Perú

Segunda etapa de Proyecto Minero Toromocho, se realiza afectando derechos fundamentales de los pobladores y su derecho constitucional a la propiedad

El día viernes el Presidente Vizcarra anunció el inicio de la segunda etapa del proyecto minero Toromocho de la Minera Chinalco Perú S.A en la región Junín. Se trata de una ampliación del proyecto minero que añadirá otras 75,000 toneladas métricas finas (TMF) de cobre a la actual producción de la mina.

Este sería un anuncio importante si sólo lo viéramos desde ese punto de vista. El problema es que la aprobación de esta ampliación, no contó con la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que solo ha sido aprobado a través de un Informe Técnico Sustentatotio (ITS) que no es el instrumento técnico idóneo para evaluar los impactos de los proyectos de esta envergadura, pues no se ha tratado de una modificación secundaria, tal como establece el marco normativo de los ITS.

De otro lado, es preciso mencionar que para que esta ampliación del proyecto se pueda ejecutar, desde el Poder Ejecutivo, a través de la Superintendencia de Bienes Estatales Nacionales (SBN), se ha emitido la Resolución N° 130-2018-SBN-DGCE-SDDI, mediante la cual se expropian las 34 hectáreas de tierras de los pobladores que aún habitan en Morococha antigua, a pedido de Activos Mineros S.A.C, empresa del Estado a cargo de la remediación de dichos pasivos, aduciendo existen pasivos ambientales de alto riego, lo que antes no habían indicado.

Esta medida posibilita el desalojo de las personas que aún viven en dichas zona, que imposibilitaba para la empresa Chinalco la realización de la ampliación del proyecto, y lo que ha hecho el gobierno es facilitar el proyecto a dicha empresa, con el pretexto de los pasivos ambientales, que nunca ha priorizado procesar y sólo lo hace ahora para la realización del proyecto, en desmedro del derecho a la propiedad de las personas, propiciando un nuevo conflicto social, que ya viene generando movilizaciones y paralizaciones de la población afectada en defensa de su legítimo derecho a la propiedad que viene siendo afectado de manera inconstitucional, pues las normas del Poder Ejecutivo han pasado por encima de nuestra Constitución y del derecho de propiedad que está debidamente establecido en nuestra Carta Magna.

Se demuestra con esta medida que el actual gobierno del Presidente Vizcarra, es la continuidad del gobierno de Kuczynski, que mantiene las mismas prácticas de autoritarismo e impunidad, frente a los conflictos socio ambientales, que se suma a los estados de emergencia que se continúan aplicando y a los convenios que la policía sigue suscribiendo con las empresas mineras, cuyo costo de seguridad subvencionamos todos los peruanos y peruanas, y sufrimos porque nos limitan contar con suficientes efectivos que asuman la seguridad ciudadana.

La situación de la población de Morococha por años ha sido la de mantener un conflicto desgastante con la Minera Chinalco, que no ha cumplido estrictamente con las obligaciones que debe asumir por el proceso de reasentamiento forzoso de la población, según los criterios del Banco Mundial que se siguieron, y que no son debidamente fiscalizados por la OEFA, que no tiene un sostenimiento económico debido en su nueva ubicación por no cumplir la empresa con establecer su campamento con trabajadores en dicho lugar, sin condiciones ambientales adecuadas por la ubicación de la zona en bofedales y de una relavera contigua, lo que ha modificado irreversiblemente la calidad de vida de la población en una “ciudad” que no les brinda condiciones de vida adecuadas, sin que la empresa asuma sus responsabilidades sobre el daño causado.

Es preocupante el anuncio del presidente de la segunda etapa del proyecto Toromocho en las condiciones en las que se está dando, cuando es responsabilidad del Estado ante todo, velar por las condiciones ambientales y sociales necesarias que respeten los derechos de las personas, lo que no ha ocurrido con los pobladores de Morococha.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/755-segunda-etapa-de-proyecto-minero-toromocho-se-realiza-afectando-derechos-fundamentales-de-los-pobladores-y-su-derecho-constitucional-a-la-propiedad

Mexico

Con apoyo de la alcaldía de Actopan, empresa minera se apodera de 32 hectáreas de un predio rústico

Mediante el esquema de compra-venta y fusión de terrenos, la empresa minera Alondra, de inversión canadiense y mexicana, se apoderó sigilosamente de más de 32 hectáreas de un predio rústico denominado Pozo de Oro, en la congregación montañosa-costera de Villa Rica.

