Perú

Se realizará foro sobre la problemática ambiental del Río Rímac en el Congreso de la República

Se realizará el Foro “Rímac en peligro” sobre la Problemática de la cuenca alta del Río Rímac este lunes 25 de junio a las 4 PM en el auditorio Alberto Andrade (Av. Abancay, cuadra 2 del Cercado de Lima) del Congreso de República. Participará la congresista Marisa Glave de la Bancada parlamentaria de Nuevo Perú y especialistas del Ministerio de Energía y Minas, de Ambiente, OEFA y la Autoridad Nacional del Agua, así como el Gobierno Regional de Lima.

La contaminación del Río Rímac con metales tóxicos se hizo visible cuando se dio a conocer el riesgo que representaba el desmonte minero de Tamboraque, ubicado en la Cuenca Alta del Río Rímac, San Mateo. El riesgo de su desplome continúa. Como menciona, Severo Javier Hurtado de la Comunidad Campesina San Antonio, quien pertenece del Frente de Defensa de la cuenca Alta del Río Rímac“existen otros pasivos no remediados en la zona que son tan peligrosos como Tamboraque”.

En el estudio “Problemática socioambiental en comunidades ubicadas en la cuenca Alta del Río Rímac”, realizado por el ingeniero Edwin Alejandro Berrospi, de Red Muqui, se menciona que “En la visita a la zona, encontramos un riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas a causa de la liberación de contaminantes tóxicos contenidos en los residuos mineros”. Se explica que estos provienen de los pasivos ambientales ubicados en la cuenca alta del Río Rímac.

El libro, también, señala que son “220 pasivos ambientales identificados (183 pasivos en el distrito de San Mateo y 37 en Chicla) y que representan más del 2% nacional”. Los minerales a los que la población se encuentra expuesta son plomo, cadmio, mercurio, arsénico. Al acumularlos en el organismo se hace evidente el riesgo de intoxicación.

Como antecedente de los problemas de salud ambiental, se tienen los estudios realizados por la Dirección de Salud Ambiental (DIGESA) en el 2001. Se hizo una evaluación clínica, toxicológica a 269 personas del distrito de San Mateo (comunidades de San Mateo de Huanchor, San Antonio, Viso y San José de Parac). El estudio encontró que el 66% superaba los límites permisibles de plomo establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el 25% superaba los límites en cadmio, en mercurio, el 16% y de arsénico el 12%.

El suelo, también está afectado, el informe señala que “casi la totalidad de pastos están contaminados con polvos tóxicos provenientes de pasivos ambientales y operaciones mineras”.  Por ello, Es necesaria la implementación de una política de prevención y sanción a los responsables de incumplir con la remediación de los pasivos ambientales . Hasta julio de 2015, ya habían transcurrido más de seis años de la vigencia de la aprobación de cinco planes de cierre de pasivos ambientales mineros sin que los responsables cuenten con Resolución de Aprobación del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Ejecutado.

Para conversar sobre esta situación de emergencia ambiental del Río Rímac y los planteamientos políticos en torno a la remediación de los pasivos, diversas organizaciones de sociedad civil se reúnen en el Congreso de la República. El Foro es de ingreso libre. /

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/764-se-realizara-foro-sobre-la-problematica-ambiental-del-rio-rimac-en-el-congreso-de-la-republica

Chile

Mineras evitan riesgos: “Nos queda chica… ya no nos interesa”

Autor: No a la Mina .org

Presentamos aquí un artículo que ilustra sobre condiciones y algunos detalles de un típico proceso de “cambio de manos” -y de responsabilidades- de una empresa megaminera para con sus trabajadores y para el país que las recibe. La gran producción inicial se acaba, los márgenes de ganancia se reducen,… y resulta más prudente vender todo a consorcios de accionistas ignotos antes de ingresar a los años finales cargados de despidos, reclamos y demás “incomodidades”.

Un ejemplo más de qué se esconde realmente detrás del slogan “responsabilidad social empresaria”.

Reproducimos aquí la nota del sitio elmostrador.cl, titulada “BHP acuerda venta de mina de cobre Cerro Colorado a fondo de capital privado EMR”.

EMR Capital Advisors Pty, una firma de capital privado que invierte en recursos naturales, está cerca de un acuerdo para comprar la operación cuprífera Cerro Colorado de BHP Billiton Ltd. en Chile.

