Pese a que el pasado 29 de mayo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó el cierre definitivo del Tajo y Botadero “Jessica” de la unidad Minera Arasi, ubicada en el distrito de Ocuviri (Lampa) por la contaminación ocasionada en la cuenca Llallimayo, la empresa Aruntani SAC estaría operando con normalidad, así lo dio a conocer el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ocuviri, Cosme Cari Huaynacho.
El alcalde Cari sostuvo que “las autoridades no se pronuncian, a pesar que los pobladores han estado a la espera de que esta empresa ya no opere pero continua haciéndolo hasta la fecha”, dijo. Frente a esta situación los pobladores de Ocuviri iniciaron una huelga indefinida el lunes 9 de julio bloqueando la carretera que une Puno y Cusco (sector de Vilapata distrito de Ayaviri -Melgar), y exigiendo a Aruntani SAC la recuperación inmediata de la calidad de agua de los ríos contaminados por esta misma y su cierre definitivo.
En comunicación con Noticias SER, uno de los pobladores declaro que la empresa no muestra interés en dialogar con la población para iniciar el proceso de remediación de la calidad del agua, “estamos a la espera de una comisión de Alto Nivel de la Presidencia de Consejos de Ministros para solucionar la contaminación de las cuencas de Jatun Ayllu, Llallimayo, Ayaviri y Chacapalca”, asimismo añadió que no levantaran la medida de lucha hasta que los ministros, representantes del OEFA y la ANA, y la empresa minera se presenten a dialogar, “vamos hacer respetar nuestros derechos, no es un favor que le pedimos a las autoridades es su deber”, puntualizó.
Autor: REd.Muqui.org Conflicto Relacionado: Río Blanco
Mediante un pronunciamiento difundido por las rondas campesinas de Huancabamba y Segunda y Cajas; se da a conocer la situación de las comunidades y su postura con respeto al Proyecto Minero Río Blanco en Piura.
PRONUNCIAMIENTO
A las autoridades del gobierno Central, regional de Piura, provincial de Huancabamba y distrital de Carmen de la Frontera, a las instituciones públicas que resguardan la protección de los derechos de las comunidades originarias y ancestrales del Perú; así como a los medios de comunicación regional de Piura y nacional radial, televisiva y de prensa escrita.
A todos ellos, las organizaciones de base de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Huancabamba, nos dirigimos para expresar que en asamblea de autoridades comunales y ronderiles, el domingo 8 de julio de 2018 en la casa de las Rondas Campesinas de Huancabamba, acordamos expresar lo siguiente:
1. Las comunidades y rondas campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) se reafirman en lo expresado en la Consulta Vecinal del 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en rechazo rotundo a la actividad minera y en favor de un tipo de desarrollo basado en la actividad agrícola, ganadera y de turismo sostenible.
2. Rechazamos las estrategias que la empresa minera Río Blanco Copper viene empleando para conseguir licencia social, que claramente ha sido negada por nuestras comunidades. Entre ellas tenemos la conformación de organizaciones con supuestos fines de dialogar o proponer proyectos de desarrollo en esta región; la infiltración en nuestras organizaciones para generar conflictos y divisionismo; o la recolección de firmas a cambio de dádivas o dinero a través de sus promotores.
3- Rechazamos que la Universidad Nacional de Piura haya firmado un convenio de cooperación institucional con la empresa minera Río Blanco Copper, con supuestos fines de capacitación juvenil en Ayabaca y Huancabamba, sin tomar en cuenta de que se trata de una empresa cuyo actuar ha dejado un saldo de 10 personas muertas, personas discapacitadas, viudas y huérfanas; y la desconfianza sembrada en nuestras organizaciones a raíz de sus intentos de convencimiento.
4.Rechazamos el actuar clandestino y autoritario que Río Blanco Copper (Ex Majaz) tiene desde sus inicios. Es así como, en relación a su oficina, clausurada por la Municipalidad Provincial de Huancabamba, esta seguiría funcionando de manera clandestina y violando la disposición municipal.
5-Afirmamos que la empresa minera Río Blanco Copper vulnera nuestros derechos fundamentales reconocidos y amparados por la Constitución Política del Perú, en la Ley 24656- Ley General de Comunidades Campesinas, Ley 27908- Ley de Rondas Campesinas, Ley 24657-Ley de Tierra, Ley 29785-Ley de Consulta Previa; así como en otros instrumentos de protección internacional como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.
Por ello, en nuestra calidad de guardianes de nuestro ecosistema de páramos y bosques de neblina, seguimos vigilantes y en pie de lucha, exigiendo al Estado Peruano y demás autoridades competentes que cumplan con su rol garante del respeto a nuestros territorios y derechos colectivos, como corresponde a los valores y principios de un Estado democrático y pluricultural. No hacerlo es avalar el proceder ilegal y arbitrario de la empresa minera Río Blanco Copper.
En el marco de la Ley de Páramos que fue aprobada en sesiones extra del Senado el 27 de junio, campesinos del sector del Páramo de Santurbán se reunieron en el municipio de Silos (Norte de Santander) para expresar su inconformidad ante la problemática de la redelimitación del Páramo , y el incumplimiento de la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional. Esta sentencia falló en contra de los límites demarcados en el año 2014 ya que el Gobierno desconoció la opinión de la comunidad.
El trazado vigente se oficializó el 19 de diciembre de 2014 mediante la Resolución 2090 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -Mads- que, además, legalizó a las empresas mineras en la zona y desvirtuó el concepto de Páramo en Santurbán. Incluso la comunidad expresó en varias ocasiones que el Mads incumplió de nuevo , pues no garantizó seis meses después del fallo la participación real de la ciudadanía por medio de la socialización de la reciente delimitación Ronald González, integrante de la veeduría ciudadana ‘Dignidad Minera’ del municipio de Vetas (Norte de Santander) comentó: “Dieron unas fechas y al municipio de Vetas le correspondía la primera reunión el 7 de junio, y la siguiente sería para el día 22. En esas dos reuniones se daría el tema de concertación, pero se aplazaron esas reuniones y no volvimos a saber del Ministerio”.
Dudosa delimitación
Las y los habitantes que vienen luchando desde hace varios años por el Páramo de Santurbán expresan que el Gobierno no tiene en cuenta a las comunidades que viven allí: “El Gobierno por medio del Ministerio de Ambiente hace una delimitación del páramo con unos estudios técnicos muy falibles y poco aptos para nuestra actividad socioeconómica. Nos vemos afectados porque se nos está violando el derecho al trabajo, a un hogar”, argumentó Luis Henry Mantilla, representante de la Comunidad Agrícola de los municipios Silos y Cácota (Norte de Santander).
