A las mujeres de Cloete, en el estado norteño de Coahuila, empresas mineras adueñadas por políticos priistas, les quisieron quitar sus casas. Pero no pudieron porque se rebelaron. En 2007, la situación llegó ser tan confusa que por el pueblo corrió el rumor que grupos de la organización criminal de Los Zetas se habían hecho del control de las minas.

Eso no amedrentó a Norma Saldaña Ramírez, Martha Alicia Martínez Ortiz, ni a María del Carmen San Miguel Montalvo quien hoy son de las luchadoras en resistencia en esa población del norte mexicano en contra de las minas a cielo abierto. El año pasado se enfrentaron a elementos del Ejército que intentaron disolver una protesta pública en contra de la reapertura de un tajo que había sido clausurado por la Profepa. Ellas, cuyo trabajo antes era el hogar.

SEGUNDA DE UNA SERIe

– A Norma le dijeron que la tierra de su casa no era fértil. Lo dudó. Cuando esperaba a su quinto hijo, le ofrecieron una cuna y comprar su vivienda. No aceptó. Le secuestraron y torturaron a su esposo. Resistió. Le arguyeron que ya no había zetas; pero que los empresarios mineros podían excavar en total libertad. Se rebeló.

Norma Saldaña Ramírez es una de las mujeres que defienden su patrimonio ante la voracidad de las minas en Cloete.

Son apenas las 11 de la mañana y el termómetro ya marca 38 grados. Los rayos penetran el suelo árido y de nuevo emergen de él.

– Hay que apurarnos antes de que salga más el sol. Después de las 12, la temperatura sube a 42 grados centígrados, a veces, hasta los 50”, advierten Martha, Norma y María del Carmen, mientras caminan por el terreno agreste y muestran la destrucción que dejaron las minas a cielo abierto, cuevas y pocitos que irrumpen en Cloete Norte.

Cloete es un pequeño poblado, de no más de cuatro mil habitantes, ubicado en Sabinas, dentro de la llamada Región Carbonífera de Coahuila, donde yace la mayor concentración de reservas de este mineral en México.

Una llanura invadida por profundos socavones negros que devoraron árboles, calles, matorrales y cuanto encontraron a su paso. El paisaje evoca a una imagen de guerra tras un bombardeo.

Los boquetes dividen colonias, como la Cocedores, Barrio dos y Lomas Altas. En esos fraccionamientos viven Norma Saldaña Ramírez, Martha Alicia Martínez Ortiz y María del Carmen San Miguel Montalvo.

Este trío, desde hace tres años y junto otras vecinas, han desafiado a los caciques mineros de la región.

“Nosotros nos opusimos a que trabajaran. Tenemos una lucha durante dos años con ellos para que no abrieran sus tajos y minas ilegales. Fueron constantes pleitos para que se retiraran de nuestra comunidad. Ellos no querían”, dice María del Carmen.

Al fondo del tajo, ubicado a menos de 80 metros de la colonia Lomas Altas y menos de 30 metros de la casa de Norma Saldaña, circulan camiones de volteo que descargan tierra y material.

Martha explica que las máquinas “rellenan” la oquedad abierta años atrás, sin los estudios y estándares que ordena la ley. Esto –dice- materializa el éxito de la lucha.

LA INVASIÓN Y EL TERROR

Hace más de 30 años entraron a Cloete y La Agujita las empresas extractivas de carbón.
María del Carmen reseña que primero aparecieron en la zona sur del pueblo. En aquel entonces ella veía lejano el problema, hasta que las excavaciones amenazaron su casa.

Las minas se expandieron como plaga por todo Cloete durante el periodo de Humberto Moreira, quien gobernó el estado de 2005 a 2011.

Norma Saldaña siempre ha vivido ahí, al menos desde que tiene memoria. En 2003, relata, llegó Álvaro Jaime, actual regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sabinas, Coahuila. El político-minero se presentó como concesionario y dueño de los terrenos de Cloete, dice Norma.
Anunció al avecindado que abriría tajos y ofreció comprar las propiedades en 30 mil pesos cada una y reubicar a quienes aceptaran.

