Bolivia

En 4 años, explotación ilegal de oro no cesa en área inmovilizada

En 2014, la Comibol aprobó una resolución para prohibir la extracción de oro en la comunidad de Arcopongo. Sin embargo, se hace caso omiso de esa disposición.

E junio de 2014, el Gobierno inmovilizó al menos 1.041 cuadrículas (26.000 hectáreas) de la comunidad Arcopongo, en La Paz, con el objetivo de parar la explotación ilegal de oro. Sin embargo, hasta la fecha no se cumple tal disposición, donde nuevamente comunarios y cooperativas se disputan áreas de trabajo.

En el lugar, el miércoles en la tarde pobladores del municipio de Inquisivi y mineros de la Cooperativa Ullakaya Condoriri, que reclaman un derecho preferente sobre 50 cuadrículas de la Comibol, se enfrentaron presuntamente con otro grupo de cooperativistas avasalladores.

Tras el hecho se reportó a cuatro heridos que fueron trasladados a la clínica Santa Bárbara, en la ciudad de La Paz. También se presume la muerte del comunario José Acho Beltrán, según el representante de la Provincia Inquisivi, Francisco Eugenio, hecho que no se confirmó.

“El río Chaqueti está inmovilizado pero no han respetado, ahí el que falló fue el Ministerio de Minería y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Hemos remitido las denuncias a varias instancias, pero han pasado años y nadie hace nada, parece que la AJAM se parcializó con los explotadores ilegales”, denunció Eugenio.

Incluso denunció que al menos cinco cooperativas Palma Flor; Villa Santiago, Chaqueti La Plaza; Chaqueti La Plaza B y Elena Pampa, se dedican a la explotación ilegal de oro desde hace cuatro años y extraen al menos 40 kilos por día del metal dorado, por los que no cancelan ni regalías.

Sin embargo el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) La Paz, Simón Condori, dijo que las cooperativas que operan en el lugar tienen permisos y apuntó a Eugenio por liderar un grupo para evitar que se ingrese a la zona y adueñarse del lugar.

Ante el hecho, Condori apuntó al Ministerio de Minería y a su brazo operador, la AJAM, por descuidarse de la zona.

“En Arcopongo, los cooperativistas han estado mendigando desde 2013 y 2014 para obtener un contrato de arrendamiento, pero no hubo respuestas de parte de ellos hasta la fecha”, cuestionó el dirigente.

La AJAM, mediante un comunicado, confirmó que en el sector Arcopongo se tienen muchas solicitudes de contrato y que los mismos están siendo procesados en cumplimiento de la Ley 535.

Además, enfatiza que la AJAM continuará con las acciones de verificación de actividades ilegales e intervenciones que correspondan, como establece la norma.

En mayo de 2014, la Comibol aprobó una resolución administrativa que inmoviliza de forma temporal las operaciones mineras en el río Chaquety, que comprende desde el inicio de la provincia Inquisivi, en La Paz, hasta la localidad de La Asunta, en Sud Yungas, luego de los hechos de violencia registrados por la explotación de oro.

Además, en ese entonces la estatal también decidió rechazar todas las solicitudes para operar en el área, zona rica en oro, donde al menos 28 cooperativas mineras hicieron su pedido, 13 empresas privadas y tres unipersonales.

La disposición se dio luego de que en la comunidad de Arcopongo se confirmó la muerte de tres personas durante el enfrentamiento entre mineros de Ullakaya Condorini y comunarios del lugar.

Los  permisos

  • Descargo En un comunicado de prensa, la AJAM  afirmó ayer  que el enfrentamiento  Arcopongo fue cometido  entre personas que no tienen ningún derecho para realizar actividad minera. Es el caso de Francisco Eugenio Aduviri, que se dirigió al sector 9 de la zona minera, donde no tuvo ni tiene ningún derecho Minero sobre las 50 cuadrículas mineras ubicadas en el Río Chaquety.
  • Intervención Por lo expuesto, la AJAM afirma que corresponde a la Policía Boliviana realizar las investigaciones pertinentes y procesar los hechos delictivos evidenciados el miércoles pasado en inmediaciones del río Chaquety.

 Comibol no debe permitir  ingreso

El expresidente de la Comibol, Héctor Córdova, afirmó que las áreas de la estatal  deberían ser “sagradas” y no permitirse el ingreso a ellas sin tener un  previo acuerdo.

“Pero, se evidencia el  avasallamiento en las zonas, que luego son consolidadas en favor de las cooperativas y en contra de los intereses del Estado”, observó.

Citó el caso de la mina Himalaya, área de la Comibol que era operada por una empresa privada, y tras un conflicto fue transferida a cooperativistas que invadieron el lugar.

Sobre  el caso de la explotación ilegal  en Arcopongo, si bien la AJAM es la   encargada de ver el tema, el conflicto  es complejo, debido a que la incertidumbre y la ambición provocan reacciones como los enfrentamientos suscitados.

Para Córdova, estos actos son cometidos por la limitación nacional para generar nuevos empleos, la diferencia de ingresos entre un empleo formal y la explotación de oro y la venta ilegal de minerales.

Fuente:http://www.paginasiete.bo/economia/2018/7/13/en-anos-explotacion-ilegal-de-oro-no-cesa-en-area-inmovilizada-187009.html

Mexico

Se expande minería tóxica en Veracruz

. La minería a cielo abierto está expandiéndose de la zona costera a la región montañosa de Veracruz, alertó Urbano Domínguez Grijalva, párroco de la localidad de Mozomboa, Actopan.

La minería tiene interés de llegar a los municipios de Yecuatla, Colipa, Juchique de Ferrer, Tatatila, Las Minas, Chiconquiaco y otras zonas.

«Quiere llegar al municipio de Las Minas, su nombre lo dice todo, en la sierra de Chiconquiaco hay un cerro que se llama Gallo de Oro, también a muy sugestivo, sabemos que en la región alta sigue habiendo incursiones de la minería».