La adquisición por parte de EMR, con sede en Melbourne, pondría fin a un largo esfuerzo de la mayor minera del mundo por deshacerse del activo, de acuerdo con las personas, que hablaron a condición de permanecer en el anonimato ya que los detalles son privados. El pacto podría anunciarse incluso el martes, dijeron, sin revelar el precio. Deutsche Bank AG dijo en un informe el año pasado que el activo podría alcanzar los US$800 millones.

La mina en el norte de Chile produjo alrededor de 65.000 toneladas métricas de cobre en doce meses hasta finales de junio de 2017, y tiene opciones que podrían expandir su vida útil durante decenios, de acuerdo con informes de BHP a las autoridades reguladoras. BHP, con sede en Melbourne, va a desinvertir de su mina de cobre más pequeña para centrarse únicamente en grandes operaciones de sus cuatro materias primas clave.

Los representantes de BHP y EMR rehusaron hacer comentarios.

EMR, que el año pasado adquirió el control de la mina de cobre Lubambe en Zambia, es un “gran creyente” del metal y ha estado estudiando más posibles ofertas, dijo el máximo responsable Jason Chang en una entrevista en agosto. En marzo, el fondo se asoció con PT Adaro Energy de Indonesia en un acuerdo de US $2.250 millones por la operación de carbón Kestrel de Rio Tinto Group en Australia.

Los productores de cobre, entre ellos Rio, han estado advirtiendo sobre un anticipado déficit de mercado, que disparará los precios a principios de la próxima década a medida que la creciente demanda choca con la falta de suministros nuevos. Mitsubishi Corp. ha llegado a un acuerdo de US$600 millones con Anglo American Plc para aumentar su participación en el proyecto de cobre Quellaveco en Perú.

La licencia ambiental de Cerro Colorado expira en 2023, después de lo cual se deberán negociar nuevas condiciones para el uso
de agua. Las partes interesadas ya contabilizaron el asunto en sus ofertas, dijo el presidente de operaciones minerales para las Américas de BHP, Daniel Malchuk, en una entrevista en marzo.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/41323-mineras-evitan-riesgos-nos-queda-chica-ya-no-nos-interesa

Argentina

El desafío político y social para detener la contaminación en Sierra Pintada

Autor: No a la Mina .
Conflicto Relacionado: Sierra Pintada

En un contexto legal de prohibición de la megaminería (Ley Provincial Nro 7722) y un conflicto social por el Decreto que le abrió las puertas al fracking en Mendoza, el Gobernador Cornejo debe autorizar el proceso minero necesario para evitar más contaminación producida por los pasivos ambientales generados en San Rafael durante la explotación de la mina de uranio de Sierra Pintada. El problema radica en que para la remediación, es necesario abrir una planta fabril y realizar un proceso con sustancias prohibidas por la Ley Nro 7722; además, existe el temor de que concluido el saneamiento se intente volver a producir uranio. La audiencia pública se realizaría en octubre.

Entre los desafíos que le quedan por delante al gobernador Alfredo Cornejo hay uno que sobresale por la complejidad y la necesidad de no profundizar los conflictos generados por el fracking. Se trata del saneamiento de los pasivos ambientales que dejó la planta de procesamiento de uranio Sierra Pintada en San Rafael, que se transformó en uno de los casos emblemáticos de mal manejo ambiental. Esa planta funcionó durante una década, pero lleva mucho más tiempo cerrada y con la posibilidad de continuar la contaminación latente: hay millones de toneladas de residuos provenientes de la actividad minera del lugar y también provenientes de la planta productora de combustible nuclear Dioxitek, de Córdoba.

Tras el cierre de la producción en Sierra Pintada quedaron en el lugar: 5223 tambores con 1.067,60 toneladas de residuos contaminados (equivalen a 14 toneladas de uranio), el agua de cantera de los efluentes del proceso de lixiviación y las colas proveniente de la lixiviación de uranio con ácido sulfúrico (en total más de 1 millón de metros cúbicos) que no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte, por lo que existe posibilidad de afectación de cursos de agua.

