Colombia, Litio

Paisa abrió recuperadora de litio, la primera del país

Andrea Alzate, una química egresada de la U de A, inició el emprendimiento con recursos propios y préstamos de amigos.
La planta habilitada por Andrea Alzate puede procesar hasta 90 toneladas de baterías residuales cada mes. FOTO CORTESÍA

RECICLAJE ANTIOQUIA
POR JUAN C. QUICENO RAMÍREZ | 09/09/2022
Todos los días se desechan baterías de celulares, computadores y carros, siendo residuos que contienen minerales altamente valiosos, pero los procesos industriales para extraerlos son poco amigables con el medio ambiente.

Andrea Alzate, una paisa egresada de la Universidad de Antioquia —y doctora en materiales— desarrolló un método que permite aprovechar esas baterías sin dejar huellas contaminantes y extrae cobalto, níquel y litio. De ahí que su emprendimiento tiene un potencial de crecimiento relevante.

Vale aclarar que el litio es considerado como una de las fuente energéticas que podría sustituir parcialmente al petróleo. Y en países desarrollados hay metas claras: para el 2030, hasta el 50% del parque automotor debe estar conformado por vehículos libres de combustión fósil.

Puesto de un modo más sencillo, esta antioqueña puede proveer parte del litio que necesitan los fabricantes de carros, teléfonos y computadores.

Empresa del mañana
Altero fue el nombre que le puso a su planta recuperadora, ubicada en Guarne y constituida legalmente desde 2018. El emprendimiento fue capitalizado con recursos propios y préstamos de amigos que le creyeron a su idea.

Aún así, quedaba faltando otra inyección financiera. Hasta que durante un viaje a Estados Unidos, alguien conoció la propuesta de Andrea y decidió invertir en ella.

Teniendo en cuenta que los minerales que recupera son apetecidos por los países industrializados, ella pudo abrir su planta en cualquier nación, pero decidió retornar a Colombia y generar riqueza con su emprendimiento, el primero del país con estas características.

Ella explicó que “el residuo de esas baterías es de difícil manejo, puesto que el litio es altamente reactivo. En el mundo, lo que han encontrado para solucionar este problema es tratamientos con nitrógeno para congelar la peligrosidad”.

“Nuestra tecnología —añadió— no requiere nitrógeno. Nos alejamos de los métodos convencionales, que son pirometalúrgicos o hidrometalúrgicos”, añadió al detallar que, con el primer proceso, hay quema en hornos y se generan emisiones de carbono. Con el segundo, hay disolución en ácido y se generan vertimientos tóxicos.

En su caso, los minerales de las baterías son recuperados a través de procesos electromagnéticos, mecánicos y eléctricos. Su planta tiene capacidad para procesar 90 toneladas al mes. El cobalto, el níquel y el litio se exportan, mientras que el cobre y el aluminio se comercializan en el mercado local.
https://www.elcolombiano.com/negocios/paisa-abrio-recuperadora-de-litio-la-primera-del-pais-DF18598568

Colombia

Hasta San Gil llegaron las protestas por título minero otorgado por la CAS

Jorge Ríos 09/09/2022
Durante más de dos horas, alrededor de 150 personas provenientes de San Vicente y El Carmen de Chucurí recorrieron las calles de San Gil en una protesta pacífica que terminó frente a la sede principal de la Corporación Autónoma de Santander.

La travesía que inició en un recorrido en caravana de tres buses la noche del miércoles desde sus territorios para llegar a la capital turística de Santander, tenía como objetivo exigirle a Alexcevith Acosta Sánchez, director de la autoridad ambiental, la revocatoria de la licencia ambiental de extracción de carbón a cielo abierto autorizada a la empresa Colcco SA el pasado 22 de agosto.

El tercer interviniente en el proceso, el representante a la Cámara, Cristian Avendaño, quien acompañó la protesta y el encargado de interponer el derecho de reposición ante la entidad, cuestionó el papel de la CAS y la ‘dudosa’ forma en la que terminó otorgándose el visto bueno ambiental.

Una de las razones que ponen en entredicho la licencia autorizada en la resolución 574 es que hay 27 inconsistencias de impacto ambiental y lo más preocupante es que dentro de la entidad existen dos estudios ambientales que no coinciden, señaló Avendaño.

Según el Representante, al parecer favoreciendo intereses particulares, posiblemente la CAS avanzó en el licenciamiento ambiental.

“Lo que debería ser ideal es que los criterios técnicos estén por encima de los intereses políticos y particulares, pero históricamente no ha pasado en las corporaciones ambientales. Estas 27 inconsistencias dejan el proceso en el limbo, porque estamos hablando de una mina en la vereda Los Aljibes que tiene unas rondas hídricas estratégicas”, continuó Avendaño, recordando que las corporaciones ambientales como la CAS están para hacer cumplir la normatividad ambiental y proteger los ecosistemas.