En ese entonces Norma estaba embarazada, esperaba a su quinto hijo. El minero le ofreció regalarle una cuna y pañales si convencía a su esposo de vender. Para tratar de subyugarla, le argumentó que el terreno donde vivía no era tierra fértil, y su inmueble carecía de más valor por estar cimentado en una zona rústica. Norma y Martín, su esposo, rechazaron la oferta.

Otros ejidatarios tampoco aceptaron.

“Nos juntamos más de 60 vecinos que no estábamos de acuerdo en sus propuestas de reubicación, mientras que otros pobladores sí se cambiaron porque no querían
emprender una batalla”, rememora.

La gente que se pronunciaba en contra de los tajos y pozos era amenazada y amedrentada.

“En el 2007, como no estuvimos de acuerdo, empezaron a golpear y secuestrar gente para que se fuera de la zona. Decían que las minas eran de los zetas; pero no sabemos si de verdad eran zetas o los concesionarios”, platica Norma.

La población no podía oponerse al avance de las minas porque estaba aterrorizada, pues se decía que en la Agujita, Cloete, Las Esperanzas y Nueva Rosita eran del sanguinario grupo delictivo.

El temor paralizó a varios habitantes que -como Norma-, en ocasiones, llegaron a quedarse sin salir de sus casas por días y noches. Ni siquiera por comida o para enviar a sus hijos a la escuela.

Algunos de los pobladores no soportaron y prefirieron dejar la villa.

La minas a las que se referían como propiedad Zeta, eran dos pozos operados, en esos años por el concesionario Servando Guerra, quien hasta la fecha trabaja concesiones del regidor priísta Álvaro Jaime Arellano, detalla la Familia Pasta de Conchos en un informe elaborado en 2018 con apoyo de la organización internacional Heinrich-Böll-Stiftung.

El costo por resistirse a la mina fue alto para Norma y Martín. En ese 2007, el joven carbonero fue privado de la libertad tres días y torturado.

Martín y un primo de él -narra- fueron detenidos por la policía municipal de Sabinas. Norma acudió a la comandancia para pedir información sobre el arresto de su esposo. Oteó el libro de detenciones de la policía local,  halló el nombre de su pareja y preguntó por él; pero no le permitieron verlo. Horas después regresó y le anunciaron que ya había sido liberado.

Norma volvió a su casa pero su esposo no estaba allí. Por tres días no supo nada de él. Martín, alto y de complexión muy delgada, regresó golpeado: había sido entregado a un grupo armado que lo torturó.

“Tenía la espalda toda molida, yo pensé que ya no se iba a levantar porque llegó a rastras. Era un viernes por la noche”, recuerda Norma.

Los agresores ordenaron a Martín, mientras lo vapuleaban, que tenía que dejar su finca. La golpiza dejó incapacitado por más de un año al carbonero, quien es el sustento de su familia.

Martín no podía mantenerse en pie y, mientras vomitaba sangre, se tragada el dolor, pues no quiso acudir al hospital o algún doctor por el temor. Esa había sido otra de las advertencias de los atacantes.
Los parientes del matrimonio y el jefe del minero los apoyaban: la familia con comida y el patrón con un poco de dinero.

En el pueblo se esparció el rumor de que a Martín lo “tablearon” los Zetas por oponerse a las minas. Así se sometió a los pobladores.
Los colonos que quedaban para combatir las minas fueron divididos.

“En 2008, dijeron que cinco personas habíamos vendido la vivienda. En esa versión falsa, nosotros éramos de los que (supuestamente) habíamos vendido. Que mi esposo había agarrado medio millón de pesos y no fue así. Los habitantes se fragmentaron. Cada quien andaba por su lado”, abunda Norma.

II

LOS SEÑORES DEL CARBÓN 

El carbón que se extrae de Coahuila era adquirido por Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), un organismo descentralizado del Gobierno de Coahuila -creado en 2003- y que funge como intermediario ante la Comisión Federal de Eléctricidad (CFE), que usa el mineral para el abastecimiento de las Centrales Termoeléctricas José López Portillo y Carbón.

