Chile

Pueblo sin agua, pueblo muerto: la advertencia del Acta de Tarapacá sobre la sobreexplotación del Desierto de Atacama

El desierto de Atacama es uno de los más antiguos y áridos del mundo, pero hace miles de años este paisaje, que asombra por su parecido con el planeta Marte, albergaba numerosos oasis y ecosistemas con plantas y animales que desaparecieron tras una serie de cambios climáticos.

Sin embargo, la sobreexplotación de sus recursos hídricos, junto a fenómenos actuales como el cambio climático global, amenazan nuevamente la estabilidad de esta zona, lo que ha motivado la publicación del Acta de Tarapacá, el llamado de un grupo interdisciplinario de investigadores sobre la urgencia de resguardar el agua en este emblemático lugar del norte de Chile.

“El nivel de extracción supera, en orden y magnitud, la capacidad de recuperación de las fuentes hídricas. Por ello, en el Acta de Tarapacá abogamos a que el agua del desierto debe tratarse como un recurso no renovable”, afirma Claudio Latorre, científico del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), académico de la Universidad Católica y uno de los autores de la declaración que fue publicada este miércoles en el editorial de Chungara Revista de Antropología Chilena.

Los especialistas coinciden en que las tasas actuales de extracción de agua para fines industriales, rurales, urbanos y domésticos son insostenibles, en especial si consideramos que las fuentes hídricas en el desierto de Atacama se restringen a napas subterráneas con aguas fósiles, acumuladas durante milenios en las zonas altas del desierto, y a escorrentías superficiales provenientes de lluvias estacionales e intermitentes de la cordillera de los Andes.

Para hacerse una idea, la última sobrecarga hídrica significativa ocurrió entre 17.000 y 10.000 años atrás, cuando las condiciones climáticas eran más húmedas en la región y las precipitaciones en las zonas altas eran dos a tres veces superiores a las actuales.

Un caso preocupante es el de las napas subterráneas en la Pampa del Tamarugal, las cuales han disminuido varios centenares de metros en los últimos decenios debido a la sobreexplotación. A esto se suma un efecto colateral del cambio global, como es la falta de precipitaciones en la zona andina. Latorre explica que “los acuíferos más grandes del norte grande, como el de la Pampa del Tamarugal, se recargaron con agua entre periodos glaciales e interglaciales, es decir, a escala de cientos de milenios. Podríamos esperar una próxima recarga para comienzos del próximo interglacial, en 120 mil años más.”

A esto se suma la desecación o contaminación de humedales, bofedales, salares, oasis, acuíferos, entre otros, lo que traería consigo un aumento en la toxicidad de las aguas de escorrentías, así como el empobrecimiento y potencial destrucción de los ecosistemas. Además, las especies nativas y endémicas enfrentan una amenaza constante por la devastación de sus hábitats, como es el caso de los flamencos o el tamarugo, árbol único de Chile que estuvo a punto de desaparecer por la deforestación en la época de las salitreras, y que, pese a haberse recuperado luego de que se implementaran programas de reforestación, hoy vuelve a estar en jaque por la utilización irracional de agua.

“En el corto plazo vamos a ver la pérdida de ecosistemas completos. El tamarugo es como el canario del minero, sus raíces alcanzan las napas pero, a medida que los humanos sacamos agua, esas napas bajan y los tamarugos se secan. En algunos lugares ya hay una mortalidad masiva de estos árboles. Obviamente el impacto no se limita a los acuíferos, también se extiende a toda la precordillera y cordillera de los Andes. Las grandes operaciones mineras han secado bofedales completos en lugares como el salar del Huasco”, agrega el investigador.

Si consideramos el contexto del cambio climático, los modelos predictivos muestran una intensificación del flujo de vientos desde el oeste en altura, lo que impediría el ingreso de lluvias al altiplano con la consecuente reducción de las precipitaciones anuales de hasta un 30% para el año 2100. Si bien los modelos muestran probabilidades, la información que entregan es valiosa para vislumbrar los distintos escenarios que podrían ocurrir.

