Chile

Invitan a Conversatorio: Minería en Penco ¿Qué sabemos de Biolantanidos?

Las denominadas “tierras raras” es el nombre con el que se llama a un grupo de 17 elementos químicos. El primer proyecto minero que buscaría explotarlas provocando una transformación permanente de la costa de nuestra región es el denominado Biolantanidos “El Cabrito” que planea ejecutar la construcción y operación de una faena minera, junto a una planta de procesamiento de arcillas iónicas ricas en tierras raras en los cerros al oriente de la comuna de Penco.

En un ambiente de completo desconocimiento por parte de la comunidad aledaña al proyecto minero y sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y dos Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) rechazadas por el SEA, éste ha recibido el apoyo del actual alcalde de Penco Víctor Hugo Figueroa y el Ex Intendente de la Región del Biobío Rodrigo Díaz Wörner.

En este contexto, la Coordinadora Penco-Lirquén invita a toda la comunidad a participar e informarse en el Conversatorio: Minería en Penco ¿Qué sabemos de Biolantanidos? instancia a realizarse el día viernes 03 de agosto a las 18:00 hrs en la Cámara de Comercio de Penco y que será desarrollado a través de tres tópicos:

1) Minería y efectos sobre las comunidades: por Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericanos de Conflictos Ambientales (Olca Chile)

2) ¿Qué sabemos de Biolantanidos Penco?: por Constanza Flores, Técnico Medioambiental que abordará el proyecto como tal a partir de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) ingresadas por la empresa al Servicio de Evaluación Ambiental.

3) Visiones desde la comunidad: exposición desde la comunidad organizada sobre las valoraciones propias del territorio y el impacto que provocaría la minera en el desarrollo local actual y futuro.

Con este conversatorio informativo la organización social de Penco espera realizar un acercamiento a lo que podría significar que se instale una minera en la comuna de Penco, poniendo a disposición la información recopilada hasta la actualidad, en una actividad que es familiar y abierta a todo público.

Coordinadora Penco-Lirquén
Contacto: Edinson Neira +56938308

Fuente:http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107337

Chile

Vecinos de Cuncumén logran acuerdo tras 7 días de protesta contra Minera Los Pelambres

Luego de una semana de movilizaciones por la contaminación emanada del embalse de relaves Los Quillayes de la Minera Los Pelambres, los vecinos de las comunidades del interior de la provincia del Choapa, Cuncumén, Tranquila y Batuco, lograron un acuerdo con la minera de Luksic para que se tomen las medidas necesarias para solucionar este conflicto ambiental.

Los vecinos denunciaban que desde el tranque de la minera se ha levantado polvo contaminado de relave que afectaba el aire, los suelos, el agua potable y la calidad de vida de los habitantes del Choapa. Situación que los llevó a iniciar una protesta contra la empresa, tomándose el acceso a la mina y sufriendo la brutal represión de fuerzas especiales que terminó con 3 vecinos heridos por balín, una persona detenida fuertemente golpeada y un poblador herido a bala por Carabineros.

El petitorio de 13 puntos incluye la solicitud de cierre del tranque Los Quillayes, la realización de obras de pavimentación en caminos aledaños, el monitoreo de la calidad del aire y la mitigación del polvo en suspensión que aún se encuentra en la zona, entre otras medidas.

La localidad de Tranquila es la única comunidad que no ha firmado aún el acuerdo, ya que se encuentra en este minuto informando y sensibilizando a sus vecinos a en una reunión que se realizará el día de hoy.

La dirigenta de la junta de vecinos de Cuncumén, Miriam Barrera, señaló sobre el acuerdo logrado que “estamos tranquilos, pero no conformes. Sabemos que esto recién comienza y hay mucho que trabajar. La mayoría del petitorio fue aprobado y solo hubieron dos puntos en controversia, pero entre propuesta y contrapropuesta logramos llegar a un acuerdo”.

“Seguiremos en alerta para que se cumplan las medidas incluidas en el petitorio, se establezcan los responsables y que se tomen las sanciones correspondientes”, finalizó la dirigenta.

A partir de ahora comienza un plazo de quince días para que la comunidad, el Gobierno y Minera Los Pelambres puedan generar en conjunto una carta Gantt que permita el cumplimiento de cada una de las medidas establecidas en el petitorio, y establecer responsabilidades y sanciones en caso de no cumplirse estos puntos.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2018/07/24/vecinos-de-cuncumen-logran-acuerdo-tras-7-dias-de-protesta/

Argentina

Los vecinos de la Meseta necesitan trabajo y el estado les ofrece sólo una actividad contaminante

En el marco de las jornadas de promoción de la actividad minera llevadas a cabo en Paso de Indios, el día 23 de julio, se evidenció claramente que quienes dicen aceptar la minería lo hacen bajo la extrema necesidad de trabajo. Y a esta situación le sumamos un estado que impulsa la minería como única alternativa de incremento de la matriz productiva sin medir las consecuencias devastadoras de las actividad.

El lunes 23 de julio en el gimnasio municipal de la localidad de Paso de Indios, se realizó un encuentro anunciado como jornada informativa sobre el proyecto de zonificación minera, organizado por ASIJEMIN (Asociación Sindical del Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina), que contó con la presencia de algunos jefes comunales como Mario Pichiñian (Paso de Indios), Marcelo Aranda (Gastre) y Nilda Tolosa (Las Plumas) autores del anteproyecto de zonificación.

Ratificando los dichos de los medios provinciales de mayor divulgación, coincidimos con que mayoritariamente se apoyaba el Proyecto de Zonificación debido a que el público estaba conformado por sólo unos 40 vecinos de Paso de Indios (población de 1200 habitantes), 5 asambleístas del No a la Mina de Esquel y vecinos trasladados en colectivo desde Gastre y Las Plumas acompañando a sus intendentes.

Lejos de hablarse del Proyecto de Zonificación, los disertantes presentaron una suerte de publicidad de la actividad minera en temas como las etapas de explotación minera, mostrando grandes infraestructuras y equipamientos de última generación con un gran desarrollo tecnológico,  con la clara intensión de impactar haciendo alusión a la novedad, al cambio y al progreso. Todo esto, sin mencionar nada de los riesgos de la toxicidad de los reactivos químicos que se usan, nombrando los tajos u “open pits” como si fueran canteras; tampoco se habló de las características de los pasivos ambientales que se generan o las dimensiones de los diques de cola y las escombreras con su peligrosidad. La disertación la realizó de un ingeniero en minas que estuvo al servicio de los cuestionados emprendimientos Veladero, La Alumbrera, Cerro Vanguardia, Manantial Espejo y Mina Pirquitas. Ante la pregunta acerca de los 5 derrames ocurridos y ocultados por la empresa minera en Veladero, él los admitió considerándolo un error “que no debería ocurrir” y al que considera remediado con el pago de una multa, como si ésta fuera una compensación justa ante un daño ambiental irremediable. Otra característica alarmante del discurso empresarial minero, es la prioridad de la economía por encima del ser humano. Ante la evidencia de una intoxicación de los trabajadores en la que su salud se ve comprometida, la respuesta es similar ya que la motivación para evitarlo son los altos costos que debería pagar a la ART. Esto demuestra que en su discurso tienen naturalizado la cuestión económica como pilar fundamental de la actividad.