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt delimitó que,, el municipio de Vetas está en zona amarilla, pues su casco urbano se encuentra a 3.180 metros sobre el nivel del mar, pero que las entradas al túnel de la mina La Elsy-Trompetero se encuentran a 2.950 y están en franja verde .
Julian Villamizar, integrante de la veeduría del Páramo de Santurbán, manifestó: “Según Humboldt el Páramo de Santurbán es un desierto, más no es así, aquí hay miles y miles de familias que viven de la agricultura y de la ganadería” Además se cuestiona el hecho de que al departamento de Santander del Sur se le haya delimitado sobre los 3.100 metros y a Norte de Santander sobre los 2.800. Fredy Maldonado, presidente de la veeduría ‘Todos Somos Santurbán’ afirmó: “El Gobierno nos ha planteado la delimitación a partir de los 2.800 metros de altura, de ahí en adelante no quieren que nosotros hagamos actividades agrícolas ni ganaderas, y por encima de esa altura es que se encuentra la mayoría de la población campesina. ¿Quizás el Gobierno Nacional quería hacerle un campo a las multinacionales mineras o tal vez petroleras?”.
Soberanía alimentaria
Los campesinos reclaman que son soberanía alimentaria para gran parte del territorio nacional y le exigen al Gobierno tener en cuenta que con la propuesta que será presentada el próximo 7 de agosto, para delimitar en Páramo de Santurbán, despojan propiedades a miles de familias.
Luis González, veedor del municipio de Silos. señaló: “Socioeconómicamente no saben quiénes somos ni dónde estamos. Aquí siempre vienen hablando a favor del Gobierno, del Ministerio, del Humboldt, y la voz de nosotros los campesinos no se tiene en cuenta para nada, somos los marginados del paseo, pero cuando esta ley llegue a cumplirse nos va a tocar ser desplazados”.
Así pues, la comunidad ratifica que la Ley de Páramos no ayuda para resolver sus necesidades sino que por el contrario deja muchas dudas acerca de su futuro socioeconómico. Jairo Maldonado, agricultor del Páramo de Santurbán, expuso: “Yo soy nacido aquí, ya tengo 40 años de estar acá, y mis papás y mis abuelos también vivieron de la agricultura, y es muy triste que nos lleguen a desplazar. Nosotros estamos de acuerdo en cuidar el agua, pero también que nos dejen sembrar nuestros productos como la papa y la cebolla, y que cada uno sea responsable de los nacimientos”.
El Gobierno pretendió dar respuesta a estas problemáticas con la Ley de Páramos, sin embargo, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible -CAR- no han tardado en expresar su descontento ya que esta Ley destinará desde la capital del país los recursos que hoy llegan directamente a las regiones, sin tener en cuenta las necesidades y evaluaciones que se hacen desde cada contexto en materia ambiental.
Ruta de Acciones
Los campesinos están cansados de que el Mads se dedique únicamente a convocarlos por redes sociales, sin tener en cuenta que la mayoría de la comunidad no los utiliza, mientras ignoran las emisoras comunitarias que sí son escuchadas por la comunidad
Nelson Martínez, integrante de la veeduría ‘Santurbán somos todos y todas’ enfatizó: “Lamentablemente el Gobierno Nacional cree que puede legislar y aprobar normas desde Bogotá y no se tiene en cuenta el contexto de nuestros campesinos. Vamos a enviar un derecho de petición al Ministerio exigiendo que nos diga cómo han sido esos medios de convocatoria a nuestras comunidades. Vamos a manifestarnos también con la Procuraduría y Defensoría del Pueblo porque ellos tienen la responsabilidad de ayudarnos en estos procesos”.La comunidad campesina afirmó que iniciaron el proceso para conformar una red de veedurías cuyo fin sea vigilar el proceso participativo que lleva el Ministerio de Ambiente con el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán.
Autor: Emiliano Teran Mantovani , Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Si usted vive en Venezuela, probablemente tenga en este momento serios problemas de acceso al agua potable y de calidad. Al calor de la crisis que vivimos, florecen en todos los rincones del país múltiples protestas, de familias y comunidades que han pasado semanas consecutivas, y hasta meses, sin recibir el líquido.
La situación es muy preocupante. Pero no piense que se trata sólo de consecuencias coyunturales. Ciertamente ha existido una gestión del agua cada vez más indolente, improvisada e irresponsable por parte del Gobierno nacional (aunado a su deficiente y lenta capacidad de resolución ante averías e incidencias que afectan al sistema de distribución). A la vez, vivimos tiempos de eventos climáticos cada vez más extremos y frecuentes –recordemos las extraordinarias sequías de 2010, 2013/2014 y 2015/2016–, en el marco de las tendencias del cambio climático, que apuntan a aumentos progresivos de la temperatura media, así como a la disminución de las precipitaciones y cambios en sus ciclos.
Pero es importante resaltar que esta crisis hídrica es también el reflejo de un problema de fondo, que tiene que ver con el modelo de desarrollo extractivista y desarrollista; con décadas de degradación de las fuentes de agua por las lógicas depredadoras que conlleva; y con las formas de ocupar los territorios y de relacionarnos con la naturaleza.
Todo esto significa que esta crisis va más allá de sus ojos, más allá del grifo: el agua fluye por múltiples ámbitos geográficos, se mueve en ciclos vitales, y si alguna parte o ámbito de esos ciclos es afectada, eso impactará en el agua que usted finalmente consumirá (o no).
Así que esto nos lleva a hacernos preguntas de más amplio alcance. Y la situación nos invita a actuar con premura, aunque hayan empezado las lluvias.
La geografía del agua y el extractivismo en Venezuela
Si usted revisa las noticias y la discusión general sobre la problemática del agua, verá que hay un enorme sesgo que favorece a los procesos finales de la distribución de este bien común: racionamiento social en los hogares, sistema de tuberías y bombeo, etc. Son claramente los temas más mediáticos porque son los más próximos al grueso de la sociedad afectada. En este sentido, muy poco se habla de lo que va ocurriendo “aguas arriba” de todos estos procesos.
Previo al envío para el consumo último están los procesos de potabilización de las aguas, los cuales se han precarizado en los últimos años. Pero esto no ocurre únicamente por insuficiencias técnicas en las plantas, sino también porque las aguas están llegando aún más contaminadas, lo que acentúa el trabajo de potabilización.
