Perú

La minera Southern, de Grupo México, hará mina Michiquillay en Perú

La minera Southern Copper, del Grupo México, buscará reactivar la actividad minera en la norteña región peruana de Cajamarca, la de mayor pobreza del país, con la explotación de la mina de cobre Michiquillay, cuyo contrato de concesión fue suscrito hoy con el Ministerio de Energía y Minas de Perú.

El yacimiento, que requiere invertir 2.500 millones de dólares para su explotación, está en la misma región donde el proyecto para operar la mina de oro Conga, pendiente de una inversión de 4.800 millones de dólares, está paralizado por un marcado conflicto social, que dejó cinco muertos en 2012.

Entre el 43,1 % y el 52 % de la población de Cajamarca, eminentemente rural, vive bajo el umbral de la pobreza, al vivir con menos de 338 soles (101,4 dólares) al mes, según el último el informe de la evolución de la pobreza monetaria 2007-2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, Cajamarca es junto a la sureña región de Apurímac la región con mayor potencial minero, principal pilar de la economía peruana.

“Cajamarca es una región que a pesar de la minería que se ha desarrollado en los últimos años aún está en niveles de pobreza que no debiera encontrarse actualmente”, reconoció el ministro peruano de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, durante la ceremonia de suscripción del contrato con Southern.

“El Estado, particularmente a través de este Gobierno, promoveremos que la minería realmente genere un cambio y pueda reducir los niveles de pobreza y las brechas que hoy existen en muchas zonas mineras. Trabajaremos especialmente con este enfoque en Cajamarca”, agregó.

Ísmodes recordó que la inversión minera es “fundamental” para Perú, y anticipó que el Gobierno hará un seguimiento muy cercano a Michiquillay para garantizar su éxito.

Prometió trabajar junto a la empresa y la población para promover “un buen diálogo y una buena actividad responsable, que respete los estándares ambientales”.

Por su parte, el presidente de Southern Perú, Óscar González, afirmó que Michiquillay tendrá una producción anual de 225.000 toneladas de cobre, lo que a su criterio consolidará la expansión cuprífera de Perú, actualmente segundo producto mundial de este metal.

González aseguró que su compañía utilizará “tecnología punta amigable con el medioambiente” y deseó contribuir al desarrollo de la región como ya lo hace la minera en las sureñas regiones de Moquegua y Tacna con la producción de las minas de Toquepala y Cuajone.

No obstante, Southern tiene paralizado su proyecto para explotar la mina Tía María, en la también sureña región de Arequipa, por las protestas de los campesinos del cercano valle del río Tambo, un conflicto que en 2015 dejó cuatro fallecidos, entre ellos un policía.

En la ceremonia de suscripción del contrato de Michiquillay también participó el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Alberto Ñecco, y el gerente general de Activos Mineros, Antonio Montenegro.

 Fuente:http://udgtv.com/noticias/minera-southern-grupo-mexico-peru/
Mexico

Familias de Mazapil exigen la intervención de diputados en conflicto con Minera Peñasquito

Señalan que desde hace 12 días les quitó su trabajo y lo cedió a empresa española EPSA

Advierten sobre daño ambiental que ha sufrido su territorio, en el cual ya no hay agua

Aproximadamente 350 personas, entre familias, ejidatarios y transportistas del municipio de Mazapil marcharon ayer por las calles del Centro Histórico de Zacatecas para arribar a la sede del Congreso local, donde exigieron ser atendidos por los legisladores para que intercedan por ellos en el conflicto que mantienen con la minera Peñasquito de la compañía Goldcorp desde hace 12 días por haberles quitado su trabajo para cederlo a la empresa española EPSA.

Denunciaron que la compañía canadiense ha incumplido con lo establecido en los contratos de brindar trabajo a los trabajadores de la región, por tal motivo dijeron que tuvieron que venir a Zacatecas a exigir a los legisladores, “que son del pueblo”, los ayudan a entablar una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo, pues lo único que quieren es trabajar con sus camiones como se los prometió la minera cuando llegó al territorio.

Relataron que cuando la compañía llegó y les dio una compensación por sus tierras, fueron los mismos empresarios quienes les dijeron que compraran camiones para que trabajar en la mina y ahora son los mismos a los que no les quieren dar trabajo. “Es muy difícil que un miembro de la región de Mazapil entre a trabajar a la mina a estas alturas”, manifestaron.

Aparte de todas las promesas incumplidas, los habitantes de la región denunciaron también el daño ambiental que ha sufrido su territorio en el cual ya no hay agua. Además expusieron que los señalamientos realizados por el director de la mina, Michael Harvey, son falsos, pues no son de Saltillo sino de Mazapil y sus alrededores, aclararon con credencial del IFE en mano, de diferentes ejidos a los que en su momento la minera les “prometió la luna y las estrellas” y ahora no quieren cumplir.

Los manifestantes detallaron que los daños por este incumplimiento no solamente repercutirán en los dueños de los camiones, sino en los choferes y mecánicos también. Acusaron que lo expresado por Harvey es mentira al decir que se les ha generado 6 mil empleos, cuando, de acuerdo con los inconformes, sólo ostentan apenas 250 para gente de la zona, por lo que reiteraron la exigencia del cumplimiento por parte de Goldcorp.