Una visión antropocéntrica

El desierto de Atacama no solo posee ecosistemas únicos: también es fundamental para las comunidades locales y sus modos de vida tradicionales, así como para la industria minera o de energías renovables no convencionales (ERNC). No obstante, hace más de 3.000 años las innovaciones tecnológicas introducidas en la zona se han enfocado casi exclusivamente en aumentar las capacidades extractivas de los recursos hídricos, lo que se ha exacerbado en el último tiempo. Esta visión antropocéntrica también reviste un riesgo al provocar conflictos socioambientales.

Si todo permanece igual, se desencadenaría el abandono de territorios rurales, la sobrepoblación de las áreas urbanas y la marginalización de las comunidades del norte del país, afectando de forma directa a más de un millón y medio de personas, alrededor del 9% de la población chilena.

Los autores del acta proponen que el Estado declare al agua como un derecho inalienable y un problema de prioridad nacional. También solicitan que se establezcan políticas públicas para un manejo eficiente y que incluya la extracción de fuentes de agua alternativas, como la condensación de camanchacas. Asimismo, llaman a promover la investigación, el desarrollo de tecnologías de alta sustentabilidad y una cultura hídrica para valorar y preservar este elemento.

“Es fundamental contar con políticas de manejo hídrico. Es inconcebible que en el norte grande no exista un sistema que aproveche, por ejemplo, las aguas grises con las que podrían regar jardines, en vez de usar aguas fósiles que tienen 20 mil años. El Acta de Tarapacá es una reflexión que apunta a evitar problemas graves para las futuras generaciones”, concluye Latorre.

El pasado 4 de junio se lanzó en una ceremonia el “Acta de Tarapacá”, un manifiesto al que se adscribieron 18 premios nacionales y que fue preparado por investigadores de la Universidad de Tarapacá, Universidad de Chile, Universidad Alberto Hurtado, The Pennsylvania State University, Pontificia Universidad Católica de Chile, LINCGlobal, Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Center for Climate and Resilience Research (CR)2, Universidad de Concepción, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), entre otros.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2018/07/26/pueblo-sin-agua-pueblo-muerto-la-advertencia-del-acta-de-tarapaca-sobre-la-sobreexplotacion-del-desierto-de-atacama/

Perú

Concesiones mineras cerca de frontera de Perú y Ecuador

Nuevas concesiones mineras se están dando en Ayabaca, Piura. El viernes se publicó el Decreto Supremo N° 016-2018-EM que declara de necesidad pública la inversión privada e actividad minera y autoriza a la empresa minera: Sociedad Minera San Miguelito S.A.C., a adquirir derechos mineros dentro de los 50 km. de zona de frontera en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura.

Eso se da a pesar de que la Constitución peruana señala en el artículo 71 que no se pueden realizar actividades económicas en zonas froterizas, pero se ha dado un Decreto para hacer una «excepción». No se trata del único caso donde se aplica , hay otros permisos dados en esa zona como el que se otorgó al proyecto minero Río Blanco.

 

El principal accionista de Sociedad Minera San Miguelito SAC. es la empresa canadiense Plexmar Resources INC. que tiene el 99.9% del capital social, siendo que el 0.01% del capital restante está a nombre de Danilo Guevara Cotrina. Guevara es abogado y es apoderado además de San Miguelito, de Sociedad Minera Corona S.A.C., Minera Ate SAC. y de Dia Bras Perú SAC.

La empresa minera canadiense Plexmar Resources INC informó que cuenta actualmente con 24 concesiones que cubren un total de 22.500 hectáreas en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura. Este es un segundo decreto a su favor que esta vez autoriza en total 2000 hectáreas, que sumadas a las 1800 hectáreas ya autorizadas en enero del 2018 con otro decreto similar, ya suman 3800 hectáreas con autorización de ser operadas para minería en zona de frontera.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/775-concesiones-mineras-cerca-de-frontera-de-peru-y-ecuador
Chile

