Perú

Vizcarra: un mensaje centrado en la minería y de espalda a las comunidades

El señor Vizcarra dice que dictará las normas que los peruanos reclaman y no le temblará la mano para hacerlo. También que se requiere de ciudadanos comprometidos con la Republica y dispuesto a actuar cuando sea necesario. Habla de los avances a nivel regional y local de la descentralización, pero sigue tomando decisiones centralizadas en la actividad minera, pasando por encima de los procesos de ordenamiento (ya no vinculante) y de los planes de desarrollo a nivel regional y local, como priorizar inversiones descentralizadas desde los propios gobiernos regionales y locales o más bien se busca hacer depender las decisiones y centralizarlas, ojalá que los avances en la descentralización no sigan ese camino. Hay mucho aún por evaluar del discurso presidencial, pero está clara la perspectiva en materia económica, en lo relativo a la minería, y las implicancias que ello va a seguir generando en nuestro país, en la labor de nuestras instituciones, y en el acompañamiento a las comunidades y poblaciones que realizamos.

También Quellaveco que acaba de anunciarse sale, y qué es de Moquegua  y del el impulso para ganar el canon con el Moqueguazo cuando era presidente regional. El señor Vizcarra habla de educación intercultural para nuestros pueblos indígenas. Está muy bien que se aplauda los avance, pero si las propias normas de su gobierno como la 1366 ponen en riesgo los territorios de las comunidades, si la consulta previa es una pantomima… si se busca desaparecer a nuestros pueblos indígenas u originarios… que respeto se tiene hacia ellos? Comparto, un resumen de los puntos resaltantes del discurso presidencial para su análisis detallado.

Ambiente

Diversidad ambiental sustenta nuestra gastronomía, pero está en peligro. Ya aprobamos la Ley de Cambio Climático

Todos debemos aportar al cuidado del ambiente y necesitamos cambiar los patrones de producción y consumo del plástico. Llama a evitar su consumo…. y eso es todo lo que dijo del ambiente.

¿Y los ECA aire que se elevaron 12 veces para poder vender el complejo de La Oroya?… para posibilitar la refinería de Ilo

En Corrupción y Reforma del Poder Judicial

Anuncia que se ha creado el Plan Nacional de Integridad y lucha contra la corrupción 2018. Hay 7 sectores involucrados desde el Estado. Informa que existen anteproyectos de ley de Tipificación de delito de corrupción privada, colusión de intereses. Se hará pública la información de contratos, denuncias, informes por transparencia Problema de justicia en él Perú es estructural. La labor de los periodistas de investigación se encuentra amparada en tratados internacionales de derechos humanos.Información política y económica en el Poder Judicial era un secreto a voces.Vizcarra presenta medidas para mejorar el sistema de justicia, incluyendo 10 medidas de aporte de la Comisión que se conformó para ello.

Inhabilitación perpetua de jueces y abogados vinculados con corrupción es una de las medidas.Presenta 6 proyectos de ley:

  1. Creación de la autoridad nacional de integridad del Poder Judicial, diferente a la OCMA.
  2. Limitar actuación del Ministerio Público en procesos contencioso administrativos.
  3. Modificación de la ley de transparencia para dar mayor información del Poder Judicial.
  4. Probidad en el ejercicio de la abogacía. Sanciones a abogados
  5. Crea sistemas de fiscales especializados por delitos en la administración pública
  6. Creación de Consejo para la reforma del sistema de justicia.

Referéndum

Plantea modificación constitucional a través de referéndum de forma de elección de jueces en el CNM y la elección de sus miembros.

Entre los temas centrales de la reforma busca inversiones sostenibles y desarrollo sumará a referéndum plateado otros temas que amerita decisiones

Los Otros tres temas para referéndum:

  1. Reelección de los congresistas
  2. Financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales
  3. Bicameralidad sin que ello signifique sumar más  congresistas

Asume que su gobierno nació de la inestabilidad política, e invoca a los poderes del estado y la ciudadanía a asumir responsabilidades.

Sobre reconstrucción con cambios

Plantea proceso simplificado para realizar obras a través de nuevos decretos como el 1366.

Ese decreto es uno de los que cuestionamos en al artículo que compartí con ustedes hoy por la mañana.

Parte del paquete normativo de fiestas patrias que hemos denunciado.

Respecto a la economía.

Habla de encontrar economía frenada y que generó incremento de la pobreza. Él olvida que es parte de ese gobierno.

Busca potenciar inversión pública y privada para mejorar los ingresos, y potenciar el crecimiento que llegará al 4% el 2018.

Transferencia de recursos a GOREs y Municipalidades han aumentado inversión y obras que están aportando a la mejora de la economía en base a la generación de infraestructura con hospitales, colegios y obras de riego… ese es el centro de la economía actual…

Plan nacional de competitividad y productividad ha sido publicado ayer y es otro centro de la economía.

Nuevas medidas de impuesto a la renta busca mayor ingreso, masificar uso de comprobantes de pago para desalentar la evasión.

Crecimiento económico no pasa por nuevos impuestos sino con dinamismo de la inversión, y mayor formalización.

Habla de asumir conflictos laborales para mejorar el empleo y la producción, pero no habla de los conflictos socio ambientales…

Sobre los sectores productivos

En Agricultura informa Plan Nacional de Cultivos, para mejorar condiciones de vida de 1 millon 800 mil familias productoras. Prioriza los números de exportación generados por la agroindustria.

Importantes inversiones mineras: Michiquillay, Toromocho, Quellaveco, Corani, Pampa de Pongo, entre otros proyectos con más de 15 mil millones de dólares

Interés como dijimos es formalizar a los mineros pequeños e informales para que aporten con impuestos con preocupación en lo ambiental. Está claro cómo hemos denunciado que no es solucionar el problema a de la minería ilegal y sus impactos, sino lograr más ingresos económicos sin importar sus impactos ambientales y los riesgos para las poblaciones especialmente comunidades…

Más de 3 millones son agua potable y 8 millones sin alcantarillado. El agua potable es un derecho humano. Se ha priorizado obras para ampliar cobertura de agua potable. Pero y la protección de las fuentes de agua de donde viene el recurso hídrico para actividades económicas alimentarias y para en consumo humano… quien lo protege…

si se afectan con contaminación minera las fuentes de agua y se prioriza otorgarlas para que las tengan las industrias extractivas, de donde va a venir el agua potable para las poblaciones y comunidades.

De qué sirve entonces declarar el agua potable como derecho humano si no se protege las fuentes de donde viene.

 

En Salud

Tratan de mejorar calidad de atención, pero en especial infraestructura. Todo lo está entrado en infraestructura. El tema son dotarlos de médicos, paramédicos y enfermeras… y políticas y protocolos, los hospitales que se impulsen construir…Red nacional de telesalud interconecta 158 centros de salud para atención especializada e información sobre medicamento. Se va a implementar visualización on Line de las historias clínicas de los pacientes. Ojalá se aplicara dichos procesos a los casos de atención de intoxicados por metales tóxicos. Ni una palabra respecto de esta realidad que ha generado serios conflictos ambientales y sigue ocasionando muertes en especial de niñas/os a nivel nacional en especial en zonas mineras.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/776-vizcarra-un-mensaje-centrado-en-la-mineria-y-de-espalda-a-las-comunidades

 

Perú

Relavera de la minera Quiruvilca pone en riesgo dos centros poblados en La Libertad

Se declaró en Estado de Emergencia los Centros Poblados de Shorey Chico y Shorey Grande del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad, por peligro de ruptura de los diques de las relaveras de la Unidad Minera de Quiruvilca. Así se señala en el Decreto Supremo N° 077-2018-PCM emitido el sábado 28 de julio.