Álvaro Jaime Arellano, primer regidor del PRI del municipio de Sabinas, es el propietario de las concesiones de Cloete Norte [título 217332] y Cloete Centro [título 216996]. Unas zonas de estas concesiones están en la superficie que es propiedad de Miguel Valdés, y de Fernando Mendoza Bernal, documenta el informe Carbón Rojo 2018.

Servando Guerra Rodríguez y Reynol Bermea Castilla son los que administraban las concesiones de Álvaro Jaime, sin Manifiesto de Impacto Ambiental.

Las minas de las concesiones Cloete Norte y Cloete Centro son las que, durante el Moreinato, le adjudicaban a los zetas mediante rumores, detalla el reporte de OFPC.

Reynol Bermea Castilla era hermano Joel Bermea Castilla, dueño Minera Las Cuatas. Ganó contratos con Prodemi a partir del año 2009.

Reynol, que no tenía una compañía, rentaba el terreno colindante entre la concesión Cloete Norte.

Servando Guerra obtuvo tres contratos durante los gobiernos de los priistas Humberto y su hermano Rubén Moreira Valdez, quien gobernó Coahuila del 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2017. La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) estima que el trío de convenios representan al menos 146 millones 250 mil pesos, tomando el precio mínimo pagado que paga Prodemi.

Álvaro Jaime Arellano y Antonio Nerio Maltos, actual diputado local por Partido Revolucionario Institucional (PRI), son dueños de la empresa Integración Minera.

III

CÓMO INICIA UNA BATALLA

Álvaro Jaime Arellano, Servando Guerra Rodríguez y Reynol Bermea Castilla se apropiaron poco a poco de los terrenos en Cloete.

Los tajos se extendieron hasta llegar al patio de la casa de Norma Saldaña. Un socavón estaba a 30 metros al norte de su vivienda y otro al lado. “Ya estaban escarbando casi en mi patio hacia abajo de mi casa”.

El miedo seguía dentro de Norma y su esposo; pero aun así recurrieron a los vecinos y familiares, en busca de respaldo para detener la expansión de minas que afectaban su inmueble, el cual ya tenía severas cuarteaduras, hondas grietas y parte del suelo se sumía.

“Fuimos con la gente a que nos ayudaran porque los tajos nos iban a tumbar las casas. Y no es justo. Ese es nuestro patrimonio, de nuestros hijos. Nos están quitando todo lo que hay aquí, en Cloete”.

Los residentes de Barrio Tres y Cocedores hicieron un plantón en 2014. Detuvieron parte de la maquinaria que carcomía el territorio y quería avanzar hacia la vivienda de Norma, cuenta la ama de casa.

La calle Australia en Cloete sólo se encuentra en los mapas de Google porque en la realidad no existe. Los tajos destruyeron caminos e incomunicaron a colonias de la zona.

El 31 de octubre de 2014, Reynol Bermea Castilla fue ejecutado en Coahuila. No pasó mucho tiempo cuando Servando Guerra y Álvaro Jaime Arellano, junto a  autoridades municipales de Sabinas, fueron con los residentes de Cloete y anunciaron que “ya no había Zetas”, narra Norma.

Las familias se armaron de valor, pues temían que sus hogares, de un momento a otro, fueran absorbidos por la tierra. Desde entonces se enfrentaron a los mineros que – avalados por las autoridades locales – extraían carbón bajo la ilegalidad.

Cristina Auerbach Benavides conoció a Norma y a los pobladores de Cloete en el 2015, mientras las residentes trataban de detener las retroexcavadoras.

La defensora de los mineros explicó a los pobladores que las minas actuaban mal; que violaban sus derechos y que ellos -los afectados- podían denunciar.

Las minas no solo hacen tajos también perforan por debajo de las casas.

Dentro de los socavones hacen cuevas o, desde un pozo de tiro, meten a los mineros y cavan “túneles” para extraer carbón, según explica Martha Alicia Martínez.

El 9 de febrero de 2015, Norma acudió a las oficinas del Ministerio Público local para denunciar a las minas por los tajos.