Segunda Marcha por la Vida de Putaendo

Este sábado 28 de julio, las distintas organizaciones sociales y ambientales de Putaendo, invitan a la segunda macha por la vida y contra la megaminería. El llamado es a encontrarse a las 15 hrs en el Parque Municipal.
La comuna de Putaendo ubicada al interior del Valle de Aconcagua, se encuentra rodeada por una estrecha cuenca que alberga a alrededor de 150 glaciares, desde donde nace el río Rocín, que posteriormente se une al estero Chalaco, constituyéndose en los principales afluentes que dan origen al río Putaendo. Los glaciares a su vez, han hecho posible, que la cuenca pueda surtirse de agua en períodos extensos de sequía, ya que estos milenarios cuerpos de hielo actúan como verdaderos dispensadores de este Bien Común.
Por otro lado, se caracteriza por se una Comuna absolutamente rural, cuyas principales actividades económicas son la criancería, la agricultura familiar y de ahí la elaboración de productos asociados.
Es por esto que este sábado 28 de juliO, todxs marchamos por Putaendo, por los glaciares y el agua y las múltiples formas de vida #MinerasFuera
Fuente:https://web.facebook.com/notes/olca-chile/segunda-marcha-por-la-vida-de-putaendo/2096128860709041/
Mexico

Indígenas totonacos protestan frente a la Semarnat; exigen revocar concesión a minera Almaden Minerals

Indígenas totonacos que integran el Consejo Tiyat Tlali se manifestaron frente a las oficinas de la delegación de la Semarnat en Puebla para exigir la revocación de la concesión a la minera canadiense Almaden Minerals y al proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de Deselec–Comexhidro en la Sierra Norte del estado.

El centenar de personas, procedentes de pueblos originarios de Ixtacamaxtitlán, lanzó consignas contra el “Proyecto Ixtaca”, que explota oro y plata en la región, el cual está contaminando los mantos acuíferos y los ríos por sus actividades.

Así lo informó Silvia Villaseñor, integrante del Consejo Tiyat Tlali, quien precisó que los residuos de diésel para realizar barrenos son vertidos a las barrancas y están provocando daños en la salud.

“Exigimos a la Semarnat que no autorice la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que necesita la minera para pasar a la construcción de sus instalaciones de explotación minera”, reclamó.

Asimismo, dijo que hasta este momento la dependencia federal ha autorizado varios informes preventivos que han permitido a la empresa hacer barrenos que acabarán con los manantiales, para desviar el agua que será utilizada en la minera.

Silvia Villaseñor incluso aseveró que la población que habita en Ixtacamaxtitlán ya comenzó a padecer la escasez de agua.

La activista aseguró que también personas han fallecido por los problemas de salud vinculados al proyecto minero.

Derivado de esta situación, dijo que ha crecido la oposición a la empresa canadiense, la cual hostiga a los lugareños para comprarle sus tierras.

Por otro lado, destacó que la instalación del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de Comexhidro, además dejará a varias comunidades sin acceso al agua, pues será desviada para producir energía eléctrica que será destinada a la empresa Wal Mart.

Los opositores a los “proyectos de muerte” exigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que tampoco libere permisos a las concesionarias en mención, por violentar sus derechos humanos.

Advirtieron que los proyectos de la minera Gorrión han secado los ríos y manantiales, traerán daños irreversibles a los pueblos de la Sierra Norte, afectando no solo la forma de vida de los pueblos originarios sino además de los recursos naturales.

Recordaron que la Conagua autorizó a Comexhidro utilizar las aguas río Ajajalpan; y está en proceso también la concesión uso del caudal del río Zoquiapan, que pondrá en riesgo la vida de miles de pobladores.

Fuente:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/indigenas-totonacos-protestan-frente-a-la-semarnat-exigen-revocar-concesion-a-minera-almaden-minerals/

Perú

Tía María: Southern quiere licencia de construcción para iniciar este año

Southern Perú Copper Corporation espera obtener la licencia de construcción del proyecto minero Tía María en lo que queda del año. Así lo informó la compañía en el informe de resultados del segundo trimestre del 2018, presentado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la tarde de ayer.

Como se recuerda, la obtención de este permiso es el único requisito que aplaza el inicio de trabajos en Islay. Anteriormente, tuvo que negociar con la minera Vania, por la sesión de terrenos para Tía María que estaban dentro del denuncio de la compañía. El acuerdo se alcanzó en abril de este año.

Respecto al proyecto Tía María, Southern señala “haber cumplido con todos los requerimientos ambientales”. Además, refieren contar con la aprobación del estudio de impacto ambiental para la mina.

En el documento señalan estar trabajando con el Gobierno en la obtención del permiso de construcción para Tía María. El proyecto permitirá extraer 120 mil toneladas de cobre anualmente, con un presupuesto total de 1 mil 400 millones de dólares. “Esperamos que el permiso sea emitido en el 2018”, reza el texto.