Para ambientalistas como Mauricio Mesa, coordinador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso, no se entiende cómo la autoridad ambiental aprueba la explotación de carbón a cielo abierto en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional los Yariguíes, que justamente está hecha para proteger este espacio natural y no para abrirle las puertas a la explotación.

“Si ponemos los mapas uno sobre otros les demostramos que estamos en lo correcto”, aseveró el defensor ambiental, quien además aseguró que se está generando una enorme afectación a una de las principales despensas agrícolas de Santander en donde el cacao, los cítricos y otros cultivos son la actividad principal de miles de familias.

Uno de las mayores denuncias a la CAS durante la jornada fue que la socialización del proyecto no se hizo con toda la comunidad. Uber Izaquita, presidente de las juntas de acción comunal de San Vicente de Chucurí, denunció justamente que en San Vicente de Chucurí no se hizo ninguna audiencia pública. “Se nos está haciendo un daño muy grande ambiental y agrícola”, sentenció el representante de la comunidad.

“Los que hizo la corporación fue una avasallada, le entregó nuestro territorio a una minera francesa y se supone que es una entidad ambientalista que debe proteger el medio ambiente (….) No consultaron, no hicieron audiencia pública en San Vicente, violaron nuestro principio de información, nos enteramos por un grupo de Whatsapp”, expresó Isnardo Vesga, habitante de San Vicente de Chucurí.

Al final, la comunidad exigía que les escucharán y que no se generará el deterioro ambiental de un territorio, con una licencia de la existe el riesgo se pueda extender a 30 hectáreas, según denunció Avendaño.

La respuesta de la CAS

La autoridad ambiental, que tiene bajo su jurisdicción a 74 municipios, empezó el día emitiendo un comunicado a la opinión pública insistiendo que los terrenos licenciados no hacen parte de las áreas incluidas en los Distritos Regionales de Manejo Integrado, DRMI.

En el documento se confirma que solo se hizo una audiencia pública en El Carmen de Chucurí y que aunque el título minero es de 1.949 hectáreas, 14,5 hectáreas fueron las aprobadas para la explotación a cielo abierto y 30 hectáreas de explotación subterránea no son protegidas ni hacen parte de forestal o DRMI Yariguíes.

Acosta Sánchez expresó que además del recurso de reposición a estudiar, la entidad deberá evaluar que la empresa licenciada cumpla con todos los requerimientos estipulados en la resolución.
https://www.vanguardia.com/santander/guanenta/hasta-san-gil-llegaron-las-protestas-por-titulo-minero-otorgado-por-la-cas-DB5672335

Chile

SMA ordena 7 medidas a Minera Los Pelambres para controlar riesgos asociados a rescate de equipos con hidrocarburos en Bahía Conchalí

Las medidas incluyen la habilitación de centros de rescate de fauna marina, la modelación de la pluma de hidrocarburos y/o aceites, la evaluación de áreas de mayor sensibilidad ambiental del borde costero y la ejecución de monitoreo extraordinario de aves y mamíferos.
09/09/2022
MINERÍA CHILENA
SMA dicta medidas urgentes y transitorias contra Compañía Minera del Pacífico
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó a Minera Los Pelambres, titular del proyecto “Infraestructura Complementaria” (INCO, RCA N° 16/2018), la adopción de 7 medidas provisionales, las cuales deberán implementarse en un plazo de 15 días hábiles.

Las medidas tienen por objeto prevenir riesgos asociados a la fuga de hidrocarburos desde equipos sumergidos y se ordenan, en el contexto del rescate de estructuras, tras el colapso de una plataforma “Jack Up”, durante la construcción de las obras marinas asociadas a la desalinizadora aprobada por el proyecto INCO.

El jefe de la Oficina Regional, Gonzalo Parot, explicó que “tras el incidente, ocurrido el 15 de agosto de este año, cayeron al mar diversos elementos que se encontraban sobre la plataforma, incluyendo una grúa y un grupo electrógeno, con hidrocarburos y aceites de origen vegetal que se encontraban en contenedores. Las labores de rescate, supervisadas por la Autoridad Marítima, han permitido recuperar el grupo electrógeno, pero sigue pendiente el rescate de la grúa y se han verificado afloramientos de hidrocarburos, cuya contención se ha visto dificultada por razones climáticas”.

Por su parte, el superintendente del Medio Ambiente (S), Emanuel Ibarra, señaló que debido a que sigue pendiente el rescate de unidades desde el mar, se “solicitan 7 medidas provisionales a la empresa, que buscan la adopción de acciones preventivas para el caso que se verifique una fuga mayor de hidrocarburos desde los equipos y contenedores sumergidos y/o que fallen los sistemas de contención desplegados, tendiendo a minimizar los efectos adversos que podrían darse para especies hidrobiológicas y para el medio marino”.

Adicionalmente, hoy la SMA ha encomendado un nuevo muestreo de aguas y sedimentos intermareales a una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), actividad que se ejecuta con la Autoridad Marítima. “Debido a que se encontraron trazas de hidrocarburos, se están tomando muestras del afloramiento en terreno para determinar su trazabilidad”, añadió Parot.