Cabe recordar que Quiruvilca es un antiguo yacimiento minero que tuvo unos 388 años de operación. En ocasiones anteriores se había reportado que los pasivos mineros estaban contaminando el Río Moche, sin embargo, no se tomaron acciones para su remediación. En una ocasión anterior Red Muqui alertó sobre la afectación del río y los problemas de salud que se estaría ocasionando a la población.

En la declaradoria de emergencia que fue publicada en el Diario El Peruano el viernes pasado, se señala que existe un peligro inminente generado por posible desborde y/o potencial ruptura de los diques de las relaveras de la Unidad Minera de Quiruvilca,  ello que afectaría la salud de la población. También se señala que tras haber sido sobrepasada la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de La Libertad la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)  declaró el Estado de Emergencia en un plazo de sesenta (60) días calendario, en los Centros Poblados de Shorey Chico y Shorey Grande del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad. Se espera la ejecución de acciones inmediatas de remediación.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/777-relavera-de-la-minera-quiruvilca-pone-en-riesgo-dos-centros-poblados-en-la-libertad

Honduras

La lucha por la defensa de sus territorios: mujeres defensoras del Bajo Aguán y Atlántida, Honduras

Desde el Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (CEPROSAF) con el apoyo del Fondo de Acción Urgente para América Latina y El Caribe FAU- AL se llevó a cabo un proceso de investigación social participativa con el objetivo de gestionar conocimientos sobre la situación de las mujeres defensoras en el Bajo Aguán y en el departamento de Atlántida, Honduras para fortalecer las capacidades en defensa de sus derechos e incidencia política.

Se desarrollaron una serie de actividades como ser recopilación, lectura y análisis de documentos como informes, estudios, investigaciones sobre la temática producidos por organizaciones no gubernamentales, se llevaron a cabo 16 entrevistas a profundidad con 8 mujeres defensoras y 8 actores representantes de instituciones gubernamentales (6) y de organizaciones de sociedad civil (2), y la realización de dos talleres de investigación-acción-participativa con 32 defensoras.

Se informa sobre la contextualización de la problemática en América Latina, la problemática en Honduras enfocada en el Bajo Aguán y Atlántida, la situación general de defensores y defensoras y la situación de las defensoras.

Se presentan los principales hallazgos y recomendaciones que se espera sean consideradas en la definición de estrategias y políticas públicas que puedan ser promovidas e implementadas por las instituciones gubernamentales y organizaciones de sociedad civil que trabajan con las mujeres defensoras de los territorios.

Mexico

Hacen negocio con fondo para remediar ecocidio en Sonora

El Fideicomiso Río Sonora (FRS), creado como único medio de pago para resarcir los daños ocasionados por el derrame de químicos a los ríos Sonora y Bacánuchi en agosto de 2014, gastó más de 184 millones de pesos en la compra de tinacos, y uno de los tres beneficiarios fue la empresa Rotoplas, propiedad de Carlos Rojas Mota Velasco, primo hermano de Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, denunciaron los comités de cuenca del río.

Explicaron que el FRS destinó 184 millones 954 mil pesos a la compra de 3 mil contenedores de agua, mientras la suma entregada directamente a los afectados en su salud a causa de la contaminación por el derrame fue de apenas 7 millones 805 mil pesos.

Los comités de cuenca del río Sonora, asesorados por la asociación no gubernamental Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), detallaron que el FRS pagó por los tinacos 150 millones de pesos al Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, AC. El Colegio de Ingenieros Ambientales de México, AC, fundado poco después del derrame por Rodolfo Lacy Tamayo, presidente del comité técnico del FRS, recibió a su vez 28 millones 614 mil pesos. En tanto, Rotoplas obtuvo 5 millones 502 mil pesos.

Más de un centenar de afectados se reunieron fuera de lo que debió ser la Unidad de Vigilancia Ecológica y Ambiental (Uveas) de Ures para exigir a Grupo México que se responsabilice por los daños provocados por la contaminación del agua desde hace cuatro años.

Para afectados por derrame, apenas 10% de lo erogado

Pobladores de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo afectados por un derrame de aproximadamente 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado en ambos ríos, reclamaron al consorcio minero el pago de daños ambientales y a la salud.

‘‘Estas empresas voraces acaban con nuestra vida y naturaleza a cambio millones, pero éstos no valen más que la vida de los 25 mil sonorenses afectados por el ácido sulfúrico’’, manifestó Roberto Gallegos, habitante de Huépac.

Cifras publicadas por el FRS refieren que en el rubro ‘‘Acciones de atención y seguimiento médico’’ se otorgó a los afectados en su salud 7 millones 805 mil pesos, es decir, 10 por ciento de ese rubro.

Mientras, el 90 por ciento restante se gastó en la construcción de la Uveas ubicada a la entrada de Ures, la cual debió inaugurarse en 2015, un año después del derrame, pero sigue en obra negra.

Benjamín Cokelet, director de Poder, calificó la compra de tinacos de ‘‘muestra de cinismo más allá de lo imaginable’’; además, señaló que ya se ha gastado 61 por ciento del FRS, es decir, mil 231 millones 367 mil 946 pesos de un total de 2 mil millones. El resto quedó congelado sin resarcir daños sanitarios, ambientales ni económicos.

En febrero de 2017 quedó clausurado, en total opacidad, sin cumplir su cometido y con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de Rafael Pacchiano.

En junio de 2016 Grupo México cerró la Uveas y dejó sin atención médica a los pobladores perjudicados. Además, incumplió el compromiso de vigilar la calidad de las fuentes de agua en la región.

Datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mencionan que el derrame tóxico provocó daños en la salud de al menos 360 habitantes de la ribera, quienes presentan altas concentraciones de metales pesados en sus organismos.

El 6 de agosto de 2014, una falla en una represa de la mina Buenavista del Cobre causó el mayor desastre ambiental en la historia de México. El agua de los ríos Sonora y Bacánuchi ya no sirve para consumo humano ni para actividades.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/hacen-negocio-con-fondo-para-remediar-ecocidio-en-sonora/

Perú

Anuncian inicio de Quellaveco

Pocos días antes del 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra anunció el inicio del proyecto Quellaveco en la región Moquegua.

Según versiones del Ministerio de Energía y Minas, Quellaveco representa una inversión de algo más de US$ 5 mil millones y se proyecta una producción de cobre (en la primera década de producción) de 300 mil toneladas por año.

 

Como se sabe, el proyecto es de propiedad de la empresa anglo sudafricana Anglo American (60%) y la japonesa Mitsubishi (40%). Esta última aumentó recientemente su participación en el proyecto (del 18% al 40%), a cambio de un aporte de US$ 600 millones.

Este proyecto se ha mantenido postergado durante varios años, desde el 2013, debido a las dificultades financieras por las que atravesaba la empresa y a sus altos niveles de sobreendeudamiento. El aumento de la participación de la japonesa Mitsubishi (de 18% a 40%), precisamente, es lo que le da soporte financiero a Anglo American y permitirá el impulso inicial del proyecto. Dicho sea de paso, Anglo American prefirió una mayor participación de Mitsubishi que la entrada de un nuevo socio estratégico como Southern, que también estaba interesada en el proyecto.