Denunciaron que con la llegada de Harvey a la mina todo cambió, “ese señor es un peligro para nosotros, la gente ya no lo quiere”, gritaban. Recordaron que todo el trabajo que han hecho para la compañía lo realizaron con sus camiones y “de la noche a la mañana” los están desplazando para dejar sin trabajo a mucha gente.

Los inconformes convocaron a las autoridades de Minera Peñasquito a que debatan con ellos de manera pública, pues dicen tener la razón. Informaron que han estado negociando durante 7 meses y la compañía ha incumplido por lo advirtieron que este paro no será el último y dejarán de hacerlo siempre y cuando la mina cumpla lo establecido.

Dieron a conocer que en 2009 firmaron un contrato en el que la compañía hizo muchos compromisos “como si fuéramos unas novias” y hasta el momento no han cumplido todos, salvo aquellos que han concernido también al Gobierno del Estado, a quien le también le exigieron que deje de intimidar mediante la Policía Estatal.

Fuente:http://ljz.mx/2018/06/13/familias-de-mazapil-exigen-la-intervencion-de-diputados-en-conflicto-con-minera-penasquito/

Bolivia

Jubileo y Cedib: Comibol no garantiza la no contaminación del río Madre de Dios

El analista e investigador en temas mineros de Jubileo, Héctor Córdova y el investigador de actividades extractivistas del Cedib, Jorge Campanini coincidieron que el río Madre de Dios es altamente frágil en términos ecológicos y que ninguna tecnología garantiza que no se genere contaminación.

La Fundación Jubileo y el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) alertaron por separado, que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) no está en condiciones de garantizar la no contaminación de la Cuenca Madre de Dios ubicada en plena Amazonía boliviana, sobre la cual el Gobierno anunció tareas de exploración y prospección con miras a la explotación aurífera.

El analista e investigador en temas mineros de Jubileo, Héctor Córdova y el investigador de actividades extractivistas del Cedib, Jorge Campanini coincidieron en señalar que el río Madre de Dios es altamente importante para la sobrevivencia de la Amazonía boliviana y que se debería evitar actividad minera en esta ecoregión por su fragilidad ecológica. Sobre Comibol señalaron que la experiencia muestra que no fue la mejor ejecutora de prácticas ambientales.

Córdova explicó que el río Madre de Dios que se extiende en una longitud de 681 kilómetros en el territorio boliviano, arrastra bastante oro desde el lado peruano, donde la cuenca es extremadamente explotada, y que según estudios científicos confirman la alta contaminación ambiental no sólo ocasionada por la minería aurífera ilegal e informal, sino también por la formal.

“Las fotos satelitales y de la zona de explotación del Madre de Dios en el lado peruano son tan reveladoras sobre el desastre ecológico que se está provocando que no solo el gobierno peruano sino las Organizaciones No Gubernamentales de otros países están intentando controlar esta explotación desmedida del oro en esta cuenca”, dijo.
Según Córdova, Comibol hizo algunas inspecciones en el río Madre de Dios y que un empresario chino habría realizado la cuantificación de la cantidad de oro que contendrían el río. Dijo que a pesar de representar una gran riqueza que estaría dentro del río, no es aconsejable su explotación por el daño ecológico que provocaría, que no solo afectaría al país, sino también a Brasil.

“En algún momento, un Estado como el nuestro debe tomar una decisión sobre si es más conveniente obtener una riqueza mineral o preservar el medioambiente para las futuras generaciones (…) y creo que sería buen mensaje para el mundo entero si nuestro país toma la determinación de no llevar a cabo operaciones mineras en este río por los efectos terribles que se pueden provocar en la naturaleza”, señaló.
Según el investigador, la Comibol ha tomado medidas para encapsular los desmontes con el apoyo de la cooperación danesa que ayudó a limpiar los ríos. Sin embargo dijo que hay una responsabilidad ambiental que debe asumir la estatal minera. “Ningún actor debería entrar a la zona del Madre de Dios, por mucho que haya tecnología de punta, porque es casi inevitable que se dé un accidente o que ocurra alguna inundación o terremoto que provoque el derrame de contaminantes”, sostuvo.

Por su parte, Campanini dijo que si el comportamiento de la Comibol en Huanuni en términos ambientales se repite en el río Madre de Dios, “nos espera lo peor”.
Señaló que la cooperativa Asociación de Balseros Bolivia (Asobal) que opera hace varios años en el río Madre de Dios tuvo un despliegue en materia ambiental que deja mucho que desear, y que desde el Estado hay escaso o ningún control al tema ambiental de la actividad minera.
“Hay un decreto supremo, el 3516 del 28 de marzo de 2018 que declara al Madre de Dios reserva fiscal y el Servicio Geológico Minero (Sergeomin) tendría que evaluarlo y Comibol tendría la preferencia para operar” dijo.

Sin embargo apuntó que la Ley de Minería prohíbe la entrega de derechos mineros luego de cinco años de declarar la reserva fiscal.
“En los ríos amazónicos no debería existir minería. ¿Para quién explora el Estado?”, cuestionó, luego que el viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Víctor Flores asegurara que sólo habrá prospección y exploración aurífera en la cuenca Madre de Dios.
Sin embargo, Flores durante la rendición de cuentas del Ministerio de Minería, se animó a lanzar proyecciones económicas de rentabilidad de aproximadamente 57 millones de dólares con utilidades en una gestión. Calificó además al proyecto de “atractivo y prometedor”.