Medidas
En este contexto, las siete medidas que Minera Los Pelambres deberá adoptar son las siguientes:

1. Respecto a la ejecución del proyecto INCO, no ejecutar obras u actividades asociadas a la fase de construcción de las obras marinas del proyecto INCO, respecto a actividades constructivas en la superficie del agua, columna de agua o lecho marino de la Bahía Conchalí, hasta que se ejecute el rescate total de las sustancias y estructuras que representen un riesgo al medio ambiente, circunstancia que deberá ser visada por la Autoridad Marítima.

2. En atención a la inexistencia de centros de rescate de fauna silvestre/fauna marina en las cercanías del lugar de la contingencia, el titular deberá habilitar un centro de rescate de fauna silvestre (mamíferos/aves) con especialistas ad hoc en la región de Coquimbo y/o gestionar disponibilidad de un centro de rescate en la región de Coquimbo o en otra región, considerando en ambos casos la logística necesaria para el traslado y rehabilitación de fauna que eventualmente pueda ser afectada por filtraciones de hidrocarburos al medio marino.

3. Realizar una modelación hidrodinámica de deriva de la pluma de hidrocarburos y/o aceites en el área de la contingencia, que considere simulaciones en distintas condiciones de vientos, corrientes y mareas características del área, a objeto de reconocer a priori la dirección predominante de la derivación de la pluma de hidrocarburos, para anticipar y dirigir los esfuerzos de las tareas de contención, absorción, conducción y limpieza, en caso de que sea necesario.

4. Realizar una evaluación y determinación de lugares del borde costero dentro del área de influencia, con mayor sensibilidad ambiental, de acuerdo al índice utilizado por DIRECTEMAR, de acuerdo al tipo de costa, tipo de recursos y su cercanía con posibles afloramientos de hidrocarburos.

5. Mantener vigilancia con frecuencia diaria de la presencia de hidrocarburos en el cuerpo de agua en torno a los sitios de mayor sensibilidad ambiental, con capacidad de entregar información de detección de hidrocarburos en tiempo real o dentro del mismo día de registro/medición, y que pueda proveer de medios de trazabilidad y verificación de los resultados por parte de la autoridad ambiental.

6. Mantener la vigilancia y monitoreo extraordinario de las matrices aguas y sedimentos propuesta por el titular con ocasión de la contingencia, hasta que se ejecute el rescate total de las sustancias y estructuras que representen un riesgo al medio ambiente.

7. Ejecutar monitoreo extraordinario de aves y mamíferos en el área de influencia, en concordancia con el objetivo señalado en el procedimiento “Plan de emergencia frente a derrame de hidrocarburos al mar”, hasta que se finalice el rescate de elementos que representen un riesgo al medio ambiente y hasta que se finalicen las labores de recuperación y limpieza, en coordinación con SERNAPESCA.

Cabe señalar que la SMA fiscalizará el estricto cumplimiento de las medidas señaladas, pudiendo ampliar el foco de las acciones requeridas o disponer de medidas adicionales con el objeto de minimizar los posibles efectos generados a partir de la contingencia.
https://www.mch.cl/2022/09/sma-ordena-7-medidas-a-minera-los-pelambres-para-controlar-riesgos-asociados-a-rescate-de-equipos-con-hidrocarburos-en-bahia-conchali/

Colombia

¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública?

Juan Pablo Soler (Revista Rayal)
Foto: Desalojo de cerca de 400 campesinos afectados por Hidroituango /Foto: Ríos Vivos
La revisión de los documentos secretos del Ministerio de Defensa, realizada por el Senador Iván Cepeda reveló las millonarias contrataciones de la fuerza pública con empresas públicas, mixtas y privadas del sector minero energético colombiano entre 2002 y 2014

La parcialidad y la irregularidad con las que pueden llegar a actuar la Policía y Ejército Nacional pueden tener estrecha relación con su financiamiento.En el año 2013 en la Vuelta del Bombillo, al cruzar el río Cauca, las comunidades campesinas afectadas por Hidroituango hicieron uso de su legítimo derecho a la protesta social para llamar la atención sobre los derechos vulnerados. De inmediato fueron reprimidos por el ESMAD, cuyos agentes, sin mediar palabras, usaron sus armas de gas pimienta y sus pistolas de balas de goma en contra de la población. No les importó que hubiera adultos mayores y menores de edad, ni que varios de ellos cayeran rodando por la pendiente del terreno y sufrieran contusiones ni tampoco que no recibieran atención médica. Lo único que les importó fue abrir la vía para que la empresa siguiera operando.
Al día siguiente, en inmediaciones del Valle de Toledo, el ESMAD se acercó, mientras se desarrollaba una reunión comunitaria, y subió a la fuerza a 87 personas en camiones de la policía. A pesar de que las capturas masivas son ilegales, lo que no fue un impedimento para que la policía intentara deshacer la manifestación campesina de dicha manera.