La segunda presentación fue para mostrar que el desarrollo del emprendimiento iba a realizarse bajo el programa HMS (Hacia una Minería Sustentable) creado por la Asociación Minera de Canadá en el año 2004 a la que adhirió la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) en al año 2016. Si bien se expone como garantía de desarrollo sustentable de la actividad minera con estándares internacionales de calidad y control, aún no ha sido implementado en ningún proyecto del país. Afirman que, sólo se habría hecho un relevamiento de la situación actual de 6 proyectos mineros en la Argentina. Por lo tanto, resulta irresponsable asegurar la efectividad del mismo en los proyectos que pretenden realizar en la provincia, no teniendo ninguna experiencia exitosa en el país. Mediante palabras como calidad, responsabilidad, participación comunitaria, intentan ganarse la confianza de los vecinos que deben permitir el emplazamiento de estos emprendimientos. Los antecedentes históricos de la minería cuentan con innumerables sucesos que han demostrado irresponsabilidad, corrupción, falta de controles, daños al ambiente y a las personas, y la presentación se podría resumir en una frase como “ahora lo vamos a hacer bien”.

Además, se elogió y se mencionó un reconocimiento a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por su desempeño, desconociendo por ejemplo, que su manejo irresponsable en la Mina Sierra Pintada de Mendoza hizo que actualmente se está programando realizar una costosa tarea de remediación para reparar el daño ambiental producido en la extracción de uranio.

El análisis económico se basó particularmente en la extracción de plata en el Proyecto Navidad debido a la creciente demanda por parte de la industria. En los datos aportados, el número de empleos directos detallados en la presentación están por encima de los figuran en el estudio preliminar del Proyecto Navidad de la página oficial de Pan American Silver: 2 turnos de 10 horas cada uno, 7 días a la semana, con 111 trabajadores máximos para tareas de mantenimiento y 156 trabajadores máximos para tareas generales. Además, se habló de más de un 90% de trabajadores de la provincia, lo que resulta difícil de creer dado que el trabajo mayoritario local no ocurre en ningún emprendimiento actual.

Por otro lado, se habló que la minería y otras actividades no eran excluyentes, sino que podían conjuntamente conformar la matriz productiva de Chubut. Sin embargo, entre las actividades pensadas para la provincia, está un mayor desarrollo de la ganadería con la finalidad de la exportación de carne ovina y bovina a países como Japón. Tratándose de ganado proveniente del sur del paralelo 42 su valoración en el mercado internacional es debido a estar libre de aftosa y de metales pesados. En ese caso, el mayor riesgo de la megaminería que es la liberación al ambiente de metales pesados, lo convertiría en incompatible con la actividad.

El debate generado por el público participante acerca de la desocupación y la falta de oportunidades laborales para los pobladores de la región se convirtió en la situación más emotiva del encuentro. Los vecinos solicitaban desesperadamente la posibilidad de trabajar, independientemente de cual fuera su tarea. No se trata de querer la minería, se trata de necesitar un trabajo y la única alternativa que se ofrece es la minería. Otros vecinos, conocedores de la realidad de la megaminería y sus consecuencias, entre las que se encuentran la pérdida de empleos actuales, afirmaban que existen opciones de desarrollo verdaderamente sustentable y responsabilizaron a los sucesivos gobiernos de no tener políticas de estado pensados para la población de la Meseta.

Abandonados y alejados sin contar con elementos básicos garantizados como la energía eléctrica o caminos adecuados, los pobladores de la Meseta se ilusionan de que las empresas mineras son el sinónimo de una vida mejor sin saber entre otras cosas que la luz eléctrica o las vías de comunicación por lo establecido por el Pacto Federal Minero los pagará la Provincia de Chubut. Las empresas existen para lograr un beneficio económico a través de la tarea que realizan y ofrecen de la manera más atractiva sólo las bondades para lograr la licencia social, los responsables del engaño son nuestros gobernantes.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/41612-los-vecinos-de-la-meseta-necesitan-trabajo-y-el-estado-les-ofrece-solo-una-actividad-contaminante

Ecuador

Viceministro de Minería: En zona de influencia de Río Blanco no hay comunidades indígenas

Además, señaló que en un estudio antropológico que realizaron, se demuestra que no se guarda costumbres de manera ancestral en la comunidad

El viceministro de Minería, Henry Troya, explicó que en la normativa internacional se determina cuáles son los parámetros que se deben medir para identificar si una comunidad es determinada como indígena. El primero, dijo, es la autodeterminación, que según informó, el censo que se realizó identifica que el 93% de los ciudadanos que constan en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, se autodefinen como campesinos mestizos y no como indígenas.

Explicó que la sentencia de primera instancia suspende el proyecto Río Blanco, disponiendo que se realice consulta previa sobre comunidades campesinas mestizas. En segundo lugar, dijo, ordena la desmilitarización paulatina del proyecto minero y por último, se establece que la Defensoría del Pueblo haga el seguimiento al cumplimiento de la sentencia.

Mencionó que desde 1998 Ecuador está suscrito al Convenio 169 de la OIT, marco normativa internacional que determina el derecho de consulta previa libre e informado sobre las comunidades indígenas. En la Constitución de 2008, explicó, se amplía a comunidades montubias y afrodescendientes.

Anunció que en la normativa internacional se determina cuáles son los parámetros que se deben medir para identificar si una comunidad es determinada como indígena. El primero, la autodeterminación, que según informó, el censo que se realizó identifica que el 93% de los ciudadanos que constan en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, se autodefinen como campesinos mestizos.

El segundo componente es la propiedad sobre los terrenos ancestrales. Troya sostuvo que esto se demostró con escrituras certificadas en las que se evidencia que el dominio de las tierras pasó por varios propietarios mestizos.

“Además, el derecho es sobre comunas, comunidades pueblo y nacionales, pero los títulos de prioridad que se adjuntan denotan la propiedad de los campesino mestizos de manera unitaria, no comunal, nacional”, acotó.

El tercer punto, dijo, es el punto de vista antropológico, que fue adjuntado un estudio que demuestra que no se guarda costumbres de manera ancestral en la comunidad.

Sobre la desmilitarización del proyecto, explicó que antes de la sentencia de primera instancia ya se dio una toma “violenta” del campamento, que perjudicó inversión extranjera por sobre el medio millón de dólares. “Lo más grave es que se hurtó una cantidad alta de explosivos, que si detonaran, acabara con el radio del centro histórico de Cuenca”, expresó.

Por ello, considera que es una decisión “irresponsable” haber sentenciado que se desmilitarice la zona.

Además, le llamó la atención de la presión política y cómo se pretendió ejercer presión durante la audiencia. “Teníamos un alcalde, la propia defensora del pueblo, la viceprefecta, entre otros actores, tratando de presionar a los jueces por sentencia”, aseguró Troya.

Indicó que si se realiza minería es en beneficio de los ciudadanos. “Pensamos genera cerca de 25 mil fuentes de empleo con los proyectos estratégicos, uno de ellos, Río Blanco, así como inyectar USD $10 mil millones en cuatro años de Gobierno en flujo de caja fiscal. USD $4.500 millones en inversión extranjera directa, USD $370 millones en exportaciones y USD $1.300 millones en recaudación fiscal”, precisó.

En la planificación minera, dijo, se realizó con el ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua.