Fuente:http://eju.tv/2018/06/jubileo-y-cedib-comibol-no-garantiza-la-no-contaminacion-del-rio-madre-de-dios/

Chile

Bitran enfrentó a comisiones de Minería por críticas a presencia de Ponce Lerou en SQM

Eduardo Bitran, exvicepresidente de Corfo y responsable de negociar con Soquimich el contrato para la explotación del litio en el Salar de Atacama, enfrentó en las comisiones de Minería del Senado y la Cámara, los cuestionamientos surgidos por el rol de asesores que tendrán los hermanos Ponce Lerou al interior de la minera no metálica.

Bitran aseguró en el Senado que el acuerdo entre Corfo y SQM es “nuestro propio viaje a la luna”, por los beneficios que implica haber pactado con la minera no metálica aumentar su cuota de explotación y aseguró que no es posible retrotraer dicho contrato porque se ajusta a derecho.

Más tarde, en la comisión de minería de la Cámara de Diputados, Bitran fue confrontado duramente por los parlamentarios de dicha instancia, y ante ellos aseguró que Julio Ponce Lerou es la representación de la corrupción y del actuar al margen de la ley.

 

Pero el diputado comunista Daniel Núñez fustigó a Bitran por no haber denunciado ante la justicia las supuestas presiones que personeros de la Nueva Mayoría habrían ejercido para mantener a Ponce Lerou como controlador de la minera no metálica, lo que a juicio de Núñez podría implicar un acto de soborno y cohecho.

 

Desde el oficialismo, el diputado de RN Jorge Durán, acusó a Bitran de reirse en la cara de los parlamentarios al insistir en las presiones de políticos respecto a Ponce Lerou, pero sin dar los nombres de dichos personajes.

 

El ministro de Economía, José Ramón Valente, no asistió a ninguna de las dos comisiones para abordar el contrato Corfo-SQM, pese a estar en el Congreso durante la jornada de este miércoles. Tampoco concurrió el actual vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel.

Fuente:https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/06/13/bitran-enfrento-a-comisiones-de-mineria-por-criticas-a-presencia-de-ponce-lerou-en-sqm.shtml

Colombia

Asesinan a 3 líderes sociales en menos de una semana

Tres asesinatos se reportaron hoy en Colombia. Se trata de Holman Mamian, integrante de ASOINCA, asesinado en el departamento del Cauca; Francisco José Guerra, líder de acción comunal de la vereda El Mandarino, en Ituango-Antioquia y Jeisson Ramírez, presidente de la junta de acción comunal de la vereda la Yet, en el Putumayo.

El Cauca en la mira de la violencia contra sindicalistas

Holman Mamian era integrante de ASOINCA y docente de la institución educativa agropecuaria Santa Rita, en el municipio de la Vega, Cauca. Los hechos se presentaron el pasado 12 de junio, cuando Mamian se dirigía hacia el lugar de trabajo, en donde fue abordado por hombres que posteriormente acabaron con su humanidad.

De acuerdo con Mario Daza, directivo de ASOINCA, Mamian se dedicaba a las labores sindicales que hacían parte de la organización, razón por la cual, considera que su asesinato puede estar relacionado con su activismo social. Además, señaló que estos hechos se han vuelto sistemáticos en el Cauca, “vemos como se siguen asesinando a los dirigentes sociales y campesinos, sin que el gobierno nacional o el gobierno departamental se inmuten”.

Continúan los asesinatos de líderes en Antioquia y Putumayo

De igual forma, las autoridades de Ituango, en Antioquia, confirmaron el asesinato del presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda El Mandarino, Francisco Guerra. El hecho ocurrió el pasado sábado 9 de junio cuando hombres llegaron a su vivienda y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Frente a estos hechos, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido medidas urgentes en el departamento de Antioquia, debido a que con este homicidio, son 9 los defensores de derechos humanos asesinados en el territorio.

Así mismo, el presidente de la Junta de Acción Comunal la Yet, Jeisson Ramírez, fue asesinado en la zona rural del Valle del Guamez, en el departamento del Putumayo, el pasado 10 de junio. Los hechos se presentaron cuando Ramírez se encontraba con su compañera en una tienda.

Los habitantes de la vereda manifestaron que este hecho podría estar relacionado con las diferentes acciones que realizaba Ramírez por la defensa del territorio. Sin embargo, las autoridades expresaron que están en proceso de investigación.

Fuente:http://www.contagioradio.com/asesinan-a-3-lideres-sociales-en-menos-de-una-semana-articulo-53877/

Perú

Mesa de diálogo con pobladores de Morococha se retomará después de tres meses

Después de tres meses se retomó la Mesa de diálogo y negociación entre el Estado y los pobladores de Morococha. Según informó Gestión, el gobierno se comprometió a ceder un terreno en el Valle del Mantaro donde serán reubicadas las familias que se encontraban en las 34 hectáreas que el gobierno cedió para la ampliación del Proyecto minero Toromocho de propiedad la minera Chinalco.