Esto nos lleva evaluar la situación de los embalses del país, desde donde se envían estas aguas. La imagen recurrente de la crisis es la del drama de los embalses secos. En junio pasado, el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) apuntaba que de los 62 reservorios destinados para el aprovechamiento humano, 31 mostraban indicadores de almacenaje precarios.
Sin embargo, va siendo también determinante el deterioro de la calidad de las aguas de estos importantes depósitos hídricos (como ocurre en La Mariposa, Camatagua o Pao-Cachinche). Destacamos factores que causan esta situación: la falta de mantenimiento de estos reservorios; el trasvase de ríos cloacales hacia ellos; defectos en la capacidad de depuración de las aguas que los alimentan; la deforestación de las laderas circundantes; la contaminación provocada por asentamientos humanos aledaños, que vierten desechos químicos y orgánicos; y actividades económicas como las agrícolas, pecuarias, o incluso derrames de petróleo (como ha ocurrido en el estado Monagas).
Un libro de reciente publicación, “Ríos en riesgo de Venezuela”, editado por Douglas Rodríguez Olarte, muestra en detalle y desde la investigación científica, la situación de los ríos del país. En la imagen (Tomo 2) puede verse la negativa evolución del embalse del río Matícora (Falcón), lo que repercute en los pueblos de la costa oriental y de la Península de Paraguaná.
Una evidencia de esta situación son los procesos de eutrofización que se han generado sobre algunos embalses, como reacción a la presencia de materia orgánica (que proviene de aguas negras no tratadas) y desechos de la actividad agrícola (nitrógeno, fósforo, etc). Esto es lo que produce la aparición de algas en la superficie del agua o la “lemna”, lo que a su vez puede provocar la aparición de “cianobacterias” que pueden generar toxinas capaces de, por ejemplo, envenenar animales que beben estas aguas o habitan esas zonas.
De esta manera, los embalses son también alimentados de aguas contaminadas y desde cuencas que van siendo cada vez más degradadas. Este es uno de nuestros argumentos principales: los efectos de la crisis del agua que vivimos tienen también que ver con la situación de las cuencas hidrográfica, de nuestros ríos y mares, y estas ha sido y siguen siendo impactadas determinantemente por las lógicas de apropiación y explotación de la naturaleza del modelo de desarrollo extractivista y desarrollista, de sus modos de ocupación de los territorios, o bien por el crecimiento descontrolado de sus modalidades informales e ilegales.
La lógica del extractivismo en Venezuela ha organizado el territorio nacional en diferentes “polos de desarrollo” y cinturones de asentamiento poblacional, básicamente en función de la acumulación capitalista. Un factor histórico determinante ha sido la particular geografía del agua en el país, que tiene a las grandes áreas de concentración de la población en la zona norte-costera, mientras que las principales fuentes de agua se encuentran lejos, más al sur y en torno a la cuenca del río Orinoco. Esto ya determina mayores esfuerzos y vulnerabilidades dada la considerable distancia para trasladar el agua hasta las principales ciudades.
Pero es importante resaltar cómo estos polos de desarrollo han generado enormes impactos en las cuencas del país, organizados bajo una racionalidad económica en la que claramente prevalece el beneficio de grupos particulares (nacionales e internacionales) aunque se haya dicho por cien años que el sacrificio era por el “progreso de la nación”. El imaginario de riqueza del “oro negro” en Venezuela ha logrado colocarse muy encima de cualquier cosa que nos permita comprender que el agua vale más que el petróleo, el gas, el oro, u otro commodity.
Prolongados e intensos impactos de la industria petrolera en las cuencas del Lago de Maracaibo, del rio San Juan y el Orinoco; ríos contaminados y degradados por la actividad agrícola (como ocurre en Los Andes o en Los Llanos Occidentales); deforestación de bosques ribereños y partes altas de las cuencas; proyectos mineros que devastan áreas y que vierten desechos tóxicos a los ríos aledaños (como ocurre con el río Guasare y la minería de carbón al norte del Zulia); o los terribles efectos que la minería ilegal y su vertido masivo de mercurio en las aguas están provocando al sur del río Orinoco; por mencionar los efectos más emblemáticos y visibles.
En el Mapa de Conflictos socio-ambientales que hemos elaborado desde el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, podemos encontrar que prácticamente el 100% de los casos registrados son expresiones de impactos de diversa magnitud sobre el agua y sus ciclos en el país. El mapa en sí mismo refleja la problemática geografía política del agua de la que hablamos. Una geografía que también refleja que las actividades económicas que provocan las afectaciones a las cuencas hidrográficas, o suelen tener poca regulación, o son muy difíciles de interpelar desde la ciudadanía (o incluso las propias instituciones).
Estos emprendimientos suelen hacerse sin ninguna consulta a las poblaciones locales, y las gestiones de seguridad ambiental y remediación suelen ser marcadamente indolentes, lo que implica que se les imponen daños a las aguas a los habitantes de las áreas impactadas, condenándolos a enfermedades y serios problemas de acceso a este importante bien común, sin tener prácticamente canales de justicia para reparar la situación.
Cuando los impactos locales se van haciendo cada vez más significativos, generan modificaciones cuantitativas y cualitativas en las cuencas hidrográficas, lo que con el tiempo va a afectar todo el proceso de distribución del agua en el país, y por ende, toda la vida que gira en torno a estos ciclos. Las tendencias planteadas hacen la situación insostenible. En el corto y mediano plazo podría comprometer la reproducción de la vida socio-ecológica de millones de venezolanos.
Dos vías excluyentes: desalinizadoras y extractivismo o protección de las cuencas y cambio de modelo
La Agenda Económica Bolivariana, propuesta por el Gobierno de Nicolás Maduro en 2016, fue presentada como una opción económica para “salir de la dependencia al modelo rentista petrolero”. En esencia, está conllevando a dos factores que tendrán enormes repercusiones socio-ecológicas: la expansión de la fronteras extractivas y la desregulación económica.
Una serie de proyectos han sido presentados, sea nuevos o el relanzamiento de otros más viejos. Estos abarcan todo el territorio nacional. En esta propuesta la (mega)minería toma un rol que no había tenido antes en la historia, siendo el proyecto del Arco Minero del Orinoco el de las mayores dimensiones y consecuencias.
La multiplicación de emprendimientos en todo el país, bajo la lógica depredadora que ha producido la actual crisis ambiental, no promete otra cosa que agravar aún más el ya complejo problema del agua. A estas alturas, han sido muy bien documentados los terribles impactos que la minería y su expansión producen en las fuentes de agua y la población.