Con la complacencia del ayuntamiento de Actopan, Alondra SA de CV obtuvo a través de su representante legal René Lechuga Juárez –oriundo de Chihuahua y presunto prestador de servicios legales de Grupo México- la “subdivisión” y “traslado de dominio” para que en las inmediaciones de las localidades El Porvenir y Tinajitas pueda explotar y extraer minerales con maquinaria pesada, pese a la inconformidad de la población.

El pasado 25 de mayo, más de mil habitantes del municipio de Actopan, acompañados de activistas y representantes de la Iglesia, se reunieron en la explanada del parque Morelos, frente al palacio municipal, donde realizaron una “fiesta en defensa de la naturaleza”, como medida para exigir un alto a los proyectos mineros que impulsa la empresa Candelaria Mining Corp, que ha utilizado a Alondra como “outsourcing” de la minería para realizar sus trabajos.

En dicha protesta, el alcalde panista-perredista Paulino Domínguez retó a golpes a uno de los manifestantes, quien lo acusó de “corrupto” por haber aceptado sobornos de representantes de la empresa minera.

Yo te conozco, no hagas pendejadas, estúpido, anótale el nombre, anota el nombre”, gritaba iracundo el munícipe, luego de lo cual asestó varios golpes a quien lo encaró, y pidió a uno de sus guaruras que anotara los datos generales de quienes lo acusaban de corrupto.

Documentos en poder de Apro revelan que desde el 19 de febrero pasado la Dirección de Desarrollo Urbano, a cargo de Arturo Velázquez Domínguez –subordinado del alcalde-, autorizó la subdivisión y traslado de dominio de los terrenos, y el 9 de mayo, ante la notaría pública número 34 con sede en Ciudad Cardel, se concretó la compra-venta y fusión de predios, con el aval municipal.

En la escritura pública número 20 mil 471 –documento en poder de Apro– se establece como cláusula séptima que el ejidatario Rufino Cervantes Gabriel cedió el predio rústico para “los fines propios” que “el objeto social” requiere, en este caso la minera Alondra SA de CV.

“Hace una semana la empresa dio a conocer que a partir del 1 de julio iniciaría trabajos en el cerro La Paila, donde pretende echar a andar la mina ‘Caballo Blanco’”, denunció Guillermo Rodríguez Curiel, representante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).

En los municipios de Actopan y Alto Lucero, la empresa canadiense Candelaria Mining Corp promueve esa mina y cuatro proyectos más: Autopista (Highway North), Las Cuevas, Bandera Norte y Bandera Sur. La compra de terrenos ya inició a través de Alondra.

Dentro de “Caballo Blanco” se tiene contemplado remover 20 mil toneladas de tierra y piedra al día, para lo cual se necesitarían ocho toneladas de explosivo y 2.8 toneladas de cianuro.

Candelaria Mining Corp tiene contemplado que ese proyecto produzca un promedio de 240 kilogramos de oro al mes, con una vigencia de ocho años de actividad.

Además, ocupará 4 millones de metros cúbicos de agua para extraer 20 toneladas de oro en el cerro “La Paila”, ubicado en el municipio de Alto Lucero.

De acuerdo con Héctor Salas Hernández, geólogo de Candelaria Mining Corp, en cada uno de los ocho años se utilizaría medio millón de metros cúbicos de agua. A su juicio, dicha cantidad de agua no es representativa en comparación con otros proyectos.

“La presa de eventos está diseñada para contener 383 mil metros cúbicos, lo cual significa que casi un 80% de las necesidades de agua para la operación salen de la pileta de eventos y nada más necesitaríamos un muy pequeño porcentaje de alguna otra fuente”, explicó recientemente al periódico local Crónica de Xalapa.

En respuesta, Rodríguez Curiel soltó: “No queremos la minería ni ahora ni nunca. Vamos a estar firmes y no vamos a bajar la guardia”.

Desde 2012, en Veracruz hay una férrea oposición de ambientalistas y campesinos al proyecto minero, y recientemente acusaron que la fauna y flora del frágil ecosistema tiene daños irreversibles.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/537236/con-apoyo-de-la-alcaldia-de-actopan-empresa-minera-se-apodera-de-32-hectareas-de-un-predio-rustico

Mexico

No hay permisos para actividad minera en el Cerro de La Paila afirma PMA

La empresa canadiense “Calendaria Mining Corp” pretende explotar el Cerro La Paila, situado en Palma Sola, municipio de Alto Lucero, en el que se pretenden extraer hasta 20 toneladas de oro en los próximos ocho años.