Un tema importante a recordar es que el año 2012, luego de un largo proceso de negociación, se logró firmar el acuerdo entre la empresa propietaria de Quellaveco, las organizaciones sociales de Moquegua y el entonces gobernador regional, Martín Vizcarra. De manera resumida, el acuerdo consistió en un aporte de la empresa de mil millones de soles (850 millones de aporte económico y la diferencia para la construcción de represas).

La larga negociación tuvo a la base una serie de objeciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, ya que la mina pretendía utilizar 700 litros de agua por segundo, que se extraerían de una cuenca con estrés hídrico permanente como es la del río Tambo, que además de Moquegua abastece al valle arequipeño del Tambo (en Islay, precisamente donde busca implantarse el proyecto Tía María).

Ya han pasado 5 años de la firma del acuerdo sobre Quellaveco en Moquegua y habrá que confirmar si los compromisos logrados siguen vigentes en la actualidad para todos los actores comprometidos: la población, la empresa y sus autoridades.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/noticias-boletin-amp-229-julio-2018/

Venezuela

La minería sin control pone en riesgo la cuenca del río Orinoco

La tercera cuenca de América del Sur, la del río Orinoco, históricamente degradada por actividades agropecuarias y extractivas, es ahora devastada por la búsqueda informal pero masiva de oro, según denunciaron científicos de Venezuela durante una reunión regional en Trinidad y Tobago.

El potencial impacto de esta actividad en el sudeste del Caribe se robó la atención del primer Congreso de la sección de América Latina y del Caribe de la Sociedad Biológica de Conservación, que reunió a más 200 biólogos y estudiantes de distintos  países de la región en Saint Agustine, a las afueras de Puerto España.

En el cierre del Congreso, la noche del 27 de julio, se aprobó por unanimidad una declaración que llamó “la atención de la comunidad internacional”, sobre una cuestión que, según se denunció, genera no solamente impactos sociales y ambientales sino también violaciones a los derechos humanos.

“La magnitud de los impactos de esta actividad minera es difícil de evaluar”, se lee en el texto, que indicó la cuestión concierne no solo a Venezuela sino a todo el sudeste del Caribe y el noroeste de América del Sur, que es a su vez el sureste de Venezuela.

La Sociedad de Biología de la Conservación es una organización formada por más de 4.000 expertos de todo el mundo, con el fin de impulsar la protección de la biodiversidad.

Su sección de América Latina y el Caribe se creó en 2003 pero solo este mes se reunió por primera vez y eligió para hacerlo la pequeña nación de Trinidad y Tobago, formada por dos islas ubicadas frente a la costa venezolana, en un intento de conectar las culturas de los países insulares del mar Caribe con los continentales de América Latina.

La preocupación por la actividad minera en la cuenca del Orinoco se justificó en el documento final en que está causando deforestación, erosión del suelo y contaminación de las aguas, lo que tiene consecuencias directas sobre la biodiversidad y los servicios del ecosistema.

“Empresas mineras, el gobierno, los militares y distintos grupos armados se benefician de esta situación, que es controlada por bandas criminales, pero nadie se hace responsable de los daños sociales y ambientales, que son enormes”, dijo a IPS José Rafael Ferrer, biólogo integrante de la Sociedad Venezolana de Ecología.

“El uso de mercurio, cianuro y otras sustancias fuertemente contaminantes está afectando cursos de agua en la cuenca del río Orinoco y a través de él es una potencial fuente de contaminación para el Mar Caribe”, agregó.

En febrero 2016 el presidente venezolano, Nicolás Maduro, creó por decreto la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional-Arco Minero del Orinoco (ZDEN-AMO), sobre una superficie de 111.843 kilómetros cuadrados en el sur del país, en los estados de Bolívar y Amazonas.

La cuenca cubre 990.000 kilómetros cuadrados, atraviesa horizontalmente el sur de Venezuela y llega hasta Colombia, donde nace el río con una longitud de 2.140 kilómetros y el tercero por su caudal, detrás del Amazonas y el Congo. Eso la convierte en la tercera cuenca sudamericana detrás del Amazonas y La Plata.

En medio de la crisis causada en Venezuela por la caída de los precios internacionales del petróleo, Maduro celebró entonces la posibilidad de que el oro y otros minerales “vayan sustituyendo al petróleo como única fuente de divisas internacionales” para el país.

“La zona habilitada para la minería es cerca del 12 por ciento de la superficie nacional y la cuarta parte de la Amazonía venezolana. Es un territorio muy complejo, debido a que hay áreas naturales protegidas y 24 pueblos indígenas. El decreto generó una gran incertidumbre”, comentó a IPS el biólogo Juan Carlo Amilibia, de la fundación Provita.

Vilisa Morón Zambrano, presidenta de la Sociedad de Ecología de Venezuela, explicó que la minería en esa zona había comenzado a crecer, de manera ilegal, en los últimos 10 o 15 años.

“Debido a la crisis económica, el gobierno le dio el marco legal en 2016, aunque la situación no cambió demasiado en los hechos. Estimamos que en la última década la minería de oro generó la deforestación de aproximadamente el 9 por ciento del área y eso está creciendo”, agregó.

Uno de los que expuso sobre la cuestión fue Bram Ebus, un antropólogo, periodista y criminólogo holandés que recorrió la zona durante 2016 y asegura haber sido detenido por la policía durante 24 horas.

“Maduro dijo en 2016 que había 150 compañías mineras de35 países interesadas en invertir en la zona, pero la realidad es que no hay capitales internacionales de empresas formales en el arco minero del Orinoco”, explicó.

Ebus agregó: “Lo que hay en cambio es un negocio tomado por el crimen organizado, en el que participan ex guerrilleros colombianos que en connivencia con la Policía y el Ejército venezolanos, está extrayendo a cielo abierto oro y otros minerales, cuyo destino final es el contrabando”.

En la zona del Arco Minero del Orinoco está la localidad de El Callao, que ha sido señalada recientemente como la más violenta de Venezuela, con una tasa de homicidios que en 2017 creció más de 800 por ciento con respecto al año anterior.

“Estimo que hay unas 250.000 personas trabajando en la zona. Muchos son profesionales venezolanos de otros lugares del país que han perdido sus trabajos por la crisis y llegaron hasta el estado de Bolívar”, dijo Ebus.

“Es una actividad minera ilegal, desarrollada sin controles, sin estudios de impacto ambiental, sin consulta a las comunidades indígenas, impulsada por el gobierno venezolano”, concluyó el investigador holandés.

En la declaración aprobada en el final del Congreso regional de la Sociedad de Biología de la Conservación se indicó que el uso descontrolado de metales pesados está ya teniendo consecuencias en la salud de los habitantes de la zona.

En ese sentido, se afirmó que se han hallado altos niveles de mercurio en sangre en integrantes de al menos dos comunidades indígenas que viven cerca de las explotaciones mineras.

También, que esos metales son la causa del hallazgo de toxinas en peces y moluscos de agua dulce a miles de kilómetros.

Y se señaló que se han expandido entre las personas enfermedades infecciosas como la malaria.

Los científicos reclamaron que se realicen de manera urgente estudios referidos al impacto ecológico y ambiental de la actividad, se tomen decisiones basadas en información científica y se contemplen alternativas de desarrollo sustentable.

