El Salvador ocupa un territorio de un poco más de 20 mil kilómetros cuadrados fuertemente antropizado, con un promedio de 300 personas por kilómetro cuadrado, la concentración más alta en Latinoamérica. Además, ha optado por un modelo de desarrollo que ha dañado y daña gravemente los ecosistemas.

A lo anterior se suma que es el segundo país más deforestado en Latinoamérica. Tiene una perdida acelerada de la cobertura boscosa y cambio en el uso del suelo; el bosque primario se redujo a 21 mil hectáreas, que se concentran en las áreas naturales protegidas y en terrenos privados en la zona norte del país. El Salvador hace también frente a cambios de uso en el bosque, por efecto de plagas como la roya y el gorgojo descortezador de pino, además de la destrucción de bosque por venta ilegal de madera, construcción de urbanizaciones ilegales y monocultivos.

Estas cuestiones provocan que se altere el ciclo del agua y, por tanto, un menor acceso a este bien natural y la menorcalidad del agua de la región centroamericana. Hay muchos conflictos debido al uso inequitativo e insustentable de los bienes naturales, conflictos que se evidencian de manera clara con el agua.

Relacionados con la cuestión del agua encontramos otros problemas, como la expansión desmedida y poco regulada del monocultivo de la caña de azúcar, de urbanizaciones, de industrias que sobre explotan el agua, contaminan y hacen un uso inadecuado del suelo, afectando también la producción campesina de alimentos.

El papel del gobierno

Estos hechos se ven agravados por la débil institucionalidad para la protección del ambiente. A pesar de contar con algunas leyes orientadas a su protección, estas aplican muy poco debido a la falta de capacidad del Estado en el seguimiento y vigilancia de los bienes.

Existen varios cuerpos normativos que de alguna manera regulan parte de lo que a agua se refiere: ley de riesgo y avenamiento, ley de áreas naturales protegidas, ley de administración nacional de acueductos y alcantarillados, etc.

Parte del problema es que no existe un cuerpo legal que de manera integral regule o gestione lo vinculado al agua. En ese sentido, en el año 2006 se presentó la primera propuesta de ley general de agua a la asamblea legislativa, propuesta que fue actualizada en 2011. El gobierno redactó su propuesta en 2012, dando inicio a su discusión, y, sin embargo, todavía hoy no se cuenta con una ley general de agua. Para dificultar más la cuestión, en junio del año pasado varios partidos de derecha presentaron una propuesta de ley con fuertes contenidos.

Luchas por la prohibición de la minería metálica

Esta fragilidad ambiental, institucional y legal hace que existan muchas amenazas producto de las actividades humanas y específicamente de empresas e industrias que atentan contra el ambiente. La minería metálica es una de las industrias más contaminantes a nivel mundial. En El Salvador ya en décadas pasadas se desarrollaron proyecto mineros que dejaron serios daños ambientales, proyectos que fueron cerrados debido a que la concentración de oro en el suelo no era la suficiente para reportar ganancia con el tipo de métodos utilizados en esa época para la extracción. En ese momento las empresas cerraron actividades y se fueron del país, llevándose las ganancias y dejando la contaminación y destrucción.

Hacia el año 2000 aumentó de valor el precio internacional de la onza de oro y las empresas mineras a nivel mundial prestaron de nuevo atención a aquellos países que en el pasado habían tenido proyectos de exploración y explotación minera. Se asumió que con la nueva tecnología de la que se disponía se podrían obtener grandes ganancias al extraer el oro, aunque este tuviera poca concentración en el suelo.

No se tomaron en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y ecosistémicas ya narradas que afectan el país y por las cuales la minería metálica vendría a ser el golpe de gracia a los medios de vida y ecosistemas en el territorio. Entre los diversos impactos ambientales que provocan la actividad minera, el uso masivo del agua y su contaminación es uno de los más sentidos.

Según investigaciones realizadas por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), en cada proyecto minero que se desarrolle a nivel nacional se estarían utilizando 900 mil litros diarios de agua. El proceso minero dejaría un agua altamente contaminada con metales pesados, fruto del drenaje ácido de minas. Esto, en un país que ya indicamos que tiene muy poco acceso al agua y en pésimas condiciones de calidad, sin duda no es algo nada racional.