El problema para la ejecución del proceso de remediación es que para poder neutralizar los residuos debe realizarse un proceso similar al que se hacía para producir uranio, usando sustancias que están prohibidas por la ley 7722. La rendija legal que existe es que esa ley prohíbe el uso de esas sustancias para la explotación minera, pero no para la remediación. Por eso la decisión es avanzar, aunque tanto desde el Ejecutivo como los asesores legales entienden que será necesario un blindaje legal mayor para evitar especulaciones. La desconfianza que hubo siempre sobre el tema es que una vez saneados los pasivos ambientales, se realice la reapertura de la mina de San Rafael para producir uranio en la Argentina y no tener necesidad de importarlo, como lo establecía el Plan Nuclear lanzado por Néstor Kirchner. Las tensiones sociales generadas en Mendoza y Córdoba frenaron ese intento.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) establece un grupo de riesgos potenciales: a) las colas de uranio tienen riesgo de que haya emanaciones de gas radón a la atmósfera, radiación gamma y la dispersión a través del  viento o el agua; b) el agua de cantera tiene riesgo de infiltración a través de fisuras en la roca o que debido al exceso de lluvias se desborde; c) los residuos sólidos que tienen altos contenidos de uranio y “las condiciones de almacenamiento (bolsas plásticas dentro de tachos metálicos y enterrado bajo las colas de proceso) hacen a los mismos potencialmente peligrosos”.

La Auditoría General de la Nación advirtió sobre los incumplimientos de la CNEA en el saneamiento de Sierra Pintada con un detallado análisis de lo realizado y lo gastado, que incluye los gastos en consultorías ambientales y expresa que los trabajos proyectados no se cumplieron.

El plan de remediación de la CNEA incluye distintos procesos. El tratamiento del agua de cantera es mediante un sistema de resinas de intercambio iónico  y precipitación, con un plan alternativo de nanofiltración de menor impacto pero más costoso. El tratamiento de los residuos sólidos es el que genera más tensiones dado que usa de ácido sulfúrico: “se deben retirar los tambores de las escombreras, trasladarlos y proceder a la apertura segura, con sistema previsto en el proceso y someterlos a tratamiento” que consiste en el lavado de esos sólidos con agua de cantera, hasta la disolución con ácido sulfúrico y la neutralización con cal de ese material.

Actualmente, se escindió el proceso de la remediación del de la reapertura de la explotación. La Comisión Nacional de Energía Atómica presentó el Manifiesto de Impacto Ambiental para ejecutar el proceso de remediación que está siendo analizado. La intención de las autoridades ambientales es realizar la audiencia pública en octubre de este año y, luego, si no hay objeciones severas, autorizar los trabajos. El gobierno provincial mantiene la postura de autorizar el proceso sólo para la remediación.

Sin embargo, el alerta de los mendocinos se fundamenta en que el Plan Nuclear lanzado por Kirchner no está abandonado en lo conceptual, más allá de que no se lograrán los objetivos planteados para el 2019. Según un informe de la Secretaría de Energía de la Nación de la actual gestión, en el país se consumen 250 toneladas anuales de uranio para los 3 reactores a plena potencia (Atucha I, Atucha II y CN Embalse) y se necesitarán al menos 80 toneladas más para un nuevo generador. Según ese mismo trabajo, en la Argentina, la CNEA informó la existencia de aproximadamente 20.000 toneladas de uranio como “recursos identificados”.

En el plan elaborado por el ex ministro Juan José Aranguren se destaca la necesidad de impulsar la producción de uranio para sustituir importaciones y para impulsar esa industria, además de las presiones generadas por el sector minero. Sin embargo, se reconoce entre las conclusiones las dificultades debidas a la resistencia social al tema.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/mendoza/item/41311-el-desafio-politico-y-social-para-detener-la-contaminacion-en-sierra-pintada

Colombia

Ley de páramos no extenderá protección a todos los ecosistemas de alta montaña

Autor: Carolay Morales , RCN Radio.com

La ONG internacional WWF explica la importancia de esta ley, que solo tiene cinco días para ser aprobada en el Congreso de la República.

Mauricio Cabrera, coordinador de política en temas mineros de WWF (en español Fondo Mundial para la Naturaleza), explicó los alcances de esta ley que podría marcar un hito en la protección del agua en Colombia.

Para Cabrera, es importante que el país tenga claridad sobre la importancia de gestionar esta ley que promueve la protección de 37 páramos en Colombia. Sin embargo, el experto aclara que, no extenderá la protección a los ecosistemas de alta montaña. 

«Estos páramos proveen de agua al 70% de la población en el país. Es urgente reglamentar esta ley que los blinda de grandes proyectos de desarrollo como: ganadería, agricultura y minería a mayor escala», indicó.

Si bien hay preocupación por ‘un riesgo para la subsistencia’ de quienes trabajan la minería, la agricultura y la ganadería en zonas aledañas al páramos, Cabrera añadió que esta reglamentación es solo para proteger los páramos. 