Aclaró que existen dos consultas establecidas en la Constitución: La consulta previa, libre e informada, que ordena hacer una consulta para comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afrodescendientes. En el caso de Río Blanco, dijo, en su zona de influencia, directa e indirecta, no hay este tipo de comunidades.

El otro tipo de consulta, expuso que se ordena a hacer consulta ambiental a todos los ciudadanos de las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos. “Este proceso se realizó 6 veces durante la vida del proyecto”, afirmó.

En 8 días, el juez debe tomar su decisión en este caso.

Fuente:http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818840198

Perú

Litio: Minera afirma que yacimiento en Puno tiene casi el doble de reservas estimadas

El Perú tiene más litio de lo que se creía y la minera canadiense Plateau Energy Metals empieza a confirmarlo. Y es que la matriz de Macusani Yellowcake indicó que las reservas encontradas en Puno sumarían al menos 4.7 millones de toneladas del llamado oro blanco, casi el doble de las 2.5 millones de toneladas informadas inicialmente.

“El recurso estimado se basa en perforaciones que abarcan una superficie de 1,250 metros por 350-500 metros, que representan aproximadamente el 20% del potencial del depósito”, detalló la compañía al diario El comercio.

Nuevo informe

Para corroborar este hallazgo, la minera presentó el primero estudio oficial del mineral encontrado en Puno, realizado por la consultora The Mineral Corporation, con estándares canadienses que certifican la validez de las reservas.

Laurence Stefan, gerente de operaciones de Plateau, anotó que los resultados confirman que el Perú se encamina a ser un gran jugador en la industria del litio al igual que otros reconocidos productores sudamericanos, como Chile, Argentina y Bolivia.

Agregó que a diferencia de estos países, donde el litio se obtiene en salares, en Puno se tendrá que usar minería convencional.

 

Fuente:http://rpp.pe/economia/economia/litio-minera-afirma-que-yacimiento-en-puno-tiene-casi-el-doble-de-reservas-halladas-noticia-1139050

Mexico

Guerrero y la maldición del oro: tres pueblos se juegan la vida ante tres mineras canadienses

En el centro del estado de Guerrero, al sur de México, tres pueblos enfrentan sus demonios. Los que llegaron del extranjero, los que surgieron desde el fondo de ellos mismos y los que tienen una presencia que más vale tolerar porque hay caldo de cultivo para que pervivan y se empoderen. Todo por el oro.

– En Huitziltepec no hay agua. A veces, ni siquiera para hacer un buche.

A pesar de eso, los habitantes de este pueblo nahua del centro de Guerrero, en temporal, con esfuerzo y tenacidad, arrancan a esta tierra reseca la mayor parte del año, siete a ocho toneladas de maíz por hectárea. Mucho maíz para un pueblo con estas características. El promedio en esta región sur es de 2.8 toneladas por hectárea.

El sueño de los habitantes ha sido sembrar todo el año, pero necesitan un sistema de riego conectado a una fuente de agua.

La ilusión iba a ser una pesadilla.

***

Saúl Sánchez Núñez tenía 31 años cuando lo eligieron comisario municipal. Era febrero de 2015.

Una mañana de marzo, lo llamaron a la comisaría a una reunión entre el comisariado de bienes comunales y representantes de una compañía.

Como aún no era comisario en funciones les dije que no me correspondía. Me dijeron que era importante para la comunidad. Llegué cuando las autoridades del comisariado firmaban un papel. Me dijeron que era un permiso para que estos señores, gente que no conocía, buscaran agua. Yo dije: ‘ah pues sí firmo’. Y firmé”, cuenta.

Al joven y confiado comisario electo no se le ocurrió leer antes el papel.

En septiembre de 2015, asumió el cargo de comisario. Tenía pocos días como autoridad, cuando fue informado de que en el paraje de Totocualontitlán había entrado maquinaria y gente extraña había montado un campamento. El comisario fue a ver de qué se trataba. Había muchos hombres de chaleco y casco naranja trabajando. Se presentó y preguntó qué hacían y por qué habían entrado así al pueblo.

–Usted es el comisario – reviraron.

–Sí, acabo de asumir – respondió presto.

–Ahh, pues estamos aquí con su permiso.

Saúl Núñez sudó frío.

Uno de esos hombres le dijo que traía un documento con su permiso. Fue por él y lo sacó de una carpeta.

Recibió el documento y ahora sí leyó. Lo que había firmado era un permiso a la compañía Mineaurum Gold para buscar metales. Se trataba, en resumidas cuentas, del permiso de exploración.

Saúl dijo que era un error, que había firmado para que buscaran agua. Ellos seguían trabajando sin hacerle mucho caso. Dijo a esas personas que su firma en ese documento no valía nada, porque sólo la asamblea otorga esos permisos.

Años después, se le pregunta:

–¿Y el comisariado de bienes comunales también había sido engañado?

–Creo que no, ellos sí sabían, porque no hicieron nada para rechazar a la minera en nuestras tierras.

De hecho, un grupo de comuneros y ciudadanos opinan que se necesita la minería para generar empleos. En estos tres años, han tenido reuniones fuera de la comunidad para escuchar sobre el proyecto minero. Sería bueno algo así en nuestro pueblo, pero la gente no quiere –lamenta el actual presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado, Beremundo Castrejón.

Saúl Núñez en aquel septiembre de 2015 convocó a una asamblea urgente. Gente de la compañía lo visitó en la comisaría para ofrecerle un trato: cuatro mil pesos por cada perforación. Serían unos 50, para empezar.

Quien se ha convertido en uno de los líderes de la lucha antiminera en los pueblos nahuas confiesa que el ofrecimiento monetario pudo haberlo tentado, pero ante los asesinatos y enfermedades en Carrizalillo, desde que llegó la minería, tomó la decisión correcta.

En la asamblea, con vergüenza, conté que había firmado sin leer el permiso para que entrara la minera, que asumía mi error y dejaba el cargo para que pudieran nombrar a otro comisario. La gente me perdonó y después expuse que implicaba si dábamos el permiso. Todos rechazamos su presencia y de ahí mismo fuimos a correrlos”, recapitula.

“¡Fuera, fuera, fuera! ¡Aquí no queremos minería!”, les gritaban. En el paraje ya habían levantado una barda de concreto a la que habían puesto “Los vuelcos del destino”, nombre de la concesión otorgada por el Gobierno federal que afecta 10 mil 651 hectáreas, de las 14 mil que tiene esta comunidad.

Esta mañana de junio de 2018 Huitziltepec se despierta con un cielo transparente. Se siente en el aire el olor del humo, ese humo que sale de los fogones y que precede al de las tortillas. Muchos olores y ruidos llegan de golpe a las glándulas olfativas.

Afortunadamente, son los olores y ruidos de un pueblo despertándose a las labores cotidianas. Hay mucha tranquilidad en Huitziltepec. Una tranquilidad que huele a resistencia.

NUEVO BALSAS: PRIMEROS AÑOS DEL INFIERNO

Aun con el calor de mediodía, este 20 de septiembre de 2016, los habitantes de Nuevo Balsas salen de sus casas rumbo a la cancha deportiva. Están citados a una reunión con organizaciones sociales que llegaron esta mañana para apoyarlos si es que deciden por segunda ocasión bloquear las actividades en la mina Los Guajes-El Limón, de la empresa Media Luna, filial de la canadiense Torex Gold Resources.