Luego de diversas inconformidades por parte de habitantes de diversos municipios de la zona centro del estado debido a la presunta intención de la empresa canadiense “Calendaria Mining Corp” para explotar el Cerro La Paila, situado en Palma Sola, municipio de Alto Lucero, en el que se pretenden extraer hasta 20 toneladas de oro en los próximos ocho años, el Subprocurador de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente en Veracruz, Mauro Jorge Mora Pavón, descartó permisos para tal fin.

Agregó que esta dependencia estatal que encabeza Ricardo Colorado Alfonso ha llevado a cabo reuniones con el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Veracruz, José Antonio González Azuara, para abordar el tema.

“Hasta donde yo entiendo los permiso ambientales no están otorgados (…) Se había determinado hace unos meses que los promotores de esos permisos desistían obtener la manifestación de impacto ambiental, entonces, a fin de cuentas, para nosotros relativamente está suspendido. No hay permisos, no hay actividades” sostuvo el funcionario.

En este sentido, Mora Pavón pidió a la ciudadanía a denunciar cualquier anomalía o actividad contraria a lo indicado por las autoridades ambientales, pues no está permitida la realización de alguna labor de minería en el sitio, por lo que puso a disposición la dirección en internet: www.pmaver.gob.mx <http://www.pmaver.gob.mx>.

De cumplirse la promesa del alcalde de Actopan Paulino Domínguez, de proporcionar mañana el decreto que declara al municipio “Libre de minería tóxica”, se frenarán las intenciones de la canadiense Candelaria Mining Corp. de explotar la mina de La Paila.

La entrega del documento se realizará, de acuerdo a fuentes oficiales, en la explanada del parque Morelos después de que la presión de ciudadanos y activistas, lo exigieran a través de marchas y bloqueos desde que la empresa norteamericana diera a conocer que explotaría el yacimiento.

El consorcio cuenta con  el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar la extracción de oro, aunque eso no ha dado marcha atrás en la creación del decreto municipal, aun cuando la canadiense anunció una inversión inicial de 115 millones de dólares, lo que se traduciría en más 100 empleos directos en una primera etapa.

Además, la minera se comprometió a otorgar poco más de 20 millones anuales para reforzar el presupuesto de Actopan, que este año alcanzó apenas los 70 millones de pesos; dicha dádiva fue vista como un regalo por parte de la trasnacional al alcalde Domínguez, quien negó que el recurso fuese para él.

Ante el anuncio del decreto, ni la firma ni sus filiales en México se han pronunciado al respecto; de hecho, ha evitado el contacto con los medios de comunicación tras destaparse el escándalo ambiental.

El proyecto, según expertos, afectaría gravemente al ecosistema, ya que la corporación utiliza cianuro y mercurio en sus procesos, químicos altamente contaminantes tanto para los mantos acuíferos, como para el suelo fértil.

Además, debido a las características del suelo donde se ubica el yacimiento, un problema más para los ciudadanos sería el polvo residual, el cual contiene cadmio y arsénico, agentes altamente cancerígenos; mientras que el aire puede contaminarse con nitrógeno y dióxido de azufre, también severamente perjudiciales para la salud.

Se espera que la empresa responda a la afrenta de los ciudadanos de Actopan al estar en juego un yacimiento que podría generar 20 toneladas de oro durante diez años.

Fuente:https://www.eldictamen.mx/2018/06/veracruz/estatal/no-hay-permisos-para-actividad-minera-en-el-cerro-de-la-paila-afirma-pma/

Mexico

Se pronuncia Alfredo Zamora en contra de la minería tóxica en BCS

La Paz, Baja California Sur- Al ser electo como diputado al Congreso del Estado por los ciudadanos del tercer distrito electoral de Baja California Sur (BCS) “seré un férreo defensor de los derechos que los sudcalifornianos tenemos a disfrutar de un medio ambiente sano, porque esta es la mejor herencia que podemos dejar a las futuras generaciones de mujeres y hombres de Baja California Sur”, aseguró el candidato por el PAN-PRD-PRS-Humanista, Alfredo Zamora García, al efectuar, este marte,s recorridos en busca del voto rumbo a las elecciones del 1ero de Julio por las colonias Los Olivos y Ocho de Octubre, primera sección, en la capital del estado.