A juicio del Sacerdote, la región mencionada es atractiva para los megaproyectos, enfocados a la explotación de minerales preciosos, recursos hídricos y la biodiversidad.

«Por la cierta facilidad que tendrían para engañar o coaccionar a la gente humilde y de la región, porque es una zona serrana, entonces por eso es que como Iglesia Católica estamos llamando a la concientización y a la organización».

La gente humilde podría ser desplazada de sus comunidades como ha ocurrido en países de América Latina.

«Esto se ha visto ya en regiones de América Latina, donde ya las minerías están trabajando, la gente ha tenido que salir por enfermedades, por problemáticas de inseguridad y por la escasez de recursos, sobre todo del agua».

Domínguez Grijalva refirió que el movimiento contra la minería tóxica ha crecido en los ayuntamientos de Alto Lucero y Actopan.

«Han firmado actas de Cabildo negando el cambio de uso de suelo y de construcción, esperamos se respete y esperamos que no pronto se dé la explotación minera; sin embargo, las concesiones son de mucha duración», subrayó.

Fuente:http://libertadbajopalabra.com/2018/07/12/se-expande-mineria-toxica-veracruz/

Chile

Demandan por $13 mil millones a minera del Grupo Luksic tras derrame de ácido en Mejillones

Los pescadores artesanales de Mejillones presentaron este miércoles una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Minera Michilla S.A., perteneciente al grupo Luksic, por un episodio de vertimiento de ácido sulfúrico ocurrido en septiembre de 2017 en Puerto Michilla.

La acción judicial fue interpuesta a través del abogado César Antonio Barra en representación de 219 pescadores artesanales, recolectores de orilla y buzos mariscadores, quienes exigen el paso 13.140 millones de pesos ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Tras el problema, la empresa admitió la situación en que se derramaron 2.400 litros de ácido sulfúrico. “Un minuto después de detectado el evento, se produjo la detención inmediata de la descarga de ácido, lo que permitió controlar los posibles efectos de este incidente”, aseguraron mediante un comunicado, aunque mantuvo a las embarcaciones sin poder utilizar el puerto durante al menos dos días.

Sin embargo, pescadores artesanales y grupos ambientalistas cuestionan esta versión e indican que la emergencia se extendió mucho más de lo que asegura la empresa perteneciente a Antofagasta Minerals, y que el daño hoy se expresa en la muerte de aves, animales y pérdida de importantes recursos marinos.

“Las aguas de Mejillones fueron contaminadas por la negligencia de una empresa minera que esta vez derramó un tóxica sustancia como es el ácido sulfúrico, poniendo en riesgo el ecosistema del lugar y la salud de los habitantes. Se deben exigir las medidas necesarias serias para evitar que los derrames sigan ocurriendo en nuestros mares”, indicó Mauricio Ceballos, vocero de Greenpeace.

Así las cosas, será la justicia la que tendrá que determinar los alcances que tuvo el incidente.

Fuente:https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2018/07/13/crisis-del-azucar-iansa-confirma-cierre-de-planta-en-maule-y-4-000-personas-se-veran-afectadas.shtml

Argentina

El Chubut los intendentes de la Meseta intentan incluir el debate minero y la resistencia social no se hace esperar

12 de julio en Puerto Madryn , los intendentes Marcelo Andrés Aranda de Gastre, Leonardo Bowman de Telsen, Miguel Ancamil de Lagunita Salada, Mario Oviedo de Los Altares, Ricardo Sepúlveda de Gan Gan, Nilda Tolosa de Las Plumas,

Mario Pichiñán de Paso de Indios y Víctor Candia de Paso del Sapo, organizaron un evento en relación con la minería, al cual invitaron al gobernador Mariano Arcioni.

El objeto del encuentro apoyado por los intendentes de la meseta, es producir un debate productivo sobre el desarrollo minero y alrededor del gobernador hay fuertes presiones para que no asista al encuentro, debido a la mala prensa que tiene la minería en Chubut y la posibilidad de la gente le haga pagar en las urnas en el 2019, la facilitación a las multinacionales canadienses de explotaciones a cielo abierto, tal como se resume del proyecto que tienen los intendentes y por el cual pretenden abrir el debate.

Si bien existe un proyecto en la legislatura provincial, con el cual se busca habilitar el debate en Cámara de Diputado para destrabar las prohibiciones que existen para la minería en la Ley 5.001, no existe demasiado convencimiento por gran parte de los diputados, que sea una medida adecuada para aplicar en la puerta de una campaña electoral como la que se llevará a cabo en los próximos meses y donde Arcioni, pretende revalidar su mandato, el cual quedara en sus manos luego del fallecimiento del ex gobernador Mario Das Neves.

Repudio

Inmediatamente de darse a conocer esta reunión de los intendentes y el pedido al gobernador para que asista al debate minero, distintas voces comenzaron a levantarse desde distintos sectores de la provincia. Desde la cordillera al mar, las radios y los diarios, como así también las páginas web y las redes sociales, se vieron inundados de mensajes de gente particular que se opone abiertamente a que unos pocos decidas por ellos.

En radio Cadena 3 entrevistaron a Ceferino San Martín un poblador del campo que tiene sus tierras vecinas al “Proyecto Navidad”, quien destacó la presión política y social que existe para forzar a la provincia a quitar las leyes prohibitivas de la minería y culpó directamente a los intendentes por utilizar la salida “más fácil” para hacer caja en sus municipios, pero evitando trabajar y desarrollar la región, con todas las potencialidades que Chubut tiene.

