Preocupante. En una conferencia de prensa especial y flanqueado por funcionarios de la empresa china Chinalco, por el embajador de ese país Jia Guide y por el ministro de Energía y Minas , Francisco Ísmodes, el presidente Matín Vizcarra anunció la “expansión” del proyecto minero Toromocho. Ello, pese a que hace sólo unos días la población de Morococha se movilizó en Lima para rechazar la expropiación de 34 hectáreas para esta ampliación, y se ha anunciado un paro indefinido a partir de la próxima semana.

Con el anuncio de una inversión de 1300 millones de dólares y en el marco de la celebración de los 10 años del inicio de Toromocho, el presidente Vizcarra anunció la segunda etapa de este megaproyecto minero. El mandatario subrayó la importancia de este proyecto, que elevará en 50,000 toneladas métricas la producción diaria de cobre.

Como se recuerda, el pasado 21 de mayo alrededor de 250 pobladores de Morococha se movilizaron ante el Ministerio de Energía y Minas en Lima, para rechazar la expropiación de 34 hectáreas a favor del proyecto minero Toromocho. Sin embargo, tras una reunión con el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, no se logró llegar a algún acuerdo. Frente a ello, se anunció un paro indefinido a partir del próximo 7 de junio.

Según informaron los ciudadanos de Morococha, tras retirarse de la reunión el viceministro Incháustegui, sus asesores redactaron un acta de acuerdos donde no figuraban las demandas de la población. Motivo por el cual los dirigentes se retiraron y anunciaron paro en Morococha y en la carretera central.

El conflicto se origina pues la ampliación de la mina implica el traslado y reasentamiento de 65 familias que permanecen en la antigua Morococha y demandan negociar con Chinalco para ser trasladados a un lugar distinto a Nueva Morococha pues consideran que ésta ciudad no reúne las condiciones mínimas para asegurar su calidad de vida. Ante ello, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), emitió la Resolución 120 2018/SBN-DGPE-SDDI en el marco de la Ley 30680, y expropió 34 hectáreas que pertenecían a la Municipalidad Distrital en la Antigua Morococha, lugar donde se ubican las viviendas de las 65 familias.

Cesar Reyna, abogado de estas familias, afirma que la expropiación realizada es ilegal porque la SBN ha considerado al proyecto minero como infraestructura pública cuando en realidad se trata de una iniciativa privada. Ante la resolución emitida, la municipalidad distrital de Morococha interpuso recurso de reconsideración el 21 de marzo y el Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha presentó un recurso de apelación.

Elvis Atachahua, secretario del Frente Amplio por la defensa de los intereses de Morococha, explicó que con el reasentamiento en Nueva Morococha los problemas han crecido. Afirmó que no hay desarrollo económico en la zona y se está despoblando. Aseguró que las 60 familias que aún viven en Morococha antigua sufren constante acoso por parte de la seguridad de la empresa Chinalco. A las condiciones de constante acoso en que viven los pobladores se suma el riesgo de afectación a la salud. Morococha es una zona que tiene pasivos mineros de alto riesgo.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/06/01/vizcarra-anuncia-ampliacion-de-toromocho-pese-a-protesta-de-morococha/

La protesta social en el Perú generalmente expresa fallas en el sistema institucional del Estado y de la sociedad para responder a problemas públicos y procesar los conflictos que usualmente se producen. Como el sistema institucional existente falla, se crea un sistema de gestión de conflictos ad hoc, cuyo principal instrumento ha sido, en el último tiempo, las mesas de diálogo.

La institucionalidad del Estado falla, entre otras razones, porque las poblaciones o grupos sociales sienten que sus intereses y sus derechos no están siendo tomados en cuenta de manera justa en las decisiones del Estado. Es decir, perciben al Estado como una entidad cerrada, arbitraria y parcializada. Esta percepción se ha agudizado con las reformas sociales y ambientales de los últimos años, que ponen por encima la promoción de la inversión sobre otros bienes jurídicos.

Así pues, precede a un conflicto una serie de cartas que las organizaciones sociales envían buscando una respuesta sectorial ante determinada problemática. En el caso de Energía y Minas, que es el sector que más conflictos sociales presenta, las cartas no se reciben si son escaneadas, es decir, tienen que necesariamente presentarse en original. Lo que supone para alguien de provincia tener que enviarla por correo y valerse de una tercera persona para presentarla o viajar y entregarla personalmente.

Llegada la comunicación o denuncia escrita a una entidad estatal, es poco frecuente que alguien responda oportunamente. Un ejemplo claro, es la denuncia que presentó en línea un ciudadano ante OEFA por el desborde de agua de la presa de clarificación de Las Bambas a pocos meses de haber iniciado sus operaciones. Nadie respondió ni se supo qué pasó pese a que la denuncia se presentó inmediatamente luego de ocurrido el hecho, acompañada de fotos para acreditarlo. Los rumores decían que dicha presa había colapsado. Varios meses después, y luego de mucha insistencia realizada a través de la mesa de diálogo, se dio una respuesta: un funcionario dijo que se había tratado de un problema de exceso de agua sin mayores impactos. Cabe precisar que la inspección de OEFA para corroborar el hecho se realizó casi dos meses después y que por mucho tiempo se puso en duda la competencia de este organismo para intervenir en el caso, algunos funcionarios públicos dijeron que se debía recurrir a OSINERMING y los funcionarios de la empresa minera manifestaron que la competencia era de la ANA. La forma en que terminó todo dejó una sensación de insatisfacción muy grande, pues por el tiempo transcurrido nada se podía hacer y había que conformarse con la respuesta que se dio a través de la mesa de diálogo.