PROYECTOS EN CIERNES

El compromiso de Southern en inversión en Perú, este 2018, aumentó a 8 mil 200 millones de dólares. Proyectos como Michiquillay (Cajamarca) y Los Chancas (Apurímac) suponen 2 mil 500 y 2 mil 800 millones de dólares respectivamente.

Referente al proyecto de Expansión de Toquepala (Tacna) este será de 1 mil 255 millones de dólares. Incluye una nueva concentradora que aumentará la producción anual de cobre de Toquepala en 100 mil toneladas. Tienen como objetivos alcanzar 245,000 toneladas de producción en 2019.

Fuente:https://elbuho.pe/2018/07/24/tia-maria-southern-quiere-licencia-de-construccion-para-iniciar-este-ano/

Internacional, Latinoamerica

¿A Qué Precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017

El mundo es más peligroso que nunca para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y la agroindustria es el sector más vinculado a los asesinatos.

Nunca ha sido un momento más letal para defender la comunidad, el modo de vida o el medio ambiente.

Nuestros datos anuales más recientes sobre violencia contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente muestran que el número de mujeres y hombres asesinados el año pasado aumentó a 207, el total más alto que hemos registrado. Además, nuestra investigación ha señalado que la agroindustria es el sector de negocios más vinculado a estos ataques, la que incluye plantaciones de café, palma aceitera y banano.

Por supuesto que mi vida corre peligro, recibo amenazas de muerte las 24 horas del día porque no voy a permanecer callado ante esta atrocidad – María do Socorro Costa da Silva

Hernán Bedoya, de Colombia, recibió 14 disparos de un grupo paramilitar por manifestarse contra plantaciones de palma aceitera y de banano que se estaban expandiendo sobre el territorio de su comunidad, destruyendo los bosques.

En Filipinas, después oponerse a la expansión de una plantación de café, una comunidad cercana a Lake Sebu fue atacada por las fuerzas militares, dejando ocho personas muertas, cinco heridas y provocando que 200 huyeran.

Y en Brasil, la comunidad indígena de Gamela  fue atacada por agricultores, quienes hirieron gravemente a 22 personas (incluidos niños), por intentar proteger sus tierras de la tala.

Pero no son sólo las personas defensoras de estos países las que están siendo amenazadas, atacadas o asesinadas por luchar para proteger sus tierras y su forma de vida. Innumerables personas en todo el mundo están bajo amenaza por enfrentarse al poder de grandes corporaciones, grupos paramilitares e, incluso, sus propios gobiernos.

Muy probablemente, los datos recopilados y presentados minuciosamente en este informe y los estudios de casos incluidos, resultan una subestimación considerable, debido a los muchos desafíos para identificar y denunciar asesinatos. Sin embargo, así como está presentada la información, muestra que los riesgos que enfrentan a diario las personas defensoras continúan creciendo, y los gobiernos y las empresas enfrentan acusaciones muy serias que deben responder.

El movimiento global

Una gran mayoría de las 207 personas defensoras asesinadas el año pasado provenía de América Latina, que sigue siendo la región más peligrosa para las y los defensores, representando el 60% de los asesinatos de 2017. Brasil tuvo el peor año registrado, en comparación con cualquier otro país del mundo, con 57 personas defensoras asesinadas.

Pero no hubo una sola región que resultara inmune al creciente número de ataques contra sus defensores. En Filipinas asesinaron a 48 personas defensoras, el número más alto en un país asiático. Y en África, se reportó el asesinato de 19 personas defensoras, 12 de las cuales se encontraban en la República Democrática del Congo.

Defenders 2018 - Country Killings

Estas personas son parte de un movimiento global para proteger el planeta. Están en la primera línea en la lucha contra el cambio climático, la preservación de los ecosistemas y la protección de los derechos humanos. Defienden causas que nos benefician a todos: sostenibilidad, biodiversidad y justicia.

Negocios irresponsables que motivan los ataques

Los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que les convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas el año pasado.