La reunión es resguardada por siete elementos y dos patrullas de la Policía Estatal Preventiva, parte de la seguridad con la que cuenta la compañía canadiense.

“Compañeros, compártannos cómo están aquí, cuáles son sus problemas, queremos ayudarles”, dijo uno de ellos. Los pobladores de Nuevo Balsas se ven unos a otros, se dicen en corto –pasa tú, –no tú, –mejor tú, anda di todo lo que me estabas diciendo, tú lo sabes mejor. Nadie se anima.Pero nadie pide la palabra. El micrófono se queda del lado de los visitantes, unos 15 en total, de diversas organizaciones, entre ellas, la sección 17 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

El trayecto de la capital guerrerense, de donde llegaron las organizaciones a Nuevo Balsas, municipio de Cocula, es largo y cargado de nerviosismo, a pesar de que el contingente de visitantes es nutrido. En 2013, hombres armados comenzaron a detener unidades del transporte público y a llevarse a los pasajeros. Algunos siguen desaparecidos, a otros los regresaron después de que sus familias juntaron cada peso que les exigieron.

Se llega ahí por la carretera federal México-Acapulco, a través de un camino reseco que Media Luna, les prometió pavimentar a la altura de Mezcala (Eduardo Neri, tramo Chilpancingo-Iguala) o al cruzar todo Cocula. Ambas rutas peleadas por delincuentes.

La gente de las organizaciones vuelve a preguntar quién quiere hablar. Pero nadie alza la mano. Se ven temerosos de decir abiertamente lo que en corto sí comentan, que la actividad minera los está enfermando, que la mayoría tiene infecciones en la piel, ojos irritados, dolores de garganta, pérdida de voz.

En esa cancha enorme, con los policías pendientes de sus palabras nadie habló. Así se vive en Nuevo Balsas, con el miedo a las espaldas.

II

LAS NUBES DE POLVO

Al medio día, el pueblo se sacude con un tronido que levanta una nube de polvo. Sale detrás del cerro. Es la señal, como las campanadas de la iglesia para la misa, de que “Media Luna” inició la búsqueda de oro del día: 857.5 onzas.

Así lleva tres años. El 20 de noviembre de 2015, la Torex Gold Resources mostró a su personal calificado el resultado de su operación en Nuevo Balsas: su primer lingote de oro. Una barra dorada de 25 kilógramos. Los directivos celebraron en su oficina privada con un brindis con champaña espumoso. El resto de los trabajadores, lo contarían sus familias, se quedaron sólo con el orgulloso de haber fabricado la primera barra.

La minera proyectó extraer al año de Media Luna 313 mil onzas. Los informes de la Torex Gold a sus accionistas, disponibles en sus portales digitales, establecen que la operación de su primera mina de oro durará hasta 2025, tiempo en que extraerá 3.63 millones de onzas de oro.

Cuando lo minera inició operaciones es este pueblo, por un convenio que firmaron sólo los 90 ejidatarios, las familias, alrededor de 900, se mantenían de pescar y vender libremente la mojarra que sacan de la presa El Caracol, construida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1986. Nuevo Balsas es uno de los pueblos que surcaban el río Balsas y que fueron reubicados por la construcción de la hidroeléctrica.

Para obtener dos gramos y medio de oro, deben remover una tonelada de tierra y plantas. Para una onza –equivalente a 25 gramos– 10 toneladas y para los 3.63 millones de onzas que espera extraer en su primera etapa, deberá cambiar de sitio 36 millones de toneladas de tierra.

Cada vez que la minera canadiense remueve la tierra llegan a casa de sus habitantes polvos fugitivos, con metales pesados como cadmio, mercurio, arsénico y manganeso, de acuerdo a las evaluaciones de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Hace dos años, Juan Arteaga Medina, entonces de 67 años, hablaba y la respiración parecía detenérsele.

Siento que se me va la vida porque de repente no puedo respirar y mi voz se me está acabando. Aparte todo se me atora, hasta el agua o mi saliva, y junto con la voz se me comenzaron a caer mis párpados y la luz lastima mis ojos, no puedo ver nada de frente, tiene que ser con estos lentes y tengo que hacerle así –inclina un poco la cabeza para subir el ángulo de los parpados– y no tengo dinero para curarme porque me acabe lo que me dieron en hacerme una casita”, dice.

El médico del pueblo le decía a Juan, que sólo padece de una infección en la garganta. Al médico lo pagaba la compañía minera.

Para estas fechas nadie supo dar razón de Juan, pero la mina sigue expulsando sus polvos cargados de metales. “Ahorita andamos con la gripa, yo digo que es por lo mismo. Ahorita ya vienen más abajo –se refiere a como la minera sigue royendo los cerros–, los explosivos truenan. Tienen que cavar”, dijo una habitante del pueblo.

III

DE CÓMO UNA MINA TRIUNFÓ SOBRE LOS POBLADORES

La actividad minera en Nuevo Balsas trajo a dos grupos del crimen organizado: La Familia Michoacana y Guerreros Unidos. La presencia y operación criminal la registraron en las oficinas de gobierno, sin que ejidatarios y pescadores se libraran de pagar cuotas para vivir y trabajar en su pueblo.

Pronto, cualquier salida de Nuevo Balsas comenzó a sentirse como la última. Cualquier comentario a convertirse en una sentencia de muerte. Cualquier conversación a traducirse en una traición.

El tercer miércoles de octubre de 2016 que conocemos Nuevo Balsas, la esposa del joven que maneja la camioneta en que viajamos, dijo asustada al escuchar un tronido similar al de un balazo: “¡A ver si no nos están esperando!” Estábamos cerca del pueblo, se podía ver la presa El Caracol.

Con quienes viajamos son nuestros contactos. Es un grupo de habitantes que se oponen a la minera, porque con su presencia evaluaron alzas en enfermedades y violencia, y disminución en la producción de la mojarra.

Los opositores a la minera solían reunirse cada noche, en casa de alguno de ellos, con mucha cautela para no levantar sospechas. Ese miércoles supimos que cada medio día la minera dinamita los cerros para sacar minerales. El tronido que escuchamos al llegar venía de la mina.

A esa reunión nocturna llegó Quintín Salgado Salgado, un hombre joven que asumió el liderazgo del movimiento, y que resume el hostigamiento en que vivían con la vez que le tocó ir a entregar la cuota de los subcontratistas a Guerreros Unidos.

Lo esperaron en el camino de Atzcala. A mitad de la entrega aparecieron patrullas de la Policía Federal. Todos corrieron al cerro. En la cumbre le dijeron que tenía que entrarle a la refriega. Le dieron su cuerno de chivo. La noche cayó sin que los federales actuaran. Se pasó la noche en vela, pegado al cuerno de chivo.

No tenía alternativa, si hubiera ocurrido el enfrentamiento si no tiraba a los federales, me tiraban a mí, era yo o ellos”, dijo esa vez.

La mañana del 24 de enero de 2018, Quintín Salgado Salgado fue asesinado a balazos al salir de su casa, en Nuevo Balsas. Ocurrió en el contexto de un problema entre Torex Gold y sus sindicalizados, que protestaban otra vez por su libertad sindical, porque querían obligarlos a seguir en un gremio a favor de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), grupo afín a la empresa.