En cuatro oportunidades vinieron desde la firma canadiense, con intenciones de comprar mi campo. La zonificación está impulsada por los Intendentes y técnicos de las mineras. Los veo y escucho. No puedo entender que tengamos representantes con tanta ignorancia”, transcribe Cadena 3 sobre los dichos de este hombre de campo y más adelante señaló “las mineras llevaron a los intendentes de la meseta a Santa Cruz (al yacimiento Manantial Espejo) y según los intendentes de Gan Gan y Telsen, habían traído una buena impresión de los que es un emprendimiento minero. Que prácticamente no dejaban contaminación y había animales al alrededor” y a continuación se preguntó “¿Se animaron a tomar un poco de agua de dique de colas? que es donde queda depositado todo el coctel de químicos que utilizan, en la actividad. Cabe explicar que el “dique de colas” es una obra de infraestructura minera cuyo principal objetivo es almacenar los sólidos remanentes del tratamiento de los minerales. En él se deja filtrar el agua y se retiene los sólidos llamados “colas”, que están formados por mineral molido sin valor económico. De eso nadie habla y de ahí nadie toma agua”, dijo metafóricamente el entrevistado.

Los intendentes cuentan con mandato político y compromisos ante el gobierno nacional, de potenciar, imponer e impulsar la minería. Esta actividad, además de estar prohibido por les, no tiene licencia social; sin embargo, eso, por el momento, parece que no les preocupa a los jefes comunales ni al gobernador, (Agencia OPI Chubut)

Fuente:https://opisantacruz.com.ar/2018/07/11/el-chubut-los-intendentes-de-la-meseta-intentan-incluir-el-debate-minero-y-la-resistencia-social-no-se-hace-esperar/

Colombia

El mapa de los 311 líderes asesinados en Colombia

La situación de violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia llegó al nivel de “crisis humanitaria”, dijo el coordinador del programa Somos Defensores, Carlos Guevara.

“El tema de las agresiones contra personas que se dedican a defender de los derechos humanos en Colombia ya está en otro nivel y el nivel en que está es una crisis humanitaria”, aseguró Guevara.

En los últimos días se ha recrudecido la violencia contra líderes sociales con el asesinato de cuatro de ellos en diferentes regiones del país.

Según cifras del director del cuerpo elite de la Policía para la protección de líderes sociales, coronel José Restrepo, al menos 178 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde que se firmó en 2016 el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Aunque la Defensoría del Pueblo cuenta un total de 311, con Cauca, Antioquia y Norte de Santander como los departamentos con más asesinatos.

¿A qué se deben los asesinatos?

Guevara explicó que la situación es de “crisis humanitaria” porque “hay actores en distintos territorios que están intentado acabar con la vida de todos y cada uno de ellos” sin que haya una respuesta estatal para disminuir el número de homicidios.

Subrayó además la gravedad de la situación al afirmar: “No tenemos respuesta estatal, hay una situación de violencia masiva, no puedo decir que es generalizada, ni que es sistemática, porque no tenemos en este momento cómo evidenciarla pero sí es masiva”.

Es tan masiva que hay 311 líderes asesinados en los últimos 2 años. Si cruzamos datos de todos los líderes asesinados hasta el día de hoy encontramos que la mayoría son líderes de juntas de acción comunal, de restitución de tierras, afrodescendientes, indígenas, barquereos, cocaleros, desplazados, de las zonas de reserva campesina, líderes sindicales, campesinos y Lgbti.

Muchos de los homicidios también siguen un patrón y es que las víctimas son asesinadas muy cerca o dentro de sus viviendas por hombres armados que llegan hasta el lugar y los asesinan frente a su familia. En otros casos se repite otro patrón y es que son raptados antes de ser hallados muertos por las autoridades. También se presenta el asesinato de los familiares de los líderes como los hijos, y eso se evidencia en algunos casos en el Urabá antioqueño.

Otro de los lugares comunes y es que en las zonas donde ha habido mayor disputa por la restitución de tierras y los cultivos ilícitos es donde más se han presentado esta clase de asesinatos, también donde confluyen diferentes actores armados y no hay un mando único establecido. “A los que están asesinando los están matando porque están impulsando quitar una economía considerada ilegal y que beneficia a los narcotraficantes y grupos armados. Y el Gobierno no está tomando medidas para proteger a esos líderes por lo que están expuestos a que los asesinen”, afirma Arnobis Zapata, coordinador de la Coccam en Córdoba.

Según el Gobierno por cada hectárea de coca que se retira, las cadenas de narcotraficantes dejan de recibir 24 millones de pesos al año. “Quienes se lucran de ese dinero, que son los narcotraficantes no los campesinos, obviamente ven que se están afectando sus intereses y por eso han asumido esos comportamientos”, reconoce Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos.

La respuesta del Gobierno

Esta ola de violencia es un asunto que llama la atención de la comunidad internacional. Por esto, Guevara llamó la atención sobre el silencio del Gobierno, en especial después de las elecciones.

Parece que las instituciones se silenciaron después de las elecciones y están viendo desde la barrera cómo están asesinado a estos líderes sociales y defensores de derechos humanos”, añadió.

Lamentó que la situación no hubiese hecho parte de la reciente campaña electoral y reclamó acciones del Gobierno.

El presidente, Juan Manuel Santos, condenó este jueves la reciente ola de asesinatos de líderes sociales y ordenó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ponerse al frente de la situación.

De acuerdo con el jefe de Estado los inspectores deberán “supervisar qué es lo que está sucediendo y cómo está reaccionado la Fuerza Pública” ante los crímenes ocurridos durante los últimos días. Del mismo modo, añadió que evitar estas acciones delictivas demanda un trabajo en conjunto con múltiples entidades del Estado.

La orden se da debido a la muerte violenta de Margarita Estupiñan, en un hecho ocurrido en las últimas horas en el municipio de Tumaco, al cual se suma el de Ana María Cortes Mena, asesinada en Antioquia; y al homicidio de Luis Barrios en Barranquilla.

Entre tanto, señaló el jefe de Estado que la Fuerza Pública “tiene que actuar con toda la contundencia contra los responsables, lo mismo la Fiscalía y todas las autoridades”, esto con el fin de erradicar un flagelo que va en aumento.