La propuesta de las “Zonas Económicas Especiales”, impulsada por el Gobierno nacional desde 2014, plantea una desregulación radical de los territorios para favorecer el rápido desarrollo del capital en la zona seleccionada. Es muy importante resaltar que la desregulación es integral, es decir, no sólo es económica, sino que cualquier forma de protección ambiental, en los hechos, queda también suspendida.
El problema es que estas inversiones no tienen ningún sentido sino se ataca de raíz el problema de la salud de las cuencas hidrológicas y ciclos del agua, o si ni siquiera se discute la lógica poco transparente, responsable y democrática que tiene la gestión hídrica en el país.
No obstante, poco se habla de los costos y consecuencias de esta nueva panacea: las desalinizadoras requieren enormes cantidades de energía eléctrica para funcionar (lo cual contrasta notoriamente con la crisis eléctrica que vive el país); tiene altos costos de inversión y mantenimiento (por lo que requiere grandes presupuestos), lo que incrementa de hecho los costos de la distribución del agua; y genera importantes daños ambientales, como el vertido de grandes cantidades de sal (salmuera) y contaminantes al mar, además de la destrucción de las zonas costeras donde se instalan, y su contribución al problema del cambio climático (alta emisión de gases de efecto invernadero).
Lo fundamental, es que esta propuesta de la proliferación de plantas desalinizadoras, en un país con grandes y ricas fuentes de agua dulce, refleja claramente el no cuestionamiento al modelo de desarrollo imperante. Más bien se debería empezar por un cuidado meticuloso de las cuencas, de los consumos y las distribuciones del agua; por una transformación del modelo económico, que es sencillamente insostenible.
La mezcla de la lógica extractivista del Gobierno nacional con una clara incapacidad e indolencia en la gestión del agua apuntan al agravamiento de la delicada situación hídrica del país. Del mismo modo en el que se reza para que suban los precios del crudo, el Ejecutivo parece dejar la salida de la crisis en manos de la llegada de las lluvias.
Estamos ante complicados tiempos para el ambiente. El Gobierno no puede utilizar como excusa el problema del cambio climático para justificar la situación. En cambio, se debe iniciar un programa urgente de adaptación ante los escenarios de eventos climáticos extremos. Es una imperiosa necesidad.
Y el rol de las organizaciones sociales y ciudadanía en general es fundamental. Ampliar la sensibilización y valoración del tema es determinante, para lograr que el agua tenga más dolientes de los que existen. Movilizarnos por el agua, interpelar a los gestores, reclamar los cuidados de las fuentes naturales, crear campañas para su protección. Pero al mismo tiempo, tratar de construir una cultura de gestión social del agua, impulsar colectivamente usos territoriales del líquido, y con él, de todos los ecosistemas en los que vivimos.
Más que nunca el agua debe ser uno de los principales punto de la agenda de luchas en Venezuela. Sin agua no hay patria, ni estabilidad, ni futuro.
La canadiense Barrick Gold, la mayor minera de oro del mundo, comunicó que evaluará oportunidades de adquisición conjuntas con su socia Shandong Gold, la compañía minera líder en minería subterránea de China, con base en Jinan, provincia de Shandong.
Según informó Barrick en un comunicado, primero «Shandong Gold adquirirá el 50% de la mina Veladero» por un monto de por $960 millones, luego «ambas compañías explorarán en conjunto el desarrollo de Pascua-Lama» y, finalmente, «Shandong evaluará oportunidades adicionales con Barrick».
«Las partes han acordado considerar oportunidades para trabajar juntas en potenciales adquisiciones o ventas de activos, si es que ambas concuerdan en que es del interés colectivo y aumentaría el valor de dichas oportunidades», señaló Barrick.
El pacto es la más reciente iniciativa del presidente de Barrick, John Thornton, un exbanquero de Goldman Sachs que tiene vínculos cercanos en China, destacó Financial Times.
«Este acuerdo nos permitirá llevar nuestra sociedad al nivel siguiente, mientras exploramos conjuntamente las oportunidades para aumentar el valor de largo plazo para nuestros respectivos dueños, así como para nuestros socios gubernamentales y comunitarios», señaló Thornton.
«Esperamos trabajar en sociedad con Shandong, compartir la experiencia en desarrollo y minería, el talento y el capital en formas que creen valor agregado a nuestros respectivos propietarios, a nuestro gobierno y a nuestros socios en las comunidades de San Juan», dijo el Presidente Ejecutivo de Barrick.
«Nuestra meta es construir una relación a largo plazo con Barrick, y este acuerdo encapsula exactamente lo que queríamos alcanzar», dijo por su parte Chen Yumin, Presidente de Shandong.
Barrick había anunciado previamente que considera una sociedad con Shandong Gold para desarrollar su proyecto Pascua-Lama en la frontera entre Argentina y Chile. En febrero, señaló que el proyecto generó pérdidas por u$s429 millones.
«Shandong Gold está completando una evaluación independiente del potencial de desarrollo de Lama en Argentina, incluyendo potenciales sinergias entre Lama y la cercana operación de Veladero», señala el comunicado.
«Tras el estudio, las empresas podrían acordar nuevas evaluaciones y trabajo técnicos sobre varias opciones, incluyendo la construcción de una mina de rajo abierto en Lama».
Sobre Shandong Gold
Con base en Jinan, provincia de Shandong, China, Shandong Gold Group fue fundada en 1996 y hoy cuenta con 23.000 empleados.
Shandong Gold Mining Co., Ltd. ingresó a la Bolsa de Acciones de Shanghái en 2003, y tiene una capitalización actual de mercado de aproximadamente $9.600 millones.
La empresa china produjo aproximadamente 1,2 millones de onzas de oro en 2016, y es la única compañía minera de China en ser nombrada «Compañía Nacional Amigable con el Medio ambiente» por el gobierno chino.
Autor: OCMPe.org Conflicto Relacionado: Río Blanco
A las autoridades del gobierno central, regional de Piura, provincial de Huancabamba y distrital de Carmen de la Frontera, a las instituciones públicas que resguardan la protección de los derechos de las comunidades originarias y ancestrales del Perú; así como a los medios de comunicación regional de Piura y nacional radial, televisiva y de prensa escrita.
A todos ellos, las organizaciones de base de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Huancabamba, nos dirigimos para expresar que en asamblea de autoridades comunales y ronderiles, el domingo 8 de julio de 2018 en la Casa de las Rondas Campesinas de Huancabamba, acordamos expresar lo siguiente:
Las comunidades y rondas campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) se reafirman en lo expresado en la Consulta Vecinal del 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en rechazo rotundo a la actividad minera y en favor de un tipo de desarrollo basado en la actividad agrícola, ganadera y de turismo sostenible.