Qunitín Salgado fue el tercer trabajador muerto durante el conflicto.

Con su muerte terminaron las reuniones nocturnas en las que se acordaría cómo sacar a la minera y parar el daño a su entorno ambiental. “Nos quedamos así nada más, por las cosas, como pasaron. Nada siguió”, dijo una de las mujeres del equipo. La minera ya no tiene oposición.

IV

CARRIZALILLO, LA DESOLACIÓN

En este pueblo no hay niños jugando en la calle, mujeres platicando las novedades del día, ni señores yendo a su trabajo de campo. En estas calles angostas y polvosas se ve a jovencitos con armas largas colgadas al hombro.

Hay casas con puertas y ventanas blindadas. Muchas están abandonadas, algunas agujeradas.

Es un pueblo solitario con perros huesudos aullando de hambre. Los habitantes comenzaron a irse la mañana del 27 de marzo de 2015, luego del ingreso nocturno de hombres armados que atacaron mientras la gente dormía. Esa fecha, el pueblo quedó vació. La mitad de la población, unos 250 habitantes, regresaron cuando las cosas se habían calmado.

Para entrar a esta comunidad del municipio de Eduardo Neri se pide permiso. No se hace esta gestión a las puertas del pueblo, donde hay un retén de jovencitos con AK-47 a la vista.  Se pide con anticipación a través de la autoridad ejidal. Días después, llega el aviso, lacónico, sin detalles.

–Pueden subir.

Sólo así puede llegar gente que no es del pueblo: autoridades de gobierno, activistas de organizaciones sociales. Periodistas, ni soñarlo.

Este pueblo es Carrizalillo, una tierra ejidal de mil 500 hectáreas, con dos tajos abiertos en los que se saca oro y plata desde 2007. Se ubica en la región centro, a sólo 70 kilómetros de la capital.

Muchas cosas han pasado en Carrizalillo en estos últimos 11 años en los que se han extraído de sus entrañas de 3.4 a 3.7 millones de onzas de oro, de acuerdo a reportes financieros de Goldcorp Inc a la Bolsa de Valores de Toronto. El promedio de la onza de oro en este tiempo ha sido de mil 200 dólares. En algunos momentos llegó a cotizarse en mil 800.

El paisaje ha cambiado drásticamente. Los Filos y El Bermejal ya no son cerros. Eran unos gigantes de mil 200 metros de altura con árboles perennes en los que se alimentaba el ganado. Ahora son dos hoyos descomunales en la tierra, de los que se continúa sacando oro y plata.  Para 2024 que acaben las operaciones tendrá, cada uno, mil 300 metros de profundidad, reporta la REMA.

En estos que ya no son cerros se oye todo el tiempo un ruido infernal, explosiones para aflojar la tierra, palancas gigantes que arrancan de un solo movimiento 70 toneladas y bestias enormes que la transportan a otro lugar. Todo este movimiento y explosivos genera una nube de polvo que el aire lleva justo al pueblo. Ese polvo lleva partículas de metales liberados por las explosiones, como plomo, mercurio, cadmio y arsénico. Esos polvos fugitivos y el cianuro que se usa para separar el oro enfermaron de muerte a la población. Los pocos bebés que han nacido llegan al mundo con mutaciones que los dejan vivir solo unos cuantos días.

La REMA indicó que han hecho dos monitoreos a la salud de los habitantes, en 2012 y 2014.

De acuerdo a nuestro último censo, y haciendo proyecciones al 2018, es posible que hayan fallecido más de 80 personas por daños a la salud”, expuso la REMA.

La violencia comenzó en 2011. Desde ese año, no han tenido paz. El dinero por la renta de sus tierras, aunque ha sido el convenio más ventajoso que una comunidad ha logrado, se les ha ido en el pago de extorsiones, de secuestros –aunque algunos ya no regresaron con vida sino hechos pedacitos– en pagos por “protección” al crimen organizado y para curar sus enfermedades.

“Uno de ellos se identificó como Clave Nueve, dijo que eran de Los Rojos”, contaría Onofre años después.La mañana del 20 de marzo de 2014, al presidente del comisariado ejidal, Onofre Peña Celso, conocido como El Pescado, abrió la puerta de su casa. Eran unos cincuenta hombres armados y encapuchados.

Esos hombres se metieron a la casa del comisariado, a la que convirtieron en su centro de operaciones. El grupo comenzó a reclutar jóvenes. El rumor de que Carrizalillo era base de operaciones de ese grupo de la delincuencia se extendió rápido por los demás pueblos.

El 2 de junio de 2014, Los Rojos enfrentaron en el pueblo a un comando de los Guerreros Unidos, el otro cártel que desde Iguala quiere ejercer el dominio en la zona Centro. Cuatro muertos y tres heridos quedaron tirados en las calles, al parecer, del grupo agresor.

En estos 11 años de operación minera fueron asesinados 49 habitantes, muchos para una comunidad que rondaba los 500 habitantes.

Una sola familia, los Peña Celso tienen 11 integrantes asesinados. A Onofre Peña, el ex comisariado lo asesinaron en un enfrentamiento en Iguala, en donde se había refugiado, con otros tres habitantes de Carrizalillo.

Los jovencitos del retén a la entrada de Carrizalillo y los que andan en sus calles con las armas al hombro son de otros pueblos, pero han plantado aquí su semilla. Se hicieron novios de las hijas de los ejidatarios. Cuatro mujeres están por ser madres, una de ellas, forzada por uno de los jovencitos con AK-47.

El peldaño más alto de la violencia, en Carrizalillo, ya comenzó.

Mientras la comunidad se sume en lo más profundo de la espiral violenta, Goldcorp vendió su operación a la Leagold Mining, también canadiense, por su política de responsabilidad social llamada “oro libre de conflicto”.

Y, en Carrizalillo, ya había mucho.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/guerrero-y-la-maldicion-del-oro-tres-pueblos-se-juegan-la-vida-ante-tres-mineras-canadienses/

Internacional

2017 fue el año más mortífero para el activismo verde

Fueron asesinadas 207 personas por luchar contra la industria petrolera, minera y el agronegocio.

Durante el último año, a 207 activistas les arrebataron la vida mientras luchaban por defender el medio ambiente. Sus asesinos: la industrias petrolera, maderera, minera, del aceite de palma y del caucho.

“Por primera vez, ha sido el agronegocio la industria más mortífera, con al menos 46 muertos asociados al sector”, afirma Ben Leather, de la ONG Global Witness. “Las estanterías de nuestros supermercados están llenos de productos fruto de esas matanzas”.

En su último informe, Global Witness recoge todas las muertes documentadas de 2017 y arroja luz sobre los motivos que permiten estos asesinatos en cada país.

Por ejemplo, señalan que desde que el gobierno de Rodrigo Duterte alcanzó la presidencia de Filipinas, la violencia ha escalado dramáticamente en el país. En el caso de México, apunta a la negligencia de las autoridades responsables como culpable de que el 98% de los crímenes queden sin resolver. Los doce años de guerra civil en Liberia han devastado las estructuras del estado y han dado lugar a la corrupción y la permisividad dentro del sector agroalimentario, cediendo tierras a la industria maderera, minera, del aceite de palma y del caucho. Por otro lado, indican que la situación en Colombia ha empeorado después de la firma de la paz en 2016 con la guerrilla de las FARC: desde entonces, las industrias agroalimentarias han querido adueñarse de pedazos de la naturaleza, llegando a expropiar forzosamente las tierras a las comunidades que las habitaban.

