Perú

Erradicación minera en zonas altas de Santiago de Chuco no tendría respaldo necesario

Ante la posibilidad de que la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco apruebe una ordenanza prohibiendo toda actividad minera en las zonas altas de la provincia liberteña mencionada, el dirigente ronderil expresó sus dudas de que una iniciativa así tenga actualmente el sustento necesario para poder aprobarse.

Citó que con una medida así se protegieran las cuencas de Huancamarcanga y la de Caballo Moro, que son cabeceras de cuenca desde donde baja el agua para ser usada por la agricultura y ganadería, actividades de gran importancia ya que un gran porcentaje de la población se dedica al cultivo de sus tierras. Sin embargo, expresó que la iniciativa sería una medida “necesaria”.

Remarcó que para legislar algo así “no solo tiene que ver la municipalidad, sino que también autoridades del Ministerio de Energía y Minas, también del Ministerio del Ambiente y de la población misma que se ve afectada por esta actividad”. Recordó que en las zonas altas de la provincia se encuentra actividad tanto de minería formal como de la informal, que involucra a muchos pobladores que la zona.

El Estado debe informar más a la población

Es necesario que la población esté informada de los reales alcances de la minería en el desarrollo local, si bien es cierto la ley faculta el desarrollo de talleres participativos con la gente del lugar, “pero en realidad eso no se da o se da con gente de otros lugares, que no está involucrada y es por ello que de allí nacen los problemas”, acotó.

Esta divulgación de la información más que nada es labor del Gobierno central a través del Ministerio de Energía y Minas, consideró. Es importante que la gente sepa lo que es una exploración o una explotación minera, pues con la coyuntura política “muchas de las veces se aprovecha con otro interés para manejar a la población”, alertó.

Quiruvilca: No hay presencia del Estado

Los efectos de la reciente retirada intempestiva de una empresa minera en el distrito de Quiruvilca hasta ahora se sienten en la zona, refirió nuestro interlocutor. Personas sin empleo, extrabajadores endeudados, proveedores a su suerte, los relaves que afectan el medioambiente, “parece que no hay presencia del Estado”, resaltó.

Finalmente, consideró que no se ha podido avizorar alguna propuesta clara y firme de los candidatos ediles en temas tan importantes como la defensa medioambiental o el manejo que se debe hacer ante el tema de la minería.

 

Fuente:http://www.inforegion.pe/252532/consideran-necesario-erradicar-mineria-de-zonas-altas-de-santiago-de-chuco/

Internacional

Ecologistas en Acción: «Diputación y UCLM promueven la especulación minera en la provincia de Ciudad Real»

Ecologistas en Acción-Ciudad Real denuncia que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través de la Escuela de Minas de Almadén, «está desarrollando un plan que persigue desarrollar decenas de minas en las comarcas de Montes de Toledo, Montes de Ciudad Real y Sierra Morena y el Valle de Alcudia, cuyas primeras iniciativas son las minas de Abenójar y de Fontanarejo».

Según la organización ecologista, «este plan, en realidad, pretende extraer los recursos mineros no renovables de estas comarcas causando severos impactos ambientales por la alteración del relieve, del paisaje y la contaminación que generará, presente y futura, puesto que los residuos del lavado de los minerales, altamente tóxicos, se quedan en el mismo lugar de la explotación para siempre tal y como ha pasado con Almadén y el mercurio».

Este plan de momento cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que ha liberado 120.000 euros para financiarlo, «paradójicamente fondos que servirán para destruir el medio natural mejor conservado de la provincia que la institución provincial pretende poner en valor con un turismo responsable y sostenible a través de su iniciativa Un paseo real”.

Para Ecologistas en Acción, «el plan no solo pretende poner en explotación minera numerosos parajes de alto valor ecológico sino que además persigue la transformación de los minerales también en esta comarca, precisamente la fase más peligrosa medioambientalmente y con mayor riesgo para la salud humana de la actividad minera».