“Los biólogos conservacionistas podemos jugar un importante rol en este proceso, aportando información científica y monitoreando los cambios en importantes variables biológicas”, escribieron.

“Esta declaración abierta es una carta abierta para denunciar un escenario muy grave que nos incumbe a nosotros como biólogos especializados en conservación, porque más allá de una situación horrorosa de derechos humanos, existe un impacto ambiental que va a llevar mucho tiempo revertir”, dijo a IPS el estadounidense Anthony Giordano.

El especialista es presidente de la sección de América Latina y el Caribe de la Sociedad de Biología de la Conservación y director de la organización Species, que se dedica al estudio de mamíferos carnívoros en toda la región.

Fuente:http://www.ipsnoticias.net/2018/07/la-mineria-sin-control-pone-riesgo-la-cuenca-del-rio-orinoco/

Chile

De apoyo a total rechazo por Proyecto Dominga

Nuestra gente lamentablemente no va a tener oportunidad laboral». Ex miembros de Mesa Comunal de La Higuera explican porqué Dominga ha actuado de forma ambigua y contradictoria, y porqué están desilusionados al respecto.

Sólidos argumentos presentaron vecinos de La Higuera que ahora son ex miembros de la Mesa Comunal, planteando su rechazo al proyecto minero-portuario Dominga. Cuentan que las personas que asistieron a reuniones de apoyo al proyecto eran pagados con 30 mil pesos cada vez, y que -aunque el acuerdo Marco firmado el 2016 pretendía mejorar el diálogo con la comunidad- su representación fue puesta en duda por parte de sus integrantes. Es así como no todo lo que brilla es cobre. Y en este caso, Minera Dominga ha actuado de forma ambigua y muy contradictoria.

Recordemos que el pueblo de La Higuera esta construido sobre un antiguo relave, considerado uno de los 13 más peligrosos de Chile, y sus habitantes no lo saben.

Fuente:http://relaves.org/Posts/2018-07-12.html

Perú

Cotabambas: reconstruir la política, acabar con la corrupción

Ante la gran corrupción existente en los gobiernos municipales y regionales, es urgente impulsar la vigilancia ciudadana y reconstruir la política. Esta es una de las conclusiones de los participantes en el Foro Público “Desafíos del desarrollo sostenible e integral, y lucha contra la corrupción en Cotabambas”, realizado el pasado 21 de julio con la concurrencia de un centenar de participantes, principalmente de las comunidades campesinas de los distritos de esta provincia apurimeña.

“Es necesario reconstruir la política como espacio de toma de decisiones, quiénes toman las decisiones, a favor de quién y cómo para transformar la realidad y la política”, señala el documento que resume los acuerdos y conclusiones de este importante evento.

El Foro abordó además los desafíos para un desarrollo integral que sea sostenible en el tiempo, reto más urgente aún en el marco de la gran inversión minera del proyecto Las Bambas. “Las poblaciones deben tener proyecto propio para no establecer relaciones de dependencia con la empresa minera, pues la empresa tiene sus propios objetivos”, señalan los acuerdos del encuentro.

Para dicha propuesta de desarrollo se requiere contar con información sobre el territorio, sus potencialidades, sus riesgos y limitaciones. “El ordenamiento territorial es un instrumento clave para el desarrollo, y de igual manera es importante el ordenamiento a nivel de las comunidades”, señaló durante el evento el dirigente Víctor Limaypuma, del Frente de Defensa de la provincia.

El desarrollo debe concebirse como “integral”, es decir, abordar varias dimensiones y no solo la productiva, se señala en los acuerdos finales del encuentro. Entre las prioridades para el desarrollo local se identificó “cerrar brechas en educación, salud, de género, laborales, de salario, también elevar la productividad agrícola, mejorar la gestión pública local y la gestión social del agua”.

Además, existe preocupación por los impactos ambientales de la actividad minera, por lo cual se acordó “impulsar la vigilancia ambiental ciudadana y comunal y la articulación con OEFA”.

El Foro, llevado a cabo en la Casa Cultural de Tambobamba, fue convocado por diversas organizaciones sociales, tales como el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la provincia de Cotabambas, la Federación Provincial de Mujeres de Cotabambas, la Organización de mujeres del distrito de Tambobamba, la Federación distrital de comunidades Campesinas, las Rondas Campesinas y los Presidentes Barriales del distrito. Así mismo, la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac (Sede Tambobamba) y los centros federados de administración e ingeniería civil de dicha universidad.

El Foro contó con la participación de especialistas como Carmen Ilizarbe, de la PUCP, el economista Juan Aste y Pablo Villa del Centro Bartolomé de las Casas. Este encuentro contó con el apoyo de varias instituciones, entre ellas CooperAcción, el Centro Bartolomé de las Casas (CBC), la Red Muqui y la municipalidad provincial de Cotabambas.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/reconstruir-la-politica-para-acabar-con-la-corrupcion-pide-foro-publico-en-cotabambas/

Mexico

Se le dijo “NO” por el riesgo nuclear y ni así: la minera de Canadá perfora con fuerza en Veracruz

Por más riesgos demostrados, los proyectos mineros en México parecen imbatibles. Es un lugar común su resurgimiento, después de haber sido detenidos por la presión de la sociedad. Reaparecen con ligeras modificaciones, pero con el mismo impacto potencial en los pueblos. Eso ocurrió con La Paila, de la minera Caballo Blanco, en Alto Lucero, Veracruz. En 2017, la Semarnat resolvió no darle permiso para extraer oro después de una evaluación de riesgo ambiental. Y se fue. Pero ahora ha vuelto, acaso con más fuerza.

 Era la década de los 80, del siglo pasado, cuando en Palma Sola, comunidad costera de Veracruz, las plazas se llenaban para protestar en contra de la construcción de la central nuclear Laguna Verde.

Aunque los habitantes bloquearon la carretera costera 180 por más de una semana, su voz no hizo eco y fueron desalojados por la fuerza del Ejército. En 1990, la planta entró en operaciones.

Han pasado 28 años desde entonces, y Mario Landa Viveros, comisario ejidal de la comunidad de Mesa de veinticuatro en Alto Lucero, dice que nunca imaginó una nueva amenaza para su pueblo.

A unos kilómetros de su comunidad ubicada en lo alto de los cerros frente al mar, el proyecto minero a cielo abierto para la explotación de oro en el cerro La Paila, interrumpe su tranquilidad.

No queremos el proyecto, no queremos dinero, hemos vivido sin ninguna minera, tranquilos con nuestra vida, si llegan todo se va a secar”, exclama.

La preocupación no es menor. A poco más de tres kilómetros de la planta nuclear y a cuatro del reactor principal, se planea el tajo a cielo abierto, ahora en manos de la Minera Caballo Blanco, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp.

La presencia de los “mineros” no es desconocida en la región, desde hace más de 20 años los han visto ir y venir, haciendo exploraciones, pero desde 2012 su actividad se ha intensificado. En dos ocasiones han intentado obtener el permiso para explotar oro, plata y cobre de su territorio.

El proyecto ha estado en manos de tres mineras canadienses desde 1995, cuando fue descubierta la veta de oro. Se trata de Gold Group, Timmins Gold Corp y Candelaria Mining. La Paila tiene 12 concesiones por 50 años cada una, en 19 mil hectáreas de terrenos de Actopan y Alto Lucero.

A lo largo de estos años han adquirido terrenos en propiedad y otros los han rentado.