Al tercer día, pese a que la comunidad estaba reunida en un predio privado, la policía derribó el cerco y tiró al piso las ollas donde se preparaba el desayuno. Este último encuentro fue el detonante para que varios habitantes salieran de la zona caminando hacia Medellín, donde fueron albergados en la Universidad de Antioquia, protagonizando un desplazamiento forzado que se prolongó por más de siete meses.

Dos años más tarde, en noviembre de 2015, en una Audiencia Senatorial convocada por Iván Cepeda comprendimos que estas y otras actuaciones corresponden a un ejercicio sistemático derivado de los convenios de la fuerza pública con distintas empresas.

La revisión de los documentos secretos del Ministerio de Defensa, realizada por el Senador y su equipo de trabajo (de la que no se permitió hacer copias ni fotografías), reveló las millonarias contrataciones de la fuerza pública con empresas públicas, mixtas y privadas del sector minero energético colombiano entre 2002 y 2014:

Entre 1990 y 2014 se firmaron más de 1.229 contratos de cooperación secretos para la instalación de Batallones Especiales Energéticos y Viales -BAEEV- y Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado -COPEI-. Cifra que no contempla las operaciones de años recientes derivadas de la ampliación de la frontera extractiva ni los posibles convenios de cooperación firmados directamente por los batallones.

Los distintos convenios citan de manera recurrente que son para actuar frente a las amenazas terroristas que pueden generar daños al medio ambiente y a la seguridad nacional, pero ¿qué pasa cuando el daño al ambiente lo genera la empresa que los financia? Imagínense aquí una autoridad ambiental diligente que, para hacer una labor de inspección ambiental, debe anunciar su visita días antes a la empresa y además coordinarla con los cuerpos públicos de seguridad pagados por las empresas infractoras. No es un asunto menor, son más de 68.000 hombres los que hacen parte de estas contrataciones, es decir, más del 15% del total de las fuerzas armadas en 2015.

Un aspecto que además valdría la pena analizar de cara a la transición energética para entender los impactos ambientales que conlleva la operación de estos batallones, la cual implica emisiones de carbono que jamás aparecen en las cuentas de los proyectos etiquetados como energía limpia.


Desalojo en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, participado por la española Endesa.
Además, para la construcción de paz con enfoque territorial vale la pena replantear este financiamiento o por lo menos, revisar los objetos contractuales y establecer limitaciones claras de las actuaciones: en ningún caso el uso de las armas y la intimidación se puede dirigir contra la población civil, mucho menos contra movilizaciones que buscan proteger derechos colectivos y las formas tradicionales de subsistencia en los territorios.

Un ejemplo que permite entender las complicaciones que genera la privatización de la fuerza pública en materia de vulneración de derechos, se dio en la consulta previa con las comunidades negras en el norte del Cauca afectadas por la represa Salvajina, tierra que vio nacer a la vicepresidenta Francia Márquez. Allí la empresa EPSA reconoció, tardíamente, que había financiado al batallón que opera en sus instalaciones, pero se abstuvo de reconocer los impactos.

El caso del proyecto hidroeléctrico El Quimbo permite apreciar otro efecto de estas alianzas, pues la base del BAEEV #12 José María Tello, que aloja 1.200 soldados, se construyó frente al proyecto en zona de Reserva Forestal de la Amazonía[1].


Leo Sátira (leosatira.blogspot.com)
Si, además, se traslapa el análisis anterior con él de las ejecuciones extrajudiciales la situación se torna aún más compleja. En el caso de Antioquia entre el 2000 y el 2006 existían 747 militares investigados que hacían parte de los batallones Coronel Atanasio Girardot, Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez y General Pedro Nel Ospina; en Casanare 146 ejecuciones extrajudiciales fueron responsabilidad de la Brigada 16, la cual ha recibido más de 209.400 millones de pesos, vía convenios de cooperación con empresas como: Ecopetrol, BP, Emerald, Equion, Pacific Rubiales, Petrobras y Petrominerales, entre otras. A esta lista se debe sumar el drama de los desplazamientos forzados que ha ocasionado la fuerza pública pagada por empresas, tema que está siendo investigado por la Fiscalía.

El problema no es sobre la vigilancia de las infraestructuras energéticas. El problema es que la fuerza pública lo haga a través de contratos secretos suscritos con empresas extractivas y de energía, situación donde el cumplimiento de obligaciones contractuales deriva en la vulneración de los derechos humanos y constitucionales de las comunidades que se movilizan frente a la afectación de derechos colectivos como el ambiente sano, derecho al trabajo, a la libre, a la información, etc.

En 2015 el Senador Cepeda denunciaba además en la mencionada audiencia, que por lo menos seis empresas trasnacionales tienen su propio batallón y parte de sus operaciones privadas estarían siendo pagadas con recursos de la Nación. Este es un tema que debe tener relevancia en el Tratado Especial para Empresas y Derechos Humanos que se discute actualmente en Naciones Unidas para atender la responsabilidad de las empresas frente a las vulneraciones de derechos humanos.