Al frente del plan se encuentra Pedro Aranguez Ruiz, profesor de la UCLM y «conocido promotor y especulador de proyectos mineros» como la mina de wolframio de Abenójar y la de fosfatos de Fontanarejo. Vinculado al PSOE, la ayuda de la Diputación Provincial «puede responder a su pasado político, donde recuerdan que fue Director General de Industria y Energía en el Gobierno de José Bono».

«Lo singular de este plan es que ante el fracaso de otros proyectos mineros en Ciudad Real, como el fracking o fracturación hidráulica y la mina de tierras raras en el Campo de Montiel, los promotores de este plan de desarrollo minero han aprendido la lección y está orquestando apoyos institucionales al margen de la población local bajo una supuesta “Alianza contra la despoblación”, eufemismo que oculta la explotación minera salvaje e intensiva del occidente provincial», comentan.

Para los ecologistas, «en realidad a los promotores de las minas no les preocupa para nada la despoblación rural, sino solo llenar sus bolsillos en un contexto internacional y europeo de la minería especulativa promovido por el comisario europeo de la energía Miguel Arias Cañete», encontrando en este proceso de ingeniería social una manera de desactivar a la población local ante futuras movilizaciones. De momento han conseguido reclutar no solo a la Universidad regional y a la Diputación, sino que también han sumado a las asociaciones de desarrollo rural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona y de Entreparques y a Fundescop.

Ecologistas en Acción-Ciudad Real va a estar vigilando la evolución de este plan especulador con claras conexiones políticas, exigirá su evaluación ambiental estratégica y la evaluación rigurosa de cada proyecto y movilizará a la población local como se hizo en su día con la incineradora de residuos de Almadén, el fracking o la mina de tierras raras.

Fuente:http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2018_07_22/33

Chile

Arica: Senador Insulza manifiesta su preocupación ante proyecto minero en poblado Belén

Inquieto se manifestó el Senador José Miguel Insulza ante la información que le entregó la comunidad de Belén, respecto de las exploraciones mineras que está realizando la empresa transnacional Río Tinto en este pueblo ubicado a 3.240 m s. n. m. y a 148 kms de distancia de Arica.

En la reunión, que tuvo lugar en la oficina legislativa del parlamentario, los representantes del pueblo de Belén plantearon sus inquietudes ante la posibilidad de que esta empresa de capitales anglo-australianos se instale en su territorio ancestral.

Para el senador «el daño ambiental y cultural que provoca la actividad minera en un territorio es irreparable. Se contaminan los escasos recursos hídricos, se destruye el patrimonio y se ensucia el territorio».

En este sentido, Insulza se comprometió a apoyar las demandas de los habitantes de Belén y a conversar con Sernageomin, e hizo un llamado a la empresa dueña de este proyecto a que sea transparente con la comunidad.

Por su parte, la vocera de la comunidad Ayleen Chang Cutipa, agradeció la invitación a dialogar del Senador Insulza y agregó que las consecuencias nefastas de la Minería no solo afectarán a la localidad de Belén sino también al Valle de Azapa y a Arica.

Fuente:https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-arica/arica-senador-insulza-manifiesta-su-preocupacion-ante-proyecto-minero-en-poblado-belen/2018-07-22/174413.html

Colombia

Fallo fijaría límite a las consultas populares en minería y petróleo

Estos mecanismos de participación no podrían vetar, en primera instancia, las iniciativas extractivas, según ponencia de la Corte Constitucional.

a semana que inicia hoy sería clave para el futuro de la operación minera y petrolera en el país. La Sala Plena de la Corte Constitucional dejaría en claro el papel de las consultas populares, y hasta dónde pueden llegar frente a las actividades extractivas en el territorio nacional.

 

La semana que inicia hoy sería clave para el futuro de la operación minera y petrolera en el país. La Sala Plena de la Corte Constitucional dejaría en claro el papel de las consultas populares, y hasta dónde pueden llegar frente a las actividades extractivas en el territorio nacional.

La jurisprudencia que dejaría sentada el alto tribunal, se da luego de que la empresa petrolera Mansarovar instaurara una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta, corporación que le dio vía libre al mecanismo de participación ciudadana para la extracción de crudo en el municipio de Cumaral.