Rechazamos las estrategias que la empresa minera Río Blanco Copper viene empleando para conseguir la licencia social, que claramente ha sido negada por nuestras comunidades. Entre ellas tenemos la conformación de organizaciones con supuestos fines de dialogar o proponer proyectos de desarrollo en esta región; la infiltración en nuestras organizaciones para generar conflictos y divisionismo; o la recolección de firmas a cambio de dádivas o dinero a través de sus promotores.
Rechazamos que la Universidad Nacional de Piura haya firmado un convenio de cooperación institucional con la empresa minera Río Blanco Copper, con supuestos fines de capacitación juvenil en Ayabaca y Huancabamba; sin tomar en cuenta que se trata de una empresa cuyo actuar ha dejado un saldo 10 personas muertas, personas discapacitadas, viudas y huérfanas; y la desconfianza sembrada en nuestras organizaciones a raíz de sus intentos de convencimiento.
Rechazamos el actuar clandestino y autoritario que Río Blanco Copper (Ex Majaz) tiene desde sus inicios. Es así como, en relación a su oficina, clausurada por la Municipalidad Provincial de Huancabamba, esta seguiría funcionando de manera clandestina y violando la disposición municipal.
Afirmamos que la empresa minera Río Blanco Copper vulnera nuestros derechos fundamentales reconocidos y amparados en la Constitución Política del Perú, en la Ley 24656 – Ley General de Comunidades Campesinas, Ley 27908 – Ley de Rondas Campesinas, Ley 24657 – Ley de Tierras, Ley 29785 – Ley de Consulta previa; así como en otros instrumentos de protección internacional como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.
Por ello,en nuestra calidad de guardianes de nuestro ecosistema de páramos y bosques de neblina, seguimos vigilantes y en pie de lucha, exigiendo al Estado peruano y demás autoridades competentes que cumplan con su rol garante del respeto a nuestros territorios y derechos colectivos, como corresponde a los valores y principios de un Estado democrático y pluricultural. No hacerlo es avalar el proceder ilegal y arbitrario de la empresa minera Río Blanco Copper.
Visualice aquí el reciente Pronunciamiento de las Rondas Campesinas de Huancabamba (Piura, Perú).
Venezuela no solo cuenta con la mayor reserva de crudo del planeta en la llamada Faja Petrolífera del Orinoco, sino que posee otras riquezas minerales, incluidas las llamadas tierras raras, que suponen una palanca para salir de la actual crisis económica.
La nación suramericana detenta cerca de 50 minerales, «pero sólo 15 de ellos son potencialmente explotables y con capacidad de ser comercializados», asegura Víctor Cano, ministro de Desarrollo Minero Ecológico.
En la lista se incluyen: diamantes, oro, coltán, hierro, níquel, bauxita, mármol, carbón, gratino, fosfatos, feldespatos y las tierra raras, enumera el ministro. Sin abandonar rubros tradicionales como el hierro, que se explota y comercializa desde 1950.
Tierras raras y alta tecnología
‘Tierras raras’ es el nombre común que se otorga en la tabla periódica a 17 elementos químicos, que reciben la calificación de ‘raros’ porque es muy poco frecuente hallarlos en su forma más pura, aunque existan depósitos de ellos en varios países.
Los minerales raros son empleados en la fabricación de artefactos de alta tecnología como reactores nucleares, láseres, máseres (amplificadores de microondas), baterías de alto rendimiento, combustibles y hasta filtradores de radiación.
En el caso de Venezuela, las reservas de tierras raras se encuentran, básicamente, al norte del estado Bolívar, en la basta zona minera del sur del territorio (111.843,70 Km2) y que el Gobierno bautizó como el Arco Minero del Orinoco.
La explotación de este recurso «dependerá de la certificación que hagamos, ya que nuestras reservas de tierras raras no están cuantificadas», aclara Víctor Cano.
No obstante, el consumo comercial de las tierras raras no es alto. El también ingeniero geólogo precisa que «no hay una gran demanda. Así que, con muy poco, se puede satisfacer el mercado».
De allí que las tierras raras no se registran en la Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange), que funciona como el centro mundial para el comercio de metales industriales y sus precios sirven como marcador de referencia.
Otros minerales y su certificación
La creación del arco minero, indica el ministro, tiene la tarea estratégica de «cuantificar cada una de las riquezas presentes en esa zona del país» y las tierras raras serán parte de ese proceso.
Sin embargo, será una labor en la que habrá una importante inversión de tiempo, si se tiene en cuenta que a la estatal Petróleos de Venezuela le tomó cerca de 5 años certificar la mayor reserva petrolífera del mundo, en la Faja del Orinoco, «y solo se trataba de un elemento, es decir, el petróleo», acuña Víctor Cano.
El Ministerio de Minería debe aplicar el mismo proceso de certificación a las minas de «oro, diamante, coltán, tierras raras y un largo etcétera.», apunta el alto funcionario.
Hay que tener en cuenta que Venezuela cuenta con minerales metálicos y no metálicos, de gran potencial comercial.
No obstante, dadas las circunstancias actuales de esta nación, «el Gobierno ha decidido hacer énfasis en aquellos minerales que pueden ofrecer un resultado rápido para la estabilización de la economía«, que está sumida en una crisis calificada por las autoridades como «guerra económica».
Esos minerales de venta rápida son: oro, diamante, coltán y carbón.
«Así que las tierras raras, aunque van a certificarse, no están dentro de nuestras prioridades para explotarlas, por ahora», asegura el ministro venezolano.
Comercialización del oro azul
Otra fortaleza mineral de Venezuela es el coltán, también llamado oro azul.
Un material que recibe su nombre por la abreviatura de dos de sus componentes: columbita (col), empleado en la fabricación de aleaciones especiales de dura resistencia, y tantalio (ta), considerado indispensable para la elaboración de condensadores electrolíticos con los que funcionan computadoras portátiles, teléfonos celulares, dispositivos de video, aparatos de sonido, consolas de juegos, GPS y televisores, entre otros.
Coltán venezolano recolectado en el estado Bolívar, Venezuela. 5 de noviembre de 2009. / JUAN BARRETO / AFP
En el año 2010 este mineral entró en el debate público venezolano, luego de que el entonces presidente Hugo Chávez declarara, durante una rendición de cuentas ante el Parlamento, que el país contaba con importantes reservas de coltán. Un descubrimiento que implicaría que esta nación contase con «una gigantesca reserva de un mineral estratégico», según reseñó la estatal RNV.