Las empresas tienen responsabilidad ante sus clientes, quienes deben poder confiar en que los productos que compran no están violando los derechos humanos, ni provocando destrucción cultural o devastación ambiental. Y las y los consumidores, tienen el deber de exigir que estas empresas cumplan con sus responsabilidades.

Cuando bosques tropicales de gran riqueza son arrasados para sembrar monocultivos, los delicados ecosistemas que podrían capturar las emisiones de carbono se pierden para siempre. Cuando se explota la tierra para la minería, el suelo y el agua fresca se envenenan, se pone en riesgo la salud y el futuro de las comunidades cercanas.

Se trata de negocios e inversores irresponsables, empeñados en satisfacer la demanda de los consumidores y maximizar los beneficios que, junto con los gobiernos corruptos o negligentes, hacen que todo esto sea posible.

Qué puedes hacer

Instamos a las poderosas instituciones y organizaciones que amenazan los intereses de las personas defensoras, sus comunidades y el planeta, a que reconozcan su responsabilidad, a que usen su poder para ser una fuerza de bien. Los gobiernos y las empresas tienen el poder (financiero, legislativo y ejecutivo, así como el deber legal) de marcar una gran diferencia.

 

A pesar de las adversidades que enfrenta, la comunidad global de personas defensoras del medio ambiente y de la tierra no va a desaparecer; sólo se está fortaleciendo. Haremos campaña junto a ellas, llevando su lucha a los pasillos donde se mueve el poder y a las salas de juntas de las corporaciones. Nos aseguraremos de que sus voces sean escuchadas. Y estaremos vigilando para asegurar que las personas defensoras, su tierra y el medio ambiente del que todos dependemos sean debidamente protegidos.

Descargue el informe completo: ¿A qué precio? (PDF, 3MB)

Fuente:https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-qu%C3%A9-precio/

Mexico

Sonora: olvidan a afectados por derrame tóxico

Cuatro años después del mayor desastre ambiental en la historia de México, el derrame de 40 mil litros de una solución de sulfato de cobre acidulado con 700 toneladas de metales pesados de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi, los afectados reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto que no haya cumplido con el compromiso de remediar daños a la salud, la economía y el medio en el noreste de Sonora.

Los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) afirmaron que los 2 mil millones de pesos del Fideicomiso Río Sonora, que Grupo México creó en 2014 para subsanar los daños, no beneficiaron a la población. Asimismo, exigieron que no se otorguen más concesiones mineras en esta región.

Luego del derrame se prometió construir 36 plantas potabilizadoras de agua, una unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental, así como activar la economía local, lo que no se cumplió.

Representantes de los CCRS se reunieron para analizar la situación de 22 mil personas de los municipios de Arizpe, Banámachi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures desde el 6 de agosto de 2014, cuando ocurrió el percance.

‘‘No sabemos dónde quedó el dinero, porqué acá no hay ni plantas (de tratamiento de agua), ni unidades de vigilancia epidemiológica y ambiental ni río limpio; al contrario, seguimos sin poder vender nuestros productos’’, dijo Óscar Encinas Gámez, presidente del CCRS en Ures.

Presidentes de los comités de cada pueblo afectado desean una tierra libre de contaminación para sembrar ajo, chile, membrillo, espárrago, trigo y especias, y solicitaron a las autoridades fomentar una cultura de protección de la naturaleza.

Dijeron que a pesar de la ‘‘evidente negligencia’’ de la empresa implicada y de las autoridades, en 2017 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio por concluida la remediación y compensación por los daños ambientales y a la salud humana provocados por el derrame.

En julio de 2016 la Semarnat quitó del portal de Internet del fideicomiso estudios realizados por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que revelaban graves daños a la flora y fauna del río Sonora.

Según diversos estudios, 70 por ciento de los niños del municipio de San Felipe de Jesús presentan elevados niveles de plomo en la sangre, y en los alimentos producidos en la región hay elevadas concentraciones de sustancias cancerígenas; además, la fauna silvestre resultó afectada y hay mortandad de árboles.

‘‘Hay muchos enfermos y mala calidad de agua; se acabaron los paisajes, ya no se ven aves endémicas ni grandes hectáreas de cultivos’’, señaló Óscar Encinas.