Portafolio pudo establecer con fuentes de la Corte Constitucional que la ponencia de la magistrada Cristina Pardo y que estudiarán sus colegas en Sala Plena sería favorable, y que los argumentos se sustentarían sobre tres ejes.

El primero señala que es necesario desarrollar mecanismos de concertación con las comunidades antes de la realización de los proyectos extractivos y, si no se llega a un acuerdo entre las partes, se recurriría a la consulta popular como última instancia, para que a través de las urnas se dirima la situación.

El segundo, que complementaría al primero y que se remite a la sentencia C-123 de 2014, indica que en el proceso de autorización de las actividades de exploración y explotación minera y petrolera se deben establecer metodologías de participación activa, eficaz y equitativa de los distintos actores que hacen parte directa e indirectamente del proyecto.

Y el tercero, que ha llamado la atención de la industria extractiva y que desenredaría la madeja, resalta que las consultas populares no pueden vetar como primera instancia estas iniciativas, ya que este mecanismo no puede restringir los derechos locales sobre el subsuelo ya que este es de uso exclusivo de la Nación.

OPINIONES DESDE EL GOBIERNO

Para este tercer punto primaría la norma constitucional de que el interés general está por encima del particular y se reafirmaría que las consultas populares no serían vinculantes con las iniciativas de carácter extractivo (minería y petróleo).

La fase de concertación ya la viene desarrollando el Estado con los entes locales desde hace varios meses en los llamados planes de concurrencia, y en los que hacen parte las administraciones municipales con las autoridad minera y ambiental”, señaló Silvana Habib, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

La funcionaria en distintos escenarios, y previamente, ha reiterado que la Corte Constitucional debería volver a la jurisprudencia que ordenaba que las tareas (en su caso las mineras) se desarrollaran bajo la concertación entre la nación y los municipios.

“Una interpretación que fije la prohibición, desconoce la Constitución y los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad”, señaló en la audiencia pública que adelantó el alto tribunal sobre este caso, en abril pasado.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, indicó que su cartera ha fortalecido el trabajo con los actores y procesos locales para potenciar y proteger los recursos ambientales.

Se han abierto diálogos sobre las capacidades y necesidades sociales, basado en argumentos y herramientas técnicas, que reconocen la complementariedad en las competencias, la corresponsabilidad y el reconocimiento de los participantes”, explico Arce Zapata.

El Ministro señaló, además, que esta estrategia busca consolidar un modelo de relacionamiento del sector minero-energético con las autoridades ambientales, territoriales y las comunidades, lo que fortalece la concertación y el diálogo, construye confianza y permite tomar mejores decisiones en términos de ordenamiento territorial.

En el mismo sentido, Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), insistió en que el diálogo informado evita el conflicto con las comunidades. “Que se promulguen instrumentos para equilibrar el desarrollo de la operación extractiva sostenible, responsable y que no sea limitada de manera unilateral”.

En tanto, Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, precisó que es necesario que el alto tribunal recupere y establezca las fórmulas para desarrollar en armonía un proceso de concurrencia y concertación entre los distintos actores.

Una opinión contraria a la del Gobierno es la de la magistrada Teresa Herrera del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, quien sostuvo que “no se debe desconocer que la consulta popular es una expresión del principio democrático y es deber del Estado fomentar las prácticas democráticas, articulo 41 de la Constitucional Nacional”.

GREMIOS SE PRONUNCIAN

Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), indicó que “al asegurar la estabilidad jurídica se tiene la oportunidad de aprovechar la riqueza del subsuelo y convertirla en instrumento de desarrollo sostenible para el país y sus regiones.

Esto permitirá aumentar la inversión en exploración y producción”. Por su parte, Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), expresó que “se debe avanzar en una reforma constitucional que asigne competencia a autoridades del orden nacional en la gestión y control de sectores estratégicos para la economía y administración del subsuelo”.

Fuente:http://www.portafolio.co/economia/gobierno/fallo-fijaria-limite-a-las-consultas-populares-en-mineria-y-petroleo-519307
Internacional

La plataforma contra el proyecto de Touro logra 57.000 firmas en la Red

El colectivo celebró el Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto sumándose a otros 12 movimientos sociales.

