajar decididamente en una ley de presupuestos mínimos para estudios de impacto ambiental.

Por ésta razón a fines de junio se va a concretar un taller nacional donde todas las provincias van a exponer sus apreciaciones respecto a lo que consideran que debería contener una normativa de presupuestos mínimos.
Además, se convocarán expertos internacionales para que puedan ayudar en éste proceso de elaboración de la ley que va a ser un gran aporte del Cofema a las discusiones legislativas nacionales.

El cuerpo federal aprobó asimismo una Resolución expresando la preocupación por el reciente procesamiento del doctor y experto en Glaciares del Conicet, Ricardo Villalba, quien fuera además director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA).

El documento, además de expresar el apoyo de las autoridades ambientales de Argentina, a Villalba, y la preocupación por su procesamiento, resumió una legitimación conjunta al sistema técnico que utilizó en la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares.

A propósito de esto, la Ministra de Ambiente de Jujuy, María Inés Zigarán, dijo: “me parece importante que todas las jurisdicciones nos hayamos expresado en este sentido, por una parte porque generó mucha zozobra el procesamiento de Villalba que no hizo más que cumplir con su responsabilidad; trabajó desde un criterio técnico en la determinación de un sistema de validación robusto, hasta donde entendemos nosotros y los expertos en glaciares”.

Finalmente, ya que Jujuy junto a Río Negro conduce la comisión de Educación Ambiental del Cofema, se propuso reunir a las provincias argentinas en el mes de julio, para hacer aportes a los proyectos de Educación Ambiental que hay en el Congreso de la Nación y en algunas jurisdicciones federales. “En julio vamos a hacer una reunión de la comisión de educación ambiental para trabajar el marco normativo y analizar cuáles son los avances en materia de educación ambiental; para aprender las experiencias que tienen más desarrollo e impulsar las que vienen rezagadas”, valoró Zigarán.

 Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/40892-cofema-dio-su-apoyo-al-trabajo-tecnico-del-inventario-nacional-de-glaciares
El Salvador

El 7 de Junio: Décima Octava Caminata Ecológica

La Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación JPIC- OFM El Salvador junto a organizaciones ambientalistas, religiosas, educativas y

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jóvenes de El Salvador, le invita a participar en la «Décima Octava Caminata Ecológica», en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que lleva por lema: «El Pueblo en Resistencia por el Derecho al Agua, Tierra y Soberanía Alimentaria»

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La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador, se suma nuevamente a esta lucha para demandar de la Asamblea Legislativa la ratificación del Derecho Humano al Agua, por una Ley de Soberanía Alimentaria y la Tierra.
Argentina

Lo que arrasó la mina de plomo Gonzalito en San Antonio Oeste

Una advertencia para los chubutenses. La mina de plomo Gonzalito “no dejó animales en pie” dice el poblador. “…la mina presentó quiebra y desaparecieron todos los dueños”. Quedó todo abandonado en inmediaciones de la ciudad de San Antonio Oeste, tambores de productos químicos, un temible pique de 200 metros de profundidad, montañas de estériles con metales pesados. Una reciente remediación quedó inconclusa, costó $ 60 millones que pagará el pueblo argentino. En el medio, un crimen: el 40% de los niños de San Antonio Oeste tienen plomo en sangre por encima de lo aceptable. El Proyecto Navidad pretende extraer plata y plomo en la meseta de Chubut, y procesaría 12 millones de toneladas de roca por año durante 17 años de explotación. Eso, si prospera el proyecto de ley de zonificación minera del diputado Alfredo Di Filippo y un puñado de intendentes, todos a sueldo de la minera Pan American Silver.

 

Pero además dejó sus pasivos ambientales en San Antonio Oeste, adonde llevaban el mineral. Todo ese material tóxico de descarte, es objeto por estos días de una remediación trunca que ya costó $ 60 millones que pagará el pueblo argentino y que también fue abandonada.

En el medio, un crimen: el 40% de los niños de San Antonio Oeste tienen plomo en sangre por encima de lo aceptable.