La joven recuerda que Juan Jaime Zamora, en ese entonces encargado de la agencia receptora de denuncias de Coahuila, se negó a levantar la querella pues ni siquiera le preguntó el nombre. Sólo le cuestionó qué quería exponer.

Saldaña Ramírez narró su situación; pero el funcionario le respondió que no podía hacer nada porque ese terreno ya estaba vendido. El servidor público le comentó que mejor llegara a un acuerdo con los empresarios, asevera la entrevistada.

“El Ministerio Público me dijo que yo me fuera de aquí; que vendiera y me retirara. Sentí horrible porque yo fui a a pedir ayuda y me dijeron lo contrario”, abunda.

Norma no se rindió. En compañía de varias mujeres, se apersonaron con el entonces alcalde de Sabinas, Ignacio Lenin Flores Lucio para exhibir el problema.

Álvaro Jaime Arellano, Servando Guerra Rodríguez también arribaron con el munícipe, al igual que José Pichardo González de Protección Civil local mismo que defendió a los empresarios.

“Pichardo decía que dejáramos trabajar a la mina, que ellos estaban en su derecho porque el concesionario había comprado la casa de enfrente y podía hacer lo quisiera”, agrega.

Las pobladoras refutaron.

Norma afirma que el mismo alcalde de Sabinas le sugirió a Servando y a Álvaro que podían demandar a los ciudadanos nos demandaran por despojo. Y así sucedió..

En el 2016, las mujeres de Cloete fueron acusadas de “distraer” las maquinas y no dejarlas trabajar. La demanda reclamaba la pérdida al menos 80 millones de pesos por parar labores. “Nos inculpaban de cosas que no eran ciertas”, acota Norma .

IV

LAS MUJERES DE CLOETE
La distancia cada vez más corta entre el bordillo de la mina y su casa alertó a Martha Alicia Martínez Ortiz que algo estaba mal. El tajo estaba a 50 metros de su hogar. Fue en 2015.

–¿Por qué están trabajando tan cerca de nuestros hogares?– cuestionó Martha a uno de los trabajadores.
El supervisor de la obra se limitó a decir que ellos tenían permiso de Antonio Nerio y que ya nada podía hacerse.

“Nos trataron muy mal. A mí eso me dio tanto coraje que mi reacción fue de levantarnos y pelear, porque no es justo que vengan a tumbar nuestras casas”, asevera Martha con determinación.

María del Carmen Sanmiguel, también de Lomas Altas, está en la misma situación. Las vecinas decidieron ponerse a indagar y pronto encontraron que el diputado priísta Antonio Nerio Maltos, ex alcalde de Nueva Rosita y empresario minero, era el hombre detrás de la mina que se consumía la zona y que Miguel Valdez -dueño del terreno- le otorgó un supuesto permiso para trabajar”.

“Los alcaldes, los regidores y gobernadores son los que dueños de todo esto; pero se echan la bolita unos a otros”, dice María del Carmen.

Las mujeres empezaron a reunirse para detener la invasión minera en sus hogares.

Cristina Auerbar Benavides, que desde el 2006 da acompañamiento a las familias de Pasta de Conchos, asesoró a las ciudadanas: les enseñó mapas, las instruyó sobre el tema y las puso a estudiar el Manifiesto Ambiental que deben cumplir todas las compañías.

“Nos enseñó cómo nos debíamos de defender, que hay un manifiesto ambiental de que tiene que respetarse”, detalla María del Carmen.

El conocimiento de los reglamentos, en especial el que establece  350 metros de distancia entre los borde de las minas y las zonas habitacionales, dio las armas a las ciudadanas para luchar por sus patrimonios.

Desde entonces, salieron a poner un alto a los tajos de Cloete, enfrentándose a mineros e incluso fuerzas policiales.

Martha recalca: “Mientras ellos estén a 350 metros nosotros no los debemos molestar, pero si ellos están a menos de eso, nosotros teníamos que luchar”.

Su batalla empezó a rendir frutos en 2016. La Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) clausuró el tajo de Cloete Norte de Álvaro Jaime y Antonio Nerio por operar a menos de cien metros de la zona habitacional.