“En los asuntos que implican a industrias extractivas, encontramos con frecuencia una red compleja de organizaciones multinacionales, filiales locales, bancos y representantes del gobierno que se relacionan con las empresas y también con el Estado y la policía local que otorgan seguridad privada a los empresarios y los protegen más que a los propios ciudadanos”, declaraba Erin Kilbride, de Front Line Defenders, que ha colaborado con Global Witness.

Los países donde más activistas han sido asesinados son: Brasil (55), Filipinas (46), Colombia (26), México (15), República Democrática del Congo (13), India (11), Perú (8) y Honduras (5). La violencia ha cobrado muchas formas: desde balazos a amputaciones con machetes, pasando por ataques del ejército.

Y a pesar de que la mayoría de fallecidos sean hombres, Global Witness señala que las mujeres reciben una violencia exclusiva por su género: “violencia sexual, amenazas contra sus hijos, campañas de descrédito e intentos para reducir su credibilidad, a veces desde sus propias comunidades”.

Estos son los activistas que fueron asesinados por su labor de defensa del medioambiente:

Argentina: Santiago Maldonado, Rafael Nahuel.

Brasil: Ceará, Roberto Santos Araújo, Elivelton Castelo Nascimento, José Caneta Gavião, Sônia Vicente Cacau Gavião, Orestes Rodrigues de Castro, Renato Souza Benevides, Xukuru-Kariri Damião Lima da Silva (Dão), Waldomiro Costa Pereira, Raimundo Silva (Umbico), Aldo Aparecido Carlini, Edson Alves Antunes, Ezequias Santos de Oliveira, Fábio Rodrigues dos Santos, Francisco Chaves da Silva, Izaul Brito dos Santos, Samuel Antônio da Cunha, Sebastião Ferreira de Souza, Valmir Rangeu do Nascimento, Silvino Nunes Gouveia, Kátia Martins, Etevaldo Soares Costa, Paulo Sérgio Bento Oliveira, Weldson Pereira da Silva, Nelson Souza Milhomem, Weclebson Pereira Milhomem, Ozeir Rodrigues da Silva, Jane Julia de Oliveira, Regivaldo Pereira da Silva, Ronaldo Pereira de Souza, Bruno Henrique Pereira Gomes, Antonio Pereira Milhomem, Hércules Santos de Oliveira, Valdenir Juventino Izidoro (Lobo), Manoel Quintino da Silva Kaxarari, Ademir de Souza Pereira, Rosenilton de Almeida, Raimundo Mota de Souza Junior, Lindomar Fernandes Martins, Manoel Índio Arruda, Maria da Lurdes Fernandes Silva, Adeilton Brito de Souza, Amauri Pereira Silva, Cosme Rosário da Conceição, Gildásio Bispo das Neves, Marcos Pereira Silva, Valdir Pereira Silva, Edilson Pereira dos Santos, Jorge Matias da Silva, Eraldo Moreira Luz, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, João Ferreira dos Santos, Hugo Rabelo Leite, Flávio Lima de Souza, Marinalva Silva de Souza, Jairo Feitosa Pereira, Fernando Pereira, Aldemar Parra García.

Colombia: José Yeimer Cartagena, Edmiro León Alzate Londoño, Yoryanis Isabel Bernal Varela, Edilberto Cantillo Meza, Falver Cerón Gómez, Eder Cuetia Conda, Ruth Alicia Lopez Guisao, Javier Oteca Pilcué, Gerson Acosta Salazar, Nelson Fabra Díaz, Jorge Arbey Chantré Achipiz, Daniel Felipe Castro Basto, Mario Andrés Calle Correa, Ezequiel Rangel Romano, Luis Edilson Arango Gallego, Manuel Ramírez Mosquera, Esquivel Manyoma, Efigenia Vasquez Astudillo, Oscar Ferney Tenorio, Aulio Isarama Forastero, Mario Jacanamijoy, Mario Castaño Bravo, Hernán Bedoya, Joël Meriko Ari.

España: Xavier Ribes Villas, David Iglesias Díez.

Filipinas: Datu Venie Diamante, Mario Contaoi, Veronico “Nico” Delamante, Alexander Ceballos, Wencislao Pacquiao, Renato Anglao, Alejandro Laya-Og, Orlando Eslana, Mia Manuelita Mascariñas-Green, Edweno ‘Edwin’ Catog, Willerme Agorde, Gilbert Bancat, Ramon Dagaas Pesadilla, Leonila Tapdasan Pesadilla, Pedro Pandagay, Cora Molave Lina, Arman Almonicar, Arlyn Almonicar, Danilo Ruiz Nadal, Bernardo Calan Ripdos, Jerry Cuyos, Jocel Rosales, Rodolf Tagalog Jr., Federico “Pande” Plaza, Lito Casalla, Ande Latuan, Carolina Arado, Boy Cañete, Roger “Titing” Timboco, Lomer Gerodias, Engracio de los Reyes, Obillo Bay-ao, Ruben Arzaga, Webby Argabio, Perfecto Hoyle, Elisa Badayos, Eleuterio Moises, Lando Moreno, Rodrigo Timoteo, Datu Victor Danyan, Victor Danyan Jr., Artemio Danyan, Pato Celardo, Samuel Angkoy, To Diamante, Bobot Lagase, Mateng Bantel, Marcelito “Tito” Paez.

Honduras: José Alfredo Rodríguez, Silvino Zapata, Leodan Mancías, Héctor Noé, Cárcamo Castellanos.

India: Alamgeer Sheikh, Mafizul Khan, Daulat Ram Lader, Dharmendra Vala, Jailal Rathia, Pehelwan Singh, Lalita, Uday Yadav, Niranjan Yadav, Vimlesh Yadav, Sharath Madivala, Duba Issa.

Kenya: Roba Duba, Friday Pyne.

Liberia: Marciano Martínez Cruz.

México: Rafael Hernández Cisneros, Isidro Baldenegro López, Juan Ontiveros Ramos, Benjamín Juárez José, José Carlos Jiménez Crisóstomo, Luis Gustavo Hernández Cohenete, Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Luna Crisanto, Miguel Ángel Vázquez Torres, Agustín Vázquez Torres, Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, Pablo Andrés Jiménez, Gabriel Ramos Olivera, Felipe Ramírez.

Mozambique: Hussen Antônio Laitone.

Myanmar: Lung Jarm Phe, Htay Aung.

Nicaragua: Camilo Frank López, Celedonia Zalazar Point, Tito José González Bendles, Felipe Pérez Gamboa, Inspector Manzoor.

Pakistán: Constable Mushtaq, Elías Gamonal Mozombite.

Perú: Jorge Calderón Campos, Orlando Burillo Mendoza, Feliciano Córdova Abad, Alcides Córdova López, José Edil Córdova López, Jhony Cáceres González, José Napoleón Tarrillo Astonitas.

República Democrática del Congo: Gerome Bolimola Afokao, Tims Nalola Butinda, Léopold Gukiya Ngbekusa, Patrick Kisembo N’singa, Sudi Koko, Antopo Selemani, Lokana Tingiti, Dudunyabo Machongani Célestin, Charles Paluku Syaira, Jonas Paluku Malyani, Pacifique Musubao Fikirini, Christian Mbone Nakulire.