En esa oportunidad, el presidente Chávez señaló que el coltán se cotizaba a precios superiores al oro y al diamante, y reveló «que las reservas en Venezuela pudieran, en una evaluación muy preliminar, aproximarse a los 100.000 millones de dólares«.
Ahora, ocho años después del anuncio de Hugo Chávez, se concretó la primera exportación oficial de coltán.
En este sentido, el ministro Víctor Cano detalló que Venezuela exportó cinco toneladas de coltán, por un monto de 300.000 euros. Ese cargamento se despachó el pasado mes de mayo a Trieste, en el noreste de Italia.
Son múltiples las aplicaciones del coltán en aparatos tecnológicos. Imagen ilustrativa / pxhere.com
Pero la era comercial del coltán venezolano ha traído para el Gobierno otras ocupaciones que no estaban en sus planes.
Actualmente, denunció el ministro, «Venezuela combate el contrabando de coltán hacia Colombia», con la dificultad de que no se ha podido calcular la cantidad de material robado al país.
El coltán venezolano se encuentra a nivel del suelo y no hace falta más que recolectarlo a mano sin el empleo de maquinarias.
«Un ojo entrenado puede diferenciar el coltán de otro tipo de rocas. Así que pequeños mineros lo recopilan y luego lo trasladan a Colombia», precisa el ministro.
Vetas de Torio
Dentro del arco minero también se detectaron importantes vetas de Torio (Th), un elemento químico radiactivo definido como un combustible nuclear limpio.
«La dificultad que se nos presenta radica en que las principales vetas se encuentran en una de las zonas más prístinas y puras del planeta», revela Víctor Cano.
Por lo que el país debe decidir, según el ministro, entre «extraer el torio o preservar esa zona», un debate similar al que se registró en Ecuador alrededor de la explotación petrolera en el Amazonas.
Reservas de oro
Por si fuera poco, las estimaciones con las que cuenta el ministerio de minería indican que las reservas de oro venezolanas (unas 8.000 toneladas) podrían situar a esta nación como la segunda del planeta con mayor cantidad del mineral aurífero, «muy cerca de la primera reserva», en manos de Estados Unidos (cerca de 10.000 toneladas), expone el ministro.
Víctor Cano, ministro de Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela. Caracas 6 de julio de 2018. / Cortesía Irwing Martínez
El oro viene tomando relevancia en este país desde que, a mediados de marzo, el Gobierno informó que poseía la cuarta mina más grande del planeta, al certificar 1.480 toneladas, que representan 54.300 millones de euros.
Adversarios de la minería
Militantes de movimientos sociales venezolanos condenan la creación del Arco Minero del Orinoco, no solo por representar una forma productiva mediante la destrucción de la naturaleza, sino porque lo consideran parte de un modelo cultural y económicoregresivo a formas de extractivismo y rentismo que se proponía trascender el proyecto del socialismo.
En un artículo publicado en el sitio Aporrea, la periodista Minerva Vitti opina que el arco minero «responde a una lógica regional, donde los países buscan obtener ingresos monetarios a corto plazo», pero a cambio de la «destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio».
Mineros ilegales cavan con una manguera de presión en el estado de Bolívar. 15 de noviembre de 2012. / Jorge Silva
El ministro Víctor Cano sabe que la minería no tiene «nada de ecológico», pero explica que el Ministerio está concebido para implementar tecnologías que causen «el menor impacto posible», para que luego de terminar la actividad minera, la zona afectada pueda recuperarse.
«Buscamos técnicas para disminuir los impactos. Haciendo que el proceso minero sea lo más eficiente posible y que la contaminación no sea irreversible», expone el ministro Cano.
Alerta por el interés que suscitan los minerales
Para el Gobierno de Venezuela, esa cantidad de riquezas minerales disponibles «más que un peligro significan una amenaza», porque despiertan los intereses de los poderosos.
Solo en el caso del oro, detalla Vícto Cano, el ministerio ha entregado a las arcas del BCV 17,5 toneladas de oro en poco menos de dos años.
«Eso representa entre el 35 y el 40% del total de oro que se produce en el estado Bolívar», informa Cano. En ese período, el Estado pasó de estar ausente a recuperar casi la mitad de la extracción.
La producción anual de oro va de las 40 a las 45 toneladas, eso significa, en palabras de Cano, que le quitaron a las mafias el «40% del oro que se contrabandea hacia el exterior».
Para el ministro, esa es la razón de los constantes ataques que recibe el Ministerio con la decisión de explotar las riquezas minerales del sur de Venezuela.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (Ocmzac) advirtieron a la empresa minera First Majestic que, en caso de incurrir en la ilegalidad para obtener derechos sobre el ejido San José de Buenavista, en Zacatecas, procederán legalmente ante las autoridades correspondientes.
En entrevista con Contralínea, integrantes de la Rema explican que First Majestic pretende expandir sus operaciones dentro del municipio Chalchiuites, argumentando que sólo desea saber si la zona ejidal de la concesión está mineralizada; “pero sabemos que esa información es falsa, [ya que la empresa] sabe que existe mineral en la zona; lo que en realidad pretenden es saber la concentración de mineral para definir la operación que tengan en mente”.
La Rema señala que en 2017 la Secretaría de Economía entregó 22 concesiones a First Majestic en el municipio de Chalchihuites, que abarcaban sólo 18.8 hectáreas y ahora, según el Sistema de Investigación y Administración Minera, hay 10 nuevas solicitudes que acumulan una extensión de 319.56 hectáreas, lo que apunta a que no sólo será un proyecto de exploración, “sino para explotación y/o beneficio propio”.
En el ejido de San José se han realizado dos asambleas agrarias entre los campesinos y representantes de la empresa canadiense, con el fin de definir la aprobación o negación de dicho proyecto de exploración. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado emitido por Rema el 2 de julio, ambas asambleas no se han ejecutado con el “debido proceso”, ya que “en el pleno de la segunda convocatoria, [ejidatarios] abandonaron la reunión y negaron los derechos ejidales de las compañeras, violando los procedimientos descritos en la Ley Agraria”.
Por ello, la misma asociación afirma que de llevarse a cabo la firma del convenio entre los ejidatarios que se encuentran a favor del proyecto y la minera, “sería de forma ilegal”.