La Asociación de Municipios del Páramos de Santurbán (Asomusanturban), que reúne a los alcaldes de la Provincia de Soto Norte (Charta, Tona, Suratá, Vetas, California y Matanza) a través de su vocera, Ivonne González, manifestó su inconformidad con la eventual aprobación de esta ley. 

González dijo que la ley, de ser aprobada, “va a extender la protección de los páramos a todos los ecosistemas de alta montaña, sin definir ni delimitar lo que es ‘alta montaña’. De tal manera de que si por este ecosistema se entiende lo que está por debajo de la línea de páramo, es decir, lo que está entre los 2.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, hablamos de una ley que afecta las actividades de por lo menos 60 por ciento de la población del país”.

Sin embargo, Cabrera insiste en que este proyecto es exclusivo para los páramos y  argumenta que los límites están siendo establecidos por el Instituto Humboldt, entidad que ya tiene el 70% de los páramos delimitados. 

La ley busca sistemas de reconversión económica en las comunidades que trabajan en los páramos, actualmente sin la posibilidad de acceder a créditos, dado que está prohibida la producción minera, de agricultura y de ganadería.

«Con este proyecto de ley se buscan alternativas para los campesinos. Habrá créditos para que se puedan hacer trabajos de campo en el páramo, pero en menor escala y se abre la puerta para el ecoturismo en esas zonas de forma responsable«, dijo.

Se espera que en los próximos días, los congresistas aprueben esta ley que protege a los páramos de actividades de alto impacto que ponen en riesgo el abastecimiento de agua.

Fuente:https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/ley-de-paramos-no-extendera-proteccion-todos-los-ecosistemas-de-alta

Chile

¿Cómo proteger los glaciares después de la caída del proyecto de ley?

Autor: Andrea Bustos C. Radio U.de Chile

Luego de anunciarse el retiro del proyecto, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, aseguró que estos serán incluidos en el proyecto de ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sin embargo, su creación aún está en trámite en el Congreso y no se ha definido la jerarquía que tendrá la institución ante otros cuerpos legales que regulan inversiones, como lo son proyectos mineros o concesiones eléctricas.

Por ahora, los más de 24 mil glaciares del país, que en total abarcan cerca de 23.641 km2 de superficie, no cuentan con ninguna política pública que regule de forma concreta su cuidado, mantención y protección para evitar que puedan ser vulnerados por proyectos extractivitas.

Desde la ONG Greenpeace fueron enfáticos en rechazar el proyecto desde que este sufrió indicaciones que desviaron su intención de protección inicial, pues consideraban que los cambios aplicados ya no aseguraban la conservación de los glaciares.

Esta acusación fue reafirmada también por la Corte Suprema y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues ambas instituciones habían manifestado que de aprobarse la ley esta permitiría su explotación.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Estefanía González, coordinadora de océanos de Greenpeace, comentó que luego de este apropiado retiro se debe hacer pronto una nueva política pública, pero incluyendo a la comunidad.

Además, señaló que un nuevo proyecto debe hacerse cargo de los daños que está generando la minería a estas reservas de agua: “Cuando uno propone medidas de protección no nacen porque sí, es porque hay una amenaza inminente que genera un peligro de destrucción en las zonas, como el caso de la minería en el norte del país (…) Hoy cualquier proyecto se debe hacer cargo de esa amenaza que significa la minería en el norte, cualquier tipo de proyecto que no nazca desde ahí, que no sea consultado, no va a tener ningún tipo de beneficio para el medio ambiente ni para quienes están afectados”.

Por otra parte, señaló que se debe estar atentos a la inclusión de los glaciares en el proyecto de ley sobre el Servicio de Biodiversidad, porque si bien se ha ofrecido su incorporación, esta medida sigue paralizada por presentar cientos de indicaciones a su documento original.

Respecto al panorama a nivel político, González aseguró que, si bien el gobierno actual está trabajando bajo una agenda pro inversión, la protección del medio ambiente no ha sido prioridad para ningún gobierno anterior, por lo que el problema no radica solo en el mandato actual, sino que ha sido continuado en el tiempo. Por esto, manifestó que es vital que las comunidades se sigan haciendo escuchar para poder proteger sus territorios.

El glaciólogo de la Universidad de Chile, Fernando Ferrando, también se manifestó a favor del retiro del proyecto y afirmó que se debe generar otro pero, que esta vez, incluya algo más que solo a los glaciares, pues el entorno que los rodea también es muy importante de preservar.