Frente a esta situación, cabe preguntarse ¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública? ¿Al pueblo quién lo cuida sino tiene el dinero suficiente para establecer un convenio de cooperación? Una desfiguración total del Estado Social de Derecho.


Represión en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, participado por la española Endesa.
[1] Ejército creó en Huila Batallón energético para cuidar polémico proyecto El Quimbo. El Tiempo. 12 de mayo de 2009. Consultado en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5181719
Tomado de: https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/50-que-hara-petro-frente-a-la-privatizacion-de-la-fuerza-publica.html

¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública?

Ecuador

Gobierno Ecuador dice logra acuerdos preliminares sobre petróleo y minería con indígenas

Alexandra Valencia
07/09/2022
Foto de archivo del presidente de Ecuador Guillermo Lasso en una rueda de prensa en Quito
(Reuters) -El gobierno de Ecuador llegó a un acuerdo preliminar con grupos indígenas para declarar una moratoria temporal en 16 bloques petroleros, dijo el miércoles el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, marcando un punto de inflexión en las negociaciones destinadas a evitar nuevas protestas callejeras.

Lasso, un exbanquero conservador, abrió un diálogo de 90 días para discutir la implementación de un acuerdo que puso fin en junio a más de dos semanas de protestas indígenas contra su agenda económica y ambiental.

Las manifestaciones dejaron al menos ocho muertos y afectaron severamente a la industria petrolera, con presiones que obligaron a recortes inmediatos en los precios de la gasolina y el diésel, subsidios a fertilizantes y otras medidas que, según el Gobierno, costarán unos 600 millones de dólares.

Los grupos indígenas exigían una moratoria a las actividades extractivas y que se declaren nulas las concesiones en zonas sensibles. Lasso acordó suspender la aprobación de nuevos proyectos en territorios indígenas considerados ancestrales, áreas de protección ambiental y zonas arqueológicas.

«Damos una muestra como Estado que estamos cediendo a la petición», añadió Vera a los medios.

La moratoria afectará a bloques en el sur del país donde no se realizan operaciones de exploración y producción, y estará vigente hasta que se establezca una ley de consulta previa libre e informada para las comunidades indígenas, explicó el ministro.

De manera similar, el Gobierno no otorgará más títulos mineros hasta que se apruebe la ley de consulta previa, dijo Vera, agregando que podría aprobarse en los próximos 12 meses.

Las exportaciones de las dos minas de oro y cobre a gran escala de Ecuador están convirtiendo rápidamente al sector en clave para el fisco del país. Ecuador espera ventas de minerales de al menos 2.800 millones de dólares este año.

«Nuestra posición es no a la minería, ese el punto de inicio y a partir de ahí se verá la propuesta del Gobierno», dijo Gilberto Talahua, presidente del movimiento indígena de Bolívar, donde se ubica el proyecto Curipamba, que se convertirá en la tercera mina del país.

Los acuerdos relacionados con el petróleo y la minería podrían firmarse el viernes, al igual que aquellos que se alcancen sobre producción agrícola y subsidios a los combustibles, dijeron los ministros que participan en el diálogo.

Los líderes indígenas no estuvieron disponibles para comentar sobre los acuerdos preliminares presentados por Vera.

El único acuerdo firmado hasta ahora es sobre la condonación de la deuda de los pequeños agricultores, y algunos líderes indígenas han amenazado con abandonar las negociaciones.

«Puede ser como un juego del Gobierno y no nos queda otro camino que nuevamente la presencia en las calles», dijo a Reuters Blanca Chancoso, expresidenta de la organización indígena Ecuarunari. «Para nosotros el paro no se ha terminado. Esperamos que (la negociación) no sea solamente un desgaste».

Otras área de negociación, que se prevé duren hasta mediados de octubre, son los controles de precios en más de 40 productos.

El Gobierno ha dicho que está comprometido con todas las demandas de los grupos sociales, pero destacó que estos no obtendrán todo lo que quieren.

Sin embargo, el exministro de Energía Fernando Santos dijo a Reuters que no está seguro de que se pueda llegar a un acuerdo exitoso.

«Al Gobierno lo veo débil y el presidente Lasso es una persona bastante orgullosa y no va a ceder, ni de casualidad, a las demandas indígenas y el señor Iza también está con una posición triunfalista que quiere todo o nada», dijo Santos en referencia al líder indígena Leonidas Iza.

«Veo días difíciles, no veo voluntad de llegar a acuerdos», sostuvo Santos, y agregó que la actividad petrolera y minera podría estancarse durante el gobierno de Lasso.

La oficina de Lasso dirigió las preguntas al ministerio de Gobierno, que dijo que no podía conceder una entrevista a Reuters hasta finales de esta semana.

El Gobierno aseguró que las conversaciones están avanzando en el tema de los subsidios a los combustibles, que este año costarán alrededor de 3.800 millones de dólares, más que los presupuestos públicos anuales para salud, educación y seguridad.