Pero los empresarios mineros no se habrían de quedar de brazos cruzados.

Las Mujeres de Cloete, integrantes de Organización Pasta de Conchos, cobraron reconocimiento en la región carbonera después de sostener una protesta en la que “enfrentaron” a elementos del Ejército a inicios del 2017.

***

Un fuerte estruendo, seguido de sonidos de la maquinaria pesada en circulación avisaron a las mujeres de Cloete que pretendían reiniciar operaciones en el tajo clausurado.

Al menos 15 señoras se congregaron en el socavón y se apostaron frente a la maquinaria que conducía un joven obrero. Al muchacho le explicaron que no podía seguir y que ellas no permitirían efectuar ninguna labor extractiva. Después, se plantaron hasta estar seguras de que no habría algún otro conato de apertura.

María del Carmen cuenta que “los empresarios enviaron a elementos del Ejército para tratar de ahuyentar a las mujeres”.

La presencia de los militares -según expuso uno de ellos – se debía a que reportaron que en esa manifestación tenían a un hombre “secuestrado”. 
En ese momento, el empleado de la mina se tomaba un refresco junto con las manifestantes, -detalla María-. El obrero aclaró que no se trataba de ningún plagio.

Pero no quedó ahí. Uno de los elementos del Ejército amenazó con llevarse detenidas a las mujeres si no retiraban la protesta.

Las luchadoras no llevaban pistolas, ni rifles. La única arma que tenían para confrontar a los soldados era argumentos jurídicos. Y así lo hicieron.

Los caciques mineros arguyeron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya les había retirado la clausura. Las mujeres, a sabiendas del comportamiento de los dueños de las minas, dudaron y solicitaron ayuda para Cristina para corroborar la información. En efecto, la dependencia había ordenado el levantamiento de la clausura, pero no para reiniciar operaciones sino para tapar el enorme hoyo que dejaron en la zona.

Integración Minera y Grupo México pretendían extraer carbón con el título ya cancelado de la concesión; pero las mujeres de Cloete lograron impedirlo.

La compañía y Álvaro Jaime Arellano planeaban obtener 200 millones de pesos (de ese año). Un 10 por ciento sería para Álvaro Jaime, por ser el dueño de la concesión, mientras tanto, a Miguel Valdés se le pagarían 600 mil pesos, asienta la organización “Familia Pasta de Conchos” en su informe “Carbón Rojo 2018”.

Cuando las mujeres de Cloete, como parte de la organización “Pasta de Conchos” se levantaron para defender sus derechos y su patrimonio empezaron a ser señaladas. Marta tiene fresco el recuerdo.

“Fuimos llamadas revoltosas y problemáticas. Pero no lo hacemos por capricho. Existen leyes y la ley dice que no puedes trabajar a menos de 350 metros. Fuimos tachadas de muchas maneras […] pero vamos a seguir, porque hemos visto muchos cambios y uno de ellos aquí está: —señala al socavón– cerrar un tajo que está tan cerca de nuestras casas”.

Martha y Norma continúan caminado por el sinuoso sendero. Muestran una estructura de madera y fierro viejo sobre un agujero angosto y largo del que salen moscos y emanan olores nauseabundos que penetran las fosas nasales hasta hacerlas arder.
“Este iba a ser uno de los pocitos que también paramos y cerramos”, dicen con orgullo las mujeres.

Al menos cinco tajos han sido cerrados en la lucha de estas mujeres.

Las vecinas de Cloete y sus familias se mantienen en alerta. Un estallido o cualquier ruido extraño y se llaman entre sí. Ante cualquier indicio de que los “coyotes del carbón” intenten reactivar un tajo, cueva o pozo clausurado, se juntan para ir a evitar que continúen.

Martha advierte: “Nosotros vamos seguir luchando porque ya nos gustó el cambio, el vivir en la tranquilidad en tener el pueblo y ver el cambio que hemos logrado”.

V

EN TIERRA MACHISTA

La pujanza de las mujeres de Cloete y su movimiento sobresale porque nace y crece en las hoscas tierras del carbón que aún conservan un enraizado “machismo”.