Sobre un nuevo proyecto de protección, Ferrando afirmó que este debe dejar de distinguir entre ciertas reservas estratégicas u otras, pues todas deben serlo y, por lo tanto, todos los glaciares deben estar protegidos. En ese contexto, afirmó que se debe incluir el cuidado de los entornos y ecosistemas que dependen de los glaciares, pues todo en su conjunto es lo que garantiza el correcto funcionamiento del medio.

El académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo indicó que bajo el contexto medioambiental que enfrenta el mundo hoy, estas reservas de agua podrían ser claves si se continua con la sequía que se viene desarrollando hasta ahora.

“Estamos en un contexto climático global en que las reservas de agua se transforman en una zona estratégica para todo el mundo, y proteger los glaciares significa tener un regulador natural de los suministros de agua a los sistemas naturales”, aseguró, agregando que su mantención garantiza la disponibilidad de recursos cuando no hay agua o se desarrollan periodos de sequía.

Por su parte, ante la posibilidad de crear políticas de protección, las organizaciones mineras han sido críticas, argumentando que esto podría imposibilitar la tarea de la minera, perjudicando así la actividad económica del país.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, manifestó que de concretarse una ley esto no sería así, y que los reclamos solo responden al deseo de las organizaciones mineras de seguir actuando libremente, pero aseguró que no se puede seguir en la misma dirección que hasta ahora.

Según comentó, el sector minero está acostumbrado a tener libertad de acción sobre los territorios y, aunque una ley de protección podría limitar cierta parte de la minería, esto no acabaría de ninguna forma con ella, por lo que los argumentos empleados no deben sobreponerse a los de las comunidades que buscan mejorar las políticas actuales.

“Yo creo que estamos en una situación donde el país debe recuperar poder decisión para decir que en estas zonas no se puede desarrollar minería y eso es lo que debemos hacer prevalecer, donde los ciudadanos y los territorios vayan teniendo mas poder de decisión en esas legislaciones”, comentó, agregando que de no hacer algo frente a la situación actual “estamos hipotecando las posibilidades de vida de mucha gente en el futuro”.

Además, aseguró que de concretarse el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, este debe garantizar la inclusión de todos los glaciares y no solo de los que estén presentes en parques nacionales o ciertos territorios, como pensaba hacerlo la ley recientemente retirada.

 

Fuente:http://radio.uchile.cl/2018/06/25/glaciares-en-chile-expertos-analizan-su-futura-proteccion/

Bolivia

Agricultores molestos por los daños a ríos Macha y Pocoata

Autor: Erbol.com

Agricultores que viven de los afluentes de la cuenca Macha-Pocoata-Colquechaca en el norte de Potosí, dieron un plazo hasta el 20 de julio para que las autoridades atiendan un pedido de la 5ta Cumbre sobre Medio Ambiente realizados en pasados días.

Muchos estaban furiosos porque no asistieron los viceministros de Minería y de Medio Ambiente, Gobernador potosino y los asambleístas de la región, por lo que amenazaron con movilizarse si no son atendidos en su pedido.

Los productores exigen la construcción de una planta de tratamiento de aguas ácidas, cuyo costo sería de 9 millones de bolivianos, aunque un técnico del Ministerio de Medio Ambiente intentó explicar un proyecto alternativo “sostenible”.

Estaban presentes también autoridades de los municipios de Pocoata y Colquechaca. Asimismo dirigentes de las cooperativas mineras de esta región. La diputada Rosa Álvarez y dos a asambleístas departamentales.

El proyecto de tratamiento de aguas ácidas señala que esas aguas salen del socavón que está más abajo del yacimiento donde operan quienes explotan mineral en Colquechaca, cuyo caudal es de más de 6 litros por segundo.

Precisan  que esas aguas salen desde el interior de la bocamina San Bartolomé, “parte de los fluidos contaminantes van a las  aguas del rio rosario y a toda la cuenca Macha-Pocoata”.

La agricultura en el lugar incluye papa, trigo, cebada y haba, aunque sería mínima y de bajo rendimiento por esto se quiere concluir el proyecto.

Las aguas de buena calidad que salen de los topes gavia 1 y gavia 2 tienen un caudal de 5 litros por segundo y una acidez de 6. En cambio las aguas más ácidas tienen un caudal de 11 litros por segundo y una acidez de 2.63%, es decir, no aptas ni para el consumo humano ni para el riego.

Unas 160 personas entre comunarios, pobladores de Macha, Pocoata indicaron que no están contra la explotación minera,  pero quieren una minería responsable. Los representantes de la cooperativa minera de Colquechaca respondieron que deben ser las autoridades las que responsan a la contaminación.