El líquido derramado se depositó en la presa Rodolfo Félix, de la cual se abastece Hermosillo. De acuerdo con análisis realizados en 2015 por un laboratorio de la Ciudad de México, ese líquido no es seguro para consumo humano, por lo cual los afectados exigen que los gobiernos estatal y federal den la cara y cumplan sus promesas.

Fuente:http://www.jornada.com.mx/2018/07/26/estados/030n1est

Colombia

De la minería y otros verdugos de la Sierra Nevada de Santa Marta

La Sierra Nevada de Santa Marta es el hogar de cuatro de los pueblos indígenas de la costa Caribe: kankuamos, arhuacos, wiwas y koguis; sin duda uno de los ecosistemas más importantes del país. A pesar de ello y de ser el sistema montañoso litoral más alto de Colombia, hoy se encuentra amenazado por la minería y otros factores externos como el cambio climático y el turismo descontrolado.

El siguiente recorrido periodístico por los senderos y caminos de la Sierra, incluye las principales poblaciones indígenas del lugar.

 Atánquez y el llamado de atención kankuamo

Aunque tan solo está a 40 minutos de la cabecera municipal de Valledupar, en Atánquez, corregimiento donde inicia este recorrido, el aire tiene un olor distinto.

Y es que por su ubicación en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, este resguardo del pueblo indígena kankuamo, tiene una fragancia parecida a la del césped cuando se moja con agua de río y a matas de café, oreadas por el viento fresco que baja de la parte alta de la serranía.

“Atánquez es como la capital del pueblo kankuamo, ahí somos más o menos cinco mil o seis mil  habitantes”. Señala uno de los indígenas que acompaña el recorrido mientras llegábamos al lugar.

En esta primera parte del recorrido nos acompaña Daniel Maestre, líder del pueblo kankuamo y quien mientras nos enseña la población, sus calles empedradas y sus subidas y bajadas, recuerda el regreso tras los tiempos del  terror, esos días nefastos en los que el enfrentamiento constante entre guerrilleros, paramilitares y ejército, los hicieron dejarlo todo: “Hace 14 años me tocó dejar la población. En ese entonces esto quedó solo, la gente se fue huyendo de los enfrentamientos entre paramilitares, guerrilla y el mismo estado” Señaló el líder.

“Decidimos regresar porque la Sierra llama mucho. Los indígenas decimos que es donde tenemos la placenta enterrada, ahí queremos estar” Agregó.

Tras el regreso de ese destierro violento al que se vieron obligados, las tradiciones también se retomaron entre indígenas y campesinos que habitan la población. Entre ellas, el Corpus Christi; la fiesta que simboliza la colonización religiosa de España a las comunidades ancestrales que habitan en esta parte del territorio. Aunque los kankuamos le dan un significado distinto.

Es una fiesta mestiza entre lo católico y lo indígena. Es al sol y la cosecha y es muy potente para nuestra cultura atanquera” señaló Daniel Maestre.

Pero entre los kankuamos y otros pueblos ancestrales que habitan la sierra, no todo es fiesta. La situación es más grave de lo que parece; incluso para los ‘mamos’ o autoridades ancestrales de las etnias que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, esta realidad tiene un extraño destino apocalíptico.

“¿Los ‘mamos’ qué han dicho?, que si no nos ponemos las pilas, si no cuidamos la sierra, las visiones que ellos tienen de nuestro destino es apocalíptico” dijo uno de los guías.

Acto seguido, levanta su rostro y agrega: “Pero ellos dicen si cambiamos de actitud frente a la sierra, la tierra todavía puede ser noble con nosotros”  

Aunque el panorama se ve oscuro, la noche en las estribaciones de la sierra, se muestra iluminada por un manto de estrellas, acompañado por un instrumental de grillos, aves y toda clase de sonidos que pueda regalar el boscoso escenario.

Fuente:https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/de-la-mineria-y-otros-verdugos-de-la-sierra-nevada-de-santa-marta

Venezuela

Acción directa de calle contra el Arco Minero del Orinoco y por el derecho al agua a las 9 a.m. este sábado en Chacaíto

En el marco de la jornada internacional contra la mega minería celebrada en diferentes partes del mundo el pasado 22 de julio, un grupo de organizaciones sociales ha convocado una acción de calle para denunciar el proyecto del Arco Minero del Orinoco como uno de los proyectos mineros más grandes de América Latina y a nivel mundial.