Para el próximo martes convocó a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que se buscará adoptar nuevas medidas de protección para los líderes sociales. Ese día se formalizará la entrada en vigencia de un decreto especial de seguridad colectiva.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que entre las medidas a tomar está la de mejora el alumbrado público en lugares donde residen o trabajan los líderes amenazados e instalar antenas para mejorar la comunicación, en especial de los celulares, porque en muchas regiones no existe la telefonía.

“Este es el principal problema que afronta el nuevo Gobierno tan pronto llegue a la Casa de Nariño”, el próximo 7 de agosto, concluyó Guevara. Cauca, Nariño, Bajo Cauca, Bajo Atrato y Catatumbo y Norte de Santander, son las regiones con más riesgo.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/mapa-de-lideres-y-defensores-asesinados-en-colombia-DI8956261
Mexico

Un día llegó la minera de Canadá y les quitó sus tierras con plata. Puros viejitos. 14 años luchando

– Eustasio Ascacio Velázquez, “Tacho”, y su esposa “Chana”, viven en el ejido Tenochtitlan, en el desierto de Ocampo, Coahuila, entre la sierra del Chilicote. A pie de sierra, tienen una casa levantada con pedacería que el propio “Tacho” trajo en burro. Sin una mano y una lesión en el nervio ciático, “Tacho” tardó unos tres años en construirla. Solito, así, con pura cal y cemento.

“Tacho”, un hombre flaco y correoso de 67 años, es uno de los 36 ejidatarios que sigue viviendo en las tierras que hace 45 años el Gobierno mexicano les entregó, pero por las que aún luchan. Otros 33 compañeros ejidatarios –dos ya murieron– que van de los 40 a los 70 años, mantienen desde hace 14 años una pelea legal. Es una disputa entre mineros y la compañía minera. Una resistencia entre mineros molidos de trabajo, con pensiones de 2 mil pesos mensuales, y la minera canadiense First Majestic, dueño de la mina La Encantada que en 2017 tuvo ingresos diarios por más de 102 mil dólares. Unos pobladores amantes de la tierra y una minera que se instaló ahí sin preguntar siquiera de cuánto era la renta.

El ejido Tenochtitlan es un poblado que por el día recibe el azote enfadado de los rayos del sol y que por las noches acoge el cacheteo del viento. Junto a su esposa, “Tacho” tiene más de 350 cabras, 20 caballos, 13 vacas y como 20 perros que cuidan su patrimonio. Vive de los animales y de una pensión mensual de dos mil pesos de cuando trabajó como minero en distintas empresas como Peñoles, Desmín o en las minas de Armando Guadiana Tijerina, el ex candidato a Gobernador por Coahuila.

Son 14 años, dice Mario Valdés, ex comisariado ejidal de Tenochtitlan, en los que se han enfrentado a una compañía que busca alargar el juicio para que caigan en desesperación. En esta lucha legal, dos compañeros ejidatarios ya fallecieron sin ver ni un peso, Urbano Castellanos y Pablo Vega. Don Pablo, antes de morir, postrado en una cama y conectado a un tanque de oxígeno porque el trabajo de minero le devoró los pulmones, tuvo una última petición: “Quiero hacerles un ranchito a mis nietos porque ahí me crié, pa’ cuando ya estén viejos digan: ‘aquí vivía mi abuelo’”.

Los ejidatarios de Tenochtitlan, unos viejos y otros hijos de los viejos, arrastran lesiones de cuando fueron mineros. Sobrellevan fracturas en piernas, cintura, espalda, hernias. Por eso la mayoría no vive en Tenochtitlan y están regados en otros municipios colindantes, porque aquí en el rancho es terreno hostil, no se tiene agua y apenas se sobrevive trabajando a los animales, como lo hace “Tacho”.

Una tarde calurosa de mayo, “Tacho” regresa de llevar a las chivas a pastar al monte. Arriba a su casa –antes era un jacal de lámina– montado en un caballo. Lleva un radio al pecho por donde su esposa Chana se comunica cuando hay algún problema con los animales o cuando, en un día cualquiera, un oso baja de la sierra a querer comer.

A unos tres kilómetros, mientras Tacho y Chana comen de lo que le sacan a las chivas, la mina La Encantada de la canadiense First Majestic, extrae diariamente hasta más de cinco mil onzas de plata pura. Todas las noches cuando termina de trabajar, “Tacho” mira a lo lejos la mina, fuma un cigarrillo, se acomoda el sombrero y recuerda que aquellas tierras millonarias son de él y de el resto de sus compañeros ejidatarios.

“Tacho” siempre fue minero y por eso llegó a estas tierras en 1970. Estudió hasta primero de primaria y nunca quiso dedicarse a otra cosa. Desde los 12 años sacaba agua miel de los magueyes, preparaba atole y se arrimaba a las minas a vender. Trabajó como minero donde nació, en Salaverna, Zacatecas, donde le pagaban siete pesos por ocho horas de trabajo hace 50 años. “El terreno estaba muy bueno, no había nada, estaba solo el campo. Siempre me gustaron los animalitos, por eso me gustó aquí”, recuerda Tacho cuando pisó Tenochtitlan hace 48 años.

Regresó a Monterrey y Zacatecas, pero para 1973 volvió a Tenochtitlan mientras trabajaba para Peñoles, el gigante minero de Alberto Baillères González, el tercer hombre más rico de México. Desde entonces se bautizó en esta tierra agreste y junto a su esposa Chana decidieron que aquí echarían raíces.

“Tacho” recuerda que varios compañeros empezaron a traer animales y después surgió la inquietud de hacerse de tierras. El sueño de Tacho siempre fue tener sus animalitos y ser minero. Menciona que platicaron con gente en Ocampo (cabecera municipal) y un día, les concretaron la conformación del ejido. “Nos cooperábamos con dinero para gasolina”, recuerda Tacho sobre aquellas vueltas a Ocampo, uno de los municipios más grandes del país. Tenochtitlan y la mina están a 260 kilómetros de Ocampo, y a 200 kilómetros de Múzquiz, un municipio carbonero de Coahuila.