Se estima que se extrajeron 1 millón de toneladas de mineral del pique principal durante 20 años de explotación

El Proyecto Navidad, pretende extraer plata y plomo en la meseta de Chubut, procesaría esa misma cantidad cada mes durante 17 años de explotación si el proyecto del diputado Di Filippo prospera.  

Un informe de Pan American Silver del año 2009 señala que el estimado de reservas minerales alcanza las 632 millones de onzas de plata (177 toneladas) y cerca de 1.360.000 toneladas de plomo. Pero para explotar esos metales dejarán en el área de la mina nada menos que 507,5 millones de toneladas de roca de desperdicio, con altos contenidos de plomo y otros metales pesados.

Imaginen lo que nos espera, lo que le espera a los niños y los acuíferos de Chubut.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/40821-lo-que-arraso-la-mina-de-plomo-gonzalito-en-san-antonio-oeste

Perú

Tierras de comunidades campesinas y concesiones mineras

En el siglo XVI el virrey Toledo crea los pueblos de reducción, con la idea de “reducir”, a los indígenas que estaban dispersos por la mortandad que trajo la colonización salvaje. En esos pueblos de reducción se estableció una legislación donde se les otorgaba un área de reserva comunal para su crecimiento demográfico y un área para producir y pagar un tributo.

De este modo, se produce la comunidad de indígenas con un territorio delimitado, reconocido y protegido por el Estado, con sus propias autoridades, costumbres, prácticas y tecnologías, que mucho tiempo después en la Constitución Política de 1920 son reconocidas legalmente como comunidades indígenas y en 1969 su nombre es cambiado por comunidades campesinas con la finalidad de reivindicar su legado.

La historia reciente de nuestras comunidades esta marcada por la violencia y discriminación, pero además son muy poco estudiadas, sin embargo, si hay algo que no se pude negar es que las comunidades campesinas, al igual que las nativas son la expresión concreta, jurídica e histórica de los pueblos indígenas y originarios del Perú con una riqueza cultural infinita.

Hoy las comunidades campesinas son propietarias y poseedoras de aproximadamente el 26.5% de todo el territorio nacional y producen la mayoría de los alimentos que abastecen los mercados de las ciudades, más del 70% son productos de la agricultura familiar que es mayoritariamente comunal; a pesar de tener mucho en su contra, han sabido resistir durante estos casi doscientos años de república.

Según un reciente estudio del Instituto del Bien Común- IBC sobre comunidades campesinas; en todo el territorio nacional existen 6 299 comunidades campesinas de las cuales 5 789 (92%) se encuentran ubicadas en la zona andina. Puno es el departamento con más comunidades campesina, 1304 y Ayacucho el departamento con mayor extensión de área titulada de comunidades campesinas 66,69% del departamento. La comunidad campesina más grande es Huancasancos con 250.000 ha. también en Ayacucho y una de las más pequeñas es Orcotuna en Junín con 11.18 ha.

Siendo propietarias y poseedoras de más de un cuarto del territorio nacional, y sabiendo que en nuestro país existe una gran dependencia económica por la exploración y extracción de minería metálica que se asienta en las mismas zonas andinas donde están asentadas las comunidades, es clara la tensión que existe con la minería, por tanto debería ser prioritario para el Estado atender las causas y consecuencias de esa tensión desde la imparcialidad de un Estado que velan por garantizar los derechos de sus ciudadanos; sin embargo ocurre todo lo contrario, desde el “denuncio minero” y posterior concesión minera, el Estado cumple una función de facilitador de los proyectos de inversión minera.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico- INGEMET es la institución que otorga el derecho de concesión minera, que según la ley general de minería es un derecho que se da al titular para la exploración y explotación de recursos minerales que están en el subsuelo de un territorio; sea el territorio de quien fuese, lo que hay allí abajo es patrimonio de la nación y le pertenece al Estado. A partir de ahí es harto conocida la historia de despojo y desigualdad con las que tienen que lidiar las comunidades campesinas.