La plataforma contra la mina de Touro-O Pino ha logrado 57.000 firmas en contra del proyecto minero de extracción de cobre en la semana transcurrida desde la puesta en marcha de la iniciativa en la plataforma Change.org.

El colectivo opositor a la mina conmemoró ayer el Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto sumándose a otros 12 movimientos sociales.

 

Fuente:https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/touro/2018/07/23/mineria-plataforma-contra-proyecto-touro-logra-57000-firmas-red/0003_201807S23C3994.htm

Colombia

Erradicar el mercurio

La semana pasada el país puso en marcha una de las medidas claves para frenar el flagelo de la contaminación por mercurio: entró en vigencia la prohibición de este elemento en la producción legal de minería de oro. Sin embargo, su alarmante uso ilegal sigue siendo el mayor obstáculo para que Colombia sea libre de este tóxico.

La medida, que se estipuló desde la Ley 1658 de 2013 y ya venía implementándose, busca poner en cintura los procesos de los títulos legales, que antes contaban con autorización ambiental para el uso de mercurio. Con esto, según el Minambiente, se evita la importación de cerca de 95 toneladas de químico nocivo, utilizado para la separación del oro de otros elementos durante su procesamiento.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el mercurio es uno de los diez productos químicos críticos para la salud pública por su efecto tóxico en los ecosistemas y los humanos. Tras acumularse en el ambiente, puede causar desde malestares como dolores de cabeza hasta graves enfermedades neurológicas a quienes están en contacto con este tóxico.

En algunos lugares del país donde hay explotación minera informal ya empiezan a registrarse casos de niños que nacen con extrañas enfermedades que expertos atribuyen al contacto con este elemento.

La gran incertidumbre se cierne sobre las explotaciones ilegales de oro, predominantes en el país y las que causan mayor impacto en los ríos.

La prohibición impuesta por el Gobierno es, entonces, más que necesaria. Sin embargo, la gran incertidumbre se cierne sobre las explotaciones ilegales de oro, predominantes en el país y las que causan mayor impacto en los ríos. De acuerdo con el Ideam, anualmente en promedio se están vertiendo a fuentes de agua y suelos cerca de 200 toneladas de este material.

La situación es especialmente crítica en el Chocó y algunas zonas de Antioquia y Córdoba, pero este mal ya empieza a abrirse paso en ecosistemas invaluables como el de la Amazonia. La población rural de esas regiones es la más vulnerable y hay suficiente evidencia científica para alertar sobre la grave situación de salud pública al respecto.

Esta decisión es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Pero la moneda tiene otra cara: la de los serios obstáculos para hacer efectiva la proscripción. Estos incluyen el contrabando fronterizo de este elemento y, sobre todo, la debilidad institucional de las corporaciones autónomas regionales para monitorear y hacer cumplir la ley.

Es fundamental también el apoyo para la transición tecnológica de los mineros informales. Como se puede ver, es largo todavía el camino que deben recorrer las autoridades mineras y ambientales para que efectivamente el mercurio salga de los sistemas de producción aurífera, pero no por esto se puede desfallecer.

Además, el desafío con este material es también excluirlo de los procesos industriales como la fabricación de bombillas, algunos electrodomésticos y ciertos equipos médicos. La norma en este sector entraría en vigencia en el año 2023.

El camino, entonces, es largo para erradicar el mercurio en el país, pero los esfuerzos deben persistir con el nuevo gobierno.

Fuente:http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/erradicar-el-mercurio-editorial-246482

Mexico

Xochicalco, en riesgo por actividad minera

El Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería por Metales y la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos expresaron que entre los daños generados por la empresa canadiense Álamos Gold, antes Esperanza Silver, está la escasez y contaminación del agua, recurso que se usa para limpiar o refinar los minerales extraídos; además, existen afectaciones graves de salud y muertes por cianuro, el cual es ingerido, aspirado o absorbido por la piel, mortal para plantas y animales domésticos, y afecta a la producción agrícola, ganadera y piscícola.

La empresa, que explota el cerro de El Jumil, ha provocado fracturas a consecuencia de las detonaciones con explosivos en los cerros cercanos a la zona arqueológica de Xochicalco, considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, así como la pérdida de flora y fauna silvestres endémicas y en peligro de extinción.