En 2011, cuando obtuvieron el permiso para los primeros seis socavones, el entonces Alcalde de Alto Lucero, Lucio Castillo, les rentó su terreno para el paso principal y aceptó un cheque por 300 mil pesos y la promesa de mejorar los caminos de la región.

Divididos por la carretera costera 180 Veracruz- Poza Rica, los pueblos de la montaña y el mar, viven del campo, la ganadería, la pesca y pequeños comercios al pie de carretera, la idea de una mina en su territorio los tiene atemorizados.

“ESTE CAMINO ES DE AVES”

Los cerros que rodean Alto Lucero- Actopan a unos 70 kilómetros del Puerto de Veracruz, son únicos en el Golfo de México, son los mejor conservados.

Si hubiera un lugar prohibido para instalar minería, sería justamente el Cerro La Paila, por su gran diversidad biológica, advierte Javier Laborde Dovalí, investigador del Instituto de Ecología AC (Inecol).

La minera quiere construir en 361 mil 85 hectáreas, un tajo, la tepetatera, patio de lixiviación, piletas de soluciones y planta ADR en 11 polígonos entre los cerros.

Pero más de 265 hectáreas son terrenos forestales de bosque de encinos tropicales, selva baja caducifolia, que son parte del corredor de aves migratorias más grande del mundo.

En el camino de las aves migratorias, este cerro es de los pocos remanentes donde pueden descansar antes de viajar, y ahora estará durante seis días en explotación, con luces las 24 horas, con explosiones, con tráfico de camiones en tres turnos, eso es una fuente de ruido y de disturbio”, cuestiona.

Dentro del proyecto hay 51 especies de flora y fauna en peligro de extinción, entre ellas una comunidad de 1 mil 231 cicadas, las cuales tienen una antigüedad estimada de dos a tres mil años, son consideradas la vegetación viviente más antigua de México.

La minera Gold Group intentó en 2012 un primer permiso de explotación que fue negado, entonces la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó para el cambio de uso de suelo fue analizada por expertos de diez instituciones académicas, se obligó a ir a la consulta pública y en febrero del 2012, el entonces Gobernador Javier Duarte de Ochoa decidió negar permisos y vetar el proyecto.

Pero la minera fue hábil y retiró el proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para evitar su cancelación definitiva. Seis años después, apenas en agosto del 2017, ahora la minera Candelaria Mining volvió a presentar la MIA.

Un grupo de expertos investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad Veracruzana y el Instituto de Ecología AC, analizaron el documento. Dovalí, uno de los expertos, advierte que el estudio de la minera tiene fallas importantes, que implica amenazas significativas, e irreductibles al sistema ambiental.

La más grave es su cercanía con la planta nuclear Laguna Verde.

–¿Cuántas minas de tajo abierto con explosiones diarias durante seis años están a menos de cinco kilómetros de una nucleoeléctrica? – se cuestiona.

–Parte de los polígonos de la minera están dentro de la zona vía pluma de 15 kilómetros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), lo cual es muy riesgoso – responde.

Para obtener 240 kilos de oro mensualmente, la minera plantea el uso de al menos 28 sustancias químicas, entre ellas cianuro, además de toneladas de explosivos para socavar los cerros.

Laborde señala que la minera en un documento de más de 2 mil 702 páginas no incluyó los impactos que tendría en lugares cercanos como La Mancha, sitio ramsar con dos lagunas costeras y manglares, además subestimó el riesgo de huracanes. “Promete remediaciones, que es complicado que pueda cumplir, como la reforestación de encinares en tres años”, exclama.

Cuestiona que la minera explica que explotará seis años el tajo (a cielo abierto) y luego destinará tres años para remediación, lo cual es prácticamente imposible, pues se necesitan varios años para restablecer el hábitat de encinares, y hay animales como venados cola blanca que no podrían vivir en un bosque joven.

El investigador considera que la empresa no ha dicho claramente a las comunidades afectadas cuáles son los proyectos completos a explorar, y en cambio intenta comprar a la comunidad a través de apoyos, para ir ganando su confianza.

No han dicho a la Semarnat, ni a la gente que vive ahí, que tienen planeados otros polígonos, llevan muchos años trabajando con ellos, hablando con el cura, el presidente municipal, han pavimentado caminos, les han pintado la escuela, les han puesto pozos, les dan beneficios para ganar confianza y decir que la mina es buena; es como un gobierno aparte: llegan a un lugar pobre y aprovechan”, lamenta.

Laborde sentencia que aunque la minera dice que el proyecto solo durará seis años podría ser mucho más tiempo y el impacto sería más grave.

Además, existen otros peligros. El tajo a cielo abierto está a dos kilómetros de los gasoductos de Petróleos Mexicanos que alimentan la industria del norte del país, y cerca de las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad.

El PERE NO FUNCIONARÁ 

Caminar por los cerros y caminos donde se planea la instalación de la piletas de lixiviados, y la estructura central  de la minera es toparse con los letreros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) de la nucleoeléctrica Laguna Verde.

La minera alineó su plan de emergencia al PERE, por encontrarse en el radio de influencia, sus rutas de evacuación en caso de un accidente son las mismas, pero también son las rutas que la empresa utilizará para la circulación de material químico.

El Plan de Emergencia de Laguna Verde, está diseñado para enfrentar cualquier clase de emergencia radiológica, y tiene dos radios, el primero de 16 kilómetros a la redonda conocido como zona vía pluma por ser las comunidades de principal exposición al material radiactivo y otra zona conocida como vía ingestión con un radio de 80 kilómetros, donde podía haber contaminación de aguas superficiales, alimentos contaminados y por el material radiactivo depositado en el suelo.

En diversas ocasiones, los habitantes han denunciado las malas condiciones de los caminos, apenas en septiembre del 2017 en el Congreso Local se presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a otorgar recursos para el mejoramiento de las rutas de evacuación.

En un recorrido por el radio del PERE, se observó que los caminos de salida y continuación de algunas rutas de evacuación están destruidos, los puentes colapsados y las comunidades no saben que harían en caso de una emergencia.

Es el caso de los caminos de comunidades como Topiltepec, Soyacuatla, La Reforma, Pastorías, Llano de Zárate, La Esperanza y Llano de Luna, entre Actopan y Alto Lucero.

El Diputado por el distrito de Misantla, Ernesto Cuevas, advirtió que desde hace más de ocho años no hay una inversión real para todos estos caminos y se necesitarían 600 millones de pesos para una rehabilitación completa de las rutas de evacuación del PERE.

LOS PROYECTOS EN EL SILENCIO

La minera Caballo Blanco oculta otros proyectos que no ha dado a conocer a la Semarnat ni a los pobladores de la comunidad, se trata de Bandera sur, Las Cuevas, La Cruz y Red Valley donde hay indicios de mineral.

La estrategia de la minera es hablar solo de La Paila, pero a sus inversionistas en su página Internet les revelan que la zona es de gran valía por su alta cantidad de concentración de oro. Los planes a largo plazo son extenderse al menos 9 kilómetros más.

La investigadora del Instituto de Ecología AC, Patricia Moreno Cassaola advierte que la empresa debería presentar una MIA regionalizada para conocer cuál será el verdadero impacto ambiental a esta región, y no sólo una parte del proyecto.

Si el proyecto se extiende, entonces llegaría hasta el corredor La Mancha donde cada año más de 13 millones de aves cruzan las montañas desde las tundras árticas hasta la Patagonia.