Si bien la entrega de concesión minera no significa necesariamente que se va extraer un mineral, lo cierto es que al ver posibilidades restringe el derecho de uso, goce, disfrute y disposición de la propiedad. Además, el procedimiento de concesión es sumamente sencillo, eso hace que a diciembre del 2017 según INGEMET el 14% del territorio nacional esta concesionado a la minería, esto lo podemos ver a través de un moderno catastro minero, sin embargo, el Estado no tiene información cierta y actualizada de las comunidades campesinas, tampoco un catastro.

Esta información ha tenido que ser brindada por organizaciones privadas como el IBC, para suplir este vacío, que cruzando con el catastro minero se tiene como resultados del análisis la superposición de 35% de concesiones mineras en tierras de comunidades campesinas.

En la práctica esto significa restricciones al ejercicio de la propiedad, donde muchas comunidades están total o parcialmente superpuestas por concesiones, es el caso de la comunidad campesina de Chila Chila (Arequipa) cuyo territorio comunal esta superpuesto en un 95%, esta información en cuanto a la superposición de concesiones mineras  lo podemos ver por departamento.

 

El Estado con sus sucesivos gobiernos ha mantenido una política de promoción de las inversiones a toda costa y bajo todo coste, en sectores estratégicos como la minería, esto ha llevado al extremo del sin sentido desde la racionalidad del Estado, aprobando normas para facilitar la inversión minera a costa de vulnerar derechos y en algunos casos destruir comunidades campesinas.

A estas alturas del camino, estas prácticas se han normalizado, cuestionarlas te convierte en un anti-desarrollo, incluso en tiempos de la implementación del derecho de consulta previa, proceso que hoy se ha convertido en un simple trámite, desnaturalizando su finalidad. Como es lógico todo esto, deviene en el surgimiento de conflictos sociales y territoriales con poblaciones afectadas; además de serios impactos en la degradación de la naturaleza y la emisión de gases de efecto invernadero que aceleran los procesos de cambio climático; pero al parecer, esto a casi nadie del Estado le importa.

Lo cierto es que las concesiones sean mineras o de otra índole, sin duda alguna afectan el uso de la tierra y territorio de las comunidades, lo que dan cuenta diversos casos con sentencias llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Awas Tingni Vs. Nicaragua o Pueblo Saramaka Vs. Surinam) y recientemente la sentencia de las 11 comunidades de Atuncolla en Puno que les da la razón a la acción de amparo que solicitaron, suspendiendo las concesiones mineras en su territorio hasta que sean consultados. A groso modo podemos inferir que las concesiones mineras afectan el derecho al uso, goce, disfrute y disposición del territorio o al menos, restringe el ejercicio de la propiedad o posesión, más aún cuando no hay consulta previa y la comunidad no autoriza la exploración o explotación.

Si seriamos un país serio, mañana mismo se debería paralizar el otorgamiento de concesiones mineras sobre tierras comunales, si antes no se ha aplicado el derecho de consulta previa, libre e informada, pero en el Perú parece que estamos acostumbrados al desenlace violento, que una vez que estalla, es cuando recién aprendemos a hacer lo correcto y aplicar lo que esta escrito hace mucho tiempo en los tratados internacionales e incluso en leyes nacionales.

 

Fuente:http://www.servindi.org/actualidad-opinion/29/05/2018/tierras-de-comunidades-campesinas-y-concesiones-mineras

Perú

OEFA ordena a minera Aruntani el cierre del botadero y el tajo Jessica en Lampa

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que ordenó a la minera Aruntani S.A.C., iniciar el cierre final del depósito de desmonte y el tajo Jessica, de la unidad minera Arasi, ubicado en el distrito de Ocuviri, provincia Lampa, región Puno.
La entidad precisó que ordenó a Aruntani S.A.C. no realizar ninguna actividad de explotación y beneficio durante la ejecución del cierre final del Tajo Jessica tales como voladuras, acarreo y transporte de minerales, almacenamiento, entre otros.
La autoridad de fiscalización ambiental también ordena ejecutar el cierre final del botadero Jessica, priorizando la captación y tratamiento de tres afloramientos ubicados en la parte baja del botadero a fin de cumplir con los Límites Máximos Permisibles previo a su vertimiento; y que las actividades de cierre final del botadero y del Tajo Jessica no afecten la calidad ambiental del suelo y el agua circundantes.