«En esas condiciones es difícil que incline la balanza para entablar una mesa de diálogo», explicó el analista político Alfredo Espinosa, quien recalca la impopularidad de Lasso y su desvinculación con la ciudadanía. «Es como que el rehén está negociando con su captor, que es el movimiento indígena».
(Editado por Javier Leira y Carlos Serrano)
https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/negociaciones-grupos-ind%C3%ADgenas-ponen-prueba-131417142.html

Chile

Diputados respaldan proyecto que impide constituir derechos de aguas sobre glaciares

Entre sus lineamientos, el texto define que no podrán realizarse en glaciares, zonas de glaciares y entorno glaciar, actividades que generen impacto significativo o daño ambiental. El texto pasó ahora al Senado.
06/09/2022
Tras sumar 114 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones en su votación en particular, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares.

Subsecretario de Medio Ambiente y glaciares: “Buscamos dar certeza a quienes tienen que ejecutar proyectos”
La iniciativa reconoce, expresamente, que los glaciares son ecosistemas complejos asociados a su entorno, ambientes glaciares y ambientes periglaciares y que son parte del ciclo hidrológico de las aguas.

El texto fue informado por el diputado y autor del proyecto, Daniel Melo (PS).

Se entiende por glaciar todo volumen de agua en estado sólido, que persiste por períodos de al menos dos años. Esto, cualquiera sea su contenido de detritos superficiales e internos.

Son partes constituyentes de un glaciar: su material detrítico; el agua líquida, tanto superficial como interna y basal; su parte flotante, siempre que esté unida a su masa, la que se considerará como agua terrestre. También, las masas de agua en estado sólido que, flotando y separadas del glaciar, por efectos climáticos circunstanciales, puedan adherirse a este.

El entorno glaciar comprende los ambientes dinámicos dependientes del clima que incluyen procesos, condiciones y formaciones terrestres que, no siendo glaciares, posibilitan la mantención del equilibrio de uno o varios de ellos. Ello permite la captura de nieve, la formación o mantención de neviza y hielo, así como la generación de detritos.

A su vez, el entorno incluye el suelo, subsuelo, aguas superficiales y subterráneas. Igualmente, el espacio aéreo del ecosistema que rodea al glaciar y que posibilita la mantención de sus funciones y servicios ecosistémicos.

Actividades prohibidas en glaciares
No podrán realizarse en glaciares, zonas de glaciares y entorno glaciar, actividades que generen impacto significativo o daño ambiental. Se considera, para los efectos de esta ley, actividades que generan impacto significativo o daño irreversible a glaciares, las siguientes:

1. La que impliquen su remoción, traslado o destrucción.

2. El desarrollo de actividades sobre la superficie de los glaciares.

3. Actividades bajo los glaciares, que puedan alterar su condición natural, acelerar o interrumpir su desplazamiento, o acelerar su derretimiento.

4. La liberación, vaciamiento o depósito de basuras, productos químicos, material particulado, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza o volumen.

5. La ejecución de cualquier otra acción que pueda afectar directa o indirectamente las funciones del glaciar.

Exclusiones y multas
Quedan excluidas de las prohibiciones mencionadas, las actividades de ecoturismo; montañismo de baja intensidad; investigación científica autorizada o que realice la Dirección General de Aguas (DGA). Además del rescate, instrucción y entrenamiento de personal autorizado, que se efectúen en el glaciar o su entorno.

Las acciones o actividades en contravención a las prohibiciones establecidas, serán sancionadas con multa de hasta diez mil unidades tributarias anuales.

Se suman multas de cuarto grado a los actos u obras que se realicen sin contar con el permiso de la autoridad competente. Esto, siempre que afecten la disponibilidad de las aguas. De igual modo, que de alguna manera perjudiquen o alteren las obras de la red de estaciones de monitoreo que debe establecer y mantener la DGA.

Las multas podrán incrementarse en 75% si los actos u obras realizados sin autorización, conlleven la reconstrucción o reinstalación de la red de monitoreo.

La DGA tendrá entre sus atribuciones y funciones, las de investigar, medir el recurso y monitorear, tanto su calidad como su cantidad. Todo en atención a la conservación y protección de las aguas y glaciares.

Autores y debate
Esta moción ingresó a trámite legislativo en enero de 2018. Además de Daniel Melo, la propuesta contó con la firma de su compañera de bancada, Daniella Cicardini. También, de los exlegisladores Cristina Girardi, Luis Lemus, Clemira Pacheco, Raúl Saldívar y Camila Vallejo. Asimismo, los actuales senadores Loreto Carvajal y Fidel Espinoza.
https://www.mch.cl/2022/09/diputados-respaldan-proyecto-que-impide-constituir-derechos-de-aguas-sobre-glaciares/

Ecuador

Ecuador: Indígenas piden proteger la selva ante minería

Medio centenar de indígenas protestan ante la Corte Constitucional para exigir al gobierno la protección de la selva en cumplimiento de sentencias judiciales frente al avance de empresas mineras y petrolíferas
AP Noticias
06/09/2022
En medio de gritos de justicia y acción y de cánticos y danzas en su idioma nativo, hombres y mujeres de la comunidad cofán Sinagoe y waorani —habitantes milenarios de la selva tropical de la Amazonía— reclamaron decisiones efectivas por parte de las autoridades para impedir la explotación de los recursos.