En el diálogo sostenido con vecinos de estas colonias, el candidato Alfredo Zamora les expresó que su posición respecto a la minería tóxica siempre será en contra de este tipo proyectos que dañan sensiblemente la naturaleza: “Como ciudadano y como servidor público he levantado la voz cuando ha sido necesario para oponerme a la operación de este tipo de actividades. Y, en lo futuro, de querer explotarse la minería tóxica en Baja California Sur, de la mano de la población sudcaliforniana defenderemos nuestro derecho al disfrute de nuestro medio ambiente”, subrayó el candidato a legislador.

Fuente:http://elinformantebcs.mx/se-pronuncia-alfredo-zamora-en-contra-de-la-mineria-toxica-en-bcs/

Chile

Consejo de Pueblos Atacameños: La minería del litio genera escasez de agua

El abogado Jaime Madariaga recalcó que se viola «un tratado internacional de derechos humanos».

Este miércoles 6 de junio se iniciarán los alegatos del recurso de protección interpuesto por el Consejo de Pueblos Atacameños, que solicita dejar sin efecto el acuerdo entre Corfo y la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), al no realizar una consulta indígena como lo solicita el Convenio 169 de la OIT que fue ratificado por Chile.

Este miércoles 6 de junio se iniciarán los alegatos del recurso de protección interpuesto por el Consejo de Pueblos Atacameños, que solicita dejar sin efecto el acuerdo entre Corfo y la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), al no realizar una consulta indígena como lo solicita el Convenio 169 de la OIT que fue ratificado por Chile.

La acción judicial fue interpuesta luego que el 17 de enero, Soquimich y Corfo suscribieron dos contratos en los que se triplicaron las cuotas para explotar, procesar y vender litio, los que se firmaron sin consultar a las comunidades indígenas, a lo que obligaría el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La presidenta de la Comunidad de Solor, Ana Ramos, aseguró en la Prueba de ADN que «el Estado chileno nos ha vulnerado el derecho a ser consultados» y criticó que el país «no ha resguardado los bienes naturales. Ellos están atentando contra el hábitat de un pueblo, de una cultura, que es parte del territorio chileno».

El abogado del Consejo de Pueblos Atacameños, Jaime Madariaga, precisó a Radio ADN que se genera «escasez del agua» y que «ese es el grave problema. Hay que entender que la minería del litio es la minería del agua. Lo que se hace es sacar agua del Salar de Atacama, evaporarla y lo que queda es el litio y otros minerales. La escasez de agua que hay en la zona es enorme».

Fuente:http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/consejo-de-pueblos-atacamenos-la-mineria-del-litio-genera%C2%A0escasez%C2%A0de-agua/20180605/nota/3758430.aspx

Mexico

Derrumbe en mina de Chihuahua; al menos dos muertos

Al menos ocho trabajadores desaparecieron ayer tras un derrumbe en la mina Río Tinto SA de CV, ubicada en el poblado de Cieneguita Lluvia de Oro, municipio de Urique, en la zona serrana de la entidad, reportaron autoridades estatales. Sin embargo, la secretaria del ayuntamiento, Ramona Langarica, informó que dos mineros perecieron y 14 están desaparecidos.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 10 de la mañana debido a que, según obreros que lograron ponerse a salvo, reventó la presa de jales (desechos) de la mina, propiedad en 80 por ciento de la empresa canadiense Pan American Goldfields.

El vocero de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Carlos Huerta, informó que personal de esa dependencia ya se encuentra en la zona del accidente y la información que tienen es preliminar, por lo que no pueden confirmar ni desmentir el número de decesos que reportan las autoridades municipales.

Langarica dio a conocer que dos mineros resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a la capital en aeronaves de Protección Civil del Estado, pero al cierre de esta edición se desconocía su estado de salud.

Langarica afirmó que desde el momento del accidente las autoridades municipales enviaron ambulancias, policías y personal de protección civil.

Compañeros y familiares de los mineros atrapados señalaron que muchas personas intentaron ingresar a la mina para rescatar a los trabajadores, pero no tienen equipo.

Reprocharon la ineficiencia del gobierno estatal, encabezado por el panista Javier Corral Jurado y señalaron que hay vidas en juego.

En la zona del derrumbe quedaron esparcidos lixiviados, que permiten separar los metales de otros materiales extraídos de la mina, además de lodos tóxicos, lo que podría contaminar ríos y otros cuerpos de agua.