Fuente:http://www.losandes.com.pe/Regional/20180528/114963.html

Perú

Pobladores de Otuzco protestan en contra de explotación minera en cuenca

El informe de la Gerencia Regional de Energía y Minas concluye que la empresa Minera Vale Explorations Perú S.A.C. no cuenta con certificación ni autorización para realizar ningún tipo de actividades en el caserío de Pachín Alto y Pollo.

El último fin de semana, dirigentes y campesinos de diferentes caseríos de la parte alta de la provincia de Otuzco, se concentraron para analizar la problemática que está generando la empresa minera Vale Perú S.A.C. que según denuncian, estaría realizando actividades dentro de la cabecera de cuenca del cerro Urpillao.

Hay que precisar que la mencionada cuenca por ser un colchón hídrico que alimenta de agua a miles de pobladores de os distritos de Sinsicap, La Cuesta y la misma provincia de Otuzco.

Entre los puntos de acuerdo se conformó el comité medioambiental de Otuzco, además se acordó firmar un memorial que será presentado al Gobierno Regional de La Libertad con cargo al Ministerio de Energía y Minas con la finalidad de dar a conocer la oposición a cualquier actividad minera en las dos microcuencas del Cerro Urpillao.

Por su parte, el consejero por Otuzco Omar Zavaleta Cortijo, dio cuenta del informe entregado por la Gerencia Regional de Energía y Minas en el que se concluye que el proyecto «Eposuyay» de la empresa Minera Vale Explorations Perú S.A.C. no cuenta con certificación ni autorización para realizar ningún tipo de actividades en el caserío de Pachín Alto y Pollo.

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/pobladores-de-otuzco-protestan-en-contra-de-explotacion-minera-en-cuenca-821425/

Perú

ALERTA! Detienen a Emperatriz Bolaños, Defensora del Agua en Sorochuco

El día de hoy al promediar el medio día, la conocida defensora del agua, Emperatriz Bolaños Campos, natural de Sorochuco, fue detenida en el inmediaciones del mercado de esa localidad,  por razones que son motivo en este momento de esclarecimiento.

El Comisario de Sorochuco ha confirmado a la Defensoría del Pueblo esta detención y ha informado que mañana a las 8.00 a.m. será trasladada a la Fiscalía de la provincia de Celendín, según lo dispuesto por el Fiscal de turno, Inti Tadeo.

Desde las organizaciones de Derechos Humanos, solicitamos celeridad para esclarecer la situación de la defensora, y hacemos un llamado a la Policía Nacional y Ministerio Público para se realicen las investigaciones con escrupuloso respeto de los derechos fundamentales que a esta persona le asiste.

Fuente:http://grufides.org/content/alerta-detienen-emperatriz-bola-os-defensora-del-agua-en-sorochuco

Ecuador

Medidas de protección Comunidad de Molleturo caso Río Blanco

Es hora de que la justicia esté de lado de las comunidades! Este jueves 31 se llevará a cabo la audiencia para evaluar el otorgamiento de medidas cautelares para suspender la explotación de #RíoBlanco hasta que se demuestre que se realizó la consulta previa, libre e informada.

Vamos todos/as a la Corte de Justicia (José Peralta y Cornelio Merchán), acompañemos este proceso en vigilia por una sentencia a favor de la naturaleza y los defensores/as de la vida.

#PáramosLibresDeMinería
#SOSRíoBlanco

Mexico

Asesinan a líderes indígenas que se oponían a mineras canadienses

Los hermanos Miguel y Agustín Vásquez fueron baleados por sicarios  el sábado 19 de mayo. Agustín fue trasladado a un recinto hospitalario donde era asistido de urgencia para salvarle la vida. Cuando Miguel visitaba a su hermano, sicarios lo abatieron en la entrada del hospital. Pocos minutos después moriría también su hermano.