Wider Guaramag, presidente de la comunidad Sinangoe, dijo durante la medida que exigimos revertir las concesiones —52 mineras y un bloque petrolífero, según datos oficiales— y la reparación integral porque dicen que los alimentos los obtienen de la pesca en el río Aguarico.

“Siempre hemos pescado ahí, si esos alimentos, esos pescados están contaminados por lo que hizo la minería, entonces nosotros estamos directamente afectados”, señaló.

Tras largos juicios en diferentes cortes, finalmente la Corte Provincial de la provincia de Sucumbíos y la Corte de la provincia de Pastaza fallaron consecutivamente en años recientes a favor de los indígenas cofán y waorani y en contra de las actividades de extracción en miles de hectáreas de selva tropical.

Gaba Guiquita, de la etnia waorani, aseguró que tras una lucha de años siguen esperando resultados. “Hoy levantamos fuerte nuestra voz, porque queremos vivir sanamente en nuestros territorios, el Estado nos dañó porque no respeta nuestras decisiones y entró a nuestro territorio”.

Ecuador obtiene de la actividad petrolífera alrededor del 30% de los ingresos de la caja fiscal y la actividad minera ha ido en incremento en minas de otros sectores del país dejando exportaciones alrededor de los 3.000 millones de dólares al año, especialmente de minas de oro, cobre y otros minerales del sur del país andino, de acuerdo con las autoridades.
https://www.independentespanol.com/ap/ecuador-indigenas-piden-proteger-la-selva-ante-mineria-b2161258.html

 

Mexico

Presidente de México no descarta reforma a la Ley Minera

06/09/2022
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no descartó la posibilidad de presentar una iniciativa profunda para reformar la Ley Minera que reglamente las concesiones ya existentes y evite que se establezcan contratos del gobierno con empresas que operen en la irregularidad.

Aclaró que aun cuando su gobierno no entregará nuevas concesiones para la industria, no se revocarán las que se entregaron antes de su administración.

A propósito del accidente en el yacimiento de carbón El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, que dejó atrapados desde hace un mes a 10 mineros, en la mañanera de ayer se le preguntó si consideraría presentar dicha iniciativa y transformar la forma en que actúan las empresas extractivas.

“Sí, es probable (proponer esa reforma). Lo que sí quiero expresar es que los actuales concesionarios van a seguir manteniendo sus concesiones. No quiero que se vaya a malinterpretar, o sea, los que ya las tienen se les respetan, la política que definimos desde el principio fue no entregar más concesiones porque fue un exceso”, pues se dieron en sexenios pasados permisos a esa industria para la explotación de 60 por ciento del territorio nacional. Refirió que en su gobierno las concesiones se han reducido. “Como tienen que pagar impuestos, y antes no pagaban, las están devolviendo, ahora son menos. No vamos a entregar nuevas. A lo mejor va a ameritar hacer una propuesta para que ya no se entreguen más y también se reglamente lo de la explotación minera en las concesiones ya otorgadas, ya está reglamentado, pero que sea más estricto, para proteger a los mineros, eso puede suceder”.

Por otro lado, rechazó que su proyecto de desarrollo del istmo de Tehuantepec represente un “muro” de contención migratoria, a propósito de una interrogante sobre declaraciones que hace unos meses realizó el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, en el sentido que ese proyecto blindaría la zona y frenaría el paso de migrantes, afirmaciones que algunos medios interpretaron como la instalación de un “muro” en la región.

“Es la primera vez que estoy escuchado algo así, no sabía. Y, desde luego, por adelantado (les digo), no queremos muro en la frontera (de México y Estados Unidos), mucho menos en nuestro territorio, o sea, para que no se especule”, contestó el Presidente.

Reconoció que de los más recientes presidentes estadunidenses, el único que decidió no expandir el muro fronterizo es Joe Biden.

George Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, “¡todos hicieron muro! Llevan como mil 200 o mil 500 kilómetros, de 3 mil 180 (de extensión fronteriza). Era como una manda, todos los presidentes hacían su tramo, creo que el que hizo más fue Bush o Trump, está entre ellos, pero todos, demócratas o republicanos”.

En el tema económico, reconoció que la inflación (en 8.2 por ciento) puede aún subir un poco, pero que se trabaja para contrarrestarla y esta semana tendrá una reunión con el gabinete económico para fortalecer su plan contra la carestía.

Pese a ello, subrayó: “México tiene una situación económica excepcional” y volvió a presentar cifras de no endeudamiento, inflación menor (hasta julio) a la de Estados Unidos y Europa y del “récord” de inversión extranjera.