La población a nivel comunitario y nacional vio de manera clara el peligro de la actividad. Si es cotidiano que muchas comunidades no tengan agua para consumo humano doméstico o existan conflictos por permisos de uso para riego, violentando el acceso al agua de comunidades enteras, o altos índices de enfermedades gastrointestinales y renales atribuidas a la mala calidad del agua, era lógico esperar que las empresas mineras no iban a tener un camino fácil con una población tan sensible y violentada en aspectos vinculados al ambiente y al agua.

Sin duda, el proceso de lucha no fue fácil en los doce años desde que se presentó la propuesta de ley de prohibición de la minería metálica. Se dieron amenazas y asesinatos de líderes y lideresas comunitarias, así como campañas desinformativas de las empresas mineras argumentando que se podía desarrollar una “minería verde” o responsable con el ambiente. Nada más alejado de la realidad y de la información técnica con la que se contaba. El Estado fue víctima de demandas internacionales alegando que al no permitir la explotación minera estaba expropiando las ganancias futuras de las empresas. Hubo un fuerte cabildeo de las empresas mineras con el gobierno y con los diputados y diputadas para que les permitieran desarrollar estos proyectos de muerte.

Pero por encima de todos los obstáculos y gracias a la voluntad decidida de las comunidades, después de muchos años de lucha se logró, el 29 de marzo del año 2017, la aprobación de la ley de prohibición de la minería metálica. El Salvador es el único país en el mundo que tiene una prohibición total a esta actividad.

Sin embargo, como ya es una realidad común en El Salvador, el solo hecho de tener una ley no garantiza la tutela efectiva de un bien o derecho a proteger. Este es el motivo de que la lucha continúe, para implementar adecuadamente los contenidos de la ley. Que no ocurra como con otras leyes que, a pesar de estar vigentes, no son positivas en la medida que no se monitorean y se les da seguimiento a su debido cumplimiento.

Hay que tener en cuenta que la propuesta fue aprobada con 70 votos de los diputados y diputadas de la asamblea legislativa. Pero lo necesario eran 43 votos, que es la mayoría simple, y con la misma cantidad de votos se puede derogar.

Esta acción es muy probable, debido a que en las pasadas elecciones de diputados y alcaldes la derecha se vio muy fortalecida. Además, el candidato del principal partido de derecha es un aliado de empresas minería a nivel internacional. Por esto, ahora sin duda el trabajo es socializar con la población los contenidos de la ley de prohibición, buscando que desde las comunidades se garantice su cumplimiento, y, a la vez, exigir al Estado en general que no retroceda en este logro.

Minería transfronteriza

A todo lo narrado hay que sumar una amenaza que no es nueva, pero que a través de los años se ha concretizado: el desarrollo de proyectos mineros en las zonas trasfronterizas de El Salvador, específicamente con Guatemala y con Honduras. Estos proyectos, por estar en cuencas transfronterizas o compartidas, tendrán graves impactos en los bienes hídricos. Destaca el caso de la cuenca del río Lempa, que se comparte con los países ya mencionados. Se considera el 45 por ciento del territorio de El Salvador, es el 60 por ciento de su agua superficial. De este río dependen para consumo humano más de cuatro millones de personas.

El Salvador es dependiente de este río, por lo que su protección es un aspecto de seguridad nacional. Si el río Lempa fuese contaminado o sus aguas disminuyeran drásticamente de caudal a causa de la sobre explotación por empresas mineras, sería un escenario de muerte para la población y los ecosistemas. No se quiere llegar a este escenario, evidentemente, por lo que diversas comunidades y organizaciones están trabajando fuertemente, a nivel local, con organizaciones e iglesias en las zonas transfronterizas, buscando generar articulación para enfrentar a las empresas mineras trasnacionales. También se realiza cabildeo con actores gubernamentales en la búsqueda de soluciones a nivel de políticas públicas a esta problemática que atenta el derecho de la población a un ambiente sano.

Las soluciones a estas y muchas otras problemáticas ambientales siempre deberán estar fundamentadas en la base, en lo local, en las comunidades, que son el mejor símbolo de la resistencia. En la medida en que estas se fortalezcan, organicen y articulen, se podrá avanzar en la construcción de un El Salvador mas justo y ambientalmente sustentable.