Esta denuncia se relaciona con los impactos que ha tenido el desarrollo de la minería en diferentes escalas en la zona sur del país, impactos que tienen múltiples alcances pero que se evidencia especialmente en la crisis del agua y la energía eléctrica que ha generado una serie de protestas por servicios a nivel nacional.

La invitación es para el próximo 28 de julio en las inmediaciones de la Plaza Brion de Chacaíto a partir de las 9 de la mañana, se convoca a quienes deseen participar a traer sus baldes y sus marcadores.

Fuente:https://www.aporrea.org/pachamama/n328781.html

Mexico

Se constituye la Asamblea de los Valles Centrales contra la Minería

Reunidas en San Antonino Castillo Velasco, en el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, 30 comunidades indígenas y campesinas que conformamos los Valles de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, y 25 organizaciones hemos decidido rechazar categóricamente cualquier proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, nuestros sistemas productivos, nuestro tejido social, medio ambiente, nuestros sistemas normativos y territorios.

Denunciamos que desde hace más de diez años, nuestros territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin nuestro consentimiento, hasta el momento 90 mil hectáreas de los Valles Centrales se encuentran en peligro, principalmente por la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.

Dichas empresas han impulsado a Oaxaca como el octavo estado de la república en explotación de oro y plata, sin embargo para nuestras comunidades su operación se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones físicas, daños irreversibles a nuestro medio ambiente, rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos.

Durante más de diez años hemos denunciado ante las instancias federales y estatales, la violencia desmesurada con la cual operan dichas empresas en nuestros territorios, sin embargo no hemos recibido ninguna respuesta de las mismas, por lo que en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, las comunidades zapotecas de los Valles Centrales, declaramos nuestros territorios como “prohibidos para cualquier actividad de prospección, exploración y explotación minera”.

Los pueblos y comunidades de los Valles Centrales, hemos decidido por la vida, la paz y el desarrollo comunitario desde nuestras propias  cosmovisiones y en respeto profundo de nuestra madre tierra; manifestamos que la minería no representa ninguna opción de desarrollo para nuestros pueblos y sus habitantes.

Ante la negligencia y contubernio de las autoridades y la opacidad y violencia de las empresas mineras, hemos tomado la decisión de constituirnos en la Asamblea de los Valles Centrales Frente la Minería, por lo que nos declaramos en alerta máxima ante la imposición de diversas concesiones y proyectos mineros en nuestros territorios. En este sentido hacemos los siguientes ACUERDOS:

  1. Manifestamos nuestro compromiso en seguir defendiendo a nuestra Madre Tierra, cuidar y defender el agua que nos da la vida, así como todos los bienes comunes presentes en nuestros territorios.
  2. Nuestros ejidos y comunidades son territorio prohibido para la minería, dicha prohibición incluye toda actividad que tenga por objeto modificar o extraer los bienes comunes de nuestro territorio.
  3. No firmaremos ni autorizaremos ningún tipo de permiso, convenio, contrato, documento o instrumento legal, que tenga por objeto extraer nuestros bienes comunes.
  4. No autorizaremos el cambio de uso de suelo para realizar actividades mineras en los territorios municipales.
  5. Nos reconocemos como parte del Pueblo Zapoteco, por lo que asumimos el compromiso de defender nuestros territorios desde nuestras asambleas, de manera organizada, pacífica y por todos los medios legales.
  6. Rechazamos el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR) que pone en riesgo nuestra propiedad social.
  7. Convocamos al Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca con el objetivo de hacer frente al modelo extractivo, visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros. Dicho Juicio se realizará los días 11 y 12 de octubre de 2018 en la Ciudad de Oaxaca.