Esto ocurrió en el municipio de Tuxpan de Bolaños, ubicado en Jalisco, México. Los hermanos Vásquez eran indígenas huicholes, defensores de los lugares sagrados del pueblo Wixárika. 

Desde el año 2009, los pueblos wirrarikas resisten al arrebato de tierras por parte del gobierno de Felipe Calderón, quien otorgó 78 concesiones a mineras canadienses para explotar territorio sagrado de Wirikuta en San Luis Potosí. La empresa favorecida fue la First Majestic Silver. La concesión abarca el 70% del territorio sagrado de los pueblos Wirras, aproximadamente unas 140 mil 211 hectáreas.

 

El Frente en Defensa de Wirikuta sostiene que el territorio en disputa “es uno de los sitios sagrados naturales más importantes del pueblo indígena Wixarika” (huichol). En Wirikuta se originó la Creación y allí peregrinan las distintas comunidades del pueblo Wixarika, recreando el recorrido que hicieron sus antepasados. En ese lugar se teje y se sostiene la esencia de la vida del planeta.

 

La First Majestic Silver es de origen canadiense y factura unos 245 millones de dólares de ganancia al año, según su propia página web. El gobierno mexicano la considera una empresa “responsable”. “Perderíamos toda nuestra cosmogonía, es ahí donde hacemos nuestras prácticas tradicionales, ahí se funda la esencia de nuestra vida y nuestras raíces culturales” sostienen las comunidades, para quienes el lugar es el equivalente a la Meca musulmana.

Fuente:http://revistadefrente.cl/asesinan-a-lideres-indigenas-que-se-oponian-a-mineras-canadienses/

Chile

Pejerreyes celebra retiro de proyecto minero

En la localidad de Pejerreyes, comuna de Ovalle, desde hace unas semanas se celebra el fin del conflicto minero en esta pequeña localidad ubicada en la conexión con La Serena. Los vecinos del sector mantenían una lucha contra una minera de capitales chinos que pretendía conseguir  autorización para la ampliación de sus obras, lo que incluía procesar cerca de 60 mil toneladas de material y construir un segundo depósito de relaves en el sector.

Finalmente, al no poder probar su inocuidad, la minera presentó al Servicio de Evaluación Ambiental una carta de desistimiento, con lo que se cierra un proceso que se extendió por tres años y que cuestionó la normativa ambiental vigente. La comunidad cataloga el hecho como un triunfo de la organización territorial, nos indica desde la zona: Fernando Elorza, dirigente de Pejerreyes, y Cristofer Flores, director del Departamento Ambiental Comunal.

Fin de este conflicto: Pejerreyes celebra retiro de proyecto de minera china

Después de tres años de conflicto, la empresa China Co presentó al Servicio de Evaluación Ambiental su desistimiento de la Ampliación del Proyecto Minero Pejerreyes. La comunidad celebra la defensa del territorio: “La gente perdió el miedo, se enfrentó y venció a un verdadero Goliat. Ojalá sirva de inspiración para otras comunidades”, destacó Fernando Elorza Retamal, dirigente de la Junta Vecinal.

La localidad de Pejerreyes, perteneciente a la Provincia del Limarí en la Región de Coquimbo, vive días de fiesta. Esto porque el proyecto minero que pretendía ejecutarse en la zona y que representaba una amenaza medioambiental, finalmente echó a pie atrás, poniendo fin a un conflicto que se extendió por tres años.

Se trata de la Ampliación del Proyecto Minero Pejerreyes, presentado por primera vez al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en 2015 y que contemplaba un significativo aumento de la capacidad de procesamiento de material (de 4.800 a 60 mil toneladas mensuales) y la construcción de un segundo depósito de relaves en el sector que albergaría cerca de 1.800 metros cúbicos de tóxica concentración. Finalmente, nada de eso sucederá, pues la Minera China Co., titular del proyecto, presentó su desistimiento, al no poder demostrar ante la comunidad y el SEA la inocuidad de su obra.