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/regional/25062018/agricultores_molestos_por_los_danos_rios_macha_y_pocoata

Chile

Gobierno retira Ley de Glaciares en medio de acusaciones por letra chica

Autor: Andrea Bustos C. Radio U.de Chile

Luego de varios meses de discusión y de diversas críticas de organizaciones medioambientales y sociales por el trasfondo del proyecto, la iniciativa fue revisada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de diputados, donde luego del anuncio del gobierno de que no habría recursos, esta se retiró.

 

Mexico

Padre e hijo fueron asesinados por cuidar el agua de Chihuahua. Activistas exigen frenar ataques

Autor: Ivette Lira. Sinembargo.

Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo respectivamente, eran productores de maíz, avena y frijol y además eran defensores del agua desde El Barzón Chihuahua. Hace dos semanas cayeron asesinados en ese estado.

Sus compañeros de lucha narran que ambos se concentraban en la protección de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, situada en los municipios Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada al noroeste de la entidad chihuahuense. Además, Ramón denunció la presencia de grupos armados en el territorio. Habían sido amenazados.

En entrevista para SinEmbargo, Joaquín Solorio, integrante de El Barzón Chihuahua, recordó que padre e hijo “participaban en la exigencia de que se parara la sobreexplotación de la cuenca del río”.

En mayo pasado, comentó el barzonista Gabino Gómez, Ramón había denunciado la presencia de grupos armados en la región e incluso señaló a uno de sus hermanos como parte de ellos: José Ebert Hernández Nevárez, alias “El Viejón”. El señalamiento derivó en el aseguramiento de armas, una camioneta con reporte de robo y equipo táctico, además de la detención del hermano y tío de las víctimas, quien finalmente fue puesto en libertad.

Ante este panorama, Solorio destacó “la obligación del Gobierno de Javier Corral es agotar todas las líneas de investigación. Está el tema del agua, del familiar que pertenece al crimen organizado y de la defensa de las tierras”.

El 13 de junio, padre e hijo, originarios del Ejido San Gerónimo, fueron privados de la vida cuando transitaban en la carretera Santa Clara–Flores Magón, en el municipio de Namiquipa, en el estado ubicado al noroeste de la Repíublica Mexicana.

Un día después del doble asesinato, la Fiscalía General del Estado condenó el crimen y afirmó darle “seguimiento puntual a las indagatorias para esclarecer plenamente el móvil de la agresión, sin descartar ninguna línea de investigación”.

El 16 de junio, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación detuvieron nuevamente a José Ebert, a quien la Fiscalía considera el presunto autor intelectual del doble homicidio, asimismo, fueron arrestados dos hombres más, identificados como Rafael O. S. alias “El Rafa” y Casildo C. H. alias “El Casildo”.

Los tres sujetos, comunicó la Fiscalía, “se ostentaron como integrantes del grupo delincuencial La Línea [el brazo armado del Cártel de Juárez]  y refirieron realizar operaciones ilícitas en la región”.

Pero, días después “El Viejón” fue liberado y pudo llevar en libertad su proceso debido a que le acusó únicamente por posesión de una camioneta robada.

“La Juez de Control, conocedora de la causa penal por posesión de vehículo robado, le impuso medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, no obstante que para esta representación social, existen elementos suficientes para presumir el grado de peligrosidad del imputado, razón por la que se recurrió a una segunda instancia”, reclamó la Fiscalía de Chihuahua.

Sin embargo, la Jueza Fabiola Domínguez, del Distrito Judicial Benito Juárez, dijo esta semana a la prensa local que el detenido fue presentado no por el delito de homicidio, sino solo por robo de auto. Pero el fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, aseguró que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva por posesión de armas de fuego y los antecedentes de “El Viejón”, pero que les fue negada.

El Gobernador Corral fue más allá: declaró que incluso a la impartidora de justicia “se le pusieron de conocimiento las amenazas que había sufrido don Ramón Hernández de parte de su propia familia, de su hermano y sobrinos, de un largo problema”. Y agregó que “por supuesto que hay muchas amenazas contra los jueces, y estamos analizando el caso de la Jueza”.

OSC EXIGEN JUSTICIA

Un centenar de organizaciones de la sociedad civil (OSC) lamentaron el hecho y urgieron a las autoridades a detener “la ola de violencia” en contra de defensores ambientales en la zona y a emprender las investigaciones pertinentes a fin de castigar a quienes resulten responsables.