“Éramos 40 ejidatarios y a todos nos dio gusto”, rememora con el tono de quien añora. “Tacho” supo en aquel entonces que ésta sería su tierra, que aquí moriría, arreando animales. Pero no pensó que después, mal leyendo y mal escribiendo, demandaría por ocupación de sus tierras a First Majestic, la minera canadiense que según sus registros, obtuvo en 2017 ingresos por más de 252 millones de dólares por la operación de sus siete minas en el país. Ese mismo año, como todos los demás, “Tacho” y Chana comieron del queso y la leche de las cabras y subsistieron con los dos mil pesos de su pensión.

EL PLEITO LEGAL

En la carretera Múzquiz-Ojinaga hay una desviación que lleva a la mina La Encantada. Para llegar a aquel tesoro en constante producción de plata, es necesario recorrer 40 kilómetros de terracería por un camino que, me refiere el ex comisariado ejidal de Tenochtitlan, Mario Valdés, es también propiedad de los ejidatarios. “No se nos paga nada ni por eso, ni por la línea de luz ni la de agua”, se queja Valdés mientras avanzamos en su camioneta rumbo al ejido.

Alrededor sólo se mira el desierto coahuilense, hasta que por un lado del camino se ven mil 200 metros de una pista de aterrizaje de First Majestic. En esa pista, cada tercer día llega un avión y se retira cargado de plata. Tan sólo en el primer trimestre de 2018, se han llevado volando 452 mil 420 onzas equivalentes de plata, lo que representó ingresos por más de 7.5 millones de dólares, según el reporte de la empresa. En 2017, sumaron dos millones 183 mil 899 onzas equivalentes de plata y 37.5 millones de dólares de ingresos, pero en La Encantada ha habido años con más de cuatro millones de onzas en un año.

Cuando entramos a los límites del ejido, Mario Valdés se detiene y saca un plano donde me señala las colindancias del mismo. Asegura que la empresa ocupa dos mil hectáreas que les pertenecen.

“La tierra trae un vicio. Una parte de la tierra no fue entregada. El ejido consta de 10 mil 100 hectáreas pero cuando se hace la ejecución, no se completó el terreno. Se hizo la ejecución de 8 mil hectáreas. Así funcionó el ejido”, ahonda Valdés.

La solicitud del ejido culminó con la Resolución Presidencial de fecha 19 de junio de 1973, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 1973. En ese ordenamiento legal, le fue concedida la superficie a los ejidatarios. Fue en 1980 cuando se presentó personal de la Secretaría de la Reforma Agraria para ejecutar la Resolución Presidencial a favor del ejido Tenochtitlan.

Tenochtitlan empezó a funcionar a la par de la compañía minera, entonces Peñoles. La mayoría de los ejidatarios trabajaba para la empresa. Algunos comenzaron a comprar ganado y tener cabras. Así empezó la vida ejidal. Así se acabó.

Años después, un compañero ejidatario comenzó a dudar de las mediciones. “Están mal, falta”, aseguraba a los demás. Mario Valdés recuerda que tomaron medidas de la tierra y se dieron cuenta que alrededor de dos mil hectáreas que les pertenecían –pertenecen, afirma- estaban en posesión de Peñoles.

Cuando solicitaron a la Reforma Agraria que realizara de manera correcta las mediciones, la dependencia dio dos mil hectáreas de un rancho aledaño pero no los del plano original.

“Reconoce la Reforma Agraria que hay un faltante. Esa operación se cae porque no eran hectáreas aprobadas por el Cuerpo Consultivo Agrario”, recuerda Mario Valdés. “Es por lo que peleamos”, destacaca.

Con ese vicio, Peñoles vendió a First Majestic en 2006. Y en su último reporte anual, First Majestic asegura que es el único dueño de los derechos minerales (4 mil 76 hectáreas), derechos de superficie (mil 343 hectáreas), derechos de agua, planta de procesamiento e instalaciones auxiliares. Aunque los ejidatarios argumentan lo contrario.

Los 36 ejidatarios que quedaban demandaron a la Reforma Agraria y a First Majestic. La empresa canadiense interpuso un amparo que fue sobreseído y que actualmente está en revisión. Valdés recuerda que en primera instancia el Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito en Torreón, resolvió a favor de la minera canadiense. Sin embargo, interpusieron una revisión ante el Tribunal Superior en México, instancia que revocó la sentencia del Tribunal Unitario.

Juan Francisco Flores Gándara, abogado defensor de los ejidatarios, explica que el Tribunal Superior les dio la razón porque consideró que en la sentencia había faltado documentación y no se había valorado correctamente el peritaje de las hectáreas en disputa.

“El Tribunal Superior indicó que la venta que hicieron a First Majestic carece de efectos jurídicos, porque ya se había hecho la dotación de tierras ejidales”, ahonda el defensor. Además, Flores Gándara menciona que no se valoró el documento de la resolución presidencial.

La minera alegó que el comisariado ejidal no estaba elegido legítimamente pero también se les sobreseyó. El asunto está en revisión. “Presentan documentos de compra después de la fecha de publicación del Diario Oficial de la Federación y después de la resolución presidencial”, añade Mario Valdés.

Juan Francisco Flores agrega que habrá que esperar hasta después de agosto porque se mandará el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa para que resuelva el recurso de revisión interpuesto por la minera.

Esperar es algo que conocen los ejidatarios.

Rodrigo Ascacio, hermano de “Tacho” y también ejidatario, usa bastón desde 1984 a raíz de una caída en la mina La Encantada. También usa zapato con plataforma en una pierna porque dice que le quedó corta después del accidente. Así trabajó otros ocho años en la mina y ahora vive en Nueva Rosita, Coahuila. Tiene la mirada vidriosa y los surcos en la piel que reflejan 70 años.