Por último, la Red de Afectados Mineros recalca que la decisión concierne a las y los ejidatarios, quienes de forma legal tienen derechos sobre el campo, pues se encuentran inscritos en el padrón del Registro Agrario Nacional, el cual les permite llevar el control de la tenencia de la tierra y la seguridad de la aplicación de la Ley Agraria.
La octava edición de la ‘Ecomarcha’, organizada por Ecologistas en Acción, recorrerá parte de la provincia de Segovia, los días 18, 19 y 20 de julio, con la participación de más de 120 ciclistas. El miércoles 18, habrá un acto central, a las 20.00 horas, a los pies del Acueducto. La marcha ecologista en bici saldrá este sábado desde Madrid y finalizará en localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, el 28 de julio.
La ‘Ecomarcha’ de Ecologistas en Acción es un evento de carácter lúdico y reivindicativo que en esta octava edición lleva el lema ‘No a la mina, Sí a la vida’, en referencia al “boom de proyectos mineros especulativos” que amenazan a la comunidad. Los ciclistas participantes denunciarán “la oleada de minas que se extienden por toda la geografía peninsular con graves impactos para el medio ambiente y las personas”, como los proyectos de Salamanca y Ávila .
Desde Ecologistas en Acción recordaron que la marcha llegará a la provincia de Segovia, atravesando el Puerto de Navacerrada, la mañana del 18 de julio y, en su cima, se reivindicará un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama que “responda a criterios de conservación y no al fomento de la masificación y creación de negocios privado en el parque”.
La Ecomarcha también hará parada en la estación del AVE Segovia-Guiomar para cuestionar el plan actual de la Alta Velocidad, que para Ecologistas en Acción es “un modelo derrochador de recursos y destructivo con el medio ambiente” y “poco asequible para toda la población”. Los ciclistas también estarán en la estación de la linea convencial para exigir a Renfe mejores condiciones en el acceso de las bicicletas a los trenes. Esta primera jornada, concluirá con la lectura de un manifiesto a los pies del Acueducto.
Al día siguiente, el recorrido será desde Segovia hasta El Espinar, con varias paradas. La primera en la ganadería ecológica Braman, en La Losa, y posteriormente, en Ortigosa del Monte, ante las instalaciones de Bezoya, para “denunciar el expolio del agua de la Sierra de Guadarrama” por parte de la embotelladora. Antes de llegar al Espinar, en el nucleo de Los Angeles de San Rafael, se hablará de “los desmanes urbanísticos” en estas zona.
El viernes 20, los participantes de la Ecomarcha pondrán rumbo a la provincia de Ávila, respaldando a los integrantes de la asociación Centaurea, que les explicarán “los valores ecológicos del Campo Azálvaro”, que se están viendo amenazados por la ampliación de la SG-500, la antigua carretera que unía Ávila y Segovia.
La ruta ciclista ecologista tiene previsto hacer un recorrido de casi 15 días hasta llegar a Ciudad Rodrigo para mostrar su apoyo a colectivos sociales y ambientales de la provincia de Segovia, Ávila y Salamanca, “en su defensa del territorio y el medio ambiente”.
Si se analiza el Salar de Atacama en el largo plazo, prescindiendo de sus arbitrarias sectorizaciones, y se comparan las sumas totales entre renovabilidad o recarga de aguas (mal llamada oferta de recursos hídricos) y la demanda comprometida, que corresponde a la suma de los derechos otorgados, se puede notar que el Salar en su conjunto ya se encuentra sobreotorgado. La empresa Minera Escondida Ltda. tiene un derecho al agua por un límite de 21 años (1997- 2018) y actualmente pretende extender su uso por 11 años más, habiéndose demostrado los impactos ambientales que produjo disminuyendo el volumen del agua del acuífero, efecto que se mantendría por más de 500 años. El Movimiento por el Agua y los Territorios, rechazan las pretensiones de Minera Escondida Ltda. y exigen a la Dirección General de Aguas que declare al Salar de Atacama como Área de Restricción.
La legislación vigente que regula al medio ambiente en Chile es la ley de bases del medio ambiente (Ley Nº 19.300 de 1994 y sus modificaciones) e institucionalmente el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Sin embargo, con respecto al agua existe el Código de Aguas del año 1981 impuesto por la dictadura en el cual se obliga a la Dirección General de Aguas (DGA) a entregar al recurso gratuitamente, en forma perpetua y en propiedad, creando un mercado sobre un bien nacional de uso público fundamental para la vida y para el desarrollo de los pueblos. Ello, sumado a las diversas privatizaciones de las funciones estratégicas del Estado en este ámbito, así como en los rubros de la minería y la energía, entre otros, convierten a Chile en uno de los países más neoliberales del mundo desde la consolidación de un conjunto de prácticas extractivistas.
Desde el punto de vista de la asignación del agua, y más precisamente, en cuanto a los derechos de aprovechamiento de aguas, es claro que existen usos muy distintos y niveles de extracción extremadamente diferentes. Sin embargo, en términos generales una de las mayores inconsistencias en Chile, desde el punto de vista de cuidado del ambiente, es que los derechos de aguas se tramitan absolutamente fuera del marco ambiental, y que el uso que se declara en la actualidad al momento de solicitarlo no constituye obligación alguna para dicho derecho, generándose un descontrol absoluto y una casi nula planificación sobre este bien común fundamental. Esta forma de manejo del agua resulta aberrante para proyectos industriales de gran envergadura, especialmente para los del sector minero y del sector hidroeléctrico, los cuales presionan para que se les apruebe los estudios de impacto ambiental, puesto que son dueños del agua que pretenden emplear. Ello, sumado al lobby que los empresarios mineros desarrollan sobre legisladores y gobernantes que ha llevado a la aprobación de proyectos que, en general, benefician principalmente a firmas transnacionales, las cuales se escudan ideológicamente en la generación de empleo por parte de sus megaproyectos.
En la actualidad, existe un caso e trámite que permite graficar lo anterior. Se trata de un proyecto minero que por lo visto pretende perpetuarse explotando el Salar de Atacama, luego de haber obtenido en forma gratuita y a perpetuidad sus derechos de aprovechamiento de aguas, a través del esquema aún vigente.