Por esas montañas atraviesan también hasta cuatro millones de 22 especies de aves rapaces entre agosto y noviembre de cada año, por eso la región está catalogada como el corredor de aves rapaces más grande del mundo.

Una extensión de mil 414 hectáreas de La Mancha y El Llano también están considerados sitios Ramsar (lista de humedales del mundo por la Convención sobre los Humedales), conformados por dos lagunas costeras rodeadas de manglares y humedales de agua dulce.

Ahí, un grupo de ejidatarios trata de hacer conciencia de la conservación de la biodiversidad, y para ello crearon el proyecto La Mancha en movimiento.

El ecoturismo es una de principales actividades, junto a la pesca, por lo que ven a la minería como un grave peligro para la conservación del medio ambiente y la vida de las personas de las comunidades.

Adán Vez Lira, agente municipal de La Mancha, advierte que el proyecto está a pocos kilómetros, y podrían resultar afectados fácilmente al recibir agua de montaña arriba. “Cualquier contaminación que se de en la parte de la explotación minera vendría hacia nosotros y afectaría en la pesca, la ganadería, ecoturismo”.

Los habitantes de La Mancha viven de la pesca y el ecoturismo, y si algo les queda claro es que no van a permitir que la minería llegue.

 

UNA NUEVA ESTRATEGIA MINERA

Ante el segundo rechazo del proyecto, la minera usó la misma estrategia que 2012, retiró el documento de la Semarnat para evitar ir a consulta pública, y en un comunicado, en octubre del 2017, anunció a sus inversores que no había condiciones idóneas para el proyecto.

Para entonces la minera había enviado a la Semarnat, dos permisos más de exploración: Bandera Norte y Highway North en Alto Lucero.

Siete meses después, en mayo de 2018, Julio Portales, consultor minero, informó que después del proceso electoral volverían a presentar el permiso de explotación.

Esta vez, su estrategia no era simple, la acompañaron de visitas a las comunidades y escuelas, censos, encuestas, cine móviles y reuniones entre sectores de influencia.

Para conseguir el apoyo, la minera ha entrado a las escuelas de comunidades como Palma Sola, la más grande dentro del radio del proyecto con más de tres mil habitantes, donde, sin la supervisión de los padres, da pláticas a los estudiantes.

También regala pintura y flores a las parroquias y a través del grupo Mexicominero.org ofrece cine móvil.

Julio Portales, uno de los consultores de la mina, dice que Veracruz podría ser el nuevo Dorado, y convertirse en los siguientes 30 años, en uno de los principales estados productores de oro del país.La recién administración de la minera asegura que en el pasado no hubo información suficiente del proyecto, por eso ha distribuido folletos sobre el cianuro, los explosivos, la flora, la fauna y los fenómenos meteorológicos, en todos promete la generación de 400 empleos.

No habla a tientas. En Veracruz se han otorgado 45 concesiones mineras en 11 municipios en los últimos años.

La minera sabe de la situación complicada de Veracruz y afirma tener el apoyo de las comunidades. “Nos han dicho, si vamos a hacer minería responsable, ya tráiganla, necesitamos el trabajo”.

También promete la rehabilitación del centro de salud de Palma Sola, la reconstrucción de escuelas, así como 20 millones de pesos para el municipio de Alto Lucero. “ Su presupuesto es de 78 millones de pesos. Imagínense. Podríamos darle un tercio. ¿Qué Gobernador podría hacer eso? Sería de gran impacto”, dejó en la mesa.

En una conferencia de prensa improvisada en Xalapa, confirmó que aunque el proyecto minero, se quiere hacer en 10 años, podría seguir por lo menos 24 años más.

Sin embargo, el discurso positivo de Portales dista mucho de la realidad que hay en las comunidades de la región.

Guillermo Rodríguez Curiel, de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), afirma que ahora, a diferencia de 2012, la minera da la cara, y dice que trae 115 millones de dólares para invertir. “ Yo lo leo así, 115 millones de dólares para comprar conciencias, para justificar la destrucción de la naturaleza”.

115 MDD, ¿ESO VALEN LAS CONCIENCIAS?

Para el activista, los mineros traen dinero para sustituir al estado, para construir carreteras, hospitales, y escuelas que son obligación de los gobiernos local y federal: “Lo que ellos traen son despojo, destrucción y muerte, la minería no es el nuevo Dorado , nuestro Dorado para Veracruz es la defensa del territorio, porque el agua vale más que el oro”.

Por eso, a lo largo de la costa comunidades se han informado y organizado para resistir al proyecto que les promete empleo y desarrollo a cambio de la destrucción de sus tierras.

 

“USTEDES CONTAMINAN MÁS QUE LA MINA”

Armando Alexandri, director de operación de la minera Candelaria, reconoce que de entrar en operación, la mina podría alcanzar una producción diaria de hasta 20 mil toneladas de roca, utilizaría ocho toneladas de explosivos y 2.8 toneladas de cianuro, pero asegura en esto no es más peligroso que un potrero de ganado.

Rosario Aguilar, de la comunidad Mesa de veinticuatro, se ofende cuando recuerda la última reunión con los mineros. Ahí les dijeron que el cianuro no era riesgoso, que estaba en todo, hasta en los árboles. “Nos dijeron que de qué nos espantábamos. Si contaminábamos más con el ganado que con la mina”. Entonces la mitad del auditorio se salió de la reunión.

Hasta la comunidad, los mineros han llegado con folletos, promesas de empleo y mejor vida.

Nosotros vivimos con temor, para qué queremos agarrar su trabajo, eso no nos va a servir de nada después si esto se acaba y contaminan todo”.

Rosario es parte vital de la resistencia contra la minera, lo primordial para ella es la defensa del agua.

“Mesa de veinticuatro” administra su agua, y ha dividido al pueblo en tres secciones. Se turnan la distribución para que alcance para todos a través del bombeo, de sus dos nacimientos de agua, sólo uno funciona al ciento por ciento. Por eso, el proyecto es una amenaza para ellos.

La minera ha informado que para su operación diaria necesitan 15 mil litros de agua en su laguna de lixiviación y 2 mil 500 metros cúbicos para la operación diaria. Para obtener este líquido se planea explotar una parte del acuífero Actopan.

 

“¿QUÉ MEJOR VIDA NOS PUEDEN PROMETER?”

Villa Rica es una zona de mar azul y playas de arena café que la hacen preferida de turistas locales.

Ahí ha vivido toda su vida Gilberto Martínez Castellanos, junto a su familia se mantienen de un pequeño local de comida, donde se cocina lo que los hombres pescan por la mañana.

Su actividad la combinan con su labor para la conservación de la tortuga lora.

Ubicados a poco más de 5 kilómetros de Laguna Verde, Gilberto dice que la gente teme que su modo de vida acabe con la llegada de la mina.

No queremos que vengan a contaminar, nos prometen una vida mejor, pero qué mejor vida que la que estamos viviendo aquí, que nos pueden dar que no tengamos”, se pregunta.

“EL CERRO VA A DESAPARECER”

Arroyo Agrio es la comunidad más cercana al cerro La Paila. Ahí la minera se ha instalado en un terreno de renta donde almacena las cajas de muestra de las exploraciones, también utilizó las instalaciones de la escuela abandonada como centro de trabajo.

Rogelio, agente municipal de la comunidad, reconoce que la llegada de la minera los puso en un entredicho.