“Ha sido una lucha muy difícil. No se dejan”, dice Rodrigo, también oriundo de Zacatecas. Confía que tienen cómo comprobar que la compañía está en su terreno, luego duda: “Pero ellos son licenciados y nosotros no”.

–¿Hasta dónde seguir la lucha? –le pregunto a Rodrigo, padre de seis hijos.

–Hasta que me muera, mientras que pueda hablar hasta que me muera, y luego ahí seguirán otros. Porque es de nosotros.

–¿No tiene miedo?

–No, por qué tengo miedo, todo es legal, estamos peleando lo que es de nosotros.

–¿Qué piensa que saquen millones de sus tierras?

–No lo pienso, lo he visto. A día y noche, camiones llenos de mineral, cada media hora, entraban y salían. Ya es en avión.

***

Los ejidatarios de Tenochtitlan, viejos o hijos de los viejos, tienen confianza en ganar el pleito. Miran de frente y aseguran que no hay forma de renunciar. Mario Valdés, ex comisariado, dice que no quieren la mina y que no están en un plan beligerante. “Se necesita una participación que sea conveniente. El pago de rentas atrasadas y un contrato en adelante”, aclara.

Los ejidatarios saben que sus tierras están asentadas en un lugar de mucha riqueza; riqueza que no se refleja en ellos. Sólo “Tacho” vive en Tenochtitlan y el resto tuvo que dejar del rancho porque no encontraron el horizonte en el ejido.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/09-07-2018/3437694

Chile

Las diferencias entre la inversión extranjera y la estatal en la minería

Desde que el precio del cobre superó los 3 dólares la libra se reactivaron los proyectos de inversión minera en Chile, lo que ha sido celebrado por diversos medios como un gran beneficio para el país. Documentando la reactivación de la inversión minera el año 2017, Cochilco publicó un informe titulado precisamente así, “Inversión Minera en Chile”, en el que celebra que la inversión minera proyectada para el período 2017-2026 alcance un monto de US$ 64.856 millones.

Sin embargo, el Anuario de Cochilco 2016, al reportar la tributación de las 10 mayores mineras privadas, nos informa que para el ejercicio 2016 ella alcanzó la ridícula suma de US$ 17,6 millones. En el mismo ejercicio, el mismo cuadro informa que la tributación de Codelco alcanzó a US$ 950,8 millones, mientras que Enami tributó US$ 8,8 millones.

Esto quiere decir que Codelco tributó 520,4 dólares por tonelada de cobre producida, Enami 60,90 dólares, y las grandes mineras extranjeras apenas 4,60 dólares por tonelada de cobre que se llevaron de nuestro país. Esa es la diferencia entre la producción estatal y la producción privada de nuestro mineral.

Esa es la inversión extranjera en el país que celebra El Mercurio, Cochilco, el gobierno, el Consejo Minero, la Sonami, y todos aquellos que rajan vestiduras en favor de la inversión extranjera. Por ignorancia los más, y por jugosas “coimisiones” los menos, gracias a boletas de honorarios por servicios no prestados como quedó en evidencia en los juicios Penta y SQM.

La inversión extranjera en la minería, se mire como se mire, es funesta, infamante, escandalosa, inicua, vil…

Además, sigue siendo absolutamente innecesaria. Chile, después de la nacionalización del cobre, nunca necesitó de inversión extranjera para desarrollar su minería. Codelco, entre 1973 y 1989, aumentó su producción desde 615 mil toneladas a 1 millón 243 mil toneladas, doblando su capacidad productiva.

Si agregamos las 50 mil toneladas de aumento de la producción de Enami, el Estado chileno financió el aumento de la producción mundial de cobre en 678 mil toneladas. Todo el resto de empresas mineras del mundo, en el mismo período de tiempo, aumentó la producción en solo 599 mil toneladas,

En el periodo 1973 y 1989 el Estado de Chile –Codelco y Enami– pudo financiar más de la mitad del crecimiento mundial de la producción de cobre. Esa es la prueba más contundente que Chile no necesitaba de ninguna manera la inversión extranjera para desarrollar su minería.

No hubo en los años ochenta del siglo pasado, ni en los años noventa, ni en este siglo, ninguna justificación económica para la inversión extranjera en nuestra minería. El Estado chileno podía financiar con sus propios medios, de manera planificada y progresiva, el desarrollo de la minería en modo tal de no generar sobreoferta, manteniendo un justo precio del cobre y del molibdeno.

La inversión extranjera que se expandió de manera considerable y catastrófica para la economía chilena a partir de 1990, no es el fruto de la conversión ideológica de los dirigentes de la Concertación, que la facilitaron, sino a la corrupción. Los juicios Penta, SQM y Sernapesca lo acreditan, al tiempo que esos casos no son sino la punta del iceberg de la gran corrupción que se paga desde y hacia cuentas secretas en paraísos fiscales de las Islas del Caribe.

Algunos interesados expertos, defendiendo el “aporte” de la minería extranjera, dicen que ha generado una considerable expansión del empleo en la minería. Sin embargo eso no es sino un espejismo típico del desierto: la realidad es muy diferente.

Según las cifras de los Anuarios de Cochilco, en 1990 el personal ocupado en la minería del cobre era de 46.248 personas. De las cuales 20.484 trabajaban en la mediana y pequeña minería, o sea el 45% del total. Diez años después, el año 2000, el empleo en la minería del cobre era de 33.637 trabajadores, del cual solo 5.036 en la mediana y pequeña minería: 15.448 trabajadores menos que en el año 1990.

El empleo en la gran minería, incluyendo a Codelco, pasó de 25.674 personas en 1990, a 28.601 el año 2000, con un aumento de solo 3.073 trabajadores. Sin embargo, la producción de cobre de la gran minería pasó de 0,13 millones de toneladas a 2,7 millones de toneladas. Hablando de productividad…

En la pequeña y mediana minería el empleo bajó en 15.448 trabajadores entre 1990 y el año 2000, por efecto de la catastrófica caída del precio del cobre provocada por el colosal aumento de la producción de cobre en Chile por la gran minería extranjera.