El vocero de Protección Civil Estatal, Fabián Soto, informó que el director de esa dependencia, Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón, ya se encuentra en la zona.

De acuerdo con información del gobierno del estado, el yacimiento de oro, plata, plomo y zinc está ubicado en la zona conocida como cinturón de oro y plata Sierra Madre, a 375 kilómetros de la ciudad de Chihuahua.

Pobladores de Cieneguita Lluvia de Oro denunciaron que la mina Río Tinto no cumple normas ambientales y sus trabajadores carecen de equipo de seguridad.

En 2014, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró una mina de Río Tinto SA de CV en el municipio de Rosario debido a que operaba sin autorización, pues no entregó estudio de impacto ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La compañía se amparaba con una autorización de impacto ambiental otorgada en 2008, con vigencia de cinco años.

Con información de Jesús Estrada, corresponsal

Mexico

Pobreza en municipios mineros

ZACATECAS.- Aun cuando la superficie concesionada a la minería aumentó 16.4 mil hectáreas de 2016 a 2017, Mazapil, uno de los municipios donde se desarrolla con mayor medida la actividad minera, se posiciona a nivel nacional como uno de los más pobres, a pesar de que reciba recursos del Fondo Minero.

Según el informe Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio, creado por la organización Fundar, Mazapil y Fresnillo concentran 50 por ciento del recurso del Fondo Minero. Son los primeros lugares en la recepción de recurso del fondo federal, es decir, como estado se recibe 80 por ciento del dinero.

En el informe correspondiente a 2016 y 2017 se da a conocer el caso específico de Mazapil. A pesar de ser uno de los municipios que ha recibido la mayor cantidad de recursos del Fondo Minero, de 2014 al 2016, 60 por ciento de los habitantes del municipio vive en la pobreza y 13 por ciento en pobreza extrema.

Dentro del estudio realizado por Fundar se especifica que no sólo la actividad minera en los municipios deja pobreza, sino también el desplazamiento forzado. Alude el caso de Salaverna, Mazapil, donde desde 2012 los habitantes se han empeñado en visibilizar dicho problema.

Otros estragos son: violencia sexual forzada por parte de trabajadores de la mina en contra de las habitantes del municipio; afectaciones a la salud porque los habitantes presentan problemas en la piel y en los ojos, producto del polvo que proviene de la planta de lixiviados, ya que el oro se obtiene mediante el uso de cianuro; asimismo, las afectaciones económicas son mayores en mujeres que en hombres.

Se desglosa que la actividad minera en Mazapil es intensa, ya que la Minera Frisco extrae 5 mil toneladas al día de plata, plomo, zinc y cobre.

Asimismo, Minera Peñasquito, de Grupo GoldCorp, extrae de 9 mil a 110 mil toneladas al día de oro y plata. Por su parte, la minera San José de Carbonerillas, de Minera Scotts, extrae 0.65 toneladas al día de óxidos de fierro.

En el municipio hay actividad exploratoria que realizan las empresas Canplats de México, China Mineral Resources, Minera Eureka, Minera Macocozac, Minera Noche Buena, Minera de San Marcos, Compañía Minera Ameca, Compañía Fresnillo, Minera La Parreña, entre otras.

Fuente:http://ntrzacatecas.com/2018/06/05/pobreza-en-municipios-mineros/

 

Mexico

Compañía minera pretende evacuar poblado El Cedro

Habitantes de la comunidad de El Cedro viven entre el temor y la incertidumbre, ya que la empresa minera Fresnillo PLC –encargada de los trabajos en la Mina Las Torres— pretende desalojarlos para explotar el mineral que se encuentra debajo de sus viviendas.

Pedro Adrián Jaime Rivera, habitante de la comunidad, compartió que hace tres meses personal de la minera les informó que ya poseen las escrituras que los acredita como propietarios de dicho poblado, para poder hacer uso de la explotación de betas mineras encontradas ahí, y se ofrecieron a reubicarlos.

Expuso que al parecer pretenden trasladarlos al poblado de El Llano, al Cerro de la Bolita o cerca al Cerro de los Leones, donde les ofrecen la construcción de una casa con dos cuartos sala, cocina y baño, además de un pequeño patio, lo cual consideran que es una burla ya que el patrimonio de la mayoría de los habitantes –son alrededor de 400 pobladores— es superior a lo que les prometen.