Por otra parte, entre las siete concesiones cercanas al basurero de Tetlama quedó enterrada basura, la cual podría generar una gran concentración de gases que, a su vez, podrían explotar.

Otra de las problemáticas más importantes es la indiferencia ante miles de vidas humanas que serían afectadas por los efectos nocivos que produce la minería.

Ciudadanos, organizaciones civiles, activistas y funcionarios públicos se reunieron ayer en la plaza de armas «General Emiliano Zapata Salazar», de Cuernavaca, para participar en la segunda Caravana por la Vida y en Defensa del Territorio, cuyo objetivo es alzar la voz en contra de las concesiones mineras en el país y, en especial, en Morelos.

Uno de los propósitos es que los cabildos municipales se declaren como territorios libres de minería.

Activistas y funcionarios participaron en la marcha.

El recorrido inició en el Zócalo de Cuernavaca rumbo al Sur del estado.

Explicaron que en éstos, desde hace cinco años, se ha denunciado que no hubo consulta por parte de ninguna autoridad gubernamental para la realización de esos proyectos, por medio de los cuales han despojado de sus tierras a los habitantes, dividido a la población y ocasionado graves afectaciones de salud y ambientales.

Los manifestantes exigieron a las autoridades actuales, tanto a nivel federal como estatal, así como a los gobernantes electos, modificar las concesiones y los permisos mineros, e incluso se cancelen, a fin de no permitir, bajo ninguna circunstancia, que en el país y en la entidad se asienten y autoricen más explotaciones mineras.

En el segundo punto del recorrido, funcionarios y habitantes de Temixco se comprometieron a rechazar, a través del Cabildo, la participación de las mineras dentro del territorio municipal, acción que buscarán refrendar con los pobladores de Xochitepec y Miacatlán, quienes están de acuerdo con la lucha.

Entre los participantes se encontraban:

  • Alejandro Vera, ex candidato a gobernador, ex rector de la UAEM y miembro del equipo de transición del gobierno electo
  • La secretaria de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Cuernavaca, Margarita González Saravia
  • Los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Silvia Garza y Paul Hersch
  • El nieto del general Emiliano Zapata, Jorge Zapata
  • El movimiento campesino “Plan de Ayala Siglo XXI”
  • La asociación cívica “Gustavo Salgado Delgado”

La concentración partió del Zócalo de Cuernavaca rumbo aTemixco, Xochitepec, Alpuyeca, Coatetelco, Mazatepec, Miacatlán, El Rodeo, Xochicalco y Cuentepec, para recorrer las calles y hacer mítines informativos sobre los hechos que ocurren en Morelos, cerca de sus domicilios.

Fuente:https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/xochicalco-en-riesgo-por-actividad-minera-1859902.html

Latinoamerica

22 DE JULIO, DIA MUNDIAL CONTRA LA MINERIA

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL se suma al llamado mundial que cada año en esta fecha se realiza, para expresar la indignación por los efectos que causa la minería en todo el mundo.

Vemos con preocupación la permanente presión de las empresas mineras y los gobiernos que las patrocinan, sobre las comunidades y ecosistemas que muchas veces son brutalmente agredidas para dar paso al extractivismo minero desenfrenado.

A pesar que ese extractivismo minero no hace más que profundizar las desigualdades, la injusticia, la pobreza, la corrupción y la dependencia en muchos países, vemos que las elites gobernantes sostienen el modelo extractivista como única opción económica, sin medir sus consecuencias.

Gobiernos conservadores, neoliberales y alternativos, defienden el extractivismo minero como si fuese la respuesta a los innumerables problemas que viven nuestras sociedades.
Por el contrario, vemos como ese modelo de explotación brutal de minerales, condena cada vez más a las comunidades a la pobreza, el desarraigo, la violencia, la crisis ética, la corrupción de la política.

No solo sobre la tierra, arrollando ecosistemas frágiles y desplazando comunidades. También el el fondo marino, sin medir las fatales consecuencias para la sobrevivencia del planeta.
La actividad minera ya ha producido suficientes crisis hídricas en países de la región, además de poner la energía a su servicio, con las tremendas consecuencias que vemos a diario.