Otro ejemplo dramático es el caso de los lugares contaminados. Se hacen estudios de calidad ambiental, se determina que hay contaminación pero no se estudia la situación de la salud de las personas que vive en esos lugares, ni se determina las causas que la ponen en riesgo. La gente presiona socialmente y a través de mesas de diálogo se logra estudios de una muestra de personas sobre metales, metaloides y otras sustancias tóxicas en sangre, orina o cabello; así como en algunos casos se compromete estudios de causalidad, que deben ayudar entre otras cosas, a controlar la contaminación.

Los estudios toxicológicos en varios casos emblemáticos han arrojado resultados diversos: personas con altos niveles de contaminación, otras que están sobre el estándar y otras por debajo pero que presentan metales, metaloides o sustancias tóxicas. Frente a ello, lo único que hace el Estado es entregar los resultados, incluso tardíamente (hasta más de un año después) y lo hace por fuera del sistema de salud, sin asumir responsabilidad sobre ellos. La entrega de resultados produce estrés emocional en las personas que están por encima del estándar ya que se enfrentan a un alto nivel de incertidumbre sobre su futuro, pues nadie le explica que significan esos resultados (si están enfermos o no), qué le puede suceder y qué deben hacer. Es decir, se los deja a su suerte.

Como podemos apreciar, en muchos casos las mesas de diálogo han sido la instancia que ha permitido visibilizar los problemas que el sistema institucional ignora; así como establecer un canal institucional ad hoc con la entidad que debe atenderlo. La dificultad que presenta es que al ser ad hoc, y al no encontrarse normado, depende de la voluntad de la autoridad política o del funcionario público que asumió el compromiso y como estos cambian frecuentemente, los problemas se quedan sin resolver. El estudio de causalidad de la contaminación de Espinar todavía no tiene resultados pese a que han transcurrido seis años desde que el Estado asumió el compromiso de realizarlo, en la mesa de diálogo. Ningún funcionario ha sido sancionado por ello,  ni siquiera se sienten en falta y en la necesidad de dar una explicación por la demora.

Pese a sus múltiples deficiencias, las mesas de diálogo suelen cumplir una función de mesa de parte multisectorial, pero también permiten a los actores introducir sus problemas en la agenda pública, algo difícil de lograr. Por ello, organizaciones sociales como el Frente de Defensa de los Intereses de Cotabambas insisten en reactivar la mesa de diálogo de Cotabambas que dejó de funcionar en octubre de 2016.

Este frente de defensa, en las últimas reuniones de la mesa de diálogo que se realizaron, puso en conocimiento del Estado la problemática en torno a la carretera del transporte minero. Reportó que esta vía  que se había convertido en pública ocupaba tierras de comunidades campesinas, sobre las que se había establecido servidumbre con la minera y que existía la necesidad de realizar el saneamiento de la propiedad. Pero sobre todo denunció el impacto en polvo, ruido, vibración y congestión que producían los camiones de carga pesada al transitar sobre una carretera sin asfalto. También evidenció que la modificatoria del EIA que permitió el cambio de mineroducto  a transporte terrestre no adoptó las medidas adecuadas para controlar el impacto y que ello se debía corregir. A más de dos años de haber comunicado el problema, éste no se resuelve y el fiscalizador ambiental todavía no ha comprobado los impactos denunciados públicamente, ni ordenado que se adopten las medidas necesarias para corregir la forma en que se viene realizando el transporte, más aún cuando se ha aumentado la capacidad de procesamiento, lo que supone que se producirá más y que el transporte se incrementará. La razón de la falta de reacción del fiscalizador también se identificó en la mesa de diálogo: el Estado no tenía la claridad sobre a quién correspondía la competencia de fiscalizar, si era al OEFA como fiscalizador de la actividad minera, o al MTC o a los gobiernos regionales o locales como autoridades del transporte público en sus ámbitos de acción. Esta duda se mantiene y aparentemente, por ello nadie interviene.

Frente al problema, algo se está haciendo: la exigencia de asfaltado llevó al gobierno central a firmar un convenio con las empresas que utilizan el llamado corredor minero del sur para que juntos asfalten la carretera. Además, para facilitar el proceso, el gobierno  ha convertido recientemente en vía nacional la carretera del transporte minero de Las Bambas en la parte que pertenece al departamento de Apurímac. Evidentemente, no es la solución más feliz, integral e institucional, pero algo se ha hecho para aminorar los problemas existentes. Si la mesa hubiese seguido existiendo, tal vez la vigilancia ciudadana hubiese planteado una solución más justa para el Estado e integral. No hay mesa, no hay manera de dar seguimiento a ese proceso, ni la posibilidad de mejorarlo.

Es evidente que sostener una mesa de diálogo es costoso para el Estado. Pese a ello, han sido necesarias. Si bien han tenido muchas deficiencias, también han mostrado alguna utilidad como hemos señalado. Nos parece importante que el Vice Ministro de Gobernanza se pregunte si ese es el camino correcto; pero si no lo es, nos parece necesario que plantee una propuesta alternativa. Tener una respuesta articulada de las cuatro secretarías del Vice-Ministerio de Gobernanza a los problemas subyacentes en los conflictos es insuficiente, porque la atención de la mayoría de ellos le corresponde a los ministerios sectoriales.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-vacio-que-dejan-las-mesas-de-dialogo-y-que-necesita-ser-llenado/