Entre los pobladores se extiende la versión de que tras exploraciones realizadas por personal de la empresa en la zona, encontraron dos betas mineras que podrán ser explotadas por alrededor de 16 años, y que necesitan de los predios para poder depositar ahí los desechos.

“A la delegada (Rosa Zárate) yo le comenté que los de la mina tienen que meterse a hacer un estudio, porque no nada más son las propiedades, sino es lo que la gente genera cada año. Por ejemplo, hay gente que siembra, entonces esa siembra ellos ya no la van a poder laborar, esa cosecha es lo que la gente también quiere pelear porque es con lo que come”, destacó.

Juan J. de Jesús Zárate, señaló que la empresa ya está haciendo detonaciones en la zona, y continuamente se sienten los estragos en la tierra debido a las explosiones de “barrenos”, que cimbran los domicilios y mantiene a los habitantes en constante temor de derrumbes en las estructuras.

Los habitantes no se quieren ir y advierten que si no se respetan sus derechos, buscarán asesoraría para ver si pueden evitar que la empresa minera continúe haciendo excavaciones en la zona.

Sostuvieron que la empresa no les ha presentado un proyecto claro para negociar, pues todo lo que les han planteado es sólo de palabra.

Para los pobladores será muy difícil alejarse de sus propiedades, y otro de sus temores es que la presa cercana pueda sufrir complicaciones por las excavaciones, y al desbordarse inunde la comunidad.

Fuente:https://periodicocorreo.com.mx/compania-minera-pretende-evacuar-poblado-el-cedro/

Chile

“Nos están obligando a emigrar”: Comunidades indígenas inician alegatos ante la justicia por acuerdo Corfo-SQM

El pacto que ambos organismos firmaron a comienzos de este año –en que SQM aseguró el triple de su extracción de litio en el Salar de Atacama hasta el 2030 a cambio de la salida de Julio Ponce Lerou– no realizó la consulta indígena correspondiente, y desde las comunidades atacameñas advierten que está en juego su acceso al agua y que la implementación del acuerdo no asegura la sustentabilidad del salar. «La minería de litio es minería de agua», aseguran.

Sin duda, la jugada de los hermanos Julio y Eugenio Ponce Lerou para volver a SQM como asesores estratégicos –burlándose del acuerdo que la empresa firmó con Corfo a comienzos de este año y que les impide integrar el directorio– se convirtió en uno de los asuntos que marcó la pauta del pasado martes y volvió a poner a la minera no metálica en el centro de la polémica.

Pero no es la única razón por la que el controvertido acuerdo vuelve a ser cuestionado: para las 9 de la mañana de este miércoles está fijada la audiencia en que representantes del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) presentarán los alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago con que buscan que se invalide el tratado.

Desde la agrupación, integrada por 18 comunidades, aseguran que al firmar dicho acuerdo el Estado de Chile incurrió en violaciones a sus derechos, y que su implementación amenaza su acceso al agua y que indirectamente se les están obligando a abandonar el lugar que han habitado por generaciones.

SQM siempre sale ganando

El pacto de enero pasado se acordó tras una batalla entre Corfo y SQM que duró cuatro años, iniciada luego de que se conociera que, durante años, la empresa se excedió en el espacio delimitado para la explotación del Salar de Atacama (correspondiente a 81 mil hectáreas) y realizó graves violaciones en los contratos de arrendamiento del lugar. Gracias a ellas, SQM vio ingresos por más de US$771 millones, y generó un daño en en el patrimonio del Estado de Chile cercano a los US$30 millones.

Finalmente se llegó a un punto que contentó a ambas partes: Corfo estipuló que ni Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Augusto Pinochet y controlador de SQM en dicho período, ni su familia –hermanos o hijos– pueden tener presencia en el directorio hasta 2030 y, a cambio, la empresa aumentó su capacidad para ahora explotar el triple de la cantidad de litio que produce. 

Sin embargo, la negociación se cerró sin realizar una consulta a las comunidades indígenas que viven en la zona, que es lo que ordena el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. De este modo, desde los pueblos que habitan el lugar se enteraron del trato tras una reunión con representantes de Corfo, quienes les comunicaron de la decisión cuando el acuerdo ya estaba sellado y los dejaron sin ninguna injerencia.