Es por ello que la minería muestra tal grado de conflictividad en el mundo.
América Latina es una muestra de lo que sucede a nivel planetario. Con mas del 25% del aporte en minerales a nivel mundial y con enormes yacimientos de varios minerales tanto metálicos como no metálicos, expresa a través de la conflictividad con la actividad minera, su desacuerdo con el extractivismo minero.

Nuestro mapa de conflictos mineros de América Latina registra ya casi 250 conflictos entre comunidades, empresas mineras y Estados y pone de relieve el carácter brutal de la conflictividad con más de 170 casos de criminalización que afectan a defensoras y defensores de derechos frente a la minería.

Mientras crece la presión por explotar minerales a como dé lugar, aumenta también el rechazo a la actividad en todo el mundo.

Imaginarse un mundo sin minerales es casi imposible, pero uno donde estos estén al servicio de las necesidades fundamentales y no al servicio de la especulación, la concentración de capitales, la dominación, la opresión y la violencia, no solo es perfectamente posible sino absolutamente necesario.

El post-extractivismo es por ahora la respuesta ante esta ola de destrucción natural, física, cultural, espiritual y biológica.
Suspender la minería actual hasta repensar una existencia del planeta con futuro es también una necesidad urgente con la que podemos y debemos comprometernos.

Argentina

El intendente de Tolar Grande le pidió a la minera Mansfield que suspenda obras

El Intendente de la localidad de Tolar Grande, Sergio Villanueva, elevó una nota a la empresa Mansfield Minera S.A. en la que exige la suspensión de las obras realizadas en Tolar Grande.

«Ante la constatación en horas de la tarde del día 16 de Julio de 2018 de las obras desarrolladas sobre sobre RP N* 27 a la altura del Icono Turístico «El Laberinto», notifico a Ud. su inmediata suspensión», se puede leer en la misiva del jefe comunal.

Asimismo, la carta dice que «en ejercicio del principio preventivo y precautorio se ordena la inmediata suspensión de las obras desarrolladas y la recomposición de los impactos causados con vuestra acción; ya que los impactos y daños ocasionados en el ambiente natural del sector turístico «El laberinto» son de carácter grave pues afectan la principal actividad económica de los habitantes del municipio».

Villanueva insiste en que el trabajo de la minera afecta en forma irreversible el paisaje y las características naturales del sector y por lo tanto menoscaba la actividad turística.

«Todo esto fue puesto de manifiesto por el municipio en forma clara y contundente en las diferentes mesas que participó la Municipalidad de Tolar Grande, conjuntamente con la Secretaria de Minería de la Provincia, la Cámara de Minería de la Provincia y Empresas Mineras o Prestadores atendiendo asuntos de bien común para todos los actores involucrados», señala el intendente, quien añade: “Sin embargo, personal y maquinaria de la Empresa AGV Servicios Mineros S.R.L, quienes prestan servicios logísticos a vuestra empresa, destruyeron literalmente gran sector del entorno turístico; incumpliendo no solo la palabra empeñada sino todas las normativas ambientales vigentes. Faltando nuevamente a la palabra empeñada para con la Comunidad de Tolar Grande, ofendiendo a la Cultura Local y causando daños irreparables».

Finamente, el jefe comunal advierte que de seguir con estas acciones, “el Municipio no autorizará la instalación de la empresa ni el desarrollo de sus actividades en el municipio».

Fuente:https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/108525/actualidad/intendente-tolar-grande-le-pidio-minera-mansfield-suspenda-obras.html

Honduras

“No queremos mineros en Honduras”, gritan pobladores en Tegucigalpa

Firmes en sus propósitos de defender sus territorios de la explotación minera a cielo abierto, se movilizaron por las calles de Tegucigalpa este miércoles, decenas de pobladores de varias comunidades de Honduras.

“Venimos a decirle a la prensa, al gobierno, a Inhgeomin, que no queremos mineros en Honduras”, dijo a través de un altoparlante, Donald Hernández, uno de los coordinadores de Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (Conroa), que organizó la protesta.