En 2011, la primera vez que inició el proyecto dio empleo, pagaba hasta mil 800 pesos a la semana. Para la comunidad de apenas un centenar de personas fue ayuda para paliar su pobre economía.

La minera abrió la posibilidad de que los hombres de la comunidad contactaran con otros empleos en zonas mineras como Durango y Coahuila.

Así, algunos habitantes como Rogelio conocen de cerca las afectaciones de la minería. “La gente tiene miedo por el cianuro, pero la minera dice que todo estará controlado, pero tememos por el agua que viene de los cerros”.

 

Rogelio quien fue trabajador eventual de la mina realizando pruebas de biofísica y bioquímica y luego recorriendo los cerros para mapear la cicadas (plantas únicas, antiquísimas) sabe que los impactos de los proyectos serán graves. “Tómale muchas fotos a ese cerro, porque si llega la mina va a desaparecer”, le dijo el geólogo en unos de los recorridos para recoger pruebas físicas y bioquímicas en busca de oro.

En ese entonces, la minera iniciaba la construcción de caminos hacia el Cerro La Paila.

Cuando la mina regresó en 2016, el trabajo escaseó y los salarios se cayeron, ahora pagan 200 pesos el día, mil 200 pesos a la semana “La gente quiere empleo, y nosotros pensamos también en pedirle otros beneficios, como escuela, un parque, una cancha,  no pedimos mucho, estamos abandonados aquí”.

Arroyo Agrio tiene sólo una calle principal. A los lados, las casas se reparten hasta llegar otra vez al cerro donde el camino se pierde.

Rogelio quien ahora trabaja como contratista eventual en la central nuclear Laguna Verde reconoce que el pueblo está en una balanza, donde los empleos que se ofrecen pueden ser a costa de su árboles y agua.

La minera ha concentrado su fuerza de convencimiento en Palma Sola. Lo intentó en septiembre de 2017, cuando llegó un cine móvil, y  con palomitas, refresco y una botarga del “Minerito”, quiso convencer a la población de las bondades de la minería.

“DICEN QUE VA A HABER DINERO, NUNCA DESTRUCCIÓN”

Ha pactado reuniones en escuelas primarias, secundarias y bachillerato para hablar con estudiantes. Ha repartido cientos de trípticos para explicar temas fundamentales como los explosivos, el cianuro, la flora y la familia y los fenómenos meteorológicos.

Pero algunos habitantes se quejan de que las reuniones son esporádicas, y la mayor parte con sectores de poder como ganaderos y propietarios de terrenos.

Isabel Báez, tiene más de 30 años de vivir en Palma Sola, se queja de que la minera no da información completa, sólo lo que a ellos les conviene. “Dicen que va a haber dinero, trabajo, mejora, pero nunca dicen va a haber muerte, destrucción, pueblos fantasma”.

Acusó que la minera “engaña” a la gente y usa a las escuelas como escudo para dar informaciones falsas.

Hace reuniones informativas pero sólo con unos cuantos, porque al pueblo no lo convocan. Al pueblo lo estamos informando la propia gente. Es un peligro para todos”.

Daniela Isabel cuenta que en las reuniones, los mineros le dicen que tener celular y estar en contra de la instalación de las minas es una contradicción.

“Pero yo les respondo que mi celular no se compara a la contaminación de la mina. Si llegan, será devastador. Si nos dan a elegir, preferimos el paisaje, lo verde”.

Cuenta que tiene varios folletos de la minera, y refuta los 400 empleos que se presume, se generarán, “eso no alcanza para Palma Sola y todas sus comunidades, plantean cosas ilógicas, como que van mover los animales y las plantas. Uno no necesita tener estudios para saber que eso no es posible”.

UNA CONSULTA LIBRE E INFORMADA

Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambietal (Cemda), advierte que la consulta a los pueblos de manera libre e informada se debe dar antes de la evaluación de impacto, y antes de que la empresa tenga permisos para explotación o exploración.

Señala que en la región, las comunidades campesinas y pesqueras, son equiparables con comunidades indígenas y tiene el derecho a solicitar una consulta sobre los proyectos invasivos a su territorio. “Dependen de su relación con el ambiente para el desarrollo de sus actividades. Si llegan las mineras, esto va a contaminar su agua y cambiar sus caminos, lo que vendrá en detrimento del derecho a un ambiente sano de las comunidades”.

Asegura que estos proyectos violentan los derechos de las comunidades que están plasmados en la Constitución mexicana y en tratados internacionales, como el derecho a un ambiente sano, el derecho al trabajo, a la alimentación y al agua.

Junto con varias comunidades, y organizaciones, Cemda solicitó a la Semarnat la consulta pública, y advirtió ahí que la minera presentó el proyecto fragmentado, pues mientras en 2011-2012 el proyecto comprendía Alto Lucero y Actopan en 55 mi hectáreas, ahora sólo lo presentaban La Paila con 19 mil hectáreas.

A su consideración es necesario revisar la Ley ambiental, pues aunque hay un rechazo general al proyecto, la empresa tiene la opción de presentarlo las veces que quiera ante la autoridad, sólo modificando parcialmente el documento, lo que significa una amenaza permanente para las comunidades.

La activista considera que el proyecto prende un foco de alerta porque pone en riesgo los derechos de las comunidades y la realidad es que la autoridad ambiental como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), está rebasada y no podría vigilar la operación correcta de una mina.

No entiendo por qué creen que si el daño ya pasó en otras mineras, ¿cuáles son las circunstancias de que aquí no pase? ¿Por qué creen que será diferente?, se pregunta Ximena.

OTRA MINERA, UN RIESGO PARA ACTOPAN

Pero al riesgo del proyecto Caballo blanco, se suma otro: el proyecto el Cobre en Actopan donde la Minera Gavilán y Minera Alondra, filiales de la canadiense Almaden Minerals, ha perforado más de 100 barrenos en busca de oro, plata y cobre.

La minera tiene ocho concesiones por 50 años en la región, el proyecto se ha vendido entre varias empresas y comparte territorio y concesiones con Caballo Blanco.

Ximena Ramos advierte que la conjunción de ambos proyectos generará un daño mayor a biodiversidad de la región que ni las empresas mineras ni la autoridad ambiental han tomado en consideración.

En el caso de Actopan, han presentado una denuncia por la contaminación en manantiales ante Profepa.

Vedo Leal Vázquez, comisario ejidal de El Porvenir en Actopan, asegura que antes de la llegada de la minera, los aguajes nunca se habían secado.

Denunció que la minera perforó barrenos a menos de 500 metros del nacimiento de agua de las comunidades. Las exploraciones las realizó en el cerro el Timbrillo, lo que –dijo- podría afectar el abastecimiento de agua de varias comunidades.

Además, la minera ha dividido al pueblo, incluso a su familia, pues una parte ha dado permisos de servidumbre en caminos a los mineros y otros se han organizado para taparle el paso en 200 hectáreas.

EL PUEBLO ESTÁ DIVIDIDO, COMO SUELE OCURRIR

Antes de que la minera llegara, Ascensión Sánchez y su familia cuidaban de la pequeña estancia con aguas termales que es su patrimonio en Los Baños municipio de Actopan.

Pero hace dos años, la minera Gavilán instaló un barreno apenas a unos metros de su vivienda y una decena más en terrenos aledaños.

Organizados los ejidatarios, iniciaron la lucha para defender su territorio, así han logrado la firma de 28 actas de asamblea para decir no a la minera.