Por medio de la Resolución de Calificación Ambiental Nº 1 de 1997, se aprobó el proyecto: “Lixiviación de óxido de cobre y aumento de la capacidad de tratamiento del mineral sulfurado”, de Minera Escondida Ltda. (operada principalmente por BHP Billiton), a través del cual se dio la aprobación a la extracción de 1.400 litros/segundo desde la zona sur del Salar de Atacama, sin perjuicio de las extracciones de otros titulares. Al revisar el Estudio de Impacto Ambiental, dentro del subcapítulo Evaluación de Impacto Ambiental en el Área Monturaqui-Tilopozo, se señala lo siguiente: “La limitación del tiempo del bombeo de 21 años por parte de Minera Escondida Ltda., es una medida efectiva de mitigación, cuya validez y efectividad en el tiempo se confirmará mediante los monitoreos respectivos”.
Sin embargo, dado la inminente finalización del proyecto, se encuentra el trámite el denominado “Proyecto Monturaqui”, por medio del cual Minera Escondida Ltda. pretende continuar con la explotación de la zona sur del Salar de Atacama, denominada técnicamente Tilopozo-Pajonales o sector acuífero C2.
La Dirección General de Aguas, por medio de la Resolución Nº 120 del año 2015, declaró Área de Restricción a la zona en cuestión debido al sobreotorgamiento que superaba seis veces la capacidad de renovabilidad natural del acuífera. Específicamente, se constituyeron derechos por 2.427 litros/segundo ante una oferta de 403 litros/segundo, según el Informe Técnico DGA-DARH Nº234 del año 2014.
Si se analiza el Salar de Atacama en el largo plazo, prescindiendo de sus arbitrarias sectorizaciones, y se comparan las sumas totales entre renovabilidad o recarga de aguas (mal llamada oferta de recursos hídricos) y la demanda comprometida, que corresponde a la suma de los derechos otorgados, se puede notar que el Salar en su conjunto ya se encuentra sobreotorgado. Es decir, si se emplearan simultáneamente todos los derechos ya entregados, al cabo de cierto tiempo se secaría el Salar de Atacama, provocándose una mortandad de especies sin precedentes sobre zonas protegidas, como es el caso de la Reserva Nacional los Flamencos y otras zonas que se encuentran bajo protección oficial.
Sin embargo, haciendo caso omiso a lo anterior, en otras zonas del Salar de Atacama se siguen otorgando derechos de aguas de tipo definitivos, sin tener en cuenta el balance que en conjunto debería realizarse, ni la afectación que paulatinamente se está generando, tanto hacia las reservas de aguas subterráneas como sobre las aguas protegidas que se encuentran en la emblemática cuenca.
El impacto ambiental que se generaría a largo plazo consiste en, disminuciones de los niveles de las lagunas y de los humedales de altura, con la consecuente pérdida irrecuperable de flora y fauna.
No obstante dicha situación, las pretensiones de Minera Escondida Ltda. es proseguir con la explotación durante 11 años más de la zona sur del Salar de Atacama, lo que produciría la afectación de la zona por siglos, tal como lo afirma la oficina regional de Antofagasta de la DGA, según consta en su oficio Nº 450 del 2 de agosto de 2017, al señalar, respecto a la disminución del volumen de agua del acuífero MNT que la duración del impacto se mantendría por un período superior a 500 años. Además, el contundente informe señala que Minera Escondida Ltda. ha entregado un Estudio de Impacto Ambiental ampliamente deficiente en los que se han omitido significativos impactos ambientales.
El Movimiento por el Agua y los Territorios rechazan las pretensiones de Minera Escondida Ltda. y exigen a la Dirección General de Aguas que declare al Salar de Atacama como Área de Restricción dado que es un sistema integrado cuyo resguardo es de su competencia, conforme a la Resolución Nº 87 del año 2006 de dicha institución.
Pese a que el pasado 29 de mayo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó el cierre definitivo del Tajo y Botadero “Jessica” de la unidad Minera Arasi, ubicada en el distrito de Ocuviri (Lampa) por la contaminación ocasionada en la cuenca Llallimayo, la empresa Aruntani SAC estaría operando con normalidad, así lo dio a conocer el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ocuviri, Cosme Cari Huaynacho.
Mediante un pronunciamiento difundido por las rondas campesinas de Huancabamba y Segunda y Cajas; se da a conocer la situación de las comunidades y su postura con respeto al Proyecto Minero Río Blanco en Piura.
Si usted vive en Venezuela, probablemente tenga en este momento serios problemas de acceso al agua potable y de calidad. Al calor de la crisis que vivimos, florecen en todos los rincones del país múltiples protestas, de familias y comunidades que han pasado semanas consecutivas, y hasta meses, sin recibir el líquido.
La canadiense Barrick Gold, la mayor minera de oro del mundo, comunicó que evaluará oportunidades de adquisición conjuntas con su socia Shandong Gold, la compañía minera líder en minería subterránea de China, con base en Jinan, provincia de Shandong.
A las autoridades del gobierno central, regional de Piura, provincial de Huancabamba y distrital de Carmen de la Frontera, a las instituciones públicas que resguardan la protección de los derechos de las comunidades originarias y ancestrales del Perú; así como a los medios de comunicación regional de Piura y nacional radial, televisiva y de prensa escrita.
Venezuela no solo cuenta con la mayor reserva de crudo del planeta en la llamada 
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (Ocmzac) advirtieron a la empresa minera First Majestic que, en caso de incurrir en la ilegalidad para obtener derechos sobre el ejido San José de Buenavista, en Zacatecas, procederán legalmente ante las autoridades correspondientes.
La octava edición de la ‘Ecomarcha’, organizada por Ecologistas en Acción, recorrerá parte de la provincia de Segovia, los días 18, 19 y 20 de julio, con la participación de más de 120 ciclistas. El miércoles 18, habrá un acto central, a las 20.00 horas, a los pies del Acueducto. La marcha ecologista en bici saldrá este sábado desde Madrid y finalizará en localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, el 28 de julio.
Si se analiza el Salar de Atacama en el largo plazo, prescindiendo de sus arbitrarias sectorizaciones, y se comparan las sumas totales entre renovabilidad o recarga de aguas (mal llamada oferta de recursos hídricos) y la demanda comprometida, que corresponde a la suma de los derechos otorgados, se puede notar que el Salar en su conjunto ya se encuentra sobreotorgado. La empresa Minera Escondida Ltda. tiene un derecho al agua por un límite de 21 años (1997- 2018) y actualmente pretende extender su uso por 11 años más, habiéndose demostrado los impactos ambientales que produjo disminuyendo el volumen del agua del acuífero, efecto que se mantendría por más de 500 años. El Movimiento por el Agua y los Territorios, rechazan las pretensiones de Minera Escondida Ltda. y exigen a la Dirección General de Aguas que declare al Salar de Atacama como Área de Restricción.