Los turbios pactos entre empresas y autoridades, así como la operación impune del crimen organizado, son los causantes de que en nuestro país sean asesinados cada vez más defensores del medio ambiente.

Entre 2016 y 2017 los asesinatos a los ambientalistas se multiplicaron, al pasar de tres a 15, de los cuales 13 fueron de indígenas, según el informe “¿A qué precio?”, publicado por la organización Global Witness.

En México, la minería es la principal actividad con la que se relacionan los casos de violencia en las comunidades, seguida por proyectos de infraestructura, declara el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, en la presentación del reporte mundial en México.

En un mensaje difundido a través de la web, el responsable de la campaña de Global Witness, Ben Keather, indicó que el 2017 fue el año más sangriento a nivel global en ataques a los defensores ambientales, pues en promedio, cada semana cuatro activistas fueron asesinados. Además, América Latina es la región más peligrosa, pues aquí se presentó el 60 por ciento de los casos.

En muchos casos, dijo, se detectó que policías y militares participaron en el ataque a los defensores, quienes sufren desde hostigamiento hasta amenazas de muerte.

También señaló que en nuestro país se observó un fuerte aumento de ejecuciones en sólo un año, y explicó que la impunidad provoca que los asesinos se sientan con poder para atentar contra los defensores sin que existan consecuencias, por lo que las comunidades mexicanas no tienen garantías para usar o no sus recursos naturales.

También hizo un llamado al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que aborde la temática de manera prioritaria, que garantice la participación de comunidades de forma eficaz y que garantice la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, Isela González, de Alianza Madre, que trabaja en el Municipio de Guadalupe Hidalgo, al sur de Chihuahua, así como en la Sierra Tarahumara indicó que un ejemplo de la inseguridad que viven los activistas es cómo los territorios de las comunidades han sido ocupados por la delincuencia organizada, ya que la zona se convirtió en productora de estupefacientes.

González recordó que en 2017, en esa región ocurrieron varios asesinatos, como el de Juan Ontiveros, en febrero, luego de participar en mesas de trabajo con autoridades agrarias y ambientales, o dos semanas antes, el asesinato de Isidro Baldenegro, ganador del Premio Goldman, y otras seis autoridades indígenas.

Baldenegro fue asesinado en enero de 2017, luego de criticar la tala ilegal de bosques antiguos del país. Antes, ya había recibido numerosas amenazas de muerte, debido a su defensa de los bosques de la Sierra Madre Occidental.

“Nos enfrentamos a intereses económicos, empresas madereras, caciques, que han buscado despojar a los territorios y hoy se enfrentan a las concesiones mineras”, dijo, y añadió que esto ocurre debido a la corrupción que permiten las autoridades agrarias y ambientales.

Ataques a ambientalistas en México

Entre julio de 2016 y diciembre de 2017 ocurrieron 88 ataques contra defensores de los derechos humanos ambientales, que incluyeron el asesinato de 29 de ellos, de acuerdo con la información publicada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental del año pasado.

Dicho análisis menciona que el estado donde hay mayor riesgo para los activistas fue el Estado de México, con diez casos; seguido de Oaxaca y Puebla, con ocho cada uno; luego Chiapas y Sonora, con seis; la Ciudad de México y Yucatán, con cinco; en Campeche, Chihuahua, Guerrero, Jalisco,  Michoacán, Veracruz y Zacatecas con cuatro casos cada uno; en Hidalgo ocurrieron tres; en Baja California hubo dos casos, mientras que, en Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Quintana Roo y Sinaloa se dio un caso por cada entidad.

Dicho informe también reveló que las actividades donde ocurren más ataques son el despojo de tierras y la minería, con 17 casos de violencia; después la infraestructura, con 14 casos; los hidroeléctricos, con ocho; las obras públicas o políticas en administración de agua tuvieron siete casos; los proyectos inmobiliarios cinco; la energía renovable cuatro, así como los proyectos de siembra transgénicos; por su parte, la tala clandestina tuvo tres casos.

Las principales agresiones fueron las físicas, que representaron 18 por ciento de las 110 registradas en ese periodo, la criminalización tuvo 16 por ciento y el homicidio recibió 15 por ciento.

Fuente:https://polemon.mx/mexico-15-defensores-del-medio-ambiente-asesinados-en-un-ano

En Sonora hay cuatro mil 500 concesiones mineras activas, y es el Estado con mayores proyectos de extracción de minerales en el país, indicó Alberto López Santoyo.

El Director General de Minería del Gobierno del Estado sostuvo que la entidad es líder en extracción de cobre, pues de Sonora se provee el 845 de la producción nacional.

“Es un liderazgo absoluto donde el más cercano anda en un 15% de la producción nacional, o sea que somos el líder absoluto en cobre. En oro también estamos muy consolidados, en molibdeno que somos los únicos productores, en wollastonita que también somos los únicos productores, en grafito también y en carbón antracita”, sostuvo.

Fuente:http://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/534673/tiene-sonora-4-mil-500-concesiones-mineras-activas.html

La actividad minera en Áreas Naturales Protegidas (ANP) supone uno de los mayores riesgos que existen para el patrimonio natural que estas protegen. No obstante, aunque urge, realizar la prohibición resulta sumamente complicado, dijo hoy a Efe Sergio Graf Montero, Premio al Mérito Ecológico 2018.

El investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) consideró que los principales problemas son los intereses económicos y, en términos legales, la actual Ley de Minas, que ha impedido ejecutar medidas contra la explotación en dichas áreas las veces que se han tratado de implementar en el Congreso de la Unión.

Según expuso el experto, la única forma de hacerle frente al problema es por medio de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un estudio técnico-científico de carácter preventivo y de planeación que permite identificar los efectos que puede ocasionar una obra o actividad sobre el medioambiente.

Sin embargo, los resultados de los estudios son inciertos porque, según apuntó el experto, muchas instancias de Gobierno están en contra de la prohibición y ponen trabas.

Uno de los casos que ejemplifica esto es el del ANP «Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán», la cual Graf dirigió durante 9 años y en la que se quiso establecer una prohibición que finalmente no se materializó, pues «a la hora de establecer la manifestación de impacto ambiental fue imposible», misma situación que se ha repetido en todo el país.

El especialista agregó también que, aunque los actores locales pueden estar de acuerdo en prohibir actividades mineras, «el lobby de esa industria es poderoso y detiene todas las tentativas».

A juicio de Graf, la incompatibilidad de la moderna minería industrial con las áreas protegidas es evidente, pues «toda la minería que se hace ahora es a cielo abierto, y eso es muy peligroso para las reservas», ya que implica remoción de la biosfera como tal para poder extraer los metales.

«Tenemos a nivel nacional como un 12 % del territorio en Áreas Naturales Protegidas, la idea es que se excluya totalmente porque hay suficiente superficie no protegida para hacer esas actividades», precisó.

Según recuerda Graf, uno de los temas más importantes en el proceso de la lucha por la Ley de Biodiversidad era asegurar la prohibición de la minería en esos recintos, algo que finalmente no se ha logrado.

El cercano cambio de administración en el país, con la llegada del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, llena de esperanza al investigador.

«Yo espero que el cambio de administración y con un nuevo Congreso se pueda ayudar a revertir esto», aseguró el consultor de la aplicación piloto del programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) de la Organización de Naciones Unidas (ONU por sus siglas en inglés) en Jalisco, Chiapas y la península de Yucatán.

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/sociedad/201808031080900797-mexico-mineria-canada-ecologia-e