Las demandas de las asociaciones hicieron “un enérgico llamado” a Javier Corral; César Jáuregui Robles, Secretario General de Gobierno del Estado; Irma Villanueva Nájera, Coordinadora Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General en el Estado; Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob); y Patricia Colchero Aragonés, Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Periodistas, a que en el ámbito de sus competencias:

“Inicien las investigaciones correspondientes para castigar a los culpables de este terrible crimen, así como garantizar la vida e integridad física de todos los miembros de El Barzón quienes están siendo objeto de amenazas de muerte, reforzando las medidas de seguridad de sus integrantes”.

María Colín, campañista legal de Greenpeace México, informó que el 18 de junio pasado enviaron una carta a las autoridades, con la exigencia de justicia; no obstante, al cierre de esta edición no habían recibido respuesta alguna.

Hace algunos meses, el Centro Mexicano de Derecho (Cemda) dio a conocer que de julio de 2016 a diciembre de 2017, hubo 88 ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México. Además, durante dicho periodo se dio un incremento en el número de homicidios que hasta entonces llegó a 29.

La abogada ambientalista recriminó que “a todas luces esto es un ejemplo de lo que ocurre a todo lo largo y ancho del país. Esto demuestra que México es un país sumamente peligroso para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en particular en el tema de la defensa del medio ambiente”.

No es la primera vez que El Barzón Chihuahua es blanco de intimidaciones y agresiones: apenas el mes pasado, Martín Solís Bustamante y Eraclio Rodríguez, integrantes de esa organización, fueron amenazados de muerte por luchar en contra de la construcción y operación ilegal de pozos de agua en la cuenca del Río del Carmen.

Antes, el 22 de octubre de 2012, el dirigente barzonista Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Solís Contreras fueron asesinados. Hasta el momento no ha existido justicia por dichos crímenes y la Fiscalía se ha negado a mostrar el expediente a los familiares, quienes buscan saber en qué etapa va el proceso, acusó Joaquín Solorio hermano de Ismael y cuñado de Manuelita.

Ismael defendía el agua de Buenaventura y se oponían a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver en el ejido Benito- Juárez.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/23-06-2018/3431170

Argentina

Tres años después de abandonar la mina, quebró Andacollo Gold

Autor: No a la Mina .org
Conflicto Relacionado: Andacollo - Minera Andacollo Gold

La firma había obtenido la concesión de la producción de oro y plata en 1998. Luego de cambiar de dueños, 16 años después abandonó la explotación.

La decisión de buscar a los acreedores la tomó un juzgado de Buenos Aires. El proceso de disolución comercial se inició hace seis meses.

Un juzgado comercial decretó la quiebra de la Minera Andacollo Gold SA, a más de tres años de que abandonara la exploración y explotación del yacimiento de oro y plata en el norte neuquino. El proceso fue iniciado el 11 de diciembre del año pasado y ahora se busca dar con sus acreedores e intimar a que la empresa fije un domicilio en Capital Federal y presente sus libros contables.

Andacollo Gold dejó una deuda de 72.047,43 dólares en concepto de regalías, alquileres y aportes a Cormine SEP, según el último balance de la empresa estatal. Cuando se originó el pasivo, el tipo de cambio era de 13,8 pesos, por lo que la devaluación de los últimos años jugó a favor del crédito. Hoy el monto ascendería a más de 2 millones de pesos, una diferencia de cambio positiva superior al millón para la provincia.

Las posibilidades de cobrar la suma, sin embargo, parecieran escasas. El balance presentado por Cormine indica que, al cierre del ejercicio 2017, “no han avanzado las gestiones tendientes a regularizar la situación contractual de Minera Andacollo Gold y Cormine, manteniéndose el incumplimiento de las obligaciones por parte de MAGSA del contrato vinculante”.

Se indicó que los saldos adeudados por la minera “tienen su fecha original de cobro vencida y, a la fecha de cierre del ejercicio, no se puede contar con elementos que permitan estimar su fecha probable de cobro”.

El presidente de Cormine, Martín Irigoyen, señaló ayer que, junto a la Fiscalía de Estado, se está preparando la verificación de crédito para presentarse en la quiebra, que se tramita en Buenos Aires. “Es algo que se veía venir, porque el único negocio que tuvo Andacollo Gold era ese proyecto y, una vez que lo perdieron por incumplimientos, no tenían otra posibilidad de sobrevivir. Era algo anunciado”, planteó.