En suma, entre 1990 y el año 2000, época del auge de la inversión extranjera en la minería, se produjo en Chile un colosal aumento de la producción de cobre por las transnacionales mineras, pero el empleo, en vez de aumentar disminuyó en cerca de 13 mil trabajadores, según las estadísticas de Cochilco.

Ello fue el producto de la eliminación de empleo en la pequeña y mediana minería, como consecuencia del desplome del precio del cobre que pasó de 1,50 dólares en 1990 a solo 0,70 dólares el año 2000. Caída del precio ocasionada por la colosal sobreproducción de cobre de las empresas extranjeras.

La gran minería, que exporta esencialmente concentrados, sin fundir ni refinar el cobre en Chile, genera poco empleo: el proceso productivo es altamente automatizado y algunos procesos han sido robotizados.

Informes del SII prueban que, hasta el año 2004, solo Minera Escondida pagó impuestos de Primera Categoría –US$ 490 millones–, pero el resto de las mineras extranjeras, entre las cuales Los Pelambres, no pagaron un solo peso de impuesto a la renta. Varias de ellas no pagaron ningún impuesto hasta el año 2006.

Con el aumento del precio del cobre, en el periodo 2006-2016, el Impuesto de Primera Categoría pagado por las 10 principales mineras rondó los US$ 18.000 millones. En ese mismo periodo de tiempo, Codelco, que produce menos de la mitad de las mineras extranjeras, aportó excedentes al Estado del orden de US$ 52.000 millones.

Lo que precede pone en evidencia lo nefasto e innecesario de la inversión extranjera en la minería. Por el contrario, la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre le ha aportado al país más de US$ 120.000 millones. Es una de las razones por las que la Nacionalización es el mayor éxito económico de la toda la historia de Chile.

Este 11 de julio celebraremos el 47 Aniversario de la Nacionalización del Cobre, el Día de la Dignidad Nacional.

Fuente:https://madmimi.com/p/75818c?fe=1&pact=16483157-146184720-4473055447-1257b24582047ec60b560d36bf67ab0645f54e81

 

Mexico

Comunidades convocan a encuentro de repudio de “corredor minero” en Oaxaca

En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería se realizará el “Encuentro de los Valles Centrales: Aquí decimos sí a la vida, no a la Minería”, con el fin de enfrentar las afectaciones, debido a que 70% de su territorio, es decir, 130 mil hectáreas, ha sido concesionado a la empresa canadiense Fortuna Silver.

Así lo dio a conocer el representante del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, Neftalí Reyes Méndez, quien agregó que en este encuentro -a realizarse el domingo 22 en el municipio de San Antonino Castillo Velasco- participarán alrededor de 30 comunidades de los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán.

Luego explicó que el objetivo de este encuentro es compartir y diseñar estrategias para enfrentar las afectaciones ambientales, sociales y culturales producidas por las concesiones y proyectos mineros en los territorios de Oaxaca, ya que se pretende establecer un “corredor minero” que abarcaría de Tlacolula a Ejutla.

Afortunadamente, dijo, ya son varias las comunidades que han decidido sumarse a este tipo de resistencias, al enterarse de que sus territorios han sido concesionados sin ser consultadas, y sobre todo debido a los graves impactos ambientales que la minería está provocando en San José del Progreso, San Pedro Totolapan y Magdalena Teitipac.

Reyes Méndez explicó que, el 22 de julio de 2015, se estableció el Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, por lo que decidieron realizar ese encuentro para diseñar estrategias de resistencia.

Hizo hincapié en que, de 130 mil hectáreas concesionadas a Fortuna Silver, 80 mil corresponden a Ocotlán y Ejutla, y el resto, unas 50 mil, a San Juan Chilateca y San Antonino Castillo Velasco.

Al encuentro convocan las autoridades de San Antonino Castillo Velasco, la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), el Frente de Autoridades Municipales y Agrarias (FAMA) y el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/542534/comunidades-convocan-a-encuentro-de-repudio-de-corredor-minero-en-oaxaca

Perú

Consúltame de verdad: informe hace balance crítico a siete años de la Ley de Consulta Previa

Siete años han pasado desde la aprobación de la histórica Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios. Como se recuerda, dicha Ley fue producto de la lucha indígena por el cumplimiento efectivo de este derecho, que seguía siendo ignorado por los sucesivos gobiernos pese a que se encuentra reconocido en el país desde que el Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1994.

¿Qué se ha avanzado en estos años? ¿Esta Ley, pionera en el mundo, ha logrado garantizar realmente el cumplimiento efectivo del derecho de consulta a los pueblos indígenas? Un reciente informe de CooperAcción y Oxfam muestra que no, pues en la mayoría de casos la consulta ha sido reducida a un mero trámite adicional, y en el caso de las actividades extractivas se someten a consulta decisiones administrativas menores en las etapas finales del proceso, cuando casi no queda nada sustantivo por decidir.

La investigación, realizada por Ana Leyva –directora de CooperAcción- analiza 38 procesos de consulta realizados en sectores como Energía y Minas, Transporte y Comunicaciones, Ambiente, Educación, Salud y Agricultura.

El grueso de las consultas realizadas (25 de ellas) tiene que ver con proyectos extractivos, de los cuales 13 han estado referidos a hidrocarburos y 12 a minería. Un primer problema identificado tiene que ver con la decisión sobre qué se consulta. “La realización de un proyecto extractivo implica una cadena numerosa de decisiones que se realiza en etapas. Entre tales decisiones, el Minem ha definido qué se consulta y qué no, sin haber solicitado para ello la opinión de los pueblos indígenas”, señala el informe.

Además, señala que “el mayor problema ha sido la asimetría de los actores, lo que dificulta la participación y está relacionado con temas logísticos, falta de información o de asesoría”, entre otros elementos.