Son empresas que llegan con palabras de prosperidad y beneficio, de desarrollo económico, pero en la realidad tienen más de 20 años haciendo trabajos y no hay los empleos prometidos”, refuta Ascensión.

La minera se ha valido de mentiras para entrar a los terrenos, y convencer la gente, advierte Ascensión quien ahora tiene una agenda repleta de reuniones, asambleas y cabildeo para fortalecer la lucha.

Nosotros no necesitamos que vengan a romper la tranquilidad y la riqueza que la región tiene. Llegaron como sorpresa y maldición, traen muchos conflictos y división”, dice.

 

En la comunidad de Tinajitas, la minera rentó el salón social como sede de sus instalaciones, una marcha de habitantes y la clausura simbólica de las oficinas. Ha sido una de las acciones más fuertes en contra de la empresa.

Luego, los habitantes consiguieron que el alcalde José Paulino Domínguez prometiera que no daría permisos de construcción ni cambio de uso de suelo a la minera, y que pediría a Semarnat información de los proyectos y buscaría la consulta pública al pueblo.

Ubicados a unos cinco kilómetros en colindancia con Alto Lucero y el proyecto Caballo Blanco, Ascensión advierte que se organizan para encabezar juntos la lucha.

Apenas el 25 de mayo, realizaron una megamanifestación conjunta para presionar al cabildo de Actopan.

Varias comunidades no quieren a la minería. La minería sólo trae muerte, despojo, saqueo y males, por eso nos organizamos para defendernos porque la minería no trae beneficio a nuestros pueblos”, señala.

HE AQUÍ EL ROSTRO OPACO DE LAS CONCESIONES

 

Durante ocho años la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) ha informado y organizado a las comunidades para evitar la llegada de la minera.

Emilio Rodríguez Almazán dice que cuando iniciaron la lucha, la minera ya tenía  más de 100 barrenos perforados,  y lo primero que hallaron en las comunidades fue un temor al proyecto, pero también un sentimiento de cariño y arraigo a su tierra.

Aunque la lucha ha tenido logros como el posicionamiento en contra del proyecto del Congreso Local, de expertos científicos, del gobierno estatal actual, y recientemente del cabildo de Alto Lucero que se declaró libre de minería tóxica, los mineros no se dan por vencidos.

Es preocupante que la empresa siga ahí pese al nivel de contundencia que hay de la opinión pública. También es grave que los pobladores vivan en una incertidumbre porque saben que de un día para otro se puede autorizar el proyecto”, advierte.

Emilio afirma que la autorización de concesiones mineras es una arbitrariedad del Estado mexicano que violenta el derecho de las personas y se buscarán los instrumentos jurídicos para evitar que las mineras lleguen a la región.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/se-le-dijo-no-por-el-riesgo-nuclear-y-ni-asi-la-minera-de-canada-perfora-con-fuerza-en-veracruz/

 

Mexico

Por la vida: ¡territorios libres de minería!

En el Día Mundial Contra la Megaminería a cielo abierto, varios colectivos, así como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), hicieron público un comunicado dirigido a las y los mexicanos, y al próximo gobierno de la República, en un contexto marcado por la precariedad laboral, inseguridad, violencia generalizada, impunidad, falta de procuración de justicia, corrupción, violación de derechos humanos, criminalización de la protesta social, destrucción y contaminación de los ecosistemas y los bienes naturales, así como la imposición de políticas y leyes neoliberales entreguistas que atentan contra la identidad y cultura del y de los pueblos de México.

Manifiestan y visibilizan su repudio a la megaminería: “porque justo esta actividad extractiva, es la que mejor representa el despojo y desplazamiento forzado de la población, la que más encarna la eliminación de la vida en su conjunto, y la que se encuentra encabezada por un grupo de ‘selectos empresarios’ que recurrentemente violan las leyes –sin que existan consecuencias al respecto–, violentan a las y los habitantes opositores a este tipo de proyectos, y establecen, en la mayoría de los casos, un abierto contubernio con el crimen organizado para implantar control territorial”.

De las reformas estructurales neoliberales, se menciona, en particular, la nefasta ley minera de 1992, que en su artículo sexto otorga carácter preferente a la exploración y explotación mineras sobre cualquier otro uso de la tierra. Esta ley, entre otras, ha traído afectaciones graves a cientos de comunidades, cuyos daños han sido documentados por científicos comprometidos que se han decidido a acompañar este tipo de procesos, así como igualmente los han documentado y denunciado cientos de grupos de la sociedad civil. En todos los casos el gobierno mexicano ha mostrado opacidad, omisión con la sociedad, y en consecuencia, complicidad para con las empresas y los empresarios.

Muy graves son las denuncias de las instituciones universitarias, quienes se están acostumbrando a recibir jugosas donaciones, que las mete en conflictos de interés y no en pocos casos, salen a proteger a los empresarios al ocultar, maquillar y manipular datos sobre los terribles daños a la salud y al ambiente que las empresas ocasionan durante su operación cotidiana.

Demandan al gobierno electo: “a). JUSTICIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: Ya no es posible dar continuidad a este modelo extractivo depredador; ya no es posible continuar reafirmando la ‘institucionalización’, tanto de los principios rectores empresariales como la responsabilidad social empresarial o la existencia de la minería verde/sustentable, menos aún se dé continuidad a la falsa premisa de que el que contamina paga (…) b). CANCELAR CONCESIONES MINERAS: Cortar de facto con esta política indiscriminada y entreguista de concesiones mineras, como si los bienes naturales de México fueran de los gobernantes y no de la nación (…) TODAS las concesiones mineras deben ser canceladas DE FORMA INMEDIATA, porque todas sin excepción, han violado las leyes, han violado los derechos humanos y han trastocado y vulnerado la participación y la toma de decisiones de los pueblos y de la gente (…) c). ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DE LOS DERECHOS HUMANOS: (…) Los pueblos tienen auto-adscripción, autonomía y libre determinación que hacen valer sus decisiones, a partir de las estructuras de gobernanza que para ello tienen definidas, mismas que están reconocidas por el Estado mexicano. (…) Los proyectos de muerte no merecen ni siquiera preguntarse, se prohíben desde el proyecto de nación de forma tajante. d). FIN DE LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL (…) que PROFEPA Y SEMARNAT dejen de ser totalmente lo que han sido hasta ahora; fieles artífices, amigos y coadjutores del modelo extractivo depredador que busca minerales, agua, gas, petróleo, a la vez que impone plantaciones como palma africana y transgénicos (…) e). DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: Es deseable que el gobierno electo construya una estrategia integral e integradora para que la nación deje de ser corporativa y regrese a su principal función, una nación social. f). RECUPERAR LA SOBERANIA Y LA PAZ SOCIAL: (…) Este ‘nuevo amanecer democrático’ debe también poner un alto al intervencionismo extranjero. Hace falta un ¡ya basta! para que el gobierno canadiense deje, de forma directa y a través de su embajada en México, de impulsar su agenda minera por encima de nosotros como mexicanos. Su política intervencionista y voraz es violatoria a la protección de los derechos humanos y colectivos, en aquellos territorios que son devastados por la operación de empresas mineras canadienses.”

Rema y los colectivos señalan: No hay tiempo ni espacio para mezclas o matices. En algunos temas y procesos, tal como lo señalamos contra el modelo extractivo, esperamos contundencia y no deseamos continuidad, a medias o en transición simulada.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/por-la-vida-territorios-libres-de-mineria/