La manifestación se originó en horas de la mañana, iniciando en la Plaza Benito Juárez de la colonia Palmira y concluyó en frente de un hotel donde por cuarto año consecutivo se desarrolla un congreso de minería organizado por la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI) y auspiciado por el gobierno, a través del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin)  y varias empresas nacionales e internacionales dedicadas a la explotación de los recursos minerales.

Mientras se dirigían al hotel, los manifestantes, entre ellos representantes de organizaciones sociales, ambientalistas, indígenas, campesinas, mujeres, jóvenes, garífunas y pobladores en general, coreaban varias consignas como: “con mercurio o con cianuro, el infierno está seguro”, “toda mina contamina”, “ni plata ni oro, la vida es el tesoro”, entre otras.

 

Como parte de sus enunciados, los manifestantes acusaron a las autoridades de la UPI  de ser correligionarios del gobernante, Juan Hernández, y  de darle un tinte académico a la explotación minera. Durante la actividad, la UPI da charlas sobre minería a estudiantes de universidades y de educación básica de varios centros educativos de la capital.

La marcha se realizó por cuarto año consecutivo, bajo la coordinación de la Conroa y en ella se denunció que para finales del año 2017, el número de concesiones mineras en Honduras sumaban 302 y el número de solicitudes alcanzaban 193. Asimismo, que del total de las concesiones 115 son de minería metálica y 187 no metálicas.

El gobierno ha otorgado concesiones de minería metálica en 57 municipios, donde se busca oro, plata, cobre, zinc, plomo, hierro y antimonio para surtir los mercados internacionales.

Mientras caminaba en medio de la marcha, el miembro de la Conroa Octavio Sánchez dijo que, las cifras que maneja el gobierno sobre la inversión minera, así como los ingresos que esta actividad deja para el país y los empleados, son falsas.

Sánchez manifestó que el Congreso Internacional de Minería y Geología de Honduras, es una vitrina para el despojo de los recursos naturales en las comunidades, donde lo único que queda es daños al medio ambiente y enfermedades.

Para la operación de una mina a cielo abierto como la de La Unión Copán, se gasta el equivalente a lo que a diario necesitan 120 personas, establece la Conroa en un comunicado distribuido esta mañana durante la movilización.

“Esto parece cuento pero durante ocho años de operación de la empresa Entremares en el Valle de Siria, Francisco Morazán, se secaron entre 17 y 19 riachuelos”, reza la misiva, que más adelante establece que los ingresos y los empleos, que atribuye el gobierno a la actividad minera son falsos.

“Ambos ofrecimientos han demostrado ser falsos, tanto así que la Corte Suprema de Justicia ha derogado los artículos 76 y 77 de la Ley General de Minería concerniente a los impuestos municipales, porque estos necesitan ser sustancialmente incrementados. En lo referente a los empleos, el mismo Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) ha declarado que los empleos directos en todo el país apenas rondan los dos mil, una actividad que es contraria a la caficultura, por ejemplo, que da trabajo a unas 250 mil personas”: Conroa.

Así lucía este miércoles el IV Congreso Internacional de Minería y Geología de Honduras.

La protesta se apostó al frente del hotel donde se lleva a cabo el IV Congreso Internacional de Minería y Geología de Honduras, donde se encontraban funcionarios de gobierno e inversionistas, nacionales e internacionales de la minería.

El Congreso es patrocinado por 40 empresas, y en él participan siete empresas, cinco de las cuales realizan explotaciones metálicas y dos no metálicas. Este año la empresa Minerales de Occidente, S.A. (Aura Minerals Inc.) de capital canadiense está ausente. Sus ejecutivos instalaron un cubículo con una leyenda que dice: “Aura Minerals Inc. participará activamente en estos eventos, hasta que exista seguridad jurídica en Honduras y volvamos a operar”. Actualmente la empresa ha dejado de operar ante la presión de los pobladores del municipio de La Unión, en el occidental departamento de Copán, que denuncian daños al medio ambiente.

Fuente:https://criterio.hn/2018/07/18/no-queremos-mineros-en-honduras-gritan-pobladores-en-tegucigalpa/