Tanzania: Wayne Lotter.

Turquía: Aysin Ulvi Büyüknohutçu, Ali Ulvi Büyüknohutçu.

Venezuela: Freddy Menare.

Zambia: Rodrick Ngulube.

Fuente:Global Witness

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/2017-fue-el-ano-mas-mortifero-para-el-activismo-verde/

Perú

GLENCORE SE EXPANDE EN ESPINAR: NUEVA “COROCCOHUAYCO” DEBE RESPETAR DERECHOS HUMANOS

La Empresa minera Glencore, gigante minero suizo que opera en Perú, va concretando el proceso de expansión de la unidad minera más grande que tiene en nuestro país: Tintaya-Antapaccay vuelve a crecer para incorporar un nuevo tajo abierto y labores subterráneas de explotación de cobre a las que denomina  “Integración Coroccohuayco”.  La operación se coloca sobre nuevos territorios de comunidades campesinas indígenas[1] de la provincia de Espinar, afectará más fuentes de agua y  así, aportará a los varios impactos de sus operaciones vecinas Tintaya y Antapaccay.

Estos tres tajos y todos sus componentes (túneles, instalaciones, fajas transportadoras, carreteras, camino de acceso, entre otros) forman así parte de la mega operación Antapaccay-Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco.

El estudio de impacto ambiental de Coroccohuayco presentado por la empresa y evaluado (y acompañado) por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), describe los varios impactos ambientales (sobre el agua superficial, el agua subterránea, los suelos, los bofedales, etc.) así como los impactos sociales y económicos, comunes para una operación de esta magnitud. Como es costumbre en los estudios ambientales del sector minero en nuestro país, la empresa concluye que todos esos impactos son de poca o muy poca intensidad. El mensaje que se repite una y otra vez para la población local es que no deberían preocuparse por ellos,  pues  -apelando a una fe ciega que se exige de las comunidades donde se hace gran minería-  todo “está previsto”, fríamente calculado.

Más allá de la calidad del estudio de impacto o de los mecanismos de participación ciudadana (que trataremos en otra ocasión) implementados por Glencore, esta vez es necesario detenernos en un aspecto que llama la atención de los documentos presentados por Glencore para justificar la viabilidad de su nuevo emprendimiento: la omisión a la realidad en donde opera.

Glencore: Coroccohuayco fuera de la realidad

En su EIA para Coroccohuayco, Glencore omite referirse a la difícil realidad local donde ha operado todos estos años y planea expandirse.

Es de conocimiento común que la población y comunidades de la provincia de Espinar mantienen una relación altamente tensa (por decir lo menos) con la empresa minera. Esta difícil relación tiene en su record varios conflictos, estallidos y crisis sociales;  que han causado la muerte de 3 ciudadanos espinarenses,  decenas de heridos y varios otros costos sociales. Estos conflictos han revelado la precaria situación de ejercicio de derechos que caracteriza a las operaciones mineras de Glencore en el sur de Perú.

Así Glencore, en su EIA para Coroccohuayco, omite abordar la crítica situación de riesgo y afectación al derecho a la salud de la población de sus áreas de influencia por causa de la exposición a metales pesados[2]. Glencore no menciona las demandas por la afectación del derecho al medio ambiente  por  contaminación minera de fuentes de agua locales que aún no han sido resueltas por falta de un (tan esperado) estudio de causalidad de calidad y concluyente, que cierre el tema[3]; tampoco aborda la vulneración de los derechos de agua de campesinos locales, por la reducción del volumen disponible del recurso y la dependencia del bombeo de la empresa para reponer los caudales de sus canales. Glencore no habla sobre la afectación a la libertad de expresión y a la protesta, limitada severamente por el contexto de represión implementado por las fuerzas policiales en convenio con la empresa. Glencore no menciona si es que y cómo se respetará el derecho a la consulta previa, al territorio y a la autonomía de las comunidades indígenas locales[4]; tampoco menciona que quizás a futuro la operación de Coroccohuayco podría causar el desplazamiento involuntario de las comunidades donde se va asentar[5]. Por último, Glencore omite hablar sobre el riesgo que significa operar – y producir más impactos-  en un contexto como el que acabamos de describir.

En resumen, Glencore omite incluir en su evaluación la situación de los derechos humanos de las personas a las que a afectar con sus operaciones. Hombres y mujeres que también serán responsables, con su trabajo, territorio y recursos, de gran parte del éxito y claro está, alta rentabilidad, de sus operaciones (aunque a veces se nos haga difícil recordarlo).

 

Glencore está obligado a respetar derechos humanos

A pesar de lo que muchos empresarios y otros afines al sector minero peruano todavía puedan creer, la necesidad de evaluar e implementar medidas específicas para respetar derechos humanos por parte de las empresas no resulta una demanda “exorbitante” (por usar un término común del gremio).  En el nuevo escenario de globalización,  los compromisos de las empresas como Glencore de respetar los derechos de la gente sobre la que impactan con sus operaciones, deben ir más allá de una simple declaración de voluntades.

Como vemos, entre sus varios compromisos, ampliamente difundidos frente a la comunidad internacional, Glencore afirma actuar conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos que existen, evaluar riesgos e implementar varios otros mecanismos para respetar los derechos de las poblaciones donde opera. No obstante, lejos del marketing internacional, la realidad de la empresa en nuestro país es otra.

Con Corocohuayco a punto de ser aprobada, creemos que es momento de exigir a la empresa ir más allá de los marcos legales nacionales; marcos que resultan débiles frente al poder político y económico que una empresa transnacional, de la magnitud de Glencore, puede ejercer en un país con una democracia tan debilitada como la nuestra. Así, mecanismos desde el marco internacional como la necesidad de llevar a cabo un proceso debida diligencia en derechos humanos[6] resultan urgentes para Glencore en Espinar.  El marco previsto por los Principios Rectores de Empresas y Derechos humanos debe guiar las operaciones de Glencore en Espinar, siguiendo lo estipulado por empresa en su propio Código de Conducta.

Por lo pronto, y esto debe llamar la atención de la empresa (y por qué no, de sus inversionistas[7]), organizaciones de la zona ya han levantado su voz de protesta frente a Coroccohuayco.  Ayer martes, fecha en la que se celebró una audiencia de un proceso judicial vigente por la omisión de consulta del proyecto Antapaccay de Glencore, las comunidades afectadas y sus organizaciones se movilizaron en relación a Coroccohuayco. Junto con ellos, exigimos a la empresa a que vaya más allá de sus expectativas económicas y tome en serio su responsabilidad de respetar los derechos de las personas en cuyos territorios piensa operar.