El diario Gestión explicó que “entre los puntos acordados, se estableció que el Fondo Social Toromocho permitirá la adquisición de un terreno, con una dimensión igual o mayor a 34 hectáreas, para fomentar el desarrollo de proyectos productivos. Adicionalmente, la minera Chinalco Perú se comprometió a la elaboración del estudio técnico del Proyecto de Desarrollo Sostenible (PDS)”.

Luis Samaniego Ríquez , responsable de la Comisión de ecología de la Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) de Huancayo, informó a Red Muqui, que la mesa de diálogo se retomará en junio ante el pedido de la población. Se abordará en ese espacio, a más detalle otras demandas como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se revisará, también,  el Convenio Marco.

Como se recuerda, una delegación de Morococha llegó a Lima hace unas semanas y realizó un plantón en la puerta del Ministerio de Energía y Minas exigiendo apertura al diálogo. En abril de este año, dicho ministerio transfirió 34 hectáreas de la de Morococha antigua a Activos Mineros para facilitar la ampliación del Proyecto minero Toromocho. En ese terreno viven 60 familias.

Al respecto Red Muqui, también, se pronunció : “manifestamos nuestra preocupación por el anuncio del Presidente Vizcarra de iniciar la segunda etapa del proyecto Toromocho en las circunstancias en las que se está dando, cuando es responsabilidad del Estado ante todo, velar por las condiciones ambientales y sociales necesarias que respeten los derechos de las personas, lo que no ha ocurrido con los pobladores de Morococha antigua y nueva hasta la fecha”. ¿Esta vez se cumplirán los acuerdos? ¿No se tratará solo se apaciguar las aguas para evitar paralizaciones anunciadas por la población? Al retormarse la Mesa de diálogo, los habitantes esperan que se lleguen a acuerdos favorables.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/757-mesa-de-dialogo-con-pobladores-de-morococha-se-retomara-despues-de-tres-meses
Mexico

Romper tejido social, táctica de mineras para instalarse y depredar zonas: Lilia Albert

Las empresas mineras rompen el tejido social de la comunidades para poder desempeñar sin mayores contratiempos una actividad sumamente depredadora en busca de oro y plata que, por la situación geográfica del estado de Veracruz, representa un gran riesgo para la salud de la población y el medio ambiente, alertó la doctora Lilia América Albert Palacios, y aseguró además que la ubicación de la zona de contención de los lixiviados saturados de cianuro de la mina La Candelaria –en el paso de entrada de cuando menos ocho huracanes anuales e innumerables nortes– dispersaría por toda la región ese producto venenoso.

La doctora Albert es consultora de la OMS y reconocida en América Latina por sus estudios sobre toxicología; insiste en lo peligroso de la tecnología que se utiliza para la minería a cielo abierto pues aparte de acabar con la capa verde, al agotarse los minerales, la tierra queda estéril, árida e inservible, además de representar un pasivo ambiental que durará por muchos años.

Subraya en el problema adicional que representa el uso del cianuro en una topografía como la veracruzana, de cara al mar, y en la que existen innumerables autorizaciones para proyectos mineros con similares características al asentado en el municipio de Actopan, de los que nada se sabe con respecto a su ubicación porque esas concesiones se manejan en la Federación.

“En el caso de Veracruz es imposible suponer que no pueda ocurrir un derrame porque en el momento que venga algún huracán, lo primero que va a pasar es que el viento se llevará todo lo que encuentre a su paso. Y si trae mucho agua se va a derramar. La laguna de lixiviación no podrá captar toda el agua del huracán y se va derramar donde vive la gente, animales, tierras de cultivo y luego de este baño tóxico serán inservibles. Es un riesgo absolutamente real. Entran por esa zona hasta ocho huracanes cada año e innumerables nortes. No se necesita que sea muy poderoso. Esta en un sitio inconveniente porque ahí pasan todos. No hay forma de parar eso ni se puede controlar”.

Las mineras primero rompen el tejido social

La doctora Albert Palacios insistió en que al margen de los controles oficiales sobre la actividad de la minera, debe informarse a la población para que entienda que es un riesgo enorme y que además, a cambio de algunos cuantos trabajos que se ofertarán, sin dudas de salario mínimo porque a los campesinos de la localidad no les van a dar de técnicos o ingenieros, vivirán cerca de terrenos contaminados e inútiles para el resto de la vida.

Precisó que las mineras tienen una manera de actuar que aplican en todos los lugares a donde llegan. “Siempre actúan de esa forma; lo que hacen es romper el tejido social ofreciéndole a algunos unas canonjías como contratos laborales, a otros, pagar más porque por sus tierras va pasar el camino, etc. Ahí es cuando algunos empiezan a estar de acuerdo porque ven un beneficio inmediato pero no el riesgo a largo plazo. Eso es criminal porque además, la mina se encuentra en el paso del río de aves, porque ni modo que no bajen a tomar agua contaminada de cianuro. Será un matadero impresionante de especies. Ésta es una tecnología que no va con el tipo de clima, orografía y topografía de Veracruz, ¿entonces la minería a cielo abierto es intrínsecamente peligrosa para Veracruz por esas condiciones geográficas, porque en contrasentido, la empresa asegura que se trata de desinformación y que no representa mayor peligro para la gente?