La investigación también muestra las deficiencias en la información previa provista por el Estado, así como en los plazos y tiempos para el cumplimiento de las diversas etapas de información, evaluación interna y diálogo intercultural.

Por otro lado, dadas todas estas deficiencias, los acuerdos alcanzados al finalizar el proceso son, en la mayoría de casos, de tipo general y se refieren a obligaciones que ya tiene el Estado al margen del proceso de consulta. Por ejemplo, algunos de los acuerdos son que “se respete el medio ambiente”, “que la empresa cumpla con sus compromisos”, “que el Estado cumpla con fiscalizar”, entre otros. “Creemos que la consulta previa en minería, tal como ha sido diseñada, conduce inexorablemente a este resultado”, concluye la investigación.

Entre sus recomendaciones, se plantea que las medidas a ser consultada deben ser definidas en diálogo con los pueblos indígenas, se proponen cambios en la metodología y la necesidad de garantizar asesoría técnica para las etapas informativas, de evaluación interna y de diálogo, entre otros planteamientos. Ello debería llevar a modificar las normas reglamentarias emitidas por el Gobierno que regulan la consulta previa, especialmente en actividades extractivas.

Descargar el libro aquí

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/consultame-de-verdad-informe-hace-balance-critico-a-siete-anos-de-la-ley-de-consulta-previa/

Internacional

500 kilómetros en bici contra la minería especulativa

Este viernes comienza la octava edición de la Ecomarcha, la ruta ciclista en defensa del medio ambiente, que este año realizará los 500 kilómetros entre Madrid y Ciudad Rodrigo y se centrará en la denuncia de los proyectos mineros.

Una de las citas clave del ecologismo estival ya está aquí. Este 13 de julio comienza la octava edición de la Ecomarcha, la ruta ciclista que cada verano reúne a decenas de activistas para pasar dos semanas en bicicleta combinando deporte y defensa del medio ambiente, mediante la visita a espacios con interés natural y donde se están llevan luchas sociales y en defensa del territorio

En esta ocasión Ecologistas en Acción, la federación de colectivos encargada de organizar la inciativa, ha puesto el foco sobre los proyectos mineros como tema central de la ruta “debido a la ola de minería especulativa que se está produciendo en todo el Estado”, señala Félix Jiménez, coordinador de la Ecomarcha.

Antes y después

Entre el 14 y el 29 de julio, el pelotón de 120 ciclistas recorrerá los 500 kilómetros que hay entre Madrid y Ciudad Rodrigo (Salamanca). “Buscábamos una zona donde hubiese proyectos cercanos que se pudiesen visitar en bicicleta, y en Ávila hay tres proyectos de minería especulativa —en las sierras de Ávila y Yemas, y en el valle del Corneja— y en Salamanca están las minas de Uranio de Retortillo”, explica Jiménez. Respecto al inicio en Madrid el coordinador expone que se eligió “porque es un punto bien comunicado y en el sureste de Madrid hay muchas explotaciones a cielo abierto donde ya se ha producido el destrozo”.

La zona de las vegas de los ríos Jarama, Manzanares y Tajuña, área histórica de minería de areniscas, gravas y yesos, servirá así de ejemplo sobre lo que puede pasar en zonas de Castilla y León amenazadas por proyectos mineros. De hecho, la Ecomarcha tiene como lema ‘Sí a la vida, no a la mina’ y en su manifiesto remarcan que en esta comunidad autónoma “el desarrollo de proyectos mineros se ve favorecido por la despoblación y por los intereses de un Gobierno autonómico dirigido por un partido político que lleva más de treinta años en el poder”. El colectivo pone como ejemplo de ello la aprobación el año pasado por parte de la Junta de Castilla y León de una Estrategia de Recursos Minerales que promueve el desarrollo de la minería en la región.

Del Manzanares a Gredos, del AVE a las macrogranjas

La ruta ciclista, sin embargo, no se limitará a denunciar los problemas de los proyectos mineros. “Empezamos mañana viernes apoyando las reivindicaciones del área de Aguas de Ecologistas de que no se rompa el trabajo que se ha hecho con la renaturalización del río Manzanares”. Lo harán a las 18.30 horas en la pasarela sur del puente de la Princesa, en Madrid Río, donde hay programada una concentración de protesta contra el fin de la renaturalización en 1,6 kilómetros de río para establecer un canal de remo en su tramo urbano.

No será el único acto del primer día sobre ruedas y pedales: a las 19.30 la comitiva se dirigirá a plaza elíptica para comenzar una manifestación contra la contaminación y por la calidad del aire en la ciudad. “Será entre plaza Elíptica y las Escuelas Aguirre, donde están las estaciones de medición de contaminación que dan los picos más altos de polución, y terminaremos en la Puerta del Sol, lugar simbólico de las luchas en Madrid”, completa Jiménez.

En el sureste madrileño también visitarán la fábrica Cementos Portlando Valderribas, en Morata de Tajuña, para denunciar la contaminación que produce, y la asociación Garaldea, un proyecto autogestionado para la atención a personas en situación de riesgo de exclusión. Más tarde, se dirigirán al noroeste para cruzar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, cuyo Plan Rector de Uso y Gestión está en proceso de tramitación y donde la federación ecologista reivindica “una legislación coherente con lo que debería ser un parque nacional”.

Ya en Segovia la Ecomarcha denunciará “lo costoso y lo poco accesible del AVE, reivindicando el uso del tren regional, además de poder meter más bicis en el tren”, expone el coordinador.

Por último, Jiménez relata que en Ávila y Salamanca, además de los proyectos mineros, el pelotón ciclista denunciará “los proyectos de macroinfraestructuras turísticas que la Junta quiere hacer en Gredos, las macrogranjas de Salamanca o la necesidad de una red de carriles bici en Ávila”, además de abogar por “la convivencia en el mundo rural con las especies autóctonas y con el lobo”.

Fuente:https://www.elsaltodiario.com/medioambiente/ecomarcha-vuelta-ciclista-mineria-especulativa