Después de la conferencia matutina, se reunió con el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y con el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle. En redes sociales el mandatario calificó el encuentro de “respetuoso, productivo y fraterno”.

Presidente de México no descarta reforma a la Ley Minera

Ecuador

Los indígenas de Ecuador exigen que se cumplan las sentencias contra las industrias extractivas

Mineriaenlinea 07/09/2022
El proyecto Cascabel de SolGold, en Ecuador.
Dos comunidades indígenas de la región amazónica de Ecuador exigieron el martes a la Corte Constitucional que aplique las sentencias de 2018 y 2019 para proteger miles de hectáreas de selva tropical de proyectos petroleros y mineros.

Los tribunales locales de Ecuador fallaron por separado a favor de la comunidad A’i Cofan de Sinangoe, en la provincia de Sucumbíos del país, así como de 16 comunidades Waorani de la provincia de Pastaza, argumentando que no habían recibido consulta previa sobre los proyectos extractivos previstos en sus territorios, ordenando incluso trabajos de restauración en las zonas afectadas.

Delegaciones de ambas comunidades presentaron una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador para obligar al Ministerio de Energía y Minas, y al de Medio Ambiente, a cumplir las sentencias.

“Han pasado varios años pero la sentencia no se ha cumplido en absoluto”, dijo a los periodistas Wider Guaramag, presidente de la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe. “La violación de nuestros derechos continúa”.

En 2018, un juez falló a favor de la comunidad A’i Cofán y ordenó la reversión de una veintena de concesiones mineras otorgadas a empresas privadas a lo largo del río Aguarico, así como el archivo de 32 procesos que aún no habían sido adjudicados.

Sin embargo, la comunidad argumenta que las autoridades sólo suspendieron las concesiones mineras, sin revertirlas ni archivarlas, mientras que la restauración ambiental no se ha llevado a cabo.

En los últimos 15 meses se han suspendido las actividades en 146 concesiones mineras en Ecuador, dijo el Ministerio del Ambiente en un comunicado, sin mencionar las concesiones en Sucumbíos.

Las comunidades waorani buscan la protección de sus territorios, para evitar que se desarrollen operaciones petroleras en sus tierras, después de que un juez dictaminara que la creación del bloque petrolero 22 violaba sus derechos en 2019

El bloque petrolero en cuestión aún no ha sido adjudicado a una empresa petrolera.
El Ministerio de Energía y Minas no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Los indígenas de Ecuador exigen que se cumplan las sentencias contra las industrias extractivas

Colombia

Los bloqueos reducen el 70% de la producción de la mina de carbón del Cerrejón en Colombia

Mineriaenlinea 07/09/2022
Cerrejon
Los bloqueos de carreteras de casi una semana de duración han cortado el 70% de la producción de la mina de carbón de Cerrejón en Colombia, la más grande de América Latina, dijo el martes la empresa propiedad de Glencore Plc, pidiendo al gobierno que interceda ante los manifestantes.

Los bloqueos de carreteras y líneas ferroviarias en torno a la mina no son infrecuentes. Antiguos trabajadores bloquearon una línea ferroviaria el año pasado y Cerrejón ha tenido repetidos desacuerdos con las comunidades indígenas Wayuu cercanas y con su mayor sindicato, que realizó una huelga de tres meses en 2020.

“La operación de Cerrejón se ha visto afectada, durante seis días, por varios bloqueos ilegales. Aunque siguen siendo pacíficos, impiden el acceso a las áreas operativas de la empresa”, dijo la compañía en un comunicado. “Las personas que realizan los bloqueos exigen el acceso a los servicios de agua, una mayor inversión social y puestos de trabajo en la empresa”.

Hay otros bloqueos no relacionados con la empresa que realizan los camioneros en una carretera cercana, dice el comunicado, y añade que Cerrejón se compromete a establecer alianzas duraderas con las comunidades vecinas.

“Si esta situación se prolonga, Cerrejón tendrá que suspender algunos contratos de servicios, lo que representa un impacto económico local porque afecta directamente a numerosos proveedores de la región”, dijo la empresa, añadiendo que también puede afectar a las regalías y al pago de impuestos.

“Pedimos a las autoridades que apoyen una resolución pacífica de los bloqueos”, añadió.

Hasta ahora no hay impacto en las exportaciones y el ferrocarril de la empresa está funcionando, dijo un portavoz.

Cerrejón, que produjo 23,4 millones de toneladas de carbón en 2021, fue comprada en su totalidad por la minera y comercializadora mundial Glencore el año pasado. De enero a julio, la empresa pagó casi 568 millones de dólares en regalías e impuestos nacionales y locales, dijo.

Colombia es uno de los principales exportadores mundiales de carbón y las regalías e impuestos del combustible son uno de los principales contribuyentes a las arcas del gobierno.
Reuters

Los bloqueos reducen el 70% de la producción de la mina de carbón del Cerrejón en Colombia