 

[1] Coroccohuayco se asentará sobre territorios de tres comunidades: Huini Coroccohuayco, Pacopata y Huano Huano, cuyas tierras comprará durante la etapa de construcción. Además el área de Influencia social directa de la MEIA incluye otras diez comunidades (Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Huisa Ccollana, Huisa, Anta Ccollana y  cc. Suero y Cama. MEIA Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco. Junio 2018. N° de Informe: 164-415-2145. 
[2] En su Línea Base aparece únicamente como una referencia a un estudio de salud, entre otros disponibles en el área de operaciones. Lejos de abordarlo en las medidas en su plan de Gestión Social (donde trata salud, educación, alfabetización de manera general), de Manejo Ambiental u otros planes; Glencore opta por omitir este indicador.
[3] Se refiere únicamente a los estudios de la Mesa de Diálogo de Espinar- Monitoreo Participativo del 2013. Señala que este determina la causa geológica de la contaminación del agua, pero omite referirse a los estudios de causalidad pendientes para determinar la responsabilidad sobre fuentes contaminadas específicas. 
[4] En la única página del tomo 9. “Otras consideraciones”, la empresa hace referencia a la existencia de comunidades indígenas en la zona de operaciones, limitándose al marco legal peruano vigente. No se tiene conocimiento si es que se promoverá el respeto al derecho a la consulta previa en la zona.
[5] Coroccohuayco implica remover el local comunal, escuela e iglesia de la comunidad. También implica la construcción de caminos mineros que cortan el tránsito usual y de pastoreo de la comunidad. Además implica el desvío de canales de riego de usuarios comunales. En suma, el cambio de la configuración de la vida comunal que podría llevar a su final desplazamiento.
[6] La debida diligencia en derechos humanos consiste un proceso que deben seguir las empresas para identificar los impactos reales y potenciales en los derechos humanos que se pueden producir al iniciar sus operaciones y la adopción de medidas para prevenirlos; yendo más allá de los marcos legales nacionales. El mecanismo de exigir una debida diligencia en derechos humanos a las empresas va cobrando fuerza en la comunidad internacional. Actualmente en Suiza, donde opera la casa matriz de Glencore, se debate una propuesta para establecer la obligación de las empresas suizas que operan a nivel transnacional de llevar a cabo un proceso de debida diligencia para sus operaciones.
[7] HSBC, entre ellos.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/glencore-se-expande-en-espinar-nueva-coroccohuayco-debe-respetar-derechos-humanos/

Ecuador

Sentencia sobre minería en Río Blanco estaría lista en una semana

El representante del ministerio de Minería indicó que el tema del proyecto Río Blanco tiene tintes políticos por la cercanía de las elecciones seccionales (2019).

 La sentencia de la audiencia pública de apelación sobre la suspensión de las actividades del proyecto minero Río Blanco, en Cuenca, provincia de Azuay, estaría lista en una semana, de acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Según la disposición legal, el fallo deberá conocerse en ocho días contados a partir del 23 de julio, fecha en la que se realizó la audiencia, por lo que restarían siete días.

«Sin embargo, éste período de tiempo podría extenderse sin ninguna consecuencia jurídica», señaló el Ministerio de Minería en una nota de prensa.

El ministro de Minería subrogante, Henry Troya, acompañado de otras autoridades estatales, sostuvo en la diligencia que como Estado se garantiza que «no hay actividad minera en el Parque Nacional de El Cajas, ni ningún tipo de actividad minera que afecte las fuentes de agua”.

“Confiamos como Estado que tenemos la razón en derecho. Pero nos preocupa que este proceso tiene tintes políticos, considerando la cercanía de las elecciones seccionales”, afirmó por su parte el equipo jurídico del Ministerio de Minería.

El Estado ecuatoriano demostró que el proceso de Consulta Previa, libre e informada, que nace del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ha sido recogido por la Constitución de la República, establece cuatro requisitos concurrentes para determinar la existencia de pueblos y nacionalidades indígenas y la obligatoriedad del proceso de consulta previa.

Entre estos, están la autoidentificación de los sujetos, la posesión ancestral sobre un determinado territorio (a través del tiempo), la pertenencia a la comunidad (reconocimiento de la comunidad) y el mantener usos, costumbres y tradiciones propias.

Sin embargo, el Estado señaló que estos requisitos concurrentes no se cumplen en el caso de las comunidades mestizo-campesinasubicadas en el área de influencia del proyecto Río Blanco.

El último censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) demuestra que las comunidades se autodefinen mayoritariamente como mestizos, hecho testimoniado por los representantes legítimos de las comunidades, al tiempo que no existe evidencia alguna de que se haya solicitado algún trámite para la declaratoria de tierras ancestrales legalmente reconocidas por el Estado.

Según la nota del Ministerio de Minería, durante la audiencia, en los exteriores de la Corte Provincial de Cuenca, se registraron actos violentos en contra de ciudadanos que apoyan la actividad minera responsable en la zona, pero la actuación de la Policía Nacional logró evitar mayores enfrentamientos.

En abril de este año, el Subgerente del proyecto Río Blanco, Xavier Sánchez, indicó a Andes que el proyecto minero se desarrolla fuera del Parque Nacional Cajas, a unos 5 kilómetros de esa reserva.

“No estamos dentro de áreas protegidas el proyecto de desarrolla bajo un plan de manejo que tiene como especial cuidado el agua que es una de las principales preocupaciones y observaciones que tenían las comunidades, la parroquia y la ciudadanía de Cuenca”, apuntó en esa fecha.

En este proyecto de mediana minería, ubicado en la parroquia Molleturo, la empresa concesionaria Ecuagoldmining S.A., de China, invierte en Ecuador 78 millones de dólares, aunque la inversión total se estima en 89 millones de dólares.

Fuente:https://www.andes.info.ec/es/noticias/economia/16/sentencia-rio-blanco

Perú

Comunidades de Espinar protestan por proyecto Coroccohuayco

Más de dos mil ciudadanos se movilizaron esta mañana en la provincia de Espinar (Cusco) en relación al proyecto minero Coroccohuayco. Los comuneros y comuneras de 13 comunidades campesinas protestan porque habrían sido excluidos del área de influencia del proyecto en los estudios ambientales presentados por la empresa minera Glencore. Según los manifestantes, al no haber sido consideradas, están excluidas del proceso de participación ciudadana y no pueden hacer oír su voz respecto de los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto

Juan Pino, presidente del Frente de Defensa de Alto Pichigua, explicó a este Observatorio de Conflictos Mineros que su demanda es que estas comunidades sean incluidas en el área de influencia y sean consultadas. “Queremos saber cuáles son los daños que nos puede causar. Nosotros vivimos de los ríos de esta cuenca, y definitivamente puede afectar nuestras aguas”, señaló. “Ya hemos visto que con la expansión de Antapaccay, nuestros ojos de agua, nuestros manantiales se están secando y nuestros productos que trabajamos en el campo ya no dan igual que antes”, aseguró el dirigente.

Los dirigentes comunales han indicado que esta es una movilización preventiva. Al finalizar la movilización, los comuneros elaboraron un Memorial y ahora buscarán diálogo con la empresa minera para que responda sobre su plataforma.
La llamada “integración Coroccohuayco” sería una nueva ampliación de lo que fuera anteriormente la ex mina Tintaya, que ya fue ampliada con el tajo Antapaccay, actualmente en operaciones. El proyecto aún se encuentra en etapa de observaciones en el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental).

Esta denominada “integración” viene generando dudas en la población local. La empresa ya opera en la zona los tajos Tintaya y Antapaccay, y aspira ampliar sus operaciones con este nuevo tajo Coroccohuayco, pero sin elaborar un Estudio de Impacto Ambiental independiente, pues señala que sólo se “integrará” y utilizará la infraestructura que ya existe en Antapaccay.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/07/23/comunidades-de-espinar-protestan-por-proyecto-coroccohuayco/