“El Estado de Chile simplemente decidió no escuchar a las comunidades indígenas, y quiso no preguntarles si les afectaba este acuerdo. Aquí lo que corresponde por un mínimo de respeto a las otras culturas y pueblos es preguntarles”, asegura Jaime Madariaga, abogado del CPA.

“El señor Bitran hoy –después de la llegada de los Ponce Lerou– dice que se siente engañado, defraudado, al haber firmado este acuerdo. Bueno, resulta que ese engaño lo vienen denunciando los atacameños desde el día uno. Si él hubiera tenido la humildad y los hubiera escuchado, no lo habrían engañado”, agregó.

“Queremos estar por siempre en el territorio”

“El pueblo atacameño vive en la cuenca de Atacama y efectivamente nosotros hemos visto el deterioro medioambiental que se ha provocado dentro del territorio con la instalación de distintas empresas”, explica Manuel Salvatierra, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, quien agrega que para ellos es fundamental  “tener certeza del estado de salud del salar de Atacama”.

En la misma línea, Mariana Cervetto, geóloga especialista en hidrogeología, explica que la base para explotar el litio es la salmuera, que básicamente consiste en agua salada, por lo que advierte que el acuerdo Corfo-SQM amenaza la disponibilidad de recursos hídricos para las comunidades. “La minería de litio es minería de agua“, señala.

Cervetto además asegura que los mecanismos de monitoreo establecidos en el marco de la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) no garantizan la sustentabilidad del salar.

Por otra parte, desde el CPA recalcan la importancia de que se desarrollen las consultas respectivas. “En la actualidad ya somos afectados por las distintas políticas que tiene el Estado que no han salvaguardado algo que es súper importante para nosotros, que es el agua, nuestra puri. Y nosotros buscamos estar por siempre en el territorio, pero para eso necesitamos el agua, que es la base de nuestra vida. Indirectamente nos están obligando a emigrar”, agrega Ana Ramos, ex presidenta de la misma organización.

Finalmente, Valeska Pavez, también integrante del CPA, señaló que su propósito es “poner en la opinión pública que Chile tiene nueve pueblos reconocidos, entre ellos el pueblo atacameño, y que efectivamente el Estado entienda que hay una cultura que está viva, que un país sin una cultura no puede ser un país, y que de una buena vez se reconozcan nuestros derechos”.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2018/06/06/nos-estan-obligando-a-emigrar-comunidades-indigenas-inician-alegatos-ante-la-justicia-por-acuerdo-corfo-sqm/

Bolivia

5 DE JUNIO DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE DÍA DE LUCHA POR LA VIDA Y CONTRA EL EXTRACTIVISMO

Hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente designado por la ONU desde el año 1974. Este día tiene el objetivo de concientizar el respeto al medio ambiente y reflexionar sobre las prácticas contaminantes. Nosotros desde el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA) reivindicamos esta fecha para recordar a los gobiernos, autoridades, empresas y actores privados que la contaminación generada en nuestra Madre Tierra tiene responsables concretos.
Sabemos que el cambio climático ha sido generado por la gran industria que está a favor del capital y no de la vida. Denunciamos las acciones extractivas de nuestros recursos naturales por parte de los proyectos transnacionales y estatales; demandamos mitigación inmediata a los casos de desastre ambiental que ha generado la minería y otras actividades sobre nuestros territorios. Y exigimos que las autoridades gubernamentales tomen medidas de control y sanción sobre los proyectos que están vulnerando los derechos de la naturaleza y de los pueblos que viven de ella.
Igualmente reivindicamos las acciones populares de los pueblos, grupos activistas y organizaciones de mujeres como la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), que están tejiendo acciones para la protección de sus territorios, para la defensa de las fuentes de agua frente a la contaminación minera, denunciando la violencia medioambiental contra las mujeres, saludamos los esfuerzos de todos los otros pueblos de Bolivia y América Latina que están luchando contra la injusticia ambiental.
Hoy reafirmamos nuestro compromiso en defensa del Medio Ambiente, llamamos a los responsables a tomar medidas urgentes de freno a la devastación ambiental y proponemos alternativas al desarrollo no basadas en el despojo extractivista y sí en el respeto de la soberanía alimentaria, la reciprocidad y la lucha por la vida.
Fuente:http://colectivocasa.org.bo/index.php?option=com_k2&view=item&id=214%3A5-de-junio-d%C3%ADa-mundial-del-medio-ambiente-d%C3%ADa-de-lucha-por-la-vida-y-contra-el-extractivismo