“Es una alerta documentada y científicamente respaldada. En Europa hubo casos que este tipo de minería causa grandes destrozos. Podemos imaginar que en países con una mayor cultura de la población, mayores controles ambientales, etc. sucede esto pues en nuestro caso hay que agregarle nuestras necesidades. Con eso juega la minera. Con la necesidad de la gente”.

Los estados, indefensos ante la Federación

Con respecto del manifiesto de impacto ambiental (MIA) que exhibe la minera, afirmó que resulta relativamente fácil obtenerlo porque hasta un estudiante de preparatoria lo puede llenar dada la formulación de las preguntas y la manera en que debe responderse, pues simplemente se niegan todas las posibilidades de accidentes o riesgos para la población y listo.

Ejemplificó con el caso de las cícadas, una especie endémica que estará en riesgo de extinción una vez que opere la minera. “Si nuestro gobierno estatal tuviera idea ya estaría prohibiéndola. El problema central es constitucional. Tu ves que en la Ley General de Equilibrio Ecológico hay cosas que no son de competencia estatal como son las nucleoeléctricas, las petroquímicas, mineras, etc. Cuando ves eso, resulta que todos los problemas de Veracruz son de competencia federal. Desde ahí el gobierno del estado debería exigir concurrencia con la Federación en todos esos temas en que la ley le dice a los estados será tu territorio y tu gente pero aquí mando yo. Ahí esta el caso del accidente de la petroquímica de Pajaritos, de competencia federal, ya pasó un año y medio y no ha sucedido nada, ni siquiera se saben las causas que lo ocasionó pero el dueño de la empresa ya cobró el seguro”.

En ese sentido, anunció que se esta formalizando el Nodo Veracruz de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que ya existe en varios estados “porque es nuestra responsabilidad que quienes sabemos algo del asunto, unirnos en pro de la gente, dar información, respaldo con conocimientos a las protestas que no son nada mas por ocurrencias, porque es evidente que es muy difícil para la comunidad y los políticos ver el riesgo de largo plazo. A diferencia del inmediato que es fácil de apreciar, el otro es muy difícil por las enfermedades que se pueden generar en 15 o más años como fue el caso de Anaversa, donde aún hay enfermos por la exposición a los químicos liberados en aquel accidente”.

Puede pasar lo de Anaversa o Pajaritos; no hay responsables pero sí muertos y enfermos

Afirmó que los políticos y empresarios le apuestan a que deje de hablarse del asunto con la esperanza de ver si el tiempo lo borra, si se desaparece, sino se menciona, “si decimos que quienes hablan mal de Anaversa por ejemplo, son malos, feos o protestan nada mas porque sí. Hay serias responsabilidades en este caso como el del alcalde saliente de Córdoba que también lo fue en tiempos de Anaversa, Tomás Ríos Beltrán”.

A él le fue entregado un cheque para fines medioambientales y de mitigación en la zona pero como no había siquiera información oficial sobre enfermos de Anaversa, decidió usar ese dinero y con “motivos ecológicos” construyó una barda de un jardín.

La científica veracruzana retomó el tema de la minería y sostuvo que hay entidades y zonas del país, como La Laguna, donde la contaminación “es terrible”. Ahí esta Torreón con los negocios de Germán Larrea que es el dueño de Buenavista del Cobre, la de aquel derrame terrible; esta Alberto Bailleres, dueño del Grupo Peñoles que tiene a dos kilómetros del centro de Torreón la mayor refinadora de plomo de América Latina. Y los vientos pasan por encima de ella y van al centro de la ciudad. Así que los habitantes respiran, aparte del plomo, cadmio.

“Estos señores tienen todo el dinero y poder para no hacer nada porque con eso podían ser decentes, proteger a la población, dar buenos sueldos, instalar un centro epidemiológico para darle seguimiento a sus enfermedades. Pero ves en el caso Buenavista del Cobre, la gente ha tenido que ampararse en grupos de EU que los están apoyando porque aquí, nada”.

 

 

Guatemala

Cincuenta y cuatro organizaciones guatemaltecas e internacionales rechazan la intervención de los EEUU en caso minera de Guatemala

Ayer, 54 organizaciones de Guatemala, America Latina, los Estados Unidos, Canadá e Europa entregaron una carta al embajador de los EEUU en Guatemala, Luis Arreaga. Las organizaciones expresaron su preocupación ante la intervención del gobierno de los EEUU acerca del caso en contra de la mina de plata de Tahoe Resources, un proyecto asociado con numerosos y bien documentadoviolaciones de derechos humanos. Actualmente, las operaciones mineras están suspendidas mientras la Corte de Constitucionalidad guatemalteca emite una resolución definitive que pueda resultar en la cierre permanente de la mina por discrimination contra el Pueblo indígena Xinca y por la falta de consulta previa.

El 21 de mayo, la embajada de los EEUU publicó un comunicado de prensa que instó a la Corte emitir una resolución final, haciendo referencia a la importancia del Organismo Judicial para crear un clima de inversión estable para explotar los abundantes recursos naturales de Guatemala. Dada la abrumadora oposición a la minería en todo el país y el patrón de conflicto y violencia asociado con el proyecto de Tahoe en particular, la declaración de la embajada de los EEUU es reprensible.