A los gobiernos federal y estatal, a las autoridades electas del poder ejecutivo y legislativo, y a las autoridades municipales planteamos las siguientes EXIGENCIAS:

  1. Cancelación inmediata del Corredor Industrial Minero que pretenden imponer en los Valles Centrales, particularmente exigimos la cancelación de los proyectos mineros “San José”, “Trinidad Norte” y “El Águila”, operados por las compañías Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, en los municipios de San José del Progreso y San Pedro Totolapan.
  2. Exigimos justicia para Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez asesinados en 2012 por su trabajo de defensa de los territorios en San José del Progreso.
  3. Cancelación de las concesiones mineras que han sido impuestas en los Valles de Ocotlán, Zimatlán, Tlacolula, Ejutla y Miahuatlán. Reiteramos que no cuentan con nuestro aval, ni consentimiento para realizar ningún trabajo en nuestros territorios.
  4. Exigimos se detenga la criminalización y agresiones hacia las y los defensores, movimientos y medios de comunicación en defensa de los territorios.
  5. Expresamos nuestra condena a los actos violentos, las recientes masacres y asesinatos ocurridos en las regiones de la Sierra Sur, Costa, Sierra Norte, Istmo y Valles Centrales.
  6. Nos pronunciamos en contra de los asesinatos como medio para dirimir los conflictos internos por la tierra, principalmente entre San Lucas Ixcotepec y Santa María Ecatepec. La violencia desmedida no se trata de situaciones aisladas, tal como lo ha colocado el Gobernador del Estado de Oaxaca, estas acciones responden a intereses particulares, por lo que no existe una efectiva atención del Estado en estos hechos. Exigimos al Estado garantice la paz entre comunidades.
  7. Nos solidarizamos con las comunidades y movimientos que se han visto afectados por la escalada de violencia en el estado, principalmente con las compañeras y compañeros de CODEDI, quienes han sufrido asesinatos y detenciones en los últimos meses, así como compañeras y compañeros de San Miguel Cajonos donde fueron desaparecidas 3 personas desde el 27 de diciembre de 2017 en el marco de la imposición de un proyecto minero y un conflicto agrario intercomunitario, por lo que exigimos justicia y castigo a los responsables de estos hechos.
  8. Responsabilizamos a las autoridades por cualquier agresión, criminalización o amenazas que se susciten en el marco de nuestra defensa del territorio, exigimos se garantice el derecho a la información, libre expresión y manifestación, derechos reconocidos constitucionalmente.
  9. A las autoridades electas les expresamos que no permitiremos ningún proyecto minero en nuestra región bajo ninguna circunstancia, exigimos el respeto a nuestra determinación: ¡ni una concesión o proyecto minero más en nuestros territorios! ¡cancelación de las concesiones mineras otorgadas desde hace diez años!

¡Sí a la Vida, No a la Minería!
¡Ni Oro Ni Plata, la Minería Mata!
¡De la Sierra hasta el Desierto, Ni en Túnel, Ni a Cielo Abierto!
¡No queremos Anillo de Oro Ver, Queremos Tlayuda para Comer!
ASAMBLEA DE LOS VALLES CENTRALES CONTRA LA MINERÍA

Comunidades: Barda Paso de Piedra, San Antonino Castillo Velasco, San Juan Chilateca, San Felipe Apóstol, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, El Vergel y su Anexo los Ocotes, San Nicolás Yaxe, Santiago Apóstol, San Pablo Güilá, San Míguel Panixtlahuaca, Santa Catarina Minas, San Miguel Ejutla, San Miguel Cajonos, Magdalena Teitipac, San Felipe Apóstol, Ocotlán de Morelos, Tejas de Morelos, San Pedro Mártir, San Martín Tilcajete, San Matías Chilazoa, San Isidro Zegache, San Jacinto Ocotlán, San Sebastián Ocotlán, Santiago Apóstol, La Guadalupe, La P, San Matías Chilazoa, La Noria de Ortíz, San José del Progreso, Miahuatlán.

Organizaciones y Colectivos: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Tequio Jurídico A.C., Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca-UNOSJO S.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., Coordinadora de los Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA), Oxfam México,  Comisión Diocesana Pastoral Social de la Fé, Comité de Desaparecidos San Miguel Cajonos, Colectivo Espacio Kruz, Centro de Estudios de la Región Cuicateca-CEREC, SURCO A.C., Maderas del Pueblo del Sureste, Red de Defensores y Defensoras de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM), CFAFMD Miahuatlán de Porfirio Díaz, Grupo de Investigación-Acción Autónoma, Colectivo Orión, Estudio Mantis, Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán COPUVO, INSO A.C., Taller de Difusión Zapoteca, F.P.R. Asamblea Estudiantil y Popular de Radio Universidad de Oaxaca.

Fuente: En Defensa de los Territorios