Esto es parte de un cambio en la sociedad de la región carbonífera y las familias de los mineros a raíz de Pasta de Conchos, la tragedia que giró los reflectores a toda esa zona.

Cristina Auerbach explica que en la minería del carbón se agravan los atributos que, por cultura, se dice pertenecen a los hombres: como la fuerza y la valentía.

No obstante, la activista considera que, en doce años, las mujeres se han apropiado del tema de la mineras del carbón. Ejemplifica que ahora un gran número de las mujeres de la región saben de minas. “Eso no existía antes, ni siquiera conocían el lenguaje. Muchas de ellas no sabían ni de terrenos, ni de seguridad de las minas; muchas siquiera sabían donde estaba Pasta de Conchos, no tenían idea. Ahora las mujeres hablan de minería”.

Martha Alicia Martínez coincide en que hay una notable transformación: “Aquí es tierra de hombres machistas; pero ahora hay muchos hombres que dejan que la mujer vaya adelante, porque antes la mujer era atrás, y no podía decir nada”.

“Cuando empezamos nuestra lucha en el tajo, cuando la gente supo de esa vez que luchamos contra el Ejército, decían: ‘¿¡Cómo pude ser posible que ustedes hayan luchado y hayan estado frente el Ejército!?’. Es bonito saber que muchas mujeres se sienten identificadas con nosotros y que nosotros ahora somos ejemplo” comparte.

Martha era un ama de casa que dedicada sus días a los quehaceres del hogar, preparar la comida para su esposo, llevar los niños a la escuela, quedarse en su vivienda y esperar a que su marido retornara del trabajo. Si salía, era al supermercado o con sus padres y nada más. Ese era un día normal para ella.

Al día de hoy, la mujer divide sus tareas hogareñas con las movilizaciones, las reuniones con su compañeras, diligencias, la vigilancia de los tajos y apoyo para otras causas.

“Ahora me siento orgullosa de saber que logramos mucho [en su pugna contra las minas ilegales]. Me da orgullo saber y decir que somos mujeres. Que somos nosotras las que -con el apoyo nuestras familias que están detrás- vamos al frente” expresa con efusividad.

María del Carmen San Miguel Montalvo confirma que la batalla emprendida ha sido inspirada y por las familias de Pasta de Conchos.

Cristina Auerbach sostiene: “Creo que Pasta de Conchos es una lucha que ganamos las mujeres en una cultura donde está exacerbado el machismo”.

***

Norma llega a su casa apurada para organizar la maleta. La joven madre, que años atrás se encerró por temor, hoy se prepara para viajar a otro estado a un encuentro de activistas que confrontan los mega-proyectos de energía que violentan la tierra, su sustentabilidad y los derechos de sus hijos.

Su esposo Martín, un carbonero y aliado de las mujeres de Cloete, ayuda a Norma con los detalles finales de su viaje y se dispone -junto con su hijo varón mayor- a preparar la comida para los invitados: sale de su casa y se dirige a un pequeño invernadero, al lado de la vivienda. Toma unas cebollas.

Allí, en esa tierra que los caciques del carbón les afirmaron era infértil, el matrimonio ya tiene una modesta cosecha de cebolla, chile, cilantro, y sandía.

La familias de Norma, María, Martha y miles de personas de la región carbonífera se enfrentan todos los días a las violaciones a los derechos humanos, promovidas, protegidas y alentadas por el mismo Estado, y nadie dice nada, destaca Cristina Auerbach.

La activista concluye que hay un mito en torno a los proyectos extractivos porque debieran generar desarrollo y bienestar, pero más bien, afectan a las comunidades sin asumir ninguna responsabilidad.

“La carbonífera muestra el resultado de una Reforma Energética que deja en manos de las empresas un modelo extractivo que no señala responsables, culpables y que, además, no brinda ningún desarrollo a la región”, afirma.

La defensora concluye: “Lo que  muestra esta región es que es de una fortaleza brutal. Uno entiende por qué han sido capaces [empresas y Estado] de tratarlos de esa forma, cuando uno ve lo que son capaces de resistir”.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/29-06-2018/3434850