Lea una cronología de los esfuerzos de cabildeo de Tahoe Resources y las intervenciones del gobierno de los EEUU en nombre de la empresa aquí.

NISGUA ha acompañado a las comunidades de Santa Rosa y Jalapa en resistencia pacifica de al mina desde 2011.

11 de junio de 2018

Embajador Luis Arreaga, Embajada de los EEUU en Guatemala

CC: Mike Pompeo, Secretario del Estado de los EEUU

CC: Embajadora Deborah Chatsis, Embajada de Canadá en Guatemala

CC: Jennifer Echeverría, Oficial de Programas de Grupo Filtro

RE: Interferencia en tribunales guatemaltecos a favor de los recursos de Tahoe

Estimado Embajador Arreaga,

Las organizaciones abajo firmantes están profundamente preocupadas por la continua interferencia del gobierno de los EEUU y las amenazas de demandas internacionales, ya que un tribunal guatemalteco suspendió provisionalmente la mina de plata, El Escobal, de Tahoe Resources en el sureste de Guatemala. La mina ha sido suspendida por orden del tribunal desde julio de 2017 en respuesta a una demanda presentada contra el Ministerio de Energía y Minas por discriminación y por no haber obtenido el consentimiento previo del pueblo indígena Xinka. Un mes antes, en una iniciativa independiente liderada por la comunidad, los residentes de cinco municipalidades comenzaron una protesta pacífica en el camino que conduce a la mina por preocupaciones sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto. La protesta efectivamente detuvo la actividad minera y continúa hasta la fecha.

Desde entonces, congresistas estadounidenses, representantes del Departamento de Comercio de los EEUU y la Embajada de los EEUU en Guatemala han realizado esfuerzos extraordinarios para influir en el resultado de la demanda a favor de Tahoe Resources. En varias ocasiones, los funcionarios estadounidenses han reforzado y repetido el discurso problemático de la empresa a través de lacomunicación directa con el presidente guatemalteco, en cartas internas escritas por el congresista estadounidenses Mark Amodei y senador estadounidense Dean Heller que la empresa hizo públicas, y en una carta del Congreso instando al gobierno a hacer más para mejorar el clima de inversión para las empresas de los EEUU.

El 21 de mayo de 2018, la Embajada de los EEUU en Guatemala emitió un comunicado de prensadestacando la importancia de la extracción de recursos naturales y pidiendo a la Corte de Constitucionalidad que “dictamine sin demora” la resolución final en el caso de Tahoe. Dada la abrumadora oposición a la minería en todo Guatemala y el patrón de conflicto y violencia asociado con el proyecto de Tahoe en particular, la declaración de la Embajada de los Estados Unidos es reprensible. El esfuerzo de la Embajada de los Estados Unidos por interferir con la independencia del poder judicial guatemalteco está fuera de lugar y pone a los defensores y las defensoras del medio ambiente y los líderes y las lideresas indígenas que se oponen legítima y pacíficamente a los proyectos mineros en mayor riesgo de represión.

Si bien la intervención de los EEUU en los procesos judiciales independientes de Guatemala es fundamentalmente errónea, Tahoe Resources ha hecho cabildeo para y afirmó que la intervención de los EEUU inclinará la decisión del tribunal a su favor. El 25 de septiembre de 2017, el CEO de Tahoe Ron Clayton comentó que, a pedido de Tahoe, el gobierno de los Estados Unidos “tuvo una gran influencia incluso en esta última decisión judicial”, refiriéndose a la intervención estadounidense en el fallo del Corte Suprema de Justicia de Guatemala a principios de mes, que temporalmente restableció la licencia de explotación de la empresa.

Exacerbando el clima de conflicto y la presión sobre los tribunales es la amenaza del arbitraje internacional. El 8 de mayo de 2018, el International Law Institute, con sede en Washington, presentó un escrito a la Corte de Constitucionalidad indicando el riesgo de arbitraje internacional en caso de que la corte no le permita a Tahoe Resources continuar operando su mina plagada de conflictos. El escrito fue presentado por abogados guatemaltecos, cuya firma representa a la subsidiaria de total propiedad de Tahoe Resources en Guatemala, Minera San Rafael. Poco más de una semana después, el 16 de mayo, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), con sede en Nevada, notificó su intención de demandar al gobierno guatemalteco en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) por lo menos $300 millones. KCA funamenta su reclamo en la suspensión de la Corte de Constitucionalidad de su mina de oro, El Tambor, en 2016 por falta de consulta previa con las comunidades afectadas, por la suspensión de su licencia de exportación por parte del Ministerio de Energía y Minas y por una supuesta falta de protección estatal para la empresa contra las protestas comunitarias las cuales reclama que obstruyen trabajo de explotación a futuro.

Tal interferencia, a través del cabildeo hacia el gobierno de los EEUU y las amenazas de costosas demandas internacionales contra el gobierno guatemalteco, solo sirven para escalar las tensiones y arrojar dudas sobre la independencia judicial de Guatemala. Estas acciones aumentan la amenaza de violencia y represión contra las comunidades indígenas y no indígenas opuestas a la mina de Tahoe Resources, así como los riesgos de la resistencia pacífica en curso al proyecto Tambor de KCA.