Entre los principales acreedores de la minera se cuenta a la provincia, a los trabajadores, a los proveedores y a la AFIP. “Es el perfeccionamiento de su maniobra. Con esto se presentan como insolventes para no hacer frente a ninguna deuda. El Estado es responsable frente a la quiebra de esta empresa fantasma que operó con el aval de los funcionarios”, cuestionó Emmanuel Guagliardo, abogado de los trabajadores de la mina.

La empresa nunca presentó un concurso preventivo ni indemnizó a ninguno de los 148 obreros, sino que abandonó el yacimiento a fines de 2014 sin dejar rastros y sin que pueda ubicarse el paradero de sus accionistas. Desde que se firmó el contrato de usufructo, en 1998, la minera cambió de dueños varias veces, siendo la última en 2013 cuando adquirió la razón social un grupo encabezado por el mendocino Javier Maschke, un monotributista supuestamente vinculado a la vitivinicultura y sin antecedentes conocidos en la minería.

En 2015, el entonces gobernador Jorge Sapag pidió esperar hasta después de las elecciones de abril para solucionar el abandono del emprendimiento.

En el 2014, a raíz del abandono del proyecto de explotación de minerales, Cormine asume con una cautelar el control del emprendimiento.
Fuente:https://noalamina.org/argentina/neuquen/item/41267-tres-anos-despues-de-abandonar-la-mina-quebro-andacollo-gold
Mexico

Denuncian que minera no quiere 18 sino 319 hectáreas

Autor: Gabriel RC. Regeneración.mx
Conflicto Relacionado: Chalchihuites-Zacatecas-First Majestic Silver Corp.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) dieron a conocer que, por falta de padrón, no fue desarrollada la Asamblea General de Ejidatarios en San José de Buenavista que buscaba poner a consideración, por medio de una votación la autorización para que la empresa minera First Majestic Silver Corp S.A. de C.V. realice actividades mineras de exploración en los terrenos de uso común del ejido, además de realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Refirieron que First Majestic pretende expandir la exploración hacia los lotes Navidad del 1 al 9, proyectando ocupar de inicio sólo 18.8 hectáreas. Y advirtieron haber detectado que, “según el Sistema de Investigación y Administración Minera (SIAM), hay 10 nuevas solicitudes que acumulan una extensión de 319.56” hectáreas, “lo que indica la amplitud del emprendimiento y que no se sujetarán sólo a la exploración, sino a la explotación y/o beneficio”.

Señaló lo anterior como una muestra de “la ausencia de ética por parte de la empresa hacia los miembros del ejido, a quienes se les ha dicho que la propuesta de expansión será de un periodo corto de cinco años, que habrá beneficios directos y que no habrá ninguna consecuencia medioambiental”.

Agregó que tampoco se les ha informado sobre los impactos socioambientales y económicos que un proceso de exploración conlleva. “Incluso, el ingeniero encargado del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa minera, ayer manifestó que su iniciativa no generaría ninguna afectación en términos ecológicos, evidenciando la poca seriedad y falta de compromiso hacia la comunidad”, poniendo por encima de todo el factor económico, sin importar las afectaciones posibles a las 409 personas que viven en San José, incluyendo a los propios ejidatarios.

La Jornada de Zacatecas informó que previamente a la realización de la asamblea agraria, se llevó a cabo una Asamblea Ciudadana, que contó con la participación de al menos siete ejidatarios y alrededor de 70 habitantes.

El objetivo de la reunión era brindar información específica sobre los impactos negativos que genera la megaminería en términos políticos, económicos y socioambientales; para ello se tuvo la presencia de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, quienes expusieron en tres bloques dicha problemática. Cabe mencionar que la intervención de REMA y OCMZac fue motivada por la invitación de habitantes y ejidatarios que rechazan el plan de expansión que pretende realizar la empresa canadiense.

Esta empresa opera en la cabecera municipal de Chalchihuites, desde 2013, el proyecto Unidad del Toro, que extrae oro, plata y zinc, y consta de cuatro minas, tales como San Juan, Perseverancia, San Nicolás y Dolores, en una extensión de 2 mil 159 hectáreas y 70 concesiones.

Según el SIAM, esta demarcación tiene 215 concesiones y 29 que están en solicitud, es decir, casi la totalidad del municipio se encuentra otorgado a las mineras.

Una de las características que se han identificado en la entrega de concesiones en Zacatecas y que es sumamente alarmante es que se están entregando concesiones mineras bajo las comunidades y núcleos agrarios, incitando la articulación de posibles conflictividades territoriales que incluyen las cuestiones de clase, raza y género.

Fuente:https://regeneracion.mx/denuncian-que-minera-no-quiere-18-sino-319-hectareas/