“La sensación no es tanto de sorpresa; sabíamos que esta batalla se podía ganar. La minera estaba muy a mal traer por la evaluación que estaba realizando el Servicio de Evaluación Ambiental. Si se cumplía con la normativa ambiental, se iba a ganar. Queríamos que la autoridad hiciera cumplir la ley”, sostiene Fernando Elorza Retamal, dirigente de la Junta Vecinal de la localidad que se encuentra ubicada a 28 kilómetros de Ovalle, en la conexión con la ciudad de La Serena.

En efecto, el proyecto fue declarado inadmisible en tres oportunidades, una en 2015 y otras dos en 2016. La cuarta vez que ingresó al sistema se encontró con la solicitud de Participación Ciudadana que exigió la comunidad y que sirvió para revelar una serie de irregularidades y deficiencias que aún contenía la iniciativa y que ponían en riesgo al ecosistema y al derecho constitucional de la comunidad a vivir en un ambiente libre de contaminación.

¿Qué sigue ahora? La minera de capital asiático aún cuenta con la infraestructura para procesar las 4.800 toneladas mensuales de material que le fueron autorizadas por el SERNAGEOMIN inicialmente. Sin embargo, las faenas se encuentran detenidas por el incumplimiento de normativas ambientales que fueron fiscalizadas por la misma entidad estatal minera. Además, la empresa enfrenta ahora otro problema: una demanda de liquidación forzosa ingresada en febrero ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) por el incumplimiento del pago de dos facturas por más de 32 millones a la Minera Andes Pacifico e Ingeniería y Geología Limitada. A las deudas, se suman la Compañía de Petróleos de Chile COPEC ($2.617.386); Osman Olivares ($9.387.193); Rodrigo Morales Gestión y Minería EIRL ($31.820.005) y por último, Ambiental Chile SPA con $37.995.750.

En Pejerreyes permanecen cautos, con la esperanza de un cierre definitivo. “Se terminó una etapa, pero vamos a seguir atentos a lo que venga, con esta u otra minera que quiera vulnerar los derechos de nuestra comunidad”, acota Elorza Retamal.

“Nos sentimos abandonados por el Estado”

Al evaluar el proceso, el dirigente hace hincapié que pese al resultado, la labor de las autoridades dejó mucho que desear: “La comunidad se sintió abandonada por parte del Estado debido al deficiente rol que cumplió el SEA y también SERNAGEOMIN, en su momento. Al final hubo un cambio de actitud cuando las inconsistencias del proyecto comenzaron a ser evidentes y la comunidad lo hizo notar. Es una lástima que se faciliten tanto los procesos para las empresas, pero nunca para la comunidad, porque costó mucho hacernos oír. El único respaldo que recibimos fue por parte de la Municipalidad de Ovalle y de algunos diputados de la región”.

Desde la Municipalidad de Ovalle, en tanto, valoraron lo conseguido por Pejerreyes. Cristofer Flores, director del Departamento Ambiental Comunal, sostuvo que “lo que la comunidad nos enseña es que la organización comunitaria puede lograr cosas importantes. Destacamos la importancia de la participación ciudadana en los procesos de incidencia en el territorio. El llamado desde el Departamento es que la gente ejerza su derecho de vivir en un lugar libre de contaminación y sienta el deber de defender nuestro territorio”,

“Así también, hacemos un llamado a que la gente participe de todas las instancias de discusión que tienen a su disposición, como el Comité Ambiental Comunal, que reúne a la comunidad a discutir acerca de las problemáticas socioambientales que se presentan en el Limarí”, agregó.

En esa misma línea, Fernando Elorza Retamal finaliza enviando un mensaje de aliento a otras comunidades que enfrentan conflictos medioambientales: “La gente perdió el miedo. Para una comunidad tan pequeña como Pejerreyes, era enfrentarse a un Goliat. Siento mucho orgullo por nuestra comunidad que se supo mantener cohesionada hasta el final de este proceso. Ojalá sirva de ejemplo e inspiración para otras comunidades que tengan estos problemas o similares; de que sí se puede luchar contra estos gigantes”.

Fuente:http://www.mapuexpress.org/?p=24948