Encontrar “una solución de beneficio para todos”, como dice el comunicado de la Embajada de los EEUU, no debe ser la prioridad de la Corte de Constitucionalidad. Más bien, se debe garantizar a las comunidades afectadas el debido proceso relacionado con la discriminación y la violación de su derecho a la autodeterminación.

A medida que la Corte de Constitucionalidad evalúe este caso, la Embajada de los EEUU, las empresas mineras y sus asociados, deben detener la interferencia dirigida a presionar a la Corte para que falle a favor de Tahoe. Instamos a la Embajada a que se retracte de su comunicado más reciente y tome medidas concretas para apoyar a los defensores y las defensoras de los derechos humanos que actualmente están en mayor riesgo por defender legítima y pacíficamente su tierra, su agua y sus medios de subsistencia.

Atentamente:

GUATEMALA

Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala

Consejo Diocesano de Defensa de la Naturaleza – CODIDENA

Colectivo Vida Justicia

Consejo del Pueblo Maya (CPO)

Asociación Feminista La Cuerda

Asociación Para La Promoción Y El Desarrollo De La Comunidad “Ceiba”

Asociación Q’anil, Guatemala

Fundación Tierra Nuestra (FUNDATIERRA)

Libertad para las Mujeres, Huehuetenango

Plataforma Internacional contra la Impunidad

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)

ESTADOS UNIDOS

Amnesty International

Casa Baltimore/Limay

Earthworks

Guatemala Human Rights Commission (GHRC)

Guatemala Solidarity Project

Human Rights Defenders Project

Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)

Oberlin Students in Solidarity with Guatemala (OSSGUA)

Rights Action (U.S. & Canada)

Rochester Committee on Latin America (ROCLA)

Santa Elena Project of Accompaniment (SEPA)

Students for Energy Justice (SEJ)

Swift Foundation

CANADÁ

Atlantic Regional Solidarity Network

Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)

Education in Action Café Justicia Ottawa

Guatemala Research Group (GRG), at University of Northern British Columbia

Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network

Mining Injustice Solidarity Network (MISN)

Mining Justice Action Committee (MJAC)

Mining Justice Alliance

MiningWatch Canada

Projet accompagnement Québec-Guatemala

Socialist Project

Todos por Guatemala-Canada

Tzijolaj Guatemala-Canada

United for Mining Justice

University of British Columbia Social Justice Centre & Co-chair, Jacob Fischer-Schmidt

AMERICA LATINA

Procesos Integrales Para La Autogestión De Los Pueblos

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4)

The Oscar Romero Christian Network in Solidarity with the Peoples of Latin America (SICSAL)

EUROPA & AUSTRALASIA

Asociación Ambiental y Cultural Petón do Lobo

Asociación Ecologista Verdegaia

Asociación galega Cova Crea

ContraMINAcción, Rede contra a minaría destructiva na Galiza (20 organizaciones de Galicia)

Guatemala Solidarity Network (GSN)

Peace Watch Switzerland (Switzerland)

Protection International

Salva la Selva

Sí a la Vida No a la Minería/ Yes To Life No To Mining YLNM (64 organizaciones internacionales)

Swedish Fellowship of Reconciliation (SweFOR)

Wellinngton Zapatista Support Group

 

 

Honduras

Pobladores de Tocoa, Colón siguen esperando a la corporación para declarar el municipio libre de minería

Tegucigalpa. – Tras una semana de tener tomada la alcaldía del municipio de Tocoa en el departamento de Colón, los pobladores siguen esperando al alcalde Adán Fúnez y a la corporación municipal para realizar un cabildo abierto con miras a declarar el municipio libre de minería.

Juan López, coordinador del Comité de Defensa de los Bienes Comunes del municipio de Tocoa, manifestó que en una semana de estar tomada la municipalidad, ellos no tienen ninguna comunicación ni con el alcalde ni con ninguno de los regidores del municipio.

La única que se dio,  fue el miércoles 6 de junio con la participación de Juan Frañó del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), quien les manifestó que el viernes anterior los iba a recibir la corporación municipal y la reunión se dio, pero cuando les tocaba hablar sobre el tema, el alcalde se retractó y dijo que no podías hablar con ellos porque son personas que no tienen base legal y no están en condiciones de representar a las comunidades.

López señaló que, esta situación es lamentable por la negativa de las autoridades, mientras ellos se mantienen en pie de lucha en las instalaciones de la municipalidad esperando que aparezcan las autoridades.

Añadió que, la asamblea permanente ha decidido quedarse hasta que el alcalde y la corporación en pleno atienda la comisión nombrada y que es representativa de sectores territoriales de 27 comunidades con sus patronatos y representación de organizaciones no gubernamentales como la Fundación San Alonso y de la iglesia católica.

López manifestó que, de existir esta negativa por parte de las autoridades edilicias, vendrán movilizaciones en las calles, porque para el próximo jueves 14 se ha girado una comunicación por parte de la corporación donde manifiestan que la reunión será para dar a conocer el estatus legal de los proyectos mineros.

“Frente a esta legalidad, nosotros estamos poniendo la contaminación por sedimentación y por otros contaminantes en el río Guapinol”, señaló López.

Fuente:https://criterio.hn/2018/06/12/pobladores-de-tocoa-colon-siguen-esperando-a-la-corporacion-para-declarar-el-municipio-libre-de-mineria/

Perú

Víctimas de contaminación discuten política de Salud Ambiental

El pasado 6 de junio se desarrolló en Espinar el taller de validación de la “Propuesta para el desarrollo de una Política de Salud Ambiental y Humana para la atención de poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas”. Este taller es parte de un proceso de validación social de la propuesta técnica, y talleres similares se vienen organizando en otras zonas afectadas, tales como Hualgayoc, Cerro de Pasco, La Oroya y Cuninico.

En diversos lugares en el Perú, miles de personas se encuentran expuestas e intoxicadas de forma crónica por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas presentes en el ambiente, en muchos casos asociadas a actividades mineras o petroleras. Ciertamente, es una problemática sustancial que el Estado debe enfrentar con la mayor celeridad.

Frente a ello, las víctimas de contaminación se vienen organizando. En noviembre pasado tuvo lugar el Primer Encuentro de Afectados, en el que participaron personas provenientes de nueve zonas del país (Cajamarca, Loreto, Amazonas, Pasco, Junín, Cusco, Puno, Región Lima y El Callao). En dicho ecuentro surgió la Plataforma Nacional de Pueblos Afectados por Exposición a Metales Tóxicos, conformada por los afectados y representada por nueve delegados, uno de cada zona. Esta Plataforma Nacional está en proceso de consolidación. Además, surgió el Grupo de Salud Ambiental y Humana, conformado por diversas organizaciones para dar apoyo técnico a la plataforma y para seguir reflexionando y buscando soluciones para abordar la problemática.

Luego del Encuentro, se ha venido avanzando en la elaboración de lineamientos de política pública de Salud Ambiental y Humana para la atención de poblaciones afectadas, a fin de que pueda ser discutida y consensuada con la Plataforma de Afectados.

Como parte de ese proceso, el pasado 6 de junio se desarrolló en Espinar el taller de validación de la “Propuesta para el desarrollo de una Política de Salud Ambiental y Humana para la atención de poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas”. El taller fue facilitado por Derechos Humanos Sin Fronteras y CooperAcción. Este taller es parte de un proceso de validación social de la propuesta técnica, y talleres similares se vienen organizando en otras zonas afectadas, tales como Hualgayoc, Cerro de Pasco, La Oroya y Cuninico.

En primer lugar, se desarrolló un diálogo en donde los participantes compartieron sus distintos malestares, resaltando la inacción del Estado frente al comportamiento de la empresa Glencore que hoy gestiona el proyecto Antapaccay.

Una de las problemáticas más sentidas por los participantes es la falta de resultados. Se sienten desprotegidos y señalan la inacción del Estado frente al comportamiento de las empresas. Asimismo, otra preocupación se centra en la salud de los pobladores producto de los impactos ambientales de las actividades extractivas. Los participantes son conscientes de encontrarse afectados por sustancias químicas en su organismo, pero lamentan no conocer la gravedad de la exposición y/o intoxicación del mismo. Ello se debe, en gran medida, a que el sistema nacional de salud no responde a la magnitud de la situación.

Por todas estas razones, el taller buscó, en principio, informar de los avances en materia de salud y de los diálogos sostenidos con el Ministerio de Salud tras el Primer Encuentro Nacional de Afectados. Del mismo modo, en el taller se buscó fortalecer las capacidades de los participantes sobre los conceptos más usados en materia de salud ambiental y humana.

El grupo técnico que acompaña a los afectados presentó la propuesta de Política de Salud Ambiental y Humana para su validación por parte de la comunidad de Espinar. El objetivo es que los propios voceros de las comunidades afectadas presenten la propuesta de política a la Ministra de Salud, Silvia Pessah, y los miembros que conforman la Comisión Sectorial. De esta manera, se está contribuyendo en la construcción de una política que realmente incluya a la sociedad civil en este tipo de procesos.

Finalmente, se acordó enviar una carta al Ministerio de Salud, para pedir los resultados de los exámenes del dosaje a un grupo de pobladores de Espinar realizado en diciembre pasado. También, se acordó una próxima reunión a mediados de julio y establecer otros mecanismos para dar a conocer la problemática de las personas afectadas.

Cabe recordar que en los últimos meses, los afectados han sostenido reuniones con varios ministros de Salud, quienes estuvieron por corto tiempo en sus cargos debido a la crisis política que vivía nuestro país. En dichas reuniones, se han establecido acuerdos y compromisos para atender a las poblaciones afectadas por las sustancias químicas tóxicas. Un hecho que impulsó este proceso fue el plantón realizado por los pobladores de Cerro de Pasco, el cual trajo consigo la publicación de la R.M. 168-2018/MINSA que crea la Comisión Sectorial encargada de elaborar y proponer la “Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y sustancias químicas”. Además, a nivel legislativo se ha aprobado el Dictamen del proyecto de ley N° 2740/2017 – CR, el cual plantea la creación de un Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Metales Pesados.

El grupo técnico de la sociedad civil está conformado por CooperAcción, EarthRights International (ERI), Derechos Humanos Sin Fronteras, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Red Muqui, Equidad y el Centro Episcopal de Acción Social (CEAS), RedGE y la Red Uniendo Manos Perú, entre